Cristina Kirchner procesada por el latrocinio del dólar futuro
mayo 13, 2016
Cristina Kirchner fue procesada en la causa dólar futuro
Para el juez Bonadio, laws operaciones implicaron un fraude a las arcas pública; también están procesados Axel Kicillof y Alejandro Vanoli.
Un mes después de haberla indagado, el juez federal Claudio Bonadio procesó hoy a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa por la venta de dólar futuro.
Según Bonadio, las operaciones que llevó adelante el Banco Central no hubieran podido concretarse sin una decisión expresa de las máximas autoridades del Ministerio de Economía y del Poder Ejecutivo Nacional, por entonces a cargo de Cristina Kirchner.
De acuerdo al juez, las operaciones implicaron un fraude a las arcas públicas porque se acordó vender dólares en el mercado de futuros a un precio bajo que, tras la devaluación, iba a obligar al Estado a pagar una gran diferencia a los compradores. Junto con la ex presidenta fue procesado también el ex ministro de Economía Axel Kicillof.
Desde la defensa esgrimieron que el Banco Central es autónomo y no depende del presidente y que el perjuicio económico lo provocó la gestión de Mauricio Macri al devaluar. Además, cuestionaron a Bonadio. Lo acusaron de parcial y lo recusaron, pero la Cámara Federal lo confirmó en la causa.
Cristina Kirchner fue indagada el 13 de abril. Su presencia como imputada funcionó como su relanzamiento político, con un multitudinario acto en las puertas de Comodoro Py.
Fuente: lanacion.com.ar, 13/05/16
Las principales causas que pueden poner a Cristina tras las rejas
Dólar futuro, Hotesur, Los Sauces, la ruta del dinero K son algunos de los asuntos judiciales que más preocupan a la exmandataria y su entorno.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuenta con varias causas en su contra –y contra su entorno– que, hoy en día, le generan bastante preocupación. Este es el estado en el que se encuentran las principales investigaciones: Dólar futuro. Una de las causas que complica a la expresidenta es la conocida como «dólar futuro«, la primera en la que es procesada «por administración infiel en perjuicio de la administración pública».
El juez federal Claudio Bonadio, en el marco del proceso que investiga presuntas irregularidades en la venta de dólar futuro durante el final de su segundo mandato, ordenó también el procesamiento de Axel Kicillof y Alejandro Vanoli.
Por esta misma causa, el magistrado tomó declaración indagatoria a Cristina tras señalar que el Banco Central (BCRA) afrontó pérdidas millonarias por la medida, impulsada por el expresidente de la entidad y el exministro de Economía.
El expediente se abrió a partir de una denuncia presentada por los entonces jefes de los bloques de diputados del radicalismo, Mario Negri, y del PRO, Federico Pinedo, quienes no había acusado directamente a la ex mandataria.
Los Sauces. Cristina Fernández de Kirchner fue imputada ayer ante la sospecha de haber recibido coimas –delito de “cohecho”– por parte de empresarios beneficiados con la adjudicación de obra pública durante su gestión, en el marco de la causa conocida como “Los Sauces”.
La expresidenta y su hijo Máximo Kirchner ya se encontraban imputados en la causa, pero por presunto “enriquecimiento ilícito”.
El fiscal federal Carlos Rívolo imputó también a los empresarios Lázaro Báez (detenido en una causa por presunto lavado de activos) y a Cristobal López (investigado por una millonaria deuda con la AFIP), a quienes acusó de materializar el pago través de alquileres de propiedades administradas por la empresa de la ex familia presidencial.
Hotesur. Otra de las causas que acumula CFK es por supuesto lavado de dinero junto a su marido, el expresidente Néstor Kirchner, donde se investiga la actividad hotelera del matrimonio en conjunto a Báez y López, entre otros empresarios.
El expediente Hotesur analiza la contratación de habitaciones en los hoteles del matrimonio presidencial, por parte de diferentes empresarios, por un monto de dinero que, se sospecha, podría haber buscado blanquear supuestos «retornos» derivados a obras públicas.
Ruta del dinero K. Lázaro Báez, amigo de Cristina y de Néstor Kirchner, habría sacado del país 55 millones de euros y los habría transferido al exterior por fuera del sistema legal. La investigación señalaba que la ruta del dinero empezaba en Río Gallegos, hacía escala en Buenos Aires y seguía su rumbo hacia cuentas en Suiza de empresas radicadas en paraísos fiscales.
A raíz de la declaración de Leonardo Fariña, la fiscalía argentina imputó a la exmandataria, lo que implica que será investigada formalmente para conocer su presunta vinculación con el lavado de dinero. Es posible que por esta causa Fernández sea citada a una indagatoria.
Enriqucimiento ilícito. El otro tema que podría comprometer a Cristina es la causa por presunto enriquecimiento ilícito de la cual fue sobreseída junto a su marido años atrás por el juez Norberto Oyarbide.
Ahora, Margarita Stolbizer la volvió a denunciar y el fiscal Carlos Rívolo, junto con el juez Sergio Torres, están verificando si este hecho no es parte de lo que se investiga en el caso Hotesur y las presuntas maniobras de lavado de dinero que pudieron originar un enriquecimiento ilícito.
Fuente: perfil.com, 13/05/16.
Cristina y Máximo imputados por cohecho
mayo 12, 2016
Cristina y Máximo Kirchner fueron imputados por cohecho
Causa «Los Sauces». El fiscal Carlos Rívolo decidió ampliar la acusación contra la ex presidenta y su hijo. Es por los los alquileres a Lázaro Báez y Cristóbal López.
La ex presidenta, junto a su hijo Máximo Kirchner.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, Máximo, fueron imputados hoy por cohecho en la causa «Los Sauces». El encargado de la imputación fue el fiscal Carlos Rívolo, quien además investiga un «crecimiento del patrimonio injustificado».
La causa se inició a raíz de una denuncia de la diputada del GEN, Margarita Stolbizer, quien acusó a Cristina de retirar retirar de la firma «Los Sauces» ganancias en forma irregular por más de 20 millones de pesos. El fiscal también imputó a Lázaro Báez y Cristóbal López.
Además, la legisladora dijo que más pronto que tarde la ex presidenta debería ser llamada a declaración indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito en esa causa.
«Es oportuna y necesaria, es una causa similar a Hotesur, sólo mirando los documentos se ven los delitos», afirmó días atrás la diputada y agregó que «es claro el pago de los retornos de (empresario Lázaro) Báez«.
El juez a cargo del expediente, Claudio Bonadio, dispuso el secreto de sumario en la causa iniciada a instancias de una denuncia presentada el 4 de abril pasado.
Noticias en desarrollo…
Fuente: clarin.com, 12/05/16.
Todas las sospechas que salpican a las empresas de Cristina
Otros tiempos. Báez junto a Cristina y Máximo Kirchner en el Mausoleo.
«La familia Kirchner tiene solo tres sociedades, Los Sauces SA, Hotesur SA y CoMa SA, declaradas en Argentina» señaló en un comunicado de prensa la empresa de Cristina y Máximo Kirchner, acusando a la Justicia y a los medios. Lo cierto es que dos de estas sociedades -en las que tuvieron vínculos comerciales con Lázaro Báez-, están sospechadas de ser utilizadas para el lavado de activos y cohecho. La tercera de las firmas registra en caja $ 150 y hace años que no tiene movimientos contables pese a dedicarse al rubro inmobiliario.
Una de las empresas más importantes de la ex Presidenta es Hotesur, propietaria del hotel Alto Calafate, inmueble que administró hasta diciembre de 2013 Valle Mitre sociedad de Lázaro Báez. Fue justamente con dicha firma que el empresario K alquiló habitaciones de éste y dos hoteles mas de Cristina (Las Dunas y La Aldea), garantizando ingresos por $ 14 millones durante dos años a la familia Kirchner.
Pese a que Báez argumentó que esas habitaciones para los empleados de sus constructoras que tenían obras en la villa turística, lo cierto es que en esa época, la licitación adjudicada más cercana quedaba a unos 200 kilómetros.
El hotel Alto Calafate, el único inmueble de Hotesur.
Hotesur está investigada, en consecuencia, por presunto lavado de dinero y es una sociedad que reúne a la familia Kirchner y a su personas de mayor confianza. En el primer directorio estuvo el abogado del empresario K, Roberto Saldivia, y Alejandro Ruíz socio del contador de Báez, César Andrés.
En el último directorio que se renovó después de años de irregularidades, continuó como presidenta Romina Mercado (empleada de Inversora M&S propiedad de Cristóbal López), Máximo y su hermana Florencia están como directores suplentes, Emanuel Gómez empleado de Negocios Patagónicas S.A, empresa de Osvaldo Sanfelice. También se nombró en el directorio a Carlos Sancho, ex gobernador de Santa Cruz y socio de Máximo en la Inmobiliaria. La pareja del diputado nacional y ministra de Salud de Santa Cruz, Rocío García, figura ahora como directora titular de los accionistas clase C.
La entrada a El Calafate donde se levantaron los hoteles de los Kirchner.
Esta causa que inició por incumplimientos administrativos como la falta de renovación de su directorio, la correspondiente presentación de balances, y un domicilio fiscal falso, avanzó hasta convertirse en una investigación más compleja, donde se sospecha que fue utilizada para una maniobra de lavado de dinero.
Este año la diputada Margarita Stolbizer presentó otra denuncia, centrándose en otra de las empresas de la familia Kirchner: Los Sauces S.A. Pese a la férrea defensa que la ex Presidenta realizó sobre el objeto comercial de la misma, el alquiler de inmuebles, no detalló que sus únicos inquilinos desde 2009 fueron Lázaro Báez y Cristóbal López.
En El Chaltén está registrada la empresa La Aldea SA de Martín y Lázaro Báez. El domicilio fiscal es un terreno que le pertenece a Los Sauces S.A y que fue alquilado a Valle Mitre. En la actualidad allí se está ampliando el hotel La Aldea, propiedad de Cristina Kirchner y que hasta 2013 administró el dueño de Austral Construcciones.
Madero Center donde Los Sauces SA. tiene dos departamentos alquilados a Cristóbal.
Los Sauces S.A tiene como domicilio fiscal la calle Alcorta 76 en Río Gallegos, donde funcionaba el estudio contable de Víctor Manzanares responsable de las declaraciones juradas de los Kirchner. En un año la empresa que no registraba ningún tipo de movimientos contables, desembolsó más de nueve millones de pesos para comprar inmuebles: la mitad fueron alquilados a Loscalzos y Del Curto, Kank & Costilla y Autral Construcciones, todas propiedad de Báez.
Incluso esta firma le permitió a los Kirchner retirar anticipos de dividendos en tres años por $ 20 millones. Estos movimientos fueron denunciados por la diputada Stolbizer junto a la presunta «falsificación de documentos públicos».
La casa de Cristina en Río Gallegos, propiedad de Los Sauces SA.
La mitad de sus otros inmuebles tuvieron otro empresario amigo como inquilino.Se trata de un departamento, una oficina y cinco cocheras en Madero Center que se alquilaron por $ 2,8 millones a dos empresas de Cristóbal López: Alcalis de la Patagonia (donde figura como empleado Osvaldo Sanfelice) e Inversora M&S (donde trabaja Romina Mercado, sobrina de la ex Presidenta). A esta última le facturaba $ 220.825 por mes, según la facturación a la que accedió Clarín. Estos departamentos fueron allanados la semana pasada en Puerto Madero.
Finalmente, la tercera empresa que sostienen los Kirchner que está declarada en Argentina y con un funcionamiento completamente lícito, es Co.Ma SA. Desde 2008 cuando el arquitecto Pablo Grippo la vendió a la ex familia presidencial, la firma no registra movimientos contables, mucho menos ganancias y no posee cuentas bancarias, según detectó la Justicia.
Sin una sede de funcionamiento, en caja solo registra un saldo de $ 150. La empresa dedicada al rubro inmobiliario, también sólo tiene dos lotes de terrenos en El Calafate. Con los años Co Ma S.A se convirtió en una “empresa fantasma” dentro del grupo de firmas propiedad de la familia Kirchner. Tiene como patrimonio dos terrenos: cada uno tiene una valuación fiscal de $ 45.000 y no recibe ningún tipo de compensación por los mismos porque no son alquilados ni se encuentran en venta.
La compañía es investigada en el marco de la causa Hotesur: adquirió dos inmuebles después de 2007, como única transacción, cuando también lo hizo la empresa propietaria del Alto Calafate administrada entonces por Valle Mitre. Las dos empresas son dueñas “vecinas” en las manzanas 827, 828 y 829 de la villa turística.
Esta empresa fue allanada por orden del juez Claudio Bonadío, en el marco de la causa Hotesur. El año pasado, según la Declaración Jurada presentada por Cristina ante la Oficina Anticorrupción, Co. Ma tenía un valor de $ 76.381 y el valor llave de las acciones ascendía $ 278.100 al finalizar el período fiscal.
Fuente: clarin.com, 12/05/16.
Los Kirchner no administran Hoteles, tan solo una Lavandería
mayo 10, 2016
La insólita desmentida de la famila Kirchner
Obra pública y negocio hotelero. El comunicado de la empresa Los Sauces, propiedad de la ex presidenta y sus hijos, confirma parte de la acusación que busca aclarar.
Hotel Los Sauces, de la familia Kirchner. Tiene el mismo nombre que la empresa inmobiliaria, pero no es controlado por ella.
La familia Kirchner, accionista de los hoteles Los Sauces, Alto Calafate, Las Dunas, en El Calafate; y de La Aldea, en el Chaltén, emitió un comunicado que asegura que “la familia Kirchner no explota ningún hotel, ni nunca lo hizo”.
Los cuatro negocios están siendo investigados en la Justicia en distintas causas en la Justicia por delitos de corrupción y de lavado de dinero.
El comunicado, difundido por la ex cuenta de Twitter de la Casa Rosada durante la gestión presidencial K, está ilustrado con una foto del hotel boutique que está ubicado en el terreno continuo a la casa de Cristina Elisabet Fernández en El Calafate.
Los Kirchner publicaron esta curiosa explicación sobre la actividad de sus hoteles, que hasta ahora no habían intentado ocultar, en el contexto del avance de una causa judicial que vuelve a comprometer la situación procesal de la ex presidenta Fernández y de su hijo, Máximo.
Y también se da a conocer con el cambio de juez del expediente Hotesur, que estudia la contabilidad de su hotel Alto Calafate, declarado ante la oficina anticorrupción por las mismas personas que afirman de modo sorpresivo, y falso, que no explotan hoteles.
El nuevo caso que hizo reaccionar a los hoteleros Kirchner indaga en realidad sobre la economía de otra empresa de los santacruceños llamada Los Sauces S.A: es el mismo nombre que le pusieron a uno de sus alojamientos para turistas, pero ésta que funciona como una inmobiliaria.
El texto, titulado “Comunicado de Los Sauces S.A”, es errático, profundiza de modo sorprendente a las contradicciones de la ex familia presidencial y sus comercios bajo sospecha, y genera más dudas sobre la transparencia con la que estos accionistas explotan los hoteles que dicen no explotar.
En rigor, en lugar de funcionar como desmentida a la denuncia sobre Los Sauces S.A., presentada por la diputada Margarita Stolbizer (GEN) y por su abogada, Silvina Martínez, confirma en realidad las bases de esa acusación, que ahora investigan el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rivolo.
Los Kirchner, accionistas de cuatro hoteles declarados que juran no explotar, muestran con este comunicado que su situación en la Justicia los descoloca.
En uno de los párrafos, la familia hotelera K intenta instalar la idea de que todas las sociedades de la que son accionistas “tienen una actividad económica idéntica, dar en locación inmuebles a terceros, sean éstos personas físicas o sociedades percibiendo por ellos un canon locativo”.
Más allá de esa retórica comercial, los inmuebles que los Kirchner alquilan a través de sus empresas, son cuatros hoteles: primero le rentó tres de ellos Báez a través de una sociedad llamada Valle Mitre, y luego a una empresa de un socio del hijo matrimonio ex presidencial, Máximo. El cuarto, fue alquilado desde el 2006 a la familia Relats, vinculado a la obra pública pero también al mercado hotelero.
El mecanismo utilizado por los Kirchner con sus hoteles que dicen no explotar, es similar: se los dieron en alquiler a contratistas de obra pública o dueños de concesiones que da el Estado.
La denuncia de Stolbizer y Martínez, por ejemplo, acusa a Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, de alquilar las propiedades de la inmobiliaria Los Sauces S.A a dos de los empresarios que más beneficiaron desde el Estado: el constructor Lázaro Báez y el experto en mercados de concesiones públicas K, Cristóbal López.
En su comunicado, Los Sauces S.A. Critica a la Justicia, las denunciantes y a la prensa que cubre la pesquisa sobre la firma.
El domingo pasado, Clarín había enumerado parte de las posibles irregularidades sobre Los Sauces S.A que denunció Stolbizer.
La empresa no tiene sede legal. No presentó balances contables hasta el 2015, aunque fue creada en el 2006. Y tiene un solo empleado: Ramón Anjel Díaz Díaz, un jubilado de El Calafate que, según los registros públicos, no paga los impuestos de la AFIP: sus jefes, los Kirchner, tampoco le abonan la protección obligatoria de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
En el comunicado de “Los Sauces S.A.”, la compañía desmintió que Díaz Díaz sea empleado de la firma. El texto afirma que es jardinero de la residencia de El Calafate de la ex presidenta.Lo confirmaron entonces los propios Kirchner: su inmobiliaria no tiene entonces ningún empleado. Cero.
Fuente: clarin.com, 10/05/16.
La Justicia cada vez más cerca de Cristina Kirchner
abril 30, 2016
La Justicia avanza cada vez más decidida sobre Cristina Kirchner
La segunda imputación directa contra Cristina (y la primera contra Máximo Kirchner) la hizo el fiscal Carlos Rívolo ante el juez Claudio Bonadio, que investiga una denuncia presentada por Margarita Stolbizer. Mientras esto sucedía en Buenos Aires, el fiscal Guillermo Marijuan quedaba estupefacto varias veces en Santa Cruz por la fastuosidad obscena de las propiedades de Lázaro Báez.
Hay algo raro (o no tan raro) en esas propiedades inmensas y suntuosas: la mayoría de ellas nunca fueron usadas. No es raro, en efecto, si se analizan esas compras como maniobras de lavado de dinero. En definitiva, es mucho más fácil lavar la compra de inmuebles que dinero en efectivo.
Esta imputación contra Cristina Kirchner y su hijo tiene dos rasgos muy especiales. El primero es que se trata de una investigación en manos del juez Bonadio y del fiscal Rívolo; ambos han mostrado una importante independencia respecto de los Kirch-ner en tiempos en los que a la Justicia le costaba ser independiente.
Bonadio fue el único juez que allanó en Santa Cruz las empresas de la familia cuando Cristina era presidenta
Lo hizo cuando instruía la causa Hotesur, un caso claro de lavado de dinero en hoteles. Se hizo acompañar hasta el Sur por la Policía Metropolitana, bajo el mando del entonces opositor Mauricio Macri. Rívolo fue el fiscal que juntó las primeras y determinantes pruebas contra Amado Boudou en el caso Ciccone, que terminó luego con el procesamiento del entonces vicepresidente (y protegido de Cristina) por parte del juez Ariel Lijo.
La segunda característica es que el caso de la empresa Los Sauces confirma la teoría, extendida entre varios jueces, sobre el sistema de corrupción en los últimos 12 años. Empresarios de obras públicas o subsidiados para la provisión de energía y de transporte facturaban con enormes sobreprecios; ese dinero sobrante servía para pagar sobornos o retornos a los funcionarios que autorizaban los pagos. En algunos casos, como el de Lázaro Báez, eran, además, supuestos testaferros de quienes estaban en la más alta instancia política del país. Por eso, en algún momento Báez se vio en la desesperación de esconder dinero en el exterior o lavarlo en el país. El fiscal Marijuan descubrió en El Calafate que las sábanas y toallas de sus estancias no habían sido usadas nunca. Canchas de fútbol 5 con riego automático y quinchos con aperturas automáticas de puertas y ventanas. Todo eso tenía Báez en Santa Cruz y no lo usó jamás.
Báez y Cristóbal López vuelven a aparecer en el caso de la empresa Los Sauces, que le costó la segunda imputación a la ex presidenta y la primera a su hijo por delitos de corrupción. La primera imputación a Cristina la hizo el fiscal Marijuan por la ruta del dinero K, que es lo que está investigando en Santa Cruz. Un aspecto llamativo del expediente de Los Sauces es que hay un edificio construido por Lázaro Báez, con plata de Báez, sobre un terreno de Néstor Kirchner, que éste donó a su empresa, Los Sauces. Báez y Cristóbal López alquilaron luego ese edificio. ¿Cómo se explica que Báez haya construido con su dinero un edificio sobre un terreno de Kirchner y luego haya pagado por el alquiler del edificio? «Desconfianza. La vieja desconfianza de Néstor Kirchner», explica un juez que conoce varias pesquisas en marcha.
CFK y bolsa de dinero
Otra extravagancia. La empresa fue incluida en sus declaraciones juradas por los Kirchner como adquirida en 2010 por 900.000 pesos, pero fue inscripta en el Registro de la Propiedad sólo dos años después, en 2012. En 2011, la compró por 200.000 pesos Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner. En 2012 la compraron los Kirchner, pero por un precio sideralmente más alto: 250.000 dólares. La constitución societaria de la empresa quedó inicialmente de esta manera: Néstor y Cristina Kirchner tenían, cada uno, el 45% de las acciones, mientras que Máximo Kirchner era dueño del 10% restante. Después de la muerte del ex presidente, las acciones se dividieron de esta forma: Cristina, con el 45%; Máximo, con el 32,5, y Florencia Kirchner, con el 22,5. La empresa tenía ocho inmuebles en la Capital Federal, Río Gallegos, El Calafate y el Chaltén; se los alquilaba sólo a Lázaro Báez y a Cristóbal López. «Los alquileres podrían ser sobornos o retornos a los Kirchner por los negocios que entregaron a Báez y López durante 12 años», escribió Stolbizer en su denuncia inicial. Bonadio y Rívolo avanzaron luego en la obtención de pruebas.
Cierta opinión pública tiene dudas sobre los resultados de los allanamientos en Santa Cruz porque no se encontró dinero suficiente. La conclusión es equivocada. Se encontró muchísimo dinero en bienes inmuebles, tres veces más que los previstos en la primera orden del juez Sebastián Casanello. Las espléndidas estancias y casas estaban recién hechas. La Justicia deberá investigar ahora cuándo se hicieron esas obras y cómo se pagaron. Es posible que Marijuan impute a más personas en esta causa, que tiene todas las características de una monumental operación de lavado de dinero.
En rigor, es Marijuan quien le está dando una orientación a esa causa. El juez Casanello parecía llevarla sin una dirección clara y cierta. Casanello es conocido en los tribunales por su vieja relación con La Cámpora y con el ex viceministro de Justicia cristinista Julián Alvarez. Sin embargo, exponentes importantes de la justicia federal confían en el progreso de la investigación porque Casanello está atenazado por dos factores. Uno es la calidad del fiscal: Marijuan es conocido como un funcionario implacable en los tribunales. Otro elemento determinante es que la investigación está siendo supervisada por la única sala independiente y prestigiosa de la Cámara Federal. Es la integrada por los jueces Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah. Los tres jueces, que están por encima de Casanello, ya le indicaron al magistrado que fuera mucho más allá de sus propósitos iniciales.
Casanello ha recibido consejos de pares y superiores para que ponga en prisión, cuanto antes, a Martín Báez, el hijo de Lázaro. «Es sólo el hijo. Yo también tengo hijos», suele responder Casanello. Casanello se equivoca: Martín Báez tiene 35 años, no es un adolescente al que su padre lo lleva a cualquier parte, y es accionista de todas las empresas de Lázaro Báez. En resumen: si las empresas de Lázaro Báez lavaron dinero, también es culpable su hijo y socio, Martín. Su eventual detención no sería una extorsión, sino una conclusión lógica de la investigación. Casanello lo citó a declaración indagatoria para el próximo viernes. Martín Báez podría estar viviendo los últimos días en libertad.
Casanello difícilmente llegue, por sus antecedentes y su actual gestión, hasta Cristina Kirchner. Pero significará sólo un descanso para la ex presidenta. El juez fue empujado por la Cámara Federal para que decidiera los allanamientos que finalmente hizo el fiscal Marijuan. El propio Marijuan está decidido a llegar hasta los que mandaban en el país en los tiempos en que Lázaro Báez se enriqueció sin límites ni medidas. La polémica sobre si se llegará o no a Cristina Kirchner es poco consistente. ¿Por qué se condenaría a alguien por lavado de dinero sin averiguar el delito precedente, es decir, cómo consiguió el dinero? ¿Por qué, si Báez construyó su inmensa fortuna con la obra pública que le prodigaron los Kirchner durante 12 años? Varios jueces quedarían a tiro de un juicio político en el Consejo de la Magistratura si el hilo se cortara en el lavado de dinero de Báez.
Báez también aparece en la causa Hotesur alquilando habitaciones vacías en hoteles de Cristina Kirchner. Típico y antiguo método de lavar dinero. Esa causa es la más sencilla de esclarecer. Basta, como dice el periodista Hugo Alconada Mon, con contar las medialunas y las sábanas que se mandaban a lavar y compararlas con las habitaciones supuestamente ocupadas. La causa terminó en manos del juez Julián Ercolini, luego de que otra sala de la Cámara Federal, la más cuestionada y la que más desconfianza merece (integrada por los jueces Jorge Ballesteros y Eduardo Freiler), la retuviera desde octubre pasado para establecer si el juez competente era Ercolini o Daniel Rafecas.
Otra cosa es el cómo y el cuándo se llegará a Cristina Kirchner. Un consenso entre jueces señala que una ex presidenta necesita de una carga de pruebas más sólidas que cualquier otro mortal. La oportunidad ocurrirá, dicen, luego de que muchos de sus viejos colaboradores hayan ido a parar a la cárcel. No quieren convertir una eventual sentencia merecida en un espectáculo de resurrección política. Deberán caer antes los que la rodearon. Es simple. Primero ellos; después ella.
Fuente: La Nación, 30/04/16.
Oil, la petrolera de Cristóbal López, en concurso de acreedores
marzo 31, 2016
Oil, la petrolera de Cristóbal López, se presentó en concurso de acreedores
Por Lucía Salinas.
Acorralada por la Justicia y con un interventor desde ayer, la petrolera llamó a un concurso para «reordenar la compañía», que adeuda $ 8.000 millones a la AFIP.
Con la intervención de la petrolera Oil M&S, consecuencia de la deuda de $ 8.000 millones que tiene con la AFIP, Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa se presentaron hoy en concurso de acreedores, según confirmaron desde la empresa a Clarín. El objetivo es «reordenar la empresa» con un complejo frente judicial. La escisión empresarial quedó suspendida por una medida judicial y el Grupo Indalo -que engloba las empresas de empresario K- afronta una fuerte crisis en la que deben sostener 29.000 puestos de trabajo y pagar a la AFIP lo que no tributaron en combustible estos años.
López y De Sousa buscan mantener la calma en medio de las denuncias que los colocaron en el centro de la polémica por quedarse con el impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) que cobraban a los consumidores cuando vendían nafta durante estos años y utilizar esas sumas para financiarse. El avance de las investigaciones y la determinación de la AFIP para cobrarle a la firma los $ 8.000 millones que acumuló tras una moratoria obtenida por la gestión kirchnerista, como reveló La Nación, ejerce presión en el Grupo.
Ahora, con la presencia de un interventor veedor que «no ejecuta, solo ve e informa», como aseguraron desde la empresa, llamó a un concurso de acreedores ante el Juzgado de Comodoro Rivadavia para presentar un plan de pagos para arribar a un acuerdo financiero.
Buscando desvincularse de las denuncias, Oil M&S sostiene que todo se trata de una «persecusión política» y una «maniobra del Gobierno para tapar otros problemas graves que tienen», señalaron a Clarín. Ayer el juez federal en lo Contencioso Administrativo, Esteban Furnari dispuso la intervención judicial de la firma Oil Combustibles SA y de otras dos del Grupo Indalo.
En consecuencia, ordenó que no haya división de compañías, tal como pretendían el empresario kirchnerista y su socio. Con la figura del veedor, en el entorno de López se defendieron: «Va a ser mejor, así ven que nada de lo que se realiza es ilegal».
La petrolera fue la empresa utilizada para incrementar la deuda con la AFIP por miles de millones de pesos durante el gobierno de Cristina Kirchner, con Ricardo Echegaray frente al organismo recaudador. La nueva gestión reclama el pago de la deuda generada casi en su totalidad por no tributar el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC, Ley N° 23966), y el juez federal dispuso que se cancele la deuda para que puedan continuar operando.
El juez dispuso que tanto Oil Combustibles SA, como sus sociedades controlantes Inversora M&S, donde se desempeña Romina Mercado presidenta de Hotesur y sobrina de Cristina Kirchner, y Oil M&S SA «se abstengan de realizar cualquier acto que implique su escisión del Grupo Indalo», considerando que «el patrimonio de aquellas sociedades vendría a garantizar el cobro de la deuda fiscal».
Al respecto, desde Indalo señalaron que «quieren despejar dudas sobre la división y que vean que no había nada extraño ahí». La marca del grupo iba a quedar en manos de Cristóbal López que buscaba crecer en el rubro inmobiliario, en la construcción y en la prestación de servicios a través de la firma de maquinaria pesada que tiene en el sur. Además se expandir Alcalis de la Patagonia, empresa en la que está contratado Osvaldo Sanfelic, socio de Máximo Kirchner.
Los medios de comunicación y las petroleras iban a quedar para Fabián De Sousa. Todo está suspendido por ahora y la mayor presión es el pago de los $ 8.000 millones a la AFIP. «Tenemos que resolver estos problemas en un mes como mucho y esperamos que la Justicia se expida rápidamente para poder continuar con la futura expansión de las compañías y volver a operar», dijo a Clarín un asesor de López.
Fuente: clarin.com, 31/03/16.
Los Kirchner siguen cobrando por sus negocios con Lázaro Báez
marzo 27, 2016
Los Kirchner siguen ganando millones por sus negocios con Lázaro Báez
La Justicia encontró decenas de cheques y facturas por alquileres de empresas del empresario K de las propiedades de la familia Kirchner.
Por Nicolás Wiñazki.
El Hotel Los Sauces en El Calafate.
Desde ayer, el caso de “La Ruta del Dinero K” tiene un nuevo denunciante. La novedad es impactante porque quien relacionó a los Kirchner con la corrupción gubernamental es su socio histórico: el propio Lázaro Báez. En una entrevista con Infobae, el empresario vinculó con el enriquecimiento ilegal a Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz. Ella había dicho días atrás que su familia “jamás, pero jamás” había sido socia comercial del principal beneficiario de contratos multimillonarios de obra pública nacional que le otorgaron desde la Presidencia y la Gobernación tanto su hermano, Néstor, como su cuñada, Cristina.
Clarín accedió a pruebas que constan en la causa Hotesur, que investiga a los Báez y a los Kirchner por posible lavado de dinero: esos documentos muestran que las finanzas de ambas familias son indisolubles.
Los Kirchner siguen ganando millones gracias a sus negocios con los Báez. Al menos hasta ayer.
En julio del año pasado, el juez Claudio Bonadio allanó las oficinas de Máximo Kirchner en Río Gallegos, y también los hoteles de su familia. Antes de que las pruebas que recolectó en el sur llegasen a su despacho le quitaron la instrucción del caso en el que indagaba sobre la economía de Báez, y también sobre la de los Kirchner. Parte del caso Hotesur es ahora instruido por el juez Daniel Rafecas. El fiscal, que impulsa medidas de prueba, es Carlos Stornelli.
Entre el material que recolectó Bonadio en las oficinas de Máximo, se encontraron 29 facturas por alquileres de inmuebles propiedad de los Kirchner: quien pagó esas rentas fue Austral Construcciones, la compañía madre del holding de Lázaro Báez.
En los despachos de la inmobiliaria de los K, ubicada en la avenida presidente Néstor Carlos Kirchner 496, la Justicia también recolectó 93 recibos por operaciones de banco “celebrados”entre Máximo Kirchner y Austral Construcciones. Y varios contratos de alquileres de propiedades que el ex hijo presidencial le rentó a Báez.
Entre otros documentos, Bonadio también sumó a la causa Hotesur una “clausula accesoria” que vincula a Máximo Kirchner con Austral. Son papeles que queman. ¿Cuál es la verdadera relación entre el hijo del matrimonio que gobernó la Argentina durante doce años y su principal beneficiario de obra pública?
En otro allanamiento judicial, esta vez realizado en El Calafate, la Justicia descubrió que Báez alquiló habitaciones que posiblemente nadie haya utilizado en hoteles K que él había administrado, como el Alto Calafate: si se prueba que eso pasó, se comprobaría que las familias socias en varios negocios realizaron maniobras típicas entre quienes intentan lavar dinero de origen ilegal.
En un operativo que el juzgado de Bonadio hizo en el hotel preferido de la ex presidenta Cristina, Los Sauces, ubicado al lado de su casa en El Calafate, una de las empleadas interrogadas por la Justicia admitió que ese emprendimiento turístico también tenía firmados contratos por el alquiler de habitaciones con empresas de Báez.
La excepción al sistema que se investigaba en los tribunales al respecto es que los Kirchner nunca firmaron un acuerdo económico con Báez para administrar comercialmente el hotel Los Sauces, tal como hicieron los otros tres negocios turísticos que tienen en Santa Cruz. Ese hotel fue manejado comercialmente por otra familia que también fue beneficiada por obra pública nacional, los Relats.
Aun así, Baéz también tiene firmados contratos de alquiler por habitaciones en ese hotel boutique. Sus empresas que invirtieron en ese negocio de los Kirchner fueron, tal como declaró una empleada del lugar, las constructoras Kank y Costilla, Localzo y Locurto. En la primera de ellas, Lázaro es accionista junto a su hijo, Martín, el mismo que apareció en el video de la financiera “La Rosadita” contando millones de dólares en efectivo.
Esos contratos, dice el acta judicial del allanamiento en Los Sauces, se encontraban en otro hotel porteño de los Relats, el Panamericano. Bonadio no llegó a allanarlo porque le quitaron la instrucción de la causa Hotesur. Además de estos negocios, los Kirchner son socios de los Báez en un hotel de El Chaltén, llamado La Aldea. Y su sociedad Los Sauces SA le alquile inmuebles a compañías del empresario K.
En 2013, por ejemplo, la entonces presidenta Cristina retiró dividendos por esos acuerdos comerciales por más de un millones y medio de pesos. Su hijo, Máximo, por alrededor de 800 mil pesos.
La disputa de Báez con los Kirchner, encarnada en Alicia, parece haber roto el pacto de silencio que entre dos familias que, según la hipótesis de la Justicia, tienen finanzas indisolubles, acrecentadas por fondos multimillonarios. Y siempre públicos.
Fuente: Clarín, 27/03/16.
El manto de complicidad que ocultó la corrupción Kirchnerista
marzo 21, 2016
La red que ocultó la corrupción de los K
Por Eduardo Van der Kooy.
Se desmorona el sistema económico ilegal que armó el kirchnerismo. Esa maniobra fue posible por la cobertura en organismos del Estado. La AFIP de Echegaray jugó un papel clave.
Néstor Kirchner teorizó en vida sobre la importancia de construir un poder económico para no resignar influencia política cuando llega el momento del regreso al llano. Tuvo en la cabeza los recorridos de Felipe Gonzalez y de José María Aznar, antiguos líderes del socialismo y el Partido Popular en España. Cristina Fernández se acostumbró siempre a escuchar y compartir ese razonamiento del ex presidente.
Tal teoría ha comenzado a desmembrarse prematuramente en la práctica. Quizá porque aquella construcción resultó rústica e improvisada. Poseía además una perversa dependencia: era ineludible el manejo de los resortes del Estado. Kirchner habría sentado las bases hasta que murió, con la acumulación incesante de capital. El diseño posterior quedó en las manos solitarias de Cristina. También menos duchas. A 100 días de haber salido del Gobierno, el soporte económico del kirchnerismo ingresó en una crisis severa. Se han agrietado sus dos vigas maestras: la de Cristóbal López, forzado a dividir sus empresas ante apremios de todo tipo, y la de Lázaro Báez, envuelto en un bochorno que regresa como una marea. Mucho más por las revelaciones periodísticas que por la acción de la Justicia.
Kirchner suponía que el control de todo resultaba imprescindible como precondición del éxito. Esa tarea lo encontró en el primer tercio del camino cuando sobrevino el infarto fatal. Cristina se hizo cargo del resto. “Vamos por todo”, alardeó en el 2011 al obtener la reelección con el 54% de los votos.
El escándalo de Lázaro Báez posee ahora múltiples aristas conflictivas. El empresario K fue alejado del círculo de los Kirchner. Cristina lo borró de Hotesur, la sociedad encargada de administrar la cadena de hoteles familiares en El Calafate. Existe allí sospecha por lavado de dinero que investigó al juez Claudio Bonadio, que durmió Daniel Rafecas y que recién llegó al escritorio de Julián Ercolini. Máximo Kirchner también resolvió apartarlo de sus negocios inmobiliarios. Alicia, la gobernadora de Santa Cruz, le declaró la guerra por el abandono de la obra pública en la provincia y el aparente vaciamiento de sus empresas.
Este pleito sucede cuando las imágenes periodísticas de la semana pasada repusieron la existencia de millonarios fondos clandestinos en dólares que nadie sabe todavía dónde fueron a parar. Ni a quiénes pertenecen. En una época en que los dólares eran restringidos en la Argentina. ¿Sólo ganancias del empresario o dinero de la familia de los ex presidentes? Conviene tener presente un número. Entre el 2004 y el 2015 Báez recibió más de $ 20 mil millones para obras en Santa Cruz. Que nunca ejecutó o dejó por la mitad.
Para incubar semejante descontrol e impunidad hizo falta alguna red de protección en el Estado. La hubo. La AFIP de Ricardo Echegaray –ahora titular de la Auditoria General de la Nación– jugó un papel clave. El empresario K, por ejemplo, recurrió a facturas falsas para evadir impuestos. No bien empezó a ser descubierto, el entonces jefe de los recaudadores desactivó la oficina en Bahía Blanca, donde habían surgido las evidencias. Echegaray fue también quien permitió a Cristóbal López acumular en los últimos cuatro años una deuda tributaria de $ 8.000 millones. Con ese monto, que aún está lejos de saldar, expandió su grupo empresario. Contó con una cobertura discrecional de la AFIP bajo la apariencia de la legalidad. Una jueza, María Straccia, presumió insolvencia fraudulenta y ordenó allanar varias empresas de López.
Habría habido en ese derrotero del dinero K otras complicidades. La IGJ (Inspección General de Justicia) que regenteó el dirigente camporista Julián Alvarez, nunca registró las recurrentes operaciones financieras e inmobiliarias de Báez. Tampoco el Banco Central, bajo la tutela de Alejandro Vanoli, reparó en los créditos millonarios y las reestructuraciones de deuda que el Banco Nación concedió al empresario patagónico. La UIF (Unidad de Información Financiera) que dirigió José Sbatella, jamás indagó sobre los giros al exterior que realizaba Báez, al parecer de dinero cuya escala previa era La Rosadita. La cueva financiera en la cual surgieron las imágenes del escándalo.
La Cancillería de Héctor Timerman también habría tenido su lugar en la trama. Al menos, existen dos casos en los cuales la impericia o la intencionalidad diplomática habrían atentado contra las investigaciones judiciales. Una por la compra de un campo en Uruguay que Báez realizó a través de Leonardo Fariña, ahora preso por evadir impuestos. La Justicia uruguaya se quejó siempre por la demora argentina para contestar los exhortos en los cuales se solicitaba información sobre el empresario K. Esos trámites pasaban de ida y vuelta por Relaciones Exteriores. Varias veces estuvieron mal confeccionados. En una ocasión fue remitido a la sede del Mercosur en lugar del Palacio de Justicia de Montevideo. El otro caso tendría vínculo con una cuenta del empresario K en Suiza de US$ 22 millones que fue bloqueada en 2013, cuando aquí se conocieron las sospechas sobre lavado de dinero. También la Justicia helvética rechazó un exhorto y demandó el envió de la constancia del delito precedente –para corroborar el lavado– que nunca le llegó. Esa cuenta habría sido desbloqueada a mediados del 2015. Nadie conoce dónde fueron a parar los fondos.
Sobre Sebastián Casanello, que actúa desde el comienzo en la causa de la ruta del dinero K, también caen las sombras. El juez tomó declaración a todos los imputados por la compra de un campo en Mendoza. Procesó a Leonardo Fariña y a Federico Elaskar por maniobras de lavado de dinero. Pero dictó la falta de mérito a Báez. Curioso. Luego de las imágenes del escándalo resolvió citar para mediados de abril, entre otros, a Martín Báez, el hijo del empresario que supervisó el conteo de millones. Y le prohibió salir del país. Tardó casi 48 horas en disponer lo mismo para Lázaro. Casanello estaría abatido por el baile que le toca. Estaba esperanzado en manipular, como lo hizo hasta ahora, los tiempos de la causa. Se le hará difícil.
Martín está buscando el socorro de Máximo. Pero el hijo de la Presidenta hasta ahora no habría respondido. Allí radica el otro problema serio del kirchnerismo: al desmoronamiento del sistema económico se añadiría una ausencia de conducción política eficaz. La intransigencia y el distanciamiento de Cristina han terminado por aislar a los suyos. El peronismo tradicional está lentamente haciendo rancho aparte. El FpV se fracturó en febrero. Seis legisladores leales a la ex presidenta votaron el miércoles en Diputados a favor del acuerdo que el gobierno de Mauricio Macri propone con los fondos buitre.
Entre los halcones camporistas quedó incluso un regusto amargo. Todos fueron muy duros contra la iniciativa macrista. Axel Kiccillof, en ese sentido, portó la lanza. Hablaron de capitulación, de entrega de la soberanía y de una mala negociación con los holdouts. Escucharon con enardecimiento contenido una de las mejores piezas de la larga madrugada. Correspondió al jefe del bloque del radicalismo, Mario Negri. El cordobés fue y vino con su oratoria hasta que fulminó al ultrakirchnerismo: “Ustedes hablan a veces como el Che Guevara pero viven como Isidoro Cañones”, ironizó. Los camporistas aguardaban el desquite con el cierre de Máximo. Pero nada ocurrió. A contramano de sus compañeros, el hijo de Cristina hizo críticas al acuerdo pero en un contexto de moderación. Con más soltura de la que era dable esperar.
Aquellos halcones quedaron desconcertados y conjeturaron sobre las razones del tono empleado por Máximo. Algunos macristas adelantaron su interpretación: al joven diputado le tocó exponer cuando ya había recrudecido el escándalo sobre Báez por las imágenes divulgadas. Esos dirigentes, de haber sido otro el sesgo del discurso del hijo de Cristina, estaban dispuestos a enrostrárselas en medio del recinto.
El aparente giro de Máximo pudo responder también a otras razones. Conocía a esa altura que el acuerdo con los fondos buitre sería aprobado en Diputados por una mayoría superior a la calculada. Así fue: 165 votos contra 87. Pudo haber pesado además una cuestión que desvelaría a él mismo y a su madre: el cariz que va tomando en Brasil el caso de corrupción –pago de coimas a través de la petrolera estatal, Petrobras– que conmueve a Dilma Roussef y a Lula.
Ese asunto empieza a salpicar fuera de las fronteras. Aquí sonó varias veces el nombre del ex ministro de Planificación, Julio De Vido. Pero cayó en las últimas horas la primera denuncia concreta. La hizo la legisladora porteña Graciela Ocaña ante el juez Marcelo Martínez en Giorgi. ¿En qué consiste? En un anticipo de fondos que en el 2009 la constructora Odebretch hizo al entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime, para obras nunca hechas de soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El dinero se habría girado a través de una sociedad (Prinbot Corporation) radicada en Uruguay, fundada en el 2007 y dada de baja el año pasado. Jaime la habría utilizado con frecuencia. El presidente de Odebretch está detenido en San Pablo y se le fijó una prisión de 19 años y medio.
La teoría golpista de Dilma y de Lula, acicateada por cierto desborde judicial, no alcanzaría para disimular la dimensión sistémica de los delitos cometidos. Algo parecido le sucede al kirchnerismo con el lavado de dinero y otras yerbas. Ambos casos derrumbarían un mito modelado por el relato de ellos: que la corrupción sería sólo inherente al neoliberalismo. Es, por lo visto, inherente a cualquiera.
Cristóbal López escamoteó a la AFIP $ 8.000 millones durante el gobierno K
marzo 13, 2016
Cristóbal López no pagó a la AFIP $ 8000 millones durante el kirchnerismo
En los últimos cuatro años el empresario patagónico no abonó el impuesto a los combustibles; así financió la expansión de su emporio, ahora en problemas.
Durante sus últimos cuatro años en el poder, el kirchnerismo permitió que el empresario patagónico Cristóbal López acumulara una deuda por más de $ 8000 millones con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Y ese pasivo fiscal amenaza con tornarse impagable en el transcurso de los próximos meses, según surge de los balances contables de Oil Combustibles y otras empresas del Grupo Indalo, cuyas copias obtuvo y analizó LA NACION con la ayuda de expertos contables y tributarios.
El dinero que cobró López corresponde al impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC), pero no lo envió a la AFIP, según surge de los balances. ¿Cómo funciona? Cada vez que alguien carga nafta en sus estaciones de servicio, de cada $ 14 por litro que cobra, debe girar $ 4 a la AFIP (es decir, el 26% del precio por litro), que se suman a otros impuestos y tasas. Pero no lo hizo.
Con ese dinero que retuvo, el empresario expandió su conglomerado de empresas al que bautizó Grupo Indalo. En otras palabras, López no impulsó el crecimiento de su imperio con las ganancias del juego -divisas que mandó en parte al exterior para, por ejemplo, comprar un casino en Florida, Estados Unidos-, sino que lo hizo con fondos que debió girar al Tesoro nacional.
LA NACION consultó el miércoles a un vocero de López y a su socio, Fabián De Sousa. Les informó que quería conocer su versión sobre el material a publicar. El vocero quedó en transmitir la inquietud. Al día siguiente, pidió demorar la publicación unos días.
Y anteayer anunciaron la separación de los socios y el fin del Grupo Indalo como se lo conocía hasta ahora, pero tanto López como De Sousa se negaron a responder preguntas específicas sobre esta investigación. Ante la prensa, De Sousa sólo sostuvo que la deuda impositiva acumulada «no es tan grande» y que cuentan con «ingreso de caja suficiente» para afrontarla, aunque reconoció que no pudo pagarla durante 2013, 2014 y 2015 por diversos problemas de la macroeconomía. Afirmó además que sólo se limitó a utilizar «todos los mecanismos legales disponibles para financiarse».
Según reconstruyó LA NACION con la ayuda de contadores, tributaristas y auditores, los ejes centrales de la operatoria que montaron López y De Sousa se reducen a unos pocos pasos. Primero, fondearon Oil Combustibles con el ITC por $ 6065 millones a junio de 2015, en tanto que el resto de la deuda corresponde al ITC que tampoco pagaron desde entonces y a los intereses acumulados sobre esa deuda, hasta orillar los $ 7400 millones, más otros $ 600 millones en impuestos que también retuvieron otras empresas del grupo. Total: $ 8000 millones.
El segundo paso llegó después. Con ese dinero, López comenzó a fondear otras firmas de su grupo, entre las que descolló Inversora M&S SA, que recibió $ 3300 millones, según surge de los balances analizados. Y el tercer paso resultó inmediato. Inversora M&S SA comenzó a comprar activos o financiar sus operaciones, lo que explicó la compra de medios de comunicación, el banco Finansur y fábricas como Paraná Metal, o la supervivencia durante años de compañías que no eran redituables.
Toda esta operatoria, a su vez, ocurrió durante un período clave. Porque al mismo tiempo que López se fondeó con el ITC, el precio de las naftas comenzó a subir. Y le alquiló al menos dos departamentos, una oficina y cinco cocheras a la entonces familia presidencial Kirchner durante años a cambio de varios millones de pesos, según reveló LA NACION en marzo de 2015. No sólo eso. También le giró fondos desde su hotel El Retorno, en Bariloche, al Alto Calafate, el principal hotel de los Kirchner en Santa Cruz.
Allí no se acaban los lazos cruzados. Porque la sobrina de la ex presidenta -e hija de la gobernadora Alicia Kirchner-, Romina Mercado, trabaja desde febrero de 2012 y hasta hoy en Inversora M&S SA, al mismo tiempo que tomó las riendas como presidenta del directorio de Hotesur, la sociedad controlante del Alto Calafate, según los registros laborales y societarios.
Durante ese mismo período, además, distintas áreas del Estado nacional mostraron indicios inusuales a favor de Cristóbal López. Desde el Ministerio de Economía y la Aduana, por Álcalis de la Patagonia, hasta la unidad antilavado (UIF) y el Banco Central (BCRA), por el banco Finansur, o la Afsca para su ingreso en el sector de los medios.
Lo mismo ocurrió en la AFIP, que toleró la retención de esos $ 8000 millones de pesos en impuestos atrasados por parte de López y De Sousa. El organismo les permitió acumular esa deuda, luego convalidó que la colocaran en múltiples regímenes de asistencia financiera (RAF) -planes de pago de hasta seis cuotas que ofrecía el organismo tributario- y, por último, cuando el volumen de esa deuda se tornó sustancial, les permitió consolidarla en sucesivos planes de pago.
Una vocera de Ricardo Echegaray llamó el viernes a LA NACION. Sin que mediara una pregunta específica, aclaró que el actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) ya fue investigado y sobreseído por la Justicia por la entrega de los planes de pagos a López tras una denuncia de Elisa Carrió. Lo sobreseyó el juez Sebastián Ramos, en marzo de 2014. Es decir, seis meses después de que LA NACION revelara el primer paso de la operatoria que López y De Sousa utilizaron para comprar activos de Petrobras en la Argentina.
La benevolencia de la AFIP frente a Oil Combustibles durante los últimos años contrasta, sin embargo, con la rigidez que el mismo organismo mostró frente a las otras petroleras, que no pudieron cobrar y retener el ITC sin correr el riesgo de afrontar las intimaciones y embargos del organismo tributario. De hecho, ninguna de las otras grandes compañías que operan en el país -YPF, Shell, Petrobras, Axion- mantiene deudas con la AFIP por el ITC. «La operatoria habría terminado con una denuncia penal», indicó un ex alto ejecutivo del sector petrolero que mantuvo varios cortocircuitos con el kirchnerismo.
Ahora, además, las nuevas autoridades de la AFIP comenzaron a intimar a Oil Combustibles, lo sometieron a controles más exhaustivos y le comunicaron que no le permitirán que retenga nuevos fondos por el ITC.
Riesgo inminente
Según surge de los balances de diversas empresas del Grupo Indalo, López y De Sousa concentraron esta maniobra fiscal en Oil Combustibles, que acumuló más del 90% de toda la deuda tributaria. Y que, según anunciaron el viernes, quedará a partir de ahora en manos de De Sousa.
Oil Combustibles es, a la vez, la firma con que adquirieron algunos activos en la Argentina -pero no todos- de la petrolera brasileña Petrobras, operación que quedó bajo la lupa judicial en Brasil por el presunto pago de sobornos.
Los balances de Oil Combustibles reflejaron esa paulatina acumulación del ITC que montaron López y De Sousa. Así, a mediados de 2010, la petrolera informó una deuda con la AFIP por apenas $ 78.285; pero un año después -y ya con la adquisición de activos de Petrobras en el país- subió a $ 179,9 millones, y para junio de 2012 llegó a $ 1262,9 millones.
Pero la operatoria no sólo continuó, sino que se potenció y expandió, hasta ahora correr el riesgo de resultar impagable. Así, en 2013, a $ 1591,7 millones; en junio de 2014, a $ 3145,7 millones, y para mediados de 2015, a más de $ 6065 millones (entre deuda corriente y no corriente). Desde entonces, además, continuó en ascenso hasta diciembre pasado ya que Oil siguió sin girar a la AFIP cientos de millones de pesos correspondientes al ITC, a los cuales se aplicaron los intereses.
Ahora, sin embargo, con más de $ 7400 millones de deuda fiscal acumulados en Oil Combustibles, López y De Sousa afrontan serios desafíos contables, financieros y tributarios para mantener a flote el Grupo Indalo, coincidieron los analistas consultados por LA NACION. Los motivos son múltiples:
-Según sus balances, Oil Combustibles sólo cuenta con un patrimonio neto de $ 447 millones, mientras que su crecimiento respondió al «apalancamiento» de la AFIP, y con un notable descalce de liquidez;
-Para obtener los planes de pago de la AFIP, López y De Sousa promovieron la revaluación contable (no basada en una inversión real) de los «bienes de uso» de Oil Combustibles por más de $ 1669,8 millones. Es decir que los mismos bienes de la compañía que en junio de 2013 valían $ 226,4 millones, un año después pasaron a valer 8,2 veces más: $ 1876,2 millones;
-Ese revalúo quedó a cargo de una pequeña firma sin mayores antecedentes en el mercado, y aunque el revalúo se fijó en junio de 2014, según la propia auditoría el informe se terminó seis meses después, el 15 de diciembre de ese año;
-Transcurridos 21 meses desde que se computó ese revalúo, el recálculo todavía se encuentra pendiente de la aprobación final de la Inspección General de Justicia (IGJ), que durante el último año del gobierno kirchnerista no resolvió si aprobaba o rechazaba esa operación contable;
-Como auditora externa, Deloitte también consignó la revaluación como un riesgo latente para Oil Combustibles. «De no resultar aprobada la revaluación -indicó-, el patrimonio neto disminuiría en 1.059.251.141 [pesos], el activo en 1.629.617.142 [pesos] y el pasivo no corriente (impuesto diferido) lo haría en 570.366.001 [pesos]». Es decir que pondría en serio riesgo a la compañía.
Sin embargo, la revaluación pendiente no es el único factor de riesgo para Oil. Declaró entre sus activos los préstamos por más de $ 4300 millones que le otorgó a otras empresas del grupo (los $ 3300 millones que giró a Inversora M&S SA-que ahora controlará sólo López-, más otros $ 350 millones a South Media Investments y $ 592,2 millones a «otras partes relacionadas», entre otros). Pero según Deloitte, el recupero de ese dinero es una pregunta abierta: «La realización y la cancelación a futuro de los activos y pasivos entre empresas del grupo económico se encuentran condicionadas al cumplimiento de los planes de negocios de cada unidad de negocios en el corto y mediano plazo».
Así, según surge de los propios balances de Oil Combustibles, si la IGJ no aprueba el revalúo contable de sus bienes o si las otras empresas del Grupo Indalo no pueden devolverle el dinero prestado, la petrolera mostrará un patrimonio neto negativo y quedará en condiciones de disolución. Salvo, claro, que sus accionistas le inyecten fondos frescos por montos multimillonarios. Más relevante aún, esos balances exponen las serias dificultades que afrontan López y De Sousa para devolver los $ 8000 millones en impuestos que adeudan a la AFIP. El viernes anunciaron el fin del Grupo Indalo como era hasta ahora.
Una operatoria irregular
Cristóbal López articuló un mecanismo para eludir pagos a la AFIP que fue cuestionada por una evaluadora
¿Cómo se realizó el fraude?
Fuente: La Nación, 13/02/16.
No hay justicia para Nisman
marzo 4, 2016
Se destapó la cloaca del caso Nisman
Por Julio Blanck.
En un puñado de días, y en sucesión llamativa, el fiscal general Ricardo Sáenz dictaminó que a Nisman lo habían asesinado; y el temido y siempre turbio espía Jaime Stiuso volvió al país, se presentó a declarar y sostuvo que el supuesto asesinato, en enero de 2015, había sido obra de un grupo vinculado al gobierno de Cristina (Kichner), a quien cuatro días antes Nisman había acusado de encubrir a iraníes por el atentado a la AMIA.
Esto, a menos de tres meses de la asunción presidencial de Mauricio Macri, bastó para que saltara por el aire la gruesa losa que el gobierno de Cristina Kirchner había colocado, en defensa propia, sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Ahora se destapó la cloaca. Lo que quedó al descubierto promete desagradables consecuencias judiciales, políticas, o ambas a la vez, para una lista que encabeza la propia ex Presidenta, seguida en orden aleatorio por el ex supersecretario Carlos Zannini, el tan verborrágico ex jefe de espías Oscar Parrilli, el teniente general en retiro rotundo César Milani, el hiperquinético ex secretario de Seguridad Sergio Berni y el jefe de la Policía Federal, Román Di Santo, quien ocupa ese puesto desde hace tres años.
Integra además esa nómina la defenestrada fiscal Viviana Fein, pieza decisiva en la construcción del segundo entierro de Nisman, el de la causa por su muerte. También su jefa espiritual y operativa, la todavía procuradora general Alejandra Gils Carbó. A ellas podría sumarse la jueza Fabiana Palmaghini, que sorprendió al declararse incompetente en la causa luego de haber rechazado esa petición puntual de la familia de Nisman un par de semanas atrás. Su fundamento para dejar ahora el caso fue que existía violación de correspondencia de Nisman (correos electrónicos y teléfono celular), un delito federal que ya estaba en el expediente desde hacía más de seis meses. En cambio Palmaghini mencionó la cuestión del presunto homicidio apenas lateralmente.
Tampoco está claro en qué terminará la peripecia de Stiuso, el hombre que llevó de la mano a Nisman en la investigación contra los iraníes por el atentado a la AMIA, a quien Cristina defenestró finalmente y que terminó señalado como “autor intelectual” de la denuncia de encubrimiento presidencial.
En gentil devolución, el gobierno kirchnerista señaló entonces a Stiuso como posible instigador de la muerte de Nisman. Fue cuando el kirchnerismo hablaba de crimen antes de volver a hablar de suicidio, como parte de su exitosa estrategia de enchastre y confusión general.
En el último año, entre su declaración original ante la fiscal Fein y su estruendoso regreso de esta semana, Stiuso se refugió en los Estados Unidos. Allí disfrutó de una protección seguramente labrada en su larga vinculación operativa con la CIA. De allí que esta llamativa sucesión de hechos en el caso Nisman sea vista en ciertos ámbitos políticos y judiciales como una operación cuyo garante de última instancia sería la administración de Washington y su representación local, La Embajada.
En las líneas menores de los alcanzados por el caso Nisman habría que anotar al grupo Quebracho, siempre sospechado de estar penetrado, cuando no directamente teledirigido por los servicios de inteligencia. Y al jerarca piquetero Luis D’Elía, antisemita y proiraní notorio, un personaje que hostiliza a la familia Nisman por el caso AMIA desde el lejano tiempo en que el fiscal estaba casado con la jueza Sandra Arroyo Salgado y ambos convivían en un departamento del barrio de Palermo, adonde D’Elía organizó escraches y marchas.
Las intimidaciones y amenazas a los Nisman nunca cesaron del todo. El fiscal y su ex mujer habían sido agresivamente fotografiados hace nueve años, al salir de la clínica tras el nacimiento de Kala, su hija menor. Y a fines del año pasado la hija mayor, Iara, llamó a su madre –de viaje en el interior del país– porque desde un auto que entró al country donde viven se estaban tomado fotos de manera ostensible hacia su casa.
El Gobierno asegura que permanece ajeno a todo este tráfico contaminado, aunque sus efectos políticos puedan beneficiarlo por el previsible acorralamiento judicial y político del kirchnerismo duro y su Jefa.
Pero en la Casa Rosada dicen, con cierto rencor fermentado, que “esta banda es la que persiguió a Macri y le inventó la causa por las escuchas”. Cuando se refieren a “esta banda” hablan de Stiuso y de su equipo: jueces, juezas, fiscales, gestores judiciales, espías, víctimas a medida, toda gente a generoso sueldo –formal o informal– del kirchnerismo durante la “década ganada”.
El cambio de gobierno creó un contexto favorable para que el caso Nisman avanzara, superando la paralización judicial. Pero sería muy aventurado afirmar que el macrismo haya tenido algo que ver, directamente, con los hechos de los últimos días.
La capacidad de operación de los funcionarios de Macri sobre la Justicia resulta por ahora bastante menguada. Es todo un cambio saludable, vista la profusa contaminación en sentido contrario ocurrida cuando Stiuso estaba al servicio de los Kirchner y sus operadores hacían y deshacían, repartiendo premios y castigos en cámaras, juzgados y fiscalías estratégicos.
Pero esa limitada capacidad operativa es también fruto del fracaso en algún intento de acortar distancias con los magistrados. El ministro de Justicia, Germán Garavano, a través de un juez federal trató de armar un encuentro con integrantes de ese fuero decisivo. Su convocatoria resultó mínima.
Así, aún reconociendo que la disposición del macrismo a respetar la independencia de los jueces es indudable, el Gobierno termina haciendo de la carencia una virtud.
A los jueces federales, lobos solitarios que nunca cazan en manada, no es sencillo reunirlos. Mucho menos cuando uno de los proyectos de reforma judicial que impulsa el Gobierno implica una dilución de su poder por la creación de una decena de juzgados para casos de criminalidad organizada. “Nos quieren dejar solamente los casos de los pibes que agarran fumándose un porro”, exagera un juez que ha sabido hacer uso intensivo del poder que le da su cargo.
Hoy los jueces federales se miran de reojo entre sí, calculando a quién podría caerle la causa Nisman si se consolida el alejamiento de la jueza Palmaghini y el cambio de fuero. Aunque el motivo del apartamiento haya sido la violación de correspondencia de Nisman, parece claro que cualquiera que tome el caso iría directo sobre las circunstancias de la muerte del fiscal. Sería una mala noticia para Cristina y su séquito.
La Justicia parece despertar de un largo sueño respecto de la ex Presidenta. No es el caso del juez Claudio Bonadio, que había avanzado con el caso Hotesur hasta que el cristinismo consiguió sacarlo de la causa. Pero ahora la tiene citada a indagatoria a Cristina por el multimillonario negocio del dólar futuro que benefició a grandes corporaciones y al poder financiero. Este caso pone en la primera línea de involucrados al ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, y a su jefe político, el entonces ministro y hoy diputado Axel Kicillof.
En estos días, el juez Ariel Lijo volvió a mover la causa por la financiación de la campaña de Cristina en 2007 y citó como sospechosos a ex funcionarios y empresarios. Y el fiscal Carlos Rívolo pidió el juicio oral en la causa por enriquecimiento ilícito contra Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, ya condenado por la tragedia de Once. Dicen en Tribunales que el avance de esta causa por enriquecimiento podrá finalmente enviarlo a prisión.
El caso Hotesur, en su capítulo de presunto lavado de dinero en los hoteles de la familia Kirchner, pasó del juez Daniel Rafecas a su colega Julián Ercolini. Después de una pericia la causa quedaría lista para avanzar de modo decisivo: las pruebas de lavado serían contundentes.
A Rafecas, el mismo que había rechazado la denuncia de Nisman contra Cristina, le quedó el tramo de Hotesur referido a las contrataciones que Aerolíneas Argentinas hizo en esos hoteles. Esta semana el diario La Nación reveló que la empresa que Cristina le prestó a La Cámpora para que gestione algo, le pagó casi 5 millones de dólares a la empresa de la familia Kirchner desde el año 2008. Eso equivale al alquiler de 15 habitaciones todos los días de todas las semanas de todos los meses de todos esos años. Algo tendrá que hacer Rafecas. Algo que quizás a Cristina no le guste.
El bochorno insostenible de la causa Nisman es un espejo en el que ningún juez hoy quiere mirarse.
Fuente: Clarín, 04/03/16.
Cristina Kirchner será indagada por fraude
febrero 27, 2016
Cristina Kirchner será indagada como sospechosa de fraude
La citó Bonadio por la venta de dólar a futuro, que provocó un quebranto al BCRA de $ 7500 millones; será la primera vez que deberá presentarse en tribunales; también serán interrogados Kicillof y Vanoli
A sólo dos meses y medio de haber dejado el poder, la ex presidenta Cristina Kirchner fue citada por la Justicia a prestar declaración indagatoria como sospechosa de fraude por indicar al Banco Central la venta de dólares en el mercado de futuros a un precio que hizo perder dinero al Estado en su administración y en la de su sucesor, Mauricio Macri.
La citación a la ex presidenta fue dispuesta por el juez Claudio Bonadio, que entendió que, más allá de la autarquía que rige las decisiones del Banco Central, fue ella quien dispuso la operatoria. Bonadio es uno de los jueces federales más activos contra el kirchnerismo y responsable de haber allanado meses atrás las oficinas de Máximo Kirchner en un caso de lavado de dinero contra su madre.
Es la primera citación como imputada que recibe Cristina Kirchner desde que dejó el cargo, pero no es la única acusación que enfrenta, pues es investigada en el caso Hotesur por sus negocios hoteleros y sus vínculos con el empresario kirchnerista Lázaro Báez.
La denuncia que motivó la citación fue presentada por los jefes legislativos de Cambiemos Mario Negri y Federico Pinedo, pero la inspiró Alfonso Prat-Gay, actual ministro de Hacienda. La ex presidenta deberá responder por el delito de administración fraudulenta por abuso de confianza, pues hay un perjuicio para el Estado.
Además de Cristina Kirchner, citada para el 13 de abril, deberán declarar el ex ministro de Economía Axel Kicillof el 12 de abril, el ex secretario de Finanzas Pablo López el 8 de abril, el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli el 7 de abril, el ex vicepresidente del Banco Miguel Ángel Pesce el 6 de abril, y los ex directores Alejandro Formento, Sebastián Aguilera, Pedro Biscay, Mariano Beltrani, Germán Feldman, Barbara Domato Conti y Flavia Madorrán en días sucesivos desde el 28 de marzo.
La citación a indagatoria a Cristina Kirchner implica una aceleración de las causas contra el kirchnerismo en tribunales. Hasta ahora los jueces federales venían profundizando sus casos contra los ex funcionarios en problemas, como Amado Boudou y Ricardo Jaime, pero ir contra la ex presidenta de este modo encendió una luz de alarma. Es que -analizaron algunos funcionarios judiciales en Comodoro Py 2002- se trata de un caso difícil de entender para el común de la gente y una medida que tensa el clima político en momentos en que el Gobierno busca la gobernabilidad dialogando con el peronismo en el Congreso. Una citación a indagatoria, sumada a la inflación creciente y el malestar de organizaciones sociales kirchneristas, puede generar una situación de inestabilidad no deseada por el Gobierno, analizan. De hecho el kirchnerismo ayer denunció una persecución política y anunció que el día de la indagatoria marchará en defensa de su jefa política.
Lejos de ese análisis, Bonadio decidió la indagatoria de Cristina Kirchner, como lo hizo en otras causas contra el propio Vanoli, Aníbal Fernández, Guillermo Moreno, Ricardo Jaime y su sucesor Juan Pablo Schiavi (ambos condenados por la tragedia de Once).
El juez basó su citación en los testimonios de Alfonso Prat-Gay, Martín Redrado, del ex presidente del Banco Central Juan Carlos Fábrega, de Lucas Llach y Horacio Liendo, entre otros. Bonadio entendió que la decisión de vender dólar a futuro en condiciones desfavorables fue de la ex presidenta porque razonó que así como la salida de Redrado o Fábrega del Banco Central fueron una decisión presidencial, lo fueron estas operaciones. Entre 2005 y 2014 el Banco Central las realizó legalmente, a veces ganando y otras perdiendo, hasta las efectuadas entre septiembre y noviembre de 2015, donde hubo un quebranto.
Con los informes técnicos en la mano, Bonadio afirmó que las operaciones del dólar futuro provocaron un quebranto de 7575 millones de pesos para el Banco Central en diciembre de 2015 y enero de 2016. Y que el Banco Central tiene que pagar por las operaciones abiertas desde febrero a junio próximos 39.879 millones de pesos. Ya pagó 1552 millones de pesos por operaciones realizadas entre septiembre y diciembre de 2015, y por los contratos activos de enero a junio de este año tuvo un saldo negativo de 27.724 millones de pesos. Todas las operaciones abiertas por dólar futuro entre septiembre y noviembre del año pasado fueron por 17.000 millones de dólares.
Más claramente el juez dijo que toda la emisión monetaria del 31 de diciembre al 24 de febrero se destinó a pagar el quebranto de las operaciones de dólar futuro concretadas por el BCRA.
La denuncia cuestiona que Vanoli, y el directorio del Banco Central, vendió dólares a futuro a un precio menor del que podría haber obtenido en el mercado. La ley lo obliga a vender a un precio de mercado. Los futuros cambiarios son contratos en los que un vendedor -en este caso el BCRA- se compromete a desprenderse de una cantidad de dólares a un precio predeterminado en una fecha futura. El Banco Central vendió moneda a futuro a 10,65 pesos cuando en el mercado de Nueva York el valor era de 14 o 15 pesos. En consecuencia, un inversionista podría haber comprado a 10 pesos y vendido a 14 pesos, con lo que habría obtenido una ganancia especulativa instantánea a costa del patrimonio del Banco Central. Estas operaciones se realizan sin la entrega física de los dólares: se liquida en pesos la diferencia entre el precio de cotización y el del contrato.
Prat-Gay, cuando declaró como testigo, dijo que todo el directorio del Banco Central tomó la decisión de aplicar esta política, lo que le dio base a Bonadio a citarlos a todos como sospechosos.
Kirchneristas en apuros
Seis ex funcionarios procesados por presuntas irregularidades
Daniel Gollán
Ex Ministro de Salud
Procesado por irregularidades en el plan Qunita
Aníbal Fernández
Ex Jefe de Gabinete
Procesado por las licitaciones del plan Qunita
Guillermo Moreno
Ex Secretario de Comercio
Procesado por el cotillón anti-Clarín
Juan Manzur
Ex Ministro de Salud
Procesado por el manejo del plan Qunita
Amado Boudou
Ex vicepresidente
Procesado por la apropiación de Ciccone
José Sbatella
Ex titular de la UIF
Procesado por revelar datos secretos
Fuente: La Nación, 27/02/16.
CFK: 8 años como Presidenta y al menos 50 causas abiertas
Así figura en un registro de la Justicia. En siete de ellas se la investiga específicamente.
Por María Eugenia Duffard.
Fue la Presidenta de la Nación durante ocho años, tiempo suficiente, en Argentina, para acumular denuncias. En el caso de Cristina Kirchner y según el sistema electrónico de registro de la Justicia Federal, son al menos 50 las denuncias que se convirtieron en causas penales que aún están en trámite. A la ex mandataria la investigan, en la mayoría de los casos, por defraudación al Estado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y también enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Este sistema de registro online es al que se refirió hace pocos días el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, cuando advirtió que están trabajando para que sea más específico y abierto a toda la sociedad. Es que el registro electrónico, advierten en los tribunales de Comodoro Py, es solo indicativo y no exhaustivo. Así, por ejemplo, hay causas que aún figuran como abiertas pero que ya fueron desestimadas o archivadas y otras que no aparecen y están en trámite. Según pudo averiguar Clarín de la consulta a fuentes judiciales y el análisis del listado, la ex presidente está implicada en al menos 50 causas, pero son al menos siete en las que se la investiga específicamente y no como responsable última, por la investidura del cargo que ocupó entre 2007 y 2015.
Así, además de la investigación a cargo del juez federal Claudio Bonadio en la que ayer la llamó a indagatoria por la venta de dólar futuro, Cristina figura implicada en otras cuatro causas en ese juzgado. Pero la del dólar futuro no es la más famosa de las investigaciones que involucran a la ex mandataria en los tribunales federales. Quienes tienen los expedientes más complicados para Cristina son los jueces Julián Ercolini y Daniel Rafecas, del Criminal y Correccional Federal 10 y 3 respectivamente. Son ellos quienes la investigan por asociación ilícita y lavado de dinero, entre otros cargos. Todo por la intrincada causa Hotesur. También Sergio Torres, del Federal 12, tiene dos causas sensibles para Cristina que apuntan a su patrimonio. En una se investiga si la Presidenta omitió declarar parte de lo que heredó tras la muerte de su esposo como denunció Margarita Stolbizer y otra en la que se averigua sobre el valor de sus joyas por denuncia de Graciela Ocaña. Cuando esta semana Rafecas se declaró incompetente en parte de esa investigación en la que había avanzado Bonadio hasta que fue recusado, aludió a otra causa a cargo de Ercolini desde 2008. Se trata de aquella originada por una denuncia de Elisa Carrió en la que se acusó a Néstor y Cristina Kirchner y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Juan Carlos Relats de asociación ilícita y lavado de dinero. Según Rafecas, es Ercolini quien debe incorporar como nuevos hechos en esa investigación, las presuntas maniobras de lavado con los hoteles de los Kirchner que figuraban en la causa Hotesur. Pero Rafecas se quedó con una parte de ese expediente e investiga a Cristina por irregularidades en el legajo de su empresa ante la Inspección General de Justicia y por inconsistencias en sus declaraciones juradas entre 2011 y 2012.
Fuente: Clarín, 27/02/16.