La ANSeS debe reintegrar aportes voluntarios a un jubilado
diciembre 30, 2014
Ordenan a la ANSeS que devuelva aportes voluntarios a un jubilado
Acordada de la Corte Suprema. Es porque la ANSeS le impidió acceder a esos fondos tras la estatización de la AFJP. Ahora, el organismo oficial debe restituirle el dinero. Hay cien jubilados más que hicieron el reclamo y podrían beneficiarse con el fallo.
Con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, la Corte ordenó a la ANSeS que le devuelva a una persona jubilada en 2007 los aportes voluntarios que había efectuado a la AFJP a la cual se encontraba afiliado. El caso, presentado por Mario Villareal, es uno de los cerca de cien planteos similares que están a estudio del máximo tribunal.
En la resolución, los jueces afirmaron que la ley 26425 y la resolución 290/09 de ANSeS daban al aportante la posibilidad de elegir entre transferir esos fondos a la ANSeS para mejorar su jubilación, o enviarlos a una Administradora de Fondos y Aportes Voluntarios y Depósitos Convenidos (AFAVyDC) para que se encargue de administrarlos. Sin embargo, ANSeS no habilitó esta opción porque nunca publicó el listado de las administradoras autorizadas y tampoco mejoró el monto de la jubilación del actor al considerar sus aportes voluntarios.
Ante este incumplimiento, el jubilado se vio impedido de acceder a los fondos que había aportado voluntariamente, que excedían el aporte obligatorio.
La Corte Suprema subrayó que este incumplimiento lleva más de 6 años, desde la promulgación de la ley en el 2008, lo cual constituye un tiempo irrazonable. Ante eata violación continuada del derecho de propiedad del jubilado, el Tribunal resolvió que correspondía la devolución de los fondos oportunamente depositados como única manera de enmendar la situación de omisión normativa por parte de Anses.
La jueza Elena Highton de Nolasco firmó en disidencia y remitió parcialmente al dictamen de la Procuradora General de la Nación, que sostiene que el régimen de la ley 26.425 no vulneró el derecho de propiedad del jubilado. Entiende que los aportes voluntarios no eran depósitos sobre los que recayera un derecho, sino que sólo generaban una expectativa a una mejora en su haber previsional.
Fuente: La Nación, 30/12/14.
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La Estafa a los Jubilados Argentinos
junio 18, 2012
Garantía
Por Enrique Szewach
Cuando la mayoría de la clase política argentina acompañó la idea del Ministro Amado Boudou de terminar con la parte de ahorro y capitalización del sistema jubilatorio argentino (AFJPs), para pasar a un sistema de reparto puro, los fondos acumulados hasta ese momento por los aportantes, que administraban por cuenta y orden entidades públicas y privadas, pasaron al ANSES con el rimbombante nombre de “Fondo de Garantía de Sustentabilidad”.
El objetivo explícito de dicho fondo era “constituir un fondo de reservas anticíclicas”, …pero “garantizando su carácter previsional”.
En otras palabras, dicho fondo podía invertirse en diversos instrumentos, pero siempre en la medida que se mantuviera el valor de largo plazo del mismo.
El FGS es, por lo tanto, la “herencia” dejada por los futuros jubilados en las arcas del Estado, para servir, eventualmente, de reserva, en la medida que algún problema cíclico impidiera el pago correspondiente de las jubilaciones en su momento.
Pero queda claro que el sistema jubilatorio es ahora un sistema de reparto que “paga” en función de lo que recauda, no sólo de los aportes previsionales, si no de un conjunto de impuestos varios creados para cubrir el bache entre lo que hay que pagar y los aportes genuinos al sistema (Bache que ronda el 45- 50% del gasto previsional nacional).
En otras palabras, el sistema de reparto no tiene recursos suficientes y se nutre, más o menos por el 50% del gasto, de otros impuestos, y paga también otros gastos no previsionales como la Asignación Universal por Hijo, las computadoras para las escuelas, etc.; complementariamente existe un supuesto Fondo de Garantía para el futuro, que se compone de lo recibido del sistema de capitalización anterior, y de las utilidades de lo invertido y a invertir por dicho Fondo.
Pero, ¿Cuánto tiene y que hay en ese Fondo? A fines del primer trimestre de 2012 (último dato publicado), el fondo era de 209.000 millones de pesos.(más o menos equivalente a lo que hoy se paga anualmente de jubilaciones y pensiones, mal liquidadas y con juicios pendientes).
En ese Fondo, el 60% son Títulos Públicos. A su vez, casi el 40% de dichos títulos, 43.000 millones de pesos, están colocados en un Bono en pesos al 2045. También hay 15.000 millones en un bono en dólares al 2033, y el resto son bonos al 2018, 2016 y 2014. (Suponiendo que los títulos están valuados a valor de mercado).
Obviamente, estos títulos no sirven como instrumentos contracíclicos, dado que si en algún momento hubiera problemas para pagar las jubilaciones, también habría problemas para pagar deuda.
Y liquidar estos bonos en el mercado secundario, en un momento negativo, haría que el precio de los mismos se derrumbara.
De manera que de los 209.000 millones, ya nos quedan, para uso y abuso unos 86.000. De esos 86.000 millones, casi 29.000 millones ya están “invertidos” en proyectos productivos y de infraestructura, que incluyen desde préstamos al sector automotriz (que ya se están devolviendo), hasta pagarés de AySA con vencimiento en el 2018 y 2019, programas de vivienda en Buenos Aires, Mendoza, La Rioja, Entre Ríos. Préstamo a la Municipalidad de Río Cuarto, y obras viales y financiamiento de centrales de energía, que más que inversiones a recuperar, son gasto público (seguramente muy necesario), disfrazado de fideicomisos y documentos varios.
Estas inversiones tienen muy poca capacidad de recuperación, sobre todo en momentos cíclicamente negativos.
Como no se detalla el cronograma de recupero de estos fondos, supongamos que de los mismos son líquidos el 10%, unos 3.000 millones de pesos.
Luego queda la inversión en acciones de empresas privadas, unos 17.000 millones de pesos, obviamente líquidas, pero en la medida que la eventual venta de estas acciones se haga muy lentamente en el mercado o en bloque a los accionistas mayoritarios. (Sólo de Telecom y Siderar hay cerca de 7.000 millones de pesos).
Quedan finalmente “líquidos” unos 25.000 millones de pesos en plazos fijos, y otros fondos, de los cuales casi la mitad están en el Banco Nación y el Banco Provincia).
Los fondos a plazo fijo están depositados a tasa negativa, y se van licuando con el tiempo, al ritmo del diferencial con la tasa de inflación real.
En síntesis, lo único verdaderamente líquido son plazos fijos y fondos comunes de inversión (que tampoco se pueden retirar rápidamente, sin generarle un problema, en particular a la Banca Oficial) y las acciones de empresas privadas, que deberían venderse en bloque, o muy lentamente. (Aquí se supone que los bonos y acciones están contabilizados a valor de mercado).
Dichos fondos líquidos si se usaran, en su totalidad, para el Plan de Viviendas creado por el PRO, perdón, para el plan PRO CREAR, alcanzarían, a un promedio de 150.000 pesos por crédito, a cubrir el 60% del programa anunciado. Pero de esa manera el Fondo se quedaría sin ninguna liquidez y se iría licuando, porque los préstamos son, en promedio, a tasas negativas.
En síntesis, por todo lo expuesto, el objetivo de un fondo anticíclico previsional no se cumple, ni se cumplirá.
No se hagan los rulos, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no existe y Papá Noel tampoco, y de lo segundo no estoy tan seguro.
Fuente: Ámbito Financiero, 15/06/12.
Más información: www.szewachnomics.com.ar
Argentina: El Sistema Jubilatorio está en crisis
marzo 23, 2012
Advierten que el régimen previsional va a una crisis
Por Silvia Stang
Más jubilaciones sin aportes El sistema previsional logró en los últimos años un incremento de su tasa de cobertura al permitir que más personas mayores cobren un beneficio, pero a un costo que sería elevado: su propia sustentabilidad.
Así, y al menos según advierte un informe de la Escuela de Economía de la Universidad Católica Argentina (UCA), una realidad en la que casi la mitad de las jubilaciones vigentes fueron obtenidas con planes de moratorias representa un desafío hacia el futuro, sobre todo porque antes de la inclusión de esas poco más de 2,6 millones de personas no se hicieron estimaciones de cuáles serían los costos por afrontar.
Muchos de esos beneficios se otorgaron sin ningún aporte previo -en cambio, algunos trabajadores sí los tenían pero eran insuficientes- y en ningún caso se observó la situación económica de quienes los pedían.
El trabajo menciona también como temas preocupantes hacia el futuro la persistencia de un elevado índice de trabajadores sin aportes y la alta judicialidad que, según se estima, continuará, por razones como la baja relación existente entre el último salario y el haber inicial al jubilarse.
Más allá de las observaciones sobre la sustentabilidad del esquema de jubilaciones por moratoria, el economista Jorge Colina -que presentó el informe junto a Patricio Millán, director de la Escuela de Economía- señaló que como medida de inclusión social tiene un efecto sólo temporal, sin dar solución de fondo a la problemática asociada a la informalidad
Un nuevo esquema
Por eso, en el capítulo de recomendaciones del informe, se incluyó fijar un nuevo sistema de prestaciones, en el que todas las personas obtengan un beneficio básico al cumplir cierta edad. Esa prestación sería del 82% del salario promedio de toda la vida laboral, pero usando un tope de dos o tres sueldos mínimos, que también regiría para el cálculo de aportes y contribuciones en la vida activa. Esos montos máximos del ingreso sujeto a aportes y del haber jubilatorio serían inferiores a los actuales, pero se propone también un esquema adicional de aportes a un sistema privado, al que cada persona podría adherir para mejorar su prestación.
Con respecto a la instrumentación de cambios, el informe advierte que es «imprescindible» realizar cálculos de largo plazo, algo que, según se indica, hoy no es posible dada la falta de difusión de datos -que deberían ser públicos- por parte de la Anses. «Una rigurosa política de transparencia en la información» se considera un insumo básico.
Según Colina, la tasa de sustitución (porcentaje del salario de actividad del trabajador que representa su primer haber jubilatorio) es hoy superior al 70% para los que cobran el salario mínimo, de $ 2300. Por los topes, el porcentaje se reduce progresivamente a medida que se considera -como ingreso hipotético- una mayor cantidad de salarios mínimos. Así, quien gane el equivalente a 10 de esas unidades -$ 23.000 mensuales- tendrá una jubilación inferior a la mitad de su último ingreso activo.
En la práctica, las tasas de sustitución tienden a achatarse porque para calcular la jubilación inicial no se considera el último salario cobrado, sino el promedio de los ingresos de los últimos 120 meses trabajados, cuyos valores históricos se actualizan según un índice que no siempre resulta adecuado. Del promedio se estima el 1,5%, y el resultante se multiplica por la cantidad de años aportados, a lo que se suma una prestación básica móvil, desde este mes de 797,02 pesos.
Fuente: La Nación, 23/03/12.
