gritó Clyde Trabuchi, entonces directora de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Miraba a una pasmada Graciela Bevacqua, directora de Precios al Consumidor -encargada de calcular inflación en el país- y su subordinada en ese momento. Era la mañana del lunes 29 de enero de 2007 y el final de una secuela cargada de presiones sobre esas mujeres.
Enfurecida por los altos precios de la lechuga, el turismo y las prepagas, el último fin de semana de enero de 2007, la mano derecha del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y flamante “interventora” en el Indec, Beatriz Paglieri, había acordado con varios directores nacionales no difundir el índice que Bevacqua venía calculando. Para la tercera semana de enero ya sumaba 2,1%, una suba intolerable para el inicio de un año de elecciones presidenciales, que ganaría Cristina Kirchner.
Una semana después, la intervención se formalizaba. El decreto 100, del 6 de febrero, desplazó a Bevacqua y nombró a Paglieri a cargo de la Dirección de Precios. Un día antes, luego de forzar a los encargados del Departamento de Informática a manipular un documento público, el Gobierno había difundido el primer dato de inflación falseado: en enero, según el Indec, los precios habían subido sólo 1,1 por ciento.
La intervención oficial del Indec se convirtió en un símbolo de la degradación institucional de la llamada “década ganada”. Pero no sólo significó una sistematización de la mentira del “relato oficial”, sino que avaló diversas prácticas de persecución estatal a empleados que simplemente pensaban diferente.
Francisco Jueguen
Periodista de la sección Economía & Negocios de La Nación
Este trabajo busca contar por qué un gobierno que se proclama “nacional y popular” decidió intervenir un organismo técnico e institucionalizó la mentira como verdad estatal, destruyendo valiosas estadísticas y amedrentando a quienes se oponían. En ese sentido, es además un testimonio de los que sufrieron amenazas o persecuciones y de quienes se animaron a resistir.
Capítulo1
Historia del desembarco
La decisión de intervenir el Indec no tuvo necesidades netamente económicas -como justificó el Gobierno- sino también una clara intencionalidad política. En octubre de 2007, se efectuaban las elecciones presidenciales y Néstor Kirchner buscaba entronizar a su mujer, Cristina Kirchner. Pero el país atravesaba un problema argentino: la inflación.
Lucas Llach
Economista y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)
Un año antes de que se interviniera el organismo, Moreno buscó acceso a los datos protegidos por el secreto estadístico. Conocida la lista de comercios relevados por el Indec, el secretario de Comercio Interior sabría sobre qué empresarios presionar para falsear el índice de precios oficial.
Graciela Bevacqua
Ex Directora del IPC
2007 es el año en el que nació el primer índice de inflación de la era Moreno.
Moreno no logró que los técnicos le abrieran el índice. Sin embargo, lejos estuvo de rendirse. Así llegó en 2007 el desembarco físico sobre las estadísticas oficiales. De la mano de Paglieri y la entonces directora de Recursos Humanos del Indec, Ana María Edwin, no sólo se violó el secreto estadístico sino que la falsificación se profundizó con otros mecanismos. Se encomendó a los especialistas informáticos la creación de un “parche” informático que limitara las subas de productos. Por otro lado, los precios de los acuerdos firmados durante 2006 comenzaron a tener más peso en las ponderaciones que los relevados en el mercado por los encuestadores. Bajo este influjo, el 5 de febrero de 2007 nació el primer índice de inflación de la era Moreno.
En un primer momento, el Gobierno justificó la intervención del Indec –nunca la aceptó como tal- como una herramienta para desinflar el peso de la deuda ajustada por el CER, un coeficiente ligado al índice de precios. Según la versión oficial -que nunca tuvo una denuncia en los tribunales- los trabajadores desplazados del organismo estadístico estaban complotados con los acreedores de deuda para hacer subir el dato de inflación y mejorar la rentabilidad de sus bonos. Incluso se llegó a afirmar, sin pruebas contundentes, que se vendía información al mercado.
Otra postura oficial radicó en las supuestas “desprolijidades” en algunos de los procesos de relevamiento de información y en las áreas de cobertura que tenía el viejo índice de precios. Tales cuestionamientos aparecen en los descargos de Moreno y Paglieri en la Justicia.
Ese argumento derivó en las proclamas oficialistas que reclamaban modificaciones metodológicas acordes para estadísticas que dejaran de ser puramente técnicas y sirvieran a la política de un “un gobierno nacional y popular”.
Capítulo2
La metodología de la intervención oficial
Las primeras discusiones dentro del Indec apenas desembarcó la gente de Moreno fueron sobre los elevados aumentos de algunos productos puntuales. En ese sentido, el primer índice se manipuló precariamente. Pero tras el desplazamiento de Bevacqua de la Dirección de Precios comenzó un proceso de falseamiento estadístico más sofisticado que -en un principio- tuvo tres ejes.
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Por último, Moreno logró acceder a los listados de informantes del Indec protegidos legalmente por el secreto estadístico. Varios de los testigos que declararon ante la Justicia dijeron haber visto a personal que respondía a Paglieri, mano derecha de Moreno, fotocopiar los listados secretos y llevarlos en cajas a la oficina del secretario de Comercio Interior. Entonces, los empresarios empezaron a hablar del “precio Moreno”: era el que cambiaban los hombres de negocios en sus comercios cada vez que un encuestador del Indec pasaba. Luego, volvían a poner los originales. Esto, como se explicó al comienzo, manipulaba “externamente” el índice oficial.
El Indec es, en rigor, un gran sistema estadístico. Cada cálculo funciona como un insumo para otro. Manipulado el índice de inflación oficial, comenzaron a expandirse los problemas, primero a los datos de pobreza e indigencia -que se congelaron- y luego también al cálculo del crecimiento -que fue sobrestimado-. Desde diferentes sectores ideológicos afirman que el Indec esconde millones de pobres. Por otro lado, la oposición denuncia que la sobrevaloración del PBI tuvo como consecuencia que el país debiera pagar más deuda por los bonos atados al crecimiento económico.
Manipulado el índice de inflación oficial, comenzaron a expandirse los problemas
El escándalo público que produjo la intervención del Gobierno en el organismo estadístico derivó en que varios senadores de la oposición denunciaran el caso ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), que encabezaba Manuel Garrido. Luego de dos meses de relevamiento y de entrevistas con decenas de testigos, el fiscal dictaminó que en el Indec había habido “graves irregularidades”.
A continuación, una guía interactiva para entender las claves de su resolución con la voz del propio fiscal y hoy diputado para explicar cada punto.
Su dictamen fue retomado por el fiscal Carlos Stornelli, quien pidió medidas al juez Rodolfo Canicoba Corral. Hasta hoy, la causa principal por falseamiento está dormida.
Acceso al dictamen de Stornelli
Manuel Garrido
Fiscal del caso Indec y Diputado Nacional
Para entender la historia del Indec, es clave visualizar lo que ocurrió en todo 2007, o sea, durante el primer año de la intervención oficial. Durante esa época, se desplazó a los directores más importantes, se reclutó a la llamada “patota” de Moreno en el instituto y se afinó el complejo proceso para falsear todo el sistema estadístico.
La intervención del Indec, camino a la elección de CFK
A pesar de los reclamos de funcionarios de Economía y de las promesas electorales de mayor institucionalidad, a fines de 2007, la recién electa presidenta Cristina Kirchner decidió que nada cambiaría en el Indec: el camino que habían inaugurado su esposo y Moreno seguiría avanzando.
Graciela Bevacqua
Ex Directora del IPC
Capítulo3
La lucha de los trabajadores contra la mentira
La violencia -algo desconocido en el Indec desde su creación en 1968- comenzó a ser moneda corriente desde 2007. La minoritaria Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se opuso a la manipulación de los datos oficiales y a los desplazamientos de trabajadores. Debido a eso chocó contra la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio peronista y mayoritario, que fue el músculo que Moreno usó para su desembarco. La llave para seducirlos fue la entonces directora de RR.HH. del organismo: Ana María Edwin. Su lealtad a Moreno la llevaría a la conducción del Indec.
Las formas de violencia variaron. Muchos fueron desplazados o despedidos, a otros los empujaron a jubilarse y no faltó a quienes despojaran de tareas, su lugar de trabajo o les quitaran montos variables de su salario. A contramano, muchos de los que apoyaron a Moreno fueron beneficiados con mejores cargos.
Marcela Almeida
Ex coordinadora del IPC Nacional
Alejandro Baranek
Desplazado del Indec
Fueron muchas las oportunidades en que los trabajadores de ATE-Indec se vieron sometidos con violencia frente a la llamada “patota de Moreno”. Fueron golpeados en asambleas en el edificio central del organismo o en el mismo Ministerio de Economía y varias veces sufrieron destrozos en el local que la junta interna tiene en el décimo piso del Indec.
Las protestas por la intervención del Indec se multiplicaron durante el kirchnerismo
La situación de Marcela Almeida fue representativa. La intervención en el Indec la desplazó porque era la coordinadora del IPC Nacional, índice que se usaba para desenmascarar la manipulación del IPC-GBA. Almeida fue primero dejada sin tareas en su trabajo, pero -como su vínculo laboral con el Indec era precario- terminó quedándose un año completo sin cobrar su salario hasta que la Justicia le dio la razón y obligó al Indec a que la repusiera en su cargo con el mismo sueldo. Pero el Indec no cumplió del todo con el fallo judicial.
Marcela Almeida
Ex coordinadora del IPC Nacional
La falsificación de las estadísticas oficiales y la persecución a los trabajadores del Indec que se opusieron a la intervención derivó en el nacimiento de los tradicionales “abrazos” al instituto que organiza todos los meses ATE. La consigna es “¡Fuera la patota del Indec!”. Quienes adhieren a esa consigna creen que el desmantelamiento del organismo -gracias a los desplazamientos y precaria situación laboral- fue lo que logró afianzar la posibilidad de que el Gobierno falsificara las estadísticas.
La consigna de ATE es “¡Fuera la patota del Indec!”
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La historia de lucha de los trabajadores en el Indec se extiende hasta la actualidad. Se trata de una batalla que se extendió ya ocho años con diferentes intensidades y a pesar de que dentro de ATE existen diversas corrientes ideológicas. Sin embargo, a pesar de los embates ejercidos contra ellos, la resistencia aún se mantiene.
Capítulo4
La Argentina sin radar
La economía argentina se quedó sin su faro. Actores económicos, medios de comunicación, sindicatos y académicos, entre otros, comenzaron a buscar nuevas fuentes de información. Y comenzaron a surgir alternativas. Primero, algunos institutos estadísticos provinciales (Mendoza y San Luis, luego la Ciudad de Buenos Aires), después, las consultoras privadas. A pesar de las críticas del Gobierno a los economistas que producían sus propias estadísticas, fue Moreno quien les abrió el negocio de producción de insumos básicos. En tercer lugar, se sumaron algunos centros de estudio como Buenos Aires City (con Graciela Bevacqua a la cabeza) o Cenda, donde Axel Kicillof impulsaba un índice alternativo al oficial.
Los tentáculos de Moreno buscaron también acallar a las consultoras
Las consultoras privadas se habían habituado a utilizar los insumos básicos que relevaba el Indec para construir escenarios que luego vendían a sus clientes. La falta de confianza sobre esos insumos provocó que muchos economistas se decidieran a armar nuevos equipos de expertos para salir a tomar sus propios datos.
Para frenar esa tendencia, los tentáculos de Moreno buscaron también acallar a las consultoras. El funcionario intentó multarlas pero perdió su batalla en la Justicia.
Jorge Todesca
Economista y director de la consultora Finsoport
La oposición en el Congreso decidió tomar los índices privados -en un promedio- y difundirlos
La consultora Finsoport de Jorge Todesca fue una de las presionadas para que no difundiera sus datos. Todesca, viceministro de Economía en la gestión de Eduardo Duhalde, apeló la multa a la Justicia Contencioso Administrativa. La cámara falló a su favor y revocó la decisión de la Secretaría de Comercio Interior. La multa quedó sin efecto. La situación llevó a varios economistas a impulsar una denuncia por abuso de autoridad contra Moreno que todavía se tramita.
La frágil situación de las consultoras privadas que calculaban un índice alternativo al del Indec tuvo repercusiones políticas. Tras el intento de Moreno de silenciarlas, la oposición en el Congreso decidió tomar los índices privados -en un promedio- y difundirlos con la protección que otorga el Parlamento. Así nació el índice Congreso.
Patricia Bullrich
Diputada nacional
Todos los privados coinciden -incluso también los trabajadores nucleados en ATE- en que el organismo más capacitado para calcular la inflación, el PBI, la pobreza o el desempleo es el Indec. Y, por ende, reconocen las limitaciones de sus mediciones propias. No obstante, reivindican que -en tiempos de falta de información confiable- hayan nacido mediciones alternativas que buscaran ser más realistas que las del Indec.
Jorge Todesca
Economista y director de la consultora Finsoport
La gestión de Kicillof decidió no informar más cuántos pobres e indigentes hay en la Argentina
La inflación no fue el único retoque. Desde mediados de 2007, cuando la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) fue intervenida por el Gobierno, el dato de pobreza e indigencia oficial comenzó también a ser cuestionado. Justamente uno de los insumos más importantes para calcular esos índices era el mismo dato de precios, ya falseado. Los últimos datos de pobreza e indigencia publicados por el Gobierno son de fines de 2013. Fue en ese año cuando, “por problemas de empalme”, la gestión de Kicillof decidió no informar más cuántos pobres e indigentes hay en la Argentina de Cristina Kirchner.
Cynthia Pok
Ex-directora de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec
Recién en 2008, las universidades tomaron un rol más activo frente a la situación que vivía el Indec. Fue gracias a un decreto del entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa, que se reunieron varias en el Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES). Las casas de estudio presentaron un preciso informe en 2010 en el que decían que el IPC oficial “no era confiable” y en el que reclamaron un “cambio urgente” en el organismo. El entonces ministro de Economía, Amado Boudou, nunca lo recibió.
Sin embargo, gracias a algunos profesores de la Universidad de Buenos Aires (UBA), entre ellos Nicolás Salvatore, nació en marzo de 2009 Buenos Aires City, un centro de estudios que buscaba recrear el IPC-GBA gracias a la experiencia de Bevacqua, primera desplazada del Indec.
Nicolás Salvatore
Profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
Capítulo5
Las consecuencias de la intervención
Tras el escándalo público que suscitó la intervención del Indec, la desconfianza se expandió a todos los números oficiales. Moreno había tomado un organismo estadístico modelo en América latina y lo había desmantelado parte por parte.
La falsificación de los datos oficiales tuvo múltiples consecuencias. En primer lugar, la Argentina se quedó sin estadísticas confiables para planificar políticas públicas y la sociedad dejó de tener acceso información clave para poder interpretar su propia realidad. La manipulación del Indec, por ejemplo, derivó en el ocultamiento y desaparición de millones de pobres.
Sin datos objetivos, todos los contratos quedaron supeditados al capricho de los actores. Cada gremio maneja hoy sus datos de inflación para calcular las demandas salariales en paritarias, para los inquilinos es difícil establecer si es justo o no la suba de un alquiler, de la misma manera que es imposible determinar una fórmula de actualización para el pago por manutención de una madre divorciada y sus hijos, entre otros ejemplos.
Cynthia Pok
Ex-directora de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec
La Argentina se quedó sin estadísticas confiables para planificar políticas públicas
La intervención al Indec generó un bache en los datos públicos que se extiende entre 2007 y la actualidad, y que dificulta el trabajo de académicos y universidades. Es un vacío que probablemente nunca se corrija por los juicios que podría provocar.
Lucas Llach
Economista y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)
2013El Fondo sancionó al país con una moción de censura
También el mundo comenzó a dudar de los datos que producía el Gobierno. El Fondo Monetario Internacional (FMI) empezó a destacar en sus anexos estadísticos las críticas locales que se vertían sobre el índice de precios oficial y el cálculo del PBI. La prestigiosa revista The Economist dejó afuera a la Argentina de su índice mundial sobre competitividad (en febrero 2012 decidió no publicar las estadísticas oficiales de la Argentina y todavía no las publica). Varios organismos de estadísticas a nivel global criticaron a la Argentina. El Gobierno, en busca de nueva deuda, pidió ayuda al FMI, para reformular su índice de inflación, algo que sólo habían hecho países africanos.
En un hecho inédito entre sus socios, el Fondo sancionó al país a comienzos de 2013 con una moción de censura debido a la mala calidad de estadísticas. El organismo advirtió entonces que, de no mejorarse los índices, el país podría ser expulsado. El caso argentino sigue en revisión y aún no tiene un punto final dentro del FMI.
Nicolás Salvatore
Profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
La reputación argentina se derrumbó. Una de las principales consecuencias de la falta de credibilidad de las estadísticas fue la retracción de las inversiones en el país, panorama que se agravó luego de la instalación del cepo cambiario y la imposibilidad de repatriar dividendos. Esta situación, sumada a la crisis energética, derivó en una importante escasez de divisas.
El Indec no perdió oportunidad. Según el análisis de varias consultoras privadas -en base a datos propios del Indec- el Gobierno comenzó en 2013 a inflar artificialmente las exportaciones locales en los informes oficiales que producía el mismo organismo estadístico para disimular el cada vez más flaco saldo comercial y la falta de divisas.
La falsificación estadística impulsada por el Gobierno fue “cómplice” además -durante el último año- de la licuación salarial de los trabajadores estatales (especialmente los maestros) y de las jubilaciones. En 2014 -año en el que el kirchnerismo impulsó un ajuste- el organismo estadístico ocultó la primera caída del salario real, incluso a pesar del nacimiento del nuevo índice de inflación elaborado sólo para complacer al FMI.
Capítulo6
El Indec, en la actualidad
En 2014, el Gobierno intentó un nuevo maquillaje de las estadísticas. Lanzó el llamado IPC-Nu, un índice de precios a nivel nacional. Si bien en un principio produjo cierta esperanza de cambio, la brecha entre el Indec respecto de las mediciones de los privados y los organismos provinciales volvió expandirse con el pasar del tiempo. Por otro lado, nunca se volvieron a publicar los precios promedio relevados ni la conformación de las nuevas canastas seleccionadas. Según expertos, en los últimos meses de 2014, el Gobierno modificó la metodología de relevamiento con el objetivo de darle más peso en la ponderación al programa oficial Precios Cuidados -acuerdos con las empresas- en la medición. Esto buscó congelar la suba del índice oficial.
2014El Gobierno intentó un nuevo maquillaje de las estadísticas
Víctor Becker
Economista de la Universidad de Belgrano y ex-director de Indec
Nadie sabe cuál es la inflación en la Argentina y, como se advirtió anteriormente, el dato de pobreza oficial desapareció completamente. El Gobierno no volvió a publicarlo. Los últimos datos cuestionados fueron, en tanto, los de desempleo. En un país en recesión se destruye empleo pero no sube el desempleo porque las personas -dicen las estadísticas del Indec- se retiran voluntariamente, algo que los expertos en el mercado laboral no avalan. En momentos de corridas cambiarias, baja de reservas y falta de dólares, las dudas se expandieron durante 2015 al informe oficial sobre el Intercambio Comercial Argentino (ICA).
Hay un consenso amplio sobre la necesidad de una transformación en el Indec. Incluso entre algunos sectores del oficialismo se pide en voz baja. Parece claro que, gane quien gane en las elecciones presidenciales de 2015, se avecina un fin de ciclo que simboliza el cierre de la etapa más oscura para las estadísticas públicas.
Línea de tiempo para resumir los principales hechos de la intervención
Créditos:
Producción general: Katherine Nagasawa (Senior at Northwestern University’s Medill School of Journalism, Media, Integrated Marketing Communications) Producción periodistica: Francisco Jueguen Programación interactiva: Cristian Bertelegni, Juan Elosua (becario del programa Knight-Mozilla Opennews), Gastón de la Llana Producción de datos: Marthe Rubio, Gabriela Bouret, Romina Colman Desarrollo Multimedia: Florencia Coelho Cámara y edición de video: Katherine Nagasawa (Senior at Northwestern University’s Medill School of Journalism, Media, Integrated Marketing Communications) Asistente de cámara: Matias Aimar y Sebastián Rodeiro Gráficos interactivos y animaciones: Gastón de la Llana Locución: Tomás Rivas Jefe de realización: Juan López Subjefa de diseño interactivo: Mariana Trigo Viera Editora a cargo: Florencia Fernández Blanco Editor responsable: Gastón Roitberg
Cristina Kirchner fue procesada en la causa dólar futuro
Para el juez Bonadio, laws operaciones implicaron un fraude a las arcas pública; también están procesados Axel Kicillof y Alejandro Vanoli.
Un mes después de haberla indagado, el juez federal Claudio Bonadio procesó hoy a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa por la venta de dólar futuro.
Según Bonadio, las operaciones que llevó adelante el Banco Central no hubieran podido concretarse sin una decisión expresa de las máximas autoridades del Ministerio de Economía y del Poder Ejecutivo Nacional, por entonces a cargo de Cristina Kirchner.
De acuerdo al juez, las operaciones implicaron un fraude a las arcas públicas porque se acordó vender dólares en el mercado de futuros a un precio bajo que, tras la devaluación, iba a obligar al Estado a pagar una gran diferencia a los compradores. Junto con la ex presidenta fue procesado también el ex ministro de Economía Axel Kicillof.
Desde la defensa esgrimieron que el Banco Central es autónomo y no depende del presidente y que el perjuicio económico lo provocó la gestión de Mauricio Macri al devaluar. Además, cuestionaron a Bonadio. Lo acusaron de parcial y lo recusaron, pero la Cámara Federal lo confirmó en la causa.
Cristina Kirchner fue indagada el 13 de abril. Su presencia como imputada funcionó como su relanzamiento político, con un multitudinario acto en las puertas de Comodoro Py.
Las principales causas que pueden poner a Cristina tras las rejas
Dólar futuro, Hotesur, Los Sauces, la ruta del dinero K son algunos de los asuntos judiciales que más preocupan a la exmandataria y su entorno.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuenta con varias causas en su contra –y contra su entorno– que, hoy en día, le generan bastante preocupación. Este es el estado en el que se encuentran las principales investigaciones:
Dólar futuro. Una de las causas que complica a la expresidenta es la conocida como «dólar futuro«, la primera en la que es procesada «por administración infiel en perjuicio de la administración pública».
El juez federal Claudio Bonadio, en el marco del proceso que investiga presuntas irregularidades en la venta de dólar futuro durante el final de su segundo mandato, ordenó también el procesamiento de Axel Kicillof y Alejandro Vanoli.
Por esta misma causa, el magistrado tomó declaración indagatoria a Cristina tras señalar que el Banco Central (BCRA) afrontó pérdidas millonarias por la medida, impulsada por el expresidente de la entidad y el exministro de Economía.
El expediente se abrió a partir de una denuncia presentada por los entonces jefes de los bloques de diputados del radicalismo, Mario Negri, y del PRO, Federico Pinedo, quienes no había acusado directamente a la ex mandataria.
Los Sauces. Cristina Fernández de Kirchner fue imputada ayer ante la sospecha de haber recibido coimas –delito de “cohecho”– por parte de empresarios beneficiados con la adjudicación de obra pública durante su gestión, en el marco de la causa conocida como “Los Sauces”.
La expresidenta y su hijo Máximo Kirchner ya se encontraban imputados en la causa, pero por presunto “enriquecimiento ilícito”.
El fiscal federal Carlos Rívolo imputó también a los empresarios Lázaro Báez (detenido en una causa por presunto lavado de activos) y a Cristobal López (investigado por una millonaria deuda con la AFIP), a quienes acusó de materializar el pago través de alquileres de propiedades administradas por la empresa de la ex familia presidencial.
Hotesur. Otra de las causas que acumula CFK es por supuesto lavado de dinero junto a su marido, el expresidente Néstor Kirchner, donde se investiga la actividad hotelera del matrimonio en conjunto a Báez y López, entre otros empresarios.
El expediente Hotesur analiza la contratación de habitaciones en los hoteles del matrimonio presidencial, por parte de diferentes empresarios, por un monto de dinero que, se sospecha, podría haber buscado blanquear supuestos «retornos» derivados a obras públicas.
Ruta del dinero K. Lázaro Báez, amigo de Cristina y de Néstor Kirchner, habría sacado del país 55 millones de euros y los habría transferido al exterior por fuera del sistema legal. La investigación señalaba que la ruta del dinero empezaba en Río Gallegos, hacía escala en Buenos Aires y seguía su rumbo hacia cuentas en Suiza de empresas radicadas en paraísos fiscales.
A raíz de la declaración de Leonardo Fariña, la fiscalía argentina imputó a la exmandataria, lo que implica que será investigada formalmente para conocer su presunta vinculación con el lavado de dinero. Es posible que por esta causa Fernández sea citada a una indagatoria.
Enriqucimiento ilícito. El otro tema que podría comprometer a Cristina es la causa por presunto enriquecimiento ilícito de la cual fue sobreseída junto a su marido años atrás por el juez Norberto Oyarbide.
Ahora, Margarita Stolbizer la volvió a denunciar y el fiscal Carlos Rívolo, junto con el juez Sergio Torres, están verificando si este hecho no es parte de lo que se investiga en el caso Hotesur y las presuntas maniobras de lavado de dinero que pudieron originar un enriquecimiento ilícito.
Cristina y Máximo Kirchner fueron imputados por cohecho
Causa «Los Sauces». El fiscal Carlos Rívolo decidió ampliar la acusación contra la ex presidenta y su hijo. Es por los los alquileres a Lázaro Báez y Cristóbal López.
La ex presidenta, junto a su hijo Máximo Kirchner.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, Máximo, fueron imputados hoy por cohecho en la causa «Los Sauces». El encargado de la imputación fue el fiscal Carlos Rívolo, quien además investiga un «crecimiento del patrimonio injustificado».
La causa se inició a raíz de una denuncia de la diputada del GEN, Margarita Stolbizer, quien acusó a Cristina de retirar retirar de la firma «Los Sauces» ganancias en forma irregular por más de 20 millones de pesos. El fiscal también imputó a Lázaro Báez y Cristóbal López.
Además, la legisladora dijo que más pronto que tarde la ex presidenta debería ser llamada a declaración indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito en esa causa.
«Es oportuna y necesaria, es una causa similar a Hotesur, sólo mirando los documentos se ven los delitos», afirmó días atrás la diputada y agregó que «es claro el pago de los retornos de (empresario Lázaro) Báez«.
El juez a cargo del expediente, Claudio Bonadio, dispuso el secreto de sumario en la causa iniciada a instancias de una denuncia presentada el 4 de abril pasado.
Todas las sospechas que salpican a las empresas de Cristina
Por Lucía Salinas.
Otros tiempos. Báez junto a Cristina y Máximo Kirchner en el Mausoleo.
«La familia Kirchner tiene solo tres sociedades, Los Sauces SA, Hotesur SA y CoMa SA, declaradas en Argentina» señaló en un comunicado de prensa la empresa de Cristina y Máximo Kirchner, acusando a la Justicia y a los medios. Lo cierto es que dos de estas sociedades -en las que tuvieron vínculos comerciales con Lázaro Báez-, están sospechadas de ser utilizadas para el lavado de activos y cohecho. La tercera de las firmas registra en caja $ 150 y hace años que no tiene movimientos contables pese a dedicarse al rubro inmobiliario.
Una de las empresas más importantes de la ex Presidenta es Hotesur, propietaria del hotel Alto Calafate, inmueble que administró hasta diciembre de 2013 Valle Mitre sociedad de Lázaro Báez. Fue justamente con dicha firma que el empresario K alquiló habitaciones de éste y dos hoteles mas de Cristina (Las Dunas y La Aldea), garantizando ingresos por $ 14 millones durante dos años a la familia Kirchner.
Pese a que Báez argumentó que esas habitaciones para los empleados de sus constructoras que tenían obras en la villa turística, lo cierto es que en esa época, la licitación adjudicada más cercana quedaba a unos 200 kilómetros.
El hotel Alto Calafate, el único inmueble de Hotesur.
Hotesur está investigada, en consecuencia, por presunto lavado de dinero y es una sociedad que reúne a la familia Kirchner y a su personas de mayor confianza. En el primer directorio estuvo el abogado del empresario K, Roberto Saldivia, y Alejandro Ruíz socio del contador de Báez, César Andrés.
En el último directorio que se renovó después de años de irregularidades, continuó como presidenta Romina Mercado (empleada de Inversora M&S propiedad de Cristóbal López), Máximo y su hermana Florencia están como directores suplentes, Emanuel Gómez empleado de Negocios Patagónicas S.A, empresa de Osvaldo Sanfelice. También se nombró en el directorio a Carlos Sancho, ex gobernador de Santa Cruz y socio de Máximo en la Inmobiliaria. La pareja del diputado nacional y ministra de Salud de Santa Cruz, Rocío García, figura ahora como directora titular de los accionistas clase C.
La entrada a El Calafate donde se levantaron los hoteles de los Kirchner.
Esta causa que inició por incumplimientos administrativos como la falta de renovación de su directorio, la correspondiente presentación de balances, y un domicilio fiscal falso, avanzó hasta convertirse en una investigación más compleja, donde se sospecha que fue utilizada para una maniobra de lavado de dinero.
Este año la diputada Margarita Stolbizer presentó otra denuncia, centrándose en otra de las empresas de la familia Kirchner: Los Sauces S.A. Pese a la férrea defensa que la ex Presidenta realizó sobre el objeto comercial de la misma, el alquiler de inmuebles, no detalló que sus únicos inquilinos desde 2009 fueron Lázaro Báez y Cristóbal López.
En El Chaltén está registrada la empresa La Aldea SA de Martín y Lázaro Báez. El domicilio fiscal es un terreno que le pertenece a Los Sauces S.A y que fue alquilado a Valle Mitre. En la actualidad allí se está ampliando el hotel La Aldea, propiedad de Cristina Kirchner y que hasta 2013 administró el dueño de Austral Construcciones.
Madero Center donde Los Sauces SA. tiene dos departamentos alquilados a Cristóbal.
Los Sauces S.A tiene como domicilio fiscal la calle Alcorta 76 en Río Gallegos, donde funcionaba el estudio contable de Víctor Manzanares responsable de las declaraciones juradas de los Kirchner. En un año la empresa que no registraba ningún tipo de movimientos contables, desembolsó más de nueve millones de pesos para comprar inmuebles: la mitad fueron alquilados a Loscalzos y Del Curto, Kank & Costilla y Autral Construcciones, todas propiedad de Báez.
Incluso esta firma le permitió a los Kirchner retirar anticipos de dividendos en tres años por $ 20 millones. Estos movimientos fueron denunciados por la diputada Stolbizer junto a la presunta «falsificación de documentos públicos».
La casa de Cristina en Río Gallegos, propiedad de Los Sauces SA.
La mitad de sus otros inmuebles tuvieron otro empresario amigo como inquilino.Se trata de un departamento, una oficina y cinco cocheras en Madero Center que se alquilaron por $ 2,8 millones a dos empresas de Cristóbal López: Alcalis de la Patagonia (donde figura como empleado Osvaldo Sanfelice) e Inversora M&S (donde trabaja Romina Mercado, sobrina de la ex Presidenta). A esta última le facturaba $ 220.825 por mes, según la facturación a la que accedió Clarín. Estos departamentos fueron allanados la semana pasada en Puerto Madero.
Finalmente, la tercera empresa que sostienen los Kirchner que está declarada en Argentina y con un funcionamiento completamente lícito, es Co.Ma SA. Desde 2008 cuando el arquitecto Pablo Grippo la vendió a la ex familia presidencial, la firma no registra movimientos contables, mucho menos ganancias y no posee cuentas bancarias, según detectó la Justicia.
Sin una sede de funcionamiento, en caja solo registra un saldo de $ 150. La empresa dedicada al rubro inmobiliario, también sólo tiene dos lotes de terrenos en El Calafate. Con los años Co Ma S.A se convirtió en una “empresa fantasma” dentro del grupo de firmas propiedad de la familia Kirchner. Tiene como patrimonio dos terrenos: cada uno tiene una valuación fiscal de $ 45.000 y no recibe ningún tipo de compensación por los mismos porque no son alquilados ni se encuentran en venta.
La compañía es investigada en el marco de la causa Hotesur: adquirió dos inmuebles después de 2007, como única transacción, cuando también lo hizo la empresa propietaria del Alto Calafate administrada entonces por Valle Mitre. Las dos empresas son dueñas “vecinas” en las manzanas 827, 828 y 829 de la villa turística.
Esta empresa fue allanada por orden del juez Claudio Bonadío, en el marco de la causa Hotesur. El año pasado, según la Declaración Jurada presentada por Cristina ante la Oficina Anticorrupción, Co. Ma tenía un valor de $ 76.381 y el valor llave de las acciones ascendía $ 278.100 al finalizar el período fiscal.
La familia Báez decidió cerrar definitivamente Austral Construcciones
Por Lucía Salinas.
Mientras esperan en Río Gallegos que Lázaro logre salir del penal de Ezeiza, decidieron que ya no hay futuro para la empresa insignia de la era K.
Las oficinas de Austral Construcciones allanadas por la Justicia.
Fue la empresa insignia de la era K, destinataria del 78,4% de la obra pública nacional durante los últimos doce años. Con su principal dueño Lázaro Báez detenido, su familia decidió poner fin a la constructora y decidieron saldar la mayor cantidad de deudas posibles y cerrar, para siempre, Austral Construcciones.
Fin de un ciclo y de una etapa de millonarios negocios. La familia de Báez que espera en Río Gallegos que Lázaro logre salir del penal de Ezeiza, habló con el empresario K y decidieron que ya no hay futuro para Austral Construcciones. Doce años pasaron desde su constitución y por primera vez, está sin operar, acosada por las deudas e investigada por la Justicia por lavado de dinero y evasión fiscal.
«Esperamos que se habilite la realización de pagos a proveedores, muchos son de vialidad y se podría entregar maquinaria, pero no podemos mover nada de la empresa hasta que la Justicia lo indique», señalaron a Clarín allegados a la constructora.
Allanamiento en las oficinas de Austral Construcciones.
Con un complejo escenario judicial, las deudas fueron en constante aumento: 508 cheques emitidos sin fondos por $ 32 millones, un crédito en el Banco Nación de $ 160 millones que la entidad financiera ya calificó «con alto riesgo de insolvencia», no se pagaron las cargas patronales de los empleados. Solo una radiografía del presente de un imperio de la construcción que llegó a manejar $21.000 millones durante el kirchnerismo, por obras viales.
La decisión familiar ya se tomó y Lázaro no se opuso: Austral llegó a su fin, algo anunciado. Lo próximo será el pedido de quiebra. «Por más que saldemos deudas, a qué licitación nos podemos presentar, no vamos a ganar nada más», reconocieron en el entorno del empresario K. El cerco judicial es cada vez más grande.
Predio principal de ACSA en Río Gallegos.
El próximo paso es esperar la determinación de la Justicia que allanó las oficinas de la firma durante dos días; además Lázaro Báez tiene un embargo de $ 300 millones. «Cualquier movimiento que se haga puede ser dinero que se embargue si quisiéramos pagar deudas, pero ya está, no se puede seguir» reconocieron a Clarín desde el entorno del empresario K. Además, las oficinas del contador del empresario K, César Andrés, quedaron clausuradas por la Justicia.
Sin presencia del personal y con su portón principal cerrado sobre la Ruta 3 en el principal acceso de Río Gallegos, se observa el predio de ACSA donde la Justicia inventarió entre camionetas y maquinaria pesada, unos 505 vehículos. En los obradores quedaron máquinas que no pudieron recuperarse, casi por la misma cantidad que forma parte del patrimonio de la empresa.
Lázaro Báez en Tribunales hace una semana.
Atrás quedaron los años en los que construyeron departamentos para la familia Kirchner, los alquileres de la firma a las habitaciones de los hoteles de la ex Presidenta, los alquileres que ACSA pagó por el departamento de Recoleta propiedad de Cristina Kirchner, y sobre todo la facilidad para ganar 51 licitaciones de las 80 que el gobierno kirchnerista destinó a Santa Cruz.
Se trata del final menos pensado para la constructora más grande de Santa Cruz desde 2003, aunque el año pasado cuando aún contaba con 3.000 empleados, Báez no descartaba la idea de ponerle fin a su empresa insignia, con la derrota electoral ya no contaría con los mismos beneficios: ganar obras millonarias, sin controles y con el cobro mensual de las certificaciones de obras pese a que muchas de ellas nunca avanzaban, algo que determinó la auditoría de Vialidad Nacional.
La hija mayor de Báez, quedó al frente de Austral.
Luciana Báez, la hija mayor del empresario, quedó al frente de la constructora que redujo en más del 50% su personal desde enero cuando la firma se declaró «sin liquidez». Austral está denunciada por los manejos discrecionales y por los sobreprecios aplicados a las obras que superan en muchos casos el 50% del valor original por el que fueron licitadas, que en números generales representan más de $ 4.000 millones.
Lázaro Báez, el testaferro de los Kirchner.
Ayer el propio Julio Mendoza -presidente de Austral- se desligó de cualquier responsabilidad en la toma de decisiones de la firma. Ante el juez Sebastián Casanello, señaló que «el sector contable y financiero de Austral Construcciones respondía al accionista mayoritario», es decir Lázaro Báez, quien tenía el 95%del paquete accionario, mientras que su hijo Martín tenía el 5% restante. Pero aclaró que el dinero de ACSA «era todo en blanco», desmereciendo las declaraciones de Leonardo Fariña.
Báez cumplió su cuarta semana en prisión, ya no hay ningún tipo de comunicación con la familia Kirchner -principales socios comerciales hasta hace poco- y después de 50 allanamientos a sus propiedades el próximo paso lo darán sus hijos: cerrar para siempre Austral Construcciones.
Obra pública y negocio hotelero. El comunicado de la empresa Los Sauces, propiedad de la ex presidenta y sus hijos, confirma parte de la acusación que busca aclarar.
Por Nicolás Wiñazki.
Hotel Los Sauces, de la familia Kirchner. Tiene el mismo nombre que la empresa inmobiliaria, pero no es controlado por ella.
La familia Kirchner, accionista de los hoteles Los Sauces, Alto Calafate, Las Dunas, en El Calafate; y de La Aldea, en el Chaltén, emitió un comunicado que asegura que “la familia Kirchner no explota ningún hotel, ni nunca lo hizo”.
Los cuatro negocios están siendo investigados en la Justicia en distintas causas en la Justicia por delitos de corrupción y de lavado de dinero.
El comunicado, difundido por la ex cuenta de Twitter de la Casa Rosada durante la gestión presidencial K, está ilustrado con una foto del hotel boutique que está ubicado en el terreno continuo a la casa de Cristina Elisabet Fernández en El Calafate.
Los Kirchner publicaron esta curiosa explicación sobre la actividad de sus hoteles, que hasta ahora no habían intentado ocultar, en el contexto del avance de una causa judicial que vuelve a comprometer la situación procesal de la ex presidenta Fernández y de su hijo, Máximo.
Y también se da a conocer con el cambio de juez del expediente Hotesur, que estudia la contabilidad de su hotel Alto Calafate, declarado ante la oficina anticorrupción por las mismas personas que afirman de modo sorpresivo, y falso, que no explotan hoteles.
El nuevo caso que hizo reaccionar a los hoteleros Kirchner indaga en realidad sobre la economía de otra empresa de los santacruceños llamada Los Sauces S.A: es el mismo nombre que le pusieron a uno de sus alojamientos para turistas, pero ésta que funciona como una inmobiliaria.
El texto, titulado “Comunicado de Los Sauces S.A”, es errático, profundiza de modo sorprendente a las contradicciones de la ex familia presidencial y sus comercios bajo sospecha, y genera más dudas sobre la transparencia con la que estos accionistas explotan los hoteles que dicen no explotar.
En rigor, en lugar de funcionar como desmentida a la denuncia sobre Los Sauces S.A., presentada por la diputada Margarita Stolbizer (GEN) y por su abogada, Silvina Martínez, confirma en realidad las bases de esa acusación, que ahora investigan el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rivolo.
Los Kirchner, accionistas de cuatro hoteles declarados que juran no explotar, muestran con este comunicado que su situación en la Justicia los descoloca.
En uno de los párrafos, la familia hotelera K intenta instalar la idea de que todas las sociedades de la que son accionistas “tienen una actividad económica idéntica, dar en locación inmuebles a terceros, sean éstos personas físicas o sociedades percibiendo por ellos un canon locativo”.
Más allá de esa retórica comercial, los inmuebles que los Kirchner alquilan a través de sus empresas, son cuatros hoteles: primero le rentó tres de ellos Báez a través de una sociedad llamada Valle Mitre, y luego a una empresa de un socio del hijo matrimonio ex presidencial, Máximo. El cuarto, fue alquilado desde el 2006 a la familia Relats, vinculado a la obra pública pero también al mercado hotelero.
El mecanismo utilizado por los Kirchner con sus hoteles que dicen no explotar, es similar: se los dieron en alquiler a contratistas de obra pública o dueños de concesiones que da el Estado.
La denuncia de Stolbizer y Martínez, por ejemplo, acusa a Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, de alquilar las propiedades de la inmobiliaria Los Sauces S.A a dos de los empresarios que más beneficiaron desde el Estado: el constructor Lázaro Báez y el experto en mercados de concesiones públicas K, Cristóbal López.
En su comunicado, Los Sauces S.A. Critica a la Justicia, las denunciantes y a la prensa que cubre la pesquisa sobre la firma.
El domingo pasado, Clarín había enumerado parte de las posibles irregularidades sobre Los Sauces S.A que denunció Stolbizer.
La empresa no tiene sede legal. No presentó balances contables hasta el 2015, aunque fue creada en el 2006. Y tiene un solo empleado: Ramón Anjel Díaz Díaz, un jubilado de El Calafate que, según los registros públicos, no paga los impuestos de la AFIP: sus jefes, los Kirchner, tampoco le abonan la protección obligatoria de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
En el comunicado de “Los Sauces S.A.”, la compañía desmintió que Díaz Díaz sea empleado de la firma. El texto afirma que es jardinero de la residencia de El Calafate de la ex presidenta.Lo confirmaron entonces los propios Kirchner: su inmobiliaria no tiene entonces ningún empleado. Cero.
Revelan en la Justicia cómo el kirchnerismo protegió a Báez y López
Por Hugo Alconada Mon.
Un alto funcionario de la AFIP declaró ante Casanello e involucró a Cristina Kirchner, Echegaray, De Vido y Capitanich; aportó documentación clave.
Los «empresarios» Cristóbal López y Lázaro Báez.
Un alto funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) declaró ante la Justicia que ese organismo tributario y la Casa Rosada impulsaron durante los últimos años del kirchnerismo múltiples medidas dirigidas a proteger a Lázaro Báez, evitarle problemas penales e impedir que el fisco nacional le cobrara miles de millones de pesos.
El testimonio judicial de Jaime Mecikovsky, quien llegó a ocupar uno de los puestos más altos dentro de la AFIP hasta que lo desplazaron junto con otros funcionarios por investigar al poder, fue acompañado por copias de resoluciones internas de la AFIP, memorandos e incluso correos electrónicos impresos que confirmaban sus dichos.
En ellos quedan mencionados como supuestos partícipes de las maniobras la ex presidenta Cristina Kirchner -siempre nombrada como «la Señora»-, el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, el ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, entre otros.
La declaración de Mecikovsky ocurrió en sintonía con la decisión del nuevo titular de la AFIP, Alberto Abad, de investigar lo ocurrido dentro del organismo durante los últimos años. Esto es, abrir sumarios internos, radicar denuncias penales y enfrentar a otro empresario kirchnerista, Cristóbal López, por su deuda fiscal de $ 8.000 millones.
Mecikovsky declaró esta semana ante el juez federal Sebastián Casanello en la causa sobre la ruta del dinero K, donde también presentó un escrito.
A lo largo de 95 carillas, describió que la protección oficial que recibió Báez no sólo provocó su desplazamiento y el de otros sabuesos de la AFIP que lo investigaban, sino que también implicó reformas de la normativa del organismo para beneficiar al presunto testaferro de los Kirchner, o incluso, la sanción de la Ley 26.476 de moratoria y blanqueo del Congreso, mientras Claudio Moroni se encontraba al frente de la AFIP.
«Moroni fue un entusiasta impulsor del blanqueo de 2009 que se dictó para limpiar los casos vinculados a Lázaro Báez», afirmó Mecikovsky en su declaración testimonial, cuya copia obtuvo LA NACION.
Mecikovsky confirmó incluso que tanto él como otros funcionarios fueron desplazados de sus cargos por investigar a Báez. Entre otros, el entonces titular de la DGI, Horacio Castagnola, y el jefe de la Regional Comodoro Rivadavia -con jurisdicción sobre Río Gallegos-, Norman Williams, así como también Juan Carlos Santos y Carlos Bo, entre otros. Sólo tras el regreso de Abad, volvieron a funciones ejecutivas. En su caso, otra vez como subdirector general de Operaciones Impositivas de Interior.
Volcada en la causa que instruye Casanello, la declaración de Mecikovsky también aporta datos a otras investigaciones. Entre ellas, la pesquisa del juez Julián Ercolini sobre la actuación de Ricardo Echegaray, hoy al frente de la Auditoría General de la Nación (AGN), mientras López acumulaba impuestos impagos por unos $ 8.000 millones.
Mecikovsky detalló presuntas irregularidades en las que habrían participado el ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich, el ministro de Planificación Federal Julio de Vido y varios funcionarios de la AFIP. Entre ellos, Moroni, Ricardo Echegaray, el entonces director de la DGI, Rubén Toninelli -quien invocaba órdenes de la entonces presidenta Cristina Kirchner, a la que aludía como «la Señora»-, y Carlos Sánchez, su reemplazo como subdirector general de Operaciones Impositivas de Interior.
El alto funcionario de la AFIP también relató el rol que asumió durante los últimos años el hijo del director de la DGI, Federico Toninelli. Según Mecikovsky, se interesó como abogado -e invocó el nombre de su padre- por diversos proveedores de facturas de Skanska y por Badial, una de las constructoras de Báez.
Según el sabueso que testificó ante la Justicia, Báez tampoco fue el único empresario kirchnerista con llegada directa a la cúspide de la AFIP. Relató que el socio de Cristóbal López, Fabián De Sousa, se reunió con el entonces jefe de la agencia de la AFIP en Trelew, Carlos Leturia, para ofrecerle el cargo de director de la Regional en Comodoro Rivadavia, en reemplazo de Norman Williams, quien no cedía a las presiones y terminaría por caer.
Consciente de que su declaración será cuestionada por los ex funcionarios contra los que testificó, Mecikovsky reforzó su presentación con un amplio volumen de información, que incluyó resoluciones internas de la AFIP y correos electrónicos.
Entre ellos se encuentra el mail que el entonces jefe de la División Investigaciones en Comodoro, Gustavo Uria, envió a sus superiores para informarles sobre el ofrecimiento de De Sousa y otro ejecutivo del Grupo Indalo, Raúl Esteban Zamora.
Mecikovsky también invocó los nombres de diferentes testigos que podrían confirmar sus declaraciones. Entre otros, Castagnola, el entonces titular de la DGI que tras años de ostracismo volvió en diciembre pasado. O la entonces directora regional en Tucumán, que asistió con ellos a un almuerzo en que el entonces gobernador José Alperovich les anticipó, un año antes de que se anunciara, que el kirchnerismo impulsaría un blanqueo «para «limpiarle» los problemas generados por la inspección a Gotti SA», otra de las constructoras de Báez.
Mecikovsky aportó detalles sobre otros episodios concretos. Entre ellos, los siguientes:
–«En el caso Juan Felipe Gancedo SA [otra de las constructoras de Báez] se cambió la histórica jurisprudencia interna de la AFIP y de la DGI con un dictamen que equiparaba el servicio de movimiento de suelos a la compra de bienes», declaró. Esa decisión, «le ahorró al grupo de Báez cientos de millones de pesos en el blanqueo y moratoria dispuestos por la ley 26.476, que a su vez le habían ahorrado miles de millones de pesos y causas penales agravadas que habrían dado en cárcel con el recientemente procesado [por presunto lavado] y su grupo».
– Uno de los destinos de la facturación trucha por cientos de millones de pesos que acumuló Gotti Hermanos, otra de las constructoras de Báez, era el presunto pago de «coimas».
– La protección a Báez dentro de la AFIP se concretó desde el más alto nivel del organismo. «Uno de los sujetos que participó activamente de la ejecución de esta «protección y abaratamiento de costos» desde el Estado hacia el grupo de Lázaro Báez fue Carlos Sánchez, cuya esposa actuaba, como mínimo, como asesora de Jorge Capitanich», relató.
– El organismo también adulteró los datos que le entregó al Tribunal Fiscal para beneficiar a Badial, otra de las constructoras de Báez. «Sánchez, quien dependía directamente de Ángel Toninelli, aunque reportaba en realidad a Jorge Capitanich, falseó también una respuesta al Tribunal Fiscal de la Nación para favorecer a la empresa».
– Mecikovsky también detalló nombramientos dentro de la AFIP que serían cuestionables, como el de una abogada muy cercana a Báez que no se presentaba jamás a trabajar, salvo cuando la habría sido convocada a manipular las bases de datos del organismo y borrar información.
Informe especial: Así fue el plan sistemático de robo kirchnerista.
Por Nicolás Márquez.
“Ahora la pareja presidencial dice cuanto tiene y dice como lo gana, por supuesto que las cifras igual son insultantes frente a este panorama de pobreza extrema que se vive, y teniendo en cuenta además el discurso político de la pareja presidencial, la cuestión es que la fortuna a crecido en más de 28 millones, a lo largo del año 2008 el patrimonio pasó de 17 millones a 46 millones, lo que implica un incremento del 158%, el salto se basó en la venta de 16 inmuebles en Santa Cruz (14 millones), en la casi triplicación de sus depósitos bancarios (32 millones) en la venta de terrenos tierras fiscales en el Calafate que habían adquirido a un precio irrisorio y los vendieron, después de comprarlo por 132 mil pesos en 2006, en 6 millones 300 mil pesos, algo que ha sido denunciado y que nunca le mueve un pelo a la pareja presidencial, es un caso demostrativo de cómo se avanza en bienes de todos en beneficio propio”[1].
Esta y no otra fue la acusación y legítima preocupación del locutor Víctor Hugo Morales, antes de ser alquilado por el oficialismo para que su florida verborrea trabaje al servicio y defensa de las mismas inmoralidades y fechorías que él antes denunciaba con indignación.
El socialista bon vivant Victor Hugo Morales. Mutó de periodista “opositor” a relator oficial del latrocinio kirchnerista: ¿las razones de semejante conversión? muchas millones de razones.
La realidad, es que el inconmensurable incremento de la fortuna del matrimonio Kirchner y sus amigotes de circunstancia (que siempre obraron como socios o testaferros) es un caso inédito en la historia de la corrupción política mundial. Muchos denominan a esta desvergonzada praxis como un “capitalismo de amigos”. Sin embargo, el politólogo y economista Roberto Cachanosky, con notable lucidez nos explica el por qué esta denominación es injusta por errónea:
“En los últimos días mucho se ha hablado de capitalismo de amigos. Mi visión es que este modelo k es propio del progresismo de amigos, si es que en el kirchnerismo existe los amigos o solo socios circunstanciales (…) me permito disentir con quienes definen este sistema de concesiones como capitalismo de amigos. Por el contrario, en vez de hablar de capitalismo de amigos, que es una contradicción en términos, podríamos hablar de progresismo de amigos (…) el liberalismo o capitalismo no es solamente un sistema de organización social y económicas, sino que, fundamentalmente, busca limitar el poder del gobierno para que este no se transforme en un gobierno autoritario. (…) Por lo tanto, si por capitalismo entendemos un gobierno limitado y subordinado al estado de derecho, mal podemos hablar de capitalismo de amigos, porque tal cosa implicaría que el Estado ha utilizado el monopolio de la fuerza para beneficiar a sus amigos en detrimento del resto de la sociedad y, en consecuencia, ha dejado de ser capitalismo. Por otro lado, generalmente este acuerdo entre gobernantes y pseudo empresarios, no es de amigos, sino que son socios en el robo legalizado (…) A diferencia del capitalismo, el progresismo considera que el Estado tiene que intervenir en la economía para redistribuir la riqueza, los ingresos, hacer justicia social y lograr una sociedad más justa. Es decir, el progresista se considera a sí mismo como alguien que tiene el monopolio de la bondad, la benevolencia y la honestidad (…) El progresismo, al otorgarle poderes discrecionales al gobernante, abre las puertas para todo tipo de corrupción. No es que bajo un gobierno capitalista o liberal la corrupción sea igual a cero, lo que hace el liberalismo es asegurar la libertad frente de las personas y limitar los casos de corrupción porque el Estado no tiene el poder de subastar privilegios. En cambio, en el progresismo, como el funcionario público tiene el poder de decidir ganadores y perdedores, estar del lado del ganador tiene un costo. Tantos privilegios, subsidios y prebendas se transforman en un mercado de tráfico de influencias para quedarse con el dinero ajeno”[2].
¿Cómo funcionó y quiénes fueron los principales beneficiarios del matrimonio Kirchner y su prolífico progresismo de amigos?. Vayamos a cuenta.
Probablemente nadie haya explicado con tanta sencillez y claridad el funcionamiento de estas componendas como lo hizo el multimediático valijero caído en desgracia Leonardo Fariña, personaje de la farándula y cadete del empresario kirchnerista Lázaro Báez, quien al ser entrevistado por Jorge Lanata resumió el modus operandi de la corrupción kirhnerista de esta manera:
“JL: Lázaro era socio de Néstor?
LF: sí
JL: y vos tenés idea en qué porcentaje?
LF: la verdad que en todo
JL: cómo en todo? Lázaro era testaferro o socio?
LF: En política no hay testaferros, hay operadores que es distinto
JL: a ver traducime eso
LF: Yo soy Néstor vos sos Lázaro ¿sí?, vos sos mi amigo, ármate una empresa constructora, yo te adjudico las obras a vos, la constructora es de Lázaro, el tema es que cada 4 años hay campaña presidencial, yo necesito 10 palos: tomá, mandame tres aviones, etc., o sea te ganas…pero debes favores de por vida, es favor contra favor”[3].
Leonardo Fariña: de valijero oficial de la banda kirchnerista a presidiario arrepentido.
Impecable síntesis la del kirchnerista Fariña. Es decir, Néstor les servía en bandeja negocios con el Estado a sus allegados y amigotes, no sin pedirles o bien una contribución o directamente su participación en el mismo: un “porcentaje accionario” para decirlo en lenguaje elegante.
La macro-corrupción kirchnerista fue de tal envergadura, que en esta nota nos limitaremos a tan sólo un puñado de episodios escandalosos a los efectos de aproximar o familiarizar al lector con el mecanismo y funcionamiento del saqueo orgánico bajo el amparo del relato nacional y popular caído en desgracia.
La Reforma Agraria
Probablemente el emprendimiento rentístico más pintorescos del matrimonio setentista y su tendal de séquitos, se debe a la escandalosa compra de terrenos fiscales a precio vil y sus posteriores negociados prodigiosos.
Resulta que a modo de “estrategia demográfica”, con el objetivo de fomentar poblar el sur, el Estado decidió desprenderse de determinadas tierras fiscales a un precio accesible, a los efectos de incentivar o facilitarle a gente de modesta condición que estos puedan acceder a tierras, a los fines de consagrarse propietarios y poder edificar sus respectivas viviendas. Reglamentariamente, el encargado de administrar esta distribución de tierras era el Intendente de Río Gallegos y los criterios de entrega y de precios deberían haber sido conforme a determinados parámetros legales: “La tierra se adjudicaba en venta, y era obligación del adquirente realizar los planos de la obra, obtener su aprobación, efectuar la construcción o llevar adelante la explotación, pagar la tierra y realizar la mensura. Solo así la Municipalidad daba por cumplidas las obligaciones, y escrituraba a favor del adquirente el lote o terreno en cuestión. El objetivo de estas normas perseguía evitar la especulación y poblar en base al establecimiento de una familia (…) Otra prohibición que existía era la que determinaba que una persona o grupo familiar no pudiera tener más de dos terrenos, para evitar la concentración de la tierra”[4].
Ocurrió entonces que al asumir Kirchner como Presidente, éste se sirvió de su lacayo patagónico (el entonces Intendente de Santa Cruz Néstor Méndez) y el mismo Intendente “le vendió” a su jefe político Néstor (en pleno ejercicio de la Presidencia de la Nación) tierras fiscales a un precio de $ 7,50 el metro cuadrado[5]: “Dichas adjudicaciones en venta se mantuvieron en estricto secreto, dado que el entonces Intendente Municipal jamás cumplió con su obligación de publicarlas en el Boletín Oficial (…) Mientras a la gente humilde se le daban terrenos de quinientos metros apiñados en lugares donde no había servicios, ni gas, ni agua, ni luz (…) el Municipio reservaba grandes extensiones de tierras para Kirchner y sus amigos a precios más bajos y en lugares estratégicos, con todos los servicios”[6]señala el biógrafo santacruceño Alvaro Lamadrid.
La venta de las tierras no se fundaba en ningún parámetro estratégico, planificado y ordenado, sino que era lisa y llanamente un botín para disfrute de la camarilla gobernante y sus conmilitones. En efecto, mientras la familia Kirchner y los amigos del poder ocupaban terrenos fiscales, cerca de tres mil personas sin luz, ni gas ni agua potable esperaban turno para recibir un pedazo de suelo periférico[7].
Néstor Kirchner, el principal favorecido de este botín, fue beneficiado con un total de 423.228 metros cuadrados de territorio (porción escandalosamente alta), los cuales fueron utilizados por el agraciado matrimonio no para conseguir el “sueño de la casa propia” ni para llevar algún micro-emprendimiento familiar (verbigracia poner en almacén), sino para multiplicar el disfrute con negociados fastuosos imposibles de llevar a cabo si no se gozase de las mieles del poder: “En 2002 la municipalidad le entregó 38.000 metros a razón de 7,50 el metro y seis años después Kirchner le vendió dos hectáreas a Cencosud, la sociedad anónima de supermercados Jumbo, en casi dos millones y medio de dólares. Hay pocos negocios en el mundo que tengan semejante tasa de retorno (…)El 3 de enero de 2006, El Calafate le cedió a Kirchner otros 20.000 metros cuadrados, también a 7,50 pesos el metro. Además le aprobó, en tiempo récord, un plan de pago en cuotas por los 165.000 pesos que debía desembolsar.El terreno donde construyó su hogar el matrimonio presidencial fue adquirido mucho antes, en 2001. La casa tiene 520 metros cuadrados, dos pisos y vista a Bahía Redonda.Las mejoras les costaron en su momento, casi 580.000 pesos.En marzo de 2002, Néstor adquirió otro lote de 2.100 metros cuadrados. Allí cinco años después, terminó de edificar el hotel Los Sauces.En marzo de 2005 compró otros tres lotes cuya superficie total es de 60.000 metros. Los pagó con un crédito del Banco de Santa Cruz que alcanzó los 277.000 pesos.En abril del 2006 Kirchner obtuvo 18.258 metros cuadrados, por el mismo precio irrisorio de 7,50 pesos el metro.Cristina también recibió lo suyo: se quedó con 147.000 metros cuadrados, como si fuera parte de una familia distinta”[8]señala el periodista Luis Majul en su detallada investigación.
Tengamos en cuenta que estas cifras que estamos estudiando son literalmente de la época en la que se hicieron los negociados y no están actualizadas acorde con la inflación al 2016 (lo cual reflejaría de manera más escandalosa todavía la naturaleza de estas trampas). Hoy el cincuenta por ciento del pueblo santacruceño no tiene cloacas, el veinte por ciento no tiene agua ni gas y el diez por ciento no tiene luz.
Respecto a la mencionada venta de 20.000 metros cuadrados de terreno que el matrimonio le vendió a Cencosud (dependiente de la firma Jumbo), vale señalar que en la declaración jurada pertinente, Néstor y Cristina confiesan que obtuvieron 6.300.000 pesos por esa venta, negocio extraordinario siendo que el metro cuadrado que `compraron` un poco antes a 7,50 pesos lo vendieron luego a la firma de marras por trescientos pesos cada uno.
Pero como fuera dicho, no sólo fue el matrimonio Kirchner el beneficiario de estos lujos, sino que sus socios y parientes también participaron de la conmovedora reforma agraria de tinte nacional y popular. Estos son los nombres de los galardonados más conspicuos:
Romina de los Ángeles Mercado: hija de la ministra Alicia Kirchner y de Armando “Bombón” Mercado, compró más de 10.000 metros cuadrados. Osvaldo José `Bochi` Sanfelice: socio de Máximo en la “inmobiliaria” familiar, 1.321 metros. Rudi Ulloa Igor: ex cadete y ex chofer de Kirchner, 1.336 metros cuadrados. Juan Antonio Bontempo: ex ministro de Economía y actual subsecretario en la Unidad Presidencial, 2537 metros cuadrados. Carlos Alberto Sancho: ex vicegobernador y ex gobernador interino de Santa Cruz, socio de la inmobiliaria junto a Máximo y Sanfelice, 1.297 metros. Jorge Alfredo Mac Leod: ex titular del Partido Justicialista de El Calafate, 10.400 metros cuadrados para una chacra. Jorge Esteban Banicevich: actual diputado provincial, ex intendente de 28 de Noviembre, municipio vecino a Río Turbio, 1.492 metros cuadrados. Héctor Mario Espina: titular de la Administración de Parques Nacionales, 1.390 metros cuadrados. Fabián Gutiérrez: es uno de los secretarios de Cristina Kirchner. También recibieron terrenos fiscales: el sobrino del ex presidente Claudio Kirchner. El secretario de Obras Públicas de la Nación, José Francisco López. La presidente del Tribunal Superior de Santa Cruz, Clara Salazar. Carlos Santiago Kirchner: primo hermano de Néstor. Valerio Martínez: ex asistente personal del ex jefe de Estado. Héctor Daniel Muñoz: secretario privado de Néstor. Liliana Korenfeld: ex ministra de Gobierno de la provincia y luego diputada nacional. Carlos Miguel Kirchner, otro primo de Néstor. Claudio Ángel Kirchner sobrino del susodicho. Fulvio Madaro, ex funcionario de Enargas, quién tuvo que renunciar a raíz del pago de coimas, conocido como el caso Skanska. El omnipresente Lázaro Báez y por supuesto el propio Néstor Méndez, quién se los entregó a sí mismo cuando todavía administraba El Calafate.
Las tierras fiscales que le robó el matrimonio presidencial a los pobres.
Al escándalo de este contubernio se le suma el hecho de que la Fiscal de la causa en Santa Cruz en la que recayó la denuncia por estos desmanejos es Natalia Mercado, quien está al frente de la Fiscalía desde que esta fue creada en el año 2005. La Magistrada debería investigar a todos los que recibieron tierras fiscales del generoso Intendente Méndez. El problema es que la susodicha es hija de Alicia Kirchner y por ende sobrina de Néstor y Cristina, quien además ostenta una peculiaridad personal más: la Fiscal también recibió tierras fiscales.
¿Conclusión? La causa, previsiblemente, no prosperó…
Oligarquía petrolera
Otro magnífico negoción progresista se vincula con la firma Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), con la cual el matrimonio Kirchner protagonizó constantes vaivenes y piruetas tan contradictorias como sospechosas que vale la pena repasar y fijar la atención.
Primeramente, es dable destacar que en los años 90`, cuando la pareja no abrazaba la nostalgia setentista sino las privatizaciones menemistas, tanto Néstor como Gobernador y Cristina como Senadora encabezaron el lobby privatista representando a Santa Cruz para que YPF fuera al fin vendida, conforme lo venía predicando con imperturbable paciencia desde siempre el Ingeniero Alvaro Alsogaray. Siguiendo esta prédica liberal, el 22 de septiembre de 1992 los 10 gobernadores que integraban la OFEPHI[9] (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos) brindaron una conferencia de prensa en la Casa Rosada. Desde allí, el entusiasta privatista Néstor Kirchner pidió apoyo para la privatización de YPF e instigó a los legisladores a sentarse en sus bancas para garantizar el quórum. Dos días después, los diputados nacionales aprobaron el proyecto de ley.
Luego se aprobó la Ley Federal de Hidrocarburos que incluyó parte de la privatización de YPF. Fue entonces cuando un exultante Néstor Kirchner declaró a los medios: “Realmente para los santacruceños esto es muy importante, también desde la soberanía es importante porque esto va a evitar el éxodo y el despoblamiento, va a permitir la inversión y la recuperación económica de Santa Cruz”[10]. Meses después, el matrimonio apoyó en 1994 la Privatización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, efectuada por Carlos Menem al empresario Sergio Taselli[11].
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Otros tiempos: Néstor y Cristina cuando eran menemistas y privatizadores petroleros, cuyas regalías también se robaron.
Seguidamente, en 1999, una nueva etapa privatizadora se dio cuando se vendió lo que quedaba de YPF a la firma española Repsol. Por entonces, Santa Cruz contaba todavía con el 4% de las acciones de la firma y sin el menor dilema chauvinista Kirchner se las vendió a Repsol a razón de 44 dólares cada acción, otorgándole a Santa Cruz 650 millones de dólares en efectivo para sus arcas[12].
Tras festejar y disfrutar de las privatizaciones noventistas y habiendo pasado mucha agua bajo el puente, en el año 2007 y bajo la presidencia de Cristina, se forzó la venta del 15% de YPF (que estaba en manos de Repsol) a un accionista argentino, concretamente al Grupo Petersen de la familia Eskenazi (ex titulares del Banco de Santa cruz), al cual muchos sindican como testaferro del matrimonio presidencial[13], y motivos para tal sospecha no escasean: A) el Grupo Petersen no tenía la menor experiencia petrolera. B) este mismo Grupo empresarial no puso un solo centavo de capital propio en la compra y encima el desembolso se lo prestó Repsol a Petersen[14] (es decir el vendedor le prestó la plata al comprador para que este se quede con el 15% de sus acciones a tasa vil y a un plazo comodísimo). C) El monto de las acciones fue comprado en el año 2007 conforme la misma tasación de 1999 sin la menor actualización. D) Repsol le otorgó al Grupo Eskenazi el control de la empresa con apenas el 15 por ciento de las acciones compradas con el capital que ellos mismos le prestaron (¿?).
A lo señalado, vale agregar los elogios y piropos que Cristina Kirchner le hizo a Repsol y a Eskenazi apoyando esta venta en uno de sus habituales monólogos transmitidos por la televisión estatal: “algunos sectores de nuestro país les molestaba casi que empresarios argentinos formaran parte de una empresa que está absolutamente identificada con la historia de nuestro país como lo es YPF, es increíble pero hubo que hasta que justificar que argentinos invirtieran en una empresa de esta naturaleza, y como no podía ser de otra manera, cuando los que están aquí en el management también son dueños obviamente, la gestión mejora y esto sucede en la Argentina y en cualquier parte del mundo, y aquí la prueba de la incorporación, del resultado exitoso de la incorporación del socio argentino es algo que debe mencionarse y debe servir de ejemplo para animar a otros a la incorporación de capital de inversión nacional, que en absoluto significa un rechazo, al contrario!, sino articulación a la inversión y tecnología extranjera, en este caso Sebastián (Eskenazi) recalcó con mucho énfasis la tecnología de Repsol para este nuevo emprendimiento”[15].
Pues bien, tras apoyar parte de la privatización de 1992, efectuar la posterior venta de las acciones de Santa Cruz a Repsol en 1999, apañar seguidamente la sospechosa participación accionaria de Eskenazi (con las “facilidades” de venta y posteriores cortejos de Cristina a este y a Repsol) en el 2007, cinco años después y a instancias de su admirado y frecuentado galán Axel Kicillof, en el año 2012 Cristina retomó su militancia “antiimperialista” y confiscó sin indemnización alguna YPF a Repsol, para entregársela en bandeja como botín de guerra contra “el capitalismo salvaje” a los nuevos ricos de “La Cámpora” para que estos la usufructúen y “administren”.
En el momento de esta última maniobra “emancipadora”, Cristina llevó adelante una serie de arengas contra Eskenazi y Repsol (a quien poco antes elogiaba con entusiasmo). En esas hora, el nuevo héroe nacional y popular de la jornada fue Axel Kicillof (autor intelectual de la confiscación), quien brindó un acalorado discurso en el Senado de la Nación con la camisa desabrochada y ademanes propios de un activista en plena asamblea universitaria, en donde espetó arengas de este tenor: “Que ningún payaso venga a decir que YPF es una empresa sin importancia” y luego sumó nuevos insultos: “perejiles”, “papagayos”, “empresarios que beben la sangre”, “tarados”, “guitarristas del libre mercado” y bramó “Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según el estatuto de YPF”[16]. Voces sensatas sostienen que en realidad el único “tarado”, “payaso” y “papagayo” en cuestión sería el propio insultador, porque en pleno Siglo XXI autoproclamarse partidario de la ideología marxista (aunque su ideología tenga menos rigor científico que el tarotismo) merece como mínimo alguno de los numerosos adjetivos que él obsequioso galán psico-bolche le disparó impunemente a sus contrincantes del imperialismo imaginario. Cristina estaba fascinada con el impertinente Ministro socialista. Si bien el robo a Repsol se constituyó en un sonoro papelón que derivó en el descrédito internacional, en el orden local se montó un show revestido de gesta patriotera con banderines, cotillón y cánticos chauvinistas.
La malviviente Cristina Kirchner, al momento de apropiarse formalmente de YPF.
Los chistes de jaimito
Otro campeón del progresismo de amigos sin dudas ha sido el ex Secretario de Transportes Ricardo Jaime, connotado filibustero que ha venido “trabajando” junto a Kirchner en Santa Cruz desde los años 80`[17]. El beneficiario en cuestión es apodado entre sus allegados como “El Señor de los Anillos”, dada su adicción a las cadenas y anillos de oro. Además de ser operador confeso y testaferro de Kirchner, entre las múltiples denuncias e imputaciones que pesan sobre Jaime probablemente la más conocida sea la responsabilidad que se le adjudica por el trágico accidente ferroviario en la estación de “Once”[18] en el año 2012 (en el cual por inoperancia estatal murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas), puesto que el pésimo estado de los ferrocarriles no pudo ser ajena al personaje en cuestión, quien ejerció la Secretaría de Transporte desde el año 2003 al 2009.
Durante su rol en la Secretaría de Transporte, Jaime se dedicaba a otorgar subsidios a diferentes empresas dedicadas al efecto: en el año 2004 todo el sistema de transporte recibió un poco más de mil millones de pesos. En el 2005 recibió 1.600 millones de pesos. En el 2006, la cifra ascendió a 2.600 millones de pesos. En el 2007 recibió casi 4.800 millones de pesos. Durante 2008 la cifra subió a 5.900 millones de pesos. En total, entre el año 2004 y 2009, los trenes, los subtes y los colectivos del área metropolitana recibieron casi 21.000 millones de pesos[19]. Lo que siempre se adujo es que de estos desembolsos, los empresarios beneficiados le devolvían a Jaime el 20% del total, con lo cual, si tomamos como cierto que entre 2004 y 2009 cada empresario del transporte “reintegró” ese porcentual de cada subsidio que recibió del Estado, debemos concluir que alguien muy poderoso recaudó, durante ese lapso más de 4.200 millones de pesos[20]. ¿Jaime se quedaba con todo ello?. Todo indica que no: “Jaime concurriría al despacho de Kirchner con un bolso como los que usaban los carteros a domicilio”[21], dato confirmado luego por el actual secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) y ex subsecretario de Transporte Aeronáutico de la Argentina Ricardo Cirielli: “En ese momento estaba Néstor Kirchner vivo (…) el comentario de gente que trabajaba alrededor de él comentaba que él llevaba otros personajes ahí a la secretaría de Transporte para llevarle dinero y que a su vez él todas las noches se cruzaba a la Casa de Gobierno y él siempre me decía que iba a verlo a Néstor. Después de quince minutos, media hora se escuchaba le helicóptero que se iba para Olivos”[22].
Si bien Jaime nunca fue más que un empleado estatal, se le constató la propiedad de los siguientes bienes: un departamento en el duodécimo piso de la Avenida del Libertador 650; un departamento en Puerto Madero, una colección de departamentos de verano en Florianópolis (Brasil); cinco casas en el country Cuatro Hojas, en Mendiolaza, Córdoba; un fastuoso barco; y un avión personal[23]. De todas las bromas de Jaimito, probablemente la más impactante es aquella esbozada en su declaración jurada, según la cual el próspero señor dijo textualmente que “vive al día”[24]
Durante el kirchnerismo, el hombre de confianza de Kirchner no fue detenido jamás en la causa por la que se lo imputó. ¿Quién fue el Juez de la causa?, el prostibulario Norberto Oyarbide.
Vale señalar que tras la citada tragedia de Once, el gobierno intentó posteriormente dar un golpe de efecto llevando a cabo una serie de cambios superficiales con anuncios rimbombantes y en consecuencia se creó en junio del 2012 el “Ministerio del Interior y Transporte” a cargo Florencio Randazzo. Pero el sórdido sistema de subsidios prosiguió intacto y desde entonces se despilfarró sólo para mantenimiento ferroviario 7 mil millones de pesos. Un sonriente Randazzo anunció su festival tecnológico como “Una revolución ferroviaria”. Pero lo cierto es que el 14 de junio, otro accidente similar acontecido en el tren Sarmiento tuvo lugar en la zona de Castelar, acabando con la vida de al menos 3 personas y unas 300 accidentadas.
Ya con el nuevo Gobierno y al volver la democracia, el testaferro de Néstor y Cristina Kirchner al fin quedó detenido.
Ricardo Jaime, otro testaferro de los Kirchner al que se le acabó la sonrisa.
Gobernador a control remoto
Tras consagrarse Kirchner como Presidente, no por ello Santa Cruz dejó de ser su lugar para la trampa y el entuerto. Si bien a Néstor lo sucedió como Gobernador Sergio Acevedo, a poco andar este tuvo muchas desinteligencias con el poder central, quien pretendía que Acevedo fuera no un Gobernador sino un gobernado, es decir una suerte de delegado y subordinado de Néstor Kirchner, sobre todo en lo referente a las habituales trapisondas con la obra pública, y así lo confirma el propio Acevedo al denunciar lo “aprietes” que padecía:
“-¿Cómo lo presionaban?
-Me querían obligar a pagar, desde la provincia, obras nacionales. Trabajos que le correspondía pagar a la Nación.
-No entiendo.
-Les tenía que dar a las provincias el famoso adelanto financiero antes de que comenzaran a trabajar.
-¿Entonces…?
-Era todo una barbaridad. Las empresas no corrían riesgo. Precios que debían ser de uno lo cotizaban a diez. La mayoría no terminaba las obras en el plazo estipulado…!Y encima pretendían que las provincias les dieran una adelanto! (…) Ellos dicen `argentinización`, pero lo que hay es un capitalismo de amigos. Ellos justifican la construcción de un poder económico propio para no depender de otros empresarios nacionales o extranjeros. Ellos dicen que, sin plata, no se puede hacer política. Yo digo que eso suena a excusa para justificar actos de corrupción. Ellos dicen que no hay lobby y yo les digo que es verdad. ¿Cómo va a haber lobby si todos los negocios los manejan ellos? La obra pública, el juego, el transporte, y también la banca. No hay lobby porque el dueño es uno solo”[25].
Finalmente Acevedo acosado por las presiones “destituyentes” que emanaban de la Casa Rosada renunció el 15 de marzo de 2006. Tras esta dimisión se consagró como Gobernador en su reemplazo Carlos Sancho, quien tampoco pudo soportar el nivel hostigamiento renunciando el 28 de septiembre de 2007 y finalmente, asumió Daniel Peralta (al momento de escribir estas líneas es el actual Gobernador de la Provincia), quien no tardó en mantener fricciones con el matrimonio, pero aun resiste sus embates y lanzó una severa advertencia a la Casa Rosada: “Yo lo voy a ir diciendo, no me voy a ir como Acevedo y volver a repetir la triste historia de los santacruceños volviendo al 2007”[26] agregando que “algunos que hablan desde el agravio y llevan las cosas a lo personal no superarían una rinoscopia en un hospital público” (en alusión a Máximo Kirchner)e insinuando que él tenía mucha información para contar remató: “Guarda con la boquita porque a las cosas hay que decirlas de frente no revoleando panfletitos por los pasillos.Yo, felizmente, tengo las manos limpias, y también, el cuerpo y el alma”[27].
El inútil de Máximo Kirchner: se le aconseja no someterse a ninguna rinoscopía para no desacreditar aun más su mala fama.
Finalmente, en las elecciones del 2015 se consagró como gobernadora del feudo Alicia Kirchner, hermana de Néstor (de notable parecido facial para su desgracia), quien al asumir y con un gobierno de otro signo, no tuvo mayor remedio que “declarar en quiebra la Provincia de Santa Cruz”, es decir la misma Provincia que su clan familiar viene gobernando y saqueando desde hace más de 30 años.
La herencia en blue
La cantidad de personajes que se habrían enriquecidos en calidad de socios o testaferros de Néstor es enorme y van desde su chofer hasta su jardinero[28]. Según el libro titulado “Gracias Néstor” de Lucio Di Matteo y que indaga en el enriquecimiento de los amigos del poder, son cuatro los beneficiarios emblemáticos que se han destacado en esta política de amiguismo empresarial-estatal: “Enrique Eskenazi con el petróleo, bancos, construcción y bodegas, entre otros. Cristóbal López con el juego (los casinos y el hipódromo), y también el petróleo, aunque se diversifica preparándose para el poskirchnersimo. Lázaro Báez en la caja grande de la obra pública, el petróleo nuevamente, hotelería y distintas empresas. Y Rudy Ulloa, ex chofer de Néstor Kirchner, en la caja chica del multimedios santacruceño, gracias a la generosa pauta publicitaria del Estado Nacional”[29]. De Eskenazi y Ulloa ya nos hemos referido antes. Luego, todo indica que Cristóbal López y Lázaro Báez han sido por lejos los dos hombres más allegados y con los cuales Néstor habría confeccionado los negociados más ambiciosos.
En cuanto a Cristóbal López, este es conocido como “el zar del juego”, porque gracias Néstor siempre resultó adjudicatario del manejo de los “tragamonedas” de gran parte de los casinos desparramados en el país. Dicen en su entorno que Cristóbal se enoja cada vez que intentan parangonarlo con Lázaro Báez y no se reconoce como un “empresario kirchnerista”, excusándose de que antes del acceso del kirchnerismo al poder él ya tenía una buena posición económica, lo cual es relativamente cierto, pero Kirchner lo hizo mejorar bastante en sus finanzas: cinco días antes de entregarle el poder presidencial a su mujer, dictó un decreto para prolongarle la consignación de las máquinas tragamonedas del Hipódromo hasta el año 2032 y en total, ha sido favorecido por el poder político para constituirse como propietario de casinos y tragamonedas en 19 ciudades (6 salas de juego funcionan solo en Santa Cruz). Sólo gracias a sus casinos, López obtuvo en el año 2012 una facturación de 17 mil millones de pesos[30]. Al mismo tiempo, el empresario kirchnerista lejos de ser monotemático incursiona en otros emprendimientos que van desde pozos petroleros, bancos, asuntos financieros y hasta el manejo de transportes[31]. Posteriormente, Cristóbal se dedicó a hacerle propaganda al kirchnerismo tras comprar vía extorsión C5N y Radio 10. En verdad, la compra de estos medios se dio como una orden que Néstor Kirchner le dio personalmente a Cristóbal antes de su deceso: “Kirchner le dijo a Rudy Ulloa y a Cristóbal López que compren medios“, reveló Miriam Quiroga (secretaria personal y amiga íntima de Néstor)[32] al Juez Federal Julián Ercolini en la causa que investiga la “Ruta del dinero K”.
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Elaborando un parangón entre Cristóbal y Lázaro, Leonardo Fariña (subordinado de este último) declaró lo siguiente: “Cristóbal es académicamente mejor preparado que Lázaro, pero Cristóbal es un mafioso y Lázaro no” agregando que “Lázaro era socio de Néstor y Lázaro cobraba en negro pero no era testaferro, porque los políticos no tienen testaferros sino que tienen operadores”[33].
Néstor, Cristóbal y la imputada: parte del staff de la banda de ladrones de Estado.
Si bien tanto Cristóbal como su colega Báez siempre han preferido cultivar el bajo perfil, fue Báez quien involuntariamente saltó al triste estrellato mediático de manera escandalosa tras las delaciones que oportunamente le hicieron el ya citado Leonardo Fariña y Federico Olaskar, dos galancitos menores que haciendo alarde de sus contactos y accesos al poder obraron como verdaderos “bocones” en el exitoso ciclo televisivo conducido por el periodista Jorge Lanata y se armó un batahola política y judicial de proporciones que dura hasta el día de hoy, en donde se terminó de desnudar y mediatizar el papel de Lázaro y Kirchner en esta frenética carrera consistente en amasar fortuna con plata ajena. Además, la historia de Lázaro resulta más atrayente que la de Cristóbal, porque aquel empezó como empleado bancario de Santa Cruz y llegó de la mano de Néstor a convertirse en uno de los hombres más ricos del país.
Sobre el particular, el periodista Luis Majul construyó una interesante cronología en torno a las actividades conjuntas del empleado bancario y el ex Presidente: “El 16 de mayo de 2003, nueve días antes de la asunción de su amigo Néstor, Lázaro registró Austral Construcciones, la empresa madre de todo el grupo. Era evidente que tenía información privilegiada: a partir de ese momento Austral se convirtió en la constructora más beneficiada por los contratos de la obra pública. Sus competidores calculan que, incluido 2009, su facturación pudo haber llegado a los cuatro mil millones de pesos (..) A fines de 2005, Lázaro tomó el control de su primera petrolera, denominada Misahar (…) En octubre del mismo año registró Epsur, otra petrolera que puso a nombre de su hijo, Martín Antonio (…) El 23 de octubre de 2007, tres días antes de la victoria electoral de la presidente Cristina Fernández, Báez sumó a sus negocios dos nuevas empresas dedicadas a la agricultura y la ganadería, algo que jamás había ensayado antes de ese momento. Se llama Austral Agro (…) Cinco días después, el 29 de octubre, Báez celebró el triunfo de Cristina con la inscripción de dos nuevas compañías dedicadas al rubro inmobiliario”[34].
Lázaro Báez: otro ladrón/testaferro kirchnerista al que se le acabó lo que se daba.
¿Y cuál ha sido el favorito de Néstor: Cristóbal o Lázaro?. Al parecer Kirchner se comportaba respecto a sus dos aliados como un padre criterioso y justo aplicando el principio de equidad: en diciembre de 2007, sobre 14 áreas petroleras en Santa Cruz le adjudicó siete a Cristóbal López y siete a Lázaro[35] (no fuera cosa de despertar celos entre sí).
Tras el deceso de Néstor en octubre del 2010, la gran preocupación de Cristina fue intentar recomponer la herencia informal dejada por su marido, la cual era de difícil reconstrucción dado la gran cantidad de testaferros y socios que pulularían en derredor del mafioso consorte. Al no haber bienes y cuentas blanqueadas, la recuperación de ese capital en danza no era un asunto tan sencillo y lo primero que hizo la viuda fue contactarse el 31 de ese mismo mes con Rudy Ulloa[36] y luego, forjar una reunión con Lázaro y Cristóbal. Según nos revela Franco Lindner “La Presidenta intentaba desentrañar qué había ocurrido con el resto, con la contabilidad paralela”[37].
Que Lázaro y Cristóbal fueron los “empresarios” más exitosos y en los cuales Néstor más se apoyó, lo confirman, además de los números en sí, el hecho concreto de que Cristina tras su viudez lo primero que hizo fue impulsar una reunión con ellos a solas, a fin de que sendos personajes le rindan cuentas del estado del patrimonio acumulado o desparramado que no formaba parte de la herencia. En efecto, más que una reunión, la cita se convirtió en una suerte de interpelación y/o careo, para que estos aclaren las cuentas pendientes y rindan el detalle de los bienes conjuntos[38]. El encuentro fue muy tenso, entre otras cosas porque ninguno de los dos “empresarios” (que se desprecian entre sí) sabían que iban encontrarse allí, sino que suponían que la tertulia era ‘tête à tête‘ con la Presidente. También presenció el encuentro el primogénito delincuencial Máximo.
Nunca se supo exactamente cuáles fueron los alcances exactos de esta conversación, pero Báez dejó trascender que Cristina mantuvo un fuerte cruce con Cristóbal dado que ante cada pregunta que la Presidente le hacía a López este contestaba: “Eso ya lo arreglé con Néstor, señora”, ante lo cual Cristina perdió la calma: “¿Vos me estás tomando por boluda?”[39].
Miriam Quiroga, la amante de Néstor Kirchner que reveló detalles del latrocinio: admiramos la fortaleza de su estómago en su vida personal.
Para despejar sospechas respecto al rol de Néstor con sendos empresarios, tanto López como Báez han sido socios de Kirchner no sólo en “blue” sino hasta en los papeles: “Lázaro lo fue en el proyecto de construcción de cinco departamentos en Río Gallegos, que había sido blanqueado en la declaración jurada del ex presidente. Y Cristóbal aparecía en el directorio de la constructora Talares de Posadas junto a Osvaldo Sanfelice, quien no es otro que el socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria que administra las propiedades de la familia presidencial”[40].
Al momento de escribir estas líneas, nos estamos encontrando ante un final abierto en torno a esta sórdido triángulo porque gracias a la sonora investigación periodística encabezada por Jorge Lanata, se descubrieron y se siguen revelando nuevas conexiones entre estos empresarios y Néstor, así como también la existencia de paraísos fiscales y manejo de bolsos de dinero en efectivo en tan grandes cantidades, que el mismo habría sido guardado en bóvedas construidas en las propiedades de Cristina y Lázaro Báez. Incluso el ex Vice Gobernador de Néstor, Eduardo Arnold, señaló que una de la bóvedas más grandes se encuentra escondida en el interior del enorme mausoleo que Lázaro hizo construir para que descansen los restos de Néstor[41]. Incluso, Arnold agregó el detalle de que el mausoleo se encuentra constantemente custodiado por fuerte personal de seguridad costeado por el mismísimo Lázaro, el cual cuida el recinto las 24 horas de los 365 días del año.
¿A qué obedece tanto personal de seguridad en el mausoleo?, ¿se tendrá miedo que escape el muerto o hay que velar por otros menesteres?.
Néstor y la resignación cristiana
Tiempo atrás, Néstor Kirchner había brindado un reportaje televisivo y al ser consultado sobre su sospechoso patrimonio y especialmente sobre sus tierras en el Calafate, este nos ilustró con la siguiente explicación poniendo de manifiesto, entre otras cosas, su intensa vida espiritual:
“Yo gracias a Dios, desde que estoy en la política, más que acrecentar mis bienes personales, fui para atrás, no me pasa lo que a otros dirigentes que a partir de haber entrado a la política políticos o no tenían fortuna, o no tenían nada y yo tengo absolutamente todo declarado cuando fui intendente, cuando fui gobernador las tres veces…y compramos que tiene una hectárea, en mi Provincia (no en Miami ni en Montevideo ni Nueva York) que es un terrenito que me costó 27 mil pesos, que Dios quiera pueda hacer una casa para compartir con mi familia en el Calafate (ciudad turística por excelencia en mi Provincia a la cual amamos), y los compré de cara a la sociedad pagando los impuestos como corresponde…¿sabes qué pasa? Algunas veces cuando no se puede voltear o mancillar a alguien desde la idea de le acción muchas veces se les ocurren este tipo de cosas que yo las acepto cristianamente (…) a veces la política tiene este tipo de agravios y descalificaciones que yo las absorbo con absoluta resignación cristiana”
En realidad, en un país normal Kirchner y su mujer lo que tendrían que haber aceptado con resignación cristiana o mundana hubiese sido como mínimo, la cárcel.
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NOTAS:
[1] Victor Hugo Morales : “La fortuna de los Kirchner es insultante”. Escuchar audio en el siguiente link:
[13] “Grupo Eskenazi es uno de los principales testaferros de los Kirchner”, denuncia un senador santacruceño: “El senador radical santacruceño Alfredo Martínez reiteró por Continental que uno de los principales testaferros de los Kirchner es el Grupo Eskenazi”. Ver nota:
[14] La mitad del capital se lo prestó el comprador al vendedor y el resto fueron préstamos bancarios al Grupo Petersen.
[15] Cristina elogiando a YPF y sus inversiones. Cristina elogiando el monto y calidad de las inversiones de YPF y a su socio argentino el señor Eskenazi.
[16] Franco Lindner – Los amores de Cristina – Editorial Planeta – 2013 – Página 79, 80.
[17] Fue en la Provincia de Santa Cruz cuando Jaime hizo sus primeras armas en la política siendo director de Catastro desde 1984 a 1987; concejal y presidente del Honorable Concejo Deliberante entre 1987 y 1991. En 1989, cuando Néstor Kirchner, desde la intendencia de Río Gallegos, empieza a trabajar para llegar a la gobernación, fue uno de los militantes que apoyó su postulación recorriendo el norte santacruceño en busca de votos para su jefe político. En diciembre de 1991 Kirchner asume su primer mandato como Gobernador y lo designa como Ministro Secretario General de la Gobernación, cargo que ocupó hasta 1996. En el segundo mandato de Kirchner tuvo mayor protagonismo al ser nombrado al frente del Consejo Provincial de Educación, ocupando el cargo entre durante su gestión entre 1996 y 1999. En mayo de 2003 siendo Néstor Kirchner Presidente, llega a la Secretaría de Transporte de la Nación. Se mantuvo en el cargo algo más de seis años. Finalmente, 3 días después de la derrota del gobierno en las elecciones legislativas del 28 junio 2009, presentó la renuncia aduciendo razones personales. Contra Ricardo Jaime se presentaron más de treinta denuncias judiciales y veinte procesos judiciales.
[18] El accidente ferroviario de Once de 2012, comúnmente llamado Tragedia de Once por los medios de comunicación, fue un siniestro ocurrido el miércoles22 de febrero de 2012 a las 08:33 a.m., cuando el tren Nº 3772, identificado con la chapa 16, que se encontraba llegando a la plataforma número 2 de la Estación Once de Setiembre (Once), no logró detener su marcha y colisionó con los sistemas de paragolpes de contención de la estación. La formación, de ocho vagones, transportaba en plena hora pico a más de 1200 pasajeros a bordo. Fallecieron 51 personas y más de 703 resultaron heridas.
[19] Luis Majul. El Dueño. Editorial Planeta. Noviembre 2009. Páginas 277 y 278.
[29] Luis Majul. El Dueño. Editorial Planeta. Noviembre 2009. Páginas 277 y 278.
[21] Luis Majul. El Dueño. Editorial Planeta. Noviembre 2009. Página 234.
[22] Cirielli: “Jaime se llevaba bolsos donde supuestamente había dinero”. Diario La Nación, 06 de mayo de 2013
[34] Luis Majul. El Dueño. Editorial Planeta. Noviembre 2009. Páginas 320 y 321.
[35] Franco Lindner – Los amores de Cristina – Editorial Planeta – 2013, Página 253.
[36] Franco Lindner – Los amores de Cristina – Editorial Planeta – 2013 – Página 225, 226.
[37] Franco Lindner – Los amores de Cristina – Editorial Planeta – 2013 – Página 225, 226.
[38] Además de muchas otras fuentes, fue Miriam Quiroga quien confirmó la existencia de esa reunión en el reportaje concedido a Jorge Lanata: Ver emisión en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=HjSAf1WNljI
Un intendente devuelve 13 millones de pesos de una obra pública y denuncia sobreprecios
Por Guido Carelli Lynch.
Dario Benedetti, de la localidad entrerriana de Larroque, descubrió que su antecesor había presupuestado en 21 millones una obra que salía 5 millones. Sus denuncias judiciales.
Darío Benedetti, intendente de Larroque.
En un caso testigo e inédito, el intendente de la localidad entrerriana de Larroque, Dario Benedetti, de Cambiemos, decidió devolver al ministerio del Interior de Rogelio Frigerio más de 13 millones de pesos de un presunto sobreprecio que detectó en una obra pública que ejecutada por su antecesor, Raúl Riganti, del Frente para la Victoria, y financiada por el Estado nacional.
A través del Convenio Único de Colaboración y Transferencia, el municipio devolverá esa cifra a las arcas del Estado nacional, luego de detectar un presunto sobreprecio en una obra de pavimentación. “No es mucha plata, pero queremos sentar un precedente”, confiaron a Clarín cerca de Frigerio. Quieren enviar un mensaje a los sectores que reclaman recuperar la plata de la corrupción.
El Gobierno había girado ese monto a Larroque para terminar pagar la inversión total de 21 millones de pesos que costó la pavimentación de 14 cuadras en el pueblo de 8 mil habitantes. El municipio debía transferir ese monto a la empresa contratada OIC S.A, pero el dinero quedó en una cuenta del municipio en el Banco Nación, mientras culminaba la auditoría para analizar los números de la gestión del intendente saliente, Raúl Riganti, del Frente para la Victoria.
El peritaje arrojó que la obra podría haber costado como máximo $ 5.4 millones, lo que determina un sobreprecio de $ 15,6 millones. La empresa ya había recibido un pago de 8,6 millones. El convenio que firmará Frigerio con Benedetti significará, además de la devolución del dinero al erario público nacional, el inicio de acciones legales contra la empresa y a los funcionarios municipales de la anterior gestión.
Hoy se concretaron las denuncias en el juzgado contencioso administrativo de Paraná y ante el fiscal penal de Gualeguaychú. En el convenio quedará establecido que, si los fallos judiciales terminan por favorecer a la empresa, que a su vez podría iniciar acciones por daños y perjuicios contra el municipio, el Estado nacional se hará cargo de las penas.
La denuncia, además de a los ex funcionarios locales y a la empresa constructora, también podría salpicar a Julio De Vido. Es que en Mayo del 2015 el ministerio de Planificación autorizó la obra por un monto total de $ 21,6 millones. En mayo de 2015, el entonces intendente llamó a un concurso público en el que se impuso OIC. “Ganó la empresa que tuvo un presupuesto menor y el radicalismo aprobó la obra en el Concejo Deliberante”, señaló Riganti ante la consulta de Clarín. El diputado provincial de Cambiemos Sergio Kneetman dice exactamente lo contrario.
En el Gobierno Nacional esperan que este sea un puntapié inicial para que muchos intendentes se animen a denunciar.
Curiosamente, el auditor que contrató el nuevo intendente es el ex secretario de Justicia Sergio Urribarri, Rubén Virué, que perdió las internas del FPV en Larroque, a manos de la esposa de Riganti, Mónica Gayosa. El ex intendente señala que la facultad de auditar solo es potestad del Tribunal de Cuentas Provincial.
En el ministerio del Interior -lejos de las disputas domésticas- solo piensan en que tras las nuevas denuncias por sobreprecios en obra pública, otras provincias y municipios sigan el ejemplo de Larroque. La empresa, hasta ahora, no contestó los llamados.
El intendente que devolvió los millones y denunció corrupción: “Siento alivio”
Por Pablo Javier Blanco.
Entre Ríos. Dario Benedetti lloró al explicar el caso que le tocó atravesar tras descubrir un supuesto sobreprecio de 13 millones de pesos en una obra para asfaltar 14 cuadras de su ciudad.
Darío Benedetti, intendente de la ciudad de Larroque, Entre Ríos.
Cuando terminaba de dar la conferencia en la que comunicaba el hecho inédito de devolver al Gobierno Nacional 13 millones de pesos de sobreprecios que detectó en una obra pública, el intendente de Larroque, Dario Benedetti, no aguantó y se quebró.
Por un momento, el hilo de su voz se cortó. Segundo después, pudo reincorporarse y descargar todo ese estrés que tenía contenido desde que asumió y ordenó una auditoria, que descubrió que su antecesor, del Frente para la Victoria, había destinado 21 millones de pesos a una obra cuyo costo, según los estudios, era de apenas 5 millones de pesos.
En diálogo con Clarín, a minutos de anunciar denuncias penales contra el ex intendente y los empresarios de la obra pública, Benedetti se siente mejor, pero vuelve a emocionarse. “Son muchas cosas las que uno siente, fue mucho el esfuerzo, el trabajo de nuestro equipo, es una mezcla de todo, siento alivio”, afirma.
-¿Usted imaginaba que iban a encontrarse con algo así?
-Sabíamos que había desfasajes, pero creíamos que nos ibamos a encontrar con esta situación, algo raro habia, cuando en la campaña anunciaron la obra por 21 millones teníamos la sospecha. La corrupción es una realidad que estamos viviendo, en los pueblos chicos se ve.
-¿Cómo comenzó la investigación?
-Un día llegó el dinero a las cuentas del Banco Nación del municipio, nosotros no sabíamos que estaba, pero recibimos un llamado de la empresa reclamando un pago, nos decían que estaba depositado, eso era medio raro, lo supieron antes que nosotros. A raíz de eso, uno tiene principios y tiene ciertas cosas que lo hace diferente a toda esta realidad, empezamos a analizar el tema de ese dinero que me preocupaba mucho.
-Es decir que la empresa reclamaba el pago y usted ordenó una auditoria.
-Y dijo ‘No paguemos, esperemos’. Fue así que cuando la auditoria termina pudimos constatar un desfasaje que es increíble pero real. Siempre estuvimos en contacto con el ministro Frigerio, le comunicamos esta inquietud, porque el tema del dinero que era preocupante.
El intendente presentó una denuncia penal contra el ex intendente, su secretario de Gobierno y el presidente del Concejo Deliberante de Larroque.
-¿Qué le dijo el ministro cuando lo dijo que había detectado 13 millones de sobreprecio?
-Frigerio me dio confianza. ‘Haga lo que tenga que hacer’, me pidió. Pero como a veces con la palabra no alcanza, uno necesita algo en papeles que justifique el por qué, tras la auditoria y las denuncias, después de andar varias semanas trabajando en esto, se pudo lograr.
-Usted entonces pidió devolver el dinero.
-Queríamos devolver el dinero, sabemos que los procesos judiciales son largos, pero queríamos evitar que este problema pudiera caerle a la próxima gestión. Es ahí donde surgió esta posibilidad de devolverla, de firmar un acuerdo con el ministro, y es alivio importante, estamos muy contentos.
En el Gobierno Nacional esperan que este sea un puntapié inicial para que muchos intendentes se animen a denunciar.
A Benedetti le cuesta decirlo, pero lo hace. “Pudimos descubrir un caso de corrupción”, suelta. En medio de operativos que buscan recuperar activos de casos de lavado de dinero, como los allanamientos del caso Lázaro Báez y de consignas como “Recuperar lo robado”, que propone Elisa Carrió, al intendente de Cambiemos le cuesta poner su caso en ese contexto. “Yo quería el bien para todos y devolverle al pueblo lo que es del pueblo”, señaló.
Sillas de ruedas apiladas, facturas truchas y clínicas fantasma: así encontró el PAMI el gobierno de Macri
Carlos Regazzoni, titular del organismo, denunció que hay «muchísimos grupos de presión» para evitar que la obra social de los jubilados supere el estado de «abandono».
El PAMI «en situación terminal». Foto: PAMI
Luego de denunciar ayer ante el Congreso la dramática situación con que se encontró al asumir como titular del PAMI , Carlos Regazzoni insistió esta mañana con que existen numerosos «grupos de presión» para evitar que la obra social de los jubilados supere el estado de «abandono» y las prácticas irregulares que dijo haberse registrado en los últimos años.
«A veces donde tocás sale pus. Cada cambio que querés hacer para mejorar las cosas encontrás resistencia de todo tipo», alertó Regazzoni esta mañana en diálogo con radio Mitre. Ayer había denunciado la existencia de «circuitos mafiosos», «clínicas fantasmas», servicios inexistentes facturados, sillas de ruedas arrumbadas y medicamentos sin entregar, entre otras irregularidades en el Instituto.
Ayer, el director de la mayor obra social del país mantuvo ayer una reunión con representantes de las comisiones de las Personas Mayores; Acción Social y Salud Pública; Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados, en el marco de la cual contó que, al asumir el cargo, encontró «un PAMI en una situación institucional terminal».
«Hay prestaciones que están como cartelizadas y viejas prácticas que no se quieren abandonar», lanzó. El directivo, entre las irregularidades descubiertas en el PAMI por las nuevas autoridades, volvió a hablar de «clínicas fantasmas, demoras inauditas para entregar prótesis, viajes en ambulancia que era inventados; todo esto costó muchísimo dinero».
«Fueron años de abandono, el sistema de distribución de sillas, de prótesis no funcionaba o funcionaba muy mal. La gente tenía hasta un año y medio de espera para conseguir su silla de rueda», detalló.
Regazzoni insistió en manifestarse esperanzado: «Todo lo que estamos haciendo es para poner al PAMI en marcha, para que funcione, para que le dé a los afiliados lo que necesitan», concluyó.
El 13 mayo de 1971, con la sanción de la Ley 19.032 se crea PAMI, ante la necesidad de brindar asistencia médica, social y asistencial a una población que requería atenciones específicas referidas a su edad: los adultos mayores. Si bien su nombre institucional es Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, la mayoría de la población la identifica con las siglas de su eslogan que en sus comienzos hacía alusión al Programa de Atención Médica Integral. Con el correr de los años, este eslogan se fue adaptando a los objetivos institucionales y a las necesidades de nuestros afiliados.
Probablemente nadie haya explicado con tanta sencillez y claridad el funcionamiento de estas componendas como lo hizo el multimediático valijero caído en desgracia Leonardo Fariña, personaje de la farándula y cadete del empresario kirchnerista Lázaro Báez, quien al ser entrevistado por Jorge Lanata resumió el modus operandi de la corrupción kirhnerista de esta manera:
