Los bancos globales usan habitualmente los servicios offshore
abril 5, 2016 · Imprimir este artículo
Los bancos globales son usuarios frecuentes de los servicios offshore
Las compañías offshore creadas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros lugares pueden ser impenetrables para las autoridades o cualquiera que quiera investigar. Esto las ha convertido en vehículos legítimos para proteger patrimonios y planear estrategias tributarias, pero también en un escondite para los evasores de impuestos, el fraude y cosas peores.
Algunos de los mayores bancos del mundo, cuyos clientes buscan discreción, operan con los especialistas en paraísos fiscales que crean y registran empresas, encuentran miembros de juntas directivas y accionistas “nominados” que ocupan el lugar de los verdaderos dueños en formularios y arman estructuras complejas y a la medida.
Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), HSBC Holdings PLC, UBS Group AG y Credit Suisse AG estuvieron entre los que más usaron los servicios de creación de empresas de Mossack Fonseca, la firma de abogados panameña cuya cantidad masiva de documentos internos ha sido revisada por el grupo periodístico.
HSBC y sus afiliadas pidieron más de 2.300 empresas de un total de 15.600 que Mossack Fonseca ayudó a establecer para sus clientes en más de 40 años, dijo ICIJ.
El propio presidente ejecutivo de HSBC, Stuart Gulliver, utilizó una vez una empresa panameña creada por Mossack Fonseca para ocultar la propiedad de su cuenta personal de HSBC en Suiza. Gulliver dijo a legisladores británicos que quería ocultar de colegas curiosos el monto de su bonificación y que él no escogió la estructura.
Una vocera de HSBC señaló que los clientes con cuentas offshore son investigados a fondo. Un portavoz de UBS dijo que el banco conducía sus negocios en completa conformidad con las leyes y regulaciones vigentes y que “no tiene interés en fondos que no son gravados o que provienen de actividades ilícitas”.
Credit Suisse indicó que se rige por todas las leyes locales y que los clientes deben comprobar que cumplen con sus responsabilidades fiscaless. Tidjane Thiam, presidente ejecutivo del banco, señaló en Hong Kong que la entidad es “muy insistente” en que los clientes cumplan las regulaciones fiscales. “Sólo fomentamos el uso de estructuras cuando tienen un propósito económico legítimo”, enfatizó.
Mossack Fonseca señaló que “nada en los documentos filtrados sugiere que haya hecho algo mal o ilegal”. En un sitio web creado para los medios de comunicación, la firma dijo que siempre ha cumplido los protocolos internacionales para “asegurar, hasta donde sea razonablemente posible, que las empresas que incorpora no son usadas para evadir impuestos, lavar dinero, financiar el terrorismo u otros propósitos ilícitos”.
Astutos especialistas en paraísos fiscales pueden ensamblar una red de empresas que satisfagan las necesidades específicas del cliente aprovechando las ventajas de cada jurisdicción. Por ejemplo, los rusos querrán mantener activos extranjeros en una empresa en Chipre debido a tratados fiscales favorables. Pero Chipre tiene una lista de registro de accionistas corporativos, de modo que los inversionistas de una empresa chipriota pueden ser firmas inscriptas en otras partes.
Ni Panamá ni las Islas Vírgenes Británicas (BVI) requieren que las empresas den a conocer los propietarios en un registro público, lo que significa que quienes traten de rastrear a los verdaderos dueños no obtendrán pistas en el país.
Por ejemplo, un artículo de 2014 de The Wall Street Journal halló que la agencia de publicidad rusa Vi era en gran parte controlada por empresas chipriotas, algunas de las cuales eran propiedad de firmas panameñas y de las Islas Vírgenes. No estaba claro quiénes eran los verdaderos dueños de las empresas, lo que representa un dolor de cabeza para compañías estadounidenses que tratan de determinar si están violando sanciones contra Rusia al hacer negocios con Vi.
En ese entonces, un vocero de Vi afirmó que Bank Rossiya, un banco ruso sancionado, poseía de forma indirecta 16% de la agencia, pero que ningún otro accionista había sido sancionado.
En otro ejemplo, los liquidadores del fondo de cobertura Heather Capital, sostuvieron en documentos presentados ante un tribunal de Escocia que 19 millones de libras esterlinas (US$27 millones) de Heather fueron desviados de forma fraudulenta a un corredor de bolsa llamado Nicholas Levene. El dinero fue enviado a la cuenta bancaria en Mónaco de una empresa panameña suya. Otros 9,4 millones de libras se dirigieron a una compañía de las Islas Vírgenes Británicas controlada por Gregory King, quien a su vez controlaba Heather, de acuerdo con los liquidadores.
Levene, quien cumple una condena de 13 años por fraude en un caso no relacionado, no pudo ser contactado para que comentara. Un abogado de King no respondió inmediatamente a solicitudes de comentarios.
A lo largo de los años, agencias reguladoras y policiales han endurecido las restricciones en estas jurisdicciones. Las Islas Caimán, domicilio de buena parte de la industria de fondos de cobertura que mueve US$2,9 billones estuvo por mucho tiempo bajo escrutinio pero ahora es “un centro líder para titulización y fondos de cobertura que no plantean problemas”, señaló Peter Astleford, socio de la firma de abogados Dechert. En 2009, las Islas Caimán pasaron a la lista blanca que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico mantiene de países que, en su mayoría, han implementado estándares tributarios internacionales.
Panamá tiene un historial con más altibajos. El informe de ICIJ ha “arrojado luz sobre la cultura y prácticas de secreto de Panamá”, dijo Ángel Gurría, secretario general de la OCDE. El funcionario llamó al país “el último gran reducto que sigue permitiendo que fondos sean ocultos offshore de las autoridades fiscales y policiales”.
Hasta febrero, Panamá estaba en la lista negra compilada por el Grupo de Acción Financiera Contra el Blanqueo de Capitales (FATF, por sus siglas en inglés) de países con estándares débiles en cuanto al lavado de dinero y la financiación del terrorismo.FATF eliminó en febrero a Panamá de la lista porque había establecido el marco legal y regulatorio necesario.
En años recientes, las autoridades estadounidenses han aplicado con renovado vigor las leyes contra delitos financieros, lo que ha llevado a bancos de EE.UU. y Europa a pagar multas gigantescas por violaciones de sanciones, deficiencias en los controles de lavado de dinero y evasión fiscal. Muchos bancos han reforzado sus defensas.
Se supone que las entidades financieras deben investigar a posibles clientes y aplicar un escrutinio adicional a funcionarios públicos, sus familias y sus socios empresariales, el tipo de personas que los documentos de Panamá han puesto en los titulares de la prensa.
Los documentos de Panamá son “un ejemplo perfecto” de por qué los bancos deberían estudiar a fondo a sus clientes. señala Brent Newman, vicepresidente ejecutivo de Accuity Inc., filial de RELX Group. “Estas personas tienen en general la capacidad o el acceso para cometer fechorías financieras”.
—Kane Wu, en Hong Kong, contribuyó a este artículo.
Fuente: The Wall Street Journal, 05/04/16.
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