El Ministerio de la Verdad (2022)

mayo 4, 2022

Biden crea un «Ministerio de la Verdad» acercando a Estados Unidos a la distopía orwelliana de 1984

La Casa Blanca anunció la creación de la Junta de Gobernanza de Desinformación, presidida por una demócrata que rechaza la «desinformación sexualizada». Ha sido inevitable la comparación con la novela de ficción distópica de George Orwell, donde la vigilancia y el control de pensamiento imperan como forma de gobierno

Por Oriana Rivas.

Biden crea "Ministerio de la Verdad" acercando a EEUU a la distopía orwelliana de 1984
Republicanos no ven con buenos ojos que una instancia, bajo el Gobierno de BIden, controle lo que considere «desinformación».

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El gobierno demócrata de Joe Biden anunció la creación de la Junta de Gobernanza de Desinformación, que no parece ser otra cosa que un «Ministerio de la Verdad», según sus críticos. Como el que retrata la —ya no tan distópica— novela 1984, de George Orwell. El fin apunta a ser similar: cambiar la historia a conveniencia de una ideología para controlar a las masas.

Big Brother

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Este nuevo organismo estadounidense, adscrito al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), sería el encargado de «contrarrestar» la supuesta desinformación sobre varios temas, como la migración en la frontera con México o noticias provenientes de Rusia. Eso es lo que se dijo de manera oficial.

Las reacciones han sido inmediatas. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró que «lo que quieren hacer es publicar falsas narrativas sin que las personas puedan hablar o contraatacar». Hizo mención a que el propósito es «abogar por los encierros por el COVID-19» o defender el cierre de escuelas sin evidencias que lo respalden. Para DeSantis fue inevitable calificar esta nueva oficina como un «Ministerio de la Verdad».

La contrapropaganda es un modo de comunicación compuesto por métodos aplicados y mensajes transmitidos para combatir la propaganda que trata de influir en las acciones o perspectivas entre un público determinado. Está estrechamente conectada a la propaganda ya que ambas emplean a menudo el mismo proceso para difundir procedimientos a una audiencia específica. La contrapropaganda se diferencia de la propaganda en tanto que ésta es defensiva y sensible para identificarla. 

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La decisión de la Administración demócrata resulta alarmante porque parece reproducir no solo lo narrado en 1984 y su Ministerio de la Verdad, sino porque a lo largo de la historia han existido ejemplos similares de uso de la propaganda para fines políticos e ideológicos. Eso transgrede de todas las formas posibles el derecho al libre pensamiento.

Quizás hayas visto este edificio de concreto en películas como:
‘Batman Begins’, ‘The Dark Knight Rises’, ‘Theory of Everything’ y la adaptación cinematográfica de ‘1984’.

El perfil de la nueva «jefa de desinformación»

Adolf Hitler lo aplicó a través de su aparato de propaganda supervisado por Joseph Goebbels. Al igual que Joseph Stalin y sus ataques a la libertad de expresión. A pesar de lo antagónico de ambas figuras, estas fueron inspiración directa para la trama de 1984. Una donde el protagonista y trabajador del Ministerio de la Verdad, Winston Smith, está obligado a acatar las doctrinas del régimen como parte de la masa controlada por el omnipresente Gran Hermano.

La propaganda de nazis y comunistas era idéntica

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Otro punto destacable dentro del anuncio demócrata es la persona que presidirá la nueva Junta de Gobernanza de Desinformación. Se trata de Nina Jankowicz, catalogada como «experta reconocida internacionalmente en desinformación y democratización». Está asociada al Partido Demócrata y ha realizado estudios sobre «desinformación sexualizada».

Anteriormente llegó a asegurar que la «desinformación de género» es un «problema de seguridad nacional» que además podría impedir que las mujeres se postulen a cargos. Ella elaboró un informe donde retrató «la burla» contra la vicepresidente Kamala Harris durante las elecciones presidenciales de 2020. También es defensora de figuras como las congresistas de extrema izquierda Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar.

Es entonces por esta retórica que surgen los argumentos sobre si Estados Unidos está viendo el nacimiento de su propio Ministerio de la Verdad. En su perfil de Twitter, Jankowicz asegura que la función de la Junta es «mantener el compromiso del Departamento de proteger la libertad de expresión, la privacidad, los derechos civiles y las libertades civiles».

En 1984, la ominosa obra de Orwell, «el Partido» controla a la población por medio de cuatro ministerios: Ministerio del Amor, Ministerio de la Paz, Ministerio de la Abundancia y el principal de todos, el Ministerio de la Verdad. Éste es el encargado de la propaganda del Gobierno por medio de noticias, arte, entretenimiento y educación. Manipula y destruye los documentos históricos de todo tipo (fotos, libros y periódicos), para conseguir que las evidencias del pasado coincidan con la versión oficial de la historia, mantenida por «el Partido». En su fachada aparecen sus tres principales consignas: «La guerra es la paz». «La libertad es esclavitud». «La ignorancia es la fuerza».

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«¿Qué sigue? ¿Campos de reeducación?»

El comentarista político y comediante conservador Steven Crowder es otra de las voces que disiente de la recién creada Junta de Desinformación de Biden. «La izquierda ha estado controlando la narrativa durante años… pero ahora lo están dejando claro», escribió en Twitter.

Y tampoco es casualidad que el anuncio ocurra en los días siguientes a la compra de Twitter por parte del multimillonario empresario Elon Musk. No es un secreto que desde el Partido Demócrata están afincando cada vez más el pedido de regulación de plataformas digitales, argumentando «peligros» y «preocupaciones».

«Ahora que el régimen de Biden tiene un Ministerio de la Verdad ¿Qué sigue? ¿Campos de reeducación?», tuiteó la congresista Marjorie Taylor Greene. No es una pregunta fuera de foco. De hecho, se han dado fuertes disputas en escuelas estadounidenses que buscan impartir la teoría crítica de la raza en contra de la voluntad de los padres.

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La representante Lauren Boebert duda que realmente exista comprensión sobre la gravedad que implica la creación de un «Ministerio de la Verdad organizado por el DHS». «Este es el nivel de Stalin. Este es el nivel de Mao», agregó.

Propaganda comunista china

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«Históricamente, ¿hubo alguna vez un régimen despótico que no tuviera el equivalente a un Ministerio de la Verdad?», se preguntó Donald Trump Jr., hijo del expresidente republicano.

Tal como han citado otros autores, EE. UU. enfrenta un vigilantismo estatal que es cada vez mayor, con «supresión de discurso contra personas que no están de acuerdo con esta línea progresista». Una apuesta que se vuelve más clara desde las instituciones del país norteamericano bajo el mandato de Joe Biden.

Fuente: panampost.com, 29/04/22


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Propaganda soviética

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Los peligros del Dinero electrónico

mayo 29, 2020

Dinero electrónico: un instrumento del Estado Policial

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Una de las razones por las cuales sabemos que el actual sistema monetario y financiero está condenado a seguir fracasando –hasta su colapso definitivo– es que la institución moneda no nació como una herramienta de control social. De hecho, la violencia la torna inefectiva, si no perjudicial. Por eso Jon Matonis no se cansa de repetir que si el dinero electrónico puede ser utilizado como un medio para identificarnos, escudriñarnos, vigilarnos y censurarnos, pues estamos mejor sin dinero electrónico.

El caso del señor Salah, que Mike Hearn recuerda en el foro de Bitcoin, ilustra muy bien los peligros de un sistema financiero cuyos canales han sido secuestrados por un Estado Policial.

Una de las críticas más comunes que se le hacen a Bitcoin es que, al ser como el dinero en efectivo, no admite el control gubernamental de las transacciones – algo que, según se afirma, es necesario para luchar contra el terrorismo. Si vas a involucrarte en un debate sobre este tema, el siguiente caso puede interesarte.

Sinopsis

Salah et al. V Ministerio de Hacienda es una demanda federal presentada en nombre de Muhammad Salah, ciudadano de los EE.UU. que reside en este país, contra la decisión del Ministerio de Hacienda de designar al Sr. Salah como “Terrorista Especialmente Designado” sin debido proceso ni razones que lo vinculen en modo alguno a un delito penal, y bajo restricciones tan severas que le impiden llevar a cabo las actividades más básicas de la vida.

police state

Estado actual

 

En respuesta a la demanda, y sin intentar defender su previa posición, el Ministerio de Hacienda eliminó unilateralmente al Sr. Salah de la lista de “Terroristas Especialmente Designados”. Después de 17 años de opresivas restricciones sobre su capacidad para realizar las actividades más básicas de la vida, el Sr. Salah y su familia fueron liberados de la carga que el Gobierno de los EE.UU. les había impuesto.

Vale la pena preguntarse: ¿cómo es posible que un supuesto terrorista digno de las sanciones más severas por más de 17 años sea de pronto designado como no terrorista, simplemente en respuesta a una demanda? La calidad (y por tanto la utilidad) del proceso en cuestión es, como mínimo, discutible, sobre todo teniendo en cuenta que el del Sr. Salah está lejos de ser un caso aislado.

¿Y cómo es vivir en los EE.UU. mientras uno está incluido en la lista de “Terroristas Especialmente Designados”?

Como resultado de la designación, Salah ha tenido que vivir bajo restricciones extremadamente severas, privándose de prácticamente todas las transacciones económicas – incluso las necesarias para la supervivencia: Al Sr. Salah no se le permitía conseguir un trabajo, pagar el alquiler, obtener atención médica, o incluso comprar una hogaza de pan.

Al estar obligado a informarles a sus posibles empleadores que él era un “Terrorista Especialmente Designado”, le era prácticamente imposible conseguir trabajo.

Sus familiares y amigos tenían prohibido ayudarlo económicamente.

Tenía prohibida la compra de artículos tan simples como un libro o un periódico, una entrada para un concierto o un evento deportivo, o flores para su esposa.

También tenía prohibido cumplir con su obligación religiosa de hacer donaciones regulares a instituciones caritativas.

Ser expulsado de la economía de manera tan radical es un castigo terrible, incluso una amenaza para la vida. Y cualquier persona que intente ayudarte puede ser acusada de “lavar dinero”, violar las sanciones o ambas cosas.

Fuente: elbitcoin.org, 14/02/13.

Estado Policial


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Sin libertad monetaria no hay libertades civiles

Por Wendy McElroy.

El monopolio sobre el dinero es la base de los feroces ataques a la privacidad que padecemos, y el principal  instrumento de vigilancia del Estado norteamericano. Como dijo Mark Hubbard: “La civilización es un movimiento que tiende hacia la privacidad – esto es, hacia lo opuesto al Estado policial. La legislación fiscal se ha convertido en la legislación del Gran Hermano“.

El rastreo de fondos es, en gran medida, un medio para facilitar el robo a la población productiva, pero también sirve para identificar y castigar el comportamiento “inaceptable”, como por ejemplo el comercio de ciertas drogas o la disidencia política. De hecho, es criminalmente ingenuo suponer que el gobierno no va a utilizar esa enorme cantidad de información para apuntar contra sus críticos.

Asimismo, el monopolio sobre el dinero le permite al gobierno imponer medidas que castigan y controlan a determinados grupos humanos. Por ejemplo, mientras los bancos funcionen como un brazo del gobierno, seguirán negándose a abrir cuentas a nombre de personas que carecen de identificación emitida por el Estado. De este modo, se les impide a los “sin papeles” llevar a cabo transacciones monetarias que forman parte de la vida cotidiana. Por el contrario, las instituciones financieras contraculturales a menudo sólo requieren un nombre de usuario y una contraseña para depositar fondos.

Big Brother

El monopolio sobre el dinero es una de las condiciones necesarias para el establecimiento de un Estado policial. Al abogar por un mercado libre de monedas, es importante afirmar y reafirmar algo que debería ser obvio: las libertades civiles exigen la existencia de una buena moneda.

Y nada garantiza mejor la calidad de la moneda –o de cualquier otro producto– que la libre competencia.

Fuente: elbitcoin.org, 28/10/12.


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¿Hacia un Estado policial?

mayo 13, 2020

Espacio de Debate

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Un Estado policial es un Estado donde el gobierno mantiene un estricto control sobre la sociedad, particularmente a través de la supresión de las libertades civiles y a menudo mediante una fuerza de policía secreta y un gran despliegue e inversión en mecanismos de Vigilancia. Esto implica que el control por el gobierno contradice la voluntad de los individuos que están siendo controlados. Así, un Estado policial es inherentemente antidemocrático y es similar a la ley marcial.

La ley marcial es un estatuto de excepción de aplicación de las normas legales ordinarias, por medio del cual se otorgan facultades extraordinarias a las fuerzas armadas o la policía en cuanto a la administración de jurisdicción y resguardo del orden público. Casos usuales de aplicación son la guerra o para sofocar rebeliones.

La ley marcial implica una limitación y suspensión de algunos de los derechos civiles que el ordenamiento garantiza al individuo, además de aplicar procesos sumarios en los juicios y castigos severos más allá de los que se imponen en situaciones normales. En muchos casos de ley marcial, la pena de muerte es impuesta para crímenes que normalmente no serían crímenes capitales, como el saqueo o robos en caso de catástrofes. Los llamados normalmente a ejercer la ley marcial son los tribunales militares.

Big Brother

Más información:

De Big Brother a Little Brother

El peligro de la Vigilancia digital

Big Data y el Control social en Venezuela

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Big Data y el Control social en Venezuela

noviembre 14, 2018

Cómo la empresa china ZTE ayudó a Venezuela a construir un mecanismo de control social

Por Angus Berwick.

venezuela carnet de la patria

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CARACAS (Reuters) — En abril de 2008, el entonces presidente venezolano Hugo Chávez envió a funcionarios del Ministerio de Justicia a visitar a sus homólogos en el centro de tecnología chino de Shenzhen.

La misión era conocer el funcionamiento del programa nacional de documentos de identidad de China, según dijo un miembro de la delegación venezolana.

Pero una vez en Shenzhen, los venezolanos se dieron cuenta de que una tarjeta podía hacer mucho más que solo identificar al dueño del documento.

En la sede del gigante chino de telecomunicaciones ZTE Corp, la delegación aprendió cómo China, mediante el uso de tarjetas inteligentes, estaba desarrollando un sistema que ayudaría a Pekín a seguir el comportamiento social, político y económico.

“Lo que vimos en China cambió todo”, dijo el asesor técnico Anthony Daquin, miembro de aquella delegación venezolana.

Su asombro inicial, dijo, se volvió gradualmente en temor de que un sistema así pudiera llevar a cometer abusos contra la privacidad de las personas en Venezuela.

“Ellos buscaban tener el control de los ciudadanos”, agregó.

Al año siguiente, cuando Daquin confesó sus preocupaciones a funcionarios venezolanos, fue detenido y extorsionado por agentes de inteligencia, dijo el asesor a Reuters. Le rompieron varios dientes al golpearlo con una pistola y lo acusaron de “traidor”, aseguró Daquin, quien dijo que por eso huyó del país.

Portavoces del gobierno venezolano no hicieron comentarios sobre la versión de Daquin.

El proyecto languideció, pero casi 10 años después de aquel viaje a Shenzhen, Venezuela lanzó una nueva tarjeta de identificación inteligente conocida como “carnet de la patria”.

La tarjeta transmite datos de sus titulares a servidores de computadoras. El carnet está cada vez más vinculado a la entrega de alimentos subsidiados, salud y otros programas sociales del gobierno, de los que depende la mayoría de los venezolanos para sobrevivir.

Y ZTE, cuyo papel en el proyecto de la patria se detalla aquí por primera vez, está en el corazón del programa.

Como parte de un esfuerzo oficial de 70 millones de dólares para reforzar la “seguridad nacional”, Venezuela contrató el año pasado a ZTE para armar una base de datos con los carnets y crear un sistema de pago móvil para usar con la tarjeta, según contratos revisados ​​por Reuters.

Un equipo de empleados de ZTE ahora funciona dentro de una unidad especial de CANTV, la compañía estatal de telecomunicaciones de Venezuela que administra la base de datos, según dijeron cuatro empleados actuales y anteriores de CANTV.

El carnet de la patria genera preocupación entre algunos ciudadanos y grupos de derechos humanos que creen que es una herramienta para que el gobierno del presidente Nicolás Maduro monitorice a la población y reparta los escasos recursos entre sus leales.

“Es un chantaje”, dijo Héctor Navarro, uno de los fundadores del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y exministro de Chávez, sobre el programa del carnet de la patria.

“Los venezolanos que tienen el carnet de la patria tienen más derechos que los que no lo tienen”, agregó.

En una entrevista telefónica, Su Qingfeng, el jefe de la unidad de Venezuela de ZTE, confirmó que la empresa vendió a Caracas los servidores para la base de datos y que está desarrollando la aplicación de pago móvil.

La compañía, dijo Su, no violó las leyes chinas o locales y no tiene ningún papel en la forma en que Venezuela recopila o utiliza los datos de los titulares de tarjetas.

“No apoyamos al gobierno”, dijo. “Solo estamos desarrollando nuestro mercado”.

maduro dictadorUn derrumbe de la economía en Venezuela está provocando hiperinflación, escasez generalizada de alimentos y medicamentos y un éxodo creciente de ciudadanos desesperados.

El presidente Maduro, el sucesor de Chávez, ha sido sancionado por Estados Unidos y es criticado por gobiernos desde Francia a Canadá por ser cada vez más autocrático.

Pero Maduro tiene un aliado. La tarjeta también muestra cómo China, a través de empresas vinculadas con el estado como ZTE, exporta conocimientos tecnológicos que pueden ayudar a los gobiernos de ideas afines a rastrear, recompensar y castigar a los ciudadanos.

La base de datos, según empleados del sistema de tarjetas y capturas de pantalla de datos de usuarios revisados ​​por Reuters, almacena detalles como cumpleaños, información familiar, empleo e ingresos, inmuebles propios, historial médico, beneficios estatales recibidos, presencia en las redes sociales, membresía de un partido político y si una persona votó.

La divulgación por parte del gobierno de la participación de ZTE se ha limitado hasta ahora a una referencia pasajera en un comunicado de prensa de febrero de 2017 que le da crédito a la compañía por ayudar a “fortalecer” la base de datos.

El gobierno de Venezuela no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

Nadia Pérez, portavoz de CANTV, la firma estatal de telecomunicaciones, declinó hacer comentarios y Manuel Fernández, el presidente de la compañía, no respondió a correos electrónicos ni a mensajes de texto de Reuters.

El Ministerio de Justicia de China y su embajada en Caracas no respondieron a los pedidos de comentarios.

Aunque ZTE cotiza en bolsa, su principal accionista es una empresa estatal china y el gobierno es un cliente clave.

ZTE se ha enfrentado a Washington en el pasado por tener tratos con gobiernos vistos como autoritarios.

La compañía pagó este año 1.000 millones de dólares para llegar a un acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, en una de las varias multas que la empresa recibió tras enviar equipos de telecomunicaciones a Irán y Corea del Norte, violando las sanciones de Washington y leyes de exportación.

La acción del Departamento de Comercio fue desencadenada por un informe de 2012 de Reuters indicando que ZTE vendió a Irán un sistema de vigilancia, que incluía componentes de Estados Unidos, para espiar las telecomunicaciones de sus ciudadanos.

Expertos legales en Estados Unidos dijeron que no está claro si ZTE y otras compañías que proveen el sistema del carnet de la patria violan sanciones impuestas por Washington a altos dirigentes venezolanos al dar herramientas que los críticos creen que refuerzan la permanencia del gobierno en el poder.

Fernández, el presidente de CANTV, es uno de los sancionados debido a la censura que la empresa aplica al internet en Venezuela, según un comunicado del Departamento del Tesoro.

Pero las prohibiciones hasta ahora buscan primordialmente frustrar los negocios con Maduro y otros altos funcionarios, no el comercio habitual en Venezuela.

Aún así, los legisladores estadounidenses y otros críticos del gobierno de Maduro están preocupados por el papel de ZTE en Venezuela. “China está en el negocio de exportar su autoritarismo”, dijo a Reuters el senador estadounidense Marco Rubio, en un correo electrónico.

“La creciente dependencia del régimen de Maduro en ZTE en Venezuela es solo el último ejemplo de la amenaza que las empresas chinas dirigidas por el Estado representan para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”, agregó.

Para entender cómo funciona el carnet de la patria y cómo nació, Reuters revisó contratos confidenciales y documentos internos del gobierno relacionados con su desarrollo.

También entrevistó a docenas de empleados actuales y anteriores de ZTE, del gobierno venezolano y de CANTV, o la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, como se conoce formalmente a la empresa.

Los entrevistados confirmaron los detalles del proyecto y los orígenes del plan que narró Daquin.

“UN INTENTO DE CONTROLARME”

A lo largo del año pasado, Maduro instó a los ciudadanos a inscribirse y sacar la nueva tarjeta, y dijo que es esencial “construir un nuevo poder popular en Venezuela”. Unos 18 millones de personas -más de la mitad de la población- ya lo han hecho, según cifras del gobierno.

“Con este carnet vamos a hacer todo de ahora en adelante”, dijo Maduro por la televisión estatal en diciembre pasado.

Para alentar su adopción, el gobierno ha dado premios en efectivo a los titulares de los carnet por desempeñar tareas cívicas, como reunir a los votantes.

También ha otorgado pagos únicos, como a las mamás inscritas en el sistema, a quienes dio un bono por el Día de la Madre de aproximadamente dos dólares. El pago, en mayo pasado, era equivalente a casi un salario mínimo mensual, que alcanza para comprar un cartón de huevos al ritmo actual de la inflación.

Maduro además está tomando medidas para forzar la adopción de la tarjeta.

El gobierno ahora dice que los venezolanos necesitan el carnet para recibir beneficios que incluyen medicamentos, pensiones, canastas de alimentos y combustible subsidiado.

En agosto, los jubilados protestaron frente a las oficinas principales del instituto nacional de seguridad social y se quejaron de que la regla de exigir el carnet de la patria para cobrar su dinero limitaba el acceso a pensiones ganadas con esfuerzo.

Benito Urrea, un diabético de 76 años, dijo a Reuters que una médica estatal le negó recientemente una receta de insulina y lo acusó de ser miembro de la “derecha” porque no se había inscrito en el sistema del carnet. Como muchos venezolanos, sobre todo aquellos que se oponen al gobierno de Maduro, Urrea ve la tarjeta con sospecha.

“Lo sentí como un intento de persuadirme, comprarme, por mis necesidades”, dijo Urrea en su departamento de Caracas.

Reuters no pudo ponerse en contacto con la doctora.

Con los servidores comprados a ZTE, el gobierno está creando una base de datos que algunos ciudadanos temen esté identificando a quienes apoyan al gobierno y a los que no lo hacen.

Parte de la información, como los datos de salud, se recopila al usar el carnet. Otros datos se obtienen al inscribirse.

Los titulares de tarjetas y los grupos locales de derechos humanos dijeron a Reuters que los administradores hacen preguntas sobre ingresos, actividades políticas y perfiles de redes sociales antes de emitir el carnet.

Los funcionarios públicos se enfrentan a una presión especial para inscribirse, de acuerdo con más de una docena de trabajadores estatales.

Al escanear sus tarjetas durante la elección presidencial en mayo pasado, los jefes les dijeron a los empleados de varias oficinas gubernamentales que les enviaran fotos de ellos en las urnas, aseguraron.

Un documento del Ministerio de Justicia revisado por Reuters mostraba una lista de empleados estatales que no votaron.

Después de que Chávez asumió la presidencia en 1999, buscó empoderar a los venezolanos “invisibles” que no podían acceder a los servicios básicos.

En los años siguientes, más ciudadanos recibieron documentación, pero los carnets eran frágiles y fáciles de falsificar, según un informe del Ministerio de Justicia de 2007.

El informe, revisado por Reuters, recomendó una nueva tarjeta habilitada para usar un microchip que sería más difícil de falsificar, pero no se avanzó en ese esfuerzo.

Ese diciembre, luego de casi una década de gran popularidad, Chávez sufrió su primera derrota electoral, perdiendo un referéndum para eliminar los límites al período de gobierno.

Poco después, los precios del petróleo se desplomaron, golpeando a la economía casi monoproductora.

Chávez se esforzó para apaciguar su base de clase trabajadora, incluyendo a muchos que aún carecían de esos documentos de identidad. Y envió a China a Daquin, el principal asesor de seguridad de la información de su Ministerio de Justicia.

La tecnología que Daquin y sus colegas conocieron en Shenzhen fue la base de lo que se convertiría en el “Sistema de Crédito Social” de China.

El sistema, en constante evolución y parte del cual usa “tarjetas inteligentes de ciudadanos” desarrolladas por ZTE, califica a las personas según su comportamiento, incluida su solvencia financiera y la actividad política.

big brotherEl buen comportamiento puede hacer que los ciudadanos obtengan descuentos en servicios públicos o préstamos. Las “malas notas” pueden llevar a que se les prohíba usar el transporte público o que sus hijos no puedan ingresar a las mejores escuelas.

Los ejecutivos de ZTE mostraron las tarjetas inteligentes venezolanas a las que se integró una identificación por radiofrecuencia o RFID, una tecnología que permite a través de ondas de radio rastrear la ubicación y datos.

Otras tarjetas utilizan los llamados códigos de respuesta rápida, o QR, códigos de barras matriciales que se usan comúnmente para almacenar y procesar información.

Después del viaje, Venezuela volteó la mirada a Cuba, su más cercano aliado político, y le pidió ayuda para crear su propia versión de tarjetas RFID.

“El nuevo objetivo era Big Data”, dijo Daquin.

En junio de 2008, Venezuela acordó pagarle a una empresa estatal cubana 172 millones de dólares para desarrollar seis millones de tarjetas, según una copia del contrato.

Los funcionarios del gobierno cubano no respondieron a las preguntas sobre el acuerdo.

Para el año 2009, Daquin comenzó a inquietarse por el potencial que tenía el programa del carnet para cometer abusos en la privacidad de los ciudadanos. Y expresó sus preocupaciones ante funcionarios como Vladimir Padrino, un general de la época que ahora es ministro de Defensa de Venezuela.

El Ministerio de Defensa no respondió a las llamadas telefónicas, correos electrónicos ni a una carta presentada por Reuters para hacer comentarios.

En la mañana del 12 de noviembre del 2009, en su panadería habitual de Caracas, seis oficiales armados con uniformes de la agencia nacional de inteligencia esperaban a Daquin, según contó a Reuters.

Le mostraron fotos de su hija y lo obligaron a conducir hacia el este, hacia la ciudad de Guatire.

En un camino secundario, dijo Daquin, lo golpearon con pistolas, le metieron un arma en la boca y le sacaron varios dientes, que aún le faltan.

“¿Por qué traicionas a la revolución?”, preguntó uno.

Le exigieron 100.000 dólares por su liberación, dijo Daquin.

Daquin, quien dice que había estado ahorrando durante años para comprar una propiedad, fue a su casa, sacó dinero de una caja fuerte y se lo entregó a los hombres.

Esa noche, reservó un vuelo para él, su esposa y sus tres hijos a Estados Unidos, donde ha vivido desde entonces, trabajando como asesor de seguridad de la información.

Su hermano, Guy, que también vive en Estados Unidos, confirmó la narración de Daquin.

La documentación revisada por Reuters corrobora su papel en el Ministerio, y personas familiarizadas con el trabajo de Daquin confirmaron su participación en el proyecto del carnet.

Después de que Daquin huyó, el contrato con Cuba no llegó a ninguna parte, según otro exasesor.

En marzo de 2013, Chávez murió. Maduro, su heredero como candidato del Partido Socialista, fue elegido presidente al mes siguiente. El prolongado desplome petrolero arrastró a Venezuela a la recesión.

“AVERIGUAREMOS”

Con el aumento de la pobreza y el hambre, el gobierno lanzó en 2016 un programa para distribuir paquetes de alimentos subsidiados. Contrató a Soltein SA de CV, una compañía con sede en México, para diseñar una plataforma en línea para rastrear los paquetes, según los documentos revisados ​​por Reuters.

La plataforma fue el comienzo de la base de datos que ahora se usa para el sistema del carnet de la patria.

Los directores de Soltein, según los perfiles de LinkedIn, son en su mayoría exempleados estatales cubanos.

Una persona que contestó un teléfono registrado a nombre de Soltein negó que la empresa trabajara en el sistema de la patria. Una mujer en la dirección registrada de la compañía en la ciudad turística de Cancún dijo a Reuters que nunca había oído hablar de Soltein.

El sistema funcionó. Un 90 por ciento de los residentes del país recibe hoy los paquetes de alimentos, según un estudio publicado en febrero por la Universidad Católica Andrés Bello y otras dos universidades.

Ya más satisfecho con su capacidad de rastrear las entregas, el gobierno buscó saber más sobre los beneficiarios, de acuerdo con personas involucradas en el proyecto. Así que volvió a ZTE.

La empresa china, que está en Venezuela desde hace aproximadamente una década, tiene más de 100 empleados que trabajan en dos pisos de un rascacielos de Caracas. Primero trabajó con CANTV, la compañía de telecomunicaciones, para habilitar la programación de televisión en línea.

Como muchas empresas estatales en Venezuela, CANTV está sedienta de inversiones.

ZTE se convirtió en un socio clave, asumiendo muchos proyectos que alguna vez hubieran sido responsabilidad de CANTV, dijeron personas familiarizadas con ambas compañías.

La compañía china está ayudando hoy al gobierno de Venezuela a construir seis centros de respuesta a emergencias que monitorizan las principales ciudades del país, según un comunicado de prensa de 2015.

En 2016, ZTE comenzó a centralizar para el gobierno la vigilancia por video de todo el país, dijeron empleados actuales y anteriores.

En su empuje final por los carnets de la patria, el gobierno ya no consideraba la tecnología RFID, según personas familiarizadas con el esfuerzo. La tecnología de rastreo era demasiado costosa.

En cambio, le pidió a ZTE que lo ayudara con los códigos QR, los cuadros en blanco y negro que los usuarios de teléfonos inteligentes pueden escanear para dirigirse a sitios web.

ZTE desarrolló los códigos, a un costo de menos de 3 dólares por cuenta, y el gobierno imprimió las tarjetas, vinculándolas a la base de datos de Soltein, dijeron esas fuentes.

En una llamada telefónica con Reuters en septiembre, Su, el jefe de negocios de ZTE en Venezuela, confirmó el acuerdo de la compañía con CANTV. Se negó a responder otras preguntas.

Maduro presentó las tarjetas en diciembre de 2016. En un discurso televisado, sostuvo una, agradeció a China por prestar un apoyo que no especificó y dijo que “todo el mundo debe carnetizarse”.

El sistema de identificación, que aún se ejecuta en la plataforma Soltein, todavía no se había migrado a los servidores ZTE.

El desastre pronto golpeó. En mayo de 2017, los hackers irrumpieron en la base de datos del sistema del carnet. El ataque fue llevado a cabo por activistas anónimos anti Maduro conocidos como TeamHDP.

El líder del grupo, en una cuenta en Twitter bajo el nombre @YoSoyJustincito, escribió que el pirateo fue “sumamente sencillo” y estaba motivado por la misión del TeamHDP de exponer los secretos de Maduro.

El hacker, que habló con Reuters por mensajes de texto, se negó a ser identificado y dijo que ya no está en Venezuela. Un administrador de CANTV que luego ayudó a migrar la base de datos a los servidores ZTE confirmó los detalles de la violación.

Durante el hackeo, TeamHDP tomó capturas de pantalla de los datos de los usuarios y eliminó las cuentas de los funcionarios del gobierno, incluido Maduro. Más tarde, el presidente apareció en la televisión escaneando su tarjeta y recibiendo un mensaje de error: “La persona no existe”.

Las capturas de pantalla de la información de varias cuentas de tarjetas, compartidas por TeamHDP con Reuters, incluían números de teléfono, correos electrónicos, domicilios, participación en eventos del Partido Socialista e, incluso, si una persona tiene una mascota.

Las personas familiarizadas con la base de datos dijeron que las capturas de pantalla parecen auténticas.

Poco después del hackeo, Maduro firmó un contrato de 70 millones de dólares con CANTV y un banco estatal para proyectos de “seguridad nacional”. Eso incluyó el desarrollo de una “base de datos centralizada de la patria” y una aplicación móvil para procesar pagos asociados con la tarjeta, como la compra de la caja de alimentos que entrega el gobierno a precio de descuento.

“La seguridad integral de la nación (…) pretende ser vulnerada por factores apátridas y antiimperialistas”, dice el contrato, que sostiene que una parte no revelada del dinero provendría del Fondo Conjunto de China y Venezuela, un programa de financiamiento bilateral.

Un contrato relacionado, también revisado por Reuters, asigna la base de datos y los proyectos de aplicaciones de pago a ZTE. El documento no revela cuánto de los 70 millones de dólares se destinarían a la empresa china.

ZTE declinó comentar sobre los detalles financieros de su negocio en el país petrolero. Ni el gobierno venezolano ni el chino respondieron a preguntas de Reuters sobre los contratos.

En julio de 2017, Soltein transfirió la propiedad de los datos del sistema de la patria a CANTV, según muestran los documentos del proyecto.

Un equipo de una docena de desarrolladores de ZTE comenzó a reforzar la capacidad y la seguridad de la base de datos, dijeron los empleados actuales y anteriores de CANTV.

Entre otras medidas, ZTE instaló unidades de almacenamiento de datos construidas por Dell Technologies Inc., con sede en los Estados Unidos, según un documento de ZTE. La portavoz de Dell, Lauren Lee, dijo que ZTE es un cliente en China, pero que la empresa no vende equipos a ZTE en Venezuela.

Agregó que Dell revisó sus transacciones en Venezuela y que tampoco tenía conocimiento de ninguna venta a CANTV.

“Dell se compromete a cumplir con todas las leyes aplicables donde hacemos negocios”, dijo Lee en un correo electrónico. “Esperamos que nuestros clientes, socios y proveedores sigan estas mismas leyes”.

En mayo, Venezuela celebró elecciones que fueron desacreditadas por gobiernos extranjeros después de que las autoridades electorales venezolanas inhabilitaran a varios partidos de oposición.

Antes de la jornada electoral, los funcionarios del partido gobernante instaron a los votantes a estar “agradecidos” por la generosidad del gobierno a través de los carnet de la patria.

Instalaron quioscos llamados “puntos rojos” cerca de los centros de votación, donde los votantes podían escanear sus tarjetas y registrarse. El mismo Maduro prometió un “premio de la patria” para quien votara.

Los que escanearon sus tarjetas más tarde recibieron un mensaje de texto agradeciéndoles por apoyar a Maduro, según varios titulares de tarjetas y un mensaje de texto revisado por Reuters.

Los premios para votar, sin embargo, nunca fueron emitidos, dijeron los dueños de las tarjetas y personas familiarizadas con el sistema.

Los empleados actuales y anteriores de CANTV dicen que la base de datos registra si votó una persona, pero no cómo.

Sin embargo, a algunos votantes se les hizo creer que el gobierno lo sabría.

Una organizadora de un comité de distribución de alimentos en la ciudad de Barinas, en el oeste del país, aseguró que empleados del gobierno le pidieron a ella y a sus colegas que les dijeran a los beneficiarios de las cajas con comida que podían saber cómo votaron.

“Nosotros nos vamos a enterar si va a votar o no por el gobierno”, recordó la mujer haberles dicho.

Los trabajadores del Estado dicen que son un blanco. Una presentación interna de CANTV del año pasado dijo que el sistema puede transmitir información de la base de datos a los ministerios para ayudar a “generar estadísticas y tomar decisiones”.

Después de la votación, oficinas gubernamentales, como el estatal Banco Bicentenario, enviaron listas a CANTV con nombres de empleados estatales para determinar si habían votado, según un gerente que ayudó a configurar los servidores.

El Banco Bicentenario no respondió a un pedido de comentarios.

Ahora que los datos personales están tan disponibles, algunos ciudadanos temen perder más que sus empleos, dijo Mariela Magallanes, una legisladora de la oposición que encabezó una comisión para investigar los carnet de la patria.

“El gobierno sabe exactamente quién es más vulnerable a la presión”, dijo.

—Reporte adicional de Adam Jourdan en Shanghái, Ben Blanchard en Pekín, Eric Auchard en Londres, Sarah Marsh en La Habana, Francisco Aguilar en Barinas, Iván Alonso en Cancún, Christine Murray en Ciudad de México y Andreína Aponte en Caracas. Editado en español por Vivian Sequera y Pablo Garibian.

Fuente: lta.reuters.com, 14/11/18.

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You might be a domestic terrorist if…

octubre 27, 2018

Ridiculous FBI list: You might be a domestic terrorist if…

By Sterling Fisher.

Do you pay with cash? Do you try to be prepared for disasters like a good Boy Scout? According to an FBI brochure, then you are suspicious and might be a domestic terrorist. Sadly, this is NOT a joke.

You might be a domestic terrorist if you pay cash or if you «insist» on privacy when, for no reason, you are asked to show your identification. Sadly this is part two and not a You-Might-Be-a-Redneck-If-type joke as there is more proof that you might be a domestic terrorist if you actually believe your Constitutional Rights, or if you express concerns about Big Brother, or even if you have ever discussed the apocalypse online and your ‘radical’ Christian beliefs.

domestic terrorist checklistWhen it comes to disasters, if your plan is to «be prepared» like the Boy Scout motto, then guess what? Be prepared to be suspicious and end up on a watchlist as a domestic terrorist. Prepared Girl Scouts are not safe either.

Oath Keepers posted [PDF] a «communities against terrorism» brochure that the Colorado FBI handed out as a potential indicator of terrorist activities to military surplus stores. The alarming list suggests that suspicious activities includes insisting to pay with cash or if the «suspect» demands «identity privacy.» If you went into a military surplus store previously, don’t alter your appearance such as by shaving, changing your hair color, or your style of dressing because that too may make you a domestic terrorist. Don’t go buying items there as an intended gift because possessing «little knowledge of intended purchase items» makes you a potential extremist to be reported. Better shower well or use cologne/perfume because if you smell strange? You guessed it, you potential terrorist you.

domestic terrorists founding fathersThat’s not nearly all the «suspicious activity» that might get you labeled as a domestic terrorist. What if you are trying to follow disaster preparedness guidelines as suggested by other government agencies like DHS or the CDC? Not too long ago, the CDC compiled a «Zombie Apocalypse» disaster preparedness list that was such a viral social media hit that it crashed the servers. Well you might be suspicious and a domestic terrorist if you purchase meals ready to eat, weatherproofed ammunition or match containers, night vision devices, night flashlights or gas masks. Examiner journalist Kurt Hofmann pointed out that purchasing such items makes you a «suspected terrorist» but not purchasing the CDC’s survival preparedness items means you will be devoured by zombies? Hofmann also says that ironically Homeland Security suggests that citizens have disaster preparedness supplies on hand.

domestic terrorismIt began when the White House announced a community-based approach to fight domestic terrorism and published «Empowering local partners to prevent violent extremism in the United States» [PDF]. The strategy is to strengthen cooperation between law enforcement, communities and the federal government. Among other things, it will help «communities to better understand and protect themselves against violent extremist propaganda, especially online.» No big deal, you aren’t an extremist? In what seems almost to be talk out of both sides of the same mouth, the document states, «Though we will not tolerate illegal activities, opposition to government policy is neither illegal nor unpatriotic and does not make someone a violent extremist.» That is, it’s not yet officially rubber-stamped to get your name on a watchlist. While it recommends peaceful means, and I’m all for peace, we’ve seen how officially or not, members of peace groups have ended up on watchlists like they might be terrorist scum because domestic spying is nearly at Cold War levels!

Another White House proposed community-based strategy is a comprehensive gang model, but law enforcement has long been hunting for gangs and terrorists who utilize Xbox and PS3 and warned the gaming realm like World of Warcraft is allegedly used to recruit and to plan chaos. Also, now the NYPD has formed a new social media unit to data-mine Facebook and Twitter for mayhem.

«Under the logic of this most recent handout, the Boy Scouts should be reported as ‘suspicious’,» wrote Oath Keepers. «Funny thing is, who exactly do the authors of these handouts think they are talking to when they ask gun store and military surplus store owners and staff to spy on their customers and serve as a network of government snitches?»

The flyers have also been handed out in Wyoming and similar brochures were passed out in gun stores from Utah to Connecticut. Authorities in Denver confirmed the suspicious activities document is «going to surplus stores, hotels and motels, farm supply companies that handle fertilizer and gun shops,» Oath Keepers reported. «The answer to the government’s silly lists is to make the lists so damn long they end up including every able bodied American (who is supposed to be the militia anyway), and thus the damnable lists become useless.»

According to WND, a DHS Office of Intelligence and Analysis included «right-wing extremism» in the U.S. as «divided into those groups, movements and adherents that are primarily hate-oriented (based on hatred of particular religious, racial or ethnic groups) and those that are mainly anti-government, rejecting federal authority in favor of state or local authority, or rejecting government authority entirely. It may include groups and individuals that are dedicated to a single issue, such as opposition to abortion or immigration.»

You might be a domestic terrorist if you are supporter of Rand Paul or Donald Trump for president. Missouri law enforcement has been encouraged to report such suspicious behavior as having a bumper sticker that supports Rand Paul. A Missouri Information Analysis Center report also «warned law enforcement to watch out for individuals with ‘radical’ ideologies based on Christian views, such as opposing illegal immigration, abortion and federal taxes.»

God help you if you are a hacker, in the sense of modding whatever it is you plan to buy, cause that too is suspicious, you potential terrorist you. Although I’m joking so that I don’t cry, I’m angry about all these &$#%*! ridiculous lists of what I consider innocent behavior being treated like it allegedly equals suspicious behavior. Guard your privacy and you are suspicious enough to be reported as a potential domestic terrorist? Why should a person be required to show identification if what they are purchasing is with cash and does not require ID? Homeland Security already has massive databases of secret watchlists! I’m a bit afraid to ask what’s next? That online articles disagreeing with such asinine lists could be construed as civil unrest needing squashed?

Source: Sterling Fisher. Offshore-Manual, 2015.


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De Big Brother a Little Brother

agosto 1, 2018

Little Brother is watching you

Por Jamie White.

Little Brother is watching you

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Según el ex jefe del DHS [ Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (en inglés, United States Department of Homeland Security; abreviado como DHS) ], es demasiado tarde para proteger la privacidad digital. La Nueva lucha digital será sobre la autonomía en línea.

Michael ChertoffLos gigantes de la tecnología han recopilado gran parte de nuestros datos durante tanto tiempo que ya es demasiado tarde para tomar medidas preventivas para proteger la privacidad digital, según el ex secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff.

«En realidad nos estamos vigilando. Estamos haciendo una gran cantidad de la colección que solíamos imaginar que sería el gobierno, como individuos», dijo Chertoff en «CBS esta mañana».

Little Brother is watching«Damos vueltas, tomamos selfies, nos fotografiamos, subimos cosas a Internet … Y es por eso que nos hemos convertido en Little Brother en el lugar de Big Brother».

«Siempre nos ha preocupado que Gran Hermano forzara su camino a nuestra casa, pero Gran Hermano no necesita golpear la puerta. Actualmente estamos extendiendo la alfombra roja para darle la bienvenida», agregó.

Debido a que el tema de la privacidad digital está esencialmente muerto gracias a Facebook y Google, los estadounidenses deberían centrarse ahora en mantener la autonomía y la libertad en línea, afirma.

«La idea de que vamos a mantener las cosas a puerta cerrada realmente se ha vuelto casi pintoresca. Así que ahora la pregunta es, ¿qué sucede cuando se generan los datos? ¿Tenemos algún control sobre eso? Y ese es el lugar donde el campo de batalla es en términos de nuestra libertad, porque si las personas tienen una visión del cien por ciento de todo lo que hacemos todo el tiempo, entonces la capacidad de manipularnos y coaccionarnos se convierte en un problema real«, dijo.

El precio de usar Internet no debería ser entregar sus datos, y los usuarios deberían asumir una mayor responsabilidad sobre cómo se crean sus datos.

«Creo que necesitamos que los Tribunales y el gobierno evalúen el equilibrio en términos de control de datos. Ahora tenemos plataformas que son tan vastas que en realidad son casi monopolios … Las personas tienen derecho a decir que no sin sacrificar su capacidad para acceder a la plataforma «, dijo.

El problema de la privacidad en línea resurgió después de que Facebook fue descubierto vendiendo información de 87 millones de usuarios a un tercero analista de datos, Cambridge Analytica, a principios de este año.

Cambridge Analytica Scandal is data privacy a mirage

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El presidente Trump también sugirió que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) violó la privacidad de los estadounidenses a principios de este mes luego de que la secreta agencia de espionaje anunciara que había borrado cientos de millones de sus llamadas telefónicas y mensajes de texto debido a «irregularidades técnicas».

«¡Guau! La NSA ha eliminado 685 millones de llamadas telefónicas y mensajes de texto. ¿Violaciones de privacidad?» el presidente
escribió en Twitter. «Ellos culpan a las irregularidades técnicas. Tal desgracia. ¡La Cacería de Brujas continúa!»

Fuente: offshore-manual.com, 2018.

Más información:

Los peligros del Dinero electrónico

El Estado se parece al Gran Hermano

La guerra por los Datos personales


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