Actuación policial basada en la inteligencia: una pieza clave para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo
septiembre 26, 2025
Por Gustavo Ibáñez Padilla.
La actuación policial basada en la inteligencia —conocida por sus siglas en inglés como intelligence-led policing (ILP)— no es una moda operativa: es un cambio de paradigma en la Gestión del riesgo que traslada la iniciativa desde la reacción hacia la anticipación. En esencia, plantea que la prevención eficaz de actos graves —desde redes de narcotráfico transnacional hasta celdas terroristas— depende de transformar datos en conocimiento accionable, y conocimiento en decisiones que prioricen recursos, operaciones y políticas públicas. Analizaremos por qué ese enfoque resulta hoy imprescindible, cómo se ha desarrollado internacionalmente, qué lecciones arroja su aplicación práctica y qué desafíos y oportunidades presenta para Argentina.
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El crecimiento y la convergencia de amenazas
En la última década el paisaje global delictivo ha mostrado dos tendencias persistentes y peligrosas: la expansión de mercados ilícitos —especialmente de estupefacientes sintéticos y cocaína— y la sofisticación de las organizaciones criminales transnacionales. El informe mundial sobre drogas de la ONU documenta incrementos significativos en la producción y en las rutas de salida de estupefacientes, lo que multiplica recursos, redes y violencia asociada. Al mismo tiempo, organismos internacionales de policía constatan la intensificación de modalidades delictivas como el fraude en línea, el lavado de activos y la ciberdelincuencia, fenómenos que refuerzan la capacidad operativa de las organizaciones ilícitas.
Paralelamente se observa una convergencia entre crimen organizado y terrorismo: alianzas puntuales para financiación, utilización de rutas de contrabando o tecnologías compartidas, y la imbricación funcional cuando actores violentos recurren a actividades criminales para sostenerse. En América Latina este nexo ha sido objeto de análisis y alerta por parte de organizaciones académicas y de cooperación (a nivel global UNICRI; en Argentina: ISSP, IUSE, UBA), que describen escenarios donde el intercambio entre grupos armados, carteles y actores ideológicos genera riesgos híbridos complejos.
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¿Qué es y qué aporta la ILP?
El enfoque ILP articula cuatro bloques operativos: recolección y verificación de información multisectorial; análisis sistemático para detectar patrones y actores; priorización y asignación de recursos sobre objetivos que generan mayor daño social; y toma de decisiones estratégicas y tácticas informadas por inteligencia. A diferencia de la mera vigilancia reactiva, la ILP busca reducir daños agregando valor analítico a la gestión policial: identificar ‘puntos calientes’ (hotspots), redes logísticas, eslabones financieros y vectores tecnológicos que sostienen la amenaza. Esta arquitectura convoca no sólo a unidades policiales sino a toda la comunidad de seguridad —agencias de inteligencia, organismos judiciales, fiscales, aduanas, reguladores financieros y actores privados clave— configurando una red de información y acción.
Modelos y experiencias internacionales
El ILP tiene raíces conceptuales y prácticas en el Reino Unido, donde el National Intelligence Model (NIM) formalizó procesos de priorización y flujo de inteligencia a comienzos de los 2000. Ese modelo inspiró adaptaciones en Estados Unidos —entre ellas la proliferación de fusion centers para articular información entre niveles federal, estatal y local— y en múltiples policías europeas que integraron análisis espacial y temporal en su toma de decisiones. Las experiencias muestran éxitos operacionales —reducción de delitos focales, desarticulación de células logísticas— pero también límites: carencias de gobernanza, problemas de interoperabilidad tecnológica y cuestionamientos de derechos y privacidad en contextos mal regulados.
Un ejemplo ilustrativo es el de la Policía de Kent (Reino Unido), que con un enfoque analítico logró focalizar recursos sobre actores responsables de crímenes de alto impacto y documentó reducciones apreciables en indicadores locales; sin embargo, otras experiencias —como algunas fusiones en Estados Unidos— evidenciaron riesgos de dispersión de objetivos y de información irrelevante si no existe una gobernanza clara.
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Lecciones y desafíos en el caso argentino
Argentina reúne lecciones dolorosas sobre la necesidad de inteligencia eficaz y responsable. Atentados como los de la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994) dejaron en evidencia fallas en coordinación, en la cadena investigativa y en mecanismos institucionales de control, con consecuencias públicas y políticas de larga duración. La investigación y las controversias alrededor de esos eventos han moldeado demandas sociales por mayor profesionalización y transparencia en los servicios de inteligencia. Más recientemente, la reestructuración del sistema nacional mediante el Decreto 614/2024 (que disolvió la AFI y reorganizó competencias bajo la nueva Secretaría de Inteligencia de Estado, SIDE) plantea una oportunidad para modernizar procesos, pero exige garantías de controles legales y de respeto a derechos.
Para un país tan extenso como el nuestro, donde las rutas de narcotráfico internacionales utilizan corredores y nodos locales y donde los vacíos institucionales han sido aprovechados por actores ilícitos, la ILP no es un lujo técnico: es una herramienta operativa para romper cadenas logísticas, detectar financiamiento ilícito y prevenir atentados mediante la gestión de riesgos acumulativos.
Comunidad de Inteligencia y Cultura de Inteligencia: dos condiciones necesarias
La Comunidad de Inteligencia en el marco policial implica más que compartir bases de datos: supone acuerdos operativos, protocolos de intercambio, régimen claro de responsabilidades y mecanismos para convertir información en productos analíticos útiles para mandos y fiscales. La gobernanza interinstitucional debe contemplar interoperabilidad técnica, estándares mínimos de calidad y procedimientos de validación.
La Cultura de Inteligencia es el cambio interno que demanda la ILP: valorar el análisis frente a la impulsividad operativa; profesionalizar roles del analista; aceptar errores controlados en la experimentación táctica; y reconocer límites legales y éticos del empleo de información. Sin esa cultura —que se construye con formación, disciplina, incentivos y reglas claras— los sistemas se transforman en archivos inertes o en instrumentos de abuso. Implementar ILP exige por tanto inversión en capital humano, plataformas analíticas y, fundamentalmente, liderazgo que promueva la colaboración sostenida entre agencias y con la sociedad.
Algunas recomendaciones prácticas
1. Consolidar marcos legales y de transparencia que permitan intercambio de inteligencia con salvaguardas de derechos.
2. Implementar modelos de gobernanza interoperable —sobre la base del NIM y experiencias adaptadas localmente— que orienten prioridades nacionales frente a riesgos transnacionales.
3. Fortalecer capacidades analíticas y docentes en la policía y en agencias afines, creando carreras profesionales para analistas y canales ágiles con la fiscalía y la justicia.
4. Desarrollar unidades operativas conjuntas para desarticular nodos logísticos (finanzas, transporte, puertos) y cortar fuentes de financiamiento.
5. Establecer controles civiles y auditorías técnicas que prevengan desvíos y resguarden libertades públicas.
Un llamado a la coordinación
La complejidad y la virulencia de las amenazas no admiten fragmentación institucional ni soluciones aisladas. Argentina necesita consolidar una comunidad de inteligencia profesional, regulada y legitimada, y cultivar una cultura de inteligencia que priorice análisis riguroso, colaboración y respeto por los derechos. La ILP ofrece el andamiaje metodológico: traducir datos en decisiones; priorizar lo que verdaderamente amenaza a la seguridad nacional; y operar con eficacia y control republicano. Pero esa promesa sólo se cumple si el conjunto de actores —gobierno, agencias de inteligencia, fuerzas de seguridad, justicia, organismos de control, sector privado y sociedad civil— coordina tareas, comparte riesgos y asume responsabilidades.
Hoy, la respuesta no puede limitarse a más recursos aislados; exige diseño institucional, formación profesional y voluntad política para integrar saberes y acciones. Convocamos —valorando la seguridad como bien público— a articular un compromiso nacional: modernizar los procesos de inteligencia y contrainteligencia, proteger las libertades, y coordinar con solvencia la lucha contra quienes, desde el crimen organizado o desde el terrorismo, ponen en riesgo la vida y el porvenir de los argentinos. El tiempo de la prevención inteligente es ahora.
Fuente: Ediciones EP, 26/09/25.
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