Mercado de capitales: terreno preparado para el despegue
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En 18 meses hubo cambios normativos y legales que plantaron las semillas para que el mercado de capitales argentino pueda transformarse en la vía que canalice el ahorro hacia la inversión.
Las buenas noticias que el mercado financiero esperaba con gran expectativa desde hace más de un año llegaron en mal momento. Por eso el optimismo que había hace poco más de dos meses, si las decisiones se concretaban, quedó opacado.
La sanción de la Ley de Financiamiento Productivo se perdió en el medio de una tormenta cambiaria que aún no se termina de despejar. Y la algarabía por la recalificación de Argentina de país “de frontera” a “emergente” por parte de Morgan Stanley Capital International (MSCI) duró poco, con un escenario mundial de alta inestabilidad que agrava los problemas locales.
Sin embargo, si se deja de lado la urgencia del momento y se mira lo importante y el mediano plazo, el proceso que llevó a que se concretaran ambas novedades deja sentadas las bases para que el mercado de capitales argentino, de una vez por todas, se convierta en una verdadera alternativa de financiamiento de la producción que complemente al sistema bancario.
El sector mueve hoy muy poco volumen, en su mayoría (más del 70 por ciento) es dinero que se canaliza al sector público por vía de títulos y de bonos nacionales, provinciales y municipales; son pocas las empresas que ven en el mercado un lugar donde buscar fondos para su actividad o sus proyectos; y los inversores locales conocen poco y siguen prefiriendo herramientas tradicionales para canalizar sus ahorros.
Por eso, más allá del pesimismo del momento actual, los referentes tienen buenas expectativas para adelante.
“Quizá la sanción de la ley y la recalificación llegan en momento en el que la liquidez global se retrajo un poco, pero son un requisito necesario para que, una vez normalizada la situación, los capitales fluyan y permitan el sano desempeño del mercado de capitales, donde el ahorro local financie la inversión”, dice Iván Petrini, de Petrini Valores.
Un camino consistente
La recategorización de MSCI es fruto de un proceso que comenzó con la asunción de la actual gestión, en diciembre de 2015, y que, además, sembró las semillas para que el mercado pueda despegar.
“Hay muchas, y muy importantes, cosas que se han hecho en estos dos años y medio. Se ha logrado fomentar la actividad del mercado no sólo con la última ley, sino con diversas resoluciones de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que corrigieron cosas que estaban mal, que no estaban reguladas o no existían”, opina Aníbal Casas Arregui, socio de S&C Inversiones.
Tras el fin del cepo cambiario en diciembre de 2015, hubo medidas de distinta relevancia, desde el levantamiento de las restricciones al flujo de capitales internacional (remarcado especialmente por MSCI) y el arreglo con los holdouts hasta la nueva ley para el mercado de capitales, pasando por el desarrollo de incentivos de productos como el pagaré bursátil o la obligación negociable simple avalada por una sociedad de garantía recíproca (SGR).
Hubo también normas que simplificaron y agilizaron los trámites para operar y ordenar de los distintos mercados. Se concretó la puesta en marcha de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) y el Mercado Argentino de Valores (MAV) y se avanza en la interrelación de los mercados de futuros (Rofex y Mercado Abierto Electrónico- MAE).
En lo inmediato, la clasificación de emergente “genera una demanda potencial de activos argentinos bastante grande”, subraya Gonzalo Becerra, titular de Becerra Bursátil. “En forma directa, en las 16 acciones que cotizan afuera (ADR); en forma indirecta, sobre las acciones locales, y eso generará más volumen en pesos. Además, esto puede impulsar a que haya más emisiones de empresas argentinas”, agrega.
Aunque el efecto inmediato no es sobre los títulos públicos, si se suma el dinero del Fondo Monetario Internacional, las perspectivas son buenas también para este sector de renta fija, tanto en volumen como en precios.
Por otra parte, para el sector productivo, la mayor disponibilidad de productos e instrumentos que se están desarrollando (pagarés, ON simple) permitirá dar más volumen, profundidad y opciones a quienes necesitan financiarse.
En la nueva ley sobresalen la nueva factura electrónica conformada, la posibilidad de securitizar letras hipotecarias y el impulso a los fondos comunes cerrados de inversión.
“La ley tiene aspectos clave de oferta pública que harán crecer el mercado y permitir que las empresas lo puedan utilizar para financiar sus proyectos”, considera John Walker, director de Dracma SA.
“Hoy el mercado de capitales argentino es ínfimo frente a vecinos como Chile, Brasil, Colombia o Perú. Todas estas medidas tienden a que haya más instrumentos, más oferta y más volumen”, acota.
Por su parte, Fernando Luciani, director ejecutivo del Mercado Argentino de Valores, remarca: “Los volúmenes de Argentina tienen que multiplicarse, mínimamente, por 10. Argentina tiene que crecer 10 veces y ningún país crece sin financiación. El país lo va a hacer de manera sustancial de la mano de las Pyme y de los emprendedores, y el mercado es clave para esto”.
Alfredo Vítolo: «El proyecto para despenalizar el aborto es inconstitucional»
Entrevista con Alfredo Vítolo, abogado y docente en derecho constitucional de la UBA.
Por Pablo Egea.
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El 8 de agosto el Senado nacional debatirá el controvertido proyecto -girado en revisión por Diputados- para legalizar la interrupción del embarazo en la República Argentina.
Más allá del debate legislativo y de las campañas de grupos de presión, a favor y en contra, existe un aspecto que pronto ganará centralidad en la discusión: el estrictamente constitucional.
Luego de que el tablero electrónico del recinto muestre el resultado de la votación, y de ser afirmativo, se gire al Ejecutivo para su promulgación, los grupos contrarios a la norma comenzarán a preparar una avanzada legal sobre el proyecto que finalmente promulgue el presidente Macri.
¿Es constitucional?
Un grupo de profesionales del derecho, en realidad un total de 1.869 para ser más precisos, entregaron -el pasado 26 de junio- en el Senado de la Nación una extensa presentación en la que expusieron los fundamentos por los que sostienen que el proyecto de ley de legalización del aborto es inconstitucional.
Llegan a esa conclusión citando normativas vigentes y con declaraciones contundentes. Piden que la iniciativa sea revisada «con la seriedad y profundidad que caracteriza al Senado de la Nación».
Según el escrito, el proyecto en discusión viola «de forma clara y contundente» la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que establece que «toda persona tiene derecho a que se respete su vida» y agrega que «este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción».
Los abogados explican que la mencionada convención tiene jerarquía constitucional (es decir, vale por sobre las leyes), en función de lo que dispone el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Pese a esto, observan los profesionales el artículo 7 del proyecto que se debate por estos días «pretende garantizar el derecho a acceder a la interrupción del embarazo con el solo requerimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana catorce inclusive, del proceso gestacional».
También se menciona que el texto aprobado en la Cámara de Diputados es violatorio de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y se recuerda que cuando el Congreso de la Nación aprobó esta convención le ordenó al Poder Ejecutivo Nacional hacer la aclaración de que «se entiende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción y hasta los 18 años de edad» (así quedó el texto de la ley 23.849).
Es muy probable, entonces, que la norma promulgada finalmente se judicialice y todo termine en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deberá fallar sobre la constitucionalidad de la misma.
El Tribuno consultó la opinión del especialista en temas relacionados con los derechos humanos y las garantías constitucionales, Alfredo Vítolo, quien además es socio del estudio Nicholson y Cano de Buenos Aires. Él es uno de los firmantes del documento que el grupo de juristas y especialistas se presentaron esta semana en el Senado de la Nación.
A lo largo de su carrera profesional se ha concentrado en las áreas de derecho comercial y societario, especialmente en los temas de fusiones y adquisiciones, contratos y privatizaciones en las áreas de energía (petróleo, gas y electricidad) asesorando a clientes locales e internacionales, habiendo estado profundamente involucrado en la privatización de las empresas públicas a partir de 1989.
Fue seleccionado por la revista Apertura dentro de los 100 principales «abogados de la City» en los años 2005 y 2006.
La publicación británica «Chambers & Partners The World Leading Lawyers for business» lo seleccionó dentro de los «leading individuals» en la República Argentina en las áreas de «Energy & Natural Resources» para los años 2006 y 2007.
Es profesor adjunto por concurso de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos y Garantías de la Universidad de Buenos Aires. Ha dictado cursos sobre Mercados Comunes y Derecho de la Integración en la Universidad de Belgrano y sobre Derecho Constitucional y Derechos Humanos en nivel de post grado en diversas universidades nacionales. Dictó conferencias en el país, en América Latina y en los Estados Unidos sobre temas de su especialidad, y publicó numerosos artículos en revistas jurídicas argentinas y del exterior. Su trabajo más reciente versa sobre la metodología de enseñanza del Derecho de los Derechos Humanos en las facultades de derecho, expuesto en el reciente Congreso de la Asociación Internacional de Escuelas de Derecho (India, 2013).
¿Cual es la principal observación sobre el proyecto que deberá aprobar el Senado?
El proyecto de ley tiene dos objeciones. Una en general y muchas en particular, desde la óptica técnica constitucional. Lamentablemente acá se trata de llevar el tema a una discusión de problemas religiosos, pero esto no tiene nada que ver con estos argumentos.
Creemos que hay argumentaciones técnico jurídico que hacen que este proyecto sea anticonstitucional.
¿Qué implica eso?
Esencialmente el centro del debate está dado en que en 1990, cuando la República Argentina aprueba la Convención de los Derechos del Niño, en ese momento el Congreso -a pedido del Ejecutivo Nacional- hace una declaración interpretativa que se integra a la ley que aprueba el tratado y dice: para la República Argentina el texto de la Convención debe interpretarse en el sentido de que se es niño desde la concepción. Esta definición que hace el legislador cuando aprueba la Convención de los Derechos del Niño, hasta entonces era un tratado y uno podía discutir si estaba por encima de las otras leyes o no.
«Lo mejor sería que el proyecto se rechace y nos pusiéramos a trabajar en proyectos provida y promujer»
¿Pero cuál es el punto central de toda esta discusión?
Lo cierto es que en 1994 la reforma constitucional incorpora los instrumentos internacionales y les otorga jerarquía constitucional. Específicamente se discute este punto: se discute la cuestión del aborto, del comienzo de la vida y se incluye la frase de que los tratados que se incorporan en su jerarquía constitucional lo hacen en las condiciones de su vigencia, eso quiere decir tal como la República Argentina se obligó internacionalmente. Esto significa que habiendo el constituyente en 1994 tomado la definición de que para Argentina hay niño desde la concepción, cualquier proyecto de ley que busque, con el pretexto de proteger cualquier otro derecho, deberá analizarse en función de que se está afectando el derecho de un niño, una persona por nacer que tiene los mismos derechos que una persona nacida. No entremos a discutir si esto es moral, religioso, biológico… Creo que el constituyente ya definió este punto.
Entonces, el proyecto no se ajusta a la legislación vigente…
Un proyecto como este que autoriza específicamente el aborto libre hasta la semana catorce y con alegaciones bastante débiles a partir de ahí hasta el mes noveno, viola la Constitución, simplemente esto. El debate podría darse pero en el ámbito de una convención constituyente no en el ámbito del Congreso.
¿Cuál sería entonces la salida institucional más probable para zanjar esta observación que ustedes realizan?
Dado los trámites parlamentarios y el modo del tratamiento -y esto es una opinión exclusivamente personal- lo ideal sería que el Senado rechazara el proyecto de Diputados y que por una vez nos pusiéramos a debatir con seriedad cuestiones vinculadas con la protección de la mujer que son los temas centrales. Cuando la mujer se plantea una cuestión de aborto, hay una situación trágica en todo esto. Lamentablemente muchas de las mujeres que plantean un aborto y uno lo puede ver en el día a día, lejos de ser una mujer convencida es una mujer angustiada, que a veces viene de un contexto de abuso, de violaciones reiteradas y hay que buscar mecanismos de protección y de contención para que no tengamos que llegar a esta definición. Y la protección de la mujer es un elemento central. También habría que analizar alternativas, pero el aborto no soluciona el problema sino que le añade una complicación más al sufrimiento que la mujer ya tiene. En mi opinión personal, lo mejor sería que el proceso se rechace y nos pusiéramos a trabajar en proyectos provida y promujer para proteger tanto a la mujer como a esa segunda vida que los constituyentes reconocieron y así superamos la discusión filosófica de la cuestión.
Sin embargo usted será consciente de que haya o no haya ley, se apruebe o no, el aborto va a seguir existiendo…
El robo, por ejemplo, hay una ley que lo prohíbe y sin embargo sigue existiendo… me parece que es un argumento efectista que no tiene ninguna solidez técnica. El hecho de que una conducta prohibida exista… también hay multas por velocidad e igual hay infracciones al tránsito, los asesinatos y la trata de personas están prohibidos y se siguen cometiendo. Nos parece un argumento que es demasiado simple y es más efectista que ajustado a una técnica jurídica.
«El debate podría darse pero en el ámbito de una convención constituyente, no en una discusión del Congreso»
¿Entonces para ustedes el aborto no es una cuestión de salud pública?
No, desde ya que no, por supuesto que en aquellos que hay salud pública en juego como hay vida en juego en un homicidio, pero no es que tengamos que resolver la cuestión como una cuestión de salud pública. Hay que resolver la cuestión desde los derechos que se ven afectados y contrapuestos. Los derechos de la mujer que ha sufrido y que sufre situaciones dramáticas, no de una potencialidad sino de una vida que tiene el mismo nivel de dignidad jurídica que la vida de la mujer.
¿Entonces para usted el tema de fondo ya fue planteado y no necesita ser revisado?
Esta definición el constituyente ya la hizo, si no lo hubieran echo podríamos estar debatiéndolo desde otros ángulos, pero lo cierto de este tema es que el constituyente de 1994 esa definición la tomó y si no nos gusta lo que tenemos que hacer es cambiar la norma constitucional y no retorcerla para hacerla decir lo que evidentemente no dice. Y en esto debo reconocer, a nivel personal, que ha habido una confusión: es absolutamente cierto que los tratados internacionales no prohíben el aborto pero tampoco lo exigen. La República Argentina interpretó que para ella hay vida desde la concepción y el punto pasa por ahí.
Entre los firmantes de la presentación que hicieron al Senado, hay hombres de derecho que fueron cuestionados por su pasado político cercano a gobiernos de facto. ¿Le causa algún resquemor esta situación?
Yo cuando sostengo una causa no pregunto los antecedentes de quienes me acompañan, les pregunto si están de acuerdo con mi exposición, pero no creo que por firmar o dejar de firmar un documento sobre este tema me convierta en amigo o cómplice de personas con las que uno pueda comulgar, o no, ideológicamente ni que signifique la defensa de un régimen diferente. No tengo nada que ver con el gobierno militar y no tiene nada que ver que haya gente que estuvo conforme con ese gobierno, no veo que tenga nada que ver, creo que son puntos totalmente diferentes.
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) obliga a otorgarle mayor independencia al Banco Central de la República Argentina (BCRA), para lo cual -una vez más- tendrá que dictarse una ley modificando su Carta Orgánica. Al respecto es importante clarificar de qué, y de quiénes, tienen que ser independientes las autoridades de la referida institución. Para no sufrir nuevas desilusiones, no estaría de más prestarle atención a qué dice la historia sobre esta cuestión.
Sobre el particular entrevisté al inglés Walter Bagehot (1826-1877), yerno de James Wilson, fundador y editor de The Economist, quien desde las páginas del semanario explicó cómo durante las corridas bancarias (los «pánicos», según se decía entonces) debía operar el Banco de Inglaterra en su carácter de «prestamista de última instancia», escritos que luego reunió en Lombard Street, libro publicado en 1873, considerado la biblia en la materia.
-¿Deben los bancos centrales ser independientes?
-El Banco de Inglaterra fue fundado en 1694, por comerciantes que querían «sistematizar» los pedidos de fondos efectuados por la realeza de su país. Naturalmente que el directorio del banco fue integrado por sus dueños, pero recomendé que la gerencia estuviera en manos idóneas, porque no es lo mismo comerciar con té, zapatillas o libros que con operaciones de depósitos y préstamos. Así que, para que funcione, un banco tiene que estar en manos profesionales.
-Pero yo le pregunto con respectoa las autoridades de turno.
-Eso es otra cosa. Hasta 1946 el Banco fue privado, pero igual estuvo sometido a las presiones oficiales de turno. Ejemplo: en 1797, durante las guerras napoleónicas, cuando los militares ingleses necesitaban pólvora, espadas, etc., emitían cheques sin preguntar primero si la corona tenía saldo acreedor en la institución. Por lo cual el Banco le pidió al rey que declarara la inconvertibilidad de la libra en oro, cosa que el monarca no tuvo más remedio que aceptar.
-Nadie puede pensar que un Banco Central, negándose a suministrar fondos, impedirá una guerra.
-O una política fiscal que lleve al país a la alta inflación, a la pérdida de reservas o a la hiperinflación. En su país, ¿qué política económica que terminó en rotundo fracaso pudo ser frenada por las autoridades del Banco Central de turno? ¿Pudieron acaso Eduardo Andrés Zalduendo o Enrique García Vázquez detener las hiperinflaciones que se desencadenaron en 1976 y 1989, respectivamente?
-Pero, entonces?
-Esto de que una política monetaria restrictiva puede neutralizar una política fiscal expansiva es una peligrosa ilusión surgida de cómo se planteó la teoría de la política económica de corto plazo durante la década de 1960. Los modelos, como los medicamentos, deberían ofrecerse con prospectos que clarifiquen sus características y sobre todo sus limitaciones.
-¿Cuál es la idea que motiva la recomendación de la independenciade los bancos centrales?
-Negarse a emitir dinero para financiar el desequilibrio público o el crédito bancario, en el nombre de la lucha contra la inflación, exclusivamente sobre la base de la determinación personal y profesional de los funcionarios del Banco Central, luce muy difícil de resistir. Una legislación que lo impida les permite a las autoridades monetarias imitar a los diplomáticos, cuando niegan algo en el nombre del protocolo.
-Brillante. Pero ¿cuál es el inconveniente?
-Más que inconveniente, se plantea una cuestión de falta de credibilidad. Cada país tiene su historia, que afecta la toma de decisiones de sus habitantes. Les pregunto a los lectores de esta conversación: si Dios no lo permita, en su país, las consideraciones económicas, políticas y sociales demandan emitir dinero, y el presidente del BCRA no lo hace, amparándose en la independencia, ¿qué terminará ocurriendo? Lo más probable es que dicha independencia vuele por el aire, primero de manera informal y luego formal. Tampoco hay que descartar que un Banco Central independiente pueda ser generador de problemas.
-¿Por qué dice esto último?
-Porque en 1923, en Alemania, el Reichsbank estaba a cargo de Rudolf Havenstein, para quien el único problema que había con la inflación era la velocidad con la cual se imprimían los billetes. Eficientes en todo, los alemanes comprometieron a la emisión monetaria miles de empleados, más de 100 imprentas y 30 fábricas de papel. ¿Cuál fue el resultado final? Durante la primera quincena de noviembre de 1923 la tasa de inflación fue de 36% ¡por día! El Reichsbank era independiente, los Aliados apoyaban a su presidente y este nunca quiso renunciar. Finalmente, Dios se apiadó de los alemanes: al comienzo del plan de estabilización aplicado por Hjalmar Schacht, Havenstein murió.
-Se trata de un caso extremo.
-Estoy de acuerdo con ustedes en ese punto. En la Argentina de 2018 tiene mucha más importancia el diseño y la instrumentación de una política económica, que no demande políticas monetarias «heroicas» por parte del Banco Central, que una independencia obtenida por legislación que continuamente fuera puesta a prueba por inconsistencia entre lo que se le pide al Banco Central y lo que surge del resto de la política económica.
Rentas vitalicias: un fallo favorece a los jubilados
Por Silvia Stang.
La Justicia dispuso, en segunda instancia, que se debe reestimar el ingreso de un exaportante a una AFJP. .
Un fallo judicial de segunda instancia determinó que la Anses debe recalcular el ingreso de una persona que cobra bajo la modalidad de una renta vitalicia previsional contratada en una compañía de seguros de retiro, una de las opciones que en su momento se les ofrecía a quienes habían aportado a una AFJP, es decir, a quienes estaban en el régimen jubilatorio de capitalización. La resolución judicial, que implicará calcular el haber inicial como si el jubilado hubiera aportado al régimen de reparto en lugar de capitalizar ahorros, fue firmada por los jueces Luis Herrero y Nora Dorado, de la Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, en la causa «Cortés, José Raimundo c/Anses s/ reajustes varios».
En la capitalización, algunos jubilados o pensionados cobraban su mensualidad directamente del fondo de la AFJP y otros contrataron una renta vitalicia previsional (RVP): al eliminarse el sistema, en 2008, había 150.000 personas que recibían estos pagos, cuya cuantía se define según cálculos actuariales (se considera el fondo disponible en cada caso y la expectativa de vida). En muchos casos, estos contratos fueron suscriptos para cobrar pensiones por fallecimiento.
La sentencia firmada por Herrero y Dorado dispone que se recalcule lo que cobra el demandante. ¿De qué manera? Los jueces ordenan hacer un cuadro comparativo para cotejar, mes a mes, los montos que efectivamente fueron percibidos, y las cifras que hubieran resultado en caso de calcularse el ingreso según la normativa del sistema de reparto. Y las diferencias deberán ser abonadas por la Anses (hacia atrás y, también, de aquí en más).
Esa fórmula implica, en primer lugar, estimar el promedio de los salarios (actualizados) cobrados en los últimos 120 meses previos al retiro laboral; una vez obtenido ese número, se estima el 1,5%, y a la cifra resultante se la multiplica por la cantidad de años aportados. En el caso del fallo, lógicamente, se ordena hacer esto considerando el período de tiempo que el demandante había hecho aportes a la capitalización (como este sistema rigió durante 14 años, no hubo ningún jubilado «puro», sino que quienes alcanzaron el derecho a esta prestación habían realizado aportes también al reparto).
En su sentencia, los jueces destacan que la renta vitalicia «reviste naturaleza previsional» y que, por lo tanto, «se encuentra amparada por las garantías constitucionales» que se les otorga a tales prestaciones. Además, sostienen que los haberes jubilatorios tienen «carácter alimentario», lo cual les impone a los jueces actuar «con extrema cautela» al analizar el caso.
Más aún, los magistrados recuerdan que la ley 26.425 (la reforma previsional de 2008 que borró la opción por el sistema de las AFJP) estableció que la Anses se subrogaría a «las obligaciones, facultades y derechos» que la ley 24.241 les había asignado en su momento a las administradoras de fondos.
Sin embargo, las rentas vitalicias habían quedado al margen del cumplimiento de varias garantías, lo que fue cuestionado en la Justicia. Así, en 2016 y en la causa «Deprati, Adrián Francisco c/ Anses», la Corte Suprema de Justicia determinó que quienes cobran rentas vitalicias tienen derecho a la movilidad jubilatoria, es decir, a las recomposiciones periódicas (desde este año, trimestrales) previstas por ley para recomponer el valor de las prestaciones frente a los efectos de la inflación. Antes, en 2015, el tribunal supremo había definido también que los rentistas del sistema previsional tienen derecho a percibir el haber mínimo que garantiza la ley. Administrativamente (es decir, sin conseguir una sentencia judicial), la Anses sigue sin reconocer ese derecho, según afirmó el abogado previsional Adrián Tróccoli.
El fallo de la Sala 2 se contradice con otros que habían dictado ya, sobre este mismo tema, las salas 1 y 3 de la Cámara de Seguridad Social. «La Sala 1 sostiene que no corresponde [recalcular el haber] por la teoría de los actos propios», es decir, porque le asigna al rentista la responsabilidad de haber hecho su opción por esa modalidad, en uso de la libertad de contratar.
«Y la Sala 3 dijo que si se accediera a la pretensión del actor se pagaría dos veces por el mismo aporte», apunta el abogado. Sin embargo, agrega, lo que se había pedido era un recálculo para reemplazar un monto por otro, y no una superposición de prestaciones.
Ingenieros en Ambiente: profesionales indispensables para los tiempos que vienen
Por María Ayzaguer.
Una nota de La Nación revista, publicada el 24 de diciembre de 2000, habla de la primera camada de «ingenieros verdes» del país. .
Una infancia de vacaciones en la montaña, campamentos, vida al aire libre y una profesora de geografía de secundaria que lo hizo conocer las problemáticas ambientales. Algo de todo eso hizo que a, la hora de pensar qué carrera estudiar, José Fonrouge se interesara por juntar la ciencia con la naturaleza. Pero en 1993 no existía nada similar en el país, por lo que se anotó en Ingeniería industrial, en la Universidad Católica. Aburrido y a poco de comenzar partió a Estados Unidos, donde conoció la ingeniería ambiental, y volvió a su facultad para pedir: «hagan algo con esto». Dos años después, en 1994, abrió en esa institución la primera facultad de ingeniería ambiental del país. José fue parte de la primera camada que egresó en la UCA.
Hoy es el director de medioambiente de Ternium, una empresa siderúrgica del grupo Techint. Su trabajo consiste en velar por el cumplimiento normativo de las operaciones de la compañía: asegurarse de que cumplan con los estándares regulatorios y aplicar mejores prácticas ambientales. «Hacer las cosas mejor», explica.
Según explica Carlos Alberto Sacavini, director actual de la carrera, las empresas productoras de bienes y servicios de todos los rubros demandan, de manera sostenida, estudiantes e ingenieros ambientales, en particular por dos razones esenciales. «En primera instancia, los titulares de los procesos deben cumplir con las obligaciones que devienen del Derecho Ambiental positivo (regulaciones) y, además, el ejercicio de las buenas prácticas de gestión ambiental conduce virtuosamente a mejorar la eficiencia (reducción de pérdidas), lo cual deviene en ahorros y mejora de la competitividad».
Florencia Gonzalez Otharan es directora en ejecutiva en Elm, una consultora que brinda asesoramiento en gestión ambiental e higiene y seguridad en empresas. Divide sus días entre un espacio de coworking en Pilar con visitas a plantas de las empresas a las que asesora. «Hay mucho por hacer». .
Para el ingeniero, el requerimiento de ingenieros ambientales se verá incrementado dado que las exigencias legales y la vigilancia por parte de las autoridades de aplicación son, siempre, crecientes.
«Los perfiles de medioambiente son demandables», explica Ignacio Gabancho, director de Spring Professional, consultora de RRHH especializada en ejecutivos, mandos medios y directivos. Y que donde haya una fábrica debería haber un ingeniero en ambiente. Gabancho cree que es una tendencia que va a ir creciendo: «Argentina es un país que debe perfilarse productivamente, creo que va a tener una demanda constante, las compañías van a seguir necesitando la ingería medioambiental».
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De 1999 a hoy, surgieron unas diez facultades que ofrecen la carrera de grado. Cinco son estatales y otras cinco privadas, y están distribuidas entre CABA, Buenos Aires, Córdoba, Río Negro y Santa Fe. Si en 1999 entre todas las facultades sumaban 319 estudiantes, en el 2016 – último dato disponible- fueron más de dos mil. Muchas otras facultades ofrecen maestrías en gestión ambiental.
Es el caso del Instituto Tecnológico de Buenis Aires (ITBA), donde funciona un Centro de ingeniería en medio ambiente. Allí docentes, investigadores, e incluso alumnos trabajan en proyectos especialmente enfocados en estudiar la contaminación del agua. Uno de los más recientes elaboró el primer mapa colaborativo de contaminación del agua con arsénico del país.
Sociedades que exigen
«Hoy la sociedad está más informada y se pone cada vez más exigente. Muchas industrias que nacieron en zonas que no estaban pobladas de pronto lo están, y los vecinos exigen, piden información, reclaman. Muchas hoy optan por irse a parques industriales. Hay en las empresas una creciente preocupación real, económica y hasta marketinera por el medioambiente», explica Julio Abel Sola, ingeniero y coordinador de la carrera en la UNTREF.
Cuenta que en esa facultad la carrera surgió en el 2007 como una necesidad de dar respuestas a una demanda que existía: hasta ese momento la mayoría de las carreras eran principalmente de gestión ambiental y faltaban ingenierías. Hoy sucede que las industrias van tomando estudiantes avanzados de ingeniería, y eso hace que los alumnos demoren el egreso. «Después del tercer año ya se empiezan a ubicar en alguna empresa».
Desde un pequeño kiosko a una megaminera
Agustina Belogi, de 26 años, trabaja como responsable de proyectos regulatorios en temas ambientales. .
Existen tres posibles salidas laborales para los ingenieros ambientales: el trabajo en empresas , donde las más habituales son petroleras y siderúrgicas; en organismos del estado, donde desarrollan políticas destinadas a controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, y en consultoras de medioambiente, que ayudan a las industrias a desarrollar programas que mejoren su desempeño ambiental: evaluar las condiciones de higiene, seguridad y contaminación de ambientes laborales, urbanos e industriales. También pueden desempeñarse como docentes, investigadores o peritos auxiliando a la justicia en la determinación de hechos puedan haber afectado al medio ambiente.
«Desde un pequeño kiosko que en la ciudad de Buenos Aires que necesita tener su certificado de aptitud ambiental a una megaminera, el abanico laboral es muy grande», grafica Agustina Belogi, de 26 años, que trabaja como responsable de proyectos regulatorios en Chaer, una consultora de medioambiente ubicada en Villa Urquiza. Una de las cosas que más disfruta de su trabajo es la variedad de rubros con los que puede interactuar.
Egresada de la UNTREF, cuenta que cuando salió de la facultad no le fue difícil conseguir trabajo, pese a que muchas empresas buscan estudiantes recibidos con muchos años de experiencia laboral, algo difícil de asegurar. Piensa que es esperable que la demanda laboral continue avanzando progresivamente. «A medida que avanza la sociedad, y al irse cada vez especializándose más en el cuidado del ambiente es lógico que haya que ir adoptando prácticas más sustentables».
Más allá de su trabajo privado, Agustina participa de un proyecto de la UNTREF en el que instalan termotanques solares en barrios carenciados. Es un ida y vuelta que cree que corresponde prestar en retribución a la educación pública que recibió. «En agradecimiento a todos, los ingenieros en medioambiente egresados de la universidad pública hoy trabajamos por el medioambiente».
«Hay mucho por hacer»
Florencia Gonzalez Otharan es directora en ejecutiva en Elm, una consultora que brinda asesoramiento en gestión ambiental e higiene y seguridad en empresas. Divide sus días entre un espacio de coworking en Pilar con visitas a plantas de las empresas a las que asesora. Antes trabajó en el estado, donde cuenta entusiasmada se puede trabajar en el desarrollo de políticas públicas que tienen impacto en la población (desde mediciones de aire y agua hasta mapas de ruido y movilidad sustentable).
Lo que más disfruta de su profesión es que fusiona mucho lo técnico con lo social. Cuenta que de a poco se va imponiendo mas la preocupación por el medioambiente en las empresas argentinas. «Las más proactivas, tal vez las empresas grandes, van ocupándose más y ponen el foco mas allá de netamente cumplir con la ley, y después están las que solo quieren las certificaciones. Hay mucho por hacer».
Respuestas a las incógnitas mas recurrentes respecto del FMI
Por Nicolás Sanz.
¿La ayuda del Fondo fue una buena jugada?
En la coyuntura, está de más informar que el Gobierno accedió a un préstamo “stand by” por un monto de 50 mil millones de dólares, además de conseguir 5.600 millones de dólares extra que serán aportados por el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Sin embargo, varios lectores y gente allegada, han hecho llegar a este medio ciertas dudas que, quizá, no han sido explicadas escuetamente.
En diálogo con Tribuna de Periodistas, el ingeniero Gustavo Ibáñez Padilla, dedicado a la planificación y protección financiera, ha respondido a aquellas incógnitas elocuentemente.
Lo primero que se le consultó al especialista en finanzas fue si la Argentina puede salir ilesa de este préstamo, ello en el marco del rechazo social que generó debido a los antecedentes, tanto locales como globales, la respuesta no se hizo esperar: “La sociedad tiene una idea poco clara sobre el FMI. Argentina forma parte del Fondo y nunca dejó de serlo, por lo que no podemos hablar de ‘regreso’ ya que nunca nos fuimos. Lo que el fondo nos ofrece es una asistencia crediticia de muy bajo costo en condiciones especiales. Estas son: nos prestan cuando ya nos resulta difícil conseguir financiamiento en el mercado, la tasa es mucho menor que la que estábamos consiguiendo y por eso mismo nos imponen cumplir ciertos requisitos. Esto es que el dinero debe emplearse con el único fin de solucionar efectivamente nuestros problemas actuales”.
También se le ha inquirido sobre la diferencia entre los especulados 30 mil millones de dólares que, se decía, le prestaría el FMI a la Argentina y los 50 mil millones que culminó ofreciendo la entidad financiera, a lo que supo responder que “la diferencia es sustancial, está es la asistencia más grande que ha recibido Argentina y también la mayor que ha otorgado el FMI. Implica un voto de confianza del Fondo y de los grandes líderes internacionales, especialmente de (el presidente estadounidense) Donald Trump. Existe un interés muy destacado de que la Argentina encauce exitosamente su economía a fin de servir de ejemplo y de estabilizar a la región”.
Otra de las preguntas que precisaba una respuesta concisa, refiere al impacto del día a día en el bolsillo de la sociedad, nuevamente Ibáñez Padilla supo responder con una simpleza inusitada: “Contrariamente a lo que se insinúa en muchos medios el impacto es muy positivo. El ajuste que hay que hacer es muy grande en términos absolutos y relativos, pero esto no depende del FMI, debe hacerse sí o sí. Si no somos capaces de realizar el ajuste nuestra economía caerá en una espiral inflacionaria y sufrirá una disminución muy importante de su PBI (Producto Bruto Interno)”.
Sobre la misma pregunta se explayó y agregó que “el financiamiento del Fondo nos da las herramientas para llevar a cabo un ajuste controlado y al mismo tiempo calmar la desconfianza del mercado, lo cual es indispensable para asegurar el valor de nuestra moneda. Si hubiera dudas sobre la capacidad de financiamiento del Gobierno de Macri -en lo que le queda de mandato- podría ocurrir una caída libre de la demanda de pesos, generando hiperinflación aunque no se incrementara la emisión de dinero. Simplemente la gente huiría del peso y el dólar subiría a las nubes, ya conocemos el final de esta película. Por ello podemos decir que el préstamo del FMI constituye una bendición para la Argentina”.
Por último, al experto económico se le requirió una explicación sobre la probabilidad de cumplimiento de las metas impuestas por el Gobierno tras el concebido financiamiento del Fondo: “Las metas propuestas por el Gobierno de Mauricio Macri al FMI son muy elevadas, acordes a nuestra situación e implican un ajuste muy severo. Basándonos en nuestra historia no es fácil cumplir con estas metas sin la ayuda de un colapso económico, ya que las personas afectadas por los ajustes oponen una gran resistencia. Sin embargo, hoy estamos ante un escenario cualitativamente distinto al de años anteriores. Estamos viviendo un profundo cambio en la matriz política argentina y esto brinda la posibilidad de generar un cambio real en la estructura económica que permita poner fin a una prologada decadencia. La tarea es muy difícil pero no imposible”.
Sobre la base de lo mencionado por el ingeniero se podría decir que el apoyo financiero que brindó el FMI puede ser de asaz ayuda para la Argentina.
Algo parecido mencionó el colega Pablo Dócimo un mes atrás en un artículo explicativamente pormenorizado: “El problema no es pedirle prestado al FMI, el problema es si realmente se va a usar el crédito para generar inversiones, empleo y crecimiento o lo van a seguir usando para seguir financiando la fiesta del déficit que desde hace décadas viene pagando la clase media”.
Cómo salir del Veraz dependerá de la razón por la cual estés ingresado como moroso. .
Estar inscripto en la lista de morosos de Veraz puede perjudicarte a la hora de solicitar productos financieros como créditos , préstamos o tarjetas de crédito. Lo bueno es que, al ser una base de datos, si estás ingresado como deudor podés solicitar que se modifique tu información. Eso sí: cómo hacerlo va a depender del motivo por el que figures así. Te contamos.
Si es por una deuda inexistente o incorrecta
Es posible que algún acreedor haya avisado de un incumplimiento de tu parte cuando en realidad no tengas esa deuda.
En ese caso, vas a necesitar iniciar un trámite para rectificar la información que figura en Veraz. Podés hacerlo por teléfono o por internet:
– Por teléfono: llamá al (011) 5352-4800 de lunes a viernes de 9 a 18 hs, e indicá la opción «nuevo reclamo». Luego, la contestadora te brindará dos opciones: «actualizar información», o «desconozco información de deuda». Elegí la más adecuada para tu caso.
Una vez seleccionado el tipo de reclamo, te comunicarán con un representante de Equifax, quien te pedirá que proveas documentación probatoria. ¿Cómo se hace? Llamando nuevamente y eligiendo la opción «enviar un documento probatorio por fax», y enviando por este medio aquellos documentos que certifiquen el pago de la deuda en cuestión, como por ejemplo comprobantes de pago.
– Por internet: ingresá a la página de reclamos de Veraz , y elegí la opción «información de deudas y cheques realizados». Una vez allí, optá por «actualización de deudas» o «desconocimiento de deudas», según sea tu caso.
Deberás aclarar si estás haciendo el reclamo por vos o por un tercero, e ingresar tus datos personales. También tenés la posibilidad de adjuntar documentación probatoria. Y, si no lo hiciste aún, necesitarás generarte un usuario y contraseña.
Una vez concluido el trámite, que dura entre 7 y 10 días hábiles, podría cambiar tu información en Veraz. Podés seguir el proceso ingresando aquí, en la sección «Consultar estado/subir documentación».
Si es por una deuda existente impaga
Si se registró una deuda impaga real a tu nombre, tenés dos opciones:
Cancelar la deuda. En este caso seguirás figurando en Veraz durante dos años (la deuda igualmente figuraría como paga). Si el acreedor no avisa del pago de la deuda, podrías seguir estando en la lista de morosos. Para corregir esto, seguí las instrucciones que explicamos antes.
No cancelar la deuda. Si esta es tu elección, no figurarías en la lista de morosos para siempre. Según explica el abogado especialista en temas crediticios Guillermo Ramos Monso, la Ley 25.326, de protección de datos personales, indica que tus datos para informes comerciales y crediticios pueden ser guardados por un tiempo máximo de cinco años.
«Pasado este período, uno puede realizar la supresión total de la información que figure acerca de esa deuda en cualquier base de datos, siempre y cuando el acreedor no haya iniciado juicios o el deudor haya comenzado un plan de pagos. En este caso, se interrumpiría el plazo de la prescripción», clarificó Ramos Monso.
Uno de los indicadores más importantes dentro de la ciencia económica puede ser localizable en el PIB Per cápita. Este es un indicador determinante para establecer el nivel de riqueza de un país.
Por Henry Vizcaino.
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Algunas comparaciones entre países se convierten en elementos útiles para el entendimiento de las causas de por qué un país sostiene mejor bienestar que otro. Las diferencias pueden resultar ser odiosas o incómodas, pero se convierten en un mecanismo sano para buscar nuevos horizontes que puedan trasladarnos a situaciones mejores que las presentes.
Uno de los indicadores más importantes dentro de la ciencia económica puede ser localizable en el PIB Per cápita. Este es un indicador determinante para establecer el nivel de riqueza de un país. Los denominados países desarrollados se suelen destacar en materia económica por contar con niveles de PIB per cápita más altos, que les permite presentar un mayor manejo de recursos para hacer posible la prosperidad de sus ciudadanos.
Gracias a formar parte de un mundo cada vez más globalizado donde el acceso a información estadística se ha convertido en una herramienta útil para medir el desempeño de cada economía a lo largo de varias décadas se hace más fácil evidenciar atraso o mejoras en el tiempo con países que al igual que la Argentina empezaron su peregrinaje de desarrollo en el siglo XIX. En este caso, es interesante ver la comparación con Nueva Zelanda en cuanto al comportamiento del PIB per capita.
Argentina tuvo un desempeño superior durante varias décadas, para luego tener un comportamiento casi similar con ciertas oscilaciones, para empezar definitivamente desde los años 30 un proceso de declive con respecto a Nueva Zelanda.
La historia de Argentina con respecto a este indicador puede ser catalogado como una pérdida progresiva de producción de riqueza, pasando del auge al declive o estancamiento. Es común hallar en diferentes escritos un período de éxito argentino enmarcado entre una ilusión de bienestar para pasar al desencanto con respecto al país.
El alejamiento cada vez más separado del mundo desarrollado aconteció sin percance alguno. Nueva Zelanda para los años de 1913-2010 haría esfuerzo en mantener su estabilidad monetaria, teniendo en promedio durante estos años una inflación de 5,61 % y la Argentina durante ese tiempo 161,53 %.
El máximo porcentaje de inflación de la Argentina para ese período se ubica en 4.953,57 % en el año 89 con varias secuelas de inflación persistente llegando a la hiperinflación, mientras que Nueva Zelanda solo tendría como máximo un 18,24 para 1986, sin conocer la hiperinflación.
A eso sumémosle el gran problema de la Argentina con temas institucionales, golpes de estados, dictaduras, fragmentación social, y la imposibilidad de sostener el crecimiento en el tiempo. Problemas que Nueva Zelanda más allá de haber tenido participación durante la I° Guerra Mundial y II° guerra mundial, donde las tropas neozelandesas lucharon junto a Gran Bretaña en Europa, el Medio Oriente y el Pacifico, pagando un precio muy alto: Uno de cada tres hombres entre las edades de 20 y 40 años resultaron muertos o heridos.
Esto para un país que nunca se ha destacado por tener una gran población, es casi una tragedia. Pero desde fines de los 40 a los 70 los neozelandeses gozaron de una creciente prosperidad económica basada fundamentalmente en la agricultura y ganadería sin ningún percance parecido al de Argentina.
A eso sumémosle que ambos países presentan desde hace décadas un comportamiento muy distinto con respecto a la apertura comercial, siendo muy dispares en cuanto a la importancia del papel que desempeña el comercio para cada uno.
La Argentina ha protagonizado varios caminos que la ubican de una manera y a Nueva Zelanda de otra. Para los tiempos actuales parece útil y necesario destacar que El Índice de Calidad Institucional, que elabora la Fundación Libertad y Progreso desde 2007 para la presente edición-2018, termina ubicando a Nueva Zelanda en el primer lugar de 191 países, y la Argentina se ubica en el 119.
Buenas instituciones se traducen en mejor calidad de vida para los habitantes de una nación y eso es medible. En todos los casos puede verse que los países que tienen mejor calidad institucional son también aquellos que brindan las mejores oportunidades a sus ciudadanos y tienen el mejor desempeño en términos de economía, educación, salud o el indicador que quiera mirarse, caso contrario a los países más lejos de esa realidad.
No estamos tan lejos
Hay pocas razones para creer que en el país se genere un esquema distinto por el único y simple hecho de que se muestre la realidad de un país con respecto al otro. La historia de la prosperidad y el buen vivir no la han alcanzado todos, en un mundo donde unos son desarrollados y otros todavía los siguen persiguiendo, convirtiéndose en la meta de los diferentes académicos de todos los ámbitos, hablar de cómo alcanzar el bienestar y la eficiencia.
La lógica de lo sostenible es lo que garantiza el futuro, lo contrario a eso con elementos vulnerables económicos y sociales donde se conviva con desequilibrios institucionales, es un camino que ha demostrado que solo puede brindar el enterramiento de posibilidades reales de prosperidad.
La Argentina muestra tendencias contradictorias, entre una alta capacidad para el desarrollo y una incapacidad para lograrlo, en el marco de una perseverante decadencia institucional que ahora intenta revertir. El aspecto más crítico es el del decaimiento socioeconómico y el de la frustración de las expectativas colectivas con respecto al país.
El manejo y la resolución favorable de esta cuestión serán determinantes para inclinar la balanza hacia la reconstrucción de la institucionalidad y reglas de juego de mercado que permitan recuperar el rumbo a la prosperidad para brindar mayores oportunidades de progreso para sus habitantes.
—Henry Vizcaino, es economista colaborador de la Fundación Libertad y Progreso.
Plan Procrear: introducen cambios, pero el subsidio mantendrá el tope de $400.000
Subirán el valor de la vivienda que puede entrar al plan hasta los $2,5 millones.
Por Pablo Wende.
El valor máximo del inmueble que se podrá adquirir pasó de $2,2 millones a $2,5 millones.
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Para tratar de aliviar las dificultades que la suba del dólar está generando en las operaciones inmobiliarias, el Gobierno decidió actualizar el valor de la propiedad que se puede adquirir a través del plan Procrear. Se definió una actualización del 10%, por lo que el valor máximo del inmueble que se podrá adquirir pasó de $2,2 millones a $2,5 millones. Esa modificación será aprobada el lunes próximo por el comité ejecutivo de Procrear.
En cambio, desde el Ministerio del Interior aclararon algunas versiones que habían hecho «ruido» en las últimas horas en relación al subsidio que ofrece Procrear a los compradores. En ese sentido, indicaron que el monto de esa ayuda estatal quedará fijo en $400.000, es decir, no será actualizado a pesar de la suba de la divisa y el aumento del valor de las propiedades en pesos. En la práctica, esto significa que disminuye el valor del subsidio en términos reales, porque representa un monto menor en relación al precio del inmueble.
En el nuevo esquema del plan Procrear introducido por el Gobierno de Mauricio Macri, son los bancos los que otorgan el préstamo hipotecario y luego el Estado brinda un subsidio directo al comprador. Claro que luego de los últimos cimbronazos financieros, lo más probable es que el aumento de esta línea de financiamiento afloje mucho su ritmo. Los números de mayo aún no lo muestran, porque vienen con la inercia de los meses anteriores.
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Estas modificaciones fueron discutidas ayer con empresarios del sector inmobiliario, escribanos, directores del Banco Central y funcionarios de Interior. Uno de los reclamos fue, por ejemplo, reducir lo máximo posible el tiempo desde que una persona recibe el visto bueno de la entidad para el otorgamiento del crédito hasta la compra del inmueble. La suba del dólar provocó que una importante cantidad de operaciones se cayera, porque al solicitante del crédito no le alcanzan los pesos recibidos para la compra de la vivienda (que está valuada en dólares).
Además, se habló de promover la posibilidad de que las viviendas sean vendidas con ajuste UVA, en vez de valuarlas en dólares. Esto sería posible sobre todo cuando se trata de desarrollos impulsados por créditos bancarios. «Estamos trabajando para que de ahora en más tanto subsidio, ahorro, crédito y valor de la propiedad se contemplen en UVA», explicaron fuentes oficiales.
Desde Procrear aportaron, además, algunos datos «duros» de cómo viene funcionando el programa:
– Los préstamos con subsidio estatal representan el 30% del total de las operaciones con crédito hipotecario.
– Desde 2017 hasta hoy se realizaron más de 27.000 escrituras.
– Se otorgaron más de $8.000 millones en concepto de subsidios.
Quien tiene dólares puede obtener descuentos y es el ganador en un contexto en el que los desarrolladores vuelven a pensar en el inversor como comprador y en el segmento premium. .
El sector digiere de a poco los cambios que plantea un dólar más alto y se anima a plantear las nuevas reglas de juego que marcarán el rumbo del año. Aún en un clima de incertidumbre, los empresarios aclaran que es necesario esperar unos meses para ver cómo evoluciona la industria, insisten en que hay que mirar el largo plazo pero igual confiesan algunos cambios.
1. Los inversores ganan protagonismo
Los desarrolladores miran al comprador que es inversor, que apuesta al ladrillo como resguardo de valor y que busca unidades ubicadas en zonas top. «Los proyectos nuevos volverán al modelo de la preventa y los fideicomisos al costo que se financian durante la obra», explica Toribio Achával, presidente de Toribio Achával Propiedades.
2. La vuelta al producto premium
Con compradores finales a los que la zanahoria del crédito se aleja, el sector volverá a construir para el segmento más alto de la pirámide. De hecho, casi como una paradoja y en medio de la convulsión, esta semana, Grupo Monarca presentó el primer lanzamiento del año: Azzurra, un barrio cerrado de US$50 millones de inversión que ocupa 68 hectáreas en Tortugas, con una oferta de lotes que va desde los US$ 85.000 hasta los US$500.000 -que se pueden pagar al contado con descuento o con un adelanto del 25 por ciento y hasta 36 cuotas fijas en dólares, en UVA o en pesos ajustadas por CAC-. «El proyecto tiene un bosque de 52 años de Thays y será el primero en el mundo con una oferta de lotes que da a una laguna cristalina Crystal Lagoon, esto permitirá que tengan playa privada», relata Gonzalo Monarca, presidente de la desarrolladora homónima. El empresario que esperó el desenlace del martes, la jornada del cierre de las Lebac, para reconfirmar el lanzamiento. La decisión de poner las energías en el ladrillo premium no fue fácil. De hecho, la compañía cambió el emprendimiento sobre la marcha. Inicialmente proyectaba un barrio cerrado para un escalón más abajo pero finalmente decidieron ir por lo exclusivo.
3. Las negociaciones, más flexibles
Jorge D’Odorico, titular de D’Odorico Propiedades admite que, si bien los precios no tienden a la baja, «los dueños de los pisos dejaron de estar rígidos y tienen oídos para las contraofertas». «Es el mejor momento para hacerlo», agrega Achával. El broker da números: se pueden encontrar descuentos de hasta 10 por ciento, sobre todo en usados. Por caso, antes por un departamento de US$1 millón era impensada una contraoferta de US$830.000, hoy la escuchan y la analizan. Hay que aclarar que son situaciones particulares. Nadie en el sector está saliendo a «regalar metros».
4. El tenedor de dólares, el ganador
Este perfil de comprador es el protagonista en las negociaciones flexibles planteadas en el anterior punto. Pero también hay casos de inversores líquidos en dólares que buscan unidades en proyectos en marcha que se entreguen en un año y medio. Entran con un anticipo, y saben que el saldo en pesos les costará menos dólares que hace un mes atrás. También miran el stock remanente que quedan en los proyectos terminados. Son casos en los que los desarrolladores ya están hechos, habían logrado que se puedan escriturar -por lo tanto son unidades apto crédito- entonces les habían subido los precios hasta 20 por ciento. Hoy para venderlas tienen que bajarlas al precio real de mercado, explican desde las inmobiliarias. «Las hipotecas estaban atadas a la inflación no controlada y las propiedades que se financiaron estaban más caras de lo que valían, Además el sector padece altos costos que no permiten generar mayor actividad», resume Ignacio Camps, presidente de la inmobiliaria Evoluer.
5. Habrá menos oferta de metros nuevos para la clase media
Los desarrolladores que estaban en proceso de lanzar sus emprendimientos pensados para el consumidor final y en barrios poco consolidados, los volvieron a guardar en el cajón. «Con tasas de referencia del encima del 40 por ciento, desarrollar en pesos es inviable, y en dólares no tenés compradores, salvo en el mercado premium», afirma Federico Gagliardo, presidente de Vitrium Capital, la desarrolladora que construye el proyecto mixto Pueblo Caamaño en Pilar. Monarca, que compró tierra en La Boca, Wilde y Mar del Plata para construir edificios que se venderían financiados, esperará a que se calmen las aguas para arrancar. Hoy sus energías están puestas en Azzurra. Explica que desarrollar en este segmento es un negocio más financiero, de márgenes más chicos y atado al éxito de los créditos intermedios -los que los bancos le otorgan al desarrollador que, por ahora, las entidades financieras suspendieron-. «Es entendible que quienes no arrancaron esperen, pero es como retroceder diez casilleros, no podemos quedarnos con lo que hicimos en los últimos 20 años y seguir construyendo sólo para los ricos», sentencia Gustavo Llambías, Socio de RED, Real Estate Developers. El especialista defiende a rajatabla la UVA como unidad de valor de referencia del sector. «Si tomás series largas durante los últimos 30 años, el sueldo promedio de la gente ha estado dos o tres puntos por encima de la inflación. Por eso creo que no tendrá problema quien tomó una línea UVA», agrega y confiesa que cerró el contrato con la empresa demoledora en esa unidad. El desarrollador arrancará en estos días la construcción de Lope de Vega IN, el emprendimiento con oferta de unidades con precios desde poco menos de 100.000 UVA y del que, en once meses, vendió 70 de los 110 unidades previstas para la primera etapa.
El 10%, es el descuento que puede lograr quien va a comprar una unidad con los dólares en la mano. .
6. Los proyectos en marcha para los usuarios finales se entregarán
Las desarrolladoras que arrancaron en punta como CasasArg -que construye el proyecto Prima en Caballito con departamentos de uno a cuatro ambientes que se venden con precios que parten de $2 millones en los que se ingresa con un anticipo de $200.000- y RED Real Estate Developers -con Lope de Vega IN, ubicado a pocas cuadras del cruce de esa avenida y Juan B. Justo- seguirán adelante con sus planes. Es más, podrían vivir un momento de oportunidad por la escasa oferta de metros nuevos para el comprador final. «Ofrecemos alternativas de financiación que permiten cancelar el 70 por ciento recién al momento de ingresar a la propiedad, con o sin crédito. Esto significa que, mientras uno adquiere un bien en pesos en cuotas, se dolariza una vez finalizada la obra», detalla Sebastián Sommer, CEO de CasasArg. Un dato no menor es que en ambos casos, los desarrolladores confiesan que ya cuentan con el capital para terminarlos.
7. El costo de construcción bajó.
Es una consecuencia lógica del aumento del dólar en el corto plazo -hasta que, en el caso de que sucediera, la devaluación se traslade a la inflación-. El número que se estima entre US$1500 y US$1700 por m2, habría caído entre 10 y 15 por ciento por efecto de la devaluación, según las cuentas de Monarca, quien cree que una menor demanda por parte de la obra pública también obligará a las constructoras a ser más competitivas con los precios. Hay que tener en cuenta que, de todas formas, este costo tiene un 30 por ciento de incidencia en dólares -cemento, el hierro, aluminio y el hormigón-.
8. Los precios de los usados se estabilizarán
Las unidades usadas fueron las estrellas de los últimos meses por efecto del crédito. Hoy con una demanda más reticente a tomarlos, la situación cambia. Hubo operaciones que se cayeron por la imposibilidad de juntar dinero extra, o tomadores que se retractaron ante un escenario menos estable. «Desde septiembre venían creciendo fuerte con los préstamos, y ahora esa subida encontró una pausa, sobre todo por las contraofertas de los potenciales compradores, que piden descuento, y la mayor predisposición de los propietarios de negociar más agresivamente los valores», analiza Gabriel Brodsky, director de la desarrolladora e inmobiliaria Predial, que construye microdepartamentos. Achával aclara que, por la demanda, las propiedades de tres ambientes bien ubicadas con buenos accesos que promedian los US$150.000 defienden el valor y no bajarán. «Son casos en los que, si el comprador no llega, le pide el dinero al padre», explica. Las realidades son distintas según el segmento.
Seguramente las negociaciones sean más feroces en propiedades dirigidas a la clase media y a un nivel socioeconómico menor. «Las propiedades usadas ubicadas en el corredor Norte de la ciudad tienen un perfil de vendedores que, por lo general, no tienen una necesidad económica urgente de desprenderse del activo sino que ofrecen sus unidades para conseguir dinero para hacer otro negocio o para resguardarse en otro inmueble. Ninguno de ellos me habló de bajar el precio, sino de esperar», detalla Hernán Siwacki, socio de Capital Brokers. En números, Germán Gómez Picasso, cofundador de Reporte Inmobiliario proyecta que el valor de los usados crecerá un 5 por ciento este año, frente al 10 por ciento del año pasado traccionado por el crédito, pero que las unidades a estrenar se mantendrán más estables. «Con un crecimiento de la economía del 3 por ciento, el empresario traslada la inflación a precios, el crédito se encareció para el que compra, pero también para el que construye», aclara un desarrollador en off. Marcelo Plana de la consultora del economista Orlando Ferreres propone imaginar un escenario en el que el valor real del dólar -es decir, aquel que excluye el aumento de precios- aumente luego de que la volatilidad se estabilice. «Lo que esto produce es una caída en los valores de la propiedad medidos en dólares, pero para eso hay que esperar a ver cómo evolucionan la inflación y el tipo de cambio. «, resume. En el mediano plazo se cabría esperar una recuperación, pero con variación entre los nuevos y los usados. En este momento, dice, el segundo grupo tiene un valor mayor por la poca oferta de desarrollos a estrenar. «En la medida en que el mercado inmobiliario sea sostenible durante un tiempo suficiente, va a ser negocio construir más, y por ende el nuevo se diferenciará más que el usado, crecerá a un ritmo mayor», afirma.
9. La demanda de crédito hipotecario se enfriará
El clima de incertidumbre no ayuda y el aumento de las tasas por encima del 7 por ciento + UVA generó que quienes estaban en proceso de sacar un préstamo prefieran esperar. Damián Tabakman, rector en la Escuela de Negocios Real Estate es contundente: «El préstamo hipotecario es hijo de la estabilidad y la inflación alta lo deshabilita». En esa línea, el broker Adrián Mercado de la inmobiliaria homónima agrega que la gente que saca un préstamo trabaja en empresas que dependen de la situación económica del país, y una tasa de referencia por encima de 40 por ciento es un problema para las pymes. «En este escenario, ¿qué garantía puede tener la persona de que no va a tener un problema en su trabajo?», se pregunta. Su colega Alejandra Covello, presidente de Covello Propiedades, aclara que las operaciones en las que se pedía un préstamo de hasta el 35 por ciento del precio final de la propiedad siguen en marcha. La buena noticia es que los directivos de los bancos tanto públicos como privados admitieron en ExpoConstruir que no suspenderán las líneas en UVA.
10. Invertir en pozo, una oportunidad
Según Hernán Nucifora, de la desarrolladora Global Investments, con la devaluación se abre una oportunidad para los departamentos en pozo en pesos. Propone recurrir a un fideicomiso en pesos con precios concertados y no al costo. «Más allá de que hay costos de la construcción como el hierro y el aluminio, que se incrementarán con el dólar, son un componente menor en el valor del metro cuadrado. Nosotros tenemos respuesta con los departamentos que se comercializan en pesos. La lista de precios bajó un 15% y el índice de la Cámara de la Construcción aún no trasladó aumentos», apunta. Llambías, que vende en UVA, no bajó los precios pero también habla de oportunidad. «Hoy con los mismos dólares comprás más UVA», explica. Y aclara que no tocó los valores en UVA porque vendió a precio fijo. Tomó un riesgo comercial, por lo tanto, si baja el costo de construcción en UVA, se beneficiará. Si sube, en cambio, tendrá que cubrirlo. Gajes del oficio.
Argentina tuvo un desempeño superior durante varias décadas, para luego tener un comportamiento casi similar con ciertas oscilaciones, para empezar definitivamente desde los años 30 un proceso de declive con respecto a Nueva Zelanda.
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