Una marcha de manifestantes contra los fondos buitre en Buenos Aires. Reuters

Un liderazgo verdadero requiere un pensamiento claro y la evaluación desapasionada de riesgos y beneficios. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, tiene hasta el 30 de julio para decidir si llevará a su país a otra cesación de pagos o default o llegará a un acuerdo con los acreedores que no aceptaron la reestructuración de la deuda, o holdouts. Hay un posible camino sensato, pero esto requiere dejar de lado una retórica acalorada y adoptar la sabiduría y el liderazgo mesurado.

Argentina cayó en cesación de pagos en diciembre de 2001, en medio de una prolongada recesión económica. En 2005, el país hizo a los acreedores una propuesta de reestructuración de deuda de «tómelo o déjelo». El gobierno solicitó a los bonistas que aceptaran nuevos bonos con una reducción significativa en su valor nominal. Para reforzar la propuesta, el Parlamento de Argentina aprobó la llamada «ley cerrojo» que prohíbe al país ofrecerles cualquier cosa en el futuro a los acreedores que no participaron en el canje.

Alrededor de 75% de los acreedores de Argentina participaron en el canje de deuda en 2005. Cuando el Congreso votó en 2010 a favor de reabrir temporalmente la reestructuración, la mayoría de los bonistas que no habían participado ofrecieron sus bonos, presuntamente desalentados ante la postura intransigente de Argentina. Sin embargo, un pequeño grupo de acreedores que no participaron continuaron con un litigio el tribunal federal de Estados Unidos en Nueva York.

Quizás por mediocres consejos legales o mal juicio político, Argentina nunca intentó llegar a un acuerdo y en vez de eso apostó todo en su postura. En 2011, Thomas Griesa, el juez de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, dictó un fallo en el caso de NML Capital Ltd. v. Republic of Argentina según el cual las cláusulas de igualdad de condiciones de la deuda incumplida de Argentina implicaba que el país no podía seguir pagando deuda emitida bajo el canje a menos que al mismo tiempo realizara pagos completos a los tenedores de bonos que peleaban en los tribunales. La última final fue pronunciada el 16 de junio cuando la Corte Suprema de EE.UU. se negó a considerar el caso, agotando así los recursos de apelación de Argentina. La única decisión que queda por tomar es si resolverá el litigio o llevará al país a otro default.

¿Qué hay de por medio? Según Argentina, pagarle a todos los holdouts costaría US$15.000 millones. A mediados de julio, Kirchner dijo en Brasil que Argentina estaba lista para darle a los acreedores que no aceptaron el canje las mismas condiciones de aquellos que participaron en la reestructuración de 2005. Un cálculo aproximado indica que esto costaría US$6.000 millones. Por tanto, la cantidad en disputa es de unos US$9.000 millones. No se trata de una cantidad pequeña; sin embargo, US$9.000 millones es sólo 2% del PIB de Argentina.

Una líder inteligente consideraría las consecuencias de llevar a su país a una cesación de pagos. Las entradas de capital a Argentina se verían severamente reducidas, los costos de endeudamiento aumentarían, el crecimiento económico se desaceleraría y las finanzas públicas se verían restringidas. Para la población, esto implicaría menos empleos, mayor inflación y menos servicios públicos. Es casi seguro que un default le costaría al país más de 2% del PIB y sus efectos durarían más de un año.

Pero acatar el fallo del tribunal de Nueva York presenta dos problemas. Primero, US$15.000 millones equivale a más de la mitad de las reservas de moneda extranjera de Argentina. Segundo, la cláusula de derechos sobre ofertas futuras (RUFO, por sus siglas en inglés) en los canjes de deuda de 2005 y 2010 esencialmente confirió a los participantes en la reestructuración una promesa de que Argentina no realizará una oferta superior a los holdouts antes del 31 de diciembre de 2014. No obstante, ninguno de los dos problemas es insuperable.

Los holdouts han expresado la disposición de aceptar bonos en lugar de efectivo como pago en un acuerdo. La cantidad de bonos que se necesita no colocaría una carga especial sobre la sustentabilidad de deuda, ya que los niveles de deuda de Argentina son moderados. La cláusula RUFO se podría resolver al solicitar a los tenedores de la deuda reestructurada de Argentina que renuncien a ese derecho. Dado que la cláusula expira el 31 de diciembre y que su existencia en esencia intensifica el riesgo de un default, debería ser sencillo obtener la aprobación requerida de más de 50% de los bonistas para dispensar la cláusula.

Y así se esclarecería el camino hacia un acuerdo. Los holdouts de Argentina podrían aceptar una prórroga de tres meses en la suspensión de la implementación de su fallo. Esto le permitiría a Argentina continuar con el pago de su deuda activa y evitar otro default. A cambio, Argentina aceptaría llegar a un acuerdo con los holdouts al pagarles con bonos nuevos. Este acuerdo estaría exclusivamente sujeto a que Argentina consiga una exención de la cláusula RUFO y un compromiso de lanzar de inmediato una petición de consentimiento para este fin. Si la petición fracasa, la cláusula caducaría al final del año y las partes entonces tendrían la capacidad sin trabas de completar el acuerdo en enero de 2015.

Cuando surgió la esperanza de una solución a principios de este mes, los rendimientos de los bonos argentinos descendieron a mínimos de varios años y sus mercados de acciones subieron. Esta es una señal de que los mercados recompensarían un acuerdo con nuevas inversiones que generarían crecimiento y empleos. Hay poca sensatez en canjear este resultado por otra cesación de pagos. Captar esta sabiduría sencilla es el desafío de los líderes argentinos.

* Richard Deitz es el fundador y presidente de VR Capital Group Ltd., una gestora alternativa de activos que se especializa en deuda soberana y corporativa en problemas en mercados emergentes y desarrollados.

Fuente: The Wall Street Journal, 29/07/14.

Argentina tiene hasta el miércoles para hacer un pago de intereses de sus bonos o caerá oficialmente en cesación de pagos por segunda vez en 13 años. Argentina sostiene que está dispuesta a pagarles a los bonistas que aceptaron recibir menos de 30 centavos de dólar por cada dólar de deuda en una reestructuración posterior a su default en 2001. No obstante, el juez federal Thomas Griesa ha dicho que Argentina no puede pagarles a esos bonistas sin pagarles también a los llamados holdouts, que no aceptaron los 30 centavos de dólar y ganaron una serie de casos en los tribunales de EE.UU. contra Argentina. Buenos Aires rechaza pagarles a los holdouts.

En cambio, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha pasado un mes en una extraordinaria campaña pública vilipendiando a los holdouts, así como al juez Griesa y a las cortes estadounidenses. La conclusión difícil de evitar es que Argentina prepara el terreno político para un default por el cual planea culpar a los malvados gringos del norte.

«Muchos funcionarios en Estados Unidos dicen que el Poder Judicial es independiente», declaró hace poco el jefe de gabinete argentino, Jorge Capitanich. «Pero la verdad es que no es independiente de la acción de los fondos buitre, porque muestra clara parcialidad». El gobierno ha publicado avisos a página entera en diarios estadounidenses, incluido The Wall Street Journal, atacando a los acreedores y el juez Griesa por su nombre.

Los funcionarios argentinos Axel Kicillof y Héctor Timerman usaron una reunión en la Organización de Estados Americanos el 3 de julio para denunciar a EE.UU. y pedir que quitaran la reestructuración de deuda de las cortes estadounidenses para dársela a algún cuerpo internacional que imaginan sería más favorable a los holgazanes del gobierno. «El problema del default y reestructuración, no es un problema de la Argentina, sino del capitalismo mundial, del sistema en el que vivimos», declaró Kicillof.

Es temeraria la acusación de que las cortes estadounidenses son corruptas, viniendo de un país que pisotea los derechos de propiedad a su antojo. Recuerde la confiscación argentina de los activos locales de Repsol, la petrolera española.

Argentina agotó todas las instancias de apelación legal en EE.UU. hasta la Corte Suprema. E incluso tuvo el apoyo del gobierno de Obama, créase o no, contra los acreedores estadounidenses. El gobierno temía por el precedente para los intereses estadounidenses en otros países que sentaría que un gobierno extranjero fuera obligado por cortes de EE.UU. a pagarles a los holdouts.

Los argumentos de Argentina para no negociar son débiles. Afirma que no puede pagar los US$15.000 millones en potenciales nuevos pagos de deuda, pero en reuniones privadas con el mediador nombrado por el juez Griesa a veces admitió que la cifra real es más cercana a los US$10.000 millones.

Argentina sostiene que incluso esa cantidad es demasiada carga porque reduciría sus reservas en moneda extranjera. Pero el país acordó hace poco pagar US$16.000 millones en reclamos de Repsol y de acreedores del Club de País con poco impacto en sus reservas, al emitir nuevos bonos o prolongar los vencimientos.

Los holdouts dicen que consideran esos acuerdos como un modelo y están más que dispuestos a aceptar una combinación de efectivo y bonos nuevos. Argentina responde diciendo que incluso eso sería una terrible carga de deuda, pero tiene capacidad suficiente para emitir más deuda ya que su relación de deuda frente al PIB bajó a alrededor de 40% gracias al auge de los commodities de la última década.

Otra excusa de Argentina es que según la llamada cláusula RUFO (siglas en inglés de «derechos sobre ofertas futuras») tendría que pagarles a todos los bonistas lo mismo que les pague a los holdouts, lo que multiplicaría los costos. Pero la cláusula RUFO tiene varias válvulas de escape legal si Argentina realmente las busca, comenzando con el hecho de que prohíbe concretar acuerdos de deuda secundarios de forma voluntaria. Argentina recibió la orden de la corte de realizar pagos (involuntarios) a los acreedores, que no quiere hacer.

Cualquiera que sea el costo de pagarles a los holdouts, sería menor frente al daño que causaría otro default argentino. El país perdería la oportunidad de aprovechar sus acuerdos con Repsol y el Club de París para solucionar todas sus disputas con acreedores. Sus costos de endeudamiento público y privado aumentarían, quizás por muchos años.

El default es un sinsentido tan grande que plantea el interrogante de si Kicillof está invitándolo como una forma de persuadir al Fondo Monetario Internacional y a los liberales estadounidenses para que aceleren su campaña para poner las negociaciones de deuda en manos de una nueva burocracia global. Esto les daría más influencia a los deudores y políticos a expensas de los mercados financieros y las cortes estadounidenses, lo cual podría agradarle a un ex profesor de Economía izquierdista como Kicillof, quien parece creer que el default lo podría convertir en un héroe político sin costo alguno.

El mejor desenlace para todas las partes, y especialmente para Argentina, sigue siendo que Buenos Aires negocie de buena fe y evite la cesación de pagos. Pero si se rehúsa, el juez Griesa merece el apoyo de todos los que se preocupan por la integridad de los mercados financieros de EE.UU. por defender la ley y el derecho estadounidense sobre la propiedad.