02/11/09 – El alquiler de una vivienda particular Propiedad del matrimonio Zannini –Alsúa que la Cámara de Diputados contrató para que ocupe el Vicegobernador Martínez Crespo, constituye una clara violación a las normas administrativas y éticas que debe respetar todo funcionario público que de verdad sienta que los cargos públicos son para servir al estado y no a la inversa. (Por Héctor Barabino para OPI Santa Cruz

La noticia la publicó Opisantacruz hace ya varios días sin que ningún funcionario implicado o no, con responsabilidades de gobierno o sin ellas, desmintiera o aclarara las circunstancias de dicho contrato a pesar de la investidura que revisten los beneficiarios del mismo, tanto el locador, como los locatarios.

Por un lado el Presidente de la Legislatura Provincial, encargado de confeccionar leyes, y por el otro el Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación es decir, quien asiste jurídicamente al Ejecutivo en cada uno de sus actos administrativos; y su cónyuge la Dra Patricia Margarita Alsúa Subdirectora de la Casa de Santa Cruz en Capital Federal, también abogada y por lo tanto conocedora de sus obligaciones como funcionaria.

Una de ellas, la de informar sobre sus actos públicos. Sobre todo cuando están en dudas la transparencia y legalidad de los mismos.

El contrato

El contrato de locación del inmueble de la calle Chacabuco 265 se pactó a través de la inmobiliaria Sanfelice-Sancho, propiedad del ex Director de Rentas Osvaldo Sanfelice y del ex vicegobernador Carlos Sancho. Sanfelice también es socio del ex Presidente Néstor Kirchner en la firma Hotesur que administra el Hotel Alto Calafate y de Máximo Kirchner en Negocios Inmobiliarios SA dedicada a los rubros, comercial, inmobiliaria y construcción.

Se firmó en enero de 2008 por 24 meses a razón de 6 mil pesos mensuales y a la firma del mismo la Legislatura cumplió con el pago, del mes de alquiler, más el mes de depósito y la correspondiente comisión inmobiliaria.

Precisamente el primer desembolso de dinero que acumulaba estos tres conceptos mas dos meses de alquiler del tiempo que demoró el trámite, fue objetado por el Tribunal de Cuentas, porque el estado provincial dispone de una vivienda oficial en la calle Teófilo de Loqui Nº 129 de Río Gallegos para que resida el vicegobernador, y porque además, el contrato de alquiler se realizó sin compulsa previa como establecen las normas administrativas.

A estos cuestionamientos la Presidencia de la Cámara de Diputados se apuró a responder que “la vivienda oficial no estaba en condiciones de ser habitada dado su avanzado estado de deterioro” y que “iba a llevar mas de un año ponerla en condiciones”.
A 20 meses de aquella observación la vivienda oficial aún no fue reparada a pesar de que continúa desocupada eventualmente suelen alojarse allí funcionarios o invitados de éstos, procedentes del interior provincial.

Distintas fuentes aseguran que al momento de sellarse el contrato la vivienda oficial se encontraba en óptimas condiciones, ya que había sido muy bien cuidada por sus anteriores moradores, el Vicegobernador Sergio Acevedo, el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda Eduardo Campano, y la Presidente de la Legislatura Judith Fortsman, quienes no solo mantuvieron el inmueble en condiciones sino que la Senadora recientemente fallecida solía dedicarle muchos esfuerzos en mantenerla y hasta refaccionarla.

Amante del Derecho

Carlos Zannini es un hombre de reconocida y poco reivindicada militancia en el mas acendrado comunismo fundado por Mao TSe Tung del cual heredó además de un halo de compromiso y despojo, el mote de “El Chino” con el que carga desde sus tiempos de estudiante universitario

Fue asesor de la intendencia de Río Gallegos durante el mandato de Néstor Kirchner entre 1987 y 1991; cuando Kirchner llega a la gobernación pasó a desempeñarse como Asesor Legal y Técnico ocupando también cargos en el gabinete, hasta que en 1997 asume como diputado provincial

“Soy un amante del derecho” balbuceó entre lágrimas ante un recinto colmado de militantes que fueron a despedirlo durante su última sesión como diputado provincial antes de asumir como vocal del Tribunal Superior de Justicia a propuesta de su amigo Néstor Kirchner, a pesar de los cuestionamientos de la oposición que objetaban su escasos antecedentes en el ejercicio de la profesión en el foro local, requisito mínimo e indispensable para alcanzar un puesto de Juez Supremo. Zannini llegó a presidir el Tribunal.

Pero su mayor logro fue haber instrumentado, a petición de los Kirchner, la ley 2404 que en el año 1995 amplió de tres a cinco los miembros del Tribunal Superior de Justicia fundando la “Mayoría Automática” en la Justicia Provincial, al tiempo que desdobló el cargo de Procurador produciendo la cesantía del Dr. Eduardo Sosa.

Tras veinte años de decidir y ejecutar junto al kirchnerismo a Zannini no se lo asocia con la corrupción. Al menos con la corrupción material, palpable. Se las ingenió para esquivarla, saltando los charcos sin ensuciarse, mirarla de lejos envuelto en su traje de militante que sufrió cárcel y tortura y que como tal, todo lo bendice. Aún los actos de corrupción. “Son parte del sistema” sugiere con sus gestos.

Desarraigo y Zona Desfavorable

El plus por desarraigo establecido por decreto 1840/86 compensa los mayores gastos en que incurren aquellos funcionarios que tengan residencia permanente en el interior del país a una distancia superior a los CIEN (100) kilómetros de la sede de sus funciones. Carlos Zannini lo percibió por decreto 187/03 desde el 12/6/2003 al menos mientras Néstor Kirchner fue presidente.

Su esposa Patricia Alzúa como vicedirectora de la Casa de Santa Cruz en Capital Federal a diciembre de 2008 percibía como parte integral remunerativa de su salario, el ítem 210 por Zona Desfavorable, cuyo fundamento comparte el espíritu de la compensación por desarraigo.

En la actualidad ambos continúan empadronados con domicilio en Río Gallegos, por lo cual reúnen los requisitos para la percepción del adicional.

Antecedentes inmobiliarios de Patricia Alzúa

El diario Crítica publicó en junio una nota que registra novedosos antecedentes inmobiliarios de Patricia Alsúa.

“La empresa agroganadera de la familia De Narváez que financió la campaña oficialista con 250 mil pesos tiene como domicilio fiscal avenida Coronel Díaz 2295, 6o piso B. Allí funciona la sede comercial de La Superba en Capital, aunque tiene otra ubicada en Pilar. El inmueble no pertenece a Carlos de Narváez, sino que lo alquila y la dueña es “la doctora Alsúa”, según dijeron en el lugar ante la consulta de este diario”

“La línea telefónica de la propiedad figura a nombre de Patricia Margarita Alsúa, como se llama la subdirectora de la Casa de Santa Cruz y esposa de Carlos Zannini, el influyente secretario Legal y Técnico de la Presidencia que acompaña a Néstor Kirchner desde que recaló en Río Gallegos a mediados de los ochenta”.

“Según la última declaración jurada presentada por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción, su mujer, Alsúa, es propietaria de un departamento que actualmente renta, adquirido el 10 de junio de 1980, de 65 metros cuadrados, ubicado en Palermo”.
Su esposo declaró ser propietario de Automotores y Maquinarias Argentinas SA dedicado a la venta de repuestos.

¿Porqué lo hacen?

Es la pregunta que masculla el hombre común cada vez que un nuevo caso de corrupción irrumpe en el universo del gobierno y de la política. En el colectivo social argentino ya casi no existe el atenuante de la “presunción” de un delito cuando de la política se trata.

Ninguno de los involucrados en el contrato de locación del inmueble de la calle Chacabuco al 200 necesita ahorrar el dinero de su bolsillo con cargo al erario publico para solventar la economía familiar ya que los tres son funcionarios que reciben una compensación monetaria por los servicios que prestan.

Además son profesionales formados en la educación pública que les brindó las herramientas para desenvolverse en el mundo laboral y realizarse personalmente y progresar socialmente.

¿La función pública los empobrece y por eso tienen que procurarse ingresos extras por encima de lo legalmente permitido?

El Doctor Martínez Crespo es un médico de considerable reputación en Caleta Olivia su ciudad de origen, y desde que ocupa el segundo lugar de importancia institucional de la provincia no hizo mas que confirmar su imagen de buen vecino atento y servidor, siempre con una sonrisa a flor de labios para todo aquel necesitado de contención o asistencia.

Apenas se conoció la noticia del alquiler se supo que los costos del mismo no los afrontaba el vicegobernador por su cuenta y cargo. Ni siquiera los pagaba con los abultados fondos reservados que maneja. Se constató que los fondos para cancelar la renta salían por Administración.

¿Martínez Crespo pagaría de su bolsillo el valor de un alquiler si tuviera a su disposición una vivienda oficial sin cargo?

Que un funcionario público sea el mismo tiempo proveedor del estado configura una serie de inconductas administrativas enmarcadas en tipificaciones tan rimbombantes como abuso de autoridad; incompatibilidad en el ejercicio de la función pública; tráfico de influencias; peculado; Violación a la ley de contabilidad y al régimen de contrataciones de la provincia; y falta a la flamante ley de ética pública provincial rubricada entre otros por el Vicegobernador Hernán Martínez Crespo.

Códigos que inventan los hombres buenos para ser mejores cuando se los controla, pero que no alcanzan para dimensionar la más elemental de las trasgresiones, aquella que asalta la confianza de la gente de buena fe que ya no tiene mas lugar para el asombro y el desengaño. (Agencia OPI Santa Cruz)