Caso Nisman: un video muestra cómo se alteraron pruebas clave
Lo reveló Periodismo para Todos. Es la grabación oficial de la noche que hallaron el cuerpo. Un perito manchó el arma y la limpió con papel higiénico.
Caso Nisman: un video muestra cómo se alteraron pruebas clave
Mucho se discutió sobre qué había pasado la madrugada del 19 de enero en el departamento 13 de las Torres Le Parc de Puerto Madero, cuando encontraron muerto en el baño al fiscal Alberto Nisman. La fiscal Viviana Fein estaba de turno y quedó a cargo de la investigación. Anoche, en la vuelta a la TV de Periodismo para Todos, el ciclo de Jorge Lanata, se mostraron los fragmentos más destacados de ese operativo y se explicó cómo y por qué se modificó la escena de un posible crimen.
Aunque el trabajo de los peritos de la Policía Federal debe grabarse sin cortes y registrar todo lo que se haga en el lugar del hecho, el video oficial del operativo en el departamento de Nisman tiene baches importantes y una pésima calidad. Aún así, las imágenes bastaron para mostrar por qué algunas pruebas que podrían haber resultado clave, se perdieron. Las tomas permitieron detectar cabello y saliva en el piso del baño, muestras que nunca fueron recogidas y por tanto imposibles de analizar. Nunca se sabrá si esos rastros podían arrojar un ADN distinto al de Nisman y revelar la presencia de otra persona.
Desde la fiscalía aseguraron a Clarín, que esa noche se trabajó “lo mejor que se pudo con lo que hay” e insistieron en marcar que pudo haber errores, pero que se trabajó “siempre pensando en buscar la verdad”. Como fuere, en los videos conocidos ayer se escuchó un llamativo diálogo entre la fiscal Fein y el secretario de Seguridad, Sergio Berni. La conversación ocurrió apenas minutos después de la llegada de la fiscal a la casa de Nisman, donde ya se encontraba Berni.
Fue el funcionario quien cruzó a la fiscal, cuando estaban tomando imágenes de la cocina, y le sugirió ir primero al baño y constatar cuál era el estado de Nisman. Fein, segura, le respondió que sabía y entendía lo que le decía, pero le aclaró que estaba “leyendo un texto que está escrito”, aludiendo a la nota de Gladys, la empleada, que encontraron sobre la mesada de la cocina. Para Fein era importante “preservar todo”, Berni no la contradijo, pero le insistió: “Está bien doctora, pero lo primero es ocuparse de la vida de la persona que está ahí adentro porque sino seguimos perdiendo el tiempo acá”.
Pero las imágenes son, tal vez, más contundentes que los diálogos. Además de ver a peritos levantar huellas sin guantes, trabajar en sectores del departamento en los que podrían haberse buscado rastros y no llevar protección en los pies ni la cabeza para evitar “contaminar la escena”, se modificaron las pruebas. El caso más evidente es el arma.
En la grabación se ve a un perito balístico de la Federal tomar el arma que se encontró debajo del hombro izquierdo del fiscal y mostrarla a la cámara. Era la pistola Bersa calibre 22 que más tarde se sabría pertenecía a Diego Lagomarsino, el asesor informático de Nisman que le prestó el arma. Esa pistola estaba impregnada de sangre en uno de sus lados, pero menos sucia del otro; en tanto que el cargador y las balas estaban limpias. En el video se ve al perito manchar de sangre el cargador y las balas y limpiar con papel higiénico de ese mismo baño la pistola. Al ensuciar con la sangre de Nisman el cargador y las balas se impidió que más tarde en el laboratorio los expertos pudieran detectar la presencia de algún otro ADN, dejado en el arma por descamación o transpiración, puesto que el material genético presente en la sangre siempre es más preponderante y tapa otros rastros. Y limpiar la pistola con papel higiénico no sólo es un problema porque puede barrer cualquier rastro que hubiera quedado sobre el arma, sino que al utilizar el papel de ese baño pudieron haber eliminado también otros rastros que podrían haber caído sobre el papel.
Los ejemplos se repiten, pero es suficiente con observar las condiciones en las que quedó el baño después que retiraran el cuerpo del fiscal y pasaron por allí la fiscal Fein y distintos peritos, para entender que es casi imposible que puedan haberse recogido nuevas pruebas en ese departamento tras el operativo del 19. Todo quedó sucio y modificado. Tal vez por eso, la clave sean ahora las pruebas tecnológicas que trabaja la división especializada de la Policía Metropolitana. Ese informe es el que más demora, pero que la fiscal espera conocer en las próximas semanas.
Según informó ayer La Nación, los peritos en informática comprobaron que la noche misma del operativo se introdujeron pendrives en la computadora del fiscal. El ingreso a la computadora de Nisman se habría producido a las 20.07 de ese domingo 18, cuando Nisman ya estaba muerto pero dos horas antes de que la madre del fiscal encontrara el cuerpo de su hijo en el baño. Qué información pudo haberse retirado o introducido en esos pendrives esa noche (y quiénes lo hicieron) es algo en lo que trabajan los peritos y que la fiscal Fein esperará para escribir su dictamen.
Investigan un misterioso ingreso a la computadora de Nisman
Por Paz Rodríguez Niell.
El peritaje demostró una entrada a su máquina a las 20.07 del domingo, cuando el fiscal ya estaba muerto y aún no lo habían encontrado; podría haberse borrado información
El peritaje sobre la computadora personal de Alberto Nisman arrojó un dato preliminar que podría marcar un giro en la causa: según un registro de la propia máquina, alguien habría ingresado en ella horas después de la muerte del fiscal.
De acuerdo con la información que encontraron los peritos, el acceso a la notebook, que el fiscal tenía en su departamento, fue a las 20.07 del domingo 18 de enero, cuando Nisman ya llevaba mucho tiempo muerto (dato en el que coinciden todos los informes médicos), pero faltaban todavía más de dos horas para que su madre y sus custodios lograran dar con él.
Según el registro informático, se trató de una entrada local, no remota, porque se detectó que se introdujeron tres pendrives en la máquina. Sospechan, además, que en esa operación se borró información, dijeron fuentes vinculadas con la causa. Pero los investigadores todavía no tienen clara la entidad del hallazgo.
Están trabajando para determinar con precisión qué significa y si pudo haber existido una adulteración. «El registro horario puede haber sido manipulado», dijo a LA NACION una fuente de la investigación, que consideró extraño que alguien haya entrado en el departamento de Nisman tantas horas después de su muerte, cuando su madre ya estaba en el edificio tratando de abrir la puerta.
Lo que ya se demostró es que la computadora no tenía mal la hora, algo que había sugerido la ex mujer de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado. Ella había advertido, en un escrito, que la hora que mostraba la computadora no coincidía con la de una foto tomada por la Policía sobre esa notebook, pero se demostró que el problema estaba en el reloj de la cámara de fotos. La prueba fue simple: en otra foto de la misma tanda, sacadas todas durante el operativo de la madrugada del 19 de enero, se ve la muñeca de la fiscal con un gran reloj. La hora que marca el reloj de Fein es la misma que la de la computadora.
El primer dato que se conoció de este peritaje, hace más de dos meses, fue otro registro de la misma notebook de Nisman: cerca de las 8 del domingo 18, se conectó a Internet y recorrió los portales de Perfil, Clarín y LA NACION y su correo electrónico Yahoo. Todo indica que fue el fiscal quien chequeó estas páginas, según creen los investigadores. Esto chocaba con la data de muerte original de la querella, que afirmaba que Nisman había fallecido el día anterior. Después de la junta médica, la querella amplió su rango de posible hora de muerte y llevó el límite hasta 24 horas antes de la autopsia; es decir, las 8 del domingo.
El fiscal tenía al menos cuatro computadoras, pero la notebook Samsung era la que él usaba. Cuando lo encontraron muerto, la máquina estaba en el cuarto de sus hijas, contiguo al suyo, una habitación que él solía utilizar como escritorio. En esta computadora, los peritos encontraron también los datos sobre los bienes de la familia Nisman, que hoy son investigados en la causa por lavado de dinero que se tramita en paralelo.
El descubrimiento del misterioso registro de las 20.07 tiene ya varias semanas. Advertida por los peritos, la fiscal Viviana Fein pidió estudios más complejos sobre la notebook, que se están haciendo en la División Cibercrimen de la Policía Metropolitana, la responsable del peritaje, del que participan también un experto designado por la querella, Gustavo Presman, y uno nombrado por la defensa de Diego Lagomarsino, Marcelo Torok.
Uno de los temas que se les pidió investigar ahora es cómo es posible que los tres pendrives registraran el mismo horario de ingreso en la máquina cuando se trata de una computadora que tiene sólo dos puertos USB. Una posibilidad que están chequeando es que hayan ingresado los tres en simultáneo por medio de un «hub USB», un dispositivo con un cable que se conecta a la computadora y tiene varios puertos de entrada.
Acta y constancia
Por el momento, el hallazgo del ingreso de las 20.07 no está detallado en el expediente. Lo que hay es un acta con una referencia genérica. De ese documento surge que el perito Torok pidió que quedara constancia de que habían encontrado «registros de conexiones de dispositivos USB en día y horario de relevancia» que tenían que «ser debidamente analizados». El acta dice también que, dada la «trascendencia» de lo hallado, Torok quería que quedara la debida constancia.
De acuerdo con esa misma acta, Presman (por la querella) manifestó: «Dichos registros son de posible interés, no pudiendo establecerse en este acto la trascendencia de los mismos, debiendo ser previamente analizados en todo su contexto a fin de evitar informar sobre conjeturas que deben ser verificadas mediante el análisis completo». Dijo, además, que «dichos hallazgos» serán plasmados en el informe final, una vez completadas las operaciones técnicas necesarias.
Nuevos datos que siembran dudas
Ingreso a la notebook
Un peritaje indicó que la computadora que utilizaba Nisman registró actividad a las 20.07 del domingo 18, cuando el fiscal ya había fallecido.
En simultáneo
Según el registro, tres pendrives se conectaron al mismo tiempo en la computadora Samsung que solía usar el fiscal del caso AMIA.
Eliminación de datos
Los investigadores creen que se pudo haber borrado información. En esa máquina hallaron datos sobre bienes familiares que hoy son investigados en una causa por lavado.
El responsable de la autopsia no descartó un crimen en Le Parc
El doctor Roberto Godoy ahora coordina la junta médica. En una carta firmada el 20 de enero, a la que accedió Clarín, se lo aclaró a la fiscal Fein, que había dicho lo opuesto.
No habían pasado ni 24 horas del hallazgo del fiscal Alberto Nisman muerto en el baño de su departamento, cuando la fiscal a cargo de la investigación, Viviana Fein, aseguró en un comunicado que el decano de la Morgue Judicial, institución a cargo de la autopsia de Nisman, le había informado que se descartaba la participación de terceras personas. [NdE: La fiscal Viviana Fein mintió] Eso fue el 19 de enero. Al día siguiente, mediante una nota a la que accedió Clarín, ese decano le aclaró que nunca habló con ella y mucho menos le transmitió tal mensaje. Fein nunca mencionó la nota, pero admitió que no podía descartarse la opción del homicidio. Hoy, 99 días después, la justicia sigue sin definir si el fiscal especial del caso AMIA se suicidó o lo mataron.
Un documento desconocido: la aclaración del doctor Godoy El 20 de enero, un día después de la autopsia de Nisman, el decano del Cuerpo Médico Forense le escribió a la fiscal Fein para recordarle que él no le había dicho nada que le permitiera sacar conclusiones. “Tampoco manifesté que por los hallazgos necrópsicos, cabe excluir la eventual participación de terceras personas enel hecho de la muerte”, especificó Godoy.
“En mi carácter de decano del Cuerpo Médico Forense, no he mantenido ninguna conversación –verbal o escrita– con usted, durante el día de ayer, vinculada a la autopsia de referencia y, en consecuencia, tampoco manifesté que por los hallazgos necrópsicos, cabe excluir la eventual participación de terceras personas en el hecho de la muerte”, señaló el decano de la Morgue, Roberto Godoy, en el segundo punto del escrito que el 20 de enero presentó a Fein.
En el último ítem de ese mismo texto, Godoy detalló los esfuerzos del cuerpo de profesionales de la Morge por intentar que se aclarara la información. “Con motivo de las expresiones contenidas en el comunicado emitido en la tarde de ayer (por el 19 de enero) así como por los medios de comunicación social, le solicité al doctor Fernando Trezza (director administrativo de la Morgue Judicial) que estableciera comunicación con usted, con la finalidad de esclarecer la información incorrectamente suministrada (…) sin lograr que se atendieran los llamados”.
En su primer párrafo, el comunicado al que alude Godoy decía que “la fiscal Viviana Fein informa a todos los medios de comunicación y a la sociedad en general que alrededor de las 15:00 de hoy recibió el anticipo del resultado de la autopsia realizada sobre el cuerpo del fiscal Alberto Nisman. El decano de la morgue judicial le comunicó a la representante del Ministerio Público que en la muerte de Nisman no hubo intervención de terceras personas”.
Muchas declaraciones, aclaraciones, marchas y contramarchas sucedieron desde ese cruce de notas. Lo que no ocurrió, en cambio, es que la fiscal Fein o la jueza Fabiana Palmaghini pudieran descartar la hipótesis del homicidio y cerrar la causa; ni confirmar que se trató de un asesinato e iniciar así una investigación criminal. Godoy se encargó de dejar claro en el expediente que de ningún modo podía descartarse la posibilidad de un homicidio.
Esa definición dependerá, en parte, de lo que resuelva la junta médica convocada por Fein y que comenzó a trabajar ayer (ver página 14). Paradójicamente, quien coordina esa junta es precisamente Godoy, cuya participación fue objetada por la querellante y ex mujer de Nisman, Sandra Arroyo Salgado. Según la jueza federal de San Isidro, como decano de la institución que realizó la autopsia oficial, Godoy no garantizaba “imparcialidad”. Ni Palmaghini ni Fein aceptaron sus argumentos.
La importancia de ese grupo de profesionales médicos elegidos por Fein radica en la disputa que existe entre los peritos de la querella y los de la Policía Federal respecto de cómo murió Nisman. Según el informe de los peritos oficiales, el fiscal de la causa AMIA falleció el domingo 18 de enero entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía, y al momento de la autopsia presentaba espasmo cadavérico en su mano derecha, lo que permitiría inferir que fue él mismo quien apretó el gatillo de la pistola Bersa 22 hallada bajo su hombro izquierdo.
Esa es la información que consta en el expediente y la que, por ahora, tanto la fiscal como la defensa de Diego Lagomarsino, único imputado, toman como cierta. Pero el informe de la junta médica podría cambiar ese escenario. Es que el 5 de marzo, Arroyo Salgado junto a sus peritos de parte, Osvaldo Raffo, Julio Ravioli y Daniel Salcedo, presentó su propia explicación de los hechos: determinó que no hubo espasmo cadavérico porque Nisman agonizó, y afirmó que la muerte fue el sábado entre las 20 y la medianoche.
Basada en este informe, la querella insiste en que a Nisman lo mataron.Para su ex mujer, la data y hora de la muerte del fiscal es “cuando se desconectó, cuando dejó de responder el teléfono y los mensajes de WhatsApp”. Eso sería entre las 19,30 y las 20, y colocaría al asesor informático de Nisman, Lagomarsino, otra vez en la escena del crimen. Es que Lagomarsino dijo haberse ido de Le Parc el sábado después de las 19.
Hasta ahora, esas son sólo hipótesis sin peso en el expediente, que no inquietan a los abogados del informático, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro. Ellos confían en que no habrá sorpresas para Lagomarsino en la junta médica.
Moldes, durísimo con De Luca: lo acusó de ser el «enterrador» de la denuncia de Nisman
LA MUERTE DEL FISCAL. El fiscal de la Cámara del Crimen, que había pedido abrir una investigación contra la Presidenta, apuntó contra su colega de Justicia Legítima.
El fiscal German Moldes ingresa a los Tribunales Federales de Retiro.
El fiscal general ante la Cámara del Crimen Germán Moldes cuestionó en términos durísimos la decisión de su colega de Casación, Javier de Lucia, miembro de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, que abandonó la acusación contra Cristina que había formulado Alberto Nisman.
«Hace tres semanas advertí que había maniobras dilatorias, maniobras para retardar el trámite en la Cámara Federal para dar tiempo a que entrara en turno este fiscal (De Luca) porque ya estaba decretado que este iba a poner lápida, este era el enterrador«, aseguró Moldes en diálogo con Radio Mitre, esta mañana.
Moldes, junto a Gerardo Pollicita, fue uno de los dos fiscales que pidió abrir una investigación por la denuncia de Nisman sobre supuesto encubrimiento a los iraníes acusados por el atentado a la AMIA. El fiscal que apareció muerto días después de formular la denuncia, había apuntado contra la Presidenta, el canciller Héctor Timerman y otros funcionarios y dirigentes.
«Justicia Legítima es un colectivo absolutamente encuadrado en un solo objetivo, por ahora: obtener impunidad para los funcionarios acusados de casos de corrupción», denunció Moldes y catalogó como una «chantada» el dictamen de De Luca que desestimó avanzar en la acusación.
La polémica decisión, dijo el fiscal, no lo sorprendió: «Estaba ciento por ciento seguro de que esto iba a suceder, no tenía ninguna duda. No había más que mirar cómo funciona este colectivo que disparatadamente lleva el nombre de Justicia Legítima».
Con la decisión de De Luca la denuncia de Nisman está prácticamente sentenciada. Si bien falta la decisión formal de la Cámara de Casación, hay pocas expectativas de que puedan fallar en contra de lo que sugirió el fiscal K.
Tal como se esperaba, el fiscal ante la Cámara de Casación cercano al oficialismo no acompañó la apelación de su colega ante la Cámara Federal, Germán Moldes, al rechazo de investigar el supuesto encubrimiento de la Presidenta al atentado a la AMIA.
El fiscal Javier De Luca se retira de los Tribunales tras desestimar la denuncia de Nisman.
Tal como se esperaba, el fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Javier De Luca falló a favor de la presidenta Cristina Fernández, al desistir de continuar la apelación de la denuncia presentada por el fallecido Alberto Nisman contra la jefa de Estado por el encubrimiento del atentado a la AMIA.
Fuentes judiciales informaron a la agencia DyN que De Luca presentó su dictamen ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal desistiendo de la apelación de Germán Moldes para que la causa se siga investigando.
«Desisto fundadamente del recurso interpuesto por el colega que me antecediera en la etapa», sostuvo De Luca, afín al Gobierno nacional, en su dictamen de 27 páginas. Su rechazo pone un virtual punto final a la denuncia de Nisman, que ya fue rechazada por el juez Daniel Rafecas y por la Cámara Federal.
La historia que todos conocemos es fácil de resumir: nombrado por orden de Néstor Kirchner, el fiscal Nisman investigó durante años el mayor atentado sufrido por la Argentina. En paralelo, la Presidenta cambió el criterio de su predecesor, su marido, y, en trámite exprés, firmó e hizo aprobar con la obediencia (in)debida de sus legisladores, un tratado con Irán que fue declarado inconstitucional, donde sacrificaba nuestra soberanía judicial por primera vez en la historia.
En un momento dado, el fiscal Nisman denunció a la Presidenta, a su canciller y a un grupo de parafuncionarios, por encubrimiento a favor de acusados por la masacre de la AMIA, precisamente a través de ese tratado.
A los pocos días el fiscal Nisman apareció muerto de un tiro en la cabeza. Pocos días después, el fiscal Pollicita apoyó la denuncia de Nisman y pidió 46 medidas de prueba. Pero el juez Rafecas desestimó la denuncia sin más trámite, hasta teniendo en cuenta elementos ajenos a la causa inicial, que en definitiva sirvieron de prueba a los imputados: para ellos sí hubo posibilidad de pruebas. Para los fiscales, o sea para todos nosotros, no.
Apeló el fiscal Pollicita y el fiscal Moldes lo acompañó, pese a las presiones brutales que recibió. Incluido el absurdo retiro de su auto oficial.
Ahora la Cámara de Apelaciones, por su Sala I y por el voto de sus miembros Ballestero y Freiler, convalida la desestimación del juez Rafecas e impide que siga o, mejor dicho, que empiece la investigación de un delito que -si existió- involucra a las máximas figuras del Gobierno en un tema de lesa humanidad que costó la vida a 85 argentinos y, acaso, al fiscal Nisman.
Hasta aquí, parece el argumento inicial de una película clase «B», en la que los buenos al final triunfarán. Pero desgraciadamente es nuestra realidad y casi todos tenemos miedo de que el mal triunfe. Esta vez, el mal tendría éxito al impedirse la investigación por formalismos kafkianos sin sentido jurídico ni común.
Todos los fallos merecen respeto, pero eso no implica acatarlos: la decisión de la Cámara Federal es apelable ante la Cámara de Casación e incluso lo que decida esta Cámara puede llegar a la Corte Suprema, dada la monumental gravedad del caso, a través del per saltum.
El fiscal Moldes ya había anticipado que apelaría. Queda saber si el fiscal que tomará el caso lo seguirá y si Casación revocará las lamentables decisiones de 1a y 2a Instancia, que nos niegan a todos los argentinos saber si la denuncia de Nisman, Pollicita y Moldes contra la Presidenta y su grupo tenía fundamento o no.
La denuncia del fiscal Nisman fue ratificada por los fiscales Pollicita y Moldes. El denominador común entre estos tres fiscales ha sido el más básico de una república: no deben impedirse las investigaciones de posibles delitos, sin importar que puedan haber sido cometidos por gobernantes. Incluso si la Cámara de Casación confirmara el fallo de Rafecas y de la Cámara, debería solicitarse a la Corte Suprema que por el instituto del per saltum, intervenga y permita que la investigación se lleve a cabo,
Ojalá que el sistema funcione correctamente y que, de una vez por todas, empecemos a vencer la brutal impunidad que nos aplasta como personas y como país. Es inadmisible que semejante escándalo quede sepultado en un archivo, sin ser investigado. Eso se llama impunidad, y no podemos seguir conviviendo con ella.
—El autor es abogado y fue Consejero de la Magistratura entre 2010 y 2014.
Alberto Nisman no le dieron ni siquiera la oportunidad de una investigación. Era previsible. La Cámara Federal que le tocó a su denuncia resolvió contra el Gobierno, en los últimos años, sólo en ocasiones muy escasas. La Cámara Federal se divide en dos salas. La Sala 1, que resolvió ayer, más identificada históricamente con los intereses del Gobierno, y la Sala 2, con fama de independiente. La decisión de la Cámara que confirmó la resolución del juez Daniel Rafecas, quien desestimó de plano la denuncia de Nisman, podría explicar hasta la reciente y feroz campaña del oficialismo para difamar al fiscal muerto.
Dicho con palabras más directas: esos jueces que firmaron la sentencia de ayer, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, no hubieran hecho lo mismo pocos días después de la masiva movilización del 18-F. Tuvieron margen para hacerlo, en cambio, después de que el Gobierno lo denunciara a Nisman como un mujeriego compulsivo, un gastador incansable de fondos estatales y un loco desquiciado en el manejo de los asuntos judiciales. Un «sinvergüenza» y un «turro», en fin, según la descripción del infaltable Aníbal Fernández. Ahora se explica por qué se necesitó matar al muerto.
Ayer sucedió de manera más consistente la segunda muerte de Nisman. El caso provocó la división del tribunal, aunque sólo uno de sus tres jueces, Eduardo Farah, promovió revocar la decisión de Rafecas e investigar la denuncia de Nisman. Quedó en minoría. La mayoría se dedicó, más bien, a destruir los testimonios de dos personas muertas, el propio Nisman y el periodista Pepe Eliaschev. A Nisman le reprochan haber denunciado un delito respaldado en meras conjeturas. Dijeron de Eliaschev que cambió en la declaración testimonial lo que había afirmado en una nota en el diario Perfil. Eliaschev fue el primer periodista que informó que existía una negociación secreta entre el gobierno de Cristina Kirchner y el régimen de los ayatollahs iraníes. Ninguno de los dos está, desde ya, en condiciones de replicarle al tribunal. Así, con semejantes tretas, no se necesita ser juez para archivar una denuncia.
Los jueces Ballestero y Freiler, que desestimaron la presentación de Nisman, dieron fundamentalmente dos argumentos. Uno consistió en describir una decisión política, susceptible de críticas y de impugnaciones, pero que en ningún caso configura un delito. El otro argumento señala que, aun si hubiera habido la intención de cometer un delito, no hubo principio de ejecución, requisito necesario para ser condenado por la Justicia. Ambos merecen su refutación.
Si fue una decisión política o un delito es la conclusión a la que debe llegar la Justicia después de un largo proceso. Nadie dijo nunca que el escrito de Nisman sirviera para condenar a alguien o a algunos. Fue la presentación de un fiscal que había trabajado diez años en el caso AMIA y que murió extrañamente cuatro días después de denunciar a la Presidenta y al canciller, entre otros. Una denuncia necesita ser corroborada con pruebas y testimonios. El propio Nisman pidió muchísimas medidas de prueba para sostener su denuncia. El problema es que ningún juez, ni Rafecas ni Ballestero ni Freiler, le dieron la oportunidad de comprobar que sus conclusiones eran ciertas.
Una denuncia sólo necesita ser «verosímil», como lo señaló el juez de la minoría, Farah, y la de Nisman lo es. Merecía, por lo tanto, la oportunidad de ser investigada, que es, en última instancia, lo que pidieron los fiscales Gerardo Pollicita y Germán Moldes. Las grabaciones de las conversaciones telefónicas entre Luis D’Elía, Jorge «Yussuff» Khalil y Fernando Esteche se prestan para cualquier interpretación. Les sirvieron a Freiler y a Ballestero para darle la razón al juez Rafecas, y le sirvieron a Farah para asegurar que Rafecas se equivocó. Son diálogos propios de barrabravas, con más sobreentendidos que claridad. Lo más notable de esas conversaciones es el grado de información con que cuentan esos personajes. Por eso, la denuncia de Nisman es, por ahora, más política que judicial. Desnudó el entramado que se teje en los sótanos oscuros del poder cristinista.
En rigor, la primera responsabilidad por la caída súbita de la denuncia de Nisman le corresponde a Rafecas. Fue ese juez quien abrió el camino para el archivo rápido de la denuncia y quien les dio argumentos a los jueces cercanos al oficialismo. Si Rafecas hubiera abierto una mínima investigación, esa Cámara Federal debería resolver ahora sobre pruebas concretas y no sobre una presunción. O sobre la opinión personal de Rafecas, tal como él lo subrayó varias veces en su resolución. La decisión de Rafecas cavó, incluso, una profunda grieta entre los dirigentes de la comunidad judía, con cuya simpatía el juez cuenta (¿o contaba?).
No es cierto tampoco que no hubo principio de ejecución del supuesto delito, si la intención hubiera existido. El gobierno de Cristina Kirchner agotó todos los recursos que tenía a su alcance para culminar con los requisitos del tratado con Irán. «La aprobación en trámite exprés del acuerdo por parte del Congreso fue el principio de ejecución», dijo ayer un juez federal que nada tiene que ver con este caso. Fue el gobierno de Irán el que demoró la aprobación del pacto por parte de su Parlamento.
Si el acuerdo se hubiera formalizado definitivamente en los dos países, tampoco Interpol habría necesitado de un juez argentino para levantar las circulares rojas para la captura internacional de cinco jerarcas iraníes. Una de las razones de ser de Interpol es la de buscar a las personas cuyo paradero se desconoce. ¿El paradero de quién desconocería la justicia argentina si los acusados hubieran estado en Teherán parloteando con jueces y funcionarios argentinos? El propio tratado dispone, en su artículo 7, que el acuerdo sería notificado a Interpol sin necesidad de que fuera aprobado por los parlamentos de ambos países. ¿Para qué tanta premura si las circulares rojas no eran la prioridad, según la defensa del gobierno argentino?
Los jueces que decidieron ayer no tuvieron en cuenta, ni siquiera, dos hechos destacables que sucedieron después de la denuncia de Nisman. El primero de ellos es la muerte del fiscal, cada vez más alejada del suicidio para su familia y para la mayoría de la opinión pública. Nisman murió por esa denuncia, sea cual haya sido el procedimiento que puso fin a su vida. El segundo hecho fue la denuncia de ex funcionarios venezolanos, según la cual, en el fondo, se negociaba la venta de uranio argentino a Irán. Nisman mencionó en su denuncia «otros acuerdos», pero no precisó mucho más. ¿Se refería, acaso, a supuestos regateos por el uranio? Imposible saberlo si se cierran todas las puertas de una investigación.
No todas las puertas están cerradas. El fiscal general Moldes no necesita anunciar si apelará a la Cámara de Casación. Ya en su presentación ante la Cámara Federal, en la que promovió investigar la denuncia de Nisman, anticipó que se reservaba el derecho de apelar ante la instancia superior. Apelará, sin dudas. Vendrá un sorteo que determinará a qué Sala de esa Cámara le tocará decidir y, de acuerdo con su resultado, se podrá saber si habrá un fallo independiente o no. Algo extraño sucede en la Justicia cuando sus sentencias pueden anticiparse según la simpatía de los jueces. Ésa es otra herencia perversa que dejará la era kirchnerista, que termina.
Los argumentos del juez Farah, que votó para que se investigue la denuncia de Nisman
El magistrado integra el tribunal que desestimó la presentación del fiscal contra la Presidenta; fue el único que se manifestó para que se abra una causa
Eduardo Farah es el camarista federal que votó a favor de que se investigue la denuncia del fiscal federal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Kirchnerque fue desestimada esta tarde por el tribunal de la Sala I de la Cámara, que también integran los magistrados Jorge Ballestero y Eduardo Freiler (quienes votaron para confirmar el rechazo a la presentación judicial).
Los argumentos de Farah para que se abriera una investigación a partir de la denuncia de Nisman por supuesto encubrimiento de responsabilidades en la causa AMIA están desarrollados en el fallo que publicó el Centro de Información Judicial. Allí, el juez rechaza la desestimación del juez Daniel Rafecas. «Verosímil es aquello que tiene apariencia de verdadero, porque es al mismo tiempo posible y congruente, porque respeta una serie de reglas lógicas y de la experiencia y porque tiene un nivel aceptable de coherencia entre los diferentes elementos que lo constituyen. Esto no implica que se trate de una situación real o verdadera, lo verosímil tiene siempre un carácter meramente indiciario, nunca definitivo, a la hora de explicar una cosa», sostiene.
Y continúa: «La hipótesis de la fiscalía, analizada en forma global y no fragmentada, cumple con el requisito mínimo de verosimilitud y es susceptible de ser investigada. Y la omisión de hacerlo no es inocua, ni para un análisis de índole teórico ni para confrontar y evaluar los indicios colectados con carácter previo a la denuncia. [.] Es iniciando la instrucción y dando curso a las medidas de prueba que devienen pertinentes que podrán esclarecerse todos los interrogantes en pie. Negar su apertura no sólo es incorrecto, contraría lo estipulado por la ley (arts. 123, 180 y 193 del CPPN)», clama.
Finalmente, insiste al referirse a las implicancias del caso: «Frente a hechos de significativa gravedad institucional como los de esta causa, es preciso recabar las evidencias del modo más rápido posible, para que sean presentadas y argumentadas en un acto público, como es una sentencia judicial, pronunciada en tiempo y forma procesalmente oportunas. Ya se perdió demasiado tiempo para instruir la causa como correspondía; lamentablemente no parece ilógico suponer que la demora haya incidido negativamente en la eficacia del procedimiento de procura y colección de determinadas pruebas pedidas por la Fiscalía (ej. allanamientos). Es obligatorio e impostergable activarlo decididamente en aras de evitar que ese perjuicio devenga insalvable», declara.
Quién es Farah. Farah actúa en la Sala I del tribunal, como suplente, y es titular en la Sala II. Llegó de la mano del auditor Javier Fernández. Sus últimos fallos, en consonancia con la ruptura de Fernández con el Gobierno, fueron contra el vicepresidente Amado Boudou y el memorándum firmado con Irán.
Fuente: lanacion.com, 26/03/15.
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El camarista Jorge Ballestero minimizó el rol de los imputados: tildó a D’Elía de «inverosímil» y a Khalil de «desorientado»
El juez se burló del poder de negociación que tenían los presuntos operadores con Irán; sobre la denuncia de Nisman, manifiesta que se trató de «un pase de ilusionista»
El camarista Jorge Ballestero se burló del poder del piquetero Luis D’Elía y del rol de agente secreto del lobbista proiraní Jorge «Yussef» Khalil a la hora de fundar su voto en favor del Gobierno al rechazar la denuncia de Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Kirchner.
Al emitir su voto, Ballestero manifiesta sobre la denuncia de Nisman : «Al aproximarse al estudio de la presentación que dio génesis a esta causa, con sus casi trescientas páginas y sus decenas de comunicaciones telefónicas prolijamente encadenadas a un relato que, sin escatimar en adjetivos, exhibe una pulcra redacción, es atendible verse seducido por lo que se enuncia. Pero cuando uno se detiene y avanza en sus detalles, los contornos de lo que se dice ya no son tan nítidos. Como si se tratara de un pase de ilusionista, en casos como este es preciso analizar las cosas más de cerca para poder develar su real entidad».
El rol de los actores
Para el camarista, Nisman no especifica «cuál fue en definitiva la hipótesis ficticia ni cuál el aporte concreto que a su armado hicieron las personas citadas en ella». «Qué valor pueden tener comunicaciones telefónicas en las que los interlocutores, como bien señala el a quo, describen formar parte de un ámbito de acceso de restringido, no proyectando más que el eco de noticias periodísticas o bien una fabulada idea de ser operadores sin poder de convicción», se pregunta el camarista.
Ballestero no menciona en su fallo a la presidenta Cristina Kirchner , al canciller Héctor Timerman y el diputado Andrés «El Cuervo» Larroque , pero manifestó: «Nada resta por señalar respecto de los otros tres imputados cuando ninguna de las escuchas telefónicas los tiene como actores, y cuando ninguna de las probanzas e imputaciones logra demostrar la menor vinculación con los hechos denunciados que, como se dijo, no provenga de los actos oficiales relativos a la negociación, suscripción y aprobación del Memorándum de Entendimiento inconstitucional, mas no criminal».
D’Elía «inverosímil» y Khalil «desorientado»
Ballestero cuestionó que «se aluda como válido operador de este plan de encubrimiento a alguien que, como D’Elía, el mismo denunciante [Nisman] tildó de inverosímil en ocasión de recibirle declaración testimonial».
El camarista sostuvo también que D’Elía es una persona a la que los mismos protagonistas de las escuchas «denigran y desmienten».
«Tenemos a un (Fernando) Esteche [otro de los acusados por Nisman] comentándole a Khalil, nuevamente en referencia a D’Elía … «que no haga el canchero, que no haga el que entra a Casa Rosada…el que menos puede entrar a Casa Rosada es él»», indicó.
Sobre Khalil, el camarista consideró que él mismo se mostró «desorientado» el día que se firmaba el memorándum con Irán.
«En referencia a sí mismo, Khalil recuerda ante un tercero una charla con D’Elía porque este «…quería saber qué pasaba con el memorándum (risas), éste se piensa que yo soy Steven Spielberg, no sé 007…y yo qué sé qué pasa con el memorándum flaco, sé tanto como vos del memorándum le digo»», escribió Ballestero. Y añadió: «A confesión de parte…».
El camarista afirmó que «del mismo modo cuadra que el secreto agente de inteligencia se comunicara vía electrónica con una casilla abierta en el sitio Yahoo con su nombre y apellido, así como que pueda ser hallado en la exclusiva red social ‘Sónico’ y que sus contactos en la Dirección Nacional de Aduanas le hayan valido hoy una denuncia de la Secretaría de Inteligencia, por haber invocado falsamente su pertenencia a ese organismo».
Foto de archivo de abril de 2009 en la que aparece el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez (izq.), y su homólogo iraní, Mahmoud Ahmadinejad. Según un nuevo informe, Venezuela sirvió de mediador de Irán en Argentina. European Pressphoto Agency
¿Actuó Hugo Chávez como valijero de Irán en su esfuerzo por conseguir tecnología nuclear de Argentina? Esa es la afirmación hecha por tres ex integrantes del círculo íntimo de la dictadura venezolana citados anónimamente en un reportaje de la edición del 14 de marzo de la revista brasileña Veja.
La publicación dice que no reveló el nombre de los desertores, entrevistados en Washington, para proteger a sus familiares en Venezuela. La revista informó, sin embargo, que fueron entrevistados por separado y que cada uno dijo que en enero de 2007 hubo un acuerdo en Caracas entre Chávez y el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad. Venezuela entregaría dinero iraní a funcionarios argentinos a cambio de dos favores para Teherán.
El primer favor que describieron, según Veja, era que Argentina encubriera el papel de Irán en el atentado terrorista de 1994 contra un centro comunitario judío (conocido por sus siglas en español como AMIA) en Buenos Aires. El segundo favor era que Argentina compartiera “su larga experiencia en reactores nucleares de agua pesada, un sistema anticuado, caro y complicado, pero que permite la obtención de plutonio a partir de uranio natural”.
Fuentes anónimas plantean dudas en cualquier historia noticiosa. Veja, no obstante, es uno de los medios más importantes y de mejor reputación de Brasil, y una tercera persona en quien tengo razones para confiar me ha confirmado que las entrevistas se llevaron a cabo.
Una razón mayor para el escepticismo es que, según Veja, los desertores están hablando con las autoridades estadounidenses acerca de la participación de Venezuela “en el tráfico internacional de estupefacientes y su apoyo al terrorismo”. Esto sugiere que pueden estar buscando protección a cambio de lo que dicen sobre el funcionamiento interno de la dictadura. En otras palabras, tienen la motivación para contar relatos que impresionan.
Sin embargo, nada de lo que informó Veja contradice lo que ya se sabe sobre la relación de Venezuela con Irán, y gran parte de ello se ajusta a lo que el fiscal federal argentino Alberto Nisman informó al acusar formalmente en 2006 a siete clérigos, funcionarios gubernamentales y oficiales militares iraníes de alto rango por el atentado a la AMIA. En enero, Nisman fue encontrado muerto en su apartamento, el día antes de que se presentara a dar testimonio acerca de lo que dijo era un encubrimiento urdido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Teherán para sacar del apuro a los iraníes acusados.
Joseph Humire, un analista de seguridad regional con sede en Washington, considera creíble la historia de Veja y la citó el miércoles en un testimonio ante un subcomité conjunto de la Cámara de Representantes sobre el Hemisferio Occidental y Medio Oriente.
Buenos Aires y Teherán tuvieron una relación floreciente en la década de 1980 gracias en parte a la disposición de Argentina de compartir tecnología nuclear con Irán. Cuando Carlos Menem asumió la presidencia en 1989, la política exterior argentina cambió 180 grados a favor de Estados Unidos y sus aliados.
Irán quedó adolorido por ello, según la acusación de Nisman de 2006 contra los iraníes. “Hemos considerado suficientemente probado”, dijo Nisman en aquella acusación, “que ello (el atentado contra la AMIA) obedeció principalmente a la decisión unilateral del gobierno argentino de rescindir los contratos de provisión de material y tecnología nuclear que, años antes, habían sido suscriptos con la República Islámica de Irán”. El mismo informe agrega que en ese período el gobierno iraní consideraba que era crucial desarrollar sus capacidades nucleares.
Los desertores anónimos afirman que entre otros medios para manipular a Argentina a favor de Irán, Venezuela organizó transferencias directas de fondos. En agosto de 2007, cuando los funcionarios de aduanas argentinos descubrieron una maleta con US$ 800.000 no declarados en un avión procedente de Venezuela, la mayoría de los observadores lo atribuyó a los esfuerzos de Chávez por extender su influencia en la región. Sin embargo, uno de los desertores dijo a Veja que el botín fue un regalo de Irán para la campaña presidencial de Cristina Kirchner.
La afirmación en la nota de Veja de que el efectivo se originó en Irán y que un vuelo que unía dos veces al mes a Caracas-Damasco-Teherán entre 2007 y 2010 facilitó su traslado a Venezuela es interesante. La revista señala que el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, actual gobernador de Aragua y un pez gordo en el Partido Socialista Unido de Venezuela, jugó un papel clave en la operación de esos vuelos.
Veja informó que ninguno de los tres desertores podía determinar si la tecnología nuclear fue transferida. No obstante, uno de ellos dijo que sabía que Argentina “recibió mucho a través de medios legales” como la compra de bonos argentinos, así como por “medios ilegales —como maletas llenas de efectivo— a cambio de algo que era muy valioso para los iraníes”.
Humire señaló en su testimonio del 18 de marzo ante el Congreso estadounidense que “si esto es cierto, entonces creo que todos hemos subestimado la importancia de América Latina para la República Islámica. Y, por extensión, ya no podemos permitirnos el lujo de divorciar las actividades de Irán en la región de las negociaciones nucleares del P5 + 1”.
Puede que los desertores estén contando un cuento. Sin embargo, tomando en cuenta la práctica previa de Argentina de compartir tecnología nuclear con Irán y los esfuerzos de Teherán para penetrar en América Latina, sería absurdo no tomar sus acusaciones en serio.
Se quemaron los datos de ingresos y egresos a la Casa Rosada
Por Ignacio Ortelli
Sugestivo incendio. Ocurrió después de que Nisman denunció a la Presidenta por la AMIA y dijo que algunas escuchas podrían haber ocurrido en la Casa de Gobierno.
Gobierno. Aníbal Fernández, jefe de Gabinete, admitió que hubo un incendio que destruyó los registros de ingresos y egresos de la Rosada. Pero asegura que hay resguardo.
El sábado 21 de febrero, días antes que ardiera el Ministerio de Defensa, hubo otro incendio, aunque no trascendió públicamente. Ocurrió en Casa Rosada, en el subsuelo, contiguo al Salón de los Pintores y Pinturas Argentinas del Bicentenario y afectó al sistema digital de ingresos y egresos. Según diversas fuentes de Gobierno, por el siniestro, controlado a tiempo por los bomberos, se perdió buena parte del historial de personas que visitaron la casa.
No es el caso del registro de acceso de la Presidenta, ministros, secretarios y eventuales invitados oficiales, que se da por la explanada que desemboca en la Avenida Rivadavia, ya que queda debidamente anotado en forma escrita. En cambio, habría afectado el detalle de funcionarios de menor rango y otras personas que ingresan por la puerta de Balcarce 24, previo registro con su DNI. «Se borró casi toda la base de datos. La mayoría de los que ingresaron después del incendio son personas ‘nuevas’ para el sistema. No hay registros», confió una de las fuentes consultadas por este diario. Otra voz, al tanto del hecho, apuntó que el incendio fue «importante» y que «se afectaron muchos registros».
Nadie se anima a arriesgar que se trató de un incidente intencional. Aunque tampoco a descartarlo. Más en un momento en el que el Gobierno presiona para que la Sala I de la Cámara Federal penal porteña desestime la apelación del fiscal Germán Moldes y cierre la investigación, iniciada originalmente por una denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la Presidenta, el canciller Héctor Timerman y otros funcionarios, por presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA.
¿Cuál es el vínculo entre los ingresos a Casa Rosada y la denuncia de Nisman? Entre sus fundamentos, el fiscal sostuvo que el dirigente K Luis D’Elía ofició de nexo entre el Gobierno e Irán. Y se apoyó, entre otras pruebas, en escuchas en las que el ex piquetero dialoga con Jorge Alejandro Khalil, considerado por Nisman como representante de Irán en la Argentina.
Precisamente, en una de las grabaciones, D’Elía llama a Khalil, le dice que está «en Casa de Gobierno» y que tiene «un mensaje urgente del Gobierno argentino para pasar allá, antes de mañana» y acuerdan un encuentro. La escucha es clave: corresponde al 25 de septiembre de 2013, día previo a que el canciller Héctor Timerman se reuniera en la Asamblea de la ONU con su par iraní, Javad Zarif Kohnsari. Cita en la que, según contó Timerman, Irán se comprometió «a cumplir con todo lo que acordó» al firmar el Memorándum.También, aunque luego se retractó y dijo no conocer la Casa Rosada, el líder de Quebracho Fernando Esteche, otro de los apuntados en la denuncia de Nisman como integrante del plan de encubrimiento trazado por el Gobierno, admitió que «en jefatura de Gabinete» conoció a Ramón Allan Héctor Bogado, otro de los eslabones de la red señalada por Nisman.
Clarín consultó sobre el tema al jefe de Gabinete Aníbal Fernández, quien admitió el incendio, aunque minimizó su impacto. «Fue por una sobrecarga en cables viejos, que por supuesto ya ordenamos cambiar. Puede ser que haya afectado alguna parte del sistema pero me confirmaron que hay backup de todo. No se perdió ningún tipo de información», aseguró. ¿Por qué, entonces, el Gobierno no lo dio a conocer? El funcionario se anticipó a la pregunta y explicó: «Como fue controlado y no se perdió nada, nos pareció que fue algo menor».
Por la decisión del juez Daniel Rafecas, el 26 de febrero, de desestimar la denuncia de Nisman y no avanzar en la investigación, una copia original de ese registro no está en la Justicia. Acaso hubiera servido para contrastarlo con las escuchas y, desactivar o no, parte del argumento del fiscal. Según Aníbal F., queda el backup.
Fuente: Clarín, 22/03/15.
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Delito de incendio
El Título VII del Código Penal Argentino referido a los “Delitos contra la seguridad pública”, trata en el Capítulo Primero del “Incendio y otros estragos”.
Debemos entender la palabra incendio como causar un fuego grande para hacer arder aquello que no estaba destinado a ello, causando un peligro público. El artículo 186 del Código Penal Argentino, reprime junto al autor del incendio, al que cause explosión o inundación, en el inciso primero, castigándolos con prisión o reclusión de entre 3 y 10 años, si provocaren peligro común para los bienes. Por lo tanto, reiteramos, el delito se configura no por causar el incendio sino por el hecho de provocar un peligro común a los bienes, escapando ya la acción del fuego de la posibilidad de detenerlo por parte de su autor. En su redacción actual el artículo suprimió la referencia al peligro a las personas por estar ahora comprendido el caso, en los agravantes del inciso 4º.
El inciso segundo del mismo artículo prevé la misma pena para el que causare ya sea un incendio o destruyera por cualquier otro medio (la referencia específica al incendio es bastante inútil pues cualquier medio empleado para con fin destructivo es de igual efecto a los fines de la configuración del delito) cereales, cosechados o no, plantaciones de árboles con frutos o ya cosechados, ganados, leña, o carbón de leña destinado a la comercialización y forrajes.
El inciso 3º eleva la pena máxima a 15 años cuando el peligro exponga a un archivo público, museo, biblioteca, astillero, arsenal, fábrica de pólvora, parque de artillería o pirotecnia militar.
Esta misma pena del inciso 3º, aplica el inciso 4º, cuando se ponga en peligro la vida de una persona. Este peligro de muerte debe darse como delito preterintencional del delito de incendio y otros estragos. El fin del incendio debe ser crear un peligro común pues si el fin del incendio fuera el homicidio caería el hecho en la figura del homicidio agravado del artículo 80 inciso 5. Estarían excluidos casos como el del bombero como víctima, que por su profesión debe exponerse a esta situación de peligro.
El inciso 5º eleva la pena a reclusión o prisión de 8 a 20 años, si a causa inmediata del hecho falleciera una persona. La causa debe ser inmediata.
El artículo 187 se refiere al estrago doloso; el 188 primer párrafo, reprime a quien inutilice o destruya obras para contener inundaciones u otros desastres, y pusiera en situación de peligro, con prisión de 1 a 6 años. En el segundo párrafo se aplica la misma pena a quien impida extinguir un incendio u otras obras de defensa contra desastres, sustrayendo, ocultando o inutilizando, instrumentos, materiales u otros medios que tuvieran por objeto la extinción del incendio o la defensa aludida.
El artículo 189 castiga el incendio o estragos culposos, atenuando la pena a la prisión entre un mes y un año. Esta pena se eleva hasta 5 años si el delincuente culpable ocasionare la muerte de una persona o la pusiera en peligro de muerte.