¿Qué significan ambas medidas? Al menos, tienen cinco implicancias bien concretas. La primera y más visible es que el Gobierno, Cristina Kirchner y su vice Amado Boudou están en serios problemas judiciales.

La Presidenta y su hijo Máximo están en el centro de la pesquisa de Hotesur, y su vice ya tiene un procesamiento confirmado por un tribunal de segunda instancia, lo que lo empuja mucho más cerca de un juicio oral. Y si los problemas aquejan a la cúpula del poder, nadie puede sentirse a salvo.

La segunda implicancia: en ambos casos, lo que investiga la Justicia no son asuntos privados de los funcionarios ni tampoco le cuestiona medidas de gobierno. Por el contrario, ambas causas ponen la lupa sobre irregularidades en los negocios de los dos más altos funcionarios del país.

En efecto, en el caso de Hotesur, Bonadio lleva adelante una pesquisa por presunto lavado de dinero que involucra a una sociedad que la mandataria reconoció como propia, y que operaba con Lázaro Báez. Alguna vez el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, dijo que ambos tenían «relaciones comerciales». Bonadio parece sospechar que había algo más.

Y en cuanto a Boudou, el tribunal confirmó que el vice manejó todos los hilos del negocio para quedarse con la máquina de hacer billetes y, luego, asegurarse negocios públicos con su nueva empresa.

Desde este punto de vista, la decisión que tomó la Cámara Federal en el caso Ciccone sobre Boudou es infinitamente más grave que el juicio oral al que estará sometido, ante el Tribunal Oral Federal N° 1, por haber falsificado documentos del auto Honda para engañar a su ex esposa.

La tercera lectura: ningún juez expondrá su cabeza por salvar a un gobierno que se deteriora.

En efecto, hasta mediados del año pasado, el Poder Ejecutivo siempre había logrado mover algunas piezas que le podían garantizar cierto respiro. Y, precisamente, en varias oportunidades, la Sala I de la Cámara Federal había sido uno de esos resortes para permear esas sugerencias.

Otros tribunales, como la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, ya habían comenzado a tomar distancia con anterioridad y el Gobierno nunca hizo pie en la Cámara Federal Civil y Comercial. Pero en la justicia penal, algunos jueces y fiscales todavía estaban dispuestos, por lo menos, a evaluar los argumentos oficiales.

Hubo algunos factores, sin embargo, que cambiaron ese escenario. En efecto, las duras críticas de la Presidenta sobre los jueces; los errores estratégicos que comete la procuradora general Alejandra Gils Carbó con el manoseo de los fiscales, y los cambios de operadores dentro de la SIDE le sacaron al Gobierno eficacia en la Justicia.

La cuarta consecuencia: la fuerza de ambas decisiones, que impactan en el corazón del poder, es la notificación fehaciente de que el Gobierno tendrá en la Justicia, en 2015, un año muy complicado.

Quinta lectura: la Cámara Federal venía estudiando ambas decisiones con detenimiento desde hacía muchas semanas. Y en el caso Ciccone, ya el año pasado el tribunal estaba dispuesto a confirmar el procesamiento de Boudou.

Pero la muerte del fiscal Alberto Nisman, la rebelión de los fiscales y la marcha del 18-F le sumaron a un escenario ya agrietado nuevos abismos que, ahora, parecen insalvables.

Claudio Bonadio. Juez Federal

La Cámara Federal respaldó la investigación del juez Claudio Bonadio sobre anomalías en Hotesur. Hace dos semanas había recibido una carta amenazante en su despacho.

Fuente: La Nación, 20/02/15.

La muerte del fiscal Alberto Nisman generó un fuerte impacto en la sociedad argentina, que se vio reflejado ayer, una vez más, en las manifestaciones de apoyo a la marcha convocada por los fiscales para el miércoles 18 de febrero.

La «marcha del silencio» cobró fuerza en distintos medios de comunicación, donde las personas se volcaron a expresar su adhesión a la manifestación que busca ser un «homenaje» al fiscal Nisman, el día que se cumple un mes de su muerte .

En las redes sociales, la convocatoria bajo los hashtags #18F y #marchadelsilencio fue creciendo a lo largo del día con consignas como «Justicia por Nisman», «Todos somos Nisman» y «Por la República».

En la radio también se hicieron notar las expectativas sociales por la nueva convocatoria. Los oyentes se comunicaron con distintas emisoras para expresar su adhesión. En los mensajes, muchos subrayaron la importancia de que la sociedad entera acompañe a los fiscales en la marcha y se sume al reclamo.

Además, en Twitter se difundieron imágenes de los afiches con la convocatoria y fotografías de Nisman con leyendas como «memoria, verdad y justicia» o «consenso ciudadano para compañar a los fiscales».

Fuente: La Nación, 07/02/15.

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La muerte del fiscal Alberto Nisman causa estupor y mueve las fibras más sensibles de una sociedad sumida ya desde hace mucho tiempo en una profunda incredulidad y hostigada por los incesantes y crudos enfrentamientos que se promueven fundamentalmente desde el seno del poder político.

English version of prosecutor Nisman’s death

Es un hecho de una trascendencia institucional inusitada la sorpresiva muerte de Nisman, fiscal de una de las causas de mayor gravedad: el atentado contra la sede de la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994, en el que fallecieron 85 personas y hubo centenares de heridos, sin que hasta el momento haya sentencia, no obstante las más de dos décadas transcurridas.

El deceso del fiscal no es un hecho aislado: ocurre en un turbio contexto político y judicial signado por el ocultamiento, la mentira flagrante, la incoherencia y las operaciones cruzadas donde lo que menos parece importar a los funcionarios es la necesidad de verdad y justicia.

La Argentina siguió durante años la pista iraní en la causa del atentado, pero, a partir de la presidencia de la señora de Kirchner, se procuró cambiar esa línea negociando temerariamente con los principales acusados, los iraníes, sentando las bases de un acuerdo que ni siquiera Teherán se aprestó a convalidar y que fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal en nuestro país, tras haber sido ratificado por la mayoría kirchnerista en el Congreso Nacional.

La denuncia de Nisman de la semana pasada, por la que pidió que se llamara a declaración indagatoria, entre otros, a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al canciller Héctor Timerman, acusados de querer encubrir a Irán «fabricando la inocencia» de los ex funcionarios de ese país, debe ser debida y rápidamente investigada.

Para que ello ocurra es indispensable no entrar en disputas de tipo ideológico, ni en apresuramientos, ni en mezquindades políticas ni de ninguna otra especie, avanzando con celeridad y sin descartar ninguna hipótesis. Y los mismos requisitos deberán aplicarse en la investigación de las causas de la muerte del fiscal. Por desgracia, sobran los casos en la justicia argentina en los cuales se sospecha de la parcialidad de las sentencias o, peor aún, en los cuales, pese al transcurso de los años y a veces de las décadas, se carece de una sentencia de primera instancia.

Demasiado contaminada se encuentra ya la causa AMIA como para pretender ensuciarla aún más. Transparencia y certidumbre probatoria es lo que precisan estas investigaciones, y, para ello, es menester que no sólo el Gobierno no intervenga, sino que la oposición política procure actuar con la más absoluta prudencia a fin de evitar que se afirmen, eventualmente, hipótesis sin suficiente asidero.

Debe haber una apuesta absoluta de la opinión pública en favor del trabajo profesional de jueces y fiscales que merezcan la mayor consideración por sus antecedentes de independencia frente a gobiernos que han pretendido, primero, manipularlos y, luego, silenciarlos. Ya han hecho demasiado estragos a la República los jueces y fiscales obsecuentes con el poder de turno. El mundo, como hacía bastante que no ocurría, dirigió su mirada hacia la Argentina en las últimas 24 horas.

Resulta muy difícil desvincular de este oscuro contexto los tejemanejes del Gobierno en la conformación de la estructura de la Secretaría de Inteligencia (actual SI, ex SIDE), a la que descabezó recientemente, profundizando divisiones entre sus miembros, separando a viejos investigadores en los cuales Néstor Kirchner había hecho recaer las primeras etapas de la investigación sobre el atentado contra la AMIA, momento en el que también depositó su confianza en el fiscal Nisman. De hecho, fue Kirchner quien en 2004 lo puso al frente de la Unidad Especial que él mismo había creado para esclarecer el ataque.

A cargo de la causa del atentado se encuentra hoy el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, crítico de Nisman y muy cuestionado. En la Justicia son varios quienes sospechan que la falta de independencia de este magistrado se habría acentuado en el último tiempo debido a la obtención de un inmerecido puesto de juez federal para un hijo suyo.

En lo que hace a la causa del encubrimiento del atentado, su juez es Ariel Lijo, quien tras la muerte de Nisman canceló sus vacaciones y ordenó medidas urgentes para preservar las pruebas de la denuncia del fiscal. La semana pasada la jueza María Servini de Cubría se había negado a habilitar la feria por considerar que Nisman no había aportado elementos probatorios.

Todo esto ocurre en medio de un clima de crispación, de confrontación, de intemperancia permanente hacia adversarios o hacia quienes las autoridades consideran que pueden crearles una mínima incomodidad.

El oficialismo se aprestaba ayer a sentarse en la Cámara de Diputados a escuchar a Nisman, e iba a hacerlo «con los tapones de punta», como definió, sin ambages, la diputada Diana Conti. No hay que analizar demasiado qué significa esa frase en el argot futbolístico para caer en la cuenta de que es una exaltación de la violencia.

Para colmo, la muerte de Nisman se produce en medio del permanente hostigamiento del Gobierno a fiscales que se han manejado con independencia del poder político, como ha sido el caso de José María Campagnoli, y de la hostilidad que ha alcanzado a aquellos que, en algún momento, incluso tuvieron, como Nisman, buena relación con el actual gobierno.

Es ya público que desde el oficialismo se ha pretendido en las últimas horas llevar adelante una nueva ofensiva destinada a demoler a la Justicia independiente con la designación, por parte de la procuradora Alejandra Gils Carbó, de 16 fiscales subrogantes, que no dan garantía de imparcialidad y cuando todavía no ha entrado en vigor el nuevo Código Procesal Penal. La nueva arremetida ha sido frenada por diversos magistrados, como lo fue en su momento buena parte de la reforma judicial propuesta por el actual Poder Ejecutivo.

Este descarado intento de manipulación de un poder del Estado es otro motivo de alarma dentro y fuera del país. La presencia del secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, en el departamento de Nisman antes de la llegada de la fiscal que entiende en la causa resulta inaceptable desde todo punto de vista. ¿Qué hacía allí un funcionario del Gobierno cuya máxima autoridad, la Presidenta, estaba siendo denunciada por la propia víctima? No se puede admitir que se diga que su presencia está justificada por la necesidad de preservar pruebas. Ésa no es la función de un cuadro político.

La reacción del ciudadano común frente al hecho trágico de la muerte de un importante funcionario judicial en circunstancias que deberán ser debidamente investigadas y aclaradas es de perplejidad, pero también de profundo temor. Nisman, sea como fuere que termine la investigación sobre su muerte, es una nueva víctima.

La ciudadanía en su conjunto participa hoy de un duelo colectivo, siente el dolor de una pérdida más, que se suma a las víctimas de la AMIA y a las de la embajada de Israel, a las de la tragedia en la estación ferroviaria de Once y a los casi dos centenares de muertos en Cromagnon. Todas, causas vapuleadas y, por ende, sin culpables con condenas definitivas.

No hay consuelo donde no hay justicia. No hay justicia donde no hay una república que esté funcionando en plenitud.

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JERUSALÉN – Ante la sorprendente noticia de la muerte del fiscal Alberto Nisman , a cargo de la causa del atentado en la mutual judía AMIA en 1994, el gobierno de Israel destacó la valentía del jurista e instó a las autoridades argentinas a continuar con su trabajo.

El cuerpo de Nisman fue encontrado sin vida con al menos un disparo en el baño de su departamento en la capital argentina, horas antes de presentar en el Congreso los detalles de su denuncia sobre un complot del Gobierno para encubrir a los acusados iraníes.

Horas después, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, lamentó la muerte de Nisman «en circunstancias trágicas» y subrayó que se trataba de un «jurista valiente y destacado que peleó incesantemente por la justicia, que trabajó con una gran resolución para exponer la identidad de quienes perpetraron el atentado terrorista y a aquellos que los enviaron».

«El Estado de Israel manifiesta su esperanza de que las autoridades argentinas continúen con la actividades de Nisman y que hagan todos los esfuerzos para exigir justicia a aquellos responsables por los ataques terroristas en Argentina», añadió la declaración de la Cancillería.

La semana pasada, el fiscal Alberto Nisman acusó al Gobierno de querer encubrir al grupo de iraníes sospechosos del ataque contra la mutual AMIA, en el que murieron 85 personas.

Según el fiscal, el Gobierno buscó «desincriminar» a los acusados iraníes del atentado con el objetivo de restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países.

La Justicia argentina ha acusado por el atentado a varios ciudadanos iraníes, entre ellos un ex ministro de Defensa, pero Irán ha rechazado esos cargos. En 2013, el gobierno de Cristina Kirchner firmó un memorándum de entendimiento con Teherán para avanzar en la investigación por el atentado a la mutual judía.

Agencias Reuters y ANSA.