diciembre 12, 2015
José Sbattella presentó ayer su renuncia indeclinable como titular de la unidad antilavado (UIF) y se convirtió así en el tercer funcionario kirchnerista cuyo mandato debía extenderse durante los próximos años que decidió dar un paso al costado.
Tras casi seis años al frente de la Unidad de Información Financiera, Sbattella se sumó así al presidente del Banco Central (BCRA), Alejandro Vanoli, y al responsable de Radio y Televisión Argentina (RTA), Tristán Bauer, cuyos puestos ambicionaba el gobierno de Mauricio Macri.
Entre los candidatos que ahora suenan para reemplazar a Sbattella al frente de la UIF aparecen Mariano Federici, un funcionario argentino del Fondo Monetario Internacional (FMI) con experiencia en el GAFI -el principal foro intergubernamental contra el lavado del mundo-, y Alicia López, quien fue la primera titular de esa unidad.
Sbattella comunicó ayer su decisión mediante un texto de nueve carillas en el que agradeció el apoyo de la presidenta Cristina Kirchner y criticó en duros términos al Gobierno entrante, al que acusó de «desconocer las leyes» que regulan el funcionamiento de la UIF y fijan su mandato por cuatro años, al que había llegado en 2010 y cuyo mandato renovó a principios de 2014.
«Advierto con asombro y preocupación que la fuerza política que asume la conducción de la Nación muestra claramente su decisión de desconocer las leyes que pregonado respetar y que constituyó una de las consignas de su campaña política, desvirtuando en este caso el sentido y la norma», indicó el funcionario saliente, que calificó lo ocurrido como una «situación de gravedad institucional».
Sbattella también explicó que decidió renunciar al cargo tras reunirse con Esteban Conte Grand, un estrecho colaborador del flamante ministro de Justicia, Germán Garavano, que le comunicó «la voluntad de las máximas autoridades nacionales de la necesidad de disponer del cargo».
Tras las renuncias de Sbattella, Vanoli y Bauer, la Casa Rosada buscará ahora concretar la salida de otros dos funcionarios cuyos mandatos deberían continuar durante la gestión macrista: la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, y el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, aunque ambos afirman que desean permanecer en sus cargos (ver aparte).
En el caso de Sbattella, en cambio, los indicios a su alrededor eran ambiguos. Por un lado, había comunicado a sus allegados que presentaría su renuncia si así se lo pedía el nuevo Gobierno. Pero anteayer había asumido como vicepresidente de Gafilat, el brazo del GAFI en América latina, cargo que ahora también deberá abandonar.
En su texto de renuncia, Sbattella aludió a esa designación de la Argentina en la vicepresidencia del Gafilat como uno de los logros de su gestión, y agradeció el «firme apoyo» de la ex Presidenta, «quien asumió el combate contra el lavado de activos como una política de Estado», afirmó.
Por el contrario, criticó al nuevo gobierno por vulnerar su mandato, establecido por ley. «Me refiero concretamente a la independencia de la conducción de la UIF respecto del resto de las agencias del Estado y del propio poder Ejecutivo», indicó Sbattella. «Ésa es precisamente la razón por la que el mandato de las autoridades de la UIF se cruce con el del presidente de la Nación», añadió.
El argumento de Sbattella, sin embargo, se contradice con su propia foja de servicios, ya que fue designado por la Presidenta y a lo largo de su gestión al frente de la UIF acumuló denuncias penales por su supuesta falta de independencia. En particular, por la presunta utilización de la UIF como herramienta de protección política -en beneficio de Lázaro Báez y Sergio Schoklender, entre otros-, o de persecución política -entre otros, del Grupo Clarín o Francisco de Narváez.
Protección a Lázaro Báez: La UIF comandada por Sbatella evitó denunciar a Epsur y Austral, empresas de Lázaro Báez sobre las que recibió Reportes de Operaciones Sospechosas.
Apuntado por Macri: Sbatella es uno de los funcionarios que el nuevo gobierno quería remover, como Alejandro Vanoli, Martín Sabbatella y Alejandra Gils Carbó.
Fuente: La Nación, 12/12/15.
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mayo 22, 2015
Por Marcelo Bonelli.
Es un comentario muy extendido en el mercado que Cristina Kirchner intervino directamente para que el Banco Central autorice la inusual y polémica compra del Banco Finansur por parte del empresario del juego Cristóbal López. Así se consolida el poder económico del empresario kirchnerista.
Según el trascendido, la Presidenta dio instrucciones a cuatro funcionarios para llevar adelante la transacción: Axel Kicillof, Enrique Vanoli, José Sbatella y Carlos Zannini. Ninguno de los cuatro podría haber destrabado por decisión propia una operación que favorece a López, frenada, encima, durante tres años en el Central.
Durante ese período los funcionarios del BCRA y de la Superintendencia de Entidades Financieras se opusieron en forma sistemática porque –decían– existe una evidente incompatibilidad entre ser banquero y a la vez empresario del juego.
El operativo avanzó para que las actuales autoridades de Superintendencia omitieran los informes y documentos que desaconsejaban la transacción.
Los últimos cambios en el directorio del Central –por decreto de la Presidenta– contribuyeron a aceitar la movida. Hubo, también, una orden para que la Unidad de Información Financiera emitiera un dictamen que ablandara la intransigencia de los funcionarios de línea de la entidad.
El informe de José Sbatella fue forzado con el objetivo de vencer las últimas resistencias que existían en el área de Legales del BCRA. Varios funcionarios exigieron ese documento para “deslindar responsabilidades” y cubrirse de futuros sumarios o eventuales acciones judiciales por una decisión que no compartían. Consideraron imprescindible esa cobertura, porque era evidente que a lo largo de los últimos tres años se opusieron sistemáticamente a la aprobación de compra del banco por parte de Cristóbal López.
La resistencia obedeció a que juzgaban incompatible que el máximo empresario del juego de la Argentina esté autorizado a operar en el sistema financiero local. “Eso facilita movimientos cruzados”, dicen en el mercado.
Según fuentes del propio BCRA, no existe en el sistema financiero internacional antecedentes de un caso semejante.
En la mayoría de los países no hay regulaciones especificas, pero en los sistema bancarios desarrollados existen códigos de conducta para evitar que se mezcle el negocios del juego con los de la banca. Las resistencias internacionales obedece a un temor: que la convivencia entre la banca y los negocios del juego faciliten eventuales acciones ilegales de lavado de dinero.
La decisión de vulnerar los reparos domésticos e impulsar el beneficio a Cristóbal López, impactó en el sistema bancario local. Hubo encuentros entre directivos donde se trató la anomalía.
En la extranjera Asociación de Bancos Argentinos que lidera Claudio Cesario y en la ADEBA de Jorge Brito cayó por sorpresa el cambio de posición del BCRA y la habilitación al “zar del juego.”
Un calificado vocero de los banqueros explicó: “Esto no ocurre en ningún sistema y va a generar problemas con el GAFI.”
El “cristinismo” tuvo una larga pelea con el organismo mundial que controla las operaciones oscuras: una paciente negociación de Julio Alak permitió zanjarla después de años de idas y vueltas. Ahora la Casa Rosada intentó una tibia consulta al GAFI para cubrir las formas.
Kicillof dejó trascender –por la cadena de medios oficialistas– que el Grupo de Acción Financiera Internacional había bendecido a Cristóbal López. Pero según fuentes de ABA y ADEBA ese promocionado apoyo del GAFI nunca existió.
En el G7, las naciones industrializadas que manejan el GAFI, se censura la vinculación de empresarios del juego con la banca. El punto es que se presume que a través de ese mecanismo es posible “legalizar” fondos de cualquier origen.
El país es miembro del GAFI. Pero Cristina adecúa las normas a su conveniencia: Argentina también es el único país del mundo que tiene abierto un blanqueo de capitales desde hace dos años, cosa que afuera llaman “una posible puerta de entrada a dineros del narcotráfico y de la corrupción”.
A Kicillof se le atribuye un papel activo para facilitar el ingreso al negocio financiero del empresario del juego vinculado a la familia presidencial.
Dicen que operó para despejar las últimas resistencias en la Superintendencia de Bancos y trabajó ahí con sus hombres de confianza: Germán Feldman y Pedro Biscay. Más aún: que su principal acción fue la orden taxativa que dio a los tres directores que impuso en el BCRA para que aprueben a libro cerrado los beneficios al “rey de las tragamonedas”.
De hecho, Cristina le facilitó las cosas al nombrar al trio por decreto: así, Kicillof tomó el control de la cúpula.
En su primera reunión de directorio, y sin poder leer ni evaluar el expediente interno, los recién llegados –Alejandro Formento, Mariano Beltrani y Bárbara Domatto Conti– votaron a favor de la operación que López esperaba.
De esta manera forzaron un giro en el Central. Hasta ese momento, los integrantes del directorio, incluso los llegados de Santa Cruz, siempre habían frenado las aspiraciones de López. Se ampararon en las dudas legales que alimentaba la línea del BCRA contra la “operación Finansur”. Ninguno quería quedar pegado.
Kicillof se siente fuerte y por eso se animó a involucrarse en una movida complicada. El miércoles, Cristina lo premió con un sonoro apoyo público.
Pero el martes, y en privado, ocurrió algo más trascendente: un encuentro de la Presidenta y Daniel Scioli, donde se habló del futuro político del ministro en un eventual nuevo gobierno del FPV.
Fuente: Clarín, 22/05/15.
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febrero 26, 2015
Editorial del diario La Nación, 26/02/15.
Tras protagonizar una serie de escándalos, el responsable de la lucha contra el lavado de dinero deberá rendir cuentas ante la Justicia.
Los más que sospechosos servicios que José Sbattella prestó al Gobierno como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano encargado de combatir el lavado de dinero, finalmente le han valido el primer llamado a prestar declaración indagatoria en una de las causas en las que se lo investiga.
Se trata de un sumario a cargo del juez federal Luis Rodríguez en el que se analiza si el titular de la UIF violó el secreto que impone la ley de creación del organismo al exponer en un comunicado y en entrevistas con diferentes medios de prensa detalles de las investigaciones que realiza la UIF. La denuncia la habían efectuado las empresas perjudicadas, entre las cuales se encuentran joyerías, entidades financieras y el Grupo Clarín.
Pero no es la única investigación a la que está sometido Sbattella, un hombre que puso a la UIF al servicio de las necesidades judiciales y políticas del kirchnerismo, desvirtuando su razón de ser: el combate del blanqueo de activos provenientes de actividades ilegales.
Sbattella también se encuentra comprometido en una causa a cargo del juez federal Claudio Bonadio por haber retenido, desde 2008 hasta diciembre del año pasado, documentos que estaba obligado a enviar a la Justicia. En esa documentación figuran millonarias transferencias de características sospechosas efectuadas por compañías relacionadas con el pseudoempresario kirchnerista Lázaro Báez por un total de 180 millones de pesos.
Paralelamente, Báez es objeto de varias investigaciones y deberá prestar declaración indagatoria el mes próximo por presunto lavado de dinero.
En su momento, Sbattella llegó al extremo de salir públicamente defensa de Báez y sus operaciones sospechosas cuando afirmó, como si se tratara de su abogado defensor, que «no hay pruebas de que se haya cometido un ilícito».
Otra causa que tiene en la mira a Sbattella es la que investiga a los hermanos Pablo y Sergio Schoklender por posibles negociados con fondos públicos destinados a viviendas sociales que construía o debía construir la Fundación Madres de Plaza de Mayo, de Hebe de Bonafini.
Luego de que LA NACION revelara en 2012 que Sbattella había desplazado en la UIF a importantes y experimentados especialistas en lavado de dinero para reemplazarlos por familiares y allegados suyos y por militantes de la agrupación kirchnerista La Cámpora, el fiscal federal Carlos Stornelli inició una investigación que también pesa sobre el funcionario. Le imputó no investigar reportes de operaciones sospechosas (ROS) y nombramientos irregulares de personas que no estaban en condiciones de cubrir cargos en la UIF.
La legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública) afirmó que durante su nefasta gestión al mando de la UIF crecieron el narcotráfico, la trata de personas y la corrupción, «ilícitos precedentes del lavado de dinero». Ocaña agregó que el titular de la UIF «está acusado de proteger a diversos funcionarios y empresarios vinculados con el gobierno nacional».
Sbattella cuestionó a LA NACION por dos opiniones críticas sobre su gestión y por otros artículos periodísticos. «Estuvieron continuamente diciendo que éramos inexpertos, que lo que se hacía ahí estaba sesgado políticamente y que nos dedicábamos a perseguir a la oposición, y que, de alguna manera, esto invalidaba lo que se estaba haciendo», señaló el titular de la UIF. Los hechos confirman que esto era totalmente cierto.
El combate del lavado de dinero nunca fue una prioridad para las distintas administraciones del kirchnerismo. Es más: el Gobierno impulsó dos blanqueos, en 2008 y 2013, que constituyeron invitaciones abiertas al blanqueo y que atentan directamente contra su combate. Y fue bajo el comando de Sbattella que la UIF pasó a convertirse en un apéndice del Poder Ejecutivo para proteger a sus funcionarios y a personajes allegados reteniendo pruebas que los comprometían y no realizando o demorando las investigaciones que por ley está obligado a efectuar ese organismo.
Hace pocos días, la UIF presentó reportes de operaciones sospechosas contra el ex director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia Antonio Stiuso, separado de su cargo a fines del año último, tras haber sido un hombre íntimamente ligado al gobierno kirchnerista. Por lo visto, la conducción de la UIF y la fiscalía antilavado esperaron a que la relación de Stiuso con el Poder Ejecutivo pasara del amor al odio para aportar elementos por los que había sido denunciado bastante tiempo antes por el legislador porteño Gustavo Vera.
La persecución de figuras y empresas que han cuestionado al kirchnerismo ha sido otro de los nefastos aspectos que caracterizaron la triste labor de Sbattella.
En forma paralela, y mientras el narcotráfico crece sin freno en la Argentina, la UIF, tras perder especialistas en lavado de dinero, siguió desatendiendo su obligación, lográndose así bajo el kirchnerismo las dos condiciones ideales para el incremento del mortal negocio de la droga: extrema laxitud en el combate del narcotráfico y de la reinversión del dinero que produce ese delito.
Salta a la vista que la función del titular de la UIF ha sido impedir que ésta se constituyera en una eficaz herramienta contra el lavado, al tiempo que se ha ido transformando en un instrumento clave en el otorgamiento de impunidad para unos y de persecución para quienes no comulgan con las ideas de quienes gobiernan.
Fuente: La Nación, 26/02/15.
Más información:
Argentina no investiga el Lavado de Dinero
Sbatella
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octubre 20, 2014
Por Nicolás Wiñazki.
SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN. La Justicia tiene pruebas de que una oficina que depende del ministro extravió y podría haber adulterado información que comprometía a Boudou.
El ministro de Justicia, Julio Alak, complicado por el caso Ciccone / TELAM
El caso Ciccone complica en la Justicia cada vez a más funcionarios. La jueza María Servini de Cubría instruye una causa que busca determinar si algunas de las máximas autoridades del Estado encubrieron al vicepresidente Amado Boudou al esconder y adulterar los documentos de la sociedad The Old Fund que debía custodiar la Inspección General de Justicia (IGJ). Ese organismo depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo del imputado Julio Alak. Clarín pudo saber que el funcionario quedó comprometido en ese expediente tras la recolección de pruebas y de un testimonio que complican su situación procesal, y también la de uno de los ex jefes de la IGJ.
Boudou está acusado de haber avanzado con su entorno sobre la empresa que imprime billetes para hacer negocios con el Estado.
Esta semana, la Corte Suprema de Justicia sacó un dictamen en el que le ordena al Gobierno que difunda la información pública sobre The Old Fund que consta en la Inspección General de Justicia. Según confirmaron fuentes de esta trama política y judicial, tanto Servini de Cubría como el juez de la causa madre del caso Ciccone, Ariel Lijo, tienen en su poder un documento revelador que lleva el membrete del Ministerio de Justicia, firmado el 26 de abril, por el entonces titular de la IGJ, Marcelo Mamberti y que fue avalado por Alak.
Se trata de la admisión oficial de que uno de los trámites fundamentales que la sociedad The Old Fund realizó ante la IGJ fue “extraviado” en marzo de 2012, tan sólo un mes después de que el caso Ciccone se difundieran a través de dos medios: Radio Mitre y Clarín.
La resolución número 0000618 de la IGJ da por “reconstruido” ese “trámite”, después de admitir que se había perdido.
La “reconstrucción” de los papeles perdidos de The Old Fund correspondían al momento en que fue registrado el intercambio de dinero realizado entre esa firma y la sociedad Dusbel. Es una acción fundamental para determinar quiénes eran los verdaderos dueños de esas dos empresas que aparecen detrás de la imprenta, investigadas por la Justicia de Argentina y Uruguay por lavado de divisas.
Según consta en el documento interno de la IGJ citado en esta nota, el Ministerio de Justicia dio por “reconstruido” la información de The Old Fund en apenas cuatro fojas. Clarín pudo saber, sin embargo, que tanto Servini como Lijo tienen pruebas que muestran que el original de ese trámite tenía en realidad 22 fojas.
¿Qué pasó con las 18 páginas restantes?
Alak no hizo una denuncia penal al respecto.
La ex directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ, Silvina Martínez, declaró ante Servini que ella misma había denunciado ante Alak la perdida del trámite de The Old Fund en su organismo, y que el ministro no hizo nada al respecto. Al contrario, la despedida fue ella.
Martínez le dijo a Clarín que “los funcionarios que reconstruyeron el trámite de The Old Fund fueron sacándole partes fundamentales para la investigación judicial, que son fácilmente identificables. Si el trámite tenía 22 fojas, su reconstrucción tiene que tener las mismas. Si no, podríamos estar frente al delito de violación de medios de prueba o documentos”.
Alak y Mamberti no piensan igual. La Justicia sigue actuando en el caso.
Fuente: Clarín, 20/10/14.
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Por Eduardo Paladini.
La conducta del ministro Alak de proteger a Boudou se repite en todo el Gobierno. Los temores en Justicia.
Ricardo Echegaray; Guillermo Moreno, Juan Manuel Abal Medina, Katya Daura y Mercedes Marcó del Pont; Diego Bossio, Hernán Lorenzino, Carlos Zannini y Julio de Vido; José Sbatella y Julio Alak. No es el equipo mixto de oficialistas para rememorar los partiditos de Kirchner en la Quinta de Olivos. Es la más de una decena de funcionarios que, en algún punto y modo, permitieron que Amado Boudou y sus amigos avanzaran contra la imprenta Ciccone, según la Justicia, para hacer negocios con el Estado; o al menos ayudaron para encubrir partes del caso.
Lo interesante de la lista es que no sólo incluye a funcionarios que ascendieron bajo el ala del ex ministro de Economía, como Daura, la titular de la Casa de la Moneda. También hay enemigos circunstanciales de Boudou, como Echegaray, titular de la AFIP.
En un club verticalista como el de los Kirchner, semejante movida sólo tiene explicación por el impulso o el paraguas de los dueños de la entidad, Néstor y Cristina.
La Presidenta se negó a hablar del caso en público. Pero su rol excedió largamente el aval del silencio. Su jugada maestra fue la estatización Ciccone, paso que contó con el acompañamiento de varios opositores en el Congreso.
Para darle dimensión a la intervención de Alak en la protección de Boudou hay que transportarse en el tiempo. A principios de 2012, cuando se “extravió” el expediente sobre The Old Fund, la estrella de Boudou brillaba como pocas en el Gobierno. Cristina se lo había pegado como compañero de fórmula y, sin reelección mediante, el militante de la UCeDé aparecía como uno de los candidatos naturales para continuar el proyecto progresista. Ese Boudou poderoso es el que protegió Alak. No el solitario que deambula despreciado por el Senado.
Como en varios ministerios, más allá de su lugar formal, Alak no maneja los resortes importantes de Justicia. Lo hace el viceministro camporista Julián Alvarez. Ambos deben estar preocupados por el avance de estas causas paralelas a la troncal del caso Ciccone. Alak, porque más allá de que busque diferenciarse en los modos de sus jóvenes jefes, avaló con su presencia en el cargo lo que ocurría debajo suyo. Nadie lo obligó. Y Alvarez, porque el escándalo de la IGJ salpica a uno de sus hombres clave dentro del organigrama: el subsecretario Ernesto Kreplak.
Fuente: Clarín, 20/10/14.
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mayo 24, 2014
Acusado de «cajonear» expedientes, Sbatella complicó a Echegaray.
Por Paz Rodríguez Niell.
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, está acusado de «cajonear» reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero y en su estrategia de defensa apuntó contra otro funcionario del Gobierno: Ricardo Echegaray, el jefe de la AFIP.
Sbatella presentó un escrito judicial en el que dijo que la AFIP le hizo saber «recién en junio de 2012» de un blanqueo millonario que había hecho más de dos años antes Mauricio Álvarez Sarria, el hijo del colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff (conocido como «Gran Hermano»), acusado de narcotráfico, detenido en la Argentina en 2011 y extraditado a los Estados Unidos. Como consecuencia de esta afirmación de Sbatella, el diputado Fernando Sánchez denunció esta semana a Echegaray y pidió que se lo impute a él también por los delitos de «incumplimiento de los deberes de funcionario público» y «encubrimiento agravado«.
Esta denuncia fue derivada por el juez de la causa, Julián Ercolini, al fiscal a cargo de la investigación contra Sbatella, Eduardo Taiano, quien ayer trabajaba en una ampliación del requerimiento de instrucción original que sumaría a Echegaray a la lista de funcionarios por investigar.
LA NACION se comunicó ayer con la AFIP, pero en el organismo no hicieron comentarios sobre el caso.
La denuncia que dio origen a este expediente fue presentada contra el jefe de la UIF por los legisladores Sánchez, Ernesto Sanz y Martín Lousteau. Haber «cajoneado» el expediente de Álvarez Sarría fue sólo una de las acusaciones contra Sbatella. También le endilgaron irregularidades en la investigación de otros supuestos casos de «narcolavado» de dinero.
Según los denunciantes, Sbatella cometió el delito de incumplimientos de sus deberes en los casos de Henry de Jesús Londoño, alias «Mi Sangre», y de Luis Medina, investigado por tráfico de drogas en Rosario y acusado de haber tenido relación con el ataque a la casa del gobernador Antonio Bonfatti.
Además, lo acusaron de haber impedido una revisión integral de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de haber «obstaculizado» el acceso a la información.
Pidieron también investigar un supuesto «desmantelamiento» de los equipos de trabajo. Los legisladores dieron cuenta de un supuesto conflicto entre Sbatella y quien era el vicepresidente de la UIF, Gabriel Cuomo, experto en investigaciones, que renunció. Dijeron asimismo que el GAFI, que controla a la UIF, había advertido deficiencias en los cuadros técnicos del organismo.
Cuomo declaró en la causa anteayer. Dijo que antes de la UIF había trabajado con Sbatella en la Anses y en la Comisión de Defensa de la Competencia; que las discrepancias que tenía con su jefe eran «en las formas», pero que le tenía un «profundo respeto profesional», y que su alejamiento de la UIF se debió a «una decisión personal». El juzgado planea ahora seguir citando a gente ligada a la UIF para ver si es cierto que se desactivaron equipos de investigación.
Además, esta semana el juez le ordenó a Sbatella que le entregara una serie de reportes de operaciones sospechosos (ROS) y de expedientes para analizar su comportamiento.
En paralelo, avanza en la fiscalía de Taiano otra causa que tiene un objeto es más amplio: está destinada a investigar la presunta arbitrariedad de Sbatella para avanzar en algunos casos de posible lavado y frenar otros; entre ellos, el de Lázaro Báez.
Fuente: La Nación, 24/05/14.
mayo 11, 2014
El país, una gran timba.
Por Jorge Lanata.
El complejo hotelero donde pelearon, en Las Vegas, Maidana y Mayweather, es el MGM Grand, que tiene el casino más grande de la ciudad. El MGM tiene 3.000 máquinas tragamonedas. El Hipódromo de Palermo tiene 4.500 máquinas. Hay 21.000 máquinas tragamonedas en la provincia de Buenos Aires. En todo Polonia –con 38 millones de habitantes– hay diez mil. En la Provincia, las “maquinitas” se concentran en el Conurbano y en la Costa.
Si sólo se tomaran estos datos se justificaría por demás que el tema del juego se haya instalado ahora en la opinión pública. La cercanía del ambiente preelectoral también influye en la aparición del juego en la agenda. El juego es multicromático: aparece en cualquier color político.
“Desde Néstor Kirchner dándole Santa Cruz por decreto a Cristóbal López, que había empezado en Chubut, donde lo autorizaron los radicales, y estuvo antes en Misiones y La Pampa. Hasta Daniel Angelici, presidente de Boca y binguero, primero militante radical y después del PRO. También es del PRO el socio de Cristóbal en la Capital, Federico Achával. Hay muy buenas relaciones en Córdoba, de De la Sota con el Grupo Roggio y vas a ver que el Grupo Ick es el verdadero dueño de Santiago del Estero”, le dicen a Clarín Ramón Indart y Federico Poore, que acaban de publicar “El poder del juego”, un trabajo revelador sobre un tema tabú. Indart y Poore calculan en 105.000 millones de pesos por año la ganancia bruta del juego, cuyos mayores ingresos provienen de las máquinas tragamonedas donde la devolución de premios está seteada en un software a través de un algoritmo (Para esto servía estudiar matemáticas) Un ejemplo de la batalla tragamonedas versus “paño” (ruleta o naipes) es el Casino Trilenium: en el primer nivel del casino de Tigre hay 650 maquinitas, otras 650 en el segundo piso, 600 en el tercero y, al fondo, 40 mesas de paño. La ley indica, en la provincia de Buenos Aires, que el casino debe darle al apostador 85 pesos de cada 100 pesos que juega en un tiempo determinado.
“Está probado que con esa ecuación a la larga vas a perder y está comprobadísimo”, agrega Indart.
Cristóbal López no es el único: el segundo grupo más poderoso en Argentina se llama Codere, un grupo español que atraviesa ahora un preconcurso de acreedores. El 40% de la facturación mundial de Codere está en el Conurbano. Allí tienen 14 de los 46 bingos de la Provincia, en general los mejor ubicados.
Esta semana la Justicia tomó una denuncia de la legisladora de UNEN Paula Olivetto contra Lotería Nacional por la debilidad de controles.
“Lotería contrata a IGT para hacer el software de control on line y da la casualidad de que IGT es, a la vez, proveedora de las máquinas tragamonedas”, le dice a Clarín. Otro tema es que Lotería Nacional recibe el 20% de los tragamonedas en Capital, y en el Conurbano se paga el 34% de las mismas máquinas: el bingo de Los Polvorines, que tiene 300 máquinas, paga el 34% y el Hipódromo de Palermo, que tiene 4.500, paga el 20% de la ganancia líquida.
En el interior, sobre los casinos de Misiones y Chaco se cierne la sombra del lavado de dinero.
“Misiones es la provincia con mayor cantidad de salas de juego del país”, asegura Poore. “Pero vas a las salas y nunca hay mucha gente jugando. Sin embargo, en la facturación la cuenta da que las salas están llenas los 365 días del año. Hay 102 salas en Misiones, contando casinos y casinos electrónicos. En una provincia de un millón y medio de habitantes, es un quinto de todas las salas del país”.
El 29 de diciembre de 2011, pese a que aún faltaban dos años para que se venciera la concesión, Capitanich otorgó por otros 20 años y a través de un decreto la concesión de Casinos Gala. “Como contraprestación, Gala ofrecía la construcción de un complejo sobre la ruta 11 frente al aeropuerto. Iban a levantar un salón de encuentros y un hotel de categoría. El salón se hizo, el hotel aún no se terminó; tiene, obviamente, otro casino”, le dice a Clarín Rolando Núñez, titular del Centro Mandela por los Derechos Humanos. “Un ex tesorero de Casinos Gala, Enrique Román Llamedo, denunció ante la AFIP que tenían doble contabilidad, y explicó detalladamente cómo dividía los fondos en negro, cómo trasladaba el dinero, etc”. Fue la propia AFIP quien hizo la denuncia judicial en el juzgado Federal de Resistencia, pero la causa lleva seis años paralizada: “CASINOS GALA S.A S/SUP INF ART 174 INC 5 DEL CP EN FUNCION DEL ARTICULO 172 DEL CODIGO PENAL”, expediente 439/02, ante la Secretaría Penal 1, Dr Carlos Skidelsky.
El directorio de Casinos Gala está formado por Jorge Laffue, Enrique Abraham y Emilio Blanque. En el interior del Chaco hay 120 máquinas –allí las llaman “ruletitas”– manejadas por una firma cordobesa, Champion Games SRL, que presentó una medida cautelar para evitar que Lotería Chaqueña llamara a licitación para otras 20 salas.
El aumento de las salas es otra consecuencia de la década robada. “Sí, y te doy algunos ejemplos”, dice Indart. “El Casino Victoria abrió en 2005, el Arena Maipú de Mendoza en 2011, el casino Melincué de Santa Fe en 2007, el City Center de Rosario en 2009, y te puedo hacer una lista de tres hojas”.
Síntomas de fin de ciclo: hasta ahora no muchos se habían preguntado por el juego, las exenciones impositivas o las renovaciones de concesión que se hacían a la medianoche en las distintas Legislaturas, y el tema pasaba de largo. En el entorno de Cristóbal López adjudican la aparición del tema en agenda a una conspiración de Clarín: “Lo están haciendo porque nos quedamos con el monopolio del fútbol por Internet por 25 años, es una venganza”, dicen. Se refieren al convenio para la transmisión exclusiva del fútbol por Internet que hace unos días firmó la empresa Santa Mónica con la AFA. López está en proceso de compra de Santa Mónica.
La culpa de todo vuelve a ser de Magnetto.-
Investigación: J.L. / María Eugenia Duffard/Amelia Cole
Fuente: Clarín, 10/05/14.
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La Argentina K: Una Tintorería
Denuncian a José Sbatella, titular de la UIF, por encubrir el Lavado de Dinero
Timba: f. Partida de juego de azar: me voy a una timba que ha organizado un amigo. – Casa de juego, garito.
marzo 7, 2014
Recientemente, la UIF emitió la Resolución 3/2014, a través de la cual introduce modificaciones al régimen vigente en materia de prevención de lavado.
1) El plazo de Reporte de las Operaciones Sospechosas (ROS)
En primer lugar, en su artículo 1°, la UIF modifica los plazos definidos para realizar el reporte de operación sospechosa, estableciendo que “… sin perjuicio del plazo máximo de 150 días corridos para reportar hechos u operaciones sospechosos de lavado de activos, previsto en el artículo 21 bis de la Ley 25.246 y modificatorias, los Sujetos Obligados deberán reportar a esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA todo hecho u operación sospechosos de lavado de activos dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados desde que los hubieren calificado como tales”.
Asimismo, y en un reciente comunicado, la UIF aclara que “A partir de ahora, los sujetos obligados tendrán, a partir de la calificación de una operación como sospechosa, un plazo de 30 días corridos para emitir el ROS, teniendo como plazo máximo establecido para la realización del reporte 150 días”.
Esto implica que a partir del momento en el cual el Oficial de Cumplimiento, defina una operación como “sospechosa”, cuenta con un plazo perentorio de 30 días para remitir el reporte, considerando siempre el plazo máximo de 150 días.
Por ejemplo, si una operación es calificada por el Oficial luego de transcurridos 30 días desde su realización, el día 60 se cumple el plazo perentorio para su reporte a la UIF.
Podemos colegir entonces, que a partir de esta Resolución, la UIF impone una doble restricción. Una de carácter general, el ROS debe ser reportado siempre dentro de los 150 días de realizada la operación, pero como máximo a los 30 días de haber sido calificada como sospechosa.
2) Operaciones con otros sujetos obligados
Mediante la Resolución de marras, la UIF establece que “Al operar con otros Sujetos Obligados -de conformidad con las resoluciones emitidas por esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA para cada uno de ellos, mediante las cuales se reglamentan las obligaciones de las personas físicas y jurídicas enumerados en el artículo 20 de la Ley N°25.246 y sus modificatorias-, deberán solicitarles una declaración jurada sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, junto con la correspondiente constancia de inscripción ante esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. En el caso que no se acrediten tales extremos deberán aplicarse medidas de debida diligencia reforzadas”.
Esta obligación sólo es aplicable a los siguientes Sujetos Obligados: Bancos y Casas de Cambio, Cooperativas y Mutuales, Agentes y Sociedades de Bolsa, Transportadoras de caudales, Fideicomisos, Registros de Embarcaciones, de Aeronaves, Automotor y de Propiedad Inmueble, Compra-venta de Automóviles, Yates y Aviones, Inmobiliarias y Escribanos.
No se encuentra incluidos en el alcance de esta exigencia, entre otros, el Sector Asegurador. Atento a no hallar ninguna explicación lógica a esta circunstancia, entendemos que puede tratarse de una omisión involuntaria por parte de la autoridad de contralor. No obstante esto, y de acuerdo a la Resolución de marras, el alcance de las exigencias se restringe a los mencionados Sujetos Obligados.
La entrada en vigencia es el 1º de febrero del corriente año. Es importante considerar esta fecha, atento a la obligación de mantener actualizados los legajos de los Clientes.
3) Nuevo régimen informativo
Por último y consecuentemente con lo indicado en el punto anterior, la UIF impone un nuevo régimen informativo, cuyo alcance se limita a aquellos Sujetos Obligados mencionados en el punto 2 del presente informe, es decir a aquellos que deban requerir la información de Registro y DDJJ.
Este nuevo régimen denominado “Reporte de Registración y Cumplimiento por parte de los Sujetos Obligados”, establece la obligación de informar a la UIF, aquellos sujetos que no den cumplimiento a las solicitudes exigidas es decir Registro y DD.JJ.
Este régimen entra en vigencia a partir del mes de marzo, siendo el primer vencimiento el día 15 de abril de 2014.
Fuente: El Seguro en acción, 06/03/14.
Sbatella
Válido para Argentina.
febrero 18, 2013
La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado nacional, se mueve con un límite infranqueable: no investiga más las alertas que recibe del exterior sobre las operaciones sospechosas de lavado vinculadas con personas o empresas argentinas.
El controvertido límite impuesto en la UIF provocó el archivo casi inmediato de múltiples alertas recibidas desde paraísos fiscales alrededor del mundo sobre funcionarios, políticos, empresarios y sindicalistas argentinos desde hace años.
Esto fue lo que ocurrió con varios reportes enviados desde Liechtenstein, Suiza, la Isla de Man y hasta desde el atolón de Nauru (entre Australia y Hawai).
El cambio de política fue confirmado a LA NACION por cuatro fuentes familiarizadas con toda la operatoria que se realiza en la UIF, un organismo del Estado que responde políticamente al Gobierno.
La decisión de concentrarse sólo en las operaciones locales y no en las alertas internacionales comenzó hace ya algunos años, sobre la base de pautas que regulan su funcionamiento.
«En la práctica, lo que ocurre es que la UIF se dedica a cazar dentro del zoológico», ironizó uno de los informantes. «Eso implica que el sospechoso que logró sortear el cerco local, después es muy raro que tenga problemas.»
Ese límite deja un amplio margen de acción a miles de argentinos que entre 2000 y 2009 extrajeron del país más de 95.800 millones de dólares, en muchos casos sospechados de estar vinculados con la corrupción y la evasión tributaria, según la estimación realizada por el centro de estudios Integridad Financiera Global (GFI, por sus siglas en inglés).
En contacto con otras unidades antilavado alrededor del mundo a través del Grupo Egmont, la UIF recibe y envía a través de esa red pedidos de datos sobre investigaciones en curso.
Así, si en la Argentina se investiga a una empresa, puede pedirles a las otras unidades toda la información que puedan tener sobre esa compañía. Y viceversa, también. Es decir que puede recibir requerimientos de colaboración sobre una persona o compañía investigada en Europa o Asia o el Caribe, por ejemplo.
Esa interacción secreta es bastante habitual, hasta el punto de que entre 2003 y 2011 la UIF envió 794 solicitudes de información y recibió 441 desde el exterior, según las últimas estadísticas oficiales que difundió el propio organismo a fines de ese año.
Desde el exterior, sin embargo, también llegan comunicaciones espontáneas sobre operaciones bancarias, financieras e inmobiliarias, entre otras, vinculadas con argentinos.
«Lo típico es que una unidad extranjera le avise a la UIF que tal persona está moviendo dinero y pregunte qué hay sobre él en el sistema local», graficó un segundo informante. «El problema es qué se hace acá con eso», abundó.
Al recibir la información desde el exterior, los técnicos de la UIF la cargan en la base de datos y se verifica si esa persona ya se encontraba bajo la lupa del organismo, o si al menos se había recibido un reporte local de operación sospechosa (ROS). Si ya se lo investigaba o había un ROS sobre esa persona, el aporte internacional se añade a su legajo y se examina.
Al archivo
El problema, sin embargo, ocurre cuando no es así. Si la persona o empresa señalada desde el exterior no era ya investigada por la UIF o no había al menos un ROS sobre ella, la unidad antilavado se limita a registrar los datos y ordenar su archivo, sin abrir una investigación propia.
«Eso significa que si un argentino está limpio en el país, puede presentarse con una valija repleta de dólares en un banco en el extranjero para abrir una cuenta sin temor a un sobresalto porque cuando la unidad antilavado de ese país lo informe a la UIF, no se investigará», detalló la tercera fuente.
Controlada por la Dirección de Relaciones Institucionales de la UIF, la información que llega por la red del Grupo Egmont registró, de todos modos, al menos dos incidentes serios durante los últimos años. Uno ya es conocido; el otro es un secreto a voces dentro del organismo.
El primer incidente ocurrió durante la campaña electoral de 2009, cuando la UIF recibió información de inteligencia financiera sobre Francisco de Narváez proveniente de la unidad antilavado estadounidense (FinCen) y esos datos terminaron publicados en Página 12, en lo que el diputado describió como una utilización política de datos confidenciales.
Este episodio llevó a la ruptura de relaciones entre ambos organismos durante más de dos años, que recién durante los últimos meses comenzaron a recomponerse de manera progresiva y parcial.
El segundo incidente , por el contrario, afecta a la justicia local y ocurrió mientras el líder de la hoy CGT disidente, Hugo Moyano, mantenía una relación aceptable con el Gobierno.
Así, según reconstruyó LA NACION, cuando el juez federal Norberto Oyarbide preguntó a la UIF si había recibido consultas desde el exterior -y, en particular, desde Suiza- sobre el referente de los camioneros, desde el organismo ofrecieron una respuesta favorable para Moyano, previo retoque de unas fechas sobre las consultas recibidas vía Egmont.
Más allá de De Narváez o Moyano, sin embargo, y por fuera del ámbito de investigación de la unidad antilavado local, quedaron otros dirigentes, que incluyen a funcionarios, políticos, empresariales y sindicales.
Junto con miles de argentinos más, extrajeron los cerca de US$ 95.800 millones del país en flujos ilícitos entre 2000 y 2009 que calculó el GFI. Pero que quedaron fuera del «zoológico» de la UIF.
La unidad antilavado centralizó, además, numerosas objeciones del principal foro intergubernamental del mundo de prevención y lucha contra el lavado, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Entre otras, fijó que la UIF debía mejorar su interacción con sus pares de otros países para combatir mejor los delitos económicos.
Sometido a un proceso de revisión especial, el país mostró mejores resultados durante los últimos plenarios del GAFI, que de todos modos lo mantiene dentro de su «lista gris» (ver aparte), con críticas cosechadas desde Estados Unidos, Alemania y España, entre otros. Desde este último país, incluso, llegó a la Argentina una alerta desde la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). Se centraba en el luego presidente de la «nueva» Ciccone, Alejandro Vandenbroele, y su socio Fabián Carosso Donatiello, el futuro inquilino del departamento del vicepresidente, Amado Boudou . Dada la práctica de cazar en el zoológico de la UIF, ninguno fue investigado hasta después de que estalló el caso Ciccone.
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Sbattella y una decisión controvertida
La UIF resolvió no investigar reportes desde el exteriorLa resolución de la UIF
Desde hace años no investiga los reportes sospechosos que se envían desde el exterior, a través del denominado Grupo Egmont
Paraísos fiscales
Esos reportes provienen habitualmente de destinos sospechosos como Liechtenstein, Suiza, la isla de Man y el atolón de Nauru
Posibles beneficiados
Entre quienes dejaron de ser investigados se encuentran funcionarios, políticos, empresarios y sindicalistas argentinos
95.800 millones de dólares
Es lo que estimó el centro de estudios Integridad Financiera Global (GFI) que se fugó del país entre 2000 y 2009 en operaciones ilícitas como corrupción y evasión tributaria
441 reportes desde el exterior
Es lo que recibió la UIF entre 2004 y 2011 por pedidos basados en operaciones sospechosas. Buena parte de esa información ha sido archivada sin profundizar en la investigación
Dos antecedentes polémicos
HUGO MOYANO
Secretario de la CGT
Cuando todavía tenía buen vínculo con el kirchnerismo, la UIF ajustó las fechas de consultas recibidas desde el exterior para favorecer su situación ante una requisitoria del juez Oyarbide
F. DE NARVÁEZ
Diputado peronista
En la campaña de 2009 la UIF recibió información de inteligencia financiera reservada sobre el principal rival de Kirchner y fue filtrada intencionalmente en una nota en Página 12
DÓLARES Y CAJAS DE SEGURIDAD
José Sbattella estuvo asociado a definiciones polémicas desde que llegó a la UIF. A fines de 2011 dijo que la ley antiterrorista podría ser aplicada con los medios de comunicación. En abril de 2012 se pronunció a favor de «desdolarizar por las buenas o por las malas», lo cual acentuó el debate sobre el tema. Y a fin del año pasado consideró que la costumbre argentina de guardar dinero en cajas de seguridad facilita el encumbrimiento del lavado.
Fuente: La Nación, 18/02/13.
octubre 30, 2012
La unidad antilavado dejó sin investigar 7400 de los 11.400 reportes de operaciones sospechosas (ROS) que integraban su base de datos a mediados de 2011. Los soslayó debido a la puesta en marcha de un nuevo sistema informático que tuvo graves problemas de aplicación, según surge de informes internos en los que se alertó sobre sus riesgos y dificultades.
La falta de análisis de casi el 65% de los reportes que la Unidad de Información Financiera (UIF) acumuló durante ocho años de labor contrasta con el énfasis que les dio su presidente, José Sbattella, a las investigaciones contra «enemigos» del Gobierno, entre otros, el Grupo Clarín; el jefe de la CGT, Hugo Moyano, y Sergio Schoklender . Esta información fue confirmada a LA NACION por tres fuentes al tanto de la operatoria dentro del organismo.
La desatención de esos 7400 reportes se debe a los problemas verificados en el sistema, conocido en la jerga como «matriz de riesgo». Se activó a mediados del año pasado, después de un largo proceso de desarrollo que mantuvo casi paralizado a un sector de la UIF durante seis meses.
La primera falla de la matriz es que, cuando al fin se implementó, no incluyó los ROS que hasta entonces llegaban impresos en papel y se procesaban con el sistema anterior, el SAIR. La segunda es que esos 7400 reportes sin analizar tampoco fueron cruzados con los ROS que comenzaron a llegar a la UIF desde que se activó la matriz.
Según dejó asentado por escrito en un reporte que elevó a Sbatella la entonces directora de Análisis de la UIF, Ana Helbardt, dijo que tal como estaba planteada la matriz, «quedan sin ningún tipo de tratamiento los ROS pendientes de análisis del SAIR (7400 de los 11.400 que integran esa base)». LA NACION procuró consultar al titular de la UIF, pero no respondió las llamadas ni los mensajes.
Helbardt explicó además que, al no poder cruzarse esos 7400 reportes con los ROS que comenzaron a llegar a la UIF desde que se activó la matriz, «las alertas que se generen (o no se generen) no cuentan con los antecedentes de los últimos ocho años de la Unidad».
El primer efecto nocivo de esas dos falencias -ni análisis ni entrecruzamiento- resultaba evidente, según la funcionaria. «Aquí se produce un riesgo importante, ya que puede descartarse un [nuevo] ROS que tenga antecedentes o vinculaciones con otros ya existentes» y soslayados.
Helbardt también alertó sobre las responsabilidades en juego, que excedían a su dirección de análisis y llegaban hasta la presidencia de la UIF. Consignó que con la matriz «debería preverse que esos ROS [por los 7400 pendientes] queden sin análisis hasta tanto se implemente una matriz complementaria», de la que además aclaró que sólo se habló en «reuniones informales» y sin mayores precisiones, como las que requeriría el tema.
Desde entonces, la mayoría de esos 7400 reportes continúa sin analizarse, según las fuentes que consultó LA NACION. Sólo se analizó un pequeño porcentaje, por las personas, empresas o montos de las operatorias sospechadas, o porque surgió algún tema «caliente» que justificó buscar entre los reportes sin analizar.
Con 280 parámetros o «a dedo»
Desarrollada durante meses por funcionarios y técnicos bajo la batuta del número dos del organismo, Gabriel Cuomo, la fórmula de la «matriz de riesgo» llegó a abarcar 280 parámetros de búsqueda y análisis. Algunos resultaban valiosos o incluso imprescindibles, pero otros carecían de asidero práctico.
«La fórmula incluía, por ejemplo, que se cruzaran datos con la AFIP, los registros Automotor y de la Propiedad de la Capital Federal o Migraciones, pero ni siquiera se sabía cómo se cruzarían esos datos», precisó un informante.
Aportó un caso concreto: «Si la idea era cruzar datos con el registro inmueble de la ciudad de Buenos Aires, ¿qué pasa si el reporte es sobre alguien que vive en Orán? Porque del registro de Salta no había nada en la matriz».
Ese primer bosquejo de la «matriz», sin embargo, sufrió luego una reformulación, con problemas casi opuestos. Fue cuando se marchó Helbardt y arribó un colaborador de Sbatella, Pablo Chena, como nuevo director de Análisis de la UIF, área a la que sumó a su hermana y a su cuñado.
De hecho, LA NACION publicó en septiembre pasado que Sbatella desplazó en la UIF a varios técnicos especializados en investigaciones antilavado y a muchos de ellos los reemplazó con militantes y familiares sin experiencia alguna en la materia.
«La matriz pasó de ser una ecuación compleja y larguísima a quedar reducida a sólo 10 parámetros que en la práctica no servían para detectar los reportes relevantes», detalló uno de los informantes, que indicó que dados los «problemas» registrados se inició una segunda «reformulación».
La relevancia de contar con una «matriz de riesgo» eficiente surge de los registros estadísticos del propio sistema antilavado. A medida que pasó de 350 a 22.500 sujetos obligados a informarle a la UIF las operaciones sospechosas, los reportes treparon de 351 en 2003 a 13.387en 2011, último año con datos oficiales conocidos.
El problema es que las falencias de la matriz y su posterior simplificación llevaron a Chena y sus colaboradores al otro extremo, según dos fuentes consultadas por LA NACION por separado. Ambas afirmaron que ahora se seleccionan «a dedo» los reportes que se investigan. O que se busca información en las bases sin que medie un reporte previo.
La última fase de la puesta en marcha de la «matriz de riesgo» registró, incluso, situaciones peculiares. Entre otras, que Chena terminó por apropiarse de la iniciativa en la que habían trabajado Cuomo y una larga lista de expertos. Y que en los fundamentos se sostuvo que matrices similares ya se aplican en Australia. «Lo cual -aclaró un informante- era pura cháchara. Pero pasó igual.»
Fuente: La Nación, 29/10/12.
José Sbattella, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
septiembre 10, 2012
La UIF, entre el escándalo, el nepotismo y la vergüenza
José Sbattella parece decidido a continuar dinamitando la ya de por sí escasa capacidad operativa de la Unidad de Información Financiera (UIF) que él preside desde marzo de 2010. Se trata del organismo oficial encargado de luchar contra el lavado de dinero y lo que ha hecho Sbattella desde que, sin ninguna experiencia ni capacitación en la materia, asumió tan importante cargo, consistió en desarticular los planteles profesionales de la unidad para reducirla a una mera máquina politizada que se ocupa de perseguir a los críticos del Gobierno y de proteger a los sospechosos de lavado cercanos al kirchnerismo.
Obviamente, esta desnaturalización de la función de la UIF sólo puede beneficiar el blanqueo de activos financieros mal habidos, que generalmente provienen de la corrupción, el narcotráfico, la trata de blancas y el contrabando, azotes que, sintomáticamente, no han cesado de crecer con llamativa vitalidad durante la gestión del Gobierno.
Sbattella ha protagonizado una serie de escándalos desde su desembarco en la UIF. El último, tal como reveló una investigación de LA NACION, ha sido el reemplazo de técnicos especializados en desentrañar el lavado de dinero por alrededor de 20 familiares suyos, de su esposa y de sus colaboradores y militantes del kirchnerismo que carecen de toda experiencia. Al comienzo, uno de esos militantes no pudo conservar su flamante puesto luego de aparecer filmado por la televisión mientras participaba en los disturbios protagonizados por los barrabravas de River en junio del año pasado, cuando ese club quedó a un paso del descenso. Pero al pasar al olvido el escándalo, fue reincorporado.
De todos modos, hoy sólo trabajan en la UIF menos de media docena de analistas profesionales con probada experiencia en investigaciones de blanqueo de dinero, una actividad cada vez más compleja. Mientras tanto, el total de empleados de la unidad es de 250. Al frente de la estratégica Dirección de Análisis se encuentra un ex colaborador de Sbattella en el Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (IEFE) de La Plata. La hermana del director de Análisis es la segunda autoridad de esta dirección, y un cuñado suyo es el tercer jefe, encargado a su vez de las causas políticas de mayor sensibilidad para el Gobierno.
Hay que recordar que la UIF ha protegido, entre otros, al vicepresidente, Amado Boudou; al empresario kirchnerista Lázaro Báez y a la Fundación Madres de Plaza de Mayo y sus obras de viviendas sociales financiadas con fondos públicos.
El desmantelamiento de los ya de por sí exiguos planteles profesionales de la UIF llegó al extremo de que tres analistas carecen de títulos profesionales. El antecedente laboral de otra analista, actualmente a cargo de algunos de los legajos con connotaciones políticas, es haberse desempeñado en una panadería. Una colega suya es ingeniera en pesca, por lo cual fue necesario que se le otorgara una autorización excepcional en el decreto de designación del Ministerio de Justicia «por no reunir los requisitos mínimos de acceso» para un puesto de ese nivel y responsabilidad.
A cargo de otra área estratégica, la de Coordinación Nacional, que se ocupa de coordinar la colaboración con otros organismos estatales, Sbattella designó a una ex secretaria privada suya, mientras que su esposo dirige el área que se ocupa de los sectores y profesionales que deben reportar las operaciones financieras sospechosas. Sbattella también nombró a una sobrina de su esposa como secretaria y al marido de otra sobrina como director de Seguridad y Sistemas Informáticos. Luego de publicada la investigación de LA NACION, Sbattella reconoció que «no somos especialistas en temas de lavado».
Este panorama escandaloso no hace más que confirmar lo que más de una vez hemos planteado en esta columna: la finalidad real de la UIF no es combatir el lavado de dinero, sino proteger a funcionarios y sus allegados presuntamente involucrados en ese delito, y también perseguir a quienes no comulgan con el oficialismo. Un año atrás, la Justicia imputó a las autoridades de la UIF por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario, encubrimiento agravado y violación de secretos, debido a que sobre 130 pedidos de levantamiento de secreto fiscal que solicitó el organismo, sólo dos casos habrían tenido trámite posterior en la UIF. Eran los casos abiertos contra altos ejecutivos del Grupo Clarín. En cambio, la unidad tuvo un papel equiparable al de encubridor en el caso de la Fundación Madres de Plaza de Mayo al haber cajoneado una denuncia antes de estallar el escándalo. Otro ejemplo de persecución política a cargo de la UIF fue el pedido de información que realizó a su par estadounidense, el FinCen, para emplearlo en contra del dirigente opositor Francisco de Narváez. Debido a esta sucia maniobra, el FinCen cesó su colaboración con la UIF.
El narcotráfico, el contrabando y los hechos de corrupción son algunos de los principales delitos que producen enormes volúmenes de dinero que los delincuentes y sus cómplices necesitan reingresar en el circuito legal para ocultar su origen. En eso consiste el lavado. El estado actual de la UIF, que oscila entre un organismo en ruinas y una fuente de permanente escándalo y vergüenza, no sólo es responsabilidad de Sbattella sino de los máximos estamentos de un Gobierno que, de esta manera, confirma que no lucha contra el blanqueo de activos financieros. La realidad que vive hoy la UIF, tan increíble que puede resultar patética, es, sin embargo, una invitación al lavado de dinero y, por lo tanto, a una aún mayor expansión de los negocios de la droga y la corrupción, de efectos tan devastadores en cualquier sociedad. Por eso, y porque está de por medio la salud de la República, es que Sbattella debería renunciar o ser removido para que alguien idóneo ocupe tan importante puesto.
Fuente: La Nación, 09/09/12. Editorial.
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Más información:
https://www.economiapersonal.com.ar/2012/09/01/argentina-nepotismo-en-la-uif/