Suecia al límite: el precio de una utopía migratoria
junio 30, 2025 · Imprimir este artículo
Por Gustavo Ibáñez Padilla.
Por años, Suecia fue el ejemplo más nítido del modelo socialdemócrata nórdico: seguridad, cohesión social, excelencia educativa, salud pública universal y una economía sólida. Pero en menos de dos décadas, esta imagen se resquebrajó. La nación que otrora lideraba en calidad de vida hoy encabeza rankings de tiroteos, violencia sexual y explosiones. ¿Qué pasó? La respuesta, aunque políticamente incómoda, se encuentra en la política inmigratoria impulsada desde el 2010 en nombre de la solidaridad y la inclusión.
Un experimento ideológico que se volvió contra su creador
El punto de inflexión fue liderado por el Partido Socialdemócrata bajo el gobierno de Stefan Löfven, quien abrazó con entusiasmo las directrices migratorias de la Unión Europea. Con un discurso cargado de altruismo, afirmó: “No podemos construir muros a nuestro alrededor mientras millones sufren”, insistiendo en que Suecia tenía recursos y capacidad para recibir a quienes huían de conflictos armados, persecuciones religiosas o crisis económicas.
Y lo hizo. Entre 2010 y 2020, ingresaron al país más de 1,2 millones de inmigrantes, provenientes mayoritariamente de Siria, Afganistán, Somalia e Irak. En un país de poco más de diez millones de habitantes, esto implicó un aumento poblacional del 12% en solo una década. La acogida masiva no fue acompañada de políticas eficientes de integración ni de mecanismos de control cultural o legal.
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Del paraíso escandinavo al caos urbano
Los datos no admiten eufemismos. En 2024, Suecia registró 262 tiroteos con 40 muertos. En 2023, fueron 300 incidentes con 44 víctimas fatales. Según datos de la televisión pública SVT, el 85% de estos delitos fueron cometidos por personas de origen extranjero. La violencia se concentra en barrios marginales con fuerte presencia de inmigrantes, como Rinkeby (Estocolmo), Rosengård (Malmö) o Biskopsgården (Gotemburgo), zonas donde la policía directamente evita ingresar. Las autoridades los llaman eufemísticamente áreas vulnerables; la realidad los clasifica como no-go zones.
El entonces jefe de la Policía Nacional, Anders Thornberg, reconoció en 2023 que “Suecia se enfrenta a una situación de violencia sin precedentes. Nunca habíamos tenido que lidiar con este nivel de criminalidad armada en zonas residenciales”.
El tabú del vínculo entre inmigración y delincuencia
Hablar de la relación entre inmigración y aumento del crimen ha sido un tema vedado en los medios y la política sueca. La corrección política llevó incluso a que se ocultaran datos por miedo a acusaciones de racismo. En palabras de la diputada liberal Ann-Sofie Alm: “Aquí, el peor insulto no es que te llamen violador, es que te llamen racista”.
Pero la correlación existe. En 2023 se registraron 135 explosiones con artefactos explosivos, muchas de ellas vinculadas a ajustes de cuentas entre bandas integradas por jóvenes de origen inmigrante. En enero de 2025, ya iban 30. Nunca, ni en los años más tensos de la Guerra Fría, Suecia había vivido semejante nivel de violencia interna.
La violencia sexual también alcanzó niveles alarmantes. Con 6.549 denuncias por violación solo en 2022 (18 por día), Suecia figura entre los países con mayor tasa de agresiones sexuales de Europa. Una investigación de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE señaló que el 41% de las mujeres suecas ha sufrido algún tipo de violencia sexual. Las víctimas denuncian temor a represalias y la indiferencia de las autoridades.
El caso del sirio Damir Al-Ali, que secuestró y abusó durante 17 horas de una joven sueca, evidencia el colapso judicial. Fue condenado, pero apeló con el argumento de no haber podido demostrarse su mayoría de edad, ya que había destruido sus documentos. No solo fue liberado, sino que recibió una indemnización del Estado.
Islamismo, guetos y sociedades paralelas
La raíz del problema no es únicamente la inmigración en sí, sino el choque cultural y religioso que ella supone cuando no hay voluntad de integración ni adaptación a las normas del país anfitrión. El islam, practicado por buena parte de los nuevos inmigrantes, no es solo una religión, sino un sistema jurídico, político y social completo que entra en conflicto con los valores occidentales del modelo sueco.
Los crímenes de honor, los matrimonios forzados, la poligamia encubierta y el desprecio hacia la cultura local son parte de una dinámica cotidiana en barrios donde el Estado ha perdido soberanía. En 2022, la policía investigó más de 300 casos de violencia de honor. Aun así, las cifras reales podrían ser mucho mayores.
El caso de Mohamedamin Abdirisek Ibrahim, quien asesinó a su novia sueca embarazada porque «su hijo no debía provenir de una mujer cristiana», fue silenciado en buena parte de la prensa por temor a “estigmatizar comunidades”.
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La bomba demográfica y el colapso del Estado de Bienestar
De ocho millones de habitantes en los años noventa, Suecia saltó a más de diez millones. Este crecimiento repentino ha presionado hasta el límite al sistema educativo, sanitario y de vivienda. Más del 50% de los inmigrantes vive del Estado. En el caso de las mujeres, solo el 23% trabaja. Se forman comunidades dependientes, sin incentivo para integrarse, ni desarrollar vínculos con la cultura sueca.
El desempleo entre los inmigrantes islámicos supera el 21%, mientras que entre los suecos es apenas del 3,6%. Las diferencias culturales, el idioma, la falta de formación y la marginación autoimpuesta son obstáculos estructurales que ninguna ayuda económica resuelve.
La escuela pública, símbolo del modelo sueco, colapsa en las zonas más afectadas. Profesores agredidos, niños que no terminan la secundaria, segregación étnica y abandono educativo son la norma en estos entornos. Un informe de Sveriges Radio reveló que menos del 50% de los estudiantes de zonas “vulnerables” logran terminar el colegio con éxito.
Estado de excepción y respuesta tardía
En 2023, el Primer Ministro Ulf Kristersson tomó una decisión sin precedentes: anunció que el ejército patrullaría las calles para apoyar a la policía desbordada por la guerra de pandillas. Fue un giro drástico que reconocía, de facto, la pérdida del monopolio estatal del uso de la fuerza.
Simultáneamente, el gobierno ofreció hasta 34.000 dólares a inmigrantes para que regresaran voluntariamente a sus países. La medida fue un fracaso. La mayoría se negó a regresar, consolidando su presencia en un país donde los beneficios estatales siguen siendo sustanciales.
¿Quién protege a Suecia?
Suecia apostó por una política migratoria sin filtros, sin exigencias y sin límites. Lo hizo por convicción ideológica, más que por estrategia. No fue solidaridad: fue ingenuidad con consecuencias devastadoras. Abrió sus puertas a culturas profundamente diferentes, sin pedir reciprocidad ni respeto a sus valores fundacionales.
La multiculturalidad forzada, lejos de enriquecer, fragmentó a la sociedad. Cuando la diversidad no va acompañada de integración ni respeto a la legalidad común, se transforma en disgregación. Como advirtió el filósofo francés Alain Finkielkraut: “La identidad es como el oxígeno: uno no lo nota, hasta que le falta”.
Suecia aún tiene la oportunidad de revertir esta situación, pero requiere valentía política, honestidad intelectual y decisiones firmes. Es imprescindible reforzar el control fronterizo, reformular el sistema de asilo, y condicionar la permanencia al cumplimiento estricto de las leyes, la adopción del idioma y la participación productiva en la sociedad.
Porque si un Estado no protege sus fronteras, su cultura y a sus ciudadanos, pierde el derecho de llamarse Estado. La historia sueca es una advertencia para el resto de Europa y del mundo: no hay sociedad fuerte sin cohesión, ni progreso sin orden.
La estabilidad social y cultural no es un regalo eterno. Es una construcción frágil que debe protegerse, o desaparece.
Fuente: Ediciones EP, 30/06/25.
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