Griesa rechazó un pedido del Citibank para pagar bonos argentinos
Deuda. El fallo se esperaba la semana pasada. Pese al revés, el juez de EE.UU. podría habilitar el desembolsos por única vez.
Fallo del juez Thomas Griesa contra el Citi.
El juez Thomas Griesa no aceptó el pedido de Citibank de que el magistrado dé marcha atrás con la orden que impedía a la Argentina pagarle a los bonistas. Sin embargo, dejó la puerta abierta para que en los próximos días autorice al país, por única vez, a girar el dinero de un vencimiento del bono Par, que opera a fin de mes.
El fallo Griesa bloqueó el pago de bonos argentinos emitidos bajo ley extranjera. Pero ahora en el juzgado se libra una batalla interpretativa sobre si los títulos en dólares que emitió el país bajo legislación local están alcanzados por el fallo. El Citibank, custodio de esos títulos con ley local y parte afectada por el fallo, sostiene que no. NML y otros fondos dicen que sí. Hasta el momento Griesa habilitó al Citibank en dos oportunidades a pagar. Hoy rechazó una moción del banco que solicita la cancelación de la orden. Pero ahora el juez podría, otra vez, permitir que se habilite el pago por única vez.
Schoklender: «Boudou no era un genio, era un chico lindo que se la levantó a Cristina»
Desilusionado del mundo kirchnerista y en su ocaso, Sergio Schoklender brindó una entrevista en la que habla acerca del entorno que supo conocer. Hablo del círculo de CFK, de Hebe de Bonafini, de Boudou y del caso Nisman.
Sergio Schoklender.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) – Desilusionado del modelo, lejos de los lujos que supo conocer, este jueves 05/03 se conoció una entrevista de Sergio Schoklender, aquel que supo ser la mano derecha de Hebe de Bonafini volvió a aparecer, ya caído en desgracia.
En una entrevista habló sobre varios de sus ex correligionarios y de sus secretos más turbios, ya afuera del círculo de confianza y sin ninguna deuda de lealtad a sus antiguos protectores.
El ex apoderado de la Fundación Madres también se mostró extremadamente arrepentido de su antiguo “kirchnerismo” y afirmó: “yo estaba consustanciado con el proyecto de lo que íbamos a hacer y la verdad, hoy, lo veo en Internet o veo alguna foto de esas y me da verguenza”.
Además agregó: “El kirchnerimo es un movimiento que ya desapareció, fundamentalmente porque no tienen una conducción coherente, hoy es un grupo de delincuentes atrinchera buscando cómo hacen para garantizarse la impunidad después de que pasen las elecciones”, manifestó.
Schoklender hizo alusión a su ex protectora, Hebe de Bonafini, como una mujer “que equivocó el camino, que se dejó cooptar por la polítiquería barata del gobierno, que se dejó usar y que hoy, lamentablemente, es como un títere del kirchnerismo”.
También aclaró que el desastre en Madres ocurrió luego de su partida, “mientras que yo estuve no faltó un solo centavo”, aseguró y denunció que la plata, en verdad, se la llevó la gente de Boudou.
En la entrevista opina sobre los los funcionarios K. Según Schoklender hay tres actores complejos alrededor de Cristina: Carlos Zanini, Julio De vido y José Francisco López (secretario Legal y Técnico de la Presidencia, ministro de Planificación Federal y Secretario de Obras Públicas de la Nación, respectivamente).
“Son tres delincuentes, tres criminales”, afirmó el empresario y agregó, “ellos son los que han dilapidado la riqueza en esto años en Argentina (…), ellos son los que han torcido y desvirtuado las instituciones de la República que se fueron constituyendo en estos años de democracia, son los responsables de crímenes como los de Nisman, de los manejos del servicio de inteligencia, de las operaciones de extorsión a los funcionarios”.
“El nivel de corrupción es alucinante” afirmó.
Schoklender también aprovecho para difundir algunos chismes de tinte más amarillistas, aunque también conocidos por varios del entorno cercano.
Sobre Boudou dijo: “Es un carilindo, es un pelotudo”, afirmó el empresario, refiriéndose al vicepresidente y además expresó: “No es un genio de las finanzas, ni siquiera de la corrupción, Boudou era un chico lindo que se la levantó a Cristina, entonces lo tienen ahí y lo cuidan” y agregó que “lo que Boudou se ha robado, te puedo decir que es ínfimo son monedas. Los grandes desfalcos al país se hicieron en Planificación Federal”.
Nisman
Por otra parte, también tocó el tema Nisman y manifestó estar convencido de que fue un crimen vinculado a algún pedido de Cristina para que paren la denuncia por encubrimiento, desestimó por completo la teoría del suicidio y la consideró inverosímil.
Para los peritos de la familia, Nisman estaba de rodillas al recibir el tiro
Por Paz Rodríguez Niell.
El trabajo de los especialistas designados por la querella afirma que hubo un atacante detrás del fiscal y que en el baño detectaron manchas lavadas.
De frente a la bañera, el torso erguido y la rodilla derecha apoyada en el piso. Así murió Alberto Nisman, según el informe elaborado por los peritos contratados por la familia del fiscal. Para llegar a esa conclusión tuvieron en cuenta que no tenía marcas de golpes en la espalda, en la cabeza ni en sus miembros. Y que la sangre que cayó sobre el lavatorio, a su derecha, vino de una altura baja, por lo que la cabeza estaba cerca. Para ellos, entonces, estaba arrodillado: no hay otra razón posible.
Junto a Nisman, en el baño, los peritos de la querella ubican a un posible «atacante», parado atrás. «La víctima tenía una talla de 1,82 m, muy probablemente se encontraba en un plano inferior con respecto al atacante ubicado detrás y a la derecha», dice el informe. Advierte, además, que parte de la mano derecha de Nisman, con la que se habría disparado, estaba limpia y que el único motivo para eso es que hubiera habido algo tapándola, como «un objeto o una mano».
Los peritos de la querella no trabajaron sobre el cuerpo, sino sobre fotos y videos. También, con visitas al departamento de Puerto Madero. Allí dicen haber descubierto, el 13 de febrero, manchas «lavadas» en la canilla y la bacha.El documento, de 93 hojas, lleva las firmas de los especialistas Daniel Salcedo, Osvaldo Raffo y Julio Ravioli. Parte de sus conclusiones habían sido adelantadas por la ex mujer de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, la semana pasada. Pero los datos de cómo murió fueron mantenidos en reserva.
Este estudio tiene profundas diferencias con la autopsia oficial realizada por el Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte Suprema, pocas horas después de hallado el cuerpo. Para resolver el conflicto, la fiscal Viviana Fein planea convocar a una junta médica con los autores de ambos peritajes y otros especialistas del país y del extranjero.
Pero antes, Fein recibirá a Raffo, Ravioli y Salcedo, a quienes convocó para que ratificaran lo que sostuvieron en el informe.
Una de las diferencias con la autopsia es que ellos consideraron probado que hubo «agonía» y que el corazón «siguió latiendo después del disparo», afirmaron. Por eso, la enorme mancha de sangre en el piso.
En cuanto a la sangre del lavatorio, sostuvieron que salió del orificio de entrada de la bala, hacia atrás, «como una suerte de reflujo por efecto de la presión intercraneal». De acuerdo con la querella, esa sangre debió haber manchado necesariamente el arma, la mano y el antebrazo de quien empuñaba la pistola. También, una toalla que colgaba debajo del lavatorio. Pero esa toalla estaba limpia. Entre medio, «algo o alguien se interpuso», afirmaron los peritos de Arroyo.
Cuando la noche del domingo 18 de enero la madre de Nisman y uno de los custodios lo encontraron muerto, él estaba acostado en el piso, paralelo a la bañera, con los pies del lado del lavatorio y la cabeza contra la puerta, algo torcida. Lo rodeaba una enorme mancha de sangre y debajo de su hombro izquierdo estaba la pistola Bersa calibre 22, arma «históricamente utilizada por sicarios», sostuvieron los peritos en un pasaje menos técnico de su informe.
No se explica cómo llegó la pistola allí, advirtieron. Ellos consideraron que el cuerpo fue movido porque «para quedar en esa posición final debió haber girado asistidamente».
En algunos pasajes, los especialistas fueron totalmente asertivos y en otros, algo menos. «Tal posición final resulta poco probable dentro de lo posible que se provoque sin la participación de un tercero en el lugar del hecho», afirmaron.
Una prueba central de esta intervención de un tercero es, para los peritos, la mancha de sangre que tenía Nisman en su mano izquierda (el disparo habría sido con la derecha). «Como si algo o alguien manchado de sangre hubiese tomado la misma después del hecho», dijeron. Afirmaron que no podría haber ocurrido esa «transferencia» desde su propia mano derecha dada la posición en la que se encontraba y por la cantidad de sangre que tenía en esa mano.
Otro elemento que ratifica, según ellos, el movimiento luego de la muerte es una mancha «absorbida por capilaridad» en la remera que Nisman llevaba puesta. Lo que acreditaría que lo movieron es que debajo de la remera no había sangre.
Los peritos de la familia no tienen ninguna duda de que Nisman estaba mirando hacia la bañera, y no al espejo, al momento del disparo. Explican que por eso proyectó sangre a su derecha, a la mesada del lavatorio que está debajo del espejo. Esa mancha que no era «continua» demostraría que el disparo se hizo de cerca, desde no muy alto y en ese sentido.
También están convencidos de que no tenía las dos rodillas apoyadas, sino que la izquierda estaba separada del piso porque en la cara interna, cerca de la pantorrilla, tenía una mancha de sangre que cayó en sentido rodilla-tobillo. No hubiera habido ángulo para que la sangre cayera así estando en otra posición, explica el informe.
Por todo esto, los peritos dijeron que «es poco probable dentro de lo posible que [Nisman] haya estado de pie o con ambas rodillas apoyadas o en cuclillas» dado que no hubiera habido «plano» para ese goteado. Los especialistas llaman la posición de Nisman como «rodilla a tierra».
Los peritos recordaron además en su informe el peritaje oficial más favorable a la hipótesis de que no fue un suicidio: el barrido electrónico, que no encontró restos de explosivos en la mano de Nisman. En este punto no disintieron de la documentación que está en el expediente. Recordaron que no fue hallada ni una sola partícula de plomo, bario ni antimonio, y sostuvieron que eso «aleja la posibilidad de que alguna de las manos» de Nisman haya estado «cerca del arma» cuando se produjo el disparo.
El informe termina con tres páginas dedicadas a las «conclusiones». Doce de las trece habían sido dadas a conocer por Arroyo en su conferencia. Entre ellas, la que discrepa del día de muerte establecido en la autopsia y la que dice que no hubo espasmo en la mano derecha. No leyó la número doce, un párrafo que resume que «al momento de recibir el disparo la víctima debió haber estado en posición rodilla a tierra» y que así lo probarían las manchas del baño y la falta de golpes en el cuerpo.
El trece dice que «el análisis del lugar del hecho, así como de las evidencias físicas del escenario de esta muerte violenta, descarta la posibilidad que el hecho sea accidental» y que «se descarta la probabilidad de la hipótesis en modalidad suicida».
El día de la conferencia de Arroyo, una fuente cercana a uno de los peritos le envió a la nacion otra versión, que fue la publicada, de las conclusiones donde el punto final decía en cambio que el suicidio se consideraba «poco probable dentro de lo posible». Ante la contradicción con lo que había leído Arroyo, La Nación consultó ese día a un colaborador de la jueza que dijo que «por una cuestión de práctica pericial los peritos no pueden decir que fue un homicidio». La versión que recibió la nacion llevaba firmas similares de los tres peritos e idénticos sellos que la presentada en el causa. Este diario llamó a Raffo y Salcedo para consultarles si ésta era una versión que finalmente modificaron o un texto adulterado, pero los peritos hicieron saber que no harían declaraciones sobre el documento.
Hoy, los tres expertos de la querellea declararán ante Fein para ratificar el informe presentado. El plan de la fiscal es llamar después, cuanto antes, a la junta médica que revise en conjunto todos los peritajes presentados en la causa.
Las evidencias recogidas
La posición del cuerpo
Estaba en un plano inferior con respecto al atacante, que estaba ubicado detrás y a la derecha de la víctima
Las manchas
La sangre que cayó sobre el lavatorio vino de una altura baja. Según la querella, esto es consecuencia de que la cabeza de Nisman estaba cerca
Conclusiones que apuntan a un asesinato
Barrido
«No fueron halladas ni una sola partícula característica de plomo, bario y antinomio (fusionada), lo que aleja la posibilidad de que alguna de las manos de la víctima haya estado cerca del arma al momento de efectuarse el disparo»
La mano
Hay dedos que no tienen manchas de sangre y deberían haberla tenido, «a menos que hubiese algún elemento que haya actuado como telón de interposición»
Un objeto, una persona
Esa interposición sería el motivo también de que no haya habido manchas de sangre en la toalla que colgaba del lavatorio. Algo o alguien se interpuso
Movido por un tercero
Para que el cuerpo quedara en la posición en la que fue encontrado, debió haber girado asistidamente. En este punto repite la fórmula de que «resulta poco probable dentro de lo posible» que se haya producido sin la participación de un tercero
Hacia la bañera
La ubicación de las manchas en la alfombra del piso indican que Nisman no miraba en dirección al espejo, sino hacia la bañera
El atacante
Muy probablemente, de acuerdo con las evidencias recogidas, quien disparó el arma estaba en un plano superior, «detrás y a la derecha de la víctima»
La escena según la querella
El peritaje que pidió Arroyo Salgado difiere del oficial en varios puntos clave
Rodilla al piso
Según el estudio de la querella, Nisman tenía la rodilla derecha en el piso al recibir el disparo; el peritaje oficial no llega a esa conclusión
De cara a la bañera
Indica también que el fiscal miraba hacia la bañera y no en dirección al espejo del baño cuando se produjo el disparo que lo mató
Huellas de sangre
Los peritos llegaron a estas conclusiones por las manchas de sangre en el lavabo producido por el disparo, y por la ausencia de golpes en su cuerpo.
Por Silvia Mercado.La disputa con el Poder Judicial se volvió una obsesión en la Casa Rosada. «Nadie puede terminar preso», aseguran sus funcionarios. Inquietud en Comodoro Py por la seguridad de jueces, fiscales y asistentes
– «¿Se puede gobernar pensando todo el tiempo que vas a ir preso?», se pregunta un funcionario de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
– «No sé, dígamelo usted», propone Infobae.
– «No, no se puede.Nadie gobierna hoy en la Argentina. Solo hay decisiones para ganar tiempo. No podemos quedarnos quietos. Tenemos que hacer pie y asegurarnos una salida por la puerta de adelante. Nadie puede terminar preso. Sobre todo la Jefa no puede terminar presa. Estamos obligados a defendernos. Estamos obligados a defenderla».
Frío, pragmático, descarnado, lo que este peronista de trayectoria en la gestión plantea es un asunto que obsesiona al poder y no de ahora, la convicción de que gobernar hoy en la Argentina es terminar entre rejas. Según esta visión, la obsesión por manejar la Justicia, nombrar jueces, controlar sus vidas e intervenir en sus decisiones tienen ese trasfondo, garantizar que el ejercicio del Poder Ejecutivo no sea la escala inevitable a la cárcel.
Esto que a los simples mortales les suena parecido al incumplimiento de sus deberes para garantizarse la impunidad, para el funcionario se trata de «un problema estructural del ejercicio del poder en nuestro país», a saber: «Si los presidentes creen que pueden ir presos cuando abandonen el poder, a) no querrán abandonarlo jamás, b) querrán tener un poder judicial propio, c) cuando su ciclo esté terminado van a tener como prioridad cubrirse las espaldas, no gobernar».
Dicho así, parece razonable la pesadumbre que se vive en Comodoro Py, donde «ya no se discuten expedientes, sino qué esquema de seguridad organizaste con tu familia y con qué armas estás preparado para cuando vengan a atacarte», según lo relata una experta en esos pasillos. En efecto, en los tribunales más calientes, donde se ventilan causas contra los ministros Héctor Timerman, Julio De Vido, Julio Alak, el jefe de las Fuerzas Armadas, César Milani, los dirigentes camporistas Mariano Recalde y Andrés Larroque, más la Presidente, sus dos hijos y el Vicepresidente, entre decenas de investigados, el ánimo está por el piso. Las presiones sobre los jueces, secretarios de juzgado, incluso secretarios de despacho se incrementaron en los últimos días.Después de la muerte del fiscal Alberto Nisman, amenazas por debajo de la puerta, mensajes a través de conocidos, sospechosos robos en hogares de asistentes en causas que generan preocupación en el Gobierno.
Inquietan en Comodoro Py las últimas amenazas y los sospechosos robos a las casas de algunos asistentes
La pregunta, entonces, es si la muerte del fiscal que estaba convencido de que Cristina Fernández de Kirchner era responsable de encubrir a los prófugos iraníes acusados del atentado contra la mutual de la AMIA, además de tener como objetivo poner término a su investigación, tiene como beneficio de inventario su utilización como un instrumento de domesticación del Poder Judicial, luego de que los viejos encargados (Stiuso, Fernández y compañía) fracasaran. «Hay una nueva ofensiva, no lo dudamos, las presiones recrudecieron y en sus declaraciones públicas, desde la Presidente para abajo, nos tiran de todos lados. Nosotros no tenemos mucho para defendernos, ni siquiera hay seguridad para el ingreso a este edificio, donde entra cualquiera», dice la fuente, notoriamente preocupada.
En ese contexto, no sorprendió en Tribunales que el juez Claudio Bonadio no haya convocado todavía a Máximo Kirchner a testimoniar en la causa sobre supuesto lavado de dinero de la empresa Hotesur S.A., propietaria y administradora del hotel Alto Calafate, de la que es dueño por ser parte heredera de la sucesión Néstor Kirchner y también, aparentemente, por ser el poseedor de un 2 por ciento de las acciones originales. Una fuente del gobierno nacional asegura, además, que el hijo de la Presidente está en la mira por haber firmado 1.800 cheques y varios balances como responsable de la compañía.
Alto Calafate fue una compra realizada en el 2008 por Osvaldo Sanfelice que actuó a cuenta y orden de terceros. El propio Néstor Kirchner resultó ser «el tercero» en cuestión, ya que llegó a aceptar que los dos millones de dólares que adquirió en octubre de 2008 en medio del estallido de la crisis financiera internacional fueron a parar a la operación de ese hotel 5 estrellas. Aunque los expertos aseguran que tiene que haber salido bastante más que eso, el jefe de Gabinete Aníbal Fernández se vio obligado a confirmar la adquisición que había denunciado Martín Redrado en el marco de su disputa con el Gobierno por su salida forzada al frente del Banco Central.
Cerca de Bonadio aseguran que «nunca habló de citarlo a Máximo» y que si bien parece que hay operaciones de Lavado de Dinero de la corrupción, un delito habitual en los Estados Unidos de la década del 60, cuando la mafia usaba hoteles, casinos y lavaderos de auto para hacer ingresar al circuito legal de transacciones financieras grandes volúmenes de dinero nacido del contrabando, las extorsiones y el narcotráfico, «aún no está probado». La fuente explicó que «no sólo hay que probar que empresas de Lázaro Báez hayan contratado habitaciones que nunca usaron para ocultar corrupción, sino también el delito preexistente, lo que obligaría a ese lavado, algo que no parece demasiado sencillo».
Existe en el poder la convicción de que gobernar hoy en la Argentina es terminar entre rejas
Para quienes lo conocen, Bonadio está ganando tiempo y sumando masa crítica. De hecho, ya tiene en su poder las declaraciones juradas de toda la familia Kirchner y también el expediente de la sucesión Néstor Kirchner. Puede analizar esa documentación sin correr y compararla con la información que ya obtuvo de los allanamientos de Hotesur, la IGJ y Alto Calafate, o repentinamente convocar al hijo de la Presidente. A juzgar por algunos comentarios que hizo trascender («no sé por qué dicen que la citación a Máximo es inminente»), quiere ir despacio. Por las dudas, La Cámpora tiene organizado una acto de desagravio a su jefe, en caso de que sea citado a la Justicia.
Como sea, el dilema de un Ejecutivo «sometido» al desgaste del ejercicio del poder es un asunto que desvela a muchos sectores del partido gobernante, que por estos días insisten en fundamentarlo, para explicarse. Es una teoría que parte del supuesto de que en la guerra interna que caracteriza a la historia argentina, gobernar es también garantizarse una justicia adicta, para evitar que los Tribunales se transformen en una carrera de obstáculos del que gobierna.
Otros kirchneristas van todavía más allá. Cuestionan la existencia misma de que el Estado esté dividido en tres poderes independientes entre sí, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que funcionan como un sistema de controles y contrapesos para proteger al individuo frente al despotismo, tal como lo definió en el siglo XVIII el Barón de Montesquieu. Lo que existe es el líder carismático, las movilizaciones y los actos masivos para aclamarlo, los medios de comunicación deben reproducir ese estado de éxtasis entre el líder y la masa y los poderes Legislativo y Judicial interpretar fielmente a la cabeza del Poder Ejecutivo. De eso se trata un gobierno popular.
Por supuesto que nunca lo dicen abiertamente, jamás se animan a criticar en cámara el «pluralismo» en las ideas o el «sistema republicano», base de nuestra democracia. No se cuestionan los intentos por imponer un partido único para realizar los deseos de un pueblo al que no dejan hablar, porque suponen que ese líder lo representa cabalmente. Ni critican la moral de sus jefes multimillonarios. Que algunos ex presidentes jamás hubieran sido acosados por la Justicia, como Arturo Illia o Raúl Alfonsín tampoco los interpela. Lo verdaderamente bueno para ellos es controlarlo todo. Como si las sociedades no fueran cada vez más diversas, más abiertas. Como si no fuera posible que más controles, más persecución, generan, naturalmente, más y más rebeldías.
Contradicción de los custodios y sospechas de Arroyo Salgado
Por Lucio Fernández Moores.
La diferencia en el relato de quienes debían cuidar a Nisman generó dudas en su ex mujer. También, el rol de Lagomarsino.
La voracidad de la información en torno a la por ahora «muerte dudosa» del fiscal Alberto Nisman hizo casi olvidar un dato bastante llamativo y que, de hecho, llevó a la primera reacción ejecutiva del Gobierno, al inicio del caso.
Los dos custodios de la Policía Federal que fueron a buscar a Nisman a su casa el domingo 18 de enero dieron dos versiones distintas sobre el horario en el que por primera vez subieron al departamento que éste ocupaba en una torre de Puerto Madero aquel día.
Tanto el sargento primero Luis Miño como el suboficial Armando Niz coincidieron en relatar que Nisman no respondió los llamados telefónicos ni los que hicieron a través del portero eléctrico del edificio al departamento 2 del piso 13.
Sin embargo, Miño dijo que subieron al departamento cerca de las 17.30, después de haber hablado por teléfono con una de las secretarias privadas del fiscal, Marina Pettis, y Niz sostuvo que lo hicieron antes de entablar contacto con ella, a las 14 horas. Son tres horas y media de diferencia. Demasiado para quienes recuerdan en declaración testimonial lo ocurrido apenas un par de días después del hecho por el que se les pregunta.
Una fuente vinculada a la causa AMIA sostuvo que la ex esposa de Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, pensó en algún tipo de «conspiración» entre uno de los custodios y el técnico en informática Diego Lagomarsino, quien admitió haberle entregado a Nisman el arma que, según las pericias, provocó la muerte del fiscal.
«Esto le servirá a Arroyo Salgado para un eventual juicio por daños y perjuicios que seguramente le haga en el futuro al Estado en nombre de sus hijas», dijo otra fuente también relacionada con la investigación del atentado que en 1994 provocó la muerte de 85 personas. Claro que primero deberá establecerse si se trató de un homicidio, como ella sostuvo públicamente la semana pasada, o si fue un suicidio, como ella misma dijo que es la hipótesis de la fiscal Fein.
El Gobierno reaccionó tras conocerse las declaraciones de los dos policías y los separó preventivamente de funciones al abrirles un sumario ocho días después del hallazgo del cadáver de fiscal de la causa AMIA.
Lo llamativo es que, por lo que se sabe, la fiscal Viviana Fein no los convocó todavía a un careo, una medida lógica en cualquier causa penal y más aún en ésta, en la que se investiga la muerte violenta de un colega que estaba a cargo de la investigación del atentado terrorista más grande ocurrido en la Argentina.
Lagomarsino quedó comprometido tras la difusión pública de las conclusiones de la pericia de la querella representada por Arroyo Salgado. Es que, de acuerdo con lo establecido por sus peritos, Nisman habría muerto en la noche del sábado. Y Lagomarsino se retiró de la casa de Nisman al anochecer de ese día. Las cámaras de seguridad de la autopista así lo confirmaron.
Más allá de la actuación de la custodia policial del fiscal muerto, Fein indagará en los próximos días sobre el papel de la Prefectura. Quiere saber por qué demoraron tanto tiempo en avisar a la Justicia sobre el hallazgo del cadáver de su colega. El llamado de la Prefectura al juzgado en turno fue a la medianoche, pero la muerte ya había sido verificada a las 22.30.
Arroyo Salgado cree que al fiscal lo llevaron al baño y le dispararon
Por Cecilia Di Lodovico – 07/03/2015 – 15:49
Así lo sostienen los peritos en el escrito presentado ante la Justicia. Afirman que luego el asesino movió el cuerpo al escapar por la puerta.
Yo acuso. “Lo mataron”, aseveró Arroyo Salgado el jueves en una conferencia de prensa. | Foto: Sebastian Otondo
El informe de cien páginas elaborado por el equipo de peritos contratado por la jueza federal Sandra Arroyo describe cómo habrían matado a Alberto Nisman, el fiscal que días antes de su muerte apuntó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al canciller Héctor Timerman por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA.
La ex mujer de Nisman evitó durante la conferencia del jueves dar detalles de los resultados de su equipo. Pero fuentes de la causa indicaron a PERFIL que los peritos de Arroyo Salgado sostienen en el escrito que pudieron determinar, basado en “evidencias físicas”, que el crimen ocurrió en el baño del departamento 13 de las torres Le Parc, entre las 16 y la medianoche del sábado 17 de enero. Siempre según el escrito, el fiscal no estaba solo: lo acompañaba el homicida. Es decir que, para la querella, Nisman fue asesinado en el mismo lugar donde fue hallado el cuerpo, y el nuevo horario ubica a Diego Lagomarsino en la escena del crimen. Creen que pudo haber sido llevado al baño amenazado.
La hora de la muerte. Para Héctor Di Salvo, el médico que realizó la operación de autopsia, el fiscal murió entre las 10 y las 13 del domingo 18 de enero. Una situación que dejaba a Lagomarsino fuera de suspicacias. Para Sandra Arroyo Salgado, en cambio, el horario fue mal calculado. Raffo y el médico Julio Ravioli confirmaron el dato con el análisis del humor vítreo, un líquido transparente y gelatinoso, que se encuentra en el ojo.
Otra “certeza científica” a las que arribaron los forenses indica que no fue Nisman, sino su asesino quien apretó el gatillo de la Bersa calibre 22 largo, propiedad de Lagomarsino. La trayectoria del disparo fue de abajo hacia arriba y de atrás hacia delante. El proyectil ingresó por la zona temporoparietal derecha, a tres centímetros de la oreja y a una distancia de 1 centímetro.
Salida. Para esta línea de investigación, luego de disparar, el homicida movió el cuerpo antes de escapar por la puerta del baño. Aunque la cabeza de la víctima quedó apoyada sobre la puerta, no impidió que quedara abierta unos 15 centímetros. De hecho, fuentes cercanas a la fiscal Viviana Fein admitieron que la madrugada en la que fue hallado el cuerpo pudieron ingresar al baño por esa abertura.
No pudieron participar en la autopsia, pero con videos y fotografías del departamento de Nisman, los especialistas conducidos por Raffo y el criminólogo Daniel Salcedo, encontraron “evidencias físicas” que descartan de lleno el suicidio. En primer lugar –tal como lo adelantó PERFIL en su edición del 24 de enero– resultó clave el análisis de las manchas de sangre halladas en el espejo del baño y las paredes de la ahora “escena del crimen”. La Fiscalía no confirmó las manchas en el espejo. Pero testigos directos lo ratificaron a este diario.
En una inspección ocular, los forenses encontraron elementos que reforzaron sus sospechas. También resultaron esenciales las conclusiones de un examen exhaustivo de las livideces del cuerpo que confirmaron que el cuerpo fue movido.
Pero quizás el punto más importante del dictamen que realizó la querella sea el más evidente para un experto: “Es fisiológicamente imposible que haya espasmo cadavérico cuando hay agonía. Este punto no es opinable. El espasmo en la mano no existió”, revelaron fuentes cercanas a los peritos. “La única manera en que quede un espasmo cadavérico es si la muerte es súbita. Luego, de la agonía se instala la rigidez. El espasmo es un signo vital, la rigidez, es un signo post mórtem”, explicaron. Llama la atención que los peritos oficiales, que estuvieron frente al cuerpo, no repararon en este dato básico. La discusión generó un fuerte debate entre los peritos, que la fiscal Fein quiere terminar de dirimir a través de una junta médica.
Las cámaras de seguridad de las Torres Le Parc resultaron inservibles para la investigación debido a que no funcionaban y los custodios de Nisman no estaban en el lugar. Por esa razón, creen que el asesino pudo dejar el edificio sin que haya quedado registro de su salida.
La obscena campaña de demolición post-mortem de Alberto Nisman, diseñada en el Gobierno y ejecutada por actores de muy alta calificación, empezando por la propia Presidenta, intenta mantener vivo –en términos políticos– al fiscal cuya muerte violenta mancha irremediablemente, y para siempre, el tramo final del gobierno de Cristina Kirchner.
Se lo mantiene vivo para difamarlo, se busca destruir su persona para refutar sus acusaciones de encubrimiento a Irán en el ataque a la AMIA, como si esa denuncia postrera de Nisman no fuese tan aleatoria y necesitada de pruebas firmes para ser sostenida.
“Lo usaron vivo y después lo necesitaban muerto”, escribió la Presidenta en su segunda carta sobre el caso el 22 de enero, esbozando una fabulosa conspiración en su contra. Para contrarrestar ese supuesto ahora se lo necesita vivo.
Se pretende ignorar la muerte de Nisman porque no se puede hacer propaganda contra un muerto, así como no se le podía ganar una elección a una viuda reciente. Entonces todo vale.
Se lo acusó de conspirador y de haber buscado con su denuncia “un efecto político desestabilizador”, en una solicitada del Gobierno publicada el miércoles. Se lo tildó canallescamente de borracho, ese mismo día, en un sitio de noticias que depende del Ministerio de Justicia y que ayer pidió perdón por el error echándole la culpa a otros. La misma Presidenta había insinuado de modo profundamente discriminatorio, en su primer mensaje por cadena nacional, la existencia de una relación íntima entre Nisman y su colaborador, el imputado Diego Lagomarsino.Como estas obscenidades hubo varias más.
Vale la pena remarcarlo: la denuncia de Nisman contra Cristina, el canciller Héctor Timerman y compañía, por encubrimiento en el atentado de la AMIA, está lejos todavía de tener elementos sólidos para sostenerse. Quizá nunca los tenga, quizás sí. De aquí en adelante todo depende de lo que decida la Sala I de la Cámara Federal cuando resuelva si acepta o rechaza la apelación del fiscal Gerardo Pollicita a la decisión del juez federal Daniel Rafecas, quien una semana atrás desestimó de modo compacto y absoluto toda la presentación de Nisman.
La resolución de Rafecas se había interpretado en los tribunales como una salida política oportuna, un alivio en un momento de extrema tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial. Igual, entre colegas de Rafecas se remarcó el carácter inusual del rechazo total a los pedidos de prueba hechos por un fiscal general.
Allí se espera ahora que los camaristas Ballestero, Farah y Freiler acepten la petición del fiscal Pollicita, declaren nula la decisión del juez Rafecas y ordenen realizar las pruebas para ver si Cristina debe ser investigada. Podrían además apartar a Rafecas del caso.
“Es muy difícil que los camaristas asuman el costo político de convalidar el cierre de esta causa sin investigar”, dice un viejo zorro de la Justicia federal. Pero se cura en salud: “Con la Sala I nunca se sabe…”. Esos camaristas habían cultivado cierta fama de afines a la Casa Rosada; aunque fallos recientes, como la inconstitucionalidad del oscuro pacto con Irán, disolverían en buena parte aquella presunción.
Lo que allí estará en juego es el aspecto judicial de este caso escandaloso. Pero el hecho que supera toda otra circunstancia es la muerte de Nisman. Es lo que perdura y pesa gravemente en términos políticos sobre la Presidenta y su gobierno. Más, cuando se tiene la impresión de que mucho de lo hecho desde que el fiscal fue encontrado muerto se orientó a confundir, distraer, desviar, diluir toda posibilidad de esclarecimiento de su muerte.
Su ex esposa, la jueza Sandra Arroyo Salgado, ayer sostuvo –respaldada por el informe de un muy calificado equipo forense– que a Nisman lo mataron, que agonizó varias horas luego de recibir un disparo en la cabeza, que su cuerpo fue movido antes de que lo encontraran tirado en el baño de su departamento.
El informe de Arroyo Salgado cuestiona profundamente lo que hasta ahora es la historia oficial de la muerte de Nisman. No es en sí mismo la verdad, sino sólo una hipótesis que debe ser corroborada. Aunque suena coherente frente al desbarajuste, las contradicciones y los insondables agujeros negros en la investigación que lleva la bien intencionada fiscal Viviana Fein.
La pesquisa oficial ya acumula casi siete semanas sin poder comprobar la hipótesis inicial del suicidio. En ese tiempo se acumularon pruebas sobre el descontrol de la escena de la muerte de Nisman, lo que abre espacio a todas las sospechas. Varias de ellas están contenidas en el informe de Arroyo Salgado, que ya forma parte del expediente.
Un juez federal que viene siguiendo con detalle el caso interpretaba anoche que las afirmaciones de su colega Arroyo Salgado “si se sostienen técnicamente son una bomba de neutrones”. Y se preguntaba si “el oficialismo o la oposición tendrán una respuesta” coherente frente a la conmoción que podría suponer la certeza del asesinato de Nisman.
Esa certeza ya está anidada en vastos sectores sociales, según muestran los sondeos de opinión. La responsabilidad, inevitable, recae en el Gobierno, que tan poco y tan mal parece estar auxiliando a la Justicia en esta investigación.
Alrededor de la denuncia y de la muerte de Nisman se mueven competencias y conspiraciones sordas entre jefes y agentes de inteligencia. Algunos permanecieron más de diez años al servicio del kirchnerismo como el ahora defenestrado Jaime Stiuso, un pez gordo que el Gobierno todavía no consigue terminar de sacar del agua. Otros siguen obedeciendo de alguna manera oblicua a la Casa Rosada, mientras un viento de fronda barre las estructuras de la vieja SIDE, ahora devenida en Agencia Federal de Inteligencia.
Al amparo de esa reforma poco más que formal, timoneada por el fiel secretario kirchnerista Oscar Parrilli, se está propiciando el salto en paracaídas de centenares de nuevos agentes, designados por las estructuras políticas del oficialismo. La idea es que esos hombres y mujeres queden sembrados en las estructuras de inteligencia más allá del cambio de gobierno en diciembre. La oposición ya anunció que, si le toca gobernar, revisará todos esos nombramientos. Se dice fácil, después hay que hacerlo.
Se habla sobre todo del aporte que estaría haciendo La Cámpora a esa estratégica ocupación de territorio. Pero no es justo demonizar a la agrupación que conduce Máximo Kirchner, porque la llegada de esos agentes de inteligencia de última hora reconoce también otros afluentes internos.
Movimientos sociales que orbitan en el universo kirchnerista estarían enviando a sus postulantes. Una fuente partidaria oficialista de alto nivel aseguró a Clarín que a los intendentes fieles del Gran Buenos Aires les están pidiendo listas de nombres de confianza para incorporar a las oficinas del espionaje. Y hasta el inoxidable ministro Julio De Vido habría colectado un pelotón de cuadros propios para enviar a la flamante Agencia, comandados por un colaborador suyo de extrema cercanía.
Ese es el tenor y la calidad de los espías que el oficialismo espera dejar atornillados cuando llegue el cambio de mando. Es parte del caramelo envenenado que la Presidenta le dejará de regalo a su sucesor.
Pero con reforma y desembarco militante incluidos, el recelo de Cristina a la estructura del espionaje estatal no parece haber cambiado. A los expertos no dejó de resultarles llamativo que la Presidenta haya concurrido el domingo pasado a inaugurar las sesiones del Congreso rodeada por un anillo de custodios formado por personal del Ejército, no de la Policía Federal. Esos hombres, flor y nata de la inteligencia militar, están bajo órdenes directas del teniente general César Milani, su verdadero hombre de confianza.
AMIA, Nisman, SIDE, Stiuso, Milani, Cristina. Son nombres del drama que nos ocupa. Sujetos de una política que se empeña en ser circular, y que parece así condenada a repetirse a sí misma.
Voceros oficiales o cercanos al oficialismo habían tratado en las últimas horas al fiscal muerto de loco y de borracho. Sólo un loco, en efecto, podría firmar dos documentos totalmente contradictorios sobre el papel que cumplió el gobierno argentino frente a Irán, como lo dijo la propia Presidenta y como lo repitieron sus voceros oficiales u oficiosos. Una secretaria de Nisman debió aclarar que el contexto era distinto entre un documento y otro. Un sitio de Internet oficial del Ministerio de Justicia confundió (¿por error?) la cantidad de alcohol que tenía en sangre con la que tenía en el estómago. Son dos cosas absolutamente distintas.
Sandra Arroyo Salgado, jueza y ex esposa de Nisman, activó ayer un nuevo y dramático giro en la política y en la sociedad cuando afirmó que su ex marido no se suicidó. Su teoría (o su certeza) coincide con la opinión de una importante mayoría social, que siempre sostuvo que a Nisman lo mataron. Hasta ahora el «magnicidio» era una hipótesis de la política y de vastos sectores sociales que carecía de respaldo técnico. Arroyo Salgado proporcionó a esa teoría argumentos científicos.
Pase lo que pasare en adelante en la Justicia, es probable que tanto la política como esas franjas sociales hayan hecho suya definitivamente la hipótesis de la jueza. Esto es: a Nisman lo mataron cuatro días después de hacer la denuncia política más explosiva que recibió el kirchnerismo y un día antes de exponer las pruebas de esa denuncia ante el Congreso.
Los supuestos criminales de Nisman se encontraron con un complicado obstáculo: la madre de las hijas de Nisman es abogada y jueza.
Sabe, por lo tanto, cuáles son los caminos que pueden conducir a esclarecer una extraña muerte. Arroyo Salgado colocó a la Presidenta, además, en la peor de las situaciones: explicar qué pasó para que muriera violentamente el fiscal que acababa de acusarla.
Nadie está culpando directamente a Cristina Kirchner de esa muerte, pero su responsabilidad política sería innegable si realmente fuera un crimen. Nisman fue metódicamente calumniado y difamado durante los cuatro días que transcurrieron entre su denuncia y su muerte.
Nadie en el Estado se tomó el trabajo de reforzar su custodia después de que hizo graves imputaciones a los gobiernos argentino e iraní. Al revés, hubo una sospechosa ausencia de su custodia durante las posibles 24 horas en las que Nisman estuvo herido y muerto, según la aseveración de su ex esposa, hasta que lo encontraron su madre y un cerrajero de ocasión. ¿Diez custodios para semejante ausencia de custodia? El cuadro describe más que nada a una zona liberada por la policía.
Servicios de inteligencia extranjeros, sobre todo el israelí, atribuyeron desde el primer momento a sicarios iraníes, con colaboración local, la muerte del fiscal (NdE: Y quizás por encargo local).Nisman fue hallado muerto, además, en medio de un escándalo de luchas internas entre los inescrutables servicios de inteligencia locales.
Podrían haber sido agentes extranjeros, pero también podrían haber intervenido sectores locales dispuestos a hacerle un supuesto favor al gobierno argentino. Todo es posible, o cualquier inferencia es posible, porque la investigación de la justicia local camina demasiado cansinamente.
El informe de los peritos nombrados por Arroyo Salgado parece disentir del de los peritos oficiales. La disidencia existe en algunos aspectos técnicos. Sin embargo, la conclusión del departamento forense, que depende de la Corte Suprema de Justicia, difiere en el tono y en la repercusión pública, pero no en la esencia.
De hecho, el informe que recibieron los jueces de la Corte señaló siempre que el caso de Nisman sería un suicidio único en la historia, si es que fue un suicidio.
Esos forenses subrayaron, en sus informes verbales, que la muerte de Nisman no siguió ninguno de los protocolos establecidos por la historia de los suicidas. Dicen más o menos lo mismo, aunque los peritos oficiales nunca escribieron lo que dijeron.
La teoría del asesinato de Nisman es también la teoría de una porción mayoritaria de la Justicia.La marcha de los fiscales fue una prueba de esa sospecha o de esa certeza. ¿Se marcha por las calles y se convoca a la sociedad sólo para rendir homenaje a una persona que decidió poner punta final a su vida? No, seguramente. Arroyo Salgado es también una exponente cabal de ese cuerpo profesional que integran jueces y fiscales. La hipótesis del suicidio común se encierra en un círculo cada vez más pequeño.
El caso se inscribe, además, en un cuadro donde sobra desidia y falta eficacia. ¿O no es raro, acaso, que la Justicia no haya podido establecer ni siquiera si fue suicidio o crimen un mes y medio después de la muerte de Nisman? ¿No es escandaloso que la fiscal Viviana Fein haya dicho, hace muy pocos días, que no tiene una hipótesis cierta sobre esa muerte? ¿No es más escandaloso aún que la propia fiscal Fein haya admitido ayer que hubo un tiempo largo de tres horas entre cuando lo encontraron muerto a Nisman y cuando ella llegó, y que no sabe qué paso en esas horas interminables? No sabe ni siquiera si movieron el cuerpo inerte de Nisman; es decir, no sabe si cambiaron la escena de un supuesto crimen. Ese dato es clave en cualquier pesquisa.
La hipótesis de Arroyo Salgado podría tener otras consecuencias. La primera de ellas es que el caso de la muerte de Nisman debería pasar, si fueran ciertas todas las afirmaciones de la jueza, a la justicia federal y abandonar la justicia de instrucción.
De hecho, ya debió pasar a la justicia federal. Muerte dudosa (según la carátula de la causa) de un fiscal federal. Suficiente para ser un caso federal. Arroyo Salgado ya hizo una primera presentación ante la justicia federal, cuando denunció un mensaje implícito en un ejemplar de la revista Noticias que mostraba la cara de Nisman con una mancha en la cabeza. La denuncia está en manos del juez federal Luis Rodríguez, con fuertes lazos con la conducción desplazada de la ex SIDE.
No será ésa la única secuela. Aun cuando es cierto que los jueces deben resolver sobre lo que está en el expediente que analizan, también es verdadero que los condiciona el contexto en el que se mueven.
La denuncia de Nisman, que desestimó el juez Daniel Rafecas, cayó ahora en la Sala I de la Cámara Federal, que deberá resolver sobre la apelación del fiscal Gerardo Pollicita. Es la sala más cuestionada de la Cámara Federal por su antigua cercanía con el oficialismo, aunque últimamente resolvió casos contra los intereses del Gobierno.
Si la denuncia de Nisman fue la obra de un trastornado, como se deslizó en el oficialismo y en algunos, pocos, despachos judiciales, ¿por qué, entonces, alguien estuvo interesado en matarlo, como asegura su ex esposa? Ése es el peso simbólico que caerá sobre los jueces de la Cámara Federal.
La denuncia y la muerte de Nisman rompieron la placidez del verano. Y serán, tal vez, las únicas compañías seguras que tendrá Cristina Kirchner hasta el último día de su poder. Haga lo que haga, diga lo que diga.
La extraordinaria presión que Cristina Kirchner está ejerciendo sobre la Justicia para no despedirse del poder como imputada de encubrir un crimen de lesa humanidad, como el atentado contra la AMIA, ,registró ayer un nuevo fracaso. El fiscal Gerardo Pollicita apeló el fallo por el cual el juez Daniel Rafecas resolvió no investigar la denuncia de Alberto Nisman contra la Presidenta, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés «Cuervo» Larroque y otras figuras del oficialismo.
La tesis de Pollicita fue sencilla: el escrito que él había presentado no pretendía que se condene a los imputados. Apenas reclamaba que se los investigue. De lo contrario, nunca se sabrá si las acusaciones de Nisman eran verdaderas o falsas. El planteo estiliza un episodio que relatan muchos magistrados en Comodoro Py: que, al conocer el fallo de Rafecas, Pollicita lo visitó para insultarlo. Al parecer, el juez le había prometido una resolución inversa a la que emitió.
Con su presentación, Pollicita refutó también la solicitada que el «Gobierno de la República Argentina» publicó ayer en la prensa. Esa declaración se agregó al insólito expediente paralelo que la Presidenta inauguró en su página de Facebook.
En un fugaz pasaje de su escrito, Pollicita consignó la explicación central: la complacencia de Rafecas con las autoridades es tan extrema como la severidad de Nisman. Después enumeró las conclusiones a las que el juez llegó sin investigar. Se preguntó cómo logró Rafecas saber que la denuncia de Nisman carecía de pruebas sin realizar las diligencias que se le habían propuesto.
El juez había argüido que no valía la pena examinar un encubrimiento que no había llegado a cometerse, entre otras cosas porque Irán nunca convalidó el Memorándum de Entendimiento. Pollicita responde que el hecho de que un crimen haya fracasado por razones ajenas a la voluntad de quien lo cometió no es un criterio de inocencia. Es decir: que las alertas rojas de Interpol sigan vigentes no permite descartar que Cristina, su canciller y los demás imputados hayan hecho todo lo que estaba a su alcance para exculpar a los acusados. Pollicita sostiene que deben examinarse muchas pruebas antes de negar que se había comenzado a ejecutar un delito que no se consumó.
La comunicación en la cual Ronald Noble, el ex director de Interpol, aseguraba que Timerman aclaró que el Memorándum no significaba la suspensión de las alertas rojas es insuficiente para Pollicita. Rafecas se abrazó a ella para cerrar el caso. El fiscal hace notar que el mensaje de Noble llegó a través del correo electrónico de un acusado, Timerman, y de entrevistas periodísticas. Por lo que ni siquiera está probado que las palabras pertenecen a Noble. Por eso aconseja, como mínimo, tomar declaración testimonial al funcionario.
Pollicita se detiene en la defensa del Gobierno en relación con las alertas de Interpol. Reprocha a Rafecas que haya clausurado el caso basándose en un informe de la Procuración del Tesoro que contiene documentos anteriores a la firma del acuerdo. Después desmiente el principal argumento de Timerman, que Rafecas hizo propio: que sólo el juez Rodolfo Canicoba Corral está en condiciones de pedir el levantamiento de las alertas. Pollicita cita el reglamento de Interpol para demostrar que si esos pedidos de captura se emitieron porque se desconocía el paradero de los acusados, como el Memorándum despejó la incógnita, la cancelación podría ser automática.
Esta acusación de Nisman es la que más complica a Timerman. Si todo era inequívoco, ¿por qué debió aclarar tres veces a Interpol que el Memorándum no implicaba, como sostenía el canciller de Irán Alí Salehi, la suspensión de las alertas? El fiscal solicitó los testimonios de los funcionarios que intervinieron en la negociación (Zuain, Ruiz Cerruti y Abbona).
Pollicita necesitó menos palabras para descartar la joya argumental de Rafecas: el escrito que Nisman había elaborado con una evaluación positiva de la actuación del Gobierno frente Irán. Sostiene que Soledad Castro, la secretaria de la fiscalía del caso AMIA, aclaró que, cuando hizo su denuncia, Nisman ya tenía otra opinión.
Pollicita no se sumó al argumento de algunos penalistas: que el encubrimiento del atentado es también un crimen de lesa humanidad. Si fuera así, según la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rafecas estaría obligado a investigarlo.
Una frustración para Cristina
Para la Presidenta, la apelación de Pollicita fue una frustración. Ella había confiado en las gestiones que Julio De Vido y Eduardo «Wado» de Pedro realizaron para que el proceso iniciado por Nisman terminara con el pronunciamiento de Rafecas. Es decir, para que Pollicita no apelara. De Vido prometió buenas noticias por su relación con Ariel Lijo, el hermano de Alfredo Lijo, su gestor en los tribunales federales. De Pedro se ufanó de tener contactos con Canicoba Corral. Hasta ahora no consiguieron el armisticio prometido. Aún cuando se atribuye a Lijo, el juez, la autoría intelectual de la sentencia de Rafecas. Fue lo único. Ni siquiera calmaron a Claudio Bonadio, que ayer seguía adelante con las investigaciones de Hotesur. No está descartado, entonces, que Máximo Kirchner deba visitar los tribunales.
Las relaciones de la Casa Rosada con Rafecas y con Bonadio están entrelazadas. Cuando la UCR quiso iniciar juicio político a Rafecas por las irregularidades que habría cometido en el caso de las «coimas del Senado», el kirchnerismo lo aceptó, con la condición de remover también a Bonadio. El pacto lo rompió Estela de Carlotto, con una gestión ante Cristina Kirchner a favor del juez, que se había convertido en el verdugo de Amado Boudou. Al final, para alivio y mortificación de la Presidenta, se salvaron Rafecas y Bonadio.
La pacificación prometida por De Vido y De Pedro está más lejos tras el despiadado tratamiento que la Presidenta dedicó a Ricardo Lorenzetti. La cabeza del Poder Judicial fue escrachada ante la asamblea legislativa. Lorenzetti no podía defenderse. Nada nuevo. La señora de Kirchner publica solicitadas contra Nisman, que tampoco puede contestar.
Las diferencias conceptuales entre la Presidenta y Lorenzetti no se limitan al desempeño de la Corte en la causa del ataque a la embajada de Israel. Ella publicó ayer que Nisman era un desestabilizador. El mismo Nisman cuyo rostro cierra el video de reivindicación de la Justicia con que Lorenzetti acaba de inaugurar el año en Tribunales. Entre el kirchnerismo y los jueces hay un profundo conflicto de valores. La denuncia de Nisman sigue vigente. Ahora se trata de saber cuál es la Cámara que deberá considerarla. ¿Le dará la razón a Rafecas o a Pollicita? Tal vez haya que mirar el video de Lorenzetti.
La Presidenta está encerrada en este laberinto judicial porque no ha podido dar una explicación convincente a una decisión catastrófica de política exterior: el acuerdo con Irán sobre la AMIA. El 10 de agosto de 2010 Timerman denunció a ese país como Estado terrorista ante Hillary Clinton. El 24 de septiembre siguiente Cristina Kirchner repitió la imputación ante la ONU. El 10 de noviembre, el representante iraní ante ese organismo respondió que su gobierno «se ha cerciorado de que ningún ciudadano iraní tiene vinculación directa ni indirecta con el execrable crimen» de la AMIA. El 21 de enero de 2011 Timerman comenzó a negociar en Aleppo con el canciller Salehi, el jefe de ese embajador. Como señal de confiabilidad a su nuevo amigo, el 17 de febrero rompió relaciones con los Estados Unidos, incautando, con su célebre alicate, material sensible transportado en un avión de la fuerza aérea norteamericana.
Este giro es un misterio. ¿Por qué Timerman creyó que los iraníes admitirían su propia culpabilidad? ¿No había leído la carta del representante de Teherán, que era la voz del canciller con quien, semanas después, negociaría en Aleppo? ¿No se dio cuenta de que la Asamblea iraní jamás aprobaría el Memorándum porque estaba dominada por los enemigos de Mahmoud Ahmadinejad? ¿Le pasó inadvertido que Ahmadinejad utilizaría sus concesiones en una campaña electoral desesperada, que terminó desembocando en la derrota? Entre todas las hipótesis de Pollicita falta una: que Timerman haya encubierto a criminales sin darse cuenta.
Tampoco hay una explicación para el cambio de posición de la Presidenta. ¿Tuvo que ver el impacto emocional de la muerte de Kirchner, que ocurrió el 27 de octubre, es decir, entre la denuncia ante la ONU y la respuesta del representante de Teherán? ¿Influyó Hugo Chávez, cuyo acompañamiento en esos funerales permitió que se ganara el corazón de la viuda? Que las respuestas a estas preguntas inquietantes haya que buscarlas en un expediente judicial es el gran fracaso político con que Cristina Kirchner debe cargar sobre su espalda en el tramo final de su carrera.
Ricardo Lorenzetti, presidente del máximo tribunal de Justicia del país, tiene suerte. Él puede contestar, con una repercusión parecida aunque no idéntica, a las diatribas de la Presidenta. La mayoría de los agraviados por Cristina Kirchner carece de esa posibilidad. El juez puede, en fin, romper el círculo perfecto del cristinismo según el cual los agravios presidenciales deben quedar sin respuesta. Lorenzetti, en cambio, rediseñó su discurso de ayer, que había preparado con un tono mucho más moderado, aunque con claras alusiones a la necesaria independencia del Poder Judicial.
«Tendrán que leerlo entrelíneas», habían anticipado el viernes los que conocían el borrador. No hubo entrelíneas. Sin mencionarla directamente, Lorenzetti se dedicó ayer a desarmar línea por línea cada referencia peyorativa de Cristina Kirchner a la Justicia.
El presidente de la Corte Suprema soportó el domingo uno de los peores momentos de su vida. Fue cuando Cristina descalificó a la Justicia con largos argumentos y criticó a la propia Corte en las narices de un Lorenzetti que no podía decir nada. Más bien, sabía que era el centro de todas las miradas curiosas que estaban en el recinto parlamentario y que las cámaras de la televisión oficial lo estaban enfocando. Ni siquiera tenía derecho a un gesto de enfado. El borrador previo de Lorenzetti fue reemplazado por un discurso claro y directo, que no careció de la vieja predisposición del juez para convocar a un país más consensual, menos enardecido. «Hay que pasar a un modelo que sepa conducir la diversidad», dijo, y de esa manera él también comenzó a despedir al cristinismo del poder.
Hay cosas que no nacieron el domingo. Ya los jueces supremos habían debatido sobre la carta de Cristina en Facebook, el sábado posterior a la marcha del 18-F, en la que por primera vez habló de un partido judicial. En ese documento, la Presidenta escribió que nunca permitirá que le «marquen la cancha». Los jueces futboleros (Juan Carlos Maqueda, sobre todo) explicaron que en la jerga del fútbol aquella metáfora significa marcar límites. «Marcar la cancha es fijar límites», dijeron. Y el deber constitucional de la Justicia, concluyeron todos, es fijar límites a los poderes, sean institucionales, políticos o económicos. Hacer reales y tangibles, en definitiva, los límites que la propia Constitución establece.
Por eso, el concepto de ayer de Lorenzetti («el Poder Judicial debe poner límites«) es producto de una larga reflexión de la Corte, no de una improvisación tras el discurso de la Presidenta. Es probable, sí, que lo que iba a ser una suave alusión se haya convertido, después del azote presidencial, en lo que fue: una clara advertencia sobre el papel de la Justicia en un sistema republicano. Pidió, en ese sentido, una reeducación de políticos y dirigentes sobre el rol de las instituciones del Estado y planteó la necesidad de una «actitud madura» en la cooperación entre los poderes constitucionales. Siempre se pide lo que no se tiene: ¿hace falta subrayar que Lorenzetti denunció inmadurez en la conducción del Estado y en la relación entre sus instituciones? ¿No fue ésa, acaso, una alusión directa (entrelíneas, eso sí) al discurso que la Presidenta dijo 48 horas antes?
Si Cristina no fuera Cristina y si su destino no fuera tan corto, podría decirse que estamos a las puertas de un conflicto de poderes. Sin embargo, para que eso ocurra deben suceder hechos concretos que provoquen la colisión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Por ahora, al menos, la Presidenta se conformó con la retórica de la confrontación y el insulto. Al revés de lo que temían jueces y fiscales de instancias inferiores, no anunció ninguna medida que desestabilizara al Poder Judicial. Muchos de esos funcionarios judiciales preveían, incluso, la posibilidad de que Cristina anunciara que pondría en comisión a todo el Poder Judicial. Hubiera sido un golpe de Estado contra uno de los poderes de la Constitución. Pero no sucedió. El conflicto queda, por lo tanto, reducido a las palabras de uno y a la refutación del otro. Una tensión innecesaria, pero encerrada en los límites de planteos teóricos.
Lorenzetti hizo ayer las veces de un profesor de educación cívica elemental. No fue un defecto, sino una exigencia. La necesidad de que un juez explique cómo funcionan los poderes de la Constitución, cuál es la función de cada uno de ellos y cómo deben resolverse eventuales fricciones señala con precisión que el país ha regresado a un estado predemocrático. Sólo le faltó aclarar que los presidentes inauguran los años parlamentarios para exponer qué harán durante los próximos doce meses y no para abrir nuevas batallas políticas ni para maltratar a los enemigos del día.
Un aspecto especialmente significativo del discurso de Lorenzetti fue la calificación de «víctima» que hizo del fiscal Alberto Nisman. Sea cual haya sido el procedimiento de su muerte, está claro que para el Poder Judicial Nisman murió como consecuencia de la denuncia que hizo contra el Gobierno. Lorenzetti se reunió por lo menos dos veces con la ex esposa del fiscal, la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien sostiene públicamente la teoría de que su ex marido no se suicidó. Los peritos que ella nombró, que elaboraron un informe hasta con las características psicológicas de Nisman, escribieron lo mismo. No fue un suicidio. Ese informe podría salir a la luz en las próximas horas o días.
La referencia a Nisman sucedió pocos días después de la polémica resolución del juez Daniel Rafecas que desestimó la denuncia del fiscal muerto. Tal vez por eso Lorenzetti reconoció el derecho de todos a criticar las resoluciones de los jueces, aunque pidió que no se los estigmatizara sólo porque no coinciden con las posiciones de los que lo critican. La resolución de Rafecas abrió, incluso, una grieta en la propia dirigencia de la comunidad judía. Un sector de ella considera que Rafecas no les dijo la verdad cuando recibió a la conducción de la DAIA el mismo día en que hizo pública su decisión. Intuye que hay demasiada similitud entre lo que dijo Rafecas y lo que expresó la Presidenta en el Congreso cuando criticó a Nisman.
El fiscal había escrito un borrador con otra posición, contraria a la que terminó presentando, que fue encontrado en la caja fuerte de Nisman. Su secretaria, Soledad Castro, firmó un documento aclaratorio en el que precisó que ese borrador correspondía a otro estadio de la investigación, a otro contexto de la pesquisa de Nisman. Nada raro. Es lo que suelen hacer jueces y fiscales, según los distintos tramos de una investigación. Dirigentes de la DAIA afirmaron que Rafecas no les permitió leer los documentos previos de Nisman ni el documento aclaratorio de su secretaria. Simplemente se los exhibió. Los dirigentes judíos más díscolos con Rafecas hicieron su propia investigación de lo que sucedió y llegaron a la conclusión de que no se podía poner en duda la actitud de Nisman. Otra franja de la DAIA, que también disiente de la resolución de Rafecas, prefiere ser más moderada y esperar los próximos pasos de la Justicia. Sobre todo, la apelación del fiscal Gerardo Pollicita y su repercusión en la Cámara Federal que deberá revisar la resolución de Rafecas.
Lorenzetti no se privó tampoco de marcarle a Cristina las lagunas de su conocimiento. La Corte Suprema, la anterior, no ésta, ya sentenció sobre el atentado que voló la sede de la embajada de Israel en Buenos Aires y culpó al grupo político-terrorista Hezbollah, el mismo que habría participado dos años después del devastador atentado a la AMIA. Es cosa juzgada. Lo que ninguno de los dos dijo es que, en la causa de la embajada de Israel, la Corte pidió la captura internacional de dos dirigentes del gobierno de Irán. Los dos están también en la lista de ciudadanos iraníes reclamados por la justicia argentina por el atentado a la AMIA. Es, entonces, la Presidenta la que se olvidó de incluir el atentado a la embajada de Israel en su acuerdo con el gobierno de Irán
Frío, pragmático, descarnado, lo que este peronista de trayectoria en la gestión plantea es un asunto que obsesiona al poder y no de ahora, la convicción de que gobernar hoy en la Argentina es terminar entre rejas. Según esta visión, la obsesión por manejar la Justicia, nombrar jueces, controlar sus vidas e intervenir en sus decisiones tienen ese trasfondo, garantizar que el ejercicio del Poder Ejecutivo no sea la escala inevitable a la cárcel.
Dicho así, parece razonable la pesadumbre que se vive en Comodoro Py, donde «ya no se discuten expedientes, sino qué esquema de seguridad organizaste con tu familia y con qué armas estás preparado para cuando vengan a atacarte», según lo relata una experta en esos pasillos. En efecto, en los tribunales más calientes, donde se ventilan causas contra los ministros Héctor Timerman, Julio De Vido, Julio Alak, el jefe de las Fuerzas Armadas, César Milani, los dirigentes camporistas Mariano Recalde y Andrés Larroque, más la Presidente, sus dos hijos y el Vicepresidente, entre decenas de investigados, el ánimo está por el piso. Las presiones sobre los jueces, secretarios de juzgado, incluso secretarios de despacho se incrementaron en los últimos días. Después de la muerte del fiscal Alberto Nisman, amenazas por debajo de la puerta, mensajes a través de conocidos, sospechosos robos en hogares de asistentes en causas que generan preocupación en el Gobierno.
En ese contexto, no sorprendió en Tribunales que el juez Claudio Bonadio no haya convocado todavía a Máximo Kirchner a testimoniar en la causa sobre supuesto lavado de dinero de la empresa Hotesur S.A., propietaria y administradora del hotel Alto Calafate, de la que es dueño por ser parte heredera de la sucesión Néstor Kirchner y también, aparentemente, por ser el poseedor de un 2 por ciento de las acciones originales. Una fuente del gobierno nacional asegura, además, que el hijo de la Presidente está en la mira por haber firmado 1.800 cheques y varios balances como responsable de la compañía.
Otros kirchneristas van todavía más allá. Cuestionan la existencia misma de que el Estado esté dividido en tres poderes independientes entre sí, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que funcionan como un sistema de controles y contrapesos para proteger al individuo frente al despotismo, tal como lo definió en el siglo XVIII el Barón de Montesquieu. Lo que existe es el líder carismático, las movilizaciones y los actos masivos para aclamarlo, los medios de comunicación deben reproducir ese estado de éxtasis entre el líder y la masa y los poderes Legislativo y Judicial interpretar fielmente a la cabeza del Poder Ejecutivo. De eso se trata un gobierno popular.
