En la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lo llaman «sobrecachet». Se refieren a los US$ 7 millones que de manera subrepticia cobró entre 2001 y 2011 de la firma brasileña dueña de los derechos hemisféricos de televisación, Traffic International Inc., por llevar a Lionel Messi y al resto de sus grandes estrellas a las Copas América de Perú 2004, Venezuela 2007 y Argentina 2011. Pero eso sí: eran fondos secretos que todas las demás confederaciones de fútbol del continente jamás debían conocer porque cobraban mucho menos, según reconstruyó LA NACION sobre la base de documentos que prueban esos pagos y los testimonios de varios involucrados.

 

El acuerdo hasta ahora desconocido entre la AFA de Julio Grondona y Traffic comenzó en 2001, con el pago de US$ 1,2 millón, y continuó vigente en cada nueva Copa América hasta que la canilla se cortó, recién ahora, a partir de la explosión del FIFA-gate.

La AFA se quedó así sin embolsar otros US$3 millones que el presidente actual, Luis Segura , debía negociar con Datisa, la empresa con sede en Uruguay que conforman Torneos , Full Play y Traffic, a cambio de poner en la cancha a Lionel Messi & compañía. Pero el escándalo mundial lo abortó. «Lo pedí, lo pedí», fue la respuesta de Segura, presidente de la AFA, cada vez que sus pares de comité ejecutivo o de la ya difunta «mesa chica» le reclamaban por el curso de las gestiones.

Así, de manera oficial, la AFA cobró US$ 668.940 de la Conmebol por su participación -más premios- en la Copa América de 2004. Pero de manera silenciosa recibió otro US$ 1,5 millón de Traffic. Por la de 2007, esa misma intermediaria le giró US$ 2,5 millones adicionales a los US$ 1.588.344 de la Conmebol y US$ 92.306 de la Federación Venezolana de Fútbol. Para la Copa América de 2011, organizada en la Argentina, la Conmebol distribuyó US$ 1.494.596, mientras que Traffic cedió otros US$ 601. 214 en concepto de «sponsorización y reintegros de gastos». Y a esa cifra hay que sumarles otros dos ingresos extraordinarios: US$ 3 millones de Traffic como «sobrecachet» y otros US$ 4 millones de la Conmebol para ayudar con la organización del evento.

Socios Sospechosos

Las cifras aparecen en documentos que la propia AFA entregó ante un pedido de la legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública), autora de la denuncia que motivó la investigación de la jueza federal María Servini de Cubría sobre el destino de miles de millones de pesos del Fútbol para Todos . «Le solicité los números a Segura por una nota», cuenta Ocaña. Y agrega: «En 2011, los derechos televisivos de la Copa América (eran de Traffic) los había comprado el Estado, a través del Fútbol para Todos. ¿Por qué la empresa le devuelve entonces US$ 3 millones a la AFA? Pretendo que se los brinde a la Jefatura de Gabinete», postula la ex precandidata a jefa de Gobierno porteño por el frente ECO.

 

En la AFA sostienen otra visión. «Argentina y Brasil siempre cobraron aparte del contrato madre entre Conmebol y las federaciones por participar en la Copa América. El dinero recibido por ese concepto varía y depende de la ubicación final en la competencia», aporta una de las fuentes consultadas por LA NACION. «El contrato con Traffic era un cachet extraordinario para jugar con las principales figuras. La AFA no percibe dinero por derechos de TV. «Al preguntar por qué no se blanqueó ante el resto de los países de Conmebol esa ventaja comparativa que tenían Argentina y Brasil, la respuesta es contundente: «Nunca se iban a poner de acuerdo todos los miembros de la confederación. Por eso se hizo a través de Traffic».

La ruta del dinero

Como en el entramado del FIFA-gate, este dinero silencioso para la AFA también pasó por el sistema financiero de los Estados Unidos , lo que puede colocarlo bajo la lupa del Departamento de Justicia de ese país.

El 4 de mayo de 2001, la AFA cobró en su cuenta abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires un giro de US$ 1,2 millones procedente del Standard Chartered Bank de Nueva York que ordenó el presidente de Traffic Sports International Inc. (la empresa con sede en las Islas Vírgenes que tenía los derechos televisivos de la Copa América), José Hawilla , uno de los arrepentidos de la investigación que lleva adelante el FBI contra el fútbol mundial. ¿Motivo de esa transferencia? La participación de Argentina en la Copa América de Colombia que se jugaría ese año.

El seleccionado argentino, sin embargo, no participó en ese torneo, por lo que tres años después, en 2004, la AFA debió devolver el dinero anticipado por Traffic, lo que derivó en un intercambio de notas. Entre otras, la que otro ejecutivo de Traffic Sports International Inc., el CEO Marcelo Milliet, le escribió a Julio Humberto Grondona, el 28 de julio de 2004, y en la que terminó exponiendo el carácter de ese pago. «Hacemos referencia al anticipo de US$ 1,2 millones de la Copa América 2001, así como el valor adicional de US$ 1,5 millones que habíamos comprometido a pagar a la AFA con referencia a la Copa América de 2004.»

Traffic acordó pagarle de «sobrecachet» a la AFA y restado lo que la entidad que lideraba Grondona le adeudaba desde 2001, quedó un saldo a favor de los argentinos por US$ 400.000

En esa misma carta, Milliet detalló también los créditos a favor de la AFA. Indicó que le correspondían US$ 1,5 millón de la Copa América 2004, US$ 100.000 del Preolímpico 2004 y US$ 300.000 del Sudamericano Sub 20 de 2003. Total: US$ 1,9 millones. Y, por su parte, la AFA le debía US$ 1,5 millones a Traffic: aquel US$ 1,2 millón por la Copa América 2001 más otros US$ 300.000 en concepto de intereses.

Así, computado lo que Traffic acordó pagarle de «sobrecachet» a la AFA y restado lo que la entidad que lideraba Grondona le adeudaba desde 2001, quedó un saldo a favor de los argentinos por US$ 400.000, que Traffic giró junto con esa carta, que Milliet concluyó con la siguiente frase: «De acuerdo con los entendimientos habidos con el señor presidente [por Grondona], cúmplenos informar que quedan cancelados los créditos y deudas entre la AFA y Traffic con relación a los eventos sudamericanos de fútbol de selecciones realizados hasta hoy».

Así fue. Apenas dos días después de la carta, la AFA cobró el equivalente en pesos de esos US$ 400.000 ($ 1.177.000 al tipo de cambio entonces vigente) mediante un cheque de Alhec Tours SA, empresa que años más tarde se haría conocida como la «financiera del fútbol», ya que allí solían acudir dirigentes y representantes para cambiar documentos, aunque su vinculación con la pelota provocaría una investigación (escuchas incluidas) del juez federal Norberto Oyarbide , que dictó diez procesamientos, luego fueron anulados por la Cámara Federal, que le quitó la causa y la remitió al juez Julián Ercolini para que la comience de manera más prolija.

Pero los fondos subrepticios de Traffic continuaron. El 24 de enero de 2007, a pocos meses del comienzo de la Copa América organizada por Venezuela, el gerente general de esa firma, José Geraldo de Góes, le escribió a la AFA. En su texto, aludió a una «Carta Acuerdo» firmada entre las partes el 12 de enero de 2001: era el convenio marco de los «sobrecachets» para el fútbol argentino.

A través de esa nota de Góes, Traffic reconfirmó que le abonaría US$ 2,5 millones a la AFA en dos cuotas: US$ 2 millones el 7 de marzo de 2007 y US$ 500.000 el 26 de julio, que se acreditaron al día siguiente provenientes de una cuenta del Delta National Bank en concepto de «asignación por participación». Pesificados, la AFA recibió $ 1.535.000.

Tres años después, y en la previa de la Copa América de 2010, se repitió la historia. El 19 de octubre llegó a la AFA la comunicación de cuánto le correspondería por participar en la Copa América de 2011, que organizaba Argentina, con los mejores jugadores. «Además de los valores referidos en el contrato entre Traffic y Conmebol referente a las Copas de 2007, 2011 y 2015, Traffic pagará específicamente a la AFA US$ 3 millones por la Copa América de Argentina 2011. El pago será hecho en tres cuotas iguales de US$ 1 millón, con fechas de vencimiento el 19 de octubre de 2010, el 28 de enero y el 30 de junio de 2011.

Datisa (la empresa conformada por Torneos, Full Play y Traffic) ya habría pagado US$ 40 millones en coimas por los derechos de las Copas América de 2015 (Chile), 2016 (Estados Unidos, del Centenario), 2019 y 2023. Estaba previsto que abonara US$ 70 millones más

Dicho y hecho. El 2 de noviembre de 2010 ingresaron $ 3.915.000 a la tesorería de la AFA (el equivalente a la primera cuota). El 17 de febrero de 2011 se acreditaron otros $ 3.970.000 (la segunda cuota), Y el 5 de julio, los últimos $ 4.070.000 correspondientes a la tercera cuota.

Estos US$ 3 millones correspondientes a la Copa América de 2011 pueden contar con un valor especial. Podrían ser el supuesto soborno de siete cifras que, según los investigadores del Departamento de Justicia, el «Co-Conspirador #10» (sería Grondona) le pidió a Hawilla. Sin embargo, la ruta del dinero refleja que se trataría de otra suma pactada entre Traffic y la AFA. ¿Por qué? Porque la cifra denunciada por los Estados Unidos la negoció, según la acusación, el entonces CEO de Torneos, Alejandro Burzaco, en representación del «Co-Conspirador #10». Y ese dinero nunca ingresó a la AFA, mientras que los US$ 3 millones que Traffic pagó como sobrecachet sí figuran en los libros contables del fútbol argentino.

En cualquier caso, los sobrepagos continuaron. El 29 de mayo de 2013, el comité ejecutivo de Conmebol sesionó en la paradisíaca isla de Mauricio, sede del congreso de la FIFA. Ese día, el fútbol sudamericano resolvió abonarle US$ 4 millones adicionales a la AFA «por su participación en la organización de la Copa América 2011». El importe debía ser abonado «antes de la Copa América 2015». Documentos internos de la Conmebol muestran que la cifra a favor de la AFA se acreditó el 2 de enero de 2014.

 

La matriz continental

Pero si el «sobrecachet» ya era casi una tradición, el negocio de las transmisiones televisivas de la Copa América se reconfiguró en 2013, cuando nació «Datisa», una empresa creada y distribuida por tercios entre Traffic, Torneos y Full Play, de los argentinos Hugo y Mariano Jinkis (ayer quedaron detenidos por Interpol tras presentarse ante el juez Claudio Bonadio ,ver página 13 de la Deportiva). A partir de ese momento, los derechos para cada país pasaron a distribuirse de acuerdo con la «experiencia» de cada socio en los diferentes mercados. Así, por ejemplo, en la Argentina Torneos se encargó de negociar la venta de los derechos con la Jefatura de Gabinete (como promotora del Fútbol Para Todos) y con DirecTV. Y en Chile, un informe del Centro de Investigación Periodística (Ciper) estableció que el canal 13 de ese país le pagó US$ 2,5 millones a Full Play por los derechos de la Copa América de 2011. Cuatro años después, el importe subió a US$ 12 millones. «Ahora, en perspectiva, nos damos cuenta por qué esta Copa América fue tan cara. Tenían que pagar millones de dólares en coimas», cuenta un ejecutivo del canal fuera de micrófono citado en el informe periodístico.

Torneos se encargó de negociar la venta de los derechos con la Jefatura de Gabinete (como promotora del Fútbol Para Todos) y con DirecTV. Y en Chile, el canal 13 de ese país le pagó US$ 2,5 millones a Full Play por los derechos de la Copa América de 2011. Cuatro años después, el importe subió a US$ 12 millones.

Pero Full Play tejió fluidos contactos no sólo en Chile, sino en la mayoría de las asociaciones del continente, por lo que no les costó demasiado esfuerzo reunirse con los directivos de los canales de todo el hemisferio interesados en comprar los derechos en las oficinas de Núñez, cerca del estadio Monumental.

«Hay una matriz de negocios de este tipo en todo el continente», denuncia Graciela Ocaña. «El objetivo es tener ganancias a toda costa. El dinero que Traffic, por ejemplo, le giró a la AFA, no está alcanzado por impuestos. Y no sabemos en qué gastó la AFA el dinero. La operatoria muestra que Traffic tenía una ganancia ilegítima, no justificada. Ese dinero es el que servía para pagar sobornos o hacer este tipo de retornos».

El esquema de coimas según la justicia de EE.UU.

De acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Datisa (la empresa conformada por Torneos, Full Play y Traffic) ya habría pagado US$ 40 millones en coimas por los derechos de las Copas América de 2015 (Chile), 2016 (Estados Unidos, del Centenario), 2019 y 2023. Estaba previsto que abonara US$ 70 millones más: $30 millones por la de 2016 (US$ 10 millones para Concacaf y US$ 20 millones para Conmebol); US$ 20 millones por la de 2019 (a Conmebol) y la misma cifra por la de 2023. En total, y por derechos televisivos, Datisa debía desembolsar US$ 352,5 millones. Entre supuestos sobornos y pago por derechos, la empresa debía afrontar un costo de US$ 462,5 millones

29,1 millones de dólares

Fue el superávit de Traffic por la Copa América de Venezuela 2007, con una facturación de US$ 64,2 millones, más del doble que en 2001.

«Todos podemos salir lastimados por este tema. Todos podemos ir a prisión»

La frase de Alejandro Burzaco, en la presentación de la Copa América del Centenario, que se jugará en 2016 en EE.UU., integra la acusación del Departamento de Justicia norteamericano contra el ex CEO de Torneos y 13 personas más..

 

Por lo menos once anomalías fueron detectadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) en el programa Fútbol para Todos (FPT) desde sus comienzos, en agosto de 2009, hasta el 31 de diciembre de 2012. Eso es lo que revela un contundente informe del organismo, que permaneció cajoneado durante 177 días y sería aprobado hoy, antes de ser enviado a la Justicia.

El documento cuestiona varias decisiones tomadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) en nombre del contrato de asistencia financiera a los clubes afiliados a la AFA . Entre las primeras anormalidades constatadas figura una diferencia contable entre los $ 2967 millones devengados por el programa y las órdenes de pago libradas por 2788 millones. Los casi 179 millones restantes corresponden a gastos sin respaldo.

Año por año, éstas fueron las irregularidades. En 2009 hubo dos órdenes de pago a la AFA por 90 millones , «cuya remisión fue regularizada por la JGM a requerimiento de la AGN». Y pagos por «fondo rotatorio», una especie de «caja chica», imputados al presupuesto de FPT por $ 290.998. En 2010, pagos del fondo rotatorio por $ 88.985. En 2011, «diferencias de cambio generadas por transferencias realizadas a Torneos y Competencias Internacional que ascendieron a $ 159.200». En 2012, «diferencias de cambio generadas por transferencias realizadas a Torneos y Competencias Internacional que ascendieron a $ 243.040». Y nueve órdenes de pago, por casi $ 88 millones a la Fundación del Automovilismo Deportivo de la República Argentina (Fadra), realizadas «en el marco del acuerdo de transmisión, que se habían omitido entregar en respuesta al pedido original».

Aunque el Gobierno postergó todo lo que pudo el debate sobre el relevamiento, en búsqueda de evitar la difusión de las conclusiones y las observaciones, los seis auditores y el presidente de la AGN, el radical Leandro Despouy , revisarán hoy el documento y lo aprobarían, sin descartar que sea por unanimidad.

Entre las primeras anormalidades constatadas figura una diferencia contable entre los $ 2967 millones devengados por el programa y las órdenes de pago libradas por 2788 millones. Los casi 179 millones restantes corresponden a gastos sin respaldo.

El mes pasado, la jueza María Servini de Cubría recibió una versión preliminar del trabajo. Fue tras insistir a Despouy que le enviara el informe «en el estado en que estuviera», en el marco de la investigación sobre la ruta del dinero del Fútbol para Todos iniciada en 2014 a raíz de una denuncia de Graciela Ocaña , legisladora porteña por Confianza Pública.

En la causa están imputados tres de los cinco jefes de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner , Aníbal Fernández , Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich . El documento adelantado a Servini de Cubría no incluyó el descargo de la Jefatura de Gabinete de Ministros. De todas maneras, según pudo reconstruir LA NACION, ninguna de las respuestas del Ejecutivo implicó un cambio rotundo en las observaciones de la AGN. Mucho menos su omisión en las conclusiones finales.

En su apartado de «comentarios y observaciones», el informe es crítico de la génesis del Fútbol para Todos, registrada en agosto de 2009, en un contexto de enormes deudas de los clubes ($ 40 millones con los jugadores; alrededor de $ 700 millones de pasivo en términos globales) y un marco dominado por el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La AGN asegura que «el contrato de agosto de 2009 mediante el cual la Jefatura de Gabinete adquirió los derechos de explotación de las imágenes y/o sonidos de los encuentros de los torneos de fútbol realizados por la AFA no fue tramitado conforme las prescripciones del Reglamento para la adquisición, enajenación y contratación de bienes y servicios del Estado nacional».

 

 

La Dirección de Asuntos Jurídicos de la JGM hizo su descargo sobre este punto ante la AGN: «(…) el contrato adquiere una naturaleza jurídica particular, en consideración a las partes involucradas, el carácter del vínculo y las obligaciones a las cuales se comprometen», se argumentó crípticamente desde la cartera que conduce Aníbal Fernández .

El estudio objeta la indexación anual del acuerdo, sobre la base del aumento del Valor Básico de Referencia (VBR) del abono de cable. Dice la AGN, en el punto 4.1.8 de su informe, que ese método de ajuste «constituye un procedimiento de actualización monetaria o indexatorio no permitido por la ley 23.928».

La JGM defendió la metodología y recordó que en diciembre de 2011, cuando se firmó la primera agenda al convenio original, no aplicó el aumento que correspondía por el incremento del VBR, sino un ajuste menor. Según la evolución del VBR, a la AFA le correspondían $ 949.800.000; percibió $ 825.000.000. De todas maneras, el índice sí es usado como referencia para negociar las actualizaciones del convenio. Que no se respete es otra cuestión.

El estudio refiere que «no obran en las actuaciones donde se tramitó la formalización del contrato, ni antes de la firma ni después, los documentos técnicos demostrativos de la invocada crisis de los clubes ni de la verosimilitud de las millonarias sumas adeudadas por éstos denunciadas por la AFA». Es decir, la Jefatura de Gabinete no aportó ni una sola prueba que revelara que el contexto económico del fútbol argentino en agosto de 2009 fuera tan grave como para ameritar su intervención.

Tampoco hay un solo papel ni estudio de mercado que justifique los $ 600 millones que comenzaron a pagarse como mínimo anual garantizado a la AFA.

La AGN cuestiona a la JGM por haber firmado un contrato con la AFA sin mecanismos de control que acrediten «en forma periódica» el cumplimiento de los compromisos asumidos por los clubes. Y abunda: «Esto no permite al Estado monitorear el resultado de las acciones de saneamiento financiero y reordenamiento administrativo de los clubes y determinar, en su caso, en qué momento esta finalidad se encuentra cumplida». La explicación de la JGM fue que la motivación principal del Gobierno era la transmisión de los partidos en forma gratuita para todos los argentinos. La crisis de los clubes, en todo caso, fue la razón por la que la AFA necesitaba aumentar sus ingresos.

El primer documento que acredita el agujero económico y financiero data del 11 de julio de 2012, cuando el Fútbol para Todos estaba a punto de cumplir tres años. Fue un comunicado oficial de la AFA en el que manifestaba «su profunda preocupación por las deudas, por el altísimo costo de los contratos de los jugadores, así como también por los enormes endeudamientos generados por algunos clubes». El comunicado agregaba: «Lamentamos observar que los cuantiosos fondos distribuidos entre los afiliados no sirvió en la mayoría de los casos para achicar pasivos ni para cancelar contratos suscriptos, sino todo lo contrario: se generó mayor endeudamiento y promesas contractuales en muchos casos impagables». Es decir: a pocos días de que el Fútbol para Todos cumpliera tres años, la AFA blanqueaba que uno de sus principales objetivos, recuperar la fortaleza económica de sus afiliados, no se había cumplido.

El primer documento que acredita el agujero económico y financiero data del 11 de julio de 2012, cuando el Fútbol para Todos estaba a punto de cumplir tres años. Fue un comunicado oficial de la AFA en el que manifestaba ‘su profunda preocupación por las deudas, por el altísimo costo de los contratos de los jugadores, así como también por los enormes endeudamientos generados por algunos clubes’

Al referirse a la retransmisión de los partidos del FPT, la auditoría advierte la ausencia de «una reglamentación que organice la operatoria de suscripción de los acuerdos emitidos por el programa y los canales interesados (…), ni surge cuáles son los requisitos que deben cumplir las empresas de televisión por aire o cable que retransmiten la señal del FPT, así como el proceso de convocatoria y selección de estas empresas».

Entre las características del FPT que llaman la atención hay una que sobresale: no tiene metas presupuestarias. Es decir, su única misión es que los argentinos accedan en forma gratuita a la transmisión de los partidos, sin importar el dinero que se gaste. Ocurre eso pese a que la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, en su artículo 34, exige: «(…) todas las jurisdicciones y entidades deberán programar, para cada ejercicio, la ejecución física y financiera de los presupuestos». Según concluye la AGN, «ante la ausencia de definición de metas físicas, no resulta posible evaluar la eficiencia de la gestión del programa».

El informe detalla gastos por $188.913.638 que no tienen la orden de compra correspondiente, por lo que no se completaron los pasos para habilitar el pago. Se distribuyen de la siguiente manera:

2009: $ 6.361.000.

2010: $ 13.238.916.

2011: $ 47.263.076.

2012: $ 122.050.646

¿Quiénes fueron los beneficiarios? VTS SA (servicio de generación de imágenes), Farolito International Entertainment (servicios de producción general), Wayson Producciones (servicios de móviles y enlaces), Transvideo SA (servicios de móviles y enlaces), Santa Mónica Argentina SA (derechos de TV), Torneos y Competencias S.A. (realización integral de partidos de la B Nacional y derechos televisivos de la selección), Torneos y Competencias Internacional (derechos de TV por la Copa América 2015, por el Sudamericano Sub 20 de Mendoza 2013, por 32 partidos del Mundial Brasil 2014 y por el Mundial Sub 20 de Turquía, al cual no se clasificó la Argentina), la AFIP (retenciones por Ganancias) y el Banco Nación (compra de divisas para pagos de derechos de TV de partidos internacionales), entre otros.

En el documento, la AGN anticipa dos motivos que llevaron al FPT a afrontar estas cifras bajo la figura del «legítimo abono», término administrativo con el que se conoce el pago de gastos sin orden de compra: 1) La habitualidad en la prestación de servicios de las citadas empresas para desarrollar el cometido del FPT sin cumplir con los procedimientos de contratación pública. 2) «La ausencia de una adecuada planificación de contrataciones y su seguimiento».

Según el trabajo que hoy sería avalado por la AGN, el procedimiento es el siguiente: se inicia un expediente con la o las facturas presentadas por los proveedores en las que el FPT asienta la conformidad del servicio recibido, se giran para la intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y el dictado de una Resolución de la Jefatura de Gabinete reconociendo el crédito y ordenando su pago». Dice la AGN que «el organismo ha desvirtuado un procedimiento de excepcional aplicación en el ámbito de la administración pública instituyendo un procedimiento usual y alternativo de contratación y pago a prestadores vedado por las normas vigentes».

Ante la acusación, la JGM emitió su descargo sobre los pagos realizados bajo la modalidad de «legítimo abono»: «La urgencia al firmarse el contrato, las circunstancias de los servicios a brindar gratuitamente, y la posterior televisación de la B Nacional (con River) justifican el tipo de procedimiento del legítimo abono». El Poder Ejecutivo aseguró que antes del fin del período auditado (31 de diciembre de 2012) el sistema de compras y contrataciones del programa se había regularizado.

Otro de los procedimientos cuestionados es la ausencia, sin razón aparente, de pauta privada en el programa desde el 27 de febrero de 2010

Otro de los procedimientos cuestionados es la ausencia, sin razón aparente, de pauta privada en el programa desde el 27 de febrero de 2010. Dice el documento: «No se obtuvo evidencia de acto administrativo, órdenes o instrucciones formales de autoridad competente que hayan dispuesto el cese de la comercialización de la publicidad de privados ni de las razones existentes para tal decisión».

El único documento que se refiere al cese de los avisos particulares está redactado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y recuerda que fue «el Comité de Coordinación de Gestión» el que «resolvió emitir en todos los encuentros televisados exclusivamente avisos referidos a la publicidad oficial».

El último aspecto que aborda la investigación es el contrato de publicidad con Iveco, el único sponsor del Fútbol para Todos desde 2010. «No es posible conocer las razones que llevaron a la Jefatura de Gabinete a contratar con Iveco en forma directa y no con otro auspiciante. No están explicitados los motivos por los cuales el organismo aceptó recibir pagos en especie, supuesto no previsto en el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional, cuando el procedimiento normal es el pago en dinero», describe la AGN.

Además, «no está acreditada la necesidad previa de adquirir los vehículos comprometidos por Iveco, los sectores requirentes y el uso a dar a los mismos». A la hora de analizar el precio pagado por la fábrica de camiones, el organismo explica: «No fue posible establecer si guardó correspondencia con el valor de la publicidad para este tipo de contratos de sponsor». De todas formas, la AGN simuló cuánto hubiese tenido que pagar Iveco si hubiera abonado por los minutos en pantalla de acuerdo con el tarifario vigente en 2010. Ese valor hubiera sido de $28.880.000. Los $ 7 millones que abonó la empresa en camiones constituyen un 75,76% menos. Sobre este apartado se manifestó el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández: «Es una publicidad específica, y le sirve al Gobierno porque con una cantidad de dinero acordada consigue más especie que las cosas que podría haber comprado. Normalmente, esos camiones sirven para servicio mucho más que si los hubiesen comprado. Si se los compra, pagaría mucha más plata que la que significa desde el punto de vista de la publicidad», dijo el dirigente quilmeño en La Red.

El documento desliza una crítica para la AFA, a la que acusa de no entregarle comprobante alguno al Poder Ejecutivo por las millonarias transferencias mensuales que recibía. Fue una costumbre hasta abril de 2012. «Los pagos realizados a la AFA desde el inicio de la relación contractual hasta abril de 2012 se realizaron sin la correspondiente emisión de factura por parte de esta asociación. Recién con los pagos realizados a partir de mayo de 2012 la AFA procede a entregar facturas».

El acuerdo que no le iba a costar un peso al Gobierno

 

 

Con el pago anual garantizado de 600 millones de pesos por parte del Estado, en agosto de 2009 el entonces y hoy de vuelta jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el número 1 de la AFA, Julio Humberto Grondona, con la presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, suscribieron el convenio asociativo del Fútbol para Todos. El acuerdo no le iba a costar un peso al gobierno nacional y contemplaba el pago del 50% del monto de comercalización que excediera la cifra asegurada. Nunca se superó.

Números y decisiones sin explicación

189

Millones excepcionales

Se pagaron bajo la figura de «legítimo abono», es decir, sin la correspondiente orden de compra

7

Millones pagó Iveco

Esa es la cifra que desembolsó en 2010 el único sponsor del FPT. La AGN calculó que el valor de la publicidad de entonces en 28,88 millones

Sin control

La AFA nunca cumplió con las medidas de saneamiento económico de los clubes comprometidas ante el Gobierno, que nunca exigió su puesta en marcha

Sin motivos

La AGN no encontró evidencia de actos administrativos, órdenes o instrucciones de autoridad competente que hayan dispuesto el cese de la comercialización de la publicidad privada ni razones para tal decisión.

Fuente: La Nación, 15/04/15.

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