El Lavado de Dinero en Argentina
mayo 5, 2011
Lavado de dinero: última oportunidad
Es necesario aunar esfuerzos para alumbrar una nueva norma realmente eficaz en la prevención y el control de los delitos
La semana pasada el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, concurrió a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación con el propósito de informar sobre la grave situación que atraviesa nuestro país en su condición de miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las posibles sanciones que pueden recaer si no se reforma a tiempo el sistema normativo vigente para facilitar las investigaciones y la represión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
En efecto, Alak, acompañado por el director de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, transmitió la preocupación de la presidenta de la Nación por evitar las sanciones por parte del organismo internacional. Al mismo tiempo, el titular de la UIF reseñó la batería de resoluciones dictadas recientemente por el organismo de control para poner a la Argentina en línea con los requerimientos del GAFI y concluyó que las dificultades existentes que impiden avanzar son de orden legal.
El panorama institucional descripto por el ministro fue desalentador: en forma urgente el país debe modificar el régimen penal si no quiere recibir la calificación de país «no cooperante» que lo ponga al borde de la expulsión del organismo. Los extensos argumentos expuestos fueron rechazados por los diputados del arco opositor en virtud de que todas las objeciones y advertencias recibidas por la Argentina se produjeron en los últimos siete años, que coinciden con el gobierno del matrimonio Kirchner.
Así las cosas, la cuestión del lavado de activos recorrió la agenda nacional desde la inclusión en el discurso de la Presidenta al inaugurar las sesiones ordinarias de este período hasta el frustrado paro convocado por la CGT, insólitamente motivado por el requerimiento de información de la justicia suiza sobre las actividades financieras de Hugo Moyano.
Dado que fue durante la era kirchnerista que el GAFI exigió modificaciones a la normativa argentina, es importante destacar la retahíla de sucesos vinculados a esta problemática de envergadura internacional que se produjeron en ambos mandatos y que exhiben una deliberada parsimonia y una sospechosa inexistencia real de controles nacionales en la materia.
En 2004, la AFIP elevó a la UIF un reporte de operación sospechosa (ROS) proveniente de la regional Comodoro Rivadavia sobre las actividades financieras de una empresa minera de capitales canadienses radicada en la provincia de Santa Cruz. La investigación recayó en manos del entonces juez federal Jorge Urso, que la archivó sin más trámite.
Ese mismo año, el secretario de Seguridad Norberto Quantín solicitó a la UIF que se investigaran 30 expedientes sobre la venta de tierras fiscales en las provincias de Formosa y Salta adquiridas con fondos provenientes de paraísos fiscales y sobre los que la Superintendencia de Tierras Fiscales no había ejercido los controles correspondientes. La investigación tampoco prosperó.
En septiembre de 2004, la empresa aérea Southern Winds (SW) transportó a España cuatro maletas con 60 kilos de clorhidrato de cocaína que, despachadas sin pasajeros en el vuelo 6420, fueron etiquetadas con la identificación de «Embajada Argentina en España». Luego de un largo proceso, las condenas impuestas fueron por el delito de contrabando agravado; no hubo sanciones por lavado ni tampoco se brindó mayor información sobre eventuales responsabilidades de la embajada argentina en España.
En agosto de 2007, un vuelo de Enarsa proveniente de Venezuela y con altos funcionarios del Ministerio de Planificación Federal a bordo intentó sin éxito evitar el control aduanero e ingresar al país una valija con más de US$ 800.000. El episodio trascendió a la opinión pública como «la valija de Guido Alejandro Antonini Wilson», quien, en días posteriores, fue mostrado en un video participando en una reunión en la Casa de Gobierno.
En agosto de 2008 se produjo en la localidad bonaerense de General Rodríguez un triple crimen de empresarios vinculados al comercio de la efedrina. La investigación de este delito desnudó los nexos existentes entre un sector del mercado farmacéutico nacional y el poder político, que no se agota en las sociedades vinculadas con las víctimas sino que alcanza a otras droguerías que resultaron importantes financistas de la campaña electoral del kirchnerismo. Los estados patrimoniales de las empresas no justificaban cuantiosos aportes a campaña política alguna, por lo que se trataría de maniobras de blanqueo de dinero ilícito.
En estas causas judiciales se encuentran procesados el ex superintendente de salud Héctor Capaccioli, un director de la Anses y otro de Lotería. La jueza electoral María Servini de Cubría tiene bajo su responsabilidad el control del financiamiento de las campañas electorales y debe resolver estos escandalosos casos. Pero aún no lo ha hecho.
La causa sobre presunto tráfico de medicamentos con etiquetas cambiadas o envases adulterados, que lleva adelante el juez Norberto Oyarbide contra un grupo de droguerías y farmacias que se dedicaban a comercializar medicamentos de alta complejidad y por la que se encuentran encausados y detenidos varios caciques gremiales y sus esposas.
En octubre de 2008, en los aciagos momentos de conflictos con el campo, el Gobierno estableció fuertes cerrojos para desalentar que los ciudadanos compraran o invirtieran sus ahorros en moneda extranjera; al mismo tiempo la opinión pública era informada de que el marido de la Presidenta había adquirido dos millones de dólares, cuya explicación oficial era la inversión del dinero proveniente de la reventa de tierras fiscales en El Calafate y que poco antes habían sido adquiridas a precio vil.
En los primeros días de este año se descubrió una operación de contrabando de casi mil kilos de cocaína a bordo de un avión argentino con destino a España. Las autoridades nacionales comenzaron por afirmar que la droga fue embarcada en la ciudad de Cabo Verde para terminar aceptando que ésta fue cargada en la ex base de la Fuerza Aérea de Morón después de haber recorrido miles de kilómetros a lo largo de gran parte del país.
Muchas de estas maniobras se ven facilitadas por las injustificadas demoras en la «radarización» para controlar el espacio aéreo argentino y la ineficacia de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), hoy a cargo de Alejandro Granados.
Podríamos seguir enumerando gran cantidad de hechos sucedidos al amparo del relato oficial que exponen todo el cinismo y la corrupción de estos tiempos para nuestra República. Sin embargo, el interés del oficialismo por evitar una condena internacional que califique al país como «no cooperante» en la materia otorga una oportunidad extraordinaria para avanzar en la agenda pendiente.
La oposición debe superar protagonismos, aunar esfuerzos para alumbrar una nueva ley que contenga un régimen penal eficaz para la prevención y persecución de estos delitos y un nuevo organismo de control. Es necesario contar con una UIF dotada de herramientas técnicas y recursos humanos especializados y poner al frente a un funcionario probo e idóneo, que posea honestidad intelectual y valentía personal para desarrollar las tareas encomendadas. Un conductor que evite la manipulación de la información colectada e impida, como ha ocurrido y ocurre actualmente, que ésta sea utilizada perversamente con fines de persecución política o empresaria.
Todos deben realizar un análisis crítico y profesional de la experiencia acaecida y no insistir en fórmulas fracasadas como la conducción colegiada de la UIF, sistema que paralizó las actividades de control y la convirtió en una agencia de viajes a costa del erario. Constituir un organismo técnico como un cuerpo colegiado con cupo femenino es un desatino que sólo revela otro profundo desconocimiento de la experiencia nacional, ya que en las dos primeras oportunidades la UIF fue conducida por mujeres.
La condición de experto en una materia pública, cualquiera sea el ámbito que se trate, proviene del estudio crítico y de la reflexión profesional y responsable sobre las experiencias empíricas. No es igual escribir una tesis universitaria que elaborar una ley que regulará las actividades de amplios sectores económicos y que llegado el caso deberá ser aplicada por los jueces. En esto no hay margen para la superficialidad ni para la ligereza política; es hora de afrontar este gran desafío con la debida responsabilidad cívica antes de que sea demasiado tarde.
Fuente: Editorial del diario La Nación, 05/05/11.
Más información:
https://www.economiapersonal.com.ar/2011/04/18/argentina-denunciaron-al-titular-de-la-uif-por-ocultar-los-giros-k-al-exterior/
https://www.economiapersonal.com.ar/servicios/servicios-bancarios/
Argentina: Denunciaron al titular de la UIF por ocultar los giros K al exterior
abril 18, 2011
AML
Anti-Money Laundering
Prevención del Lavado de Dinero
Argentina
Denunciaron al titular de la UIF por ocultar los giros K al exterior
Un abogado le pidió a la Justicia que investigue los informes de países europeos contra José Sbatella. Las sospechas de lavado de dinero y los ex funcionarios en la mira.
El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), el kirchnerista José Sbatella, y su segundo, Gabriel Cuomo, fueron denunciados penalmente en la Justicia por el supuesto delito de «violación de los deberes de funcionario público», se informó hoy en los tribunales.
La denuncia mencionó «el informe brindado al Congreso de los Estados Unidos por la secretaria de Estado Hillary Clinton», quien habría dicho allí que la UIF «no cumpliría con las funciones (…) ni habría informado adecuadamente los requerimientos de Suiza, Luxemburgo y Lichtenstein».
Los pedidos de esos países de Europa a la UIF referían, según la presentación judicial, a los «giros de dinero al exterior de la presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y del fallecido ex presidente Néstor Kirchner«, afirmó el abogado denunciante, Jorge Luis Vitale.
Esta no es la primera sospecha por lavado de dinero contra los Kirchner. En 2007, la Coalición Cívica denunció a Cristina y a Néstor ante el juez federal Julián Ercoloni por los supuestos «negociados» con el empresario Lázaro Báez.
Ante esta nueva denuncia, fuentes del organismo antilavado se defendieron: «Los funcionarios de la UIF ejercen sus funciones observando plenamente las obligaciones que les imponen las leyes».
El abogado Vitali reclamó en su presentación ante la jueza federal María Servini de Cubría que instruya medidas de prueba para «investigar si dichos países» europeos «y sus respectivas embajadas u otras instituciones solicitaron informes a la UIF y de ser cierto, cuál ha sido el resultado de dichos informes».
Asimismo, pidió comprobar si desde la UIF «se ha requerido esos mismos informes de los funcionarios más salientes del Gobierno Nacional», entre los que mencionó a «Ricardo Jaime, Héctor Capaccioli y los seis secretarios privados de la señora Presidente: Isidro Bounine, Julián Alvarez, Héctor Muñoz Alvarez, Fabián Gutiérrez y Julio Daniel Alvarez y Rudy Fernando Ulloa Igor (ex chofer de Néstor Kirchner)».
El abogado Vitali refirió además al «cable 1257 filtrado por Wikileaks fechado en Buenos Aires el 1 de diciembre de 2009 y firmado por la embajadora Vilma Martínez», que «incluye serias acusaciones a que una unidad antilavado clave de Argentina protegió a la pareja presidencial de ser investigada en el área de dinero sucio».
Y recordó que Hillary Clinton, al comparecer ante los parlamentarios estadounidenses, llamó la atención respecto a que «las autoridades» de Argentina «se encontrarían involucradas en hechos de corrupción«.
Fuente: Perfil.com – DyN.
Néstor Kirchner y Cristina Kirchner – José Sbatella
Argentina: Avanzada gubernamental contra el Lavado de dinero genera dudas y controversias
enero 29, 2011
Avanzada gubernamental contra el Lavado de dinero genera dudas y controversias en Argentina
Por Fernando Martínez
Desde los primeros días del 2011 el gobierno argentino, a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), ha anunciado doce normativas para prevenir e impedir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Actividades como la venta de vehículos e inmuebles, uso tarjetas de crédito y cheques de viajero, apuestas en casinos y bingos, las pólizas de seguros, transferencias bancarias, transporte de caudales, ventas de obras de arte y antigüedades, entre otras actividades comerciales, financieras y profesionales, serán examinadas por el Estado, siempre que se enciendan las alarmas por los montos en juego en cada una de las operaciones.
Primeras reacciones
La Resolución 2511, publicada en Boletín Oficial (fecha), que obliga a ciertos profesionales de ciencias económicas a reportar ante la UIF eventuales maniobras de lavado de dinero que pudieran detectarse en la preparación de las declaraciones juradas, despertó las primeras reacciones.
Según reporta el portal infobae.com, voceros de la Federación de Consejos de Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) manifiestan que la medida es de “difícil cumplimiento, en lo inmediato”.
Guillermo Fernández, secretario de dicha organización, argumentó que «con esta medida se incorpora a los profesionales independientes que presentan declaraciones juradas, pero siempre hay que tener en cuenta que cumplen una función de asesoramiento”.
Explicó que el problema está en que las declaraciones juradas se hacen en base a la información suministrada por los clientes.
La resolución incluye a las personas físicas que posean un activo superior a los 3 millones de pesos o hayan duplicado su activo o sus ventas en el término de un año, de acuerdo con la información proveniente de los estados contables auditados.
De acuerdo con el portal web oficial de la FACPCE “el proyecto inicial de la UIF comprendía como sujetos obligados a todos los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales en Ciencias Económicas”.
Eso significaba que pasaban a ser sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas todos los profesionales en Ciencias Económicas matriculados -contadores, actuarios, licenciados en administración y en economía- por los trabajos profesionales que realizaran con cualquier tipo de cliente. Ahora esta exigencia se circunscribe sólo a los contadores que actúan como auditores externos y síndicos societarios.
La intervención realizada por el gremio logró limitar la propuesta inicial a través de la realización de varias reuniones en el seno de la UIF, y de la presentación de un proyecto.
“De esta forma, los demás profesionales en ciencias económicas, pese a estar incluidos en la ley 25.246, (la cual creó la UIF en el año 2000) no tendrán obligación de informar operaciones sospechosas y no están incluidos en la Resolución 25/11”, señala FACPCE en su página web.
Entre algunas de las circunstancias “sospechosas”, especificadas en los formatos que auditores externos y síndicos societarios están obligados a reportar, podemos señalar:
· Operaciones con empresas Off Shore, o con personas físicas o jurídicas radicadas en países o territorios no cooperativos (FATF/GAFI).
· Incrementos o decrementos significativos en los volúmenes operados o registrados en distintas cuentas u operatorias.
· Cancelaciones anticipadas de préstamos.
· Cancelaciones anticipadas de pólizas de seguros.
· Valuaciones correspondientes a acciones intangibles o revalúos técnicos que no parezcan acordes con los bienes de referencia.
Control al dinero plástico
Cuando todavía se debatía las repercusiones de la normativa 25/11, la UIF publicó en Gaceta Oficial una nueva medida que tiene como norte impedir el uso de tarjetas de crédito y cheques de viajero, para canalizar fondos de procedencia ilícita.
En resumen, la nueva resolución 27/11 tiene las siguientes implicaciones y las compañías emisoras tienen plazo hasta el 1 de abril de 2011, para adecuarse a los nuevos requerimientos:
Se considerará cliente tanto al usuario titular como a los adicionales o beneficiarios de extensiones, y a los proveedores de bienes o servicios o comercios adheridos.
Las operadoras deberán adoptar políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, elaborar un manual de procedimientos y designar a una persona como Oficial de Cumplimiento.
Las compañías emisoras estarán obligadas a exigir una declaración jurada a sus clientes cuando éstos soliciten una emisión de cheques de viajero superior a 5.000 pesos o tengan tarjetas con un límite de compra por encima a esa cantidad.
En el caso en que el cliente solicite la emisión de cheques de viajero por un monto superior a 20.000 pesos o en caso que la tarjeta de crédito o de compra tenga un límite de crédito superior a ese monto, se deberá requerir además de la declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos la correspondiente documentación respaldatoria que sustente el origen declarado de los fondos.
Las empresas deberán realizar perfiles transaccionales de sus clientes y hacer seguimiento a las operaciones que efectúen.
Las compañías emisoras deberán informar cualquier operación de sus clientes considerada «sospechosa».
El titular de la UIF, José Sbatella, aclaró que estas nuevas reglas se harán sentir sobre los nuevos usuarios. “Los que ya tengan un historial crediticio ni se van a enterar de esta normativa”, dijo a los medios.
Para quienes ya tienen una tarjeta de crédito, se activarán los alertas cuando registren un nivel de consumo por encima de su promedio mensual. En ese caso, la empresa emisora deberá requerirle información sobre esos gastos.
Sbatella indicó que tendrán como blanco especial el uso de las “tarjetas prepagas”, que pueden ser una vía para lavar dinero.
Existirá especial supervisión con las denominadas “Tarjetas Prepagadas”, las cuales “se cargan” con fondos y luego se usan libremente, lógicamente hasta que se agota el fondo.
Quedan exceptuadas las “Tarjetas Prepagas no Recargables” emitidas por entidades no financieras para ser usadas exclusivamente en un establecimiento comercial determinado, cuyo valor individual no supere los 2.000 pesos, siempre y cuando el total de tarjetas compradas por el cliente no supere los 10.000 pesos, dentro del mes calendario.
Sbatella explicó que “nada de lo que exige es nuevo, lo nuevo es que los bancos deben informarlo”, aseguró.
Confusiones
Sin embargo, algunos analistas económicos consultados por la prensa de Buenos Aires han argumentado que debido a la inflación, la mayoría de los bancos emisores actualizaron los montos, lo que hizo que el límite establecido por la UIF para los controles involucre a más del 70% de los 14,3 millones de titulares de tarjetas del sistema financiero.
En primer término esto fue entendido como un mecanismo que afectaría a millones de consumidores argentinos en la cotidianidad de sus operaciones comerciales; se creía que alcanzaría a todos los usuarios de tarjetas de crédito con límites superiores a 5.000 pesos, por lo cual tuvo que ser aclarado en medio de una avalancha de críticas. La máxima autoridad de la UIF aclaró que «la nueva reglamentación es una responsabilidad para el banco, no para sus clientes. Tiene que ver con el proceso de auditoría interna y con conocer a sus clientes».
Sbatella reiteró que «no hay una persecución al usuario de una tarjeta, sino medidas reforzadas para las administradoras de tarjetas o de cheques de viajero, que al momento de otorgamiento deberán asegurarse, de la mejor manera, de la capacidad del cliente, de su debida identificación«.
UFI se adapta
Diferentes actividades económicas y financieras en Argentina deberán ajustarse a todo un cuerpo de normas, las cuales establecen obligaciones de informar sobre operaciones que puedan entrar en la categoría de sospechosas.
Este esquema necesariamente apunta a la necesidad de una mayor diversificación, entrenamiento, pericia técnica y observación de datos objetivos, dada la sofisticación de los mecanismos de acción del crimen organizado.
Desde el próximo 1 de abril, el país sureño contará con un sistema electrónico para el Reporte de Operaciones Sospechosas, según el portal web de la UFI.
Además, realizarán anualmente informes sobre la calidad de los reportes sistemáticos y de transacciones susceptibles de enmascarar maniobras de lavado de activos o relacionadas con actos terroristas, recibidos de los sujetos obligados. En los próximos días se espera el anuncio de nuevas medidas de control.
En octubre 2010, el GAFI formuló cuestionamientos contra la Argentina, porque no respetar 47 de las 49 normas que dictó ese organismo internacional para combatir el lavado de dinero.
Recuento de las Resoluciones
En el siguiente listado ofrecemos un inventario de las normativas publicadas en Gaceta durante el mes de enero de 2010:
• 14 de enero
Resolución 11/2011: Medidas referidas a la prevención y detección de operaciones sospechosas de las Personas Expuestas Políticamente (PEP’s), una categoría a la que ahora pertenecen funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, los funcionarios extranjeros que se desempeñan en Argentina, autoridades sindicales y miembros de cámaras empresariales.
Resolución 194/2010: Nueva normativa sobre el tratamiento de la información obtenida de otra Unidad al amparo de los mecanismos de intercambio existentes en materia de prevención y castigo al lavado de divisas y la financiación del terrorismo.
• 20 de enero
Resolución 18/2011: Establece procedimientos que deberán observar las personas físicas o jurídicas dedicadas a la explotación de juegos de azar. Las apuestas a través de Internet y otros medios electrónicos son objeto de los mecanismos de control antilavado, imponiendo a quienes los explotan las mismas obligaciones que rigen para los casinos, bingos, loterías e hipódromos.
Resolución 19/2011: Impone nuevas obligaciones a la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), encargada de fiscalizar a las personas físicas o jurídicas.
Resolución 21/2011: Destinada a escribanos públicos. Una de las obligaciones que añade a los notarios es la de extremar las medidas precautorias para evitar la utilización de “empresas pantalla” o “empresas vehículo”
Resolución 22/2011: Establece que la Comisión Nacional de Valores es el organismo de control de una serie de sujetos obligados entre los que figuran las sociedades emisoras, fondos comunes de inversión, calificadoras de riesgo, fideicomisos financieros, bolsas de comercio con y sin mercado de valores adherido.
• 21 de enero
Resolución 23/2011: Sobre medidas que deben cumplir los sujetos obligados, incluidas las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realizan operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete.
Resolución 24/2011: Establece medidas y procedimientos mínimos que deberán observar las empresas dedicadas al transporte de caudales.
Resolución 25/2011: Profundiza las medidas que deben cumplir los contadores públicos, que están obligados a emitir reportes sistemáticos mensualmente, mediante un sistema “on line”. Los profesionales de este sector que brindan asesoramiento impositivo se encontraban hasta ahora exceptuados, pero en lo sucesivo estarán comprendidos en las normas globales antilavado.
Resolución 26/2011: Referida a la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios y los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos prendarios.
• 24 de enero 2011
Resolución 27/11: Se establece un régimen de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, aplicable específicamente a las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra.
• 26 de enero 2011
Resolución 28/2011: Indica la obligatoriedad que tienen los vendedores de arte y antigüedades, los marchands, los que se dediquen la exportación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales preciosos a presentar informes sobre las actividades de sus clientes habituales u ocasionales, para evitar el lavado de dinero.
Fuente: LavadoDinero.com
Argentina no investiga el Lavado de Dinero
febrero 18, 2013
Dejaron de investigar sospechas de Lavado de Dinero
Por Hugo Alconada Mon
La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado nacional, se mueve con un límite infranqueable: no investiga más las alertas que recibe del exterior sobre las operaciones sospechosas de lavado vinculadas con personas o empresas argentinas.
El controvertido límite impuesto en la UIF provocó el archivo casi inmediato de múltiples alertas recibidas desde paraísos fiscales alrededor del mundo sobre funcionarios, políticos, empresarios y sindicalistas argentinos desde hace años.
Esto fue lo que ocurrió con varios reportes enviados desde Liechtenstein, Suiza, la Isla de Man y hasta desde el atolón de Nauru (entre Australia y Hawai).
El cambio de política fue confirmado a LA NACION por cuatro fuentes familiarizadas con toda la operatoria que se realiza en la UIF, un organismo del Estado que responde políticamente al Gobierno.
La decisión de concentrarse sólo en las operaciones locales y no en las alertas internacionales comenzó hace ya algunos años, sobre la base de pautas que regulan su funcionamiento.
«En la práctica, lo que ocurre es que la UIF se dedica a cazar dentro del zoológico», ironizó uno de los informantes. «Eso implica que el sospechoso que logró sortear el cerco local, después es muy raro que tenga problemas.»
Ese límite deja un amplio margen de acción a miles de argentinos que entre 2000 y 2009 extrajeron del país más de 95.800 millones de dólares, en muchos casos sospechados de estar vinculados con la corrupción y la evasión tributaria, según la estimación realizada por el centro de estudios Integridad Financiera Global (GFI, por sus siglas en inglés).
En contacto con otras unidades antilavado alrededor del mundo a través del Grupo Egmont, la UIF recibe y envía a través de esa red pedidos de datos sobre investigaciones en curso.
Así, si en la Argentina se investiga a una empresa, puede pedirles a las otras unidades toda la información que puedan tener sobre esa compañía. Y viceversa, también. Es decir que puede recibir requerimientos de colaboración sobre una persona o compañía investigada en Europa o Asia o el Caribe, por ejemplo.
Esa interacción secreta es bastante habitual, hasta el punto de que entre 2003 y 2011 la UIF envió 794 solicitudes de información y recibió 441 desde el exterior, según las últimas estadísticas oficiales que difundió el propio organismo a fines de ese año.
Desde el exterior, sin embargo, también llegan comunicaciones espontáneas sobre operaciones bancarias, financieras e inmobiliarias, entre otras, vinculadas con argentinos.
«Lo típico es que una unidad extranjera le avise a la UIF que tal persona está moviendo dinero y pregunte qué hay sobre él en el sistema local», graficó un segundo informante. «El problema es qué se hace acá con eso», abundó.
Al recibir la información desde el exterior, los técnicos de la UIF la cargan en la base de datos y se verifica si esa persona ya se encontraba bajo la lupa del organismo, o si al menos se había recibido un reporte local de operación sospechosa (ROS). Si ya se lo investigaba o había un ROS sobre esa persona, el aporte internacional se añade a su legajo y se examina.
Al archivo
El problema, sin embargo, ocurre cuando no es así. Si la persona o empresa señalada desde el exterior no era ya investigada por la UIF o no había al menos un ROS sobre ella, la unidad antilavado se limita a registrar los datos y ordenar su archivo, sin abrir una investigación propia.
«Eso significa que si un argentino está limpio en el país, puede presentarse con una valija repleta de dólares en un banco en el extranjero para abrir una cuenta sin temor a un sobresalto porque cuando la unidad antilavado de ese país lo informe a la UIF, no se investigará», detalló la tercera fuente.
Controlada por la Dirección de Relaciones Institucionales de la UIF, la información que llega por la red del Grupo Egmont registró, de todos modos, al menos dos incidentes serios durante los últimos años. Uno ya es conocido; el otro es un secreto a voces dentro del organismo.
El primer incidente ocurrió durante la campaña electoral de 2009, cuando la UIF recibió información de inteligencia financiera sobre Francisco de Narváez proveniente de la unidad antilavado estadounidense (FinCen) y esos datos terminaron publicados en Página 12, en lo que el diputado describió como una utilización política de datos confidenciales.
Este episodio llevó a la ruptura de relaciones entre ambos organismos durante más de dos años, que recién durante los últimos meses comenzaron a recomponerse de manera progresiva y parcial.
El segundo incidente , por el contrario, afecta a la justicia local y ocurrió mientras el líder de la hoy CGT disidente, Hugo Moyano, mantenía una relación aceptable con el Gobierno.
Así, según reconstruyó LA NACION, cuando el juez federal Norberto Oyarbide preguntó a la UIF si había recibido consultas desde el exterior -y, en particular, desde Suiza- sobre el referente de los camioneros, desde el organismo ofrecieron una respuesta favorable para Moyano, previo retoque de unas fechas sobre las consultas recibidas vía Egmont.
Más allá de De Narváez o Moyano, sin embargo, y por fuera del ámbito de investigación de la unidad antilavado local, quedaron otros dirigentes, que incluyen a funcionarios, políticos, empresariales y sindicales.
Junto con miles de argentinos más, extrajeron los cerca de US$ 95.800 millones del país en flujos ilícitos entre 2000 y 2009 que calculó el GFI. Pero que quedaron fuera del «zoológico» de la UIF.
La unidad antilavado centralizó, además, numerosas objeciones del principal foro intergubernamental del mundo de prevención y lucha contra el lavado, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Entre otras, fijó que la UIF debía mejorar su interacción con sus pares de otros países para combatir mejor los delitos económicos.
Sometido a un proceso de revisión especial, el país mostró mejores resultados durante los últimos plenarios del GAFI, que de todos modos lo mantiene dentro de su «lista gris» (ver aparte), con críticas cosechadas desde Estados Unidos, Alemania y España, entre otros. Desde este último país, incluso, llegó a la Argentina una alerta desde la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). Se centraba en el luego presidente de la «nueva» Ciccone, Alejandro Vandenbroele, y su socio Fabián Carosso Donatiello, el futuro inquilino del departamento del vicepresidente, Amado Boudou . Dada la práctica de cazar en el zoológico de la UIF, ninguno fue investigado hasta después de que estalló el caso Ciccone.
———————————————————–
Sbattella y una decisión controvertida
La UIF resolvió no investigar reportes desde el exteriorLa resolución de la UIF
Desde hace años no investiga los reportes sospechosos que se envían desde el exterior, a través del denominado Grupo Egmont
Paraísos fiscales
Esos reportes provienen habitualmente de destinos sospechosos como Liechtenstein, Suiza, la isla de Man y el atolón de Nauru
Posibles beneficiados
Entre quienes dejaron de ser investigados se encuentran funcionarios, políticos, empresarios y sindicalistas argentinos
95.800 millones de dólares
Es lo que estimó el centro de estudios Integridad Financiera Global (GFI) que se fugó del país entre 2000 y 2009 en operaciones ilícitas como corrupción y evasión tributaria
441 reportes desde el exterior
Es lo que recibió la UIF entre 2004 y 2011 por pedidos basados en operaciones sospechosas. Buena parte de esa información ha sido archivada sin profundizar en la investigación
Dos antecedentes polémicos
HUGO MOYANO
Secretario de la CGT
Cuando todavía tenía buen vínculo con el kirchnerismo, la UIF ajustó las fechas de consultas recibidas desde el exterior para favorecer su situación ante una requisitoria del juez Oyarbide
F. DE NARVÁEZ
Diputado peronista
En la campaña de 2009 la UIF recibió información de inteligencia financiera reservada sobre el principal rival de Kirchner y fue filtrada intencionalmente en una nota en Página 12
DÓLARES Y CAJAS DE SEGURIDAD
José Sbattella estuvo asociado a definiciones polémicas desde que llegó a la UIF. A fines de 2011 dijo que la ley antiterrorista podría ser aplicada con los medios de comunicación. En abril de 2012 se pronunció a favor de «desdolarizar por las buenas o por las malas», lo cual acentuó el debate sobre el tema. Y a fin del año pasado consideró que la costumbre argentina de guardar dinero en cajas de seguridad facilita el encumbrimiento del lavado.
Fuente: La Nación, 18/02/13.
Argentina: Deficiente control del Lavado de Dinero
octubre 30, 2012
El 65% de las sospechas de lavado de dinero no se investigaron
Por Hugo Alconada Mon
La unidad antilavado dejó sin investigar 7400 de los 11.400 reportes de operaciones sospechosas (ROS) que integraban su base de datos a mediados de 2011. Los soslayó debido a la puesta en marcha de un nuevo sistema informático que tuvo graves problemas de aplicación, según surge de informes internos en los que se alertó sobre sus riesgos y dificultades.
La falta de análisis de casi el 65% de los reportes que la Unidad de Información Financiera (UIF) acumuló durante ocho años de labor contrasta con el énfasis que les dio su presidente, José Sbattella, a las investigaciones contra «enemigos» del Gobierno, entre otros, el Grupo Clarín; el jefe de la CGT, Hugo Moyano, y Sergio Schoklender . Esta información fue confirmada a LA NACION por tres fuentes al tanto de la operatoria dentro del organismo.
La desatención de esos 7400 reportes se debe a los problemas verificados en el sistema, conocido en la jerga como «matriz de riesgo». Se activó a mediados del año pasado, después de un largo proceso de desarrollo que mantuvo casi paralizado a un sector de la UIF durante seis meses.
La primera falla de la matriz es que, cuando al fin se implementó, no incluyó los ROS que hasta entonces llegaban impresos en papel y se procesaban con el sistema anterior, el SAIR. La segunda es que esos 7400 reportes sin analizar tampoco fueron cruzados con los ROS que comenzaron a llegar a la UIF desde que se activó la matriz.
Según dejó asentado por escrito en un reporte que elevó a Sbatella la entonces directora de Análisis de la UIF, Ana Helbardt, dijo que tal como estaba planteada la matriz, «quedan sin ningún tipo de tratamiento los ROS pendientes de análisis del SAIR (7400 de los 11.400 que integran esa base)». LA NACION procuró consultar al titular de la UIF, pero no respondió las llamadas ni los mensajes.
Helbardt explicó además que, al no poder cruzarse esos 7400 reportes con los ROS que comenzaron a llegar a la UIF desde que se activó la matriz, «las alertas que se generen (o no se generen) no cuentan con los antecedentes de los últimos ocho años de la Unidad».
El primer efecto nocivo de esas dos falencias -ni análisis ni entrecruzamiento- resultaba evidente, según la funcionaria. «Aquí se produce un riesgo importante, ya que puede descartarse un [nuevo] ROS que tenga antecedentes o vinculaciones con otros ya existentes» y soslayados.
Helbardt también alertó sobre las responsabilidades en juego, que excedían a su dirección de análisis y llegaban hasta la presidencia de la UIF. Consignó que con la matriz «debería preverse que esos ROS [por los 7400 pendientes] queden sin análisis hasta tanto se implemente una matriz complementaria», de la que además aclaró que sólo se habló en «reuniones informales» y sin mayores precisiones, como las que requeriría el tema.
Desde entonces, la mayoría de esos 7400 reportes continúa sin analizarse, según las fuentes que consultó LA NACION. Sólo se analizó un pequeño porcentaje, por las personas, empresas o montos de las operatorias sospechadas, o porque surgió algún tema «caliente» que justificó buscar entre los reportes sin analizar.
Con 280 parámetros o «a dedo»
Desarrollada durante meses por funcionarios y técnicos bajo la batuta del número dos del organismo, Gabriel Cuomo, la fórmula de la «matriz de riesgo» llegó a abarcar 280 parámetros de búsqueda y análisis. Algunos resultaban valiosos o incluso imprescindibles, pero otros carecían de asidero práctico.
«La fórmula incluía, por ejemplo, que se cruzaran datos con la AFIP, los registros Automotor y de la Propiedad de la Capital Federal o Migraciones, pero ni siquiera se sabía cómo se cruzarían esos datos», precisó un informante.
Aportó un caso concreto: «Si la idea era cruzar datos con el registro inmueble de la ciudad de Buenos Aires, ¿qué pasa si el reporte es sobre alguien que vive en Orán? Porque del registro de Salta no había nada en la matriz».
Ese primer bosquejo de la «matriz», sin embargo, sufrió luego una reformulación, con problemas casi opuestos. Fue cuando se marchó Helbardt y arribó un colaborador de Sbatella, Pablo Chena, como nuevo director de Análisis de la UIF, área a la que sumó a su hermana y a su cuñado.
De hecho, LA NACION publicó en septiembre pasado que Sbatella desplazó en la UIF a varios técnicos especializados en investigaciones antilavado y a muchos de ellos los reemplazó con militantes y familiares sin experiencia alguna en la materia.
«La matriz pasó de ser una ecuación compleja y larguísima a quedar reducida a sólo 10 parámetros que en la práctica no servían para detectar los reportes relevantes», detalló uno de los informantes, que indicó que dados los «problemas» registrados se inició una segunda «reformulación».
La relevancia de contar con una «matriz de riesgo» eficiente surge de los registros estadísticos del propio sistema antilavado. A medida que pasó de 350 a 22.500 sujetos obligados a informarle a la UIF las operaciones sospechosas, los reportes treparon de 351 en 2003 a 13.387en 2011, último año con datos oficiales conocidos.
El problema es que las falencias de la matriz y su posterior simplificación llevaron a Chena y sus colaboradores al otro extremo, según dos fuentes consultadas por LA NACION por separado. Ambas afirmaron que ahora se seleccionan «a dedo» los reportes que se investigan. O que se busca información en las bases sin que medie un reporte previo.
La última fase de la puesta en marcha de la «matriz de riesgo» registró, incluso, situaciones peculiares. Entre otras, que Chena terminó por apropiarse de la iniciativa en la que habían trabajado Cuomo y una larga lista de expertos. Y que en los fundamentos se sostuvo que matrices similares ya se aplican en Australia. «Lo cual -aclaró un informante- era pura cháchara. Pero pasó igual.»
Fuente: La Nación, 29/10/12.
José Sbattella, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Argentina: El Lavado de Dinero K
septiembre 10, 2012
La UIF, entre el escándalo, el nepotismo y la vergüenza
José Sbattella parece decidido a continuar dinamitando la ya de por sí escasa capacidad operativa de la Unidad de Información Financiera (UIF) que él preside desde marzo de 2010. Se trata del organismo oficial encargado de luchar contra el lavado de dinero y lo que ha hecho Sbattella desde que, sin ninguna experiencia ni capacitación en la materia, asumió tan importante cargo, consistió en desarticular los planteles profesionales de la unidad para reducirla a una mera máquina politizada que se ocupa de perseguir a los críticos del Gobierno y de proteger a los sospechosos de lavado cercanos al kirchnerismo.
Obviamente, esta desnaturalización de la función de la UIF sólo puede beneficiar el blanqueo de activos financieros mal habidos, que generalmente provienen de la corrupción, el narcotráfico, la trata de blancas y el contrabando, azotes que, sintomáticamente, no han cesado de crecer con llamativa vitalidad durante la gestión del Gobierno.
Sbattella ha protagonizado una serie de escándalos desde su desembarco en la UIF. El último, tal como reveló una investigación de LA NACION, ha sido el reemplazo de técnicos especializados en desentrañar el lavado de dinero por alrededor de 20 familiares suyos, de su esposa y de sus colaboradores y militantes del kirchnerismo que carecen de toda experiencia. Al comienzo, uno de esos militantes no pudo conservar su flamante puesto luego de aparecer filmado por la televisión mientras participaba en los disturbios protagonizados por los barrabravas de River en junio del año pasado, cuando ese club quedó a un paso del descenso. Pero al pasar al olvido el escándalo, fue reincorporado.
De todos modos, hoy sólo trabajan en la UIF menos de media docena de analistas profesionales con probada experiencia en investigaciones de blanqueo de dinero, una actividad cada vez más compleja. Mientras tanto, el total de empleados de la unidad es de 250. Al frente de la estratégica Dirección de Análisis se encuentra un ex colaborador de Sbattella en el Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (IEFE) de La Plata. La hermana del director de Análisis es la segunda autoridad de esta dirección, y un cuñado suyo es el tercer jefe, encargado a su vez de las causas políticas de mayor sensibilidad para el Gobierno.
Hay que recordar que la UIF ha protegido, entre otros, al vicepresidente, Amado Boudou; al empresario kirchnerista Lázaro Báez y a la Fundación Madres de Plaza de Mayo y sus obras de viviendas sociales financiadas con fondos públicos.
El desmantelamiento de los ya de por sí exiguos planteles profesionales de la UIF llegó al extremo de que tres analistas carecen de títulos profesionales. El antecedente laboral de otra analista, actualmente a cargo de algunos de los legajos con connotaciones políticas, es haberse desempeñado en una panadería. Una colega suya es ingeniera en pesca, por lo cual fue necesario que se le otorgara una autorización excepcional en el decreto de designación del Ministerio de Justicia «por no reunir los requisitos mínimos de acceso» para un puesto de ese nivel y responsabilidad.
A cargo de otra área estratégica, la de Coordinación Nacional, que se ocupa de coordinar la colaboración con otros organismos estatales, Sbattella designó a una ex secretaria privada suya, mientras que su esposo dirige el área que se ocupa de los sectores y profesionales que deben reportar las operaciones financieras sospechosas. Sbattella también nombró a una sobrina de su esposa como secretaria y al marido de otra sobrina como director de Seguridad y Sistemas Informáticos. Luego de publicada la investigación de LA NACION, Sbattella reconoció que «no somos especialistas en temas de lavado».
Este panorama escandaloso no hace más que confirmar lo que más de una vez hemos planteado en esta columna: la finalidad real de la UIF no es combatir el lavado de dinero, sino proteger a funcionarios y sus allegados presuntamente involucrados en ese delito, y también perseguir a quienes no comulgan con el oficialismo. Un año atrás, la Justicia imputó a las autoridades de la UIF por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario, encubrimiento agravado y violación de secretos, debido a que sobre 130 pedidos de levantamiento de secreto fiscal que solicitó el organismo, sólo dos casos habrían tenido trámite posterior en la UIF. Eran los casos abiertos contra altos ejecutivos del Grupo Clarín. En cambio, la unidad tuvo un papel equiparable al de encubridor en el caso de la Fundación Madres de Plaza de Mayo al haber cajoneado una denuncia antes de estallar el escándalo. Otro ejemplo de persecución política a cargo de la UIF fue el pedido de información que realizó a su par estadounidense, el FinCen, para emplearlo en contra del dirigente opositor Francisco de Narváez. Debido a esta sucia maniobra, el FinCen cesó su colaboración con la UIF.
El narcotráfico, el contrabando y los hechos de corrupción son algunos de los principales delitos que producen enormes volúmenes de dinero que los delincuentes y sus cómplices necesitan reingresar en el circuito legal para ocultar su origen. En eso consiste el lavado. El estado actual de la UIF, que oscila entre un organismo en ruinas y una fuente de permanente escándalo y vergüenza, no sólo es responsabilidad de Sbattella sino de los máximos estamentos de un Gobierno que, de esta manera, confirma que no lucha contra el blanqueo de activos financieros. La realidad que vive hoy la UIF, tan increíble que puede resultar patética, es, sin embargo, una invitación al lavado de dinero y, por lo tanto, a una aún mayor expansión de los negocios de la droga y la corrupción, de efectos tan devastadores en cualquier sociedad. Por eso, y porque está de por medio la salud de la República, es que Sbattella debería renunciar o ser removido para que alguien idóneo ocupe tan importante puesto.
Fuente: La Nación, 09/09/12. Editorial.
—————————————————————-
Más información:
https://www.economiapersonal.com.ar/2012/09/01/argentina-nepotismo-en-la-uif/
Argentina: Nepotismo en la UIF
septiembre 1, 2012
Echan a expertos antilavado y asumen militantes y familiares
Por Hugo Alconada Mon
De a uno o de a dos por vez, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, desplazó a los técnicos especializados en investigaciones antilavado. Sólo queda un puñado testimonial. Y al resto lo reemplazó con militantes y familiares sin experiencia alguna, según reconstruyó La Nacion sobre la base de testimonios de cuatro fuentes al tanto de lo ocurrido, documentos públicos y privados, y un relevamiento del Boletín Oficial.
La politización de la UIF, que se agudizó desde el arribo de Sbattella, en marzo de 2010, incluyó casos singulares, como el nombramiento de un militante al que debieron pedirle la renuncia tras aparecer por televisión en los disturbios causados por los barrabravas de River cuando el club quedó a un paso de descender, en junio de 2011. Sin embargo, lo reincorporaron cuando se diluyó el riesgo de un escándalo público.
«Hay una dinámica permanente de politizar el discurso, las acciones y al personal de la UIF», lamentó una de las fuentes que aceptó dialogar con LA NACION bajo estricta reserva de su nombre durante los últimos tres meses. ¿El motivo? Luego de que este diario reveló el 20 de agosto la protección brindada al vicepresidente Amado Boudou y al empresario patagónico Lázaro Báez , entre otros, Sbattella y sus colaboradores amenazaron: «Por cada nueva nota [que se publique] echaremos a dos empleados».
Hoy, con más de 250 personas que trabajan en la UIF, menos de media docena son analistas profesionales, con experiencia en investigaciones sobre lavado. El resto aprende sobre la marcha -por «ósmosis», como lo definió uno de los informantes- o con cursos que reciben cuando ya están dentro de la unidad. Más aún, esa capacitación sólo se imparte para «los nuestros».
Sin embargo, mientras por un lado se discrimina a parte del personal técnico por razones políticas, por el otro se designan nuevos empleados también por razones políticas o de parentesco con el propio Sbattella y sus principales colaboradores.
Sbattella designó a la sobrina de su mujer como secretaria, al marido de otra sobrina como director del área de Seguridad y Sistemas Informáticos de la UIF, a una tercera sobrina como encargada de la página web de la UIF y hasta a un sobrino en la Secretaría General Ejecutiva. (LA NACION se reserva sus nombres por las características de seguridad inherentes a la unidad antilavado.)
Sbattella también trajo a varios de sus ex colaboradores en el Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (IEFE) de La Plata. Entre otros, a dos vocales (uno de los cuales ya renunció), a un analista y al encargado de Presupuesto y Pagos de la UIF, cargo que ocupa gracias a que obtuvo una designación excepcional por carecer de título profesional habilitante. Todos ellos, además, carecen de experiencia real en temas antilavado, según verificó LA NACION.
La misma práctica se repite en el área más sensible de la UIF, la Dirección de Análisis. Su director es Pablo Chena -que también viene del IEFE-; la segunda a cargo es su hermana, y el tercero en la línea jerárquica es su cuñado, que además se encarga de llevar adelante algunas de las «causas políticas» más sensibles.
A ellos se suman cuatro casos notables. Son analistas de la categoría «C» en el escalafón de la administración pública nacional. Tres carecen de títulos profesionales. Una trabajaba en una panadería y junto con otro de los cuatro también maneja «legajos con tinte político», como los caracterizó otro informante. Y la cuarta, amiga a su vez de Sbattella, es ingeniera, pero en pesca, por lo que también recibió una autorización excepcional en el decreto de designación del Ministerio de Justicia «por no reunir los requisitos mínimos de acceso» para un puesto de esa categoría.
De secretaria a coordinadora
Los vínculos con la esposa de Sbattella, vocal en el Tribunal Fiscal de Apelación de la provincia de Buenos Aires, también pesan dentro de la UIF. De allí llegaron la directora del área de Asuntos Jurídicos, Mariana Quevedo, quien sólo va por las tardes y aún concurre también al tribunal, más una vocal del Consejo Asesor de la Unidad, y un empleado de la Secretaría General Ejecutiva por el que se pidió que lo categorizaran con la letra «A», la más alta del escalafón y aun cuando hay un solo profesional, en Análisis, con ese nivel. Al final lo encuadraron en el nivel «B», cuando otros demoraron ocho o más años para conseguir esa categoría.
Una discrecionalidad semejante quedó expuesta al designar a cargo de las tareas de Coordinación Nacional -es decir, la interacción estratégica con todas las áreas del Estado abocadas a la lucha contra el lavado- a una ex secretaria privada de Sbattella, en tanto que al frente del área de Supervisión de Obligados -qué sectores y profesionales deben reportar operaciones sospechosas- se ubicó a un empleado de la AFIP que es el marido de esa ex secretaria.
Sin embargo, el caso paradigmático acaso sea el de Carlos Federico Millet, señalado dentro de la UIF como uno de los que ingresaron con un bombo a las instalaciones junto a su entonces jefe directo, el secretario general ejecutivo, Federico de Negri, para convocar a sus colegas de toda la unidad a participar en un acto político de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con su entonces aliado, Hugo Moyano.
Fanático de River Plate, Millet debió renunciar a su designación -también era excepcional por incumplir los requisitos legales- el 23 de junio de 2011. Es decir, lo echaron el día después de que un grupo de violentos ingresara a la cancha durante el partido que su equipo perdió contra Belgrano, en Córdoba, y quedó a un paso del descenso, que se concretó días después.
Millet apareció en unas imágenes de los desmanes, por lo que las autoridades lo desplazaron, temerosas de que se detectara que trabajaba en la UIF, un organismo que depende del ministro de Justicia, Julio Alak, aunque Sbattella suele decir que tiene diálogo directo -por momentos incluso diario- con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En el caso de Millet, sin embargo, la UIF volvió sobre sus pasos a medida que el potencial escándalo quedaba atrás. Por ese motivo recontrataron al militante del Ateneo Conciencia Nacional, que fundó Sbattella a principios de los 90. Hoy trabaja en el área de presupuesto.
LA NACION intentó consultar a Sbattella por estas designaciones, y a Millet desde el jueves, pero no respondieron las llamadas y mensajes.
Ya investigado por el juez federal Daniel Rafecas por el uso político de la UIF, tras una investigación preliminar del fiscal Carlos Stornelli, uno de los colaboradores de Sbattella ironizó en público sobre las consecuencias de su actuación. Según dos testigos, bromeó: «Si seguimos así, vamos presos».
Los cambios más resonantes en la UIF
Sbattella reemplazó a técnicos por gente propia.
CASO 1
Los sobrinos
Un sobrino de Sbattella, tres sobrinas por parte de su mujer y también el marido de una de ellas trabajan hoy en distintos cargos dentro de la UIF.
CASO 2
Los platenses
Sbattella también convocó a cinco ex colaboradores del instituto IEFE de La Plata; ninguno con experiencia en temas antilavado.
CASO 3
Los analistas
El director de Análisis convocó a su hermana como número dos del área a su cargo y al marido de ella como su tercero.
CASO 4
Un hincha fanático
Veinticuatro horas después de los incidentes en Belgrano-River, la UIF echó a Carlos Millet (foto); cuando se diluyó el escándalo, volvió a contratarlo.
CASO 5
La ingeniera
Una de las nuevas analistas es amiga de Sbattella e ingeniera, pero en Pesca, por lo que debió recibir una autorización excepcional para entrar a la UIF.
CASO 6
Los fiscales
Tres colaboradores de Sbattella llegaron del Tribunal Fiscal bonaerense, donde trabaja su mujer; una de ellas todavía concurre al tribunal.
Del editor: por qué importa.
La UIF desnuda la cara oscura de la militancia: convertir la impericia en ley. Un gobierno que vigila al turista que compra un puñado de dólares vacía de expertos la unidad que investiga los grandes delitos económicos.
Fuente: La Nación, 01/09/12.
————————————————–
Sbattella admitió que familiares suyos trabajan en la UIF
Sbattella, el jueves, al llegar a las oficinas de la UIF. Foto: LA NACION / Enrique García MedinaLuego de que LA NACIÓN revelara que el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, desplazó a técnicos especializados en investigaciones antilavado y los reemplazó con militantes y familiares sin experiencia, él mismo contestó. Dijo que quienes trabajan en el organismo son idóneos y que el hecho de que sean familiares «no invalida su capacidad técnica y profesional para el cargo».
Sbattella admitió que su secretaria es familiar de su mujer. «Lo que es real, yo tengo en todos los organismos que he pasado, una secretaria que me ha acompañado siempre. Esa es una de las secretarias. El resto son personas de origen profesional, con capacidad técnica para estar en esos lugares. Y tienen las mismas características que cualquier personal», sostuvo.
«Mi secretaria no es mi sobrina. Es un familiar de mi actual esposa; soy divorciado. Lo lógico es un familiar, una persona de confianza. Las otras personas son por idoneidad profesional en los temas que le ha tocado trabajar y no tiene que ver su relación familiar con los lugares en que están», explicó, en diálogo con radio Mitre.
El titular de la UIF, que es la unidad que debe investigar los grandes delitos económicos, dijo que «las otras personas» [mencionadas en la nota de LA NACIÓN] tienen «idoneidad profesional» y que son «profesionales con capacidad técnica para estar en esos lugares».
«No tienen relación familiar, puede ser relaciones familiares de índole política, pero eso no invalida su capacidad técnica y profesional para el cargo. No entran colgados, de no saber nada; hay especialistas en el tema (SIC)», agregó.
«La mayoría de los que nombra [el artículo] como personas nombradas como favores son personas que tienen una historia y un currículum que amerita el lugar adonde están; esto está fuera de discusión», insistió.
Qué pasó
LA NACIÓN reveló hoy que Sbattella desplazó a técnicos especializados en investigaciones antilavado y que los reemplazó con militantes y familiares sin experiencia. Hoy, más de 250 personas trabajan en la UIF y menos de media docena son analistas profesionales con experiencia en investigaciones sobre lavado.
Los cambios más resonantes en la UIF
CASO 1
Los sobrinos
Un sobrino de Sbattella, tres sobrinas por parte de su mujer y también el marido de una de ellas trabajan hoy en distintos cargos dentro de la UIF.
CASO 2
Los platenses
Sbattella también convocó a cinco ex colaboradores del instituto IEFE de La Plata; ninguno con experiencia en temas antilavado.
CASO 3
Los analistas
El director de Análisis convocó a su hermana como número dos del área a su cargo y al marido de ella como su tercero.
CASO 4
Un hincha fanático
Veinticuatro horas después de los incidentes en Belgrano-River, la UIF echó a Carlos Millet; cuando se diluyó el escándalo, volvió a contratarlo.
CASO 5
La ingeniera
Una de las nuevas analistas es amiga de Sbattella e ingeniera, pero en Pesca, por lo que debió recibir una autorización excepcional para entrar a la UIF.
CASO 6
Los fiscales
Tres colaboradores de Sbattella llegaron del Tribunal Fiscal bonaerense, donde trabaja su mujer; una de ellas todavía concurre al tribunal.
Fuente: La Nación, 01/09/12.
————————————————–
El Lavado de Dinero en Argentina
junio 1, 2012
El Informe Anual 2011 de la UIF
Por Daniel Gerardo Perrotta
Argentina permanece en la denominada Lista de Países con Deficiencias Estratégicas, y salir de la misma es el objetivo que persigue la delegación que defiende la posición ante el Organismo Internacional. A ese fin, resulta fundamental resolver las deficiencias destacadas por el GAFI, y uno de los aspectos recurrentemente reclamado, se refiere a la necesidad de contar con una unidad anti lavado “operacional y eficaz”. El Informe Anual 2011 de la UIF intenta dejar constancia de sus esfuerzos en pos de mejorar la magra calificación, y en este marco detalla algunos conceptos que como Sujeto Obligado, vale considerar.
En su último Informe Anual, la actual conducción de la UIF realiza un notable esfuerzo por resaltar los objetivos cumplidos durante el período 2010 -2011, intentando establecer una clara diferenciación respecto de las gestiones que la precedieron.
En términos generales, no puede obviarse que la UIF realmente ha dado pasos, en mayor o menor medida, dirigidos al cumplimiento de distintos objetivos, pero el disparador real de estos avances se halló y se halla fuera de la misma voluntad de la conducción del organismo. El gran impulsor de los avances ha sido sin duda el propio GAFI, más allá que esta circunstancia no va en desmedro de los efectivos avances.
A pesar de lo antedicho, Argentina permanece aún hoy en la denominada Lista de Países con Deficiencias Estratégicas, y salir de la misma es el objetivo que desde octubre del año próximo pasado, persigue la delegación que defiende la posición ante el Organismo Internacional.
Obviamente, los impactos de integrar dicha lista son graves, entre otras consecuencias las entidades financieras del mundo deben prestar especial atención a las relaciones comerciales y operaciones que se cursen con Argentina, generando riesgos de potenciales pérdidas de negocios internacionales y por supuesto dificultad para acceder al mercado financiero internacional.
En ese marco, resulta fundamental resolver las deficiencias destacadas por el GAFI, y uno de los aspectos recurrentemente reclamado, se refiere a la necesidad de contar con una unidad anti lavado “operacional y eficaz”. El Informe en cuestión intenta dejar constancia de sus esfuerzos en pos de mejorar la magra calificación, y en este objetivo detalla algunos conceptos que vale considerar.
Por otro lado el accionar de la Justicia, continúa aún entre las observaciones de fondo que no han mostrado evolución positiva alguna, durante el período en análisis.
Entre sus logros 2011, el Informe Anual de la UIF, destaca principalmente los siguientes:
a) Nuevas regulaciones para los Sujetos Obligados,
b) El incremento de las fiscalizaciones in-situ,
c) La participación de Argentina en los Organismos Internacionales,
d) La capacitación de los Sujetos Obligados y de la Sociedad en general,
e) Utilización del enfoque basado en riesgo y de herramientas tecnológicas más avanzadas para el análisis de los reportes.
La Gestión de la Unidad de Información Financiera Inspecciones
La Ley 26.683 establece que es potestad de la UIF, definir los procedimientos de supervisión, fiscalización e inspección in situ para el control del cumplimiento de las obligaciones por parte de los Sujetos Obligados.
Mediante la Resolución 165/2011, el Organismo establece las pautas generales de supervisión reglamentando el deber de colaboración de los Órganos de Contralor: BCRA, CNV y SSN y los procedimientos de supervisión que deben aplicar en la revisión de los sujetos obligados bajo su control.
En este marco, y durante el año 2011 se realizaron las siguientes supervisiones:
• UIF: 29 visitas de inspección.
• BCRA: 36 entidades financieras y 10 cambiarias. Además se efectuaron 28 inspecciones puntuales sobre entidades financieras y cambiarias.
• CNV: 19 inspecciones sobre agentes de mercado.
• SSN: se efectuaron 19 supervisiones a compañías de seguro y 2 productores asesores.
Si bien en términos relativos el incremento porcentual en la cantidad de inspecciones respecto a años anteriores reviste importancia, la misma se minimiza cuando se observa que los Sujetos Obligados ascienden a más de 22.500.
Las 29 inspecciones realizadas por la UIF a los Sujetos Obligados han sido las siguientes:
• Joyerías: 3
• Capitalización y Ahorro: 4
• Juegos de Azar: 5
• Transportadoras de Caudales: 3
• Remesadoras de Fondos: 2
• Casas de Antigüedades: 2
• Galerías de Arte: 2
• Fundaciones: 3
• Emisores de Tarjetas: 3
Debe destacarse que por primera vez se efectúan supervisiones de algunas de estas actividades o sectores, lo cual sin duda es el inicio de un proceso que durante este año 2012 continúa profundizándose.
SUMARIOS
Conforme detalla el propio Informe, los sumarios iniciados por la UIF se originan por las siguientes causas:
• No reportar Operaciones Sospechosas.
• Incumplimiento de las exigencias normativas vigentes.
Durante el 2011, la cantidad de sumarios alcanzó a 30, representando un incremento del 400% respecto al año inmediato anterior. El 44% (12 en total) de estos sumarios provienen de incumplimientos de formalismos. Esto también constituye una novedad, ya que los sumarios iniciados hasta el año anterior eran causados exclusivamente por el no reporte de operaciones, esta nueva circunstancia revalida la importancia central que para la supervisión reviste el cumplimiento de los formalismos.
Nuevamente estos guarismos de sumarios comparados con el universo de los sujetos obligados, parecen exiguos. Como dato comparativo, en Chile existen 3.888 Sujetos Obligados y los sumarios o procesos sancionatorios durante el 2011 ascendieron a 152.
Con respecto a las actuaciones sumariales iniciadas por sector:
• Entidades Financieras: 56,7%
• Juegos de Azar: 30,0%
• Compraventa de Joyas: 6,7%
• Escribanos Públicos: 3,3%
• Compraventa Obras de Arte: 3,3%
Se observa también al BCRA como el organismo más comprometido en estos aspectos de la tarea, más allá que realmente las entidades financieras son los sujetos obligados más apegados y evolucionados en materia de cumplimientos de los formalismos exigidos. Otros Sujetos obligados, ya sea por la propia cultura del modelo de negocio o por limitantes a nivel de recursos y estructura, se encuentran más indefensos frente a una supervisión que sin duda valora de sobremanera el cumplimiento de los formalismos. La CNV y la SSN, aún deben mostrar avances en esta materia, con el consecuente y previsible impacto sobre los Sujetos Obligados correspondientes.
La UIF y la Justicia
El Informe 2011 comienza explicando que “la participación de la UIF como parte querellante en procesos judiciales en trámite, ante la justicia penal federal y la justicia ordinaria, ha sido durante el 2010 de una significativa trascendencia…” y agrega que “durante el año 2011 se prosiguió con esa labor efectuando presentaciones en distintos fueros”.
Desde el punto de vista de las estadísticas, destaca el mencionado Informe que la UIF se presentó como querellante en 13 casos, siendo admitida en 12. Este guarismo desde el valor relativo muestra una importante evolución ya que alcanza un incremento del orden de 160% comparado con los sólo 5 casos en se presentó durante el 2010.
Si bien no corresponde establecer linealmente una relación causa efecto entre la cantidad de casos en los cuales la UIF se presenta como querellante y la cantidad de operaciones sospechosas reportadas por los distintos sujetos obligados, puede afirmarse que aún a modo referencial los 12 casos sobre los más de 16.000 operaciones sospechosas reportadas en el período 2010 – 2011, parecerían insuficientes para demostrar eficiencia ante el GAFI, aunque la tendencia sea positiva.
Los Reportes de Operaciones Sospechosas
El gran avance sin duda se observa en la cantidad de operaciones sospechosas reportadas. La cantidad de reportes efectuados durante el año 2011 ascendió a 13.387, cifra que supera la totalidad de los informados durante el período 2002-2010, que alcanzaron los 9.123.
Durante el período 2002–2011 entonces, fueron reportadas como sospechosas 2.510 operaciones, de las cuales el 87,83% se encuentran hoy bajo análisis, el 7,53% se archivaron y el restante 4.63% se han remitido al Ministerio Público o a un Juzgado.
Más allá de la carga operativa extra que representaron las operaciones sospechosas del último año, estos guarismos reflejan una dilación histórica en el análisis y obviamente es otro de los factores que la UIF deberá remediar para elevar la opinión del GAFI.
El dato llamativo de esta estadística consiste en que el sector que reportó la mayor cantidad de operaciones durante el 2011 (el 45%), fue un debutante en la materia: las sociedades de capitalización y ahorro que comenzaron a informar en ese mismo año. Junto a las Entidades Financieras que aportaron el 34% y las Casas de Cambio el 11% de los reportes, conforman el 90% del total de operaciones sospechosas del año.
Las claves de atención para los Sujetos Obligados
Resulta crítico para dar cumplimiento al objetivo de Argentina de dejar de integrar la Lista de Países con Deficiencias, el modificar la calificación lograda por la UIF ante el GAFI y mostrarse como una Unidad “operacional y eficaz”.
Obviamente ésta es sólo una de las deficiencias que le valieron al País el ingreso a la descalificante lista, por eso esta es una condición necesaria, más no suficiente. Para cumplir entonces con el objetivo, la UIF deberá continuar avanzando en la línea que conforme su propio Informe, ya ha iniciado.
Las inspecciones son sin duda uno de los factores considerados por el GAFI para la evaluación de la UIF. Conforme surge del propio Informe, primera vez se han efectuado supervisiones de algunas actividades o sectores, esto marca sin duda es el inicio de un proceso que durante este año 2012 se está incrementando. Atención los “nuevos sujetos obligados” y sobre todo algunos sectores “con mayores riesgos” tales como la nómina de los supervisados durante el 2011 y repetida más arriba.
De los Sujetos Obligados supervisados por el BCRA, atención especial a las Casas de Cambio que por diversos motivos se encuentran entre los seleccionados para inspeccionar. Entre los supervisados por la UIF, los sujetos son más variados sin embargo los visitados en el 2011 marcan sin duda la tendencia de este año. También las inmobiliarias y escribanías, se encuentran entre los seleccionados.
Un punto de especial atención merece la supervisión de la SSN, organismo que ha mostrado poca gestión y exiguos resultados y durante este 2012 seguramente le será exigido un grado de compromiso mayor, con el consecuente impacto en la actividad aseguradora.
Desde los sumarios, cabe prestar atención a la novedad de la aplicación de sanciones por incumplimientos formales. Esto implica que los Sujetos Obligados deben prestar atención a especial al cumplimiento de las exigencias de la UIF, por ejemplo en lo que se refiere a las Políticas, Manuales y herramientas de gestión, tales como alertas, perfiles y matrices de riesgo. Finalmente es probable una mayor participación de la UIF como querellante ante la Justicia, ya que sin duda este factor incide directamente en la evaluación de su gestión que el GAFI efectúa.
Por último, será necesario un nivel de eficiencia mayor en el análisis de las operaciones sospechosas, lo cual sin duda será otro desafío que deberá enfrentar la Unidad, considerando el notable incremento en los reportes efectuados desde los Sujetos Obligados.
Fuente: SobreSeguros, 31/05/12.
—————————————————-
Más información:
https://www.economiapersonal.com.ar/2011/08/20/argentina-mayor-control-sobre-los-depositos-bancarios/
https://www.economiapersonal.com.ar/2011/06/27/la-argentina-en-la-lista-gris-del-lavado-de-dinero/
https://www.economiapersonal.com.ar/2011/06/05/argentina-corrupcion-politica-y-derechos-humanos/
Argentina ajusta listado de PEPs a nuevas Recomendaciones del GAFI
abril 9, 2012
Argentina ajusta listado de PEPs a nuevas Recomendaciones del GAFI
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina amplió el listado de funcionarios que deben ser considerados Personas Expuestas Políticamente (PEPs), convirtiéndose así en uno de los primeros entes reguladores que ajustan su normativa en respuesta a las exigencias establecidas en las nuevas 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que fueron emitidas el 16 de febrero pasado.
Además de los funcionarios extranjeros, domésticos y representantes de organizaciones internacionales, la Resolución No. 52, la UIF señala que “resulta conveniente considerar como “Persona Expuesta Políticamente” a las autoridades y representantes legales de organizaciones empresariales: cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa, exceptuando a aquéllas que únicamente administren las contribuciones o participaciones efectuadas por sus socios, asociados, miembros asociados, miembros adherentes y/o las que surgen de acuerdos destinados a cumplir con sus objetivos estatutarios que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria”.
La lista de PEPs también incluye a empleados con categoría de director general o nacional de la Administración Pública, bancos y entidades financieras del sistema oficial, empresas y sociedades del Estado; y a funcionarios públicos provinciales, municipales y autoridades universitarias, entre otros.
En particular, la resolución de la UIF determina «llevar adelante un monitoreo continuo de la relación comercial» y prestar especial atención a las transacciones realizadas, que no guarden relación con la actividad declarada y con su perfil como cliente, requirente, donante o aportante.
Según el Artículo 3, “Al iniciar la relación comercial o contractual los sujetos obligados deberán requerir a todos sus clientes, requirentes, donantes o aportantes, según sea el caso, la suscripción de la “Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente”.
De igual forma, la Resolución exige que los sujetos obligados realicen “un seguimiento más exhaustivo de la relación, reforzar todas las medidas necesarias tendientes a determinar cuál es el origen de los fondos que involucren sus operaciones y efectuar un monitoreo continuo de la relación comercial” con PEPs.
Listado de PEPs
A continuación, presentamos el Artículo 1 de la resolución en el que se específica quienes deben ser considerados personas expuestas políticamente por los sujetos obligados argentinos:
“Son Personas Expuestas Políticamente las siguientes:
a) Los funcionarios públicos extranjeros: quedan comprendidas las personas que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, ocupando alguno de los siguientes cargos:
1. Jefes de Estado, jefes de Gobierno, gobernadores, intendentes, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado y otros cargos gubernamentales equivalentes;
2. Miembros del Parlamento/Poder Legislativo;
3. Jueces, miembros superiores de tribunales y otras altas instancias judiciales y administrativas de ese ámbito del Poder Judicial;
4. Embajadores y cónsules.
5. Oficiales de alto rango de las fuerzas armadas (a partir de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se trate) y de las fuerzas de seguridad pública (a partir de comisario o rango equivalente según la fuerza y/o país de que se trate);
6. Miembros de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad estatal;
7. Directores, gobernadores, consejeros, síndicos o autoridades equivalentes de bancos centrales y otros organismos estatales de regulación y/o supervisión;
b) Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad y allegados cercanos de las personas a que se refieren los puntos 1 a 7 del artículo 1º, inciso a), durante el plazo indicado. A estos efectos, debe entenderse como allegado cercano a aquella persona pública y comúnmente conocida por su íntima asociación a la persona definida como Persona Expuesta Políticamente en los puntos precedentes, incluyendo a quienes están en posición de realizar operaciones por grandes sumas de dinero en nombre de la referida persona.
c) Los funcionarios públicos nacionales que a continuación se señalan que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria:
1. El Presidente y Vicepresidente de la Nación;
2. Los Senadores y Diputados de la Nación;
3. Los magistrados del Poder Judicial de la Nación;
4. Los magistrados del Ministerio Público de la Nación;
5. El Defensor del Pueblo de la Nación y los adjuntos del Defensor del Pueblo;
6. El Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional;
7. Los interventores federales;
8. El Síndico General de la Nación y los Síndicos Generales Adjuntos de la Sindicatura General de la Nación, el presidente y los auditores generales de la Auditoría General de la Nación, las autoridades superiores de los entes reguladores y los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional, y los miembros de organismos jurisdiccionales administrativos;
9. Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento;
10. Los Embajadores y Cónsules;
11. El personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina, del Servicio Penitenciario Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con jerarquía no menor de coronel o grado equivalente según la fuerza;
12. Los Rectores, Decanos y Secretarios de las Universidades Nacionales;
13. Los funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a la de director general o nacional, que presten servicio en la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales administradas por el Estado, las empresas del Estado, las sociedades del Estado y el personal con similar categoría o función, designado a propuesta del Estado en las sociedades de economía mixta, en las sociedades anónimas con participación estatal y en otros entes del sector público;
14. Todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía;
15. Los funcionarios que integran los organismos de control de los servicios públicos privatizados, con categoría no inferior a la de director general o nacional;
16. El personal que se desempeña en el Poder Legislativo de la Nación, con categoría no inferior a la de director;
17. El personal que cumpla servicios en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a Secretario;
18. Todo funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras;
19. Todo funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza;
20. Los directores y administradores de las entidades sometidas al control externo del Honorable Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Nº 24.156.
d) Los funcionarios públicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que a continuación se señalan, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria:
1. Gobernadores, Intendentes y Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
2. Ministros de Gobierno, Secretarios y Subsecretarios; Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
3. Jueces y Secretarios de los Poderes Judiciales Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4. Legisladores provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
5. Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento;
6. Máxima autoridad de los Organismos de Control y de los entes autárquicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
7. Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de los estados provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
e) Las autoridades y apoderados de partidos políticos a nivel nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria.
f) Las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa con excepción de aquéllas que únicamente administren las contribuciones o participaciones efectuadas por sus socios, asociados, miembros asociados, miembros adherentes y/o las que surgen de acuerdos destinados a cumplir con sus objetivos estatutarios) que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria. El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutiva, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.
g) Las autoridades y representantes legales de las obras sociales contempladas en la Ley Nº 23.660, que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria. El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutiva, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.
h) Las personas que desempeñen o que hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, funciones superiores en una organización internacional y sean miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la Junta o funciones equivalentes excluyéndose a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.
i) Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, y familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad, de las personas a que se refieren los puntos c), d), e), f), g), y h) durante los plazos que para ellas se indican”.
Fuente: Lavadodinero.com, 09/04/12.