Amado Boudou procesado por coimas y negociaciones incompatibles

 

 

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Caso Ciccone: el engaño de la IGJ

La Korrupción en el Caso Ciccone

La corrupción de los Kirchner

El Latrocinio Kirchnerista

Once años de engaño y corrupción es el resultado que dejan los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Aquí van unos pocos ejemplos como ayuda-memoria:

Negocios y poder: un tango de dos que se profundizó en la era K
La avaricia es la forma extrema de la corrupción
La corrupción, una de las claves del modelo
Corrupción: la punta de uno de tantos icebergs
Afirman que la hija de Bonafini realizó operaciones inmobiliarias por US$ 500.000 en dos años
La gravedad institucional del caso Boudou
Ordenaron la detención de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte
José María Campagnoli: «La Justicia no tiene equipos independientes para investigar a funcionarios públicos»
Jaime, emblema de impunidad
Controles que fallan adrede
Los nexos empresarios de Pérez Gadín en España llegaron hasta Vandenbroele
De Vido, eje de las sospechas de EE.UU.
Felisa Miceli, condenada a cuatro años de prisión
En medio del cacerolazo, allanaron «La Rosadita» en Madero Center
Limitan las facultades de la fiscalía que investiga la corrupción
La impunidad al desnudo
Denuncian a Boudou y lo investigará Rafecas
En Santa Cruz, De Narváez pidió «investigar el patrimonio de Kirchner»
Garrido se quejó por el límite a su fiscalía y alertó sobre los efectos
Advierte Garrido que habrá más impunidad
El Gobierno defendió el recorte de atribuciones al fiscal Garrido
Niegan datos a la fiscalía de Garrido

Cristina y Lázaro socios en negocios turbios (fotomontaje).

La IGJ alteró datos oficiales para proteger a Boudou

Alteran datos oficiales de The Old Fund para proteger a Boudou.

Por Hugo Alconada Mon.

 

Dos meses después de que estallara el caso Ciccone, en febrero de 2012, manos anónimas robaron de la Inspección General de Justicia (IGJ, dependiente del Ministerio de Justicia) el legajo original de The Old Fund, el misterioso fondo que se quedó con la imprenta y que era liderado por Alejandro Vandenbroele, presunto testaferro de Amado Boudou. Un mes más tarde, el organismo dio por completada su «reconstrucción». Pero los documentos y registros que se usaron para hacerlo tienen por lo menos una docena de indicios sobre su falsedad, según surge de copias de libros societarios que cotejó LA NACION durante los últimos tres meses.

Los indicios se centran en los accionistas, los apoderados y algunas firmas, fechas y domicilios de quienes aparecen en The Old Fund, como también en los sellos y los folios de seguridad que la IGJ debe adosar a ciertos documentos para certificar su autenticidad. Así, si la información reconstruida no es la que constaba en el documento original, una pregunta queda en el aire: ¿qué datos o nombres sensibles había en aquel legajo?

Las inconsistencias más evidentes son las fechas. Entre otros motivos, porque Vandenbroele, único rostro visible de The Old Fund, se presentó ante una escribana para certificar una asamblea de ese fondo sólo el 28 de febrero de 2012, tres semanas después de que estallara el escándalo, aun cuando esa asamblea, en teoría, había ocurrido dos años y medio antes.

Ese 28 de febrero -un día antes de que comenzara la defensa pública de los implicados por medio de una solicitada también cuestionada en la Justicia-, Vandenbroele le pidió a la escribana Gabriela Antoniazzi que certificara la asamblea del 1° de septiembre de 2009, en la que se informó que el propio Vandenbroele asumía como «presidente» de The Old Fund.

Los libros societarios muestran, sin embargo, que Vandenbroele figuró no como presidente, sino como «accionista» de la firma, y así permaneció durante meses, hasta que el fondo holandés Tierras International Investments irrumpió como accionista de la firma en la asamblea de, en teoría, el 15 de marzo de 2010.

El registro de esta asamblea muestra sus propias irregularidades. La fecha en que se celebró aparece tachada en el libro y sobrescrita en «abril» de ese año. Pero ni siquiera concluyeron así los vaivenes. Porque en esa asamblea también se resolvió cambiar la sede de The Old Fund al estudio del abogado (y ex inspector de la IGJ) Albert Chamorro Hernández, que recién se inscribió en ese organismo el 22 de diciembre de 2010 con otro error crucial: las fechas informadas a la IGJ tampoco coinciden con las que aparecen en los libros. Ni con la fecha original (marzo de 2010) ni con la sobrescrita (abril de ese año).

Por entonces, el desembarco de The Old Fund en la ex Ciccone aún no había comenzado. Pero el cuestionado «asesoramiento» al gobierno de Formosa ya había fructificado. El entonces ministro de Economía, Amado Boudou, firmó una «adenda» clave el 11 de marzo y Vandenbroele embolsó $ 7,6 millones el 21 de mayo.

Para acrecentar las sospechas sobre la autenticidad de los libros de la sociedad, Vandenbroele sólo los entregó a la Justicia en junio de 2012 -cuatro meses después de estallar el escándalo-, y, según verificó LA NACION, las anotaciones en dos de esos libros las volcó una imprenta de la calle Reconquista al 500 de Buenos Aires, en lugar de la que hasta ese entonces se había utilizado, sobre Uruguay al 400.

El problema es que la imprenta de la calle Reconquista sólo abrió sus puertas a fines de 2011 y se registró ante la AFIP a principios de 2012, según verificó LA NACION, por lo que pudo cumplir su labor cuando el «caso Ciccone» ya llevaba semanas en la Justicia y los medios de comunicación.

Al entregar a la Justicia los libros societarios de The Old Fund, además, Vandenbroele no presentó uno clave: el de «depósito y asistencia de asambleas». Sólo aportó una copia, en papel suelto, de una sola asamblea, acaso la más relevante y cuestionable de todo el legado reconstruido: la que ocurrió el 29 de octubre de 2010.

Ese día, apenas 48 horas después de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, se modificó el control de The Old Fund: se retiró el accionista minoritario Sergio Gustavo Martínez -amigo de José María Núñez Carmona y prófugo de la justicia de Estados Unidos-, mientras que el fondo holandés Tierras International Investments pasó a repartirse la sociedad por mitades con la firma uruguaya Dusbel SA.

Beneficiario final

La irrupción de Dusbel -con acciones al portador, pero con Vandenbroele como «beneficiario final», según consta en los registros uruguayos- acumula sus propias irregularidades. Se inscribió en la Inspección General de Justicia recién un año después, es decir, en octubre de 2011, pero ese trámite se perdió y la copia que Vandenbroele presentó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5 incluye un folio de seguridad que carece de los hilos o «pelos» que, como en el papel moneda, certifican su autenticidad.

La desplazada titular del Registro Nacional de Sociedades Silvina Martínez no descarta que se haya antedatado el arribo de Dusbel. «¿Esa firma uruguaya realmente pasó a controlar la mitad de The Old Fund en octubre de 2010? El dato resulta llamativo, ya que el trámite de la IGJ se «perdió» y el libro pudo haber sido copiado meses después -estimó-, mientras que la documentación en poder de la sociedad es de dudosa autenticidad.»

Alejandro Vandenbroele

Titular de The Old Fund

El presunto testaferro de Amado Boudou habría recibido protección desde el organismo que tiene a su cargo la responsabilidad de fiscalizar las sociedades.

Fuente: La Nación, 18/08/14.

CFK y Amado Boudou

El vicepresidente argentino, Amado Boudou, procesado por corrupción

Caso Ciccone, mucho más que una mordida

Caso Ciccone, mucho más que una mordida.
Por Alvaro Abos.

El caso Boudou no es un hecho aislado, sino la culminación de un comportamiento que atravesó todos los años del kirchnerismo.

Cuando Néstor Kirchner asumió como presidente, su ministro de Planificación, Julio De Vido, nombró síndica adjunta en la Sindicatura General de la Nación a su propia esposa, Alessandra Minicelli. El hombre que manejaba un abultado presupuesto estatal sería controlado por su propia consorte. Temprano mostró el gobierno kirchnerista su desprecio por la ética pública. Tras tan lucida designación, los Kirchner vaciaron los organismos anticorrupción, colocando en ellos a funcionarios adictos, un destino del que sólo se salvó la Auditoria General de la Nación ,dirigida por Leandro Despouy, porque la ley establece que la presida un representante de la oposición. En los últimos diez años se han abierto 700 causas por corrupción, pero sólo ha habido tres condenas. En cambio, un fiscal, Campagnoli, que se animó a investigar a Lázaro Báez, empresario amigo y beneficiario del poder, debe estos días comparecer ante un jury. El perseguido es el que investiga.

La corrupción es estructural al kircherismo porque los Kirchner han basado su carrera pública en el axioma según el cual para hacer política hay que tener plata. Para ellos, la caja es el valor central, y su historia, desde que se establecieron en el Sur, lo demuestra. Todo esto ha sido dicho muchas veces, y quien esto firma lo ha repetido en tantos artículos que hasta da un poco de vergüenza la reiteración. Sin embargo, las denuncias de corrupción no alcanzaron a influir en las decisiones políticas tomadas por la sociedad. Es que en la Argentina impera la blandura ética, heredera de un legendario lema brasileño, inventado por el político Ademar do Barros, cuyos partidarios, en las campañas para comicios por la alcaldía y luego gobernación de San Pablo (que ganó), lo presentaban así: «Rouba mais faz» (roba pero hace). Ese relativismo ha calado tanto en la sociedad que un escritor, por cierto muy crítico con el Gobierno, hace poco calificaba a las protestas contra la corrupción como «honestismo». Un término evidentemente despectivo. En 1983, Raul Alfonsín exageraba así: «Con la democracia se come, se cura y se educa». Era cierto, aunque no bastaba. Protestando contra la corrupción, alegan algunos hoy, no se avanza en la historia.

No alcanza sólo con denunciar la corrupción, pero sin confrontar con la corrupción ningún otro avance será posible, porque la corrupción pervierte cualquier sistema político y puede colapsarlo.

Resta por ver cuándo la sociedad se cansará de mirar con paciencia vicios como el robo de los dineros públicos ahora que ése y otros desafueros acompañan no ya el crecimiento sino las penurias materiales de amplias mayorías.

Boudou, políticamente, es una rémora del cristinismo rampante. El dedazo lo consagró en las viejas épocas de gloria: en aquel 2011 en el cual, cabalgando sobre el huracán necrofílico -Néstor, que acababa de morir, era elevado al altar de Padre de la Patria- resplandecía la idea de la Cristina Eterna. Después, todo cambió. Murió Chávez, Bergoglio fue Papa, la economía empezó a fallar. En 2011, un vicepresidente lindo, rockero, y sobre todo piola, les pareció una brillante idea a los estrategas de pacotilla. Ahora, la careta cayó y Boudou se transformó en un anacrónico malandra. Eso pasa cuando se hace política con miras cortas.

La supuesta apropiación de la fábrica de papel moneda para convertirla en un negocio privado es más grave que el típico acto de corrupción en el cual un funcionario lucra aprovechando su situación en el Estado. El caso Ciccone no fue sólo una mordida. Fue el síntoma de un hambre insaciable. Fue un asalto en regla a la sociedad.

El Gobierno no puede soportar una justicia inquisitiva, típica de los finales de época. Cuando los jueces perciben el cuesta abajo, se ponen rigurosos. No es nuevo el fenómeno. Oscar Salvi procesó al devaluado Massera cuando aún había uniformados en la Casa Rosada, pero la salida del poder estaba cercana para el siniestro Proceso. Jorge Urso, con prudencia, esperó a que Menem bajara del trono para detenerlo.

La Argentina tiene a su vicepresidente imputado y a punto de ser procesado por delitos de corrupción: ¿puede haber un hecho más simbólico de la decadencia nacional? No es el único. La Universidad de Buenos Aires, el lugar que convocó, en su momento, a las grandes mentes de América, de Mariátegui a Vasconcelos, ha retrocedido siete puestos en el índice que elabora la consultora global QS para medir la calidad académica de las universidades del mundo. En la calle, se viven formas atroces de indignidad: por ejemplo, se lincha a supuestos ladrones. Mientras Brasil es capaz, con todas sus fallas y defectos, de organizar un Mundial de fútbol, o sea un evento de alcance universal, en la Argentina ni siquiera se ha podido jugar normalmente una final de ascenso (hubo que llevar el partido a cien kilómetros). Es que campan por sus fueros los delincuentes que la Presidenta idealiza como «héroes del paraavalancha».

La prensa oficial defiende a Boudou con un argumento ad hominem: la Justicia decidirá en su momento, dicen; mientras tanto, calificar a un acusado es lincharlo. En lógica, argumentar ad hominem quiere decir juzgar las personas, no los hechos. Los kirchneristas hicieron de esta práctica su biblia. A Ernestina de Noble, por ejemplo, la crucificaron no por sus ideas o prácticas del periodismo, sino como «apropiadora de niños robados»; finalmente, una fábula. A Boudou, dicen, se lo persigue porque él le arruinó el negocio a las cajas de jubilación privadas. Ocultan, interesadamente, que la Justicia en este país es pública. Los medios de comunicación ventilan la vida pública y por lo tanto las pruebas de los procesos son examinadas por la opinión pública. La Justicia es abierta al pueblo. Fue el reclamo de los kirchneristas cuando querían reformar el Poder Judicial, acusándolo de ser una cueva cerrada. La prensa adicta al poder no dice una palabra de las pruebas contra Boudou, evidencias tangibles que serán oportunamente evaluadas en sede judicial, pero que las investigaciones periodísticas exhiben día a día. Esa prensa oficialista, cual púdica doncella, clama: «¡Hay prejuzgamiento!»

Aun si Boudou le hubiera arruinado el negocio a poderosas empresas, nada borraría el delito que se le imputa.

Fuente: La Nación, 19/06/14.

Reportaron operaciones de Boudou por sospechas de Lavado de Dinero

Reportaron operaciones de Boudou por sospechas de lavado de dinero.
Por Hugo Alconada Mon y Santiago Dapelo.

Varios bancos y la AFIP alertaron sobre movimientos millonarios del vicepresidente y de su amigo y socio Núñez Carmona; el monto de las siete operaciones investigadas supera los $ 38 millones.

El vicepresidente Amado Boudou figura en los registros de la Unidad de Información Financiera (UIF) , que debe investigar si una de las sociedades comerciales que controla junto a su amigo y socio José María Núñez Carmona lavó unos 7 millones de pesos.

Las sospechas se concentran en una de las dos únicas sociedades que Boudou reconoce como propias ante la Oficina Anticorrupción (OA), Inversiones Inmobiliarias Aspen. Pero en las actas de asamblea de esa sociedad consta que su grupo empresario es más amplio e incluye otras cinco firmas: dos agencias de publicidad (Action Media y WSM), una firma organizadora de eventos (Rock Argentina), otra dueña de un yate (Embarcaciones Argentinas) y, por último, Beaver Cheek.

El HSBC emitió el reporte de operación sospechosa (ROS) a fines de 2012, meses después de que estallara el caso Ciccone. En el informe que remitió a la UIF, detalló que Boudou y Núñez Carmona jamás aportaron la documentación que los oficiales de cumplimiento antilavado del banco les solicitaron para verificar la legalidad de los movimientos por unos $ 7 millones en sus cuentas.

En su reporte a la UIF, el HSBC completó los pasos de rigor. Detalló todos los movimientos bancarios de Aspen, así como remitió el análisis preliminar que desarrollaron sus oficiales sobre el vicepresidente, su socio y un amigo de ambos, Juan Carlos López, «el Sordo».

Sin embargo, el reporte del HSBC que incluyó a Boudou no es el único que apuntó a su entorno inmediato, y tampoco sobre la operatoria del caso Ciccone. Al menos otros seis ROS alertaron sobre posibles operaciones de lavado vinculadas a esta trama durante los últimos años por un monto global que supera los $ 38 millones. Y a eso se sumó un requerimiento de colaboración desde las autoridades antilavado de España.

Estos reportes llegaron a la UIF, que conduce José Sbattella, provenientes de los bancos Macro, Santander, Hipotecario y de la AFIP, según reconstruyó sobre la base de documentos oficiales, cuya copia obtuvo LA NACION, que los verificó con fuentes oficiales y de sectores antilavado, bancarios y financieros.

Núñez Carmona protagoniza tres de esos reportes; el misterioso fondo controlante de la nueva Ciccone, The Old Fund, otros dos; y los restantes dos se concentraron en London Supply, la firma que depositó $ 1,8 millones ante la Justicia para levantar la quiebra de la imprenta, pero casi de inmediato retiró esos fondos por fuera del expediente.

El socio de Boudou quedó bajo la lupa antilavado cuando comenzó a mostrar un súbito crecimiento patrimonial en simultáneo con el arribo de Boudou a la función pública. Incluyó compra y venta de inmuebles y automóviles, dólares y títulos públicos, al tiempo que recurrió al primer blanqueo que lanzó el Gobierno en 2009 para blanquear 7.267.850 pesos, según verificó LA NACION sobre la base de documentos de la AFIP.

Con el blanqueo de esos $ 7,2 millones, Núñez Carmona se convirtió en el contribuyente que más dinero exteriorizó en la zona de Mar del Plata, lo que provocó además presiones cruzadas dentro del organismo.

A partir de allí, la AFIP inició su investigación sobre Núñez Carmona y su entorno, al tiempo que el Banco Hipotecario remitió a la UIF su ROS sobre el socio de Boudou. Alertó sobre que el 26 de agosto de 2009 depositó US$ 500.000, en efectivo, para luego completar varias operaciones de cambio y de títulos públicos.

En su informe a la UIF -del 5 de julio de 2010-, el Hipotecario también aportó la declaración jurada que firmó Núñez Carmona, en la que sostuvo que no era una «persona políticamente expuesta». Por entonces, su socio era ya ministro de Economía y cinco días antes había anunciado el lanzamiento de un canje de los bonos atados a la inflación.

Casi dos años después, los bancos Macro y Santander enviaron sus ROS, que resultan casi gemelos. Ambos apuntan contra el misterioso fondo controlante de la nueva Ciccone, The Old Fund; se remitieron seis semanas después de que estalló el escándalo. El primero se envió el 21 de marzo de 2012; el restante, el 22.

Ambos reportes, además, se enfocan en su único rostro visible, Alejandro Vandenbroele, y en sus movimientos millonarios. Según el Santander, el monto global bajo sospecha ascendió a los $ 9,3 millones de «origen desconocido»; en el Macro, un poco menos: $ 7,3 millones.

El amigo y socio de Vandenbroele que en teoría alquiló el departamento de Boudou, Fabián Carosso Donatiello, también protagonizó su alerta. Pero en su caso, proveniente de Madrid, donde reside desde hace años. La unidad antilavado española envió una «solicitud de información», conocida más por sus siglas: SIR.

El requerimiento español se registró con el número 700.135 y se centró en la firma en la que ambos, Vandenbroele y Carosso Donatiello, figuraban como miembros del directorio: Agroibérica de Inversiones SA.

Desde el HSBC también apuntaron al caso Ciccone desde otro ángulo. Reportaron a la empresa London Supply cuando salió a la luz que esa firma había depositado $ 1,8 millones en un expediente judicial para ayudar al fondo The Old Fund levantar la quiebra de la ex Ciccone.

El informe se concentró en London Supply y algunos de sus accionistas y ejecutivos, como Eduardo Taratuty y Víctor Hugo Bonnet. Pero excluyó a otro de sus dueños, Miguel Castellano, amigo de Mar del Plata de Boudou y Núñez Carmona. Al declarar ante la Justicia, afirmó que aportó esos fondos -que recuperó por fuera del expediente en cuestión de días- porque se lo pidió Vandenbroele, un amigo del «surf».

La serie de movimientos que alertaron sobre Boudou y sus allegados en los últimos años:

– A fines de 2012, el HSBC reportó al vice y a Inversiones Aspen por unos 7 millones de pesos. El 22/3/2012, el Santander liberó un ROS contra The Old Fund por $ 9,3 millones.

– El 21/3/2012, el Macro informó al misterioso fondo que controla Ciccone por $ 7,3 millones.

El 26/8/2009, el banco Hipotecario alertó que Núñez Carmona depositó US$ 500.000, en efectivo.

– El febrero de 2012, el HSBC hizo dos reportes sobre London Supply, que depositó $ 1,8 millón para ayudar a The Old Fund.

– En 2009, la AFIP inició su propia investigación sobre Núñez Carmona.

Fuente: La Nación, 08/06/14.

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La gravedad institucional del caso Boudou

La altísima investidura del principal imputado y los actos tendientesa protegerlo han agravado el escandaloso episodio de corrupción.

Desde hace diez días, Amado Boudou ostenta el vergonzoso galardón de ser el primer vicepresidente argentino en ejercicio acusado de corrupción . A raíz del affaire de la ex imprenta Ciccone, será indagado mañana por el juez federal Ariel Lijo.

La gravedad institucional que entraña este caso radica no sólo en el alto rango del principal imputado, sino en los distintos actos con que se buscó encubrirlo. Basta recordar la forma en que, tras infundadas denuncias lanzadas por el vicepresidente, se forzó la renuncia del entonces procurador general de la Nación Esteban Righi, al tiempo que se removió al fiscal Carlos Rívolo, quien investigó el caso, y al primer juez que tuvo la causa, Daniel Rafecas. No menos graves resultan las sospechas sobre un reciente intento para apartar del expediente al actual juez interviniente.

El colmo llegó con las últimas declaraciones de Boudou, quien, en una muestra de cinismo y desfachatez que deshonra su investidura y da cuenta de su sensación de impunidad, provocó al magistrado y acusó a los diarios Clarín y lLA NACION de estar detrás de las acciones del juez.

Lijo acusó al vicepresidente de la República de haber adquirido de modo irregular la ex Ciccone Calcográfica, por entonces quebrada, junto con su socio José María Núñez Carmona, utilizando con ese fin a la sociedad The Old Fund, presidida por Alejandro Vandenbroele. El objetivo, según el juez, consistía en obtener contratos del Estado para que la imprenta hiciera negocios como la impresión de papel moneda, de documentación oficial y de boletas electorales del Frente para la Victoria, que llevó al poder a Boudou, compañero de fórmula de Cristina Kirchner en 2011.

Para el magistrado, el afán de llevar adelante negocios ilegales en su beneficio y a costa del Estado perjudicó directamente los intereses nacionales. Funcionario de una ambición y una frivolidad desmedidas y sin escrúpulos, Boudou llegó al altísimo cargo que ocupa gracias al dedo presidencial.

Para fundar la afectación de los intereses nacionales por parte de Boudou, el juez Lijo sostuvo: «Con la finalidad de que Ciccone Calcográfica sea contratada por el Estado nacional, Boudou habría interrumpido una licitación que tramitaba en Casa de Moneda, que permitía el autoabastecimiento de la producción de la totalidad de las demandas de billetes del Banco Central».

Entre otras muchas disposiciones, la intervención de Boudou en el caso Ciccone ha violado por lo menos dos artículos del Código de Ética de la Función Pública, que data de 1999. Son los que prohíben al funcionario público «involucrarse en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones», y que también le prohíben obtener o procurar con su cargo beneficios o ventajas indebidas para sí o para otros.

Lo emblemático de este nuevo y gravísimo hecho de corrupción de la era kirchnerista surge también debido a que sus pormenores ponen de relieve una nueva modalidad. En una escalada sin límites, el típico pedido de coimas habría sido superado por la temeridad desvergonzada y la codicia de atreverse a la apropiación de negocios privados por medio de empresarios amigos o simples allegados capaces de actuar como testaferros utilizando el poder del Estado.

Tampoco parece casual la intervención del gobierno formoseño contratando a una empresa sin trayectoria alguna, como The Old Fund, abonándosele la friolera de 7,6 millones de pesos por un servicio de negociación de deuda que en el resto de las provincias se resuelve naturalmente mediante el diálogo entre funcionarios.

Otro punto de los muchos que la Justicia deberá esclarecer es un interrogante que este diario planteó varias veces: ¿quién aportó los más de 50 millones de pesos que le permitieron a Vandenbroele reflotar Ciccone?

Dos marcas de fábrica han identificado al kirchnerismo desde que accedió al poder en 2003: la mentira constante, disfrazada de relato, y la corrupción sistémica. Un caso como el que nos ocupa no pudo consumarse por la sola voluntad de Boudou y un puñado de aventurados amigos y allegados como su socio Núñez Carmona y Vandenbroele, conocido de ambos, según el juez Lijo. Si bien, por el cargo que ocupa, Boudou se perfila en las acusaciones como la figura estelar de ese escándalo, nadie que haya seguido con atención las actuaciones piensa que pueda haber actuado en soledad. Sin la connivencia de una extendida, influyente y compleja red de complicidades que se tendió desde los máximos niveles del Gobierno, poco podría haber logrado el vicepresidente.

Más de diez áreas y funcionarios de peso habrían brindado su activa colaboración al vicepresidente. Por ejemplo, Defensa de la Competencia dictaminó en contra de la empresa Boldt, que en determinado momento quiso comprar Ciccone. En el apartamiento de Boldt, también intervino el entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Y la Inspección General de Justicia no registró las irregularidades de The Old Fund.

Numerosos indicios, todos graves y concordantes, señalan que en los orígenes de la maniobra urdida para quitarle la imprenta a la familia Ciccone habría participado el ex presidente Néstor Kirchner. La muerte de éste, en octubre de 2010, alteró los planes iniciales, pero no eliminó el sustento operativo por lo que se recrearon, tras su desaparición, las condiciones necesarias para concretar la corrupta estratagema.

Para algunos observadores, es ése el motivo por el cual la primera mandataria ha defendido y aún defiende a ultranza al funcionario, pese a las pruebas recolectadas por el juez. Por este motivo, la comprometida situación judicial de Boudou afecta a la Presidenta.

Así las cosas, el caso Boudou-Ciccone se proyecta como un fenómeno de patética e inusitada gravedad para la vida institucional del país que se opone también palmariamente con un relato oficial por el que se ha procurado edificar, para beneficio de los gobernantes, un régimen de supuesto progresismo. Si Néstor Kirchner no estuvo en los orígenes del caso Ciccone, no habría razones políticas que permitan entender por qué se prolonga todavía el manto de protección que el núcleo más duro del oficialismo ha echado sobre las espaldas del vicepresidente. Menos aún cuando al Gobierno le queda apenas un año y medio de gestión por delante y nadie sueña, con sano criterio, en acortarle el mandato.

Es de esperar que la investigación en marcha esclarezca lo ocurrido sin omitir las responsabilidades conexas de los numerosos funcionarios y allegados que se encuentran involucrados. Porque en esta delicada trama se juega la salud y la dignidad de la República.

Fuente: La Nación, 08/06/14. Editorial.

El vicepresidente argentino será indagado por corrupción

La Justicia indagará a Boudou por intentar quedarse con Ciccone.
Por Hernán Cappiello.

En una decisión de alto impacto institucional y político, la Justicia citó a declarar al vicepresidente Amado Boudou como sospechoso de haber comprado la imprenta Ciccone Calcográfica mediante amigos suyos para quedarse con el negocio de la impresión de billetes en su beneficio personal.

La decisión del juez federal Ariel Lijo de citar a Boudou a tribunales para el próximo 15 de julio provocó el reclamo de la oposición para que el vicepresidente renuncie o se tome licencia. Sin embargo, Boudou ratificó que no se va alejar de su cargo, anticipó que se presentará ante el juez Lijo y juró que es inocente.

Ante la inminencia de la indagatoria, el Gobierno cerró filas para defender a Boudou, y argumentó que la medida es una maniobra de los medios de comunicación, como Clarín y LA NACION, que, según esa visión, pretenden acallar el éxito de las negociaciones para cancelar la deuda con el Club de París y vengarse de él por haber acabado con las empresas de jubilaciones privadas, que pautaban publicidad en los diarios.

(Amado) Boudou es el primer vicepresidente en funciones en la historia argentina en ser citado a indagatoria en un caso de corrupción. Por estar segundo en la línea sucesoria después de la presidenta Cristina Kirchner, su situación tiene una gran importancia institucional. En el caso de que Boudou no pudiera continuar en el cargo por el avance de la Justicia, quien lo sigue en jerarquía es el presidente provisional del Senado, el radical K Gerardo Zamora.

El día previsto para su comparecencia, dos días después de la final del Mundial de fútbol, Boudou es probable que esté a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, ya que la presidenta Cristina Kirchner tiene previsto viajar a Brasil para la cumbre de los Brics, integrado por el país anfitrión, Rusia, la India, China y Sudáfrica.

No hay riesgo de que Boudou sea detenido tras prestar declaración indagatoria, dado el tipo de delito que se le atribuye y su falta de antecedentes. De todos modos, tiene fueros que le dan inmunidad de arresto, pero no lo protegen en caso de un procesamiento. En caso de que prospere la acusación, que Boudou sea procesado, que con el paso del tiempo llegue a juicio y eventualmente sea condenado, la Justicia debería pedir su desafuero si decide encarcelarlo. Aunque es probable que antes de darse esta situación haya concluido su mandato o que la oposición motorice su enjuiciamiento político.

Lijo citó a indagatoria a Boudou sobre la base del requerimiento original que había hecho el fiscal federal Carlos Rívolo, apartado de la causa tras allanar el departamento del vicepresidente, y el fiscal Jorge Di Lello, que reclamó que Boudou sea interrogado como sospechoso.

La investigación sobre Boudou se inició a principio de 2012 cuando trascendió que la familia Ciccone tenía problemas con su empresa y que contaba con la ayuda salvadora de un misterioso monotributista, Alejandro Vandenbroele, que les consiguió una inyección de capital a través de la empresa The Old Fund, constituida en el extranjero. También por un plan de facilidades para saldar su deuda con el fisco.

Fue Nicolás Ciccone, uno de los fundadores de la empresa, a través de su yerno Guillermo Reinwick, quienes buscaron ayuda para salvar la fábrica y la encontraron en Boudou. Ese plan de salvataje habría sido gestado por el socio comercial y amigo de la infancia de Boudou, José María Núñez Carmona, a quien el vicepresidente le encargó manejar el negocio, según la acusación. Así ingresó en escena Vandenbroele como director de la empresa, que para el juez Lijo es amigo de Boudou.

Cuando era ministro de Economía, Boudou dictaminó, a pedido de Ricardo Echegaray, que si bien no era de su competencia pronunciarse sobre conceder un plan de pagos, esa decisión se correspondía con la política general del Gobierno.

El juez Lijo llamó a indagatoria además de Núñez Carmona, a Vandenbroele y a Rafael Resnick Brenner, ex alto funcionario de la AFIP partícipe de las negociaciones. También convocó como sospechosos de ser partícipes del delito a Nicolás Ciccone y Reinwick. El juez les había tomado declaración como testigos, lo que motivó la protesta del fiscal Di Lello, que irrumpió en plena declaración para pedir su suspensión y reclamar que sean indagados como partícipes. En su declaración, Ciccone y Reinwick dijeron que se habían encontrado con Boudou y Núñez Carmona para salvar la empresa y contaron que el socio del vicepresidente les pidió el 70% de la firma a cambio de salvar el negocio.

Lijo, en ese momento, respaldó la validez de esas declaraciones. La defensa de Boudou, a cargo de Diego Pirota, pidió anularlas ante la Sala I de la Cámara Federal. Esta semana circuló la versión de que por lo menos uno de los tres magistrados del tribunal, Eduardo Farah, votaría por anular todo y apartar a Lijo.

El trascendido enrareció aún más el ambiente y precipitó el llamado a indagatoria, decisión que Lijo ya tenía tomada desde hacía meses.

Las claves de la medida judicial

La resolución del Lijo pone a Boudou en una situación comprometida. A partir de ahora quedará expuesto a los vaivenes de las indagatorias y a un posible procesamiento, pero no podrá quedar detenido durante estas instancias. También fueron citados su socio, José María Núñez Carmona; el monotributista Alejandro Vandenbroele; Nicolás Ciccone, uno de los fundadores de la imprenta; su yerno, Guillermo Reinwick, y Rafael Resnick Brenner, ex funcionario de la AFIP.

Fuente: La Nación, 31/05/14.

Argentina: El Estado bobo

Bobos

Por Enrique Szewach

 

La investigación judicial, y su versión político/ periodística,  en torno al llamado «caso Ciccone«, han puesto al descubierto muchas facetas de lo que sucede hoy, y desde hace tiempo,  en la economía argentina.

En primer lugar, se investiga un caso de, al menos, tráfico de influencias.

Si se habla de tráfico de influencias, se habla de un sistema en dónde la relación con un funcionario público resulta más importante para el negocio, o la supervivencia de una empresa, que su capacidad tecnológica, competitiva, o eficiencia, etc.

Es decir, si alguien quiere hacer negocios con este Estado argentino, necesita un amigo.

Surge, asimismo, el hecho de que la AFIP mostró, para este caso, un comportamiento discrecional y permisivo, similar al exhibido con clubes de fútbol, y otros «amigos», y muy diferente al tratamiento para con la mayoría de los contribuyentes.

La otra cuestión que se ha ratificado,  a partir de las denuncias del Vicepresidente de la Nación, es el pésimo concepto que se tiene, desde el poder y desde el llano, acerca de la independencia y la neutralidad de los jueces.

Todos los casos que involucran al Estado o sus funcionarios, son sospechados de ser influidos o controlados por el Ejecutivo, cuando los fallos son a favor. O influidos o controlados por ¨las mafias¨, cuando salen en contra. 

Una situación muy poco favorable para brindarle seguridad jurídica a un inversor importante, o a las empresas obligadas, por  nuestro gobierno, a recurrir a la justicia local, si quieren cobrar los fallos a favor en el CIADI, por ejemplo. Ni que hablar, de jubilados intentando regularizar, la mala liquidación de sus haberes.

Otro aspecto clave que ha quedado al descubierto, es que, en medio de la batalla internacional y local contra el lavado de dinero, y la batería de documentación que cualquiera de nosotros tiene que presentar ante la mínima transacción que supera la ¨normalidad¨, hubo ciudadanos argentinos que levantaron la quiebra de una empresa importante, compraron, transfirieron, etc. ,movieron dinero desde paraísos fiscales y con conocimiento de los bancos, sin explicar el origen de los fondos, ni la composición accionaria de las empresas involucradas. Es más, aún hoy se ignora quiénes son los dueños de la empresa que va a imprimir billetes de curso legal en la Argentina. (Ni que hablar de los injustificados patrimonios y gastos de los funcionarios y sus amigos).

También el caso explicitó, por las denuncias cruzadas que originó, la cantidad de compras y contratos que realizan el Estado Nacional y los estados provinciales, sin que medien licitaciones transparentes y amplias.

Por último, y no por ello menos importante, el Estado argentino no muestra capacidad de poder imprimir los billetes necesarios para el normal desenvolvimiento de su economía.

Esto se debe a dos razones. La primera y central, la inflación. A tasas de inflación superiores al 20% anual, por muchos años, o se eleva la denominación de los billetes, o se requiere emitir cada vez más.

La segunda que, como siempre, el Estado no previno ampliar la capacidad productiva y tecnológica de la Casa de la Moneda, ni tiene los fondos para hacerlo, y se ve obligado a recurrir a empresas de otros estados o a contratar a terceros.

Es el mismo estado que no invierte en ferrocarriles y mata gente, o que despilfarra recursos públicos en carreras de TC y que ahora pretende invertir en exploración y explotación petrolera.

En otras palabras, el mismo Estado que es incapaz de imprimir papelitos de colores, quiere producir combustibles. El mismo Estado que desde hace años tiene una empresa propia para explorar petróleo en el mar argentino, pero que, en lugar de ello, se dedica a importar gas oil, y gas licuado en, otra vez, negocios sin licitación, y con escasa transparencia.

En síntesis, el caso Ciccone no hace más que ratificar la particular relación que tienen o que tienen que tener los empresarios con los funcionarios en la Argentina para hacer negocios. El extraño funcionamiento del Poder Judicial. La turbia situación patrimonial y relación de esos funcionarios, con sus amigos. El tratamiento diferencial y discrecional que reciben algunos contribuyentes y ciudadanos por parte de organismos de control o de recaudación. Y, finalmente, las consecuencias de la alta inflación y la imprevisión e incapacidad inversora de un Estado que se dice «activo» y no «bobo».

Los bobos, al parecer, somos los que lo financian.
Fuente: Perfil, 07/04/12.
Más información: www.szewachnomics.com.ar

 

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