Las ventas de los autos 0 km suben favorecidas por las mieles del dólar estable, ya que sus precios en pesos han aumentado a un ritmo inferior al de la inflación. Mientras el consumo masivo desciende escalones, el mercado automotor vive un envidiable boom, con un 30% más de patentamientos que el año pasado. Las publicidades tientan con bonificaciones y planes de ahorro que seducen a quienes no tienen todo el dinero o la urgencia de cambiar el auto. Pero no todo lo que brilla es oro: por incumplimientos de las automotrices, concesionarias o administradoras, el sueño de subirse al flamante auto puede tropezarse con demoras en la entrega, descuentos ofrecidos que no se concretan o gastos extras que aparecen después de cerrar la operación.
Por eso, al momento de comprar un auto -ya sea a través de planes de financiación o de ahorro- es conveniente estar preparado para no caer en promesas, artilugios o engaños. Los especialistas consultados por Infobae aconsejan tomarse un tiempo para leer todo el contrato antes de firmarlo, y despejar las dudas, en forma gratuita, en una asociación u organismo de Defensa del Consumidor.
Cómo es el sistema de planes de ahorro
En el caso de los planes de ahorro -una modalidad que en la Argentina arrancó en 1960 y que desde entonces se mantiene en forma ininterrumpida- los contratos deben estar autorizados por la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Existen dos tipos de planes. El de ahorro, a través del cual se forman grupos cerrados para la compra del auto, a un plazo de 84 meses (7 años) y se adjudican dos autos por mes: uno por sorteo y otro al suscriptor que realice la mayor oferta de cuotas en la licitación. El otro plan es el de capitalización: ofrece títulos y, a su vencimiento, se devuelve lo aportado más un interés capitalizable. En total, son cerca de 30 las empresas habilitadas en todo el país, cuyo listado se puede consultar en la web.
La lectura y comprensión del contrato -y de sus anexos en el caso de los planes de ahorro-, es un punto clave porque todas las condiciones de venta deben establecerse por escrito: precio de contado, tasa de interés en el caso de financiación, plazo y forma de pago, bonificaciones -y en qué condiciones se realizan- gastos extras o adicionales, tiempo de entrega, características del modelo y color, entre otros datos.
En la asociación de consumidores especializada en planes de autoahorro Proconsumer adelantaron a Infobae que están analizando la presentación de varias denuncias contra empresas que ofrecen planes, sobre todo en el interior del país, sin cumplir con los requisitos que la IGJ establece en base a la normativa vigente: la resolución 8 del año 2015. Esas obligaciones están detalladas en el anexo A, capítulos I y II.
Los engaños más comunes
El presidente de Proconsumer, Ricardo Nasio, enumeró algunas de las irregularidades detectadas: «Aseguran que venden planes de ahorro cuando en realidad son operaciones de compraventa financiada, ‘inflan’ los precios con gastos extras no informados, carecen de antecedentes para administrar fondos de terceros, no tienen convenios con las compañías fabricantes de los autos que ofrecen, prometen que a determinada cuota se entregará el auto cuando en realidad se adjudica por sorteo o licitación, constituyen un capital social irrisorio en función de la actividad que declaran, y tampoco prevén la devolución de los rescates de los suscriptores cuando renuncia al grupo o deja de pagar».
En las propias concesionarias admiten que a la hora de vender un 0 Km suelen colarse algunas «mentiras piadosas». «El sistema es perverso«, definió sin vueltas Rubén Beato, secretario general de la Asociación de
Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). «Las terminales y las concesionarias trabajan bajo presión, los vendedores tienen que cumplir objetivos y eso los obliga a prometerles a los clientes una fecha de entrega que no está del todo confirmada».
En la Ciudad de Buenos Aires, los consumidores están protegidos ante demoras en las entregas. La Ley 3.006 de la Ciudad obliga a las concesionarias a fijar un plazo de entrega. «Si se incumple, la ley establece un resarcimiento para el consumidor del 1% del valor total de la factura por cada día de retraso», explicó Facundo Carrillo, subsecretario de Demanda Ciudadana del gobierno porteño. Los plazos de entrega se pueden extender hasta un máximo de 90 días corridos.
Desde la IGJ, cuyo control abarca a todo el país, aseguran que «si se comprueban irregularidades, tanto de las fábricas, administradoras de planes como de las concesionarias, el organismo está facultado para aplicar sanciones». «El Estado interviene en el control de los planes para defender masivamente a todos los consumidores respecto al manejo del ahorro. Este sistema posibilita, en especial a los sectores medios, cambiar el modelo de auto con cuotas que se ajustan al valor del auto y que actualmente, en promedio, rondan los 4.000 pesos», afirmó Alejandro Domínguez Soler, jefe del Departamento de Control Federal de Ahorro de la IGJ. Y agregó, además, que la IGJ autoriza los valores máximos que las administradoras pueden cobrar en concepto de fletes, seguros de transporte, gastos de gestoría e informes comerciales.
En los últimos años, los planes de ahorro se convirtieron en un sostén importante del mercado automotor. Hoy representan el 30% del total de las ventas de 0 km, que en su mayoría son importados (70% de Brasil) y de los nacionales, los componentes importados representan un 70% del producto. En tanto, el resto de las modalidades de venta se reparte entre operaciones de contado; entrega del auto usado y contado; usado y financiación que, en general, ofrecen las automotrices y concesionarias.
El consumidor es blanco de un incesante bombardeo de publicidades de 0 km: por sms, whatsapp, e-mail, en los medios, en las calles. Aquí hay un punto central a la hora de reclamar ante un incumplimiento. «Es que todas las informaciones que las empresas anuncian en sus publicidades también forman parte del contrato, como lo establece la ley de Defensa del Consumidor (24.240). Esto quiere decir que todo lo anunciado debe ser cumplido», afirmó Carrillo. Y destacó que, en especial, el detalle de todos los gastos que hay que pagar en el momento de la entrega del vehículo «debe ser informado con anticipación al comprador».
Los problemas con la compra de 0 km se ubican entre los diez rubros más denunciados en Defensa del Consumidor de la Ciudad. De enero a abril acumularon 228 denuncias por inconvenientes con la entrega de los autos, costos no explicitados en el contrato, reparaciones insatisfactorias y falta de cobertura frente a un desperfecto. Los asesores apuntaron que, en promedio, en el 55% de los casos se llega a un acuerdo entre las partes. Las quejas por automotores -junto a la compra de electrodomésticos y otros bienes durables- ocupan el quinto lugar en las estadísticas de la línea gratuita de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor: son casi 1.000 consultas y reclamos mensuales en todo el país.
La ley de Defensa del Consumidor brinda más protección a los compradores de 0 km. Dice que los autos deben tener como mínimo seis meses de garantía -hay concesionarias que otorgan un año- y durante ese período la reparación debe ser gratuita. Si el auto no se puede arreglar por «vicios» de fabricación constatados se deberá entregar uno nuevo. Además, el tiempo que el cliente estuvo privado del auto por la reparación se debe computar como prolongación de la garantía; si el auto se debe trasladar a la fábrica o a un taller, el transporte, gastos de flete y seguros corren por cuenta del responsable de la garantía. También, fabricantes importadores y vendedores deben asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de repuestos más allá del vencimiento de la garantía. Siempre hay que tener presente que todos los implicados en el canal de venta del auto (automotriz, concesionaria, administradora del plan), son responsables.
Cómo y dónde reclamar
Ante un incumplimiento, hay que presentar la denuncia en un organismo de Defensa del Consumidor. En la Ciudad brindan asesoramiento en la línea gratuita 147, las sedes comunales, en Facebook, Twitter y en el sitio web. Desde todo el país se puede llamar al 0800-666- 1518 o ingresar a la página del Gobierno.
En cuanto a los planes de ahorro, la IGJ sólo recibe reclamos por cuestiones relacionadas a las autorizaciones de los contratos y el cobro de gastos. Las consultas se pueden hacer por correo a [email protected], por correo postal o personalmente en Paseo Colón 285, CABA.
Fuente: infobae.com, 18/05/17.
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