La Fiscalía General de Suiza reveló en Panamá a fiscales y procuradores americanos que en cuentas bancarias suizas hay mil millones de dólares congelados por la trama de sobornos y blanqueo de capitales de las compañías brasileñas de la constructora Odebrecht y de la petrolera Petrobras.

La revelación fue hecha por el fiscal general de Suiza, Michael Lauber, en una cita que sostuvo este lunes en la capital panameña con un grupo de fiscales y procuradores de América Latina, entre ellos el subprocurador mexicano Felipe de Jesús Muñoz.

Las naciones de América Latina y el Caribe envueltas en el escándalo buscan información en Suiza para desenmarañar los sofisticados esquemas financieros utilizados para perderle el rastro al dinero ilícito, confirmó el fiscal suizo.

Tras aclarar que Suiza tampoco se opone a que los países de América Latina y el Caribe implicados en los escándalos Odebrecht y Petrobras traten de recuperar el dinero que les corresponde, Lauber anunció que “no tenemos la intención de quedarnos con ningún fondo ilícito”.

“No tenemos intención de quedarnos con ellos, tenemos que encontrar la fórmula de repatriar estos dineros a nuestros colegas”, subrayó.

Sin embargo, advirtió que es necesario que las naciones interesadas cumplan con los debidos procesos y los requisitos para liberar los recursos, así como respetar las leyes.

Según el fiscal suizo, una primera vía es determinar si los países reclamantes tienen pactos con Suiza para repatriación de esos dineros. De lo contrario, explicó, es necesario someterse a los términos de un convenio multilateral de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de lucha contra la corrupción que también debe estar ratificado por la nación que pide la devolución del dinero.

Otra ruta es negociar un acuerdo con Suiza, afirmó.

Odebrecht está involucrada en uno de los más graves escándalos de corrupción política para el enriquecimiento ilícito mediante una red de sobornos para ganar multimillonarios contratos de construcción de obras públicas que traspasó las fronteras de Brasil y penetró poderosos estratos estatales, gubernamentales, políticos y económicos en 10 países de América Latina y el Caribe, con intensas operaciones de lavado de dineros.

La cifra inicial de coimas pagadas por la mega—constructora fue establecida en diciembre de 2016 por el Departamento de Justicia de EU en al menos 788 millones de dólares en Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela (además de Angola y Mozambique). Washington aseguró que es el “mayor escándalo” de sobornos en el extranjero de la historia.

Petrobras está inmersa en un gigantesco entramado de corrupción descubierto en marzo de 2014 con la denominada “Operación Lava Jato” de sobornos a políticos y empresarios para el blanqueo de recursos de la poderosa petrolera estatal brasileña.

Los dos escándalos, que están interrelacionadas, involucran una serie de otros delitos que están en proceso de investigación judicial en los países implicados en la trama.

Criminales. Sin entrar en detalles sobre el caso de cada país con respecto al dinero en cuentas suizas, Lauber relató que “el punto no es que en Suiza encuentren obstáculos el resto de las Fiscalías, sino hallar la forma para ayudar en las investigaciones criminales de las contrapartes”.

“Suiza no es el policía del mundo, solo queremos mantener la cooperación y apoyar los esfuerzos que hacen nuestros colegas que llevan investigaciones criminales”, alegó.

Las leyes suizas e internacionales “cuando se trata de intercambio de información en estos esquemas tan complicados de lavado de dinero toma tiempo”, puntualizó, al destacar que es esencial acoplar las jurisdicciones nacionales y resolver las diferencias y reclamos, sin ignorar a los abogados defensores.

Acuerdo En su reunión de un día en Panamá, los representantes de las fiscalías o procuradurías de varias naciones americanas con los de Suiza y Portugal se comprometieron a luchar con firmeza en contra de la corrupción.

También decidieron estrechar la cooperación internacional con intercambio de información, abogaron por fortalecer los procesos de recuperación y repatriación de activos ilícitos y pidieron que, para investigar y atacar la corrupción, las fiscalías generales y las procuradurías sean autónomas para que actúen con libertad sin presiones externas.