Para Moldes, hay que investigar a Cristina y ahora define la Cámara Federal
LA DENUNCIA POR ENCUBRIMIENTO. El fiscal general mantuvo la apelación para que se reabra la denuncia de Nisman contra la Presidenta. Esa sala ahora debe resolver si le da curso al pedido o si mantiene el fallo de Rafecas.
El fiscal German Moldes ingresa a los Tribunales Federales de Retiro. (Pedro Lázaro Fernández)
El fiscal Gernán Moldes mantuvo hoy la apelación de Gerardo Pollicita para que se reabra la denuncia de Nisman contra Cristina por preseunto encubrimiento a iraníes por el atentado a la AMIA.
El fiscal general y las defensas de los acusados presentaron hoy sus escritos ante la Cámara Federal en la causa por la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández.
Tras las presentaciones de las partes, los integrantes de la Sala I de la Cámara, Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler, tendrán cinco días hábiles para resolver si confirman el fallo del juez Daniel Rafecas que desestimó la denuncia de Nisman o hacen lugar a la apelación del fiscal Gerardo Pollicita y ordenan investigar el caso.
La Cámara dispuso una audiencia para hoy pero las partes desistieron que sea oral y optaron por presentar escritos para sostener sus argumentos.
Moldes fue confirmado ayer para actuar como fiscal en el caso, luego de que la Cámara rechazó las recusaciones presentadas por las defensas del diputado nacional del Frente para la Victoria Andrés Larroque y del presunto espía inorgánico de la SIDE Allan Bogado, también acusados.
Moldes fue confirmado el martes para actuar como fiscal en el caso, luego de que la Cámara rechazó las recusaciones presentadas por las defensas de otros acusados por Nisman: el diputado nacional del Frente para la Victoria Andrés Larroque y el presunto espía Allan Bogado, también acusados.
También figuraban en la denuncia el canciller Héctor Timerman, el líder de Quebracho, Fernando Esteche; el ex fiscal y ex juez Héctor Yrimia y el intermediario argentino con Irán Jorge «Yussuf» Khalil, todos los cuales designaron abogados. Además, figura el ex secretario de Tierras y Hábitat Social, el ex piquetero Luis D’Elía.
Nisman denunció que los acusados intentaron encubrir a los imputados del atentado a la AMIA mediante la sanción del memorándum de entendimiento con Irán, lo que surgía de una serie de escuchas telefónicas.[Luego de hacer la denuncia apareció muerto violentamente]
El juez Rafecas desestimó la denuncia al entender que lo presentado por Nisman no constituía un delito y que todo podría haber quedado en un intento de encubrimiento.
En tanto, el fiscal Pollicita había imputado a los acusados para iniciar una investigación y apeló el fallo de Rafecas para que la causa sea reabierta y se hagan las medidas de prueba que había solicitado.
El viceministro de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, cuestionó ayer al fiscal Moldes: «La postura de Moldes es una barbaridad, tendría que ser un fiscal imparcial y no lo es», se quejó el funcionario por la radio estatal Nacional Rock.
Álvarez recordó que Moldes «fue apartado de la causa AMIA, no puede intervenir» y aseguró que «tiene vínculos manifiestos con imputados de la causa AMIA».
También alertó sobre la «enemistad manifiesta que expresa (Moldes) contra el Gobierno» y la denuncia penal que presentó contra la Procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, que fue desestimada por «inexistencia de delito».
El miércoles próximo (18/03/15) se cumplirán dos meses de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Un grupo de intelectuales, encabezado por Santiago Kovadloff, organiza para ese día un acto frente al Palacio de Justicia para «pedir por el esclarecimiento del hecho». La iniciativa no surgió esta vez de los fiscales y jueces, como ocurrió con la multitudinaria marcha del 18 de febrero, sino de la Agrupación Memoria Nisman, cuyo impulsor es Kovadloff. «El mensaje será para la Justicia, por el esclarecimiento de una muerte», dijo el intelectual, que será uno de los tres oradores del acto. También hablarán el rabino Sergio Bergman y el periodista Nelson Castro.
Para los peritos de la familia, Nisman estaba de rodillas al recibir el tiro
Por Paz Rodríguez Niell.
El trabajo de los especialistas designados por la querella afirma que hubo un atacante detrás del fiscal y que en el baño detectaron manchas lavadas.
De frente a la bañera, el torso erguido y la rodilla derecha apoyada en el piso. Así murió Alberto Nisman, según el informe elaborado por los peritos contratados por la familia del fiscal. Para llegar a esa conclusión tuvieron en cuenta que no tenía marcas de golpes en la espalda, en la cabeza ni en sus miembros. Y que la sangre que cayó sobre el lavatorio, a su derecha, vino de una altura baja, por lo que la cabeza estaba cerca. Para ellos, entonces, estaba arrodillado: no hay otra razón posible.
Junto a Nisman, en el baño, los peritos de la querella ubican a un posible «atacante», parado atrás. «La víctima tenía una talla de 1,82 m, muy probablemente se encontraba en un plano inferior con respecto al atacante ubicado detrás y a la derecha», dice el informe. Advierte, además, que parte de la mano derecha de Nisman, con la que se habría disparado, estaba limpia y que el único motivo para eso es que hubiera habido algo tapándola, como «un objeto o una mano».
Los peritos de la querella no trabajaron sobre el cuerpo, sino sobre fotos y videos. También, con visitas al departamento de Puerto Madero. Allí dicen haber descubierto, el 13 de febrero, manchas «lavadas» en la canilla y la bacha.El documento, de 93 hojas, lleva las firmas de los especialistas Daniel Salcedo, Osvaldo Raffo y Julio Ravioli. Parte de sus conclusiones habían sido adelantadas por la ex mujer de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, la semana pasada. Pero los datos de cómo murió fueron mantenidos en reserva.
Este estudio tiene profundas diferencias con la autopsia oficial realizada por el Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte Suprema, pocas horas después de hallado el cuerpo. Para resolver el conflicto, la fiscal Viviana Fein planea convocar a una junta médica con los autores de ambos peritajes y otros especialistas del país y del extranjero.
Pero antes, Fein recibirá a Raffo, Ravioli y Salcedo, a quienes convocó para que ratificaran lo que sostuvieron en el informe.
Una de las diferencias con la autopsia es que ellos consideraron probado que hubo «agonía» y que el corazón «siguió latiendo después del disparo», afirmaron. Por eso, la enorme mancha de sangre en el piso.
En cuanto a la sangre del lavatorio, sostuvieron que salió del orificio de entrada de la bala, hacia atrás, «como una suerte de reflujo por efecto de la presión intercraneal». De acuerdo con la querella, esa sangre debió haber manchado necesariamente el arma, la mano y el antebrazo de quien empuñaba la pistola. También, una toalla que colgaba debajo del lavatorio. Pero esa toalla estaba limpia. Entre medio, «algo o alguien se interpuso», afirmaron los peritos de Arroyo.
Cuando la noche del domingo 18 de enero la madre de Nisman y uno de los custodios lo encontraron muerto, él estaba acostado en el piso, paralelo a la bañera, con los pies del lado del lavatorio y la cabeza contra la puerta, algo torcida. Lo rodeaba una enorme mancha de sangre y debajo de su hombro izquierdo estaba la pistola Bersa calibre 22, arma «históricamente utilizada por sicarios», sostuvieron los peritos en un pasaje menos técnico de su informe.
No se explica cómo llegó la pistola allí, advirtieron. Ellos consideraron que el cuerpo fue movido porque «para quedar en esa posición final debió haber girado asistidamente».
En algunos pasajes, los especialistas fueron totalmente asertivos y en otros, algo menos. «Tal posición final resulta poco probable dentro de lo posible que se provoque sin la participación de un tercero en el lugar del hecho», afirmaron.
Una prueba central de esta intervención de un tercero es, para los peritos, la mancha de sangre que tenía Nisman en su mano izquierda (el disparo habría sido con la derecha). «Como si algo o alguien manchado de sangre hubiese tomado la misma después del hecho», dijeron. Afirmaron que no podría haber ocurrido esa «transferencia» desde su propia mano derecha dada la posición en la que se encontraba y por la cantidad de sangre que tenía en esa mano.
Otro elemento que ratifica, según ellos, el movimiento luego de la muerte es una mancha «absorbida por capilaridad» en la remera que Nisman llevaba puesta. Lo que acreditaría que lo movieron es que debajo de la remera no había sangre.
Los peritos de la familia no tienen ninguna duda de que Nisman estaba mirando hacia la bañera, y no al espejo, al momento del disparo. Explican que por eso proyectó sangre a su derecha, a la mesada del lavatorio que está debajo del espejo. Esa mancha que no era «continua» demostraría que el disparo se hizo de cerca, desde no muy alto y en ese sentido.
También están convencidos de que no tenía las dos rodillas apoyadas, sino que la izquierda estaba separada del piso porque en la cara interna, cerca de la pantorrilla, tenía una mancha de sangre que cayó en sentido rodilla-tobillo. No hubiera habido ángulo para que la sangre cayera así estando en otra posición, explica el informe.
Por todo esto, los peritos dijeron que «es poco probable dentro de lo posible que [Nisman] haya estado de pie o con ambas rodillas apoyadas o en cuclillas» dado que no hubiera habido «plano» para ese goteado. Los especialistas llaman la posición de Nisman como «rodilla a tierra».
Los peritos recordaron además en su informe el peritaje oficial más favorable a la hipótesis de que no fue un suicidio: el barrido electrónico, que no encontró restos de explosivos en la mano de Nisman. En este punto no disintieron de la documentación que está en el expediente. Recordaron que no fue hallada ni una sola partícula de plomo, bario ni antimonio, y sostuvieron que eso «aleja la posibilidad de que alguna de las manos» de Nisman haya estado «cerca del arma» cuando se produjo el disparo.
El informe termina con tres páginas dedicadas a las «conclusiones». Doce de las trece habían sido dadas a conocer por Arroyo en su conferencia. Entre ellas, la que discrepa del día de muerte establecido en la autopsia y la que dice que no hubo espasmo en la mano derecha. No leyó la número doce, un párrafo que resume que «al momento de recibir el disparo la víctima debió haber estado en posición rodilla a tierra» y que así lo probarían las manchas del baño y la falta de golpes en el cuerpo.
El trece dice que «el análisis del lugar del hecho, así como de las evidencias físicas del escenario de esta muerte violenta, descarta la posibilidad que el hecho sea accidental» y que «se descarta la probabilidad de la hipótesis en modalidad suicida».
El día de la conferencia de Arroyo, una fuente cercana a uno de los peritos le envió a la nacion otra versión, que fue la publicada, de las conclusiones donde el punto final decía en cambio que el suicidio se consideraba «poco probable dentro de lo posible». Ante la contradicción con lo que había leído Arroyo, La Nación consultó ese día a un colaborador de la jueza que dijo que «por una cuestión de práctica pericial los peritos no pueden decir que fue un homicidio». La versión que recibió la nacion llevaba firmas similares de los tres peritos e idénticos sellos que la presentada en el causa. Este diario llamó a Raffo y Salcedo para consultarles si ésta era una versión que finalmente modificaron o un texto adulterado, pero los peritos hicieron saber que no harían declaraciones sobre el documento.
Hoy, los tres expertos de la querellea declararán ante Fein para ratificar el informe presentado. El plan de la fiscal es llamar después, cuanto antes, a la junta médica que revise en conjunto todos los peritajes presentados en la causa.
Las evidencias recogidas
La posición del cuerpo
Estaba en un plano inferior con respecto al atacante, que estaba ubicado detrás y a la derecha de la víctima
Las manchas
La sangre que cayó sobre el lavatorio vino de una altura baja. Según la querella, esto es consecuencia de que la cabeza de Nisman estaba cerca
Conclusiones que apuntan a un asesinato
Barrido
«No fueron halladas ni una sola partícula característica de plomo, bario y antinomio (fusionada), lo que aleja la posibilidad de que alguna de las manos de la víctima haya estado cerca del arma al momento de efectuarse el disparo»
La mano
Hay dedos que no tienen manchas de sangre y deberían haberla tenido, «a menos que hubiese algún elemento que haya actuado como telón de interposición»
Un objeto, una persona
Esa interposición sería el motivo también de que no haya habido manchas de sangre en la toalla que colgaba del lavatorio. Algo o alguien se interpuso
Movido por un tercero
Para que el cuerpo quedara en la posición en la que fue encontrado, debió haber girado asistidamente. En este punto repite la fórmula de que «resulta poco probable dentro de lo posible» que se haya producido sin la participación de un tercero
Hacia la bañera
La ubicación de las manchas en la alfombra del piso indican que Nisman no miraba en dirección al espejo, sino hacia la bañera
El atacante
Muy probablemente, de acuerdo con las evidencias recogidas, quien disparó el arma estaba en un plano superior, «detrás y a la derecha de la víctima»
La escena según la querella
El peritaje que pidió Arroyo Salgado difiere del oficial en varios puntos clave
Rodilla al piso
Según el estudio de la querella, Nisman tenía la rodilla derecha en el piso al recibir el disparo; el peritaje oficial no llega a esa conclusión
De cara a la bañera
Indica también que el fiscal miraba hacia la bañera y no en dirección al espejo del baño cuando se produjo el disparo que lo mató
Huellas de sangre
Los peritos llegaron a estas conclusiones por las manchas de sangre en el lavabo producido por el disparo, y por la ausencia de golpes en su cuerpo.
Contradicción de los custodios y sospechas de Arroyo Salgado
Por Lucio Fernández Moores.
La diferencia en el relato de quienes debían cuidar a Nisman generó dudas en su ex mujer. También, el rol de Lagomarsino.
La voracidad de la información en torno a la por ahora «muerte dudosa» del fiscal Alberto Nisman hizo casi olvidar un dato bastante llamativo y que, de hecho, llevó a la primera reacción ejecutiva del Gobierno, al inicio del caso.
Los dos custodios de la Policía Federal que fueron a buscar a Nisman a su casa el domingo 18 de enero dieron dos versiones distintas sobre el horario en el que por primera vez subieron al departamento que éste ocupaba en una torre de Puerto Madero aquel día.
Tanto el sargento primero Luis Miño como el suboficial Armando Niz coincidieron en relatar que Nisman no respondió los llamados telefónicos ni los que hicieron a través del portero eléctrico del edificio al departamento 2 del piso 13.
Sin embargo, Miño dijo que subieron al departamento cerca de las 17.30, después de haber hablado por teléfono con una de las secretarias privadas del fiscal, Marina Pettis, y Niz sostuvo que lo hicieron antes de entablar contacto con ella, a las 14 horas. Son tres horas y media de diferencia. Demasiado para quienes recuerdan en declaración testimonial lo ocurrido apenas un par de días después del hecho por el que se les pregunta.
Una fuente vinculada a la causa AMIA sostuvo que la ex esposa de Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, pensó en algún tipo de «conspiración» entre uno de los custodios y el técnico en informática Diego Lagomarsino, quien admitió haberle entregado a Nisman el arma que, según las pericias, provocó la muerte del fiscal.
«Esto le servirá a Arroyo Salgado para un eventual juicio por daños y perjuicios que seguramente le haga en el futuro al Estado en nombre de sus hijas», dijo otra fuente también relacionada con la investigación del atentado que en 1994 provocó la muerte de 85 personas. Claro que primero deberá establecerse si se trató de un homicidio, como ella sostuvo públicamente la semana pasada, o si fue un suicidio, como ella misma dijo que es la hipótesis de la fiscal Fein.
El Gobierno reaccionó tras conocerse las declaraciones de los dos policías y los separó preventivamente de funciones al abrirles un sumario ocho días después del hallazgo del cadáver de fiscal de la causa AMIA.
Lo llamativo es que, por lo que se sabe, la fiscal Viviana Fein no los convocó todavía a un careo, una medida lógica en cualquier causa penal y más aún en ésta, en la que se investiga la muerte violenta de un colega que estaba a cargo de la investigación del atentado terrorista más grande ocurrido en la Argentina.
Lagomarsino quedó comprometido tras la difusión pública de las conclusiones de la pericia de la querella representada por Arroyo Salgado. Es que, de acuerdo con lo establecido por sus peritos, Nisman habría muerto en la noche del sábado. Y Lagomarsino se retiró de la casa de Nisman al anochecer de ese día. Las cámaras de seguridad de la autopista así lo confirmaron.
Más allá de la actuación de la custodia policial del fiscal muerto, Fein indagará en los próximos días sobre el papel de la Prefectura. Quiere saber por qué demoraron tanto tiempo en avisar a la Justicia sobre el hallazgo del cadáver de su colega. El llamado de la Prefectura al juzgado en turno fue a la medianoche, pero la muerte ya había sido verificada a las 22.30.
Arroyo Salgado cree que al fiscal lo llevaron al baño y le dispararon
Por Cecilia Di Lodovico – 07/03/2015 – 15:49
Así lo sostienen los peritos en el escrito presentado ante la Justicia. Afirman que luego el asesino movió el cuerpo al escapar por la puerta.
Yo acuso. “Lo mataron”, aseveró Arroyo Salgado el jueves en una conferencia de prensa. | Foto: Sebastian Otondo
El informe de cien páginas elaborado por el equipo de peritos contratado por la jueza federal Sandra Arroyo describe cómo habrían matado a Alberto Nisman, el fiscal que días antes de su muerte apuntó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al canciller Héctor Timerman por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA.
La ex mujer de Nisman evitó durante la conferencia del jueves dar detalles de los resultados de su equipo. Pero fuentes de la causa indicaron a PERFIL que los peritos de Arroyo Salgado sostienen en el escrito que pudieron determinar, basado en “evidencias físicas”, que el crimen ocurrió en el baño del departamento 13 de las torres Le Parc, entre las 16 y la medianoche del sábado 17 de enero. Siempre según el escrito, el fiscal no estaba solo: lo acompañaba el homicida. Es decir que, para la querella, Nisman fue asesinado en el mismo lugar donde fue hallado el cuerpo, y el nuevo horario ubica a Diego Lagomarsino en la escena del crimen. Creen que pudo haber sido llevado al baño amenazado.
La hora de la muerte. Para Héctor Di Salvo, el médico que realizó la operación de autopsia, el fiscal murió entre las 10 y las 13 del domingo 18 de enero. Una situación que dejaba a Lagomarsino fuera de suspicacias. Para Sandra Arroyo Salgado, en cambio, el horario fue mal calculado. Raffo y el médico Julio Ravioli confirmaron el dato con el análisis del humor vítreo, un líquido transparente y gelatinoso, que se encuentra en el ojo.
Otra “certeza científica” a las que arribaron los forenses indica que no fue Nisman, sino su asesino quien apretó el gatillo de la Bersa calibre 22 largo, propiedad de Lagomarsino. La trayectoria del disparo fue de abajo hacia arriba y de atrás hacia delante. El proyectil ingresó por la zona temporoparietal derecha, a tres centímetros de la oreja y a una distancia de 1 centímetro.
Salida. Para esta línea de investigación, luego de disparar, el homicida movió el cuerpo antes de escapar por la puerta del baño. Aunque la cabeza de la víctima quedó apoyada sobre la puerta, no impidió que quedara abierta unos 15 centímetros. De hecho, fuentes cercanas a la fiscal Viviana Fein admitieron que la madrugada en la que fue hallado el cuerpo pudieron ingresar al baño por esa abertura.
No pudieron participar en la autopsia, pero con videos y fotografías del departamento de Nisman, los especialistas conducidos por Raffo y el criminólogo Daniel Salcedo, encontraron “evidencias físicas” que descartan de lleno el suicidio. En primer lugar –tal como lo adelantó PERFIL en su edición del 24 de enero– resultó clave el análisis de las manchas de sangre halladas en el espejo del baño y las paredes de la ahora “escena del crimen”. La Fiscalía no confirmó las manchas en el espejo. Pero testigos directos lo ratificaron a este diario.
En una inspección ocular, los forenses encontraron elementos que reforzaron sus sospechas. También resultaron esenciales las conclusiones de un examen exhaustivo de las livideces del cuerpo que confirmaron que el cuerpo fue movido.
Pero quizás el punto más importante del dictamen que realizó la querella sea el más evidente para un experto: “Es fisiológicamente imposible que haya espasmo cadavérico cuando hay agonía. Este punto no es opinable. El espasmo en la mano no existió”, revelaron fuentes cercanas a los peritos. “La única manera en que quede un espasmo cadavérico es si la muerte es súbita. Luego, de la agonía se instala la rigidez. El espasmo es un signo vital, la rigidez, es un signo post mórtem”, explicaron. Llama la atención que los peritos oficiales, que estuvieron frente al cuerpo, no repararon en este dato básico. La discusión generó un fuerte debate entre los peritos, que la fiscal Fein quiere terminar de dirimir a través de una junta médica.
Las cámaras de seguridad de las Torres Le Parc resultaron inservibles para la investigación debido a que no funcionaban y los custodios de Nisman no estaban en el lugar. Por esa razón, creen que el asesino pudo dejar el edificio sin que haya quedado registro de su salida.
Voceros oficiales o cercanos al oficialismo habían tratado en las últimas horas al fiscal muerto de loco y de borracho. Sólo un loco, en efecto, podría firmar dos documentos totalmente contradictorios sobre el papel que cumplió el gobierno argentino frente a Irán, como lo dijo la propia Presidenta y como lo repitieron sus voceros oficiales u oficiosos. Una secretaria de Nisman debió aclarar que el contexto era distinto entre un documento y otro. Un sitio de Internet oficial del Ministerio de Justicia confundió (¿por error?) la cantidad de alcohol que tenía en sangre con la que tenía en el estómago. Son dos cosas absolutamente distintas.
Sandra Arroyo Salgado, jueza y ex esposa de Nisman, activó ayer un nuevo y dramático giro en la política y en la sociedad cuando afirmó que su ex marido no se suicidó. Su teoría (o su certeza) coincide con la opinión de una importante mayoría social, que siempre sostuvo que a Nisman lo mataron. Hasta ahora el «magnicidio» era una hipótesis de la política y de vastos sectores sociales que carecía de respaldo técnico. Arroyo Salgado proporcionó a esa teoría argumentos científicos.
Pase lo que pasare en adelante en la Justicia, es probable que tanto la política como esas franjas sociales hayan hecho suya definitivamente la hipótesis de la jueza. Esto es: a Nisman lo mataron cuatro días después de hacer la denuncia política más explosiva que recibió el kirchnerismo y un día antes de exponer las pruebas de esa denuncia ante el Congreso.
Los supuestos criminales de Nisman se encontraron con un complicado obstáculo: la madre de las hijas de Nisman es abogada y jueza.
Sabe, por lo tanto, cuáles son los caminos que pueden conducir a esclarecer una extraña muerte. Arroyo Salgado colocó a la Presidenta, además, en la peor de las situaciones: explicar qué pasó para que muriera violentamente el fiscal que acababa de acusarla.
Nadie está culpando directamente a Cristina Kirchner de esa muerte, pero su responsabilidad política sería innegable si realmente fuera un crimen. Nisman fue metódicamente calumniado y difamado durante los cuatro días que transcurrieron entre su denuncia y su muerte.
Nadie en el Estado se tomó el trabajo de reforzar su custodia después de que hizo graves imputaciones a los gobiernos argentino e iraní. Al revés, hubo una sospechosa ausencia de su custodia durante las posibles 24 horas en las que Nisman estuvo herido y muerto, según la aseveración de su ex esposa, hasta que lo encontraron su madre y un cerrajero de ocasión. ¿Diez custodios para semejante ausencia de custodia? El cuadro describe más que nada a una zona liberada por la policía.
Servicios de inteligencia extranjeros, sobre todo el israelí, atribuyeron desde el primer momento a sicarios iraníes, con colaboración local, la muerte del fiscal (NdE: Y quizás por encargo local).Nisman fue hallado muerto, además, en medio de un escándalo de luchas internas entre los inescrutables servicios de inteligencia locales.
Podrían haber sido agentes extranjeros, pero también podrían haber intervenido sectores locales dispuestos a hacerle un supuesto favor al gobierno argentino. Todo es posible, o cualquier inferencia es posible, porque la investigación de la justicia local camina demasiado cansinamente.
El informe de los peritos nombrados por Arroyo Salgado parece disentir del de los peritos oficiales. La disidencia existe en algunos aspectos técnicos. Sin embargo, la conclusión del departamento forense, que depende de la Corte Suprema de Justicia, difiere en el tono y en la repercusión pública, pero no en la esencia.
De hecho, el informe que recibieron los jueces de la Corte señaló siempre que el caso de Nisman sería un suicidio único en la historia, si es que fue un suicidio.
Esos forenses subrayaron, en sus informes verbales, que la muerte de Nisman no siguió ninguno de los protocolos establecidos por la historia de los suicidas. Dicen más o menos lo mismo, aunque los peritos oficiales nunca escribieron lo que dijeron.
La teoría del asesinato de Nisman es también la teoría de una porción mayoritaria de la Justicia.La marcha de los fiscales fue una prueba de esa sospecha o de esa certeza. ¿Se marcha por las calles y se convoca a la sociedad sólo para rendir homenaje a una persona que decidió poner punta final a su vida? No, seguramente. Arroyo Salgado es también una exponente cabal de ese cuerpo profesional que integran jueces y fiscales. La hipótesis del suicidio común se encierra en un círculo cada vez más pequeño.
El caso se inscribe, además, en un cuadro donde sobra desidia y falta eficacia. ¿O no es raro, acaso, que la Justicia no haya podido establecer ni siquiera si fue suicidio o crimen un mes y medio después de la muerte de Nisman? ¿No es escandaloso que la fiscal Viviana Fein haya dicho, hace muy pocos días, que no tiene una hipótesis cierta sobre esa muerte? ¿No es más escandaloso aún que la propia fiscal Fein haya admitido ayer que hubo un tiempo largo de tres horas entre cuando lo encontraron muerto a Nisman y cuando ella llegó, y que no sabe qué paso en esas horas interminables? No sabe ni siquiera si movieron el cuerpo inerte de Nisman; es decir, no sabe si cambiaron la escena de un supuesto crimen. Ese dato es clave en cualquier pesquisa.
La hipótesis de Arroyo Salgado podría tener otras consecuencias. La primera de ellas es que el caso de la muerte de Nisman debería pasar, si fueran ciertas todas las afirmaciones de la jueza, a la justicia federal y abandonar la justicia de instrucción.
De hecho, ya debió pasar a la justicia federal. Muerte dudosa (según la carátula de la causa) de un fiscal federal. Suficiente para ser un caso federal. Arroyo Salgado ya hizo una primera presentación ante la justicia federal, cuando denunció un mensaje implícito en un ejemplar de la revista Noticias que mostraba la cara de Nisman con una mancha en la cabeza. La denuncia está en manos del juez federal Luis Rodríguez, con fuertes lazos con la conducción desplazada de la ex SIDE.
No será ésa la única secuela. Aun cuando es cierto que los jueces deben resolver sobre lo que está en el expediente que analizan, también es verdadero que los condiciona el contexto en el que se mueven.
La denuncia de Nisman, que desestimó el juez Daniel Rafecas, cayó ahora en la Sala I de la Cámara Federal, que deberá resolver sobre la apelación del fiscal Gerardo Pollicita. Es la sala más cuestionada de la Cámara Federal por su antigua cercanía con el oficialismo, aunque últimamente resolvió casos contra los intereses del Gobierno.
Si la denuncia de Nisman fue la obra de un trastornado, como se deslizó en el oficialismo y en algunos, pocos, despachos judiciales, ¿por qué, entonces, alguien estuvo interesado en matarlo, como asegura su ex esposa? Ése es el peso simbólico que caerá sobre los jueces de la Cámara Federal.
La denuncia y la muerte de Nisman rompieron la placidez del verano. Y serán, tal vez, las únicas compañías seguras que tendrá Cristina Kirchner hasta el último día de su poder. Haga lo que haga, diga lo que diga.
Ricardo Lorenzetti, presidente del máximo tribunal de Justicia del país, tiene suerte. Él puede contestar, con una repercusión parecida aunque no idéntica, a las diatribas de la Presidenta. La mayoría de los agraviados por Cristina Kirchner carece de esa posibilidad. El juez puede, en fin, romper el círculo perfecto del cristinismo según el cual los agravios presidenciales deben quedar sin respuesta. Lorenzetti, en cambio, rediseñó su discurso de ayer, que había preparado con un tono mucho más moderado, aunque con claras alusiones a la necesaria independencia del Poder Judicial.
«Tendrán que leerlo entrelíneas», habían anticipado el viernes los que conocían el borrador. No hubo entrelíneas. Sin mencionarla directamente, Lorenzetti se dedicó ayer a desarmar línea por línea cada referencia peyorativa de Cristina Kirchner a la Justicia.
El presidente de la Corte Suprema soportó el domingo uno de los peores momentos de su vida. Fue cuando Cristina descalificó a la Justicia con largos argumentos y criticó a la propia Corte en las narices de un Lorenzetti que no podía decir nada. Más bien, sabía que era el centro de todas las miradas curiosas que estaban en el recinto parlamentario y que las cámaras de la televisión oficial lo estaban enfocando. Ni siquiera tenía derecho a un gesto de enfado. El borrador previo de Lorenzetti fue reemplazado por un discurso claro y directo, que no careció de la vieja predisposición del juez para convocar a un país más consensual, menos enardecido. «Hay que pasar a un modelo que sepa conducir la diversidad», dijo, y de esa manera él también comenzó a despedir al cristinismo del poder.
Hay cosas que no nacieron el domingo. Ya los jueces supremos habían debatido sobre la carta de Cristina en Facebook, el sábado posterior a la marcha del 18-F, en la que por primera vez habló de un partido judicial. En ese documento, la Presidenta escribió que nunca permitirá que le «marquen la cancha». Los jueces futboleros (Juan Carlos Maqueda, sobre todo) explicaron que en la jerga del fútbol aquella metáfora significa marcar límites. «Marcar la cancha es fijar límites», dijeron. Y el deber constitucional de la Justicia, concluyeron todos, es fijar límites a los poderes, sean institucionales, políticos o económicos. Hacer reales y tangibles, en definitiva, los límites que la propia Constitución establece.
Por eso, el concepto de ayer de Lorenzetti («el Poder Judicial debe poner límites«) es producto de una larga reflexión de la Corte, no de una improvisación tras el discurso de la Presidenta. Es probable, sí, que lo que iba a ser una suave alusión se haya convertido, después del azote presidencial, en lo que fue: una clara advertencia sobre el papel de la Justicia en un sistema republicano. Pidió, en ese sentido, una reeducación de políticos y dirigentes sobre el rol de las instituciones del Estado y planteó la necesidad de una «actitud madura» en la cooperación entre los poderes constitucionales. Siempre se pide lo que no se tiene: ¿hace falta subrayar que Lorenzetti denunció inmadurez en la conducción del Estado y en la relación entre sus instituciones? ¿No fue ésa, acaso, una alusión directa (entrelíneas, eso sí) al discurso que la Presidenta dijo 48 horas antes?
Si Cristina no fuera Cristina y si su destino no fuera tan corto, podría decirse que estamos a las puertas de un conflicto de poderes. Sin embargo, para que eso ocurra deben suceder hechos concretos que provoquen la colisión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Por ahora, al menos, la Presidenta se conformó con la retórica de la confrontación y el insulto. Al revés de lo que temían jueces y fiscales de instancias inferiores, no anunció ninguna medida que desestabilizara al Poder Judicial. Muchos de esos funcionarios judiciales preveían, incluso, la posibilidad de que Cristina anunciara que pondría en comisión a todo el Poder Judicial. Hubiera sido un golpe de Estado contra uno de los poderes de la Constitución. Pero no sucedió. El conflicto queda, por lo tanto, reducido a las palabras de uno y a la refutación del otro. Una tensión innecesaria, pero encerrada en los límites de planteos teóricos.
Lorenzetti hizo ayer las veces de un profesor de educación cívica elemental. No fue un defecto, sino una exigencia. La necesidad de que un juez explique cómo funcionan los poderes de la Constitución, cuál es la función de cada uno de ellos y cómo deben resolverse eventuales fricciones señala con precisión que el país ha regresado a un estado predemocrático. Sólo le faltó aclarar que los presidentes inauguran los años parlamentarios para exponer qué harán durante los próximos doce meses y no para abrir nuevas batallas políticas ni para maltratar a los enemigos del día.
Un aspecto especialmente significativo del discurso de Lorenzetti fue la calificación de «víctima» que hizo del fiscal Alberto Nisman. Sea cual haya sido el procedimiento de su muerte, está claro que para el Poder Judicial Nisman murió como consecuencia de la denuncia que hizo contra el Gobierno. Lorenzetti se reunió por lo menos dos veces con la ex esposa del fiscal, la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien sostiene públicamente la teoría de que su ex marido no se suicidó. Los peritos que ella nombró, que elaboraron un informe hasta con las características psicológicas de Nisman, escribieron lo mismo. No fue un suicidio. Ese informe podría salir a la luz en las próximas horas o días.
La referencia a Nisman sucedió pocos días después de la polémica resolución del juez Daniel Rafecas que desestimó la denuncia del fiscal muerto. Tal vez por eso Lorenzetti reconoció el derecho de todos a criticar las resoluciones de los jueces, aunque pidió que no se los estigmatizara sólo porque no coinciden con las posiciones de los que lo critican. La resolución de Rafecas abrió, incluso, una grieta en la propia dirigencia de la comunidad judía. Un sector de ella considera que Rafecas no les dijo la verdad cuando recibió a la conducción de la DAIA el mismo día en que hizo pública su decisión. Intuye que hay demasiada similitud entre lo que dijo Rafecas y lo que expresó la Presidenta en el Congreso cuando criticó a Nisman.
El fiscal había escrito un borrador con otra posición, contraria a la que terminó presentando, que fue encontrado en la caja fuerte de Nisman. Su secretaria, Soledad Castro, firmó un documento aclaratorio en el que precisó que ese borrador correspondía a otro estadio de la investigación, a otro contexto de la pesquisa de Nisman. Nada raro. Es lo que suelen hacer jueces y fiscales, según los distintos tramos de una investigación. Dirigentes de la DAIA afirmaron que Rafecas no les permitió leer los documentos previos de Nisman ni el documento aclaratorio de su secretaria. Simplemente se los exhibió. Los dirigentes judíos más díscolos con Rafecas hicieron su propia investigación de lo que sucedió y llegaron a la conclusión de que no se podía poner en duda la actitud de Nisman. Otra franja de la DAIA, que también disiente de la resolución de Rafecas, prefiere ser más moderada y esperar los próximos pasos de la Justicia. Sobre todo, la apelación del fiscal Gerardo Pollicita y su repercusión en la Cámara Federal que deberá revisar la resolución de Rafecas.
Lorenzetti no se privó tampoco de marcarle a Cristina las lagunas de su conocimiento. La Corte Suprema, la anterior, no ésta, ya sentenció sobre el atentado que voló la sede de la embajada de Israel en Buenos Aires y culpó al grupo político-terrorista Hezbollah, el mismo que habría participado dos años después del devastador atentado a la AMIA. Es cosa juzgada. Lo que ninguno de los dos dijo es que, en la causa de la embajada de Israel, la Corte pidió la captura internacional de dos dirigentes del gobierno de Irán. Los dos están también en la lista de ciudadanos iraníes reclamados por la justicia argentina por el atentado a la AMIA. Es, entonces, la Presidenta la que se olvidó de incluir el atentado a la embajada de Israel en su acuerdo con el gobierno de Irán
El caso Nisman languidece. Su denuncia por encubrimiento del caso AMIA contra la Presidente, el canciller y un legislador, entre otros, fue desestimada de modo veloz y contundente por el juez federal Daniel Rafecas. Nisman apareció con un balazo en la cabeza, cuatro días después de presentar esa denuncia y a horas de ratificarla en el Congreso Nacional. Así, ambos hechos, denuncia y muerte, quedaron ligados para siempre. Si la denuncia no tenía asidero, si era fácilmente desechable, ¿por qué el Gobierno reaccionó con inusual violencia contra el fiscal y hasta habló de un “Partido Judicial”? ¿Por qué esta muerto Nisman?
La respuesta a estas preguntas empezó a perderse ya entre recambios de gabinete y testimonios tardíos de los funcionarios que invadieron la escena del crimen, ayudaron a convertirla en el zafarrancho que describieron en su momento la fiscal Viviana Fein y los testigos, y sembraron de sospecha la investigación del crimen político más grave de los últimos treinta años de democracia. Al salir de declarar el jueves en la fiscalía, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, dijo que hizo todo bien en el departamento de Nisman, donde no tenía nada que hacer. La fiscal, en cambio, admite que no puede garantizar que se haya preservado la escena del crimen. Si es así, todo es confuso y sospechado.
Aquella fiscalía que se bebía los vientos en los días que siguieron a la muerte de Nisman, se ha llamado a una tarea más lenta y rutinaria, acaso más rica pero más sumida y cautelosa. Los amigos, colegas e íntimos de Nisman también han silenciado sus voces que no sólo exigían conocer la verdad, sino que afirmaban tener certezas sobre cómo había muerto el fiscal. El cómo conduciría al por qué. Pero todo se ha tornado perezoso y hermético.
Además, el Gobierno, en un giro todavía inexplicable, dispuso investigar la llamada pista siria del atentado a la AMIA, atentado que también investigaba Nisman. La decisión del Gobierno de volver a poner la mira en Siria es la ratificación por otra vía del llamado Memorándum de Entendimiento con Irán, que tendía a anular, aseguraba Nisman, toda sospecha sobre la participación de ese país en el atentado. Y es algo más de alcances todavía inciertos si se tiene en cuenta que fue con el presidente sirio, Bashar al-Assad, con quien el canciller Héctor Timerman se reunió en Alepo, Siria, para dar el primer paso hacia la “reconciliación” Argentina con Irán.
La pista siria fue descartada hace once años por el entonces presidente Néstor Kirchner, que eligió a Nisman como fiscal único y especial del caso AMIA, le puso como ladero al hoy defenestrado agente de inteligencia Antonio Stiusso, y responsabilizó a Irán ante las Naciones Unidas de haber tomado parte de alguna forma en el ataque a la AMIA. Volver a esa pista es también gritarle en la cara al Poder Judicial que ha desperdiciado veinte años de investigación, lo que le da al Gobierno razones de sobra para acusarlo de inoperante e impulsar una reforma que estaría en manos de facciones del Poder Judicial afines al kirchnerismo. Poco importa que doce de esos veinte años transcurrieran bajo la gestión de Kirchner y de la actual Presidente. Si no encerrara una tragedia, sería un paso de comedia.
De esta forma casi inadvertida, el caso Nisman sigue la impronta de los grandes crímenes políticos: la debilitación lenta de la investigación, el desaliento a fuerza de confusión, de golpes de efecto y de pruebas dudosas, hasta el olvido final.
Ese es el molde que siguen, en general, los magnicidios o los grandes crímenes en los que un Estado, cualquiera, se ve afectado o sospechado de haberlos cometido a través de sus organizaciones, agencias o agentes. Lo primero que hace un Estado en esos casos es buscar de inmediato un culpable e intentar borrar las huellas de su participación, si la tuvo, u ocultar, desviar o eludir los errores que facilitaron o no evitaron la comisión del delito.
Desandar luego ese camino es imposible. Las tapaderas siempre huyen hacia adelante, las investigaciones se tornan un laberinto, las pruebas se alteran, se pierden, se destruyen, se modifican; todo se torna intrincado, indescifrable y oscuro, hasta llegar a la irónica conclusión del investigador de un magnicidio del siglo pasado: “Sé todo sobre el asesinato, menos qué pasó y quién lo hizo”.
Así se hace carne la sentencia que afirma que en la Argentina, cuando un crimen roza al poder, queda impune. La frase tiene su exacto correlato inverso: en la Argentina, si un crimen queda impune, es porque roza al poder.
Pasó con el atentado a la AMIA. Según quedó evidenciado en el juicio, la entonces SIDE se lanzó a tapar chapucerías como la de sus agentes, que perdieron la camioneta que sería usada como coche bomba setenta y dos horas antes del atentado. Pero hay teorías que ponen en duda la existencia de un coche bomba y afirman que los restos hallados entre los escombros fueron “plantados”. La confusión diluye.
Las todopoderosas agencias de espionaje, o de seguridad, o de investigaciones, sin control efectivo del Estado o sin una misión más específica y valiosa que la de meterse en las alcobas de las gentes, tampoco ayudan a generar confianza, amparo o certezas cuando un crimen afecta o implica a un gobierno. Por el contrario, tienden a ponerse por encima de la ley. Y también de los gobiernos.
En la película “Hombres de negro”, el personaje que encarna Tommy Lee Jones explica a su compañero que la agencia privada para la que trabajan, la MIB, está por encima de la ley y protege a los ciudadanos para que no accedan a saber lo que ellos saben: una amenaza se cierne sobre la Tierra. Jones le dice a su socio: “La única forma de que esa gente siga adelante con sus vidas felices, es que no sepan nada de esto”.
La ficción copia a la realidad y no al revés.
Un estado en problemas por un crimen político tapa, miente, oculta si se ve amenazado por sus propias torpezas. O, en cambio, cree que la verdad, cualquiera sea, puede ser peligrosa para los ciudadanos que no deben, no merecen, o no pueden procesar esa verdad. También puede ocurrir que esa verdad sea tan diabólica que su sola revelación haga peligrar la subsistencia misma de un gobierno o de un Estado y por eso debe ser callada. Tal vez la investigación por la muerte del fiscal se dirija, como un barco torpe y lento, hacia esas arenas que lo harán encallar.
Al rechazar la denuncia de Alberto Nisman, el juez Daniel Rafecas alejó a Cristina Kirchner de dos hogueras. No sólo negó que la Presidenta haya encubierto el atentado contra la AMIA. De un modo menos directo, y tal vez involuntario, también la desvinculó de la hipótesis según la cual el Gobierno estuvo detrás de la muerte del fiscal. Sencillo: al dictaminar que la denuncia de Nisman era insostenible, refutó uno de los posibles motivos de su deceso. Porque si las imputaciones eran disparatadas, ¿para qué quitarle la vida?
Las razones de Rafecas para prestar esos servicios pueden ser complejas. Es posible que la más determinante haya sido que, para él, el planteo de Nisman tenía severas inconsistencias. Especialistas prestigiosos con los que este juez suele identificarse -Zaffaroni, Maier, Arslanian, Moreno Ocampo- sostuvieron esa tesis. Subrayaron que Interpol desmintió que Héctor Timerman haya pedido alguna vez el levantamiento de las alertas rojas contra los acusados iraníes. Al revés, informó que en varias oportunidades Timerman aclaró que, contra lo que sostenía el régimen de Ahmadinejad, eso no era materia del acuerdo. También advirtieron que el agente Allan Bogado había sido denunciado por la Secretaría de Inteligencia como falso espía. Y, en la línea de lo que afirmó Antonio Stiuso ante Viviana Fein, descartaron que las conversaciones entre D’Elía, Esteche y Khalil involucraran a funcionarios del Gobierno.
Quiere decir que, para Rafecas, las imputaciones de Nisman carecían de valor penal. Apenas tendrían, llegado el caso, algún mérito historiográfico. Es curioso que para sostener ese argumento también él haya plagado su escrito de consideraciones políticas y confesiones personales. En este aspecto, Rafecas imita y supera a Nisman. El juez sostiene, por ejemplo, que la señora de Kirchner no podría ser cómplice de los iraníes porque es «una figura política que a lo largo de veinte años de trayectoria ha sido consecuente en la búsqueda de proveer verdad y justicia». La excusa es casi tan insólita como afirmar que Timerman está libre de culpa por ser judío. Una condición que para el rabino Sergio Bergman, por ejemplo, en vez de impedir, agravaría el comportamiento atribuido al canciller por Nisman.
Si se hicieran pasar esas manifestaciones de obsecuencia por la lupa con que el filólogo Aníbal Fernández analizó la denuncia de Nisman, se podría concluir que también a Rafecas le escribieron el dictamen. Es lo que sugiere la orden de habilitar una feria cuya finalización había ocurrido 26 días atrás. Es decir, cuando el magistrado estaba de vacaciones. Con otra curiosidad: como demostró en esta causa María Servini de Cubría, no es frecuente que se interrumpa la feria para dictar una absolución. Trivialidades. Para Rafecas son trivialidades. Ayer aclaró que trabajó en soledad y sin presiones.
Hay otros rasgos inesperados en el fallo. En una serie de reflexiones encabezadas con la frase «en lo personal?», el juez necesita recordar su lucha contra el antisemitismo, que iguala a la de Nisman. Después aprovecha el expediente para enviar sus condolencias a la familia del colega muerto.
Los esfuerzos que hace allí Rafecas por salvar la imagen de Nisman contribuyen a una confusión. Nisman fue el denunciante, no el fiscal del caso. El encargado de la acusación es Gerardo Pollicita. Es a él a quien el juez debe refutar. En otras palabras: aun cuando su presentación fuera un exabrupto político, no había por qué pedir a Nisman una fundamentación exhaustiva del crimen que estaba describiendo. Tampoco Pollicita la ofreció: apenas pidió que se estudie la acusación a la luz de nuevas pruebas.
Es curioso que, entre los muchos caminos que tenía, Rafecas se haya negado a abrir la investigación. Podría haberse excusado de intervenir en el caso. Tenía un motivo razonable: en 2011, en la Hebraica, afirmó que «Irán financia organizaciones antisemitas» y que «D’Elía no es ajeno». A propósito: ¿no es raro que D’Elía no haya aprovechado este antecedente para recusarlo?
Rafecas también podría haber delegado la pesquisa en el fiscal, como hizo cuando tuvo que juzgar a Amado Boudou en el caso Ciccone. Pero prefirió cortar de cuajo toda sospecha. Ahora corresponde a la Cámara Federal evaluar si esa opción fue la correcta. Si los camaristas no lo hacen, se notará más la brecha que existe en Tribunales. Para ponerlo en términos de Cristina Kirchner: en el golpe judicial comienzan a aparecer «rebeldes» y «leales».
Sin embargo, en un fuero como el federal penal de la Capital, en el que buena parte de las decisiones se explican por factores ajenos a los expedientes, conviene recordar el contexto en el que Rafecas decidió sobre la Presidenta. El dato más obvio es que tuvo que resolver la situación de una imputada que está en condiciones de sacarlo de la Justicia desde el Consejo de la Magistratura. Un detalle que, según él, no lo incomodó. Aun cuando allí esté acusado por cerrar una causa en la que se denunciaban subsidios arbitrarios a productores cinematográficos que beneficiaron a su hermano. Entre otros cargos.
También hay que consignar que Rafecas protagoniza un feroz enfrentamiento con los abogados Darío Richarte y Diego Pirota, de estrecha relación con Stiuso, el espía en quien abrevaba Nisman. Esa enemistad nació en los albores del kirchnerismo, cuando Rafecas vapuleó a Fernando de la Rúa y, sobre todo, al ex jefe de la Secretaría de Inteligencia (SI) Fernando de Santibañes en el juicio por las coimas del Senado. Esa embestida era avalada por Alberto Fernández, uno de los promotores del ingreso de Rafecas en la Justicia. Richarte y Pirota, que eran colaboradores de Santibañes en la SI, terminaron siendo sus abogados.
Durante el proceso ocurrió un hecho extravagante. En una audiencia con el juez, uno de los senadores acusados le explicó: «Doctor, sobre nosotros se dicen infamias. Igual que sobre usted, que está acusado de cobrar 600.000 dólares por dar prisión domiciliaria a dos narcotraficantes serbios». Cayó el telón.
Un larguísimo pasaje de la absolución a De la Rúa y Santibañes condenó la conducta de Rafecas en aquel procedimiento. A raíz de esas críticas se abrió una causa contra él en el juzgado de Luis Rodríguez. Es el magistrado al que recurrieron Stiuso y Sandra Arroyo Salgado, la ex esposa de Nisman, para denunciar amenazas.
Otra consecuencia de aquel caso es que algunos radicales se la tienen jurada a Rafecas. Bastaría que coincidieran con el kirchnerismo en el Consejo para que el juez quede desplazado.
Para cerrar el círculo hay que mencionar que Richarte y Pirota fueron los abogados de Boudou delante de Rafecas. El encono con ellos volvería coherentes dos actuaciones en apariencia contradictorias: la persecución a Boudou y el perdón a la Presidenta.
El entorno de la decisión que favoreció a la Presidenta vuelve a advertir sobre un fenómeno inquietante que se verifica en la Justicia en su relación con la política: la culpabilidad y la inocencia no siempre dependen de las pruebas. La mayoría de las veces son el resultado de una azarosa guerra de facciones. Pero Rafecas dice que ése no es su caso.
Ayer fue un muy buen día para Cristina Kirchner. El juez Rafecas desestimó la denuncia del fiscal Alberto Nisman sobre presunto encubrimiento de terroristas por parte de la Presidenta y su canciller. Por otro lado, hizo cambios cosméticos en su gabinete, abroquelándose en lo más cercano y acérrimo que tiene, como manda el final de todo poder.
La decisión de Rafecas está claramente en condiciones de eclipsar los enroques ministeriales de un gobierno que se agota en el tiempo y en la política. El juez privilegió una de las dos alternativas que tenía (desestimar o iniciar la investigación), al preferir resaltar los aspectos más frágiles de la denuncia de dos fiscales, Nisman y Gerardo Pollicita. La imputación, hecha originalmente por Nisman cuatro días antes de su extraña muerte, se respaldaba en que el Gobierno había intentado encubrir a los presuntos terroristas iraníes mediante dos mecanismos.
Uno era la creación de una Comisión de la Verdad; el otro, el levantamiento de las circulares rojas de Interpol para detener a cinco jerarcas iraníes. Ninguna de las dos cosas llegó a concretarse, subraya Rafecas, y, por lo tanto, el delito es inexistente.
Es cierto que el gobierno iraní perdió entusiasmo por el memorándum que firmó con los argentinos cuando advirtió que las capturas internacionales seguían vigentes. Rafecas confirmó lo que había asegurado Nisman: el único propósito de Irán para firmar ese acuerdo fue que se levantaran las circulares rojas de Interpol. Esa parte de la negociación se pareció mucho a un juego de tahúres: Irán no aprobaba en su Parlamento el memorándum a la espera de que se levantaran las órdenes de captura. El gobierno argentino no hacía nada, a su vez, para dejar sin efecto las capturas hasta que los iraníes no concluyeran la aprobación total del acuerdo. Mientras jugaban en ese toma y daca, la justicia argentina declaró inconstitucional el tratado con Irán y le ordenó al Poder Ejecutivo que se abstuviera de insistir en esas negociaciones. Irán retiró entonces el acuerdo de su Parlamento.
Las cosas fueron realmente así. Una primera comprobación lleva entonces a la conclusión que sacó Rafecas: no hubo delito consumado. Sin embargo, el juez decidió no investigar lo que podría ser un delito en grado de tentativa. De la lectura de la resolución del propio magistrado se puede inferir que el delito no se consumó por obra de terceros protagonistas, como fueron los jueces que declararon la inconstitucionalidad del tratado. El delito tiene varios grados y la tentativa es uno de ellos. El juez, por el contrario, se inclinó por mirar el tratado como una decisión política, que puede ser mala o muy mala, pero que no es judiciable.
Dice Rafecas también que no encontró vínculo alguno entre las conversaciones telefónicas de los personajes impresentables de la historia (Luis D’Elía, Fernando Esteche, Andrés Larroque y Jorge «Yussuf» Khalil) y las decisiones del Estado. En efecto, éstos hablaban de las circulares rojas que no se levantaron. Cerca del magistrado señalaron, además, que en esas conversaciones no se encontró «una sola línea» que incriminara al canciller Héctor Timerman y que, al revés, aquellos personajes lo trataban a éste como a un enemigo, con palabras descalificatorias y hasta segregacionistas por su condición de judío. Es probable, no obstante, que D’Elía, Esteche y Khalil, sobre todo, hayan estado enojados con Timerman porque éste se demoraba en cumplir con la parte argentina del acuerdo, que era, precisamente, dejar sin efecto las capturas internacionales.
Hay, con todo, un párrafo muy formal (o ingenuo, si se quiere) del juez. Señala que D’Elía, por más barbaridades que haya dicho, no es funcionario del Gobierno. Esto es, en efecto, formalmente cierto, aunque las fotos públicas (y las propias grabaciones telefónicas que se conocen) demuestran que es un hombre influyente dentro del kirchnerismo desde hace muchos años. Es fácilmente comprobable, por lo demás, su cercanía con el régimen de Irán y con el chavismo venezolano. En una de las grabaciones aportadas por Nisman (y reproducida por Pollicita), D’Elía habla con Khalil por teléfono con manos libres (es decir, con altavoz), le advierte que está «en Presidencia» y que lo está escuchando una persona que no puede nombrar. Esa persona pudo ser el entonces secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, ahora jefe del servicio de inteligencia y viejo amigo de D’Elía. O pudo ser la propia Presidenta. ¿Cómo saberlo sin que haya habido una investigación?
Colaboradores del juez apuntaron que él resolvió no pedir ni una sola de las medidas de prueba que le solicitó Pollicita porque tenía la convicción de que en el expediente no se demostraba nada y porque la decisión de abrir la investigación a pruebas hubiera creado un «escándalo político innecesario». Algunos funcionarios judiciales habían señalado antes que el error de Nisman fue comenzar por el final de los presuntos responsables de un delito; es decir, por la Presidenta y su canciller. Consideraban que la mejor estrategia hubiera sido iniciar una investigación por los de abajo (D’Elía, Esteche, Larroque y Khalil), para llegar luego, si las condiciones se daban, a las instancias más altas de la política nacional. Esto es: reproducir la estrategia judicial que se siguió en Washington con el caso Watergate, que terminó, al final de una larga investigación, con el gobierno de Nixon.
De todos modos, el intento de encubrimiento está no sólo en algunos párrafos de Rafecas, sino también en el propio memorándum firmado con Irán. Los dos países se comprometieron a enviar ese acuerdo a Interpol, envío que ni siquiera estaba sujeto a la aprobación parlamentaria del tratado. Fue Interpol la que exigió más requisitos para dejar sin efecto las capturas, que no cumplieron ni la Argentina ni Irán. La Argentina se comprometió, en el mismo documento, a reclamar la declaración ante la Justicia de los cinco iraníes con circulares rojas de captura internacional.
Se olvidó de que existen otros tres iraníes con pedido de captura por la justicia argentina, a los que Interpol les concedió inmunidades. Se trata del entonces presidente iraní, del entonces canciller de Irán y del entonces embajador iraní en Buenos Aires, todos ocupando esos cargos en el momento del atentado contra la AMIA. Si la declaración debía hacerse amigablemente en Teherán y si no corrían el riesgo de prisión, ¿por qué la Argentina no los incluyó en su reclamo? ¿Por qué no insistió en que la «verdad» necesitaba de sus declaraciones ante la justicia argentina? Las circulares rojas, no la verdad, eran el único propósito de Irán.
La resolución de Rafecas será apelada ante la Cámara Federal. En esa segunda instancia podría prevalecer la línea interpretativa de Rafecas o imponerse la otra corriente de los jueces que existe, claro está, para analizar este caso. Es la que sostiene que no se puede rechazar ninguna hipótesis sin iniciar antes una profunda investigación, sobre todo porque quien la propuso, Nisman, ya no está en este mundo y su muerte se convirtió en una tragedia política no esclarecida aún.
Casi simultáneamente con la decisión del juez, Cristina Kirchner decidió sacudir el árbol de su gabinete. No hizo mucho. Merece consignarse el escaso sentido de la gratitud que tiene la Presidenta. A Jorge Capitanich lo trajo del Chaco con la promesa de que sería candidato presidencial y ahora lo devolvió a su provincia para que compita por la intendencia de Resistencia. Demasiado parecido a un descenso al infierno. En el medio, Capitanich dejó hasta el más mínimo sentido de la dignidad política en busca de la aceptación presidencial. Su final era previsible desde que Aníbal Fernández se reinstaló en la Casa Rosada, porque éste es más eficaz que Capitanich en el arte de conspirar y cortar cabezas.
Una decisión con otro significado fue la designación de Eduardo «Wado» De Pedro en la Secretaría General de la Presidencia. Es el destino de todos los presidentes que se van: rodearse nada más que de incondicionales, de los que sólo acatarán, de los que tienen vida política porque el jefe del Estado se la dio. Aníbal Fernández, que cursó en los últimos años una apresurada carrera para diplomarse en la obsecuencia, y De Pedro son los mejores y definitivos ejemplos de una era que termina.
Al rechazar la denuncia de Alberto Nisman, el juez Daniel Rafecas alejó a Cristina Kirchner de dos hogueras. No sólo negó que la Presidenta haya encubierto el atentado contra la AMIA. De un modo menos directo, y tal vez involuntario, también la desvinculó de la hipótesis según la cual el Gobierno estuvo detrás de la muerte del fiscal. Sencillo: al dictaminar que la denuncia de Nisman era insostenible, refutó uno de los posibles motivos de su deceso. Porque si las imputaciones eran disparatadas, ¿para qué quitarle la vida?
