El ex gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, intentó depositar US$ 5 millones en Andorra
febrero 16, 2018
El ex gobernador Sapag, acusado de querer depositar coimas por US$ 5 millones en un paraíso fiscal
El ex mandatario de Neuquén intentó abrir dos cuentas vinculadas a sociedades creadas en Belice.
El ex gobernador neuquino Jorge Sapag habría cobrado coimas por US$ 5 millones.
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El ex gobernador de Neuquén Jorge Sapag quedó envuelto en una fuerte polémica por una revelación periodística del diario El País, donde se lo acusa de haber intentado depositar supuestas coimas por 5 millones de dólares en la Banca privada d’Andorra (BPA), en el año 2008.
Según la documentación publicada, Sapag -quien gobernó la provincia patagónica entre 20087 y 2015- quiso abrir dos cuentas vinculadas a sociedades creadas en el paraíso fiscal de Belice. Sin embargo, el banco rechazó la operatoria por sospechar que se trataba de dinero mal habido.
La entidad financiera argumentó que los fondos que Sapag pretendía depositar correspondían a «comisiones y regalías originadas por las intermediaciones en las renegociaciones de las concesiones que se otorgan periódicamente a empresas reconocidas en la explotación de petróleo en esa región”.
Otro de los argumentos que expuso la BPA para rechazar la operatoria del entonces gobernador fue que se trataba de una «Persona Políticamente Expuesta (PEP)». Sapag intentó nombrar como beneficiario de las cuentas al ex secretario de Recursos Naturales y ex ministro de Energía de Neuquén, Guillermo Coco.
El ex mandatario preveía transferir inicialmente a cada depósito un millón de dólares -alrededor de 819.000 euros- desde una empresa off shore. “Las cuentas irán alimentándose anualmente dependiendo de los periodos de renegociación de contratos”, comunicó el neuquino a la BPA, según esta entidad.
Fuente: Clarín, 16/02/18.
Personas Politicamente Expuestas (PEP)
El concepto de una “Persona Políticamente Expuesta” (PEP) se originó en Suiza. Durante más de veinticinco años, las instituciones financieras suizas han tenido la obligación de implementar una diligencia debida reforzada cuando entran en contacto comercial con altas figuras políticas extranjeras y sus familiares.
Es importante resaltar que se requiere tener presente el alcance de la definición de “PEP”, pues para el GAFI, es un individuo de alto rango”, es decir, que cumple o ha cumplido funciones públicas destacadas, incluyendo jefes de estado o de gobierno, miembros de alto rango del poder judicial o de las fuerzas armadas, ejecutivos principales de empresas del estado y miembros influyentes de los partidos políticos.
Definición que no alcanza a los individuos de mediano o de menos experiencia. No obstante, la definición va más allá que políticos y funcionarios gubernamentales.
Sin embargo, el verdadero riesgo lo representan los intermediarios y los asesores, aquellos que se mantienen escondidos, que hacen los acuerdos, conocen los secretos y que por lo general son quienes participan en las aperturas de las cuentas.
El aceptar y administrar fondos de “PEP” corruptos, perjudica la reputación de cualquier Institución Financiera, dañando la confianza del público, pues ese tipo de escándalos recibe amplia publicidad o cobertura de los medios de comunicación y una fuerte reacción socio – política.
Así mismo, la Institución Financiera podría verse sometida a solicitudes de información y a la aplicación de cualquier orden judicial sobre los bienes por parte de las autoridades judiciales (incluyendo procedimientos de asistencia mutua internacional en asuntos delictivos) o enfrentar juicios por daños y perjuicios interpuestos por el Estado o las víctimas.
En ciertas circunstancias, la Institución Financiera y/o sus miembros oficiales y empleados pueden estar expuestos a acusaciones del delito de Lavado de dinero, si estaban en conocimiento o de haberlo estado, que los fondos provenían de la corrupción u otros delitos graves.
Muchos países han modificado o están en el proceso de modificar sus leyes y reglamentos, para sancionar la corrupción de empleados públicos y funcionarios de estados extranjeros, en conformidad con los convenios internacionales.
En estos Estados, la corrupción extranjera, el delito de Legitimación de Capitales está establecido, aplicándose por consiguiente todas las leyes y reglamentos pertinentes contra el delito (por ejemplo, reporte de actividades sospechosas, prohibición de notificación del cliente, entre otros.)
No obstante, incluso sin un fundamento legal, resulta manifiestamente inmoral o incompatible con la conducción apropiada a las operaciones financieras, aceptar o mantener una relación comercial si la Institución está en conocimiento o debería suponerlo que los fondos provienen de la corrupción o uso indebido de bienes públicos.
De ahí la imperiosa necesidad de que el banco identifique totalmente a toda persona sospechosa de ser un “PEP”, así como a las personas y compañías relacionadas con ella, antes de establecer cualquier tipo de relación comercial. Las instituciones deben recabar suficiente información de un cliente nuevo y verificar la información públicamente disponible para determinar si el cliente es o no una persona políticamente expuesta.
Deben investigar el origen de los fondos antes de aceptar a un “PEP”. Es importante destacar, que La Directiva de la Unión Europea, aclara la definición de personas expuestas políticamente, que los estados miembro deben implementar en Diciembre del 2007, así pues identifica a las “PEP” como: individuos extranjeros en cargos públicos prominentes, sus familiares y asociados cercanos, pero quien queda incluido en la definición puede variar de acuerdo al estado miembro, teniendo en cuenta sus diferencias sociales, políticas y económicas, expresó la comisión en un documento borrador.
En general, la función pública ejercida a niveles inferiores que el nacional no debería ser considerada prominente de acuerdo con la definición PEP. Así mismo, expreso que las personas no deberían ser consideradas PEP sino hasta como mínimo de un año después de haber asumido al cargo en cuestión.
Fuente: antilavadodedinero.com
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Argentina: Cooperativas K lavadoras de dinero
octubre 8, 2016
Cooperativas bajo sospecha por lavado
El Gobierno halló irregularidades en 3000 de ellas; manejan fondos públicos.
LA NACION
Las cooperativas y mutuales que florecieron exponencialmente durante los últimos 12 años del kirchnerismo están contra las cuerdas: el Gobierno denunció 29 operaciones sospechosas de lavado de dinero de esas entidades en las últimas semanas. Además, hay 3000 agrupaciones que están bajo sumario en trámite y a un total de 228 se les retiró la licencia para funcionar por habérseles detectado irregularidades.
En esta batalla frontal que el Gobierno decidió liderar contra las cooperativas y mutuales que manejan en forma irregular planes sociales y créditos del Estado apareció todo tipo de escándalos en los últimos meses.
Se registraron desde cheques falsos o sin fondo hasta graves fallas de control en el otorgamiento de matrículas, dinero de origen dudoso y personal estatal que recibía salarios sin concurrir a sus puestos de trabajo. Estas irregularidades fueron detectadas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), el organismo que se encarga de su control.
«Hay una decisión política del Gobierno de dar transparencia y ejercer un fuerte control a las cooperativas y mutuales para evitar abusos y el manejo de fondos espurios», expresó a LA NACION Marcelo Collomb, el presidente del Inaes.
Esta entidad, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, se encarga de controlar a 13.000 cooperativas tradicionales de todo el país, 20.000 cooperativas vinculadas con programas sociales y 4500 mutuales. Pero, al parecer, durante el kirchnerismo los mecanismos de control fueron muy laxos o directamente inexistentes.
Desde que asumió la presidencia del Inaes, Collomb realizó un trabajo de «depuración y control a fondo», según remarcó, de todas las cooperativas, la mayoría surgidas en los últimos años del kirchnerismo. Se llevaron muchas sorpresas en medio de esa tarea.
Según explicó Collomb a LA NACION, el Inaes elevó al Banco Central y a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) un total de 29 operaciones sospechosas de lavado de las cooperativas.
También existe una tarea conjunta que se realizó con el Ministerio de Justicia y con la unidad de combate contra el lavado de activos y financiación del terrorismo de esa cartera que dirige Juan Marteau.
José Sbatella
Sucede que desde esa dependencia se emitió un detallado informe que LA NACION dio a conocer la semana pasada, en donde se alertó sobre el manejo irregular de fondos de mutuales y cooperativas que podría tener conexión con el financiamiento de actividades terroristas.
Por secreto legal no se dieron a conocer los nombres de esas cooperativas que manejaron de manera irregular los fondos y planes sociales, ya que ahora serán la UIF y el Banco Central los encargados de elevar a la Justicia esas denuncias.
Las características de estas operaciones sospechosas de lavado son simples: no se reconocen los clientes de las cooperativas, no hay detalles del origen de los recursos que se manejaron y no hubo controles internos sobre su operatoria.
Por otra parte, un total de 3000 sumarios en trámite a las cooperativas de trabajo se gestaron hasta ahora. En lo que va de este año ya son 150 cooperativas y mutuales investigadas por irregularidades.
Al mismo tiempo, en los últimos ocho meses se les retiró la autorización para funcionar a 228 entidades.
«Durante el último gobierno se otorgaron matrículas a cooperativas sin control alguno», reveló Collomb. Este funcionario habla con conocimiento de causa: desde el gobierno de Raúl Alfonsín que forma parte del Inaes y en los últimos 25 años vio pasar de todo por allí. Ahora está a cargo de este instituto y buscará realizar una tarea de control exhaustivo.
Por otra parte hay 50 cooperativas y mutuales que fueron denunciadas en la Justicia por el manejo irregular de fondos en el programa Fútbol para Todos y su conexión con irregularidades en la causa de la AFA.
En esa investigación el Inaes designó veedores para colaborar con la investigación judicial. La mayor parte de las irregularidades registradas en las cooperativas se dio en los grandes centros urbanos del país.
Para evitar que todo quede en la nada hacia el futuro inmediato, el Gobierno emitió recientemente el decreto 1659/2016 por el que se exigirá a las cooperativas que brinden información mensual de sus cuentas.
También modificarán la matriz de control de alertas; se pedirán balances anuales a las mutuales y cooperativas; habrá un cruce de información con la UIF y el Banco Central; se adecuará la matriz de riesgo ante nuevas operaciones sospechosas de lavado, y se capacitará al personal del Inaes para profundizar los mecanismos de control.
A su vez, desde el Ministerio de Desarrollo Social se determinó que en adelante, las cooperativas no estarán a cargo de programas sociales y estos planes sólo serán distribuidos, manejados y controlados por los ministerios.
El Inaes cuenta con un presupuesto anual de 880 millones de pesos, de los cuales la mitad se usa para la promoción y el desarrollo de las cooperativas.
En esta dependencia también hubo una depuración administrativa. En los últimos meses se expulsaron unos 300 de los 900 empleados de esa entidad, ya que se registró que esos empleados nunca concurrían a sus puestos de trabajo.
Maniobras generalizadas e irregulares
- Hubo 29 reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero en las últimas semanas. Hay unas 3000 agrupaciones que están bajo sumarios en trámite y a un total de 228 se les retiró la licencia por irregularidades
- Se detectaron cheques falsos o sin fondos, graves falencias de control en el otorgamiento de matrículas, dinero de origen opaco y personal estatal que recibía salarios sin ir a trabajar
- El Inaes controla 13.000 cooperativas tradicionales de todo el país, 20.000 cooperativas vinculadas con programas sociales y 4500 mutuales. Cuenta con un presupuesto anual de $ 880 millones, de los cuales, la mitad se usa para la promoción y desarrollo de las cooperativas
- Por secreto legal no se dieron a conocer los nombres de las cooperativas bajo la lupa. La UIF y el Banco Central serán los encargados de elevar esas denuncias a la Justicia. En las operaciones no se reconocen los clientes, no hay detalles del origen de los recursos y no se advierte que hayan habido controles
Del editor: qué significa. Las cooperativas se transformaron en los últimos años en un vehículo deseado de dinero por sus controles más laxos. Ahora emergen las consecuencias.
Fuente: La Nación, 08/10/16.
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Néstor Kirchner, un presidente cleptómano
septiembre 22, 2016
Amo y señor del feudo santacruceño
Nuevos datos confirman que Néstor Kirchner manejó como propios entre 600 y mil millones de dólares de la provincia patagónica, que desaparecieron.
Suele decirse que el caso Skanska fue el primer escándalo del kirchnerismo, pero hubo otro anterior, tanto o más escandaloso, aunque referido exclusivamente a la provincia de Santa Cruz.
Nos referimos al de los fondos que aquella provincia recibió del gobierno de Carlos Menem por regalías petroleras mal liquidadas. La suma fue de 630 millones de dólares, pero hay cálculos que la elevan a más de mil millones de esa moneda. A la historia pasaron como los «fondos de Santa Cruz«, que Néstor Kirchner envió a bancos del exterior y, como nunca hubo una rendición de cuentas real y en forma, y el dinero prácticamente se evaporó, se sospechó que el entonces gobernador Kirchner se apropió del manejo de esa fortuna y, probablemente, también de la fortuna.
Ahora las sospechas se confirmaron a partir de una investigación de Clarín acerca de cómo Kirchner transfirió esos dineros a entidades bancarias extranjeras mediante movimientos de entre uno y dos millones de dólares enviados, por lo general, a sociedades privadas de dueños desconocidos. Según la investigación, una de las financieras de la Argentina manejó parte del dinero «con una cuenta a nombre de la provincia de Santa Cruz y del propio Néstor Kirchner».
Como no podía ser de otra manera, el esquema de corrupción que puede apreciarse en este caso es el que aplicó Kirchner en sus años de gobernador y que luego trasladó al plano nacional al acceder a la presidencia, y que parte de la base de considerar lo estatal como un bien personal.
Por ejemplo, de acuerdo con la investigación, quien ordenaba el manejo de los fondos de Santa Cruz fue Lázaro Báez, que en aquel entonces se desempañaba como gerente departamental del Banco de la Provincia de Santa Cruz. Posteriormente, Báez se convirtió en dueño de empresas de construcción que ganaban las licitaciones para obras públicas y se lanzó a comprar propiedades en toda Santa Cruz y en otras provincias, además de llevar a cabo negocios con la familia Kirchner, como alquilarles muchas habitaciones en los hoteles que poseía esa familia y que los empleados de Báez nunca ocupaban. Una típica maniobra de lavado de dinero.
En 1995, Báez y otro funcionario del Banco de Santa Cruz informaron a la empresa Kega Holding Internacional Inc., de dueños desconocidos, que podían disponer en forma «incondicional» de 17.200.000 dólares, que saldrían de una cuenta de la provincia en el Banco de Santa Cruz, pero desde la cuenta de este banco en el Citibank de Nueva York.
A la luz de estos nuevos datos cobra sentido -un sentido entre cínico y aberrante, claro- el silencio que mantuvo Kirchner, mechado de mentiras y desinformación, sobre el destino de los famosos fondos luego desaparecidos, pues de aquellos cientos de millones sólo habrían quedado en Santa Cruz 30.000 dólares.
Cuando Sergio Acevedo accedió a la gobernación de la provincia patagónica tras haberse desempeñado como titular de la SIDE, mostró la voluntad de transparentar la suerte que habían corrido aquellos fondos, pero se vio frustrado al no recibir información confiable. Quienes lo sucedieron en el cargo, al que renunció para no convalidar hechos de corrupción en marcha, tampoco pudieron arrojar luz sobre la suerte que corrió la fortuna.
Resulta ilustrativo recordar que una actitud similar mantuvo Cristina Kirchner. Cuando inauguró una planta cementera en Pico Truncado, en 2008, efectuó una enérgica defensa del manejo de los fondos santacruceños. Según ella, parte de esos fondos se emplearon en la construcción de la cementera que inauguró. Y agregó: «Siempre me pareció muy curioso que en un país donde se habían llevado todo, donde nadie podía dar cuenta de lo que faltaba, un hombre que gobernó esta provincia y el país había ahorrado lo que otros no podían explicar». Es probable que hubiera ahorro, pero no para la provincia, que vio desaparecer la mayor parte del dinero.
Aunque Kirchner lo manejara como propio, ese dinero pertenecía a una provincia que ya entonces tenía graves problemas, que se profundizaron durante la gestión presidencial del matrimonio Kirchner; una provincia donde el empleador casi excluyente sigue siendo el Estado; una provincia que no pudo diversificar su modesta economía y que, durante décadas, fue un feudo, y como tal lo manejaron y lo explotaron los Kirchner.
Hace seis años decíamos en esta columna que era una burla a la ciudadanía nacional y a la santacruceña que en pleno siglo XXI se hablara del misterio de lo ocurrido con alrededor de mil millones de dólares estatales. Ese misterio empieza a descorrerse y lo que se ve indigna y espanta.
Fuente: La Nación, 22/09/16. – Editorial.
Latrocinio K: Más bolsas llenas de dólares
agosto 4, 2016
Hallaron medio millón de dólares en la casa del ex jefe de la Aduana de Buenos Aires
Investigación de Clarín. Eduardo Bernardi, muy cercano a Ricardo Echegaray, tenía que controlar todo el área metropolitana. La justicia allanó su vivienda y encontró el dinero y documentación de firmas sospechadas de contrabando.
Por Matías Longoni.
Edificio de la Aduana. Buenos Aires.
A partir de ese dato, en las últimas horas la justicia ordenó una serie de allanamientos al domicilio de Bernardi y de otros funcionarios de ese organismo que posiblemente estuvieran implicados en estas maniobras de contrabando a gran escala. Cuando las fuerzas de Gendarmería ingresaron a la casa del alto jerarca aduanero se encontraron con una sorpresa todavía mayor: en un armario de la vivienda encontraron una bolsa plástica que contenía casi medio millón de dólares. Y sobre el escritorio de Bernardi también se hallaron documentos y permisos de embarques vinculados a varias de las empresas investigadas.
Esta revelación sobre la identidad de “Pekerman” podría resultar un dato sustantivo para la investigación judicial sobre las actividades de una serie de sociedades que en los últimos años, y en coincidencia con el cerrojo a las importaciones establecido desde la AFIP de Echegaray, ingresaron al país varios miles de contenedores cargados con telas, electrónicos, repuestos y chucherías de origen chino, que luego inundaban las calles de Buenos Aires. Hasta el momento, Aguinsky y la fiscal Gabriela Ruiz Morales habían dictado una inhibición de bienes y la prohibición de salir del país para un centenar de personas físicas y jurídicas posiblemente implicadas, incluyendo a los hermanos Paolantonio. La nueva tanda de allanamientos apunta a una segunda etapa de la investigación, que es definir la posible complicidad de funcionarios de la Aduana en este tipo de ilícitos.
Bernardi, de 55 años, ingresó a trabajar en la Aduana muy joven, en 1979, y el 23 de agosto de 2011 recibió una medalla por sus primeros 30 años de servicios. Para ese entonces ya era Director de la Aduana Buenos Aires, es decir el máximo responsable de controlar los puertos y depósitos fiscales de todo el área metropolitana, incluyendo el estratégico aeropuerto internacional de Ezeiza. Fue Echegaray quien le asignó ese cargo en 2006. Según varios testimonios, era uno de los hombres de máxima confianza del poderosos funcionario K, quien tomó el control de la Aduana en 2004 y lo retuvo hasta fines del gobierno de Cristina.
Cultor de un muy bajo perfil, Bernardi recién perdió su importante cuota de poder en mayo pasado, por decisión del nuevo titular de la Aduana Juan José Gómez Centurión. Mucho tiempo antes, a fines de los noventa, también había sido degradado en medio de un escándalo. Enrique Piana, el empresario que dirigió las maniobras de la Mafia del Oro, lo mencionó con nombre y apellido al reconocer que había pagado 50 mil dólares mensuales de coima a miembros de la Policía Aduanera para que le permitieron sacar las exportaciones truchas de oro y luego cobrar los reembolsos. En 2002, sin embargo, el contador pudo retomar su carrera en las áreas de control aduanero.
En planillas de Excel que muestran la contabilidad casera de algunas operaciones concretadas en 2014 por los hermanos Paolantonio, el extraño “Pekerman” estaba incluido en una columna a la que se le asignaban gastos de 1.500 dólares por cada contenedor sacado del puerto de Buenos Aires. En otras columnas aparecían montos más pequeños de dinero presuntamente destinados a sobornar a empleados de Valoración, Prohibición y otras áreas específicas de la Aduana.
Además de la bolsa con casi medio millón de dólares, en el domicilio del ex jefe de la Aduana de Buenos Aires se secuestró una serie de documentos, incluidos permisos de embarque, vinculados con empresas que aparecen mencionadas en la causa que lleva adelante Aguinsky, como las marplatenses Indu Toys SA y Stock Toys, o las pertenecientes a ciudadanos chinos como Kim Yi Yung y Oh Jon. Sobre el escritorio del funcionario ligado a Echegaray también había papeles que hacían referencia a Las Cortaderas, una de las sociedades importadoras utilizadas por Negro y Tata Paolantonio.
Fuente: Clarín, 03/08/16.
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Latam pagó coimas a Ricardo Jaime
julio 26, 2016
Latam aceptó una multa millonaria en EE.UU. por un pago al testaferro de Jaime que nunca pudo explicar
Por Diego Cabot.
Para entrar al mercado argentino le entregó US$ 1,15 millones a Manuel Vázquez, hoy con prisión domiciliaria, por una consultoría que nunca existió.
Pasaron más de 10 años, pero finalmente Latam, continuadora de LAN, aceptó pagar 21,5 millones de dólares en Estados Unidos por un pago realizado a fines de 2006 a Manuel Vázquez, asesor y lobbista del entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime.
Las sospechas de aquel sugestivo pago por 1,15 millones de dólares es que terminaron en manos de los funcionarios que negociaron el ingreso de la compañía aérea.
Todo sucedió a fines de 2006, cuando la compañía aérea ya operaba hacía un año en el país. En octubre de aquel año, Vázquez envió a Ramírez un contrato por el cual una empresa del grupo chileno con sede en Estados Unidos, Atlantic Aviation Investment contrataba Controles y Auditorías Especiales de Argentina (Caesa) para hacer un informe sobre «las rutas existentes en la Argentina y en el mercado regional tanto las que están siendo cubiertas por servicios de diferentes compañías, así como aquellas que no tengan servicio actualmente disponible».
El negociador por la compañía chilena fue Ernesto Ramírez, un ejecutivo de la empresa que reside en Miami y que fue el encargado de manejar la llegada de la aerolínea chilena a la Argentina en 2005, tras la caída de Southern Winds después de los escándalos de la valija con droga encontrada en Madrid. Incluso fue uno de los que acompañaron al actual presidente chileno, Sebastián Piñera, entonces directivo de la aerolínea, a presentar el proyecto LAN Argentina a Néstor Kirchner en la Casa Rosada, en marzo de 2005.
En el artículo 5 del acuerdo se refieren a la remuneración que recibirá Caesa y que llega, según el detalle que el propio Ramírez realiza en un mail, a 1.150.000 dólares divididos en tres cuotas de 300.000 y una de 250.000. La duración de la prestación del plazo se estableció en 90 días, tiempo en el que debería estar cancelada la totalidad del contrato.
El 27 de octubre de ese año, Caesa envió la primera factura a la compañía por 300.000 dólares identificada con el número 27. Luego llegó la 30 y la 31. Al pie del documento la empresa describió los datos para hacer los depósitos: Wachovia Bank, 3442 Orange Avenue NE, Roanoke, cuenta 8779 – 9038, cuyos titulares son Manuel Vázquez y Marta Domínguez (esposa de Vázquez). Se facturaban «servicios de consultoría prestados según contrato firmado entre las dos empresas».
Meses antes, en agosto, un largo decreto, el 1012, firmado por el presidente Néstor Kirchner, por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y por los ministros de Planificación Federal, Julio De Vido, y de Economía, Felisa Miceli, había resuelto uno de los problemas más grandes que tenía LAN en el país.
La norma utilizó 3200 palabras para prorrogar la emergencia aerocomercial y autorizar un aumento de las bandas tarifarias. El artículo 10, en apenas 18 vocablos, destrabó uno de los escollos que frenaban la expansión de LAN. Sucede que el Código Aeronáutico establece que la mayoría accionaria de las empresas aéreas debe estar en manos de socios argentinos. Esa limitación fue cambiada en 1994, con la apertura económica, pero en 2000, con la crisis de Aerolíneas Argentinas se volvió a implantar el viejo sistema del código.
Cuando LAN llegó al país, en 2005, dos abogados, Jorge Pérez Alati y Manuel Benites, fueron los socios mayoritarios de la empresa. Pero a medida que había que aportar capital para expandir el negocio, la restricción complicó la operación. Finalmente, el artículo 10 del decreto 1012 volvió a la apertura de 1994.
Meses más tarde, una compañía de LAN contrataba los servicios de Caesa por un poco más de un millón de dólares.
Diez años después, Jaime está preso en el penal de Ezeiza y Vázquez tiene prisión domiciliaria. Se los imputa de haber facturado coimas para la compra de material rodante a Estaña y Portugal. La empresa que facturó las coimas fue Caesa, la misma que facturó a auditoría a Lan. Las facturas cuestionadas 39, 40 y 41, vecinas de aquellas que terminaron por implicar a Lan en una investigación que se cerró con el pago de 21,5 millones de dólares en Estados Unidos.
Fuente: lanacion.com.ar, 26/07/16.
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Tesoros ocultos de la corrupción K
junio 16, 2016
«La burra»: tesoros ocultos de la corrupción K
El furor kirchnerista por la plata «física» multiplicó las fortunas enterradas o escondidas por ex funcionarios o empresarios asociados al Estado.
La salida de José López de la Fiscalia de General Rodríguez, ayer.
Mina. Trucho. Pollerudo. Buchón. Patovica. Son algunos de los cientos de términos que sólo cobran sentido en la Argentina, más precisamente junto al Río de la Plata. Pues bien, el diccionario de argentinismos –aceptado en su particularidad por la Real Academia Española– ya podría incorporar una nueva creación local: “la burra”. Así le dicen al dinero en efectivo producto del cobro de coimas u otros mecanismos de corrupción, en la jerga cotidiana de los funcionarios, empresarios y agentes de inteligencia habituados a esos oscuros menesteres.
“La burra” puede corporizarse en bóvedas, cajas de seguridad, bolsos, valijas, baúles de autos, entrepisos y dobles paredes disimuladas en estancias y propiedades –varios ex funcionarios kirchneristas y algún sindicalista importante desarrollaron la singular técnica de acondicionar espacios especiales en los huecos de los ascensores, entre los resortes–; ayer se sumó un nuevo depósito a la lista de guaridas: conventos de monjas de clausura. La imaginación todo lo puede.
La predilección de Néstor Kirchner por “el físico” –otro término cuyo nuevo significado los argentinos aprendimos a comprender gracias al profesor Leonardo Fariña– creó una cultura del acopio de dinero en efectivo infrecuente aún entre los políticos más corruptos, y que derramó en el comportamiento de muchos de sus colaboradores y allegados, tanto funcionarios como empresarios o contratistas. Así fue que desde 2003 se multiplicaron las “burras”, su magnitud creció de forma exponencial y proliferaron los portadores de billetes.
Debería estar prohibido por lo fácil –pero es fatalmente inevitable– acudir a las novelas de piratas y tesoros como analogía para los trasiegos de la “nueva política” que buscó inaugurar la prodigiosa casta de brahmanes kirchneristas. Ni Sandokan, su fiel lugarteniente Yáñez –piratas de la Malasia en la imaginación de Emilio Salgari– o Billy Bones, el protagonista de “La isla del tesoro”, habrían soñado con un suelo agujereado por todos lados para enterrar fortunas, como ocurrió en la Argentina K.
Excavadoras y perros sabuesos de dólares husmearon en Santa Cruz, Chubut, Jujuy –recordemos la exposición de valijas de Milagro Sala dispuesta ante los canes especializados– y ahora también en las adyacencias de un monasterio bonaerense, alimentan el pánico de muchos ex funcionarios y la codicia de los ladrones. De los otros ladrones.
Policías, gendarmes y sobre todo espías cuentan historias tan apasionantes como incomprobables sobre supuestos mejicaneos a distintas “burras” conocidas o sospechadas. Una de ellas habla de un grupo de falsos militantes camioneros que hace unos años golpearon las puertas de una sede gremial con la supuesta intención de guardar bombos y banderas: franqueada la puerta, los visitantes redujeron al eventual portero y se dirigieron sin desvíos al escondite de la plata.
Otra leyenda es más sofisticada: los ladrones habrían alquilado el piso de abajo del departamento de la familia Kirchner en Recoleta –el mismo en cuyo balcón Cristina bailoteó hace dos meses– y con sumo profesionalismo hicieron un agujero en el techo del tamaño suficiente como para que una persona pudiera pasar, buscar varios bolsos grandes de marca Hugo Boss rellenos con billetes y huir por el mismo pasadizo para dejar abandonado el departamento. Los juglares ubican este cuento en tiempos en que aún vivía Néstor, quien habría multiplicado sus maldiciones cuando comprobó que todos los papeles del alquiler eran falsos.
En los últimos meses, sin embargo, el país de las “burras” ofrece otra curiosidad: el tránsito inverso de paquetes. Asustados por el despertar judicial, muchos de sus tenedores circunstanciales los devolvieron o rechazaron.
Fuente: Clarín, 15/06/16.
Más información:
El plan sistemático de robo kirchnerista
El manto de complicidad que ocultó la corrupción Kirchnerista
La justificación de un periodista K a la corrupción
mayo 27, 2016
El “espeluznante” aval de un periodista K a la corrupción
Justificación sin límite. Un ejercicio kirchnerista. Hernán Brienza publicó una nota en Tiempo Argentino en la que dijo que la corrupción “democratiza” la política.
Hernán Brienza entrevista a Cristina Fernandez de Kirchner en 2013.
“La corrupción –aunque se crea lo contrario– democratiza de forma espeluznante a la política”, escribió el periodista K Hernán Brienza. Y agregó: “Sin la corrupción, pueden llegar a las funciones públicas aquellos que cuentan de antemano con recursos para hacer sus campañas políticas”.
En su nota, Brienza evitó hacer nombres o referencias a enriquecimientos personales. Y prefirió apuntar a los medios de comunicación y la Justicia: “Ahora la vedette de la maquinaria fusiladora mediático-judicial es el kirchnerismo”.
Ese artículo periodístico se publicó el último fin de semana en Tiempo Argentino, semanario kirchnerista recuperado por sus trabajadores y convertido en cooperativa, luego de una sucesión de hechos de corrupción, en los que uno de sus dueños, Sergio Szpolski, se lo vendió mediante testaferros a un empresario, quien –como ya venía ocurriendo– no le pagó los sueldos a los empleados.
“No hay que ser ingenuos. Sólo son decentes los que pueden ‘darse el lujo’ de ser decentes. Sin el financiamiento espurio sólo podrían hacer política los ricos, los poderosos, los mercenarios, los que cuentan con recursos o donaciones de empresas privadas u ONG de Estados Unidos”, sostuvo Brienza en su nota, casi como una metáfora del recorrido que tuvieron Szpolski y Cristina Fernández de Kirchner.
Szpolski creó en 2010 el diario Tiempo Argentino con la abundante pauta publicitaria oficial del gobierno de Cristina Kirchner. Pese a vaciarlo, emitir cientos de cheques sin fondo y no hacer los aportes previsionales de sus empleados, el kirchnerismo lo premió en las últimas elecciones con la candidatura K a intendente de Tigre.
Szpolski es una imagen de la corrupción. Y eso tuvo proyección concreta en Tiempo Argentino, pero además antecedentes: fue condenado años antes en un tribunal de ética de la comunidad judía por “gravísima falta”, tras derivar tres millones de dólares que eran para reconstruir la AMIA –siendo tesorero de la entidad– al banco de su familia que estaba por quebrar.
Brienza es periodista militante K e historiador, columnista político del semanario Tiempo Argentino y uno de los referentes de la ex presidenta Cristina Kirchner. De hecho, Brienza fue el primero que la entrevistó, en 2013, luego de cuatro años sin responder preguntas a un periodista. En aquella ocasión, se transmitió la entrevista en simultáneo por la TV Pública y Radio Nacional, se publicó en el diario Tiempo Argentino y se emitió por la agencia estatal Télam, todos –excepto el canal– medios donde trabajaba Brienza.
El Instituto Patria, de Cristina Kirchner, organizó anteayer una charla con Brienza en San Antonio de Areco, que presentó el intendente K Paco Durañona, para celebrar el 25 de Mayo. Allí también estuvieron exponiendo dos ex funcionarios de Cristina: Teresa Parodi, ex ministra de Cultura, y Tristán Bauer, ex titular de Radio y Televisión Argentina, ambos vinculados al Instituto Patria.
“La corrupción está íntimamente ligada al financiamiento de la política. Quién no tiene recursos, no puede hacer política”, escribió Brienza. Muchos repudiaron sus dichos en las redes sociales. Y algunos le refutaron su teoría, recordándole entre otros ejemplos la gestión de Raúl Alfonsín, que asumió como presidente cuando él tenía 12 años.
Fuente: Clarín, 26/05/16.
Ricardo Echegaray: Espionaje al servicio del Latrocinio Kirchnerista
mayo 20, 2016
Desde la AFIP, Echegaray espió a Macri y a su entorno
Por Marcelo Bonelli.
El actual titular de la Auditoría violó el secreto fiscal.
Ricardo Echegaray se retira de los Tribunales Federales de Retiro, el 6 de mayo.
Ricardo Echegaray espió en forma ilegal a Mauricio Macri y a todo el entorno del actual Presidente de la Nación.
Ocurrió durante el segundo semestre del año pasado, con la ayuda de un “grupo de tareas” adicto a Echegaray que filtró en forma ilícita el sistema informático secreto de la AFIP.
El ex jefe del organismo aceleró los trabajos entre octubre y noviembre. La búsqueda de información confidencial, secreta y privada del actual Presidente, se hizo con un severo agravante: ninguna de las figuras afectadas por el espionaje ilegal eran “contribuyentes en fiscalización o con investigación previa a una fiscalización.” Echegaray extendió la maniobra al entorno de Macri, como su propia mujer Juliana Awada, y amigos de su circulo íntimo como Nicolás Caputo, Angelo Calcaterra y Cesar Tortorella.
Clarín confirmó que la grave filtración que se llevó adelante fue ratificada a través de una auditoría interna de la propia AFIP.
La información está bajo estricto secreto por su gravedad. En sus conclusiones –en poder de solo tres actuales funcionarios de la AFIP– se desprende que Echegaray había creado una “área especifica” para conocer secretos patrimoniales y movimientos económicos de políticos, banqueros, empresarios e integrantes de la Justicia.
Alberto Abad, el hermético jefe actual de la AFIP, calificó en la intimidad a la maniobra de Echegaray como “una verdadera fábrica de dossier.” Para eso su antecesor trabajó con Guillermo Michel con una consigna: se cerraba una oficina al ingresar a ella el grupo encargado de bajar datos sensibles de un conjunto de contribuyentes.
La auditoría interna confirmó que también se sacó información confidencial de Elisa Carrió, Margarita Stolbizer, Martín Lousteau, Eduardo Amadeo y el juez Claudio Bonadio.
También hubo empresarios que sufrieron espionaje; entre ellos, Jorge Brito y Héctor Méndez, que fueron titulares de Adeba y la UIA.
Ahora la AFIP tendría decidido hacer a la brevedad una denuncia penal contra Echegaray y todo su equipo por el espionaje ilegal del sistema y la ruptura del secreto fiscal con fines de persecución política.
Echegaray –se especula y comenta– montó esa “fabrica de dossier” con la intención de presionar a los afectados, obtener favores políticos y buscar protección en el llano. Logró que la Justicia en un trámite exprés le cerrara una serie de causas antes de diciembre y, en forma increíble, la conducción de Cambiemos evaluó seriamente dejarlo al frente de la AFIP después del triunfo de Macri. Al final se refugió en la Auditoría General de la Nación.
El problema de las filtraciones ya está en conocimiento de la Justicia y en tribunales sensibles: los datos los tienen los jueces Sebastían Casanello y Claudio Bonadio, y el fiscal Gerardo Pollicita.
En esas causas declararon dos funcionarios jerárquicos de la actual AFIP: Juan Santos, jefe de Grandes Contribuyentes, y Jaime Mecikovsky titular de DGI Interior. Ambos –en sede judicial– habrían dado precisiones y revelado cómo se hicieron las tareas ilegales. Uno de ellos identificó las computadoras y los funcionarios que realizaron las capturas de los datos de Macri, su entorno y los otros políticos.
También se conoció que en la AFIP de Echegaray trabajó –sin función asignada– una señorita a la que se le adjudicaba una relación sentimental con Lázaro Báez.
Echegaray tiene aún “topos” en el organismo y está al tanto de que descubrieron su maniobra. Por eso armó un insólito relato: acusa a los actuales funcionarios de la AFIP de lo que se hizo durante sus últimos seis meses de gestión. Para eso tiene el apoyo de los medios de Cristóbal Lopez. El “zar del juego” fue un protegido durante su gestión.
Es una reacción similar a la de Cristina Kirchner y Axel Kicillof, después del procesamiento de Bonadio. Existen testimonios concluyentes de cómo el ex ministro (Axel Kicillof) intervino en la maniobra con dólar futuro.
Está confirmado –en Tribunales– que Kicillof mantuvo varias conferencias telefónicas para llevar adelante el fraude. Una fue con Alejandro Vanoli, con el entonces titular de la CNV, Cristian Girard, y el presidente del Rofex, Luis Herrera. El ex ministro daba las órdenes e invocaba a Cristina.
Ahora Kicillof anda preocupado por otra causa: está muy comprometido junto a Julio de Vido en la compra de barcos con gas. Se habla de sobreprecios por 3.000 millones de dólares.
Elisa Carrió confía entre sus íntimos que Mauricio Macri se comprometió a “ir a fondo” con la corrupción.
Gustavo Posse también es interlocutor habitual del Presidente. Durante una tertulia de colegas, el intendente de San Isidro contó algo similar y dijo que Macri está dispuesto a tomar las decisiones duras que permitan aumentar la inversión en la Argentina.
Antes tiene que resolver los problemas que generan las internas de ministros y la parálisis que existe en algunos organismos. La cuestión ya provocó sacudones fuertes, por ahora sofocados. “Hay ministerios que no arrancan como el de Turismo”, dicen fuentes oficiales.
Está confirmado que el estratégico ministro de Agricultura ya renunció dos veces a su cargo. Ambas fueron en forma oral y ante el propio Macri. La última, hace diez días. Ricardo Buryaile, aseguran, está cansado de las internas que le arma Ricardo Luis Negri y por eso quiere dejar el Gobierno. Ricky Negri, el secretario de Agricultura, controla la estructura del Ministerio y le responden todos los funcionarios que surgieron de la Fundación Pensar. Le bloquea las decisiones a Buryaile. Y puede haber un portazo.
Fuente: Clarín, 20/05/16.
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mayo 16, 2016
La letra chica del fallo contra Cristina
Fue el debut de la abogada exitosa. Y el sueño de Claudio Bonadio: logró ser el primer juez en procesar a Cristina Kirchner. Mejor dicho, a Cristina Elisabet Fernández, como la llamó a lo largo de su pronunciamiento.Bonadio dispuso esa medida el viernes pasado, en la causa que se abrió por el enorme caudal de recursos que el Banco Central destinó a evitar una devaluación, mediante generosísimos contratos de futuros. Es el más técnico de los expedientes que involucran a la ex presidenta. Y el de mayor significación política. Por su contenido y por sus consecuencias.
Bonadio calculó que el kirchnerismo dilapidó $ 77.325.739.330 para mantener barato el dólar. O, dicho de otro modo, para que el retraso cambiario le estallara al sucesor. El juez interpretó que el titular del Central Alejandro Vanoli y el resto del directorio defraudaron al Estado. Si bien no montaron una estafa, incurrieron en un abuso de autoridad, al malgastar los recursos que se les habían confiado. Y explica por qué los funcionarios eran conscientes del daño que causaban.
Bonadio procesó a Vanoli y a los directores que lo acompañaron. Pero también a la señora de Kirchner y a Axel Kicillof. No es un detalle. El cargo más interesante, y el de mayor alcance, es haber eliminado cualquier límite formal a sus decisiones. Bonadio analiza las disposiciones que fueron corroyendo la institucionalidad monetaria y cambiaria. Desde la supresión de la autonomía del Banco Central hasta la selección de funcionarios por su lealtad a una facción, más que por su calidad profesional.
El fallo sienta un precedente tan saludable como riesgoso: cualquier líder que, valiéndose de un poder excepcional conquistado en las urnas, modele las instituciones a su antojo para tomar medidas imprudentes está expuesto a una sanción penal.
Los voceros de Cristina Kirchner equiparan las investigaciones contra ella con el impeachment contra Dilma Rousseff. Les parece obvio que están siendo dirigidos por Barack Obama. El desasosiego nubla la inteligencia. Porque lo que sucedió la semana pasada en Buenos Aires es muy distinto de lo que ocurrió en Brasilia. Rousseff fue removida por un juicio político. No penal.
Quienes votaron en su contra aclararon que no evaluaban un caso de corrupción, sino decisiones administrativas irregulares. En concreto: haber usado la banca pública para financiar un déficit exacerbado. Los defensores de la señora de Kirchner podrían esgrimir que los errores de su jefa no son judiciables y que, por lo tanto, tendrían que haber sido examinados, como en Brasil, por el Congreso. No por un juez penal. No se les ocurrió.
Más allá de su consistencia jurídica, el fallo del viernes es relevante para el juego del poder. Hay una curiosa simetría: el principal promotor de la causa fue Alfonso Prat-Gay, cuando no sabía que reemplazaría a Kicillof. Se abre también una incógnita. ¿Qué efectos tendrá el pronunciamiento sobre la actual administración del Central? Entre los procesados hay tres directores designados por la señora de Kirchner: Pedro Biscay, Germán Feldman y Juan Cuattromo. ¿Pedirá el kirchnerismo su remoción? Fue lo que hizo Néstor Kirchner cuando, en agosto de 2008, el entonces director Ricardo Branda fue procesado en la causa de las coimas del Senado, de la que, al final, salió absuelto. Hay una diferencia: a los cuatro amigos de Kicillof se los sancionó por hechos cometidos como directores. Nadie querrá abrir este debate. Podría arrastrar a Federico Sturzenegger, procesado por el «megacanje».
Aunque siga danzando frente a Comodoro Py, para Cristina Kirchner el esmeril judicial es demasiado pernicioso. Está deteriorando su propia base electoral. La consultora Isonomía estudió esa caída en el segmento de los que no toleran a Macri. En enero, su imagen positiva allí era del 79%; en marzo, del 75%, y en abril, del 68%. Al mismo tiempo fue subiendo la imagen negativa. ¿Adónde van los desencantados? Misterio.
El procesamiento dispuesto por Bonadio tuvo, además, otra peculiaridad. La señora de Kirchner no aparece rodeada de testaferros ni socios comerciales, como Lázaro Báez o Cristóbal López. La escoltan Kicillof y sus delegados en el Banco Central. La juventud maravillosa del siglo XXI.
Varios directores del Central pretenden que hoy la Cámara de Casación aparte a Bonadio. Para el kirchnerismo es el demonio de Comodoro Py. Es una percepción comprensible en gente mal acostumbrada: en octubre de 2011 el mismo juez sobreseyó a los secretarios privados del matrimonio Kirchner, acusados de un enriquecimiento sideral. El fiscal era Guillermo Marijuan, otro despiadado. Pero que aquella vez no apeló. Dos días antes la ex presidenta había triunfado con el 54% de los votos.
Bonadio espera a la señora de Kirchner en otro expediente: el de la sociedad Los Sauces. Ella también prefiere otro juez. Hernán Ercolini, por ejemplo, que acaba de recibir de Daniel Rafecas la causa Hotesur, de la que había sido desplazado Bonadio. Rafecas tuvo el caso nueve meses, durante los cuales no movió un papel, a pesar de la insistencia del fiscal Carlos Stornelli. En ambas causas, Los Sauces y Hotesur, se investiga si el cobro de alquileres correspondió al pago de sobornos.
Para aclararlo, haría falta que Sebastián Casanello investigue cómo se formó la incalculable fortuna de Lázaro Báez. Si fue, como le dijo Leonardo Fariña, con los sobreprecios de licitaciones amañadas. Pero Casanello sigue encapsulando a Báez en un caso de lavado de dinero muy extraño: el dinero sería blanco.
En tribunales adjudican esa posición de Casanello a sus compromisos con el kirchnerismo. Esa interpretación ahora se alimenta con una versión muy inquietante. Dos personas que visitaron a Báez en la cárcel en los últimos diez días aseguran que le escucharon detallar tres reuniones en Olivos, de las que participaron él, Cristina Kirchner, «Wado» de Pedro, el ex secretario de Justicia Julián Álvarez y Casanello. En una de ellas Báez fue acompañado por su hijo Martín. Habrían sido en agosto, septiembre y noviembre de 2015. Uno de los visitantes de Báez comentó: «Lázaro dice que hay un mozo de la residencia que tal vez recuerde que, la última vez, el juez pidió un cortado en jarrito». Quizá Macri averigüe entre sus mozos. Casanello lo molesta: Panamá Papers, gestiones de Angelici, Time Warp. LA NACION quiso comunicarse ayer con el magistrado para saber su opinión. Pero no obtuvo respuesta.
Según las mismas fuentes, Casanello prometió en la última entrevista firmar el sobreseimiento de Báez. Pero la difusión de los videos de La Rosadita con Martín Báez contando plata se lo habría impedido. La aparición de esas imágenes desata controversias. ¿Las lanzó Federico Elaskar o las tenía Antonio Stiuso? ¿Negoció Stiuso con el kirchnerismo esas grabaciones antes de irse de la ex Side? Elaskar y Stiuso tienen un amigo en común: Carlos Molinari, el ex candidato a vicegobernador de Mario Ishii y proveedor de obras públicas en la gestión de Eduardo Duhalde.
No son los únicos enigmas que administra Casanello. El abogado y colaborador de Báez, Jorge Chueco, dejó en el hotel de Iguazú donde fue capturado una carta dirigida a una tal «Querida», en la que, insinuando que se quitaría la vida, celebra que el juez y el fiscal ya no seguirán recibiendo una fortuna para demorar una condena. El texto obligó a abrir un expediente en el juzgado de María Servini de Cubría. Chueco negó lo que había escrito. Y se quejó de que le revisaran la correspondencia.
Ironías de la historia: tal vez Chueco reciba esta semana la visita de su antiguo socio Gustavo Cinosi, uno de los hombres de negocios más cercanos a Carlos Zannini. Cinosi es el titular del Sheraton Pilar, donde celebró su inolvidable boda el juez Ariel Lijo. Cinosi llega a Buenos Aires como organizador de un curso de la OEA sobre lavado de dinero para jueces federales. Cuánto que aprender…
Algunos funcionarios de Comodoro Py juran haber visto una reunión entre Casanello, el camarista Eduardo Freiler y el secretario y operador inmobiliario Jorge Pratto, hace diez días. El juez habría confesado a su padrino Freiler que en la causa Báez carece de indicios contra Cristina Kirchner. Los diputados kirchneristas pidieron, en cambio, que se impute a Ángelo Calcaterra, el primo de Macri, quien en varias licitaciones estuvo asociado a Báez. Curioso suicidio el de Héctor Recalde y sus compañeros: admiten que los Kirchner promovieron la corrupción con la obra pública.
Esa falta de autoestima es más llamativa porque uno de los que piden investigar a Calcaterra es Julio De Vido, que repartía los negocios. Como Kicillof, De Vido es el otro flanco dañado de Cristina Kirchner. Bonadio lo procesó la semana pasada por la tragedia de Once. En un primer momento, después de una gestión de Alfredo «Freddy» Lijo, lo había protegido. «Freddy» es el hermano de Ariel Lijo, un magistrado que ganó poder desde que su secretario, Juan Tomás Rodríguez Ponte, se encarga de las intervenciones judiciales de teléfonos y correos electrónicos. «Freddy», su hermano, ha sido el principal gestor judicial de De Vido. Pero el día del procesamiento prefirió estar en Miami.
Este Lijo es el esposo de María Carla Lago, la socia de Freiler en una financiera. Freiler fue sobreseído por Marcelo Martínez de Giorgi, a pedido del fiscal Ramiro González, en una causa por su fabuloso enriquecimiento. El denunciante, Ricardo Monner Sans, pidió que se anule la absolución. Alegó que Martínez de Giorgi está casado con una secretaria de la Cámara de Freiler. Y que González -que ahora enfrenta una delicadísima denuncia familiar- es profesor en la cátedra del acusado. El reclamo cayó en manos de Servini de Cubría, quien lo remitió a la Cámara Federal para sorteo. El de Freiler es un caso incómodo. Ningún juez quiere condenar a un superior.
Fuente: La Nación, 16/06/16.
Julio De Vido quiso cobrar al Estado nacional la edición de un libro propio
mayo 16, 2016
De Vido le facturó al Estado nacional la edición de un libro propio
Le imputó el gasto, de $ 1,7 millones, a la estatal Nucleoeléctrica Argentina por una publicación de 10.000 ejemplares sobre su gestión.
A simple vista, parece una Biblia de 816 páginas. Y no tanto por la extensión: su autor, Julio de Vido, expone allí no sólo los dogmas del credo económico kirchnerista, sino toda su veneración hacia sus jefes políticos de casi tres décadas, Néstor y Cristina Kirchner. Esta obra de religiosidad militante, un libro entero dedicado a describir la gestión del gobierno entre 2003 y 2015, fue editada el año pasado por Planeta y podría definirse como best seller clásico de no mediar un detalle: el costo de la edición completa, 10.000 ejemplares, se asignó íntegramente a Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), una empresa del Estado dedicada al funcionamiento de las centrales nucleares.
La iniciativa no prosperó. Cuando la gestión actual advirtió la operación, ordenó frenar el pago (1.689.000 pesos) y encargó un sumario administrativo para investigar qué había pasado. Pero el libro ya estaba en la calle: se llamaNéstor y Cristina Kirchner: planificación y federalismo en acción, tiene la portada ilustrada con dos pingüinos abrazados y está prologado por la ex presidenta. Fue escrito por De Vido en colaboración con el bioquímico Federico Bernal, director del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo, y podría considerarse en realidad una travesura postrera del ex ministro: su pago se autorizó el 8 de enero pasado, con el personal de Nucleoeléctrica Argentina todavía conformado por directivos leales al kirchnerismo y ya con Mauricio Macri como jefe del Estado.
«De acuerdo», firmó Jorge Sidelnik, gerente general de la compañía, a la nota fechada el 5 de enero en la que Javier Farías, jefe del Departamento de Relaciones Institucionales, aconsejaba que, «en el marco del Plan de Comunicación 2016 que lleva adelante Nucleoeléctrica Argentina, es necesaria la edición y producción de un libro relacionado con la gestión de políticas vinculadas a la energía en la Argentina, poniendo énfasis en el Plan Nuclear y en la Cuarta Central». Un anacronismo, porque el ejemplar en cuestión ya estaba terminado en diciembre de 2015 y así lo dice su fecha de edición en la página 6.
Además de pedir la producción de un libro que ya estaba en la calle, la nota que propone hacer el trabajo tiene otras particularidades. Por ejemplo, cuando juzga necesaria una determinada cantidad de ejemplares. «El material resulta de interés para la distribución a los distintos públicos de interés de la empresa. Para tal fin se requiere la producción de 10.000 libros», dice, y se explaya en la exigencia sobre la firma encargada de emprender la tarea, a la que se convocó bajo la modalidad de contratación directa: «Teniendo en cuenta el volumen de producción, la necesidad y la urgencia del pedido, resulta la editorial Planeta la única empresa en el país que presenta la capacidad de llevar adelante el trabajo requerido, en el tiempo estipulado considerando la infraestructura en equipamiento instalada en la editorial».
NASA decidió además que el temario publicado excediera el ámbito de la energía atómica. Lo detalla en una nota enviada a la editorial el 26 de enero, que dice: «El contenido de la publicación debe abarcar desde la obra convencional (rutas, vivienda, agua potable, etc.) hasta el Plan Nuclear Argentino».
Planeta contrató para hacerlo a la imprenta Triñanes Gráfica, con domicilio en Avellaneda, que le envió el 9 de diciembre, un día antes de que Cristina Kirchner abandonara la Casa Rosada, los libros terminados en 59 cajas. La editorial se lo facturó a NASA casi dos meses después, el 1° de febrero, a través de la orden de compra N° 4500090761/16. «No se aceptan reclamos de calidad y cantidad pasadas las 24 horas de entregada la mercadería», dice la factura que mandó.
Pero ya el macrismo había asumido en la empresa. Y Rubén Semmoloni, nuevo presidente, se negó a pagar la edición. E instruyó a hacer un sumario interno a través de la resolución 151, que pone además en duda algunos puntos de la propuesta. En ese texto dice, por ejemplo, «que la modalidad de contratación elegida se fundamentó en la necesidad y urgencia del pedido y en la creencia de que la firma precitada [Planeta] era la única en el país que poseía la capacidad para llevar adelante el trabajo requerido en el tiempo estipulado».
LA NACION consultó a dos voceros de De Vido y de ambos obtuvo la misma respuesta: no darían ninguna opinión sobre el asunto. También a Bernal, el coautor de la obra, a quien se contactó a través de un mensaje escrito. Aunque la leyo, optó por no responder la consulta. Planeta, en cambio, contestó: «Como empresa editora de libros, no hicimos otra cosa que lo que hacemos siempre. En este caso, fue uno contratado por Nucleoeléctrica Argentina».
El contenido del ejemplar también llama la atención. Su prosa es, por lo pronto, bastante distante de la que el ex ministro solía utilizar en sus columnas de opinión. Lejos de brindar información, abunda en axiomas, ideologemas y definiciones terminantes que utiliza, por ejemplo, al definir las gestiones energéticas de los últimos años. En una exhaustiva recorrida por la historia, habla de los 80 como «la planificación energética alfonsinista bajo el Consenso Thatcher-Reagan». Cuestiona después la ola privatizadora de los 90, a la que llama «mitrismo menemista y la planificación del Consenso Thatcher-Reagan», aunque se saltea por completo el respaldo que aquella gestión recibió de Néstor Kirchner, cuya figura ubica en cambio en la vereda opuesta: «El mitrismo menemista contra el país autóctono (y la respuesta federal de Néstor Kirchner)», contraponen los autores. El relato de esta concatenación de desgracias administrativas se adentra luego, con Fernando de la Rúa, en «La planificación energética radical-aliancista bajo el Consenso Thatcher-Reagan» para recalar, por fin, en «El retorno del modelo de país (25 de mayo de 2003)». Son párrafos que rescatan una frase que Máximo Kirchner dijo en septiembre de 2014 en la cancha de Argentinos Juniors, en un discurso que el libro califica como «célebre». El desendeudamiento, dijo el ahora diputado, «tiene que cerrar con las empresas públicas adentro, no afuera: éso lo hace cualquiera».
Fuente: La Nación, 16/05/16.
En Granadero Baigorria, Santa Fe.
Julio De Vido, despojado de una calle con su nombre
19 ABR 2016 – Teniendo en cuenta las causas judiciales en su contra, el Concejo Deliberante dio marcha atrás con la decisión que había tomado un intendente K y le quitó el nombre del ex ministro de Planificación a un pasaje.
Adiós homenaje: Julio De Vido, despojado de una calle con su nombre. Teniendo en cuenta las causas judiciales que pesan en su contra, el Concejo Deliberante dio marcha atrás con la decisión que había tomado un intendente K y le quitó el nombre del ex ministro de Planificación a un pasaje.
Como retribución a los aportes de su cartera, el ex funcionario K había recibido en mayo de 2013 un particular agasajo en la localidad santafesina de Granadero Baigorria, al norte de Rosario: las autoridades locales del Frente para la Victoria denominaron como “Arquitecto Julio De Vido” a una callecita de la ciudad.
La iniciativa nació del por entonces jefe comunal kirchnerista Alejandro Ramos, quien, designado al frente de la secretaría de Transporte, llegó a ese cargo por influencia de De Vido y se convirtió en un referente de sus pares peronistas santafesinos. En su momento, los aportes de Planificación permitieron que Granadero Baigorria contara con grandes obras de pavimentación y cloacas.
El Concejo local, por impulso de la Coalición Cívica-ARI, aprobó ahora retirar el nombre de De Vido y llamó, en el plazo de 30 días, a que las escuelas elijan la nueva denominación para el pasaje, ubicado en un sector cercano al río Paraná y habitado en su mayoría por pescadores. El proyecto fue aprobado por cinco de los concejales y sólo se opuso una legisladora del FpV.
Fuente: La Razón, 19/04/16.
Dios los cría y ellos se juntan.