La destrucción del INDEC en la era K

Historia del desembarco

La decisión de intervenir el Indec no tuvo necesidades netamente económicas -como justificó el Gobierno- sino también una clara intencionalidad política. En octubre de 2007, se efectuaban las elecciones presidenciales y Néstor Kirchner buscaba entronizar a su mujer, Cristina Kirchner. Pero el país atravesaba un problema argentino: la inflación.

Un año antes de que se interviniera el organismo, Moreno buscó acceso a los datos protegidos por el secreto estadístico. Conocida la lista de comercios relevados por el Indec, el secretario de Comercio Interior sabría sobre qué empresarios presionar para falsear el índice de precios oficial.

Moreno no logró que los técnicos le abrieran el índice. Sin embargo, lejos estuvo de rendirse. Así llegó en 2007 el desembarco físico sobre las estadísticas oficiales. De la mano de Paglieri y la entonces directora de Recursos Humanos del Indec, Ana María Edwin, no sólo se violó el secreto estadístico sino que la falsificación se profundizó con otros mecanismos. Se encomendó a los especialistas informáticos la creación de un “parche” informático que limitara las subas de productos. Por otro lado, los precios de los acuerdos firmados durante 2006 comenzaron a tener más peso en las ponderaciones que los relevados en el mercado por los encuestadores. Bajo este influjo, el 5 de febrero de 2007 nació el primer índice de inflación de la era Moreno.

En un primer momento, el Gobierno justificó la intervención del Indec –nunca la aceptó como tal- como una herramienta para desinflar el peso de la deuda ajustada por el CER, un coeficiente ligado al índice de precios. Según la versión oficial -que nunca tuvo una denuncia en los tribunales- los trabajadores desplazados del organismo estadístico estaban complotados con los acreedores de deuda para hacer subir el dato de inflación y mejorar la rentabilidad de sus bonos. Incluso se llegó a afirmar, sin pruebas contundentes, que se vendía información al mercado.

Otra postura oficial radicó en las supuestas “desprolijidades” en algunos de los procesos de relevamiento de información y en las áreas de cobertura que tenía el viejo índice de precios. Tales cuestionamientos aparecen en los descargos de Moreno y Paglieri en la Justicia.

Ese argumento derivó en las proclamas oficialistas que reclamaban modificaciones metodológicas acordes para estadísticas que dejaran de ser puramente técnicas y sirvieran a la política de un “un gobierno nacional y popular”.

La metodología de la intervención oficial

Las primeras discusiones dentro del Indec apenas desembarcó la gente de Moreno fueron sobre los elevados aumentos de algunos productos puntuales. En ese sentido, el primer índice se manipuló precariamente. Pero tras el desplazamiento de Bevacqua de la Dirección de Precios comenzó un proceso de falseamiento estadístico más sofisticado que -en un principio- tuvo tres ejes.

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Por último, Moreno logró acceder a los listados de informantes del Indec protegidos legalmente por el secreto estadístico. Varios de los testigos que declararon ante la Justicia dijeron haber visto a personal que respondía a Paglieri, mano derecha de Moreno, fotocopiar los listados secretos y llevarlos en cajas a la oficina del secretario de Comercio Interior. Entonces, los empresarios empezaron a hablar del “precio Moreno”: era el que cambiaban los hombres de negocios en sus comercios cada vez que un encuestador del Indec pasaba. Luego, volvían a poner los originales. Esto, como se explicó al comienzo, manipulaba “externamente” el índice oficial.

El Indec es, en rigor, un gran sistema estadístico. Cada cálculo funciona como un insumo para otro. Manipulado el índice de inflación oficial, comenzaron a expandirse los problemas, primero a los datos de pobreza e indigencia -que se congelaron- y luego también al cálculo del crecimiento -que fue sobrestimado-. Desde diferentes sectores ideológicos afirman que el Indec esconde millones de pobres. Por otro lado, la oposición denuncia que la sobrevaloración del PBI tuvo como consecuencia que el país debiera pagar más deuda por los bonos atados al crecimiento económico.

El escándalo público que produjo la intervención del Gobierno en el organismo estadístico derivó en que varios senadores de la oposición denunciaran el caso ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), que encabezaba Manuel Garrido. Luego de dos meses de relevamiento y de entrevistas con decenas de testigos, el fiscal dictaminó que en el Indec había habido “graves irregularidades”.

A continuación, una guía interactiva para entender las claves de su resolución con la voz del propio fiscal y hoy diputado para explicar cada punto.

Su dictamen fue retomado por el fiscal Carlos Stornelli, quien pidió medidas al juez Rodolfo Canicoba Corral. Hasta hoy, la causa principal por falseamiento está dormida.

Acceso al dictamen de Stornelli

Manuel Garrido

Fiscal del caso Indec y Diputado Nacional 

Para entender la historia del Indec, es clave visualizar lo que ocurrió en todo 2007, o sea, durante el primer año de la intervención oficial. Durante esa época, se desplazó a los directores más importantes, se reclutó a la llamada “patota” de Moreno en el instituto y se afinó el complejo proceso para falsear todo el sistema estadístico.

La intervención del Indec, camino a la elección de CFK

A pesar de los reclamos de funcionarios de Economía y de las promesas electorales de mayor institucionalidad, a fines de 2007, la recién electa presidenta Cristina Kirchner decidió que nada cambiaría en el Indec: el camino que habían inaugurado su esposo y Moreno seguiría avanzando.

Graciela Bevacqua

Ex Directora del IPC 

La lucha de los trabajadores contra la mentira

La violencia -algo desconocido en el Indec desde su creación en 1968- comenzó a ser moneda corriente desde 2007. La minoritaria Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se opuso a la manipulación de los datos oficiales y a los desplazamientos de trabajadores. Debido a eso chocó contra la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio peronista y mayoritario, que fue el músculo que Moreno usó para su desembarco. La llave para seducirlos fue la entonces directora de RR.HH. del organismo: Ana María Edwin. Su lealtad a Moreno la llevaría a la conducción del Indec.

Las formas de violencia variaron. Muchos fueron desplazados o despedidos, a otros los empujaron a jubilarse y no faltó a quienes despojaran de tareas, su lugar de trabajo o les quitaran montos variables de su salario. A contramano, muchos de los que apoyaron a Moreno fueron beneficiados con mejores cargos.

Marcela Almeida

Ex coordinadora del IPC Nacional 

Alejandro Baranek

Desplazado del Indec 

Fueron muchas las oportunidades en que los trabajadores de ATE-Indec se vieron sometidos con violencia frente a la llamada “patota de Moreno”. Fueron golpeados en asambleas en el edificio central del organismo o en el mismo Ministerio de Economía y varias veces sufrieron destrozos en el local que la junta interna tiene en el décimo piso del Indec.

La situación de Marcela Almeida fue representativa. La intervención en el Indec la desplazó porque era la coordinadora del IPC Nacional, índice que se usaba para desenmascarar la manipulación del IPC-GBA. Almeida fue primero dejada sin tareas en su trabajo, pero -como su vínculo laboral con el Indec era precario- terminó quedándose un año completo sin cobrar su salario hasta que la Justicia le dio la razón y obligó al Indec a que la repusiera en su cargo con el mismo sueldo. Pero el Indec no cumplió del todo con el fallo judicial.

Marcela Almeida

Ex coordinadora del IPC Nacional 

La falsificación de las estadísticas oficiales y la persecución a los trabajadores del Indec que se opusieron a la intervención derivó en el nacimiento de los tradicionales “abrazos” al instituto que organiza todos los meses ATE. La consigna es “¡Fuera la patota del Indec!”. Quienes adhieren a esa consigna creen que el desmantelamiento del organismo -gracias a los desplazamientos y precaria situación laboral- fue lo que logró afianzar la posibilidad de que el Gobierno falsificara las estadísticas.

La historia de lucha de los trabajadores en el Indec se extiende hasta la actualidad. Se trata de una batalla que se extendió ya ocho años con diferentes intensidades y a pesar de que dentro de ATE existen diversas corrientes ideológicas. Sin embargo, a pesar de los embates ejercidos contra ellos, la resistencia aún se mantiene.

La Argentina sin radar

La economía argentina se quedó sin su faro. Actores económicos, medios de comunicación, sindicatos y académicos, entre otros, comenzaron a buscar nuevas fuentes de información. Y comenzaron a surgir alternativas. Primero, algunos institutos estadísticos provinciales (Mendoza y San Luis, luego la Ciudad de Buenos Aires), después, las consultoras privadas. A pesar de las críticas del Gobierno a los economistas que producían sus propias estadísticas, fue Moreno quien les abrió el negocio de producción de insumos básicos. En tercer lugar, se sumaron algunos centros de estudio como Buenos Aires City (con Graciela Bevacqua a la cabeza) o Cenda, donde Axel Kicillof impulsaba un índice alternativo al oficial.

Las consultoras privadas se habían habituado a utilizar los insumos básicos que relevaba el Indec para construir escenarios que luego vendían a sus clientes. La falta de confianza sobre esos insumos provocó que muchos economistas se decidieran a armar nuevos equipos de expertos para salir a tomar sus propios datos.

Para frenar esa tendencia, los tentáculos de Moreno buscaron también acallar a las consultoras. El funcionario intentó multarlas pero perdió su batalla en la Justicia.

La consultora Finsoport de Jorge Todesca fue una de las presionadas para que no difundiera sus datos. Todesca, viceministro de Economía en la gestión de Eduardo Duhalde, apeló la multa a la Justicia Contencioso Administrativa. La cámara falló a su favor y revocó la decisión de la Secretaría de Comercio Interior. La multa quedó sin efecto. La situación llevó a varios economistas a impulsar una denuncia por abuso de autoridad contra Moreno que todavía se tramita.

La frágil situación de las consultoras privadas que calculaban un índice alternativo al del Indec tuvo repercusiones políticas. Tras el intento de Moreno de silenciarlas, la oposición en el Congreso decidió tomar los índices privados -en un promedio- y difundirlos con la protección que otorga el Parlamento. Así nació el índice Congreso.

Patricia Bullrich

Diputada nacional 

Todos los privados coinciden -incluso también los trabajadores nucleados en ATE- en que el organismo más capacitado para calcular la inflación, el PBI, la pobreza o el desempleo es el Indec. Y, por ende, reconocen las limitaciones de sus mediciones propias. No obstante, reivindican que -en tiempos de falta de información confiable- hayan nacido mediciones alternativas que buscaran ser más realistas que las del Indec.

Jorge Todesca

Economista y director de la consultora Finsoport 

La inflación no fue el único retoque. Desde mediados de 2007, cuando la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) fue intervenida por el Gobierno, el dato de pobreza e indigencia oficial comenzó también a ser cuestionado. Justamente uno de los insumos más importantes para calcular esos índices era el mismo dato de precios, ya falseado. Los últimos datos de pobreza e indigencia publicados por el Gobierno son de fines de 2013. Fue en ese año cuando, “por problemas de empalme”, la gestión de Kicillof decidió no informar más cuántos pobres e indigentes hay en la Argentina de Cristina Kirchner.

Cynthia Pok

Ex-directora de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec 

Recién en 2008, las universidades tomaron un rol más activo frente a la situación que vivía el Indec. Fue gracias a un decreto del entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa, que se reunieron varias en el Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES). Las casas de estudio presentaron un preciso informe en 2010 en el que decían que el IPC oficial “no era confiable” y en el que reclamaron un “cambio urgente” en el organismo. El entonces ministro de Economía, Amado Boudou, nunca lo recibió.

Sin embargo, gracias a algunos profesores de la Universidad de Buenos Aires (UBA), entre ellos Nicolás Salvatore, nació en marzo de 2009 Buenos Aires City, un centro de estudios que buscaba recrear el IPC-GBA gracias a la experiencia de Bevacqua, primera desplazada del Indec.

Nicolás Salvatore

Profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 

Las consecuencias de la intervención

Tras el escándalo público que suscitó la intervención del Indec, la desconfianza se expandió a todos los números oficiales. Moreno había tomado un organismo estadístico modelo en América latina y lo había desmantelado parte por parte.

La falsificación de los datos oficiales tuvo múltiples consecuencias. En primer lugar, la Argentina se quedó sin estadísticas confiables para planificar políticas públicas y la sociedad dejó de tener acceso información clave para poder interpretar su propia realidad. La manipulación del Indec, por ejemplo, derivó en el ocultamiento y desaparición de millones de pobres.

Sin datos objetivos, todos los contratos quedaron supeditados al capricho de los actores. Cada gremio maneja hoy sus datos de inflación para calcular las demandas salariales en paritarias, para los inquilinos es difícil establecer si es justo o no la suba de un alquiler, de la misma manera que es imposible determinar una fórmula de actualización para el pago por manutención de una madre divorciada y sus hijos, entre otros ejemplos.

La intervención al Indec generó un bache en los datos públicos que se extiende entre 2007 y la actualidad, y que dificulta el trabajo de académicos y universidades. Es un vacío que probablemente nunca se corrija por los juicios que podría provocar.

Lucas Llach

Economista y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) 

También el mundo comenzó a dudar de los datos que producía el Gobierno. El Fondo Monetario Internacional (FMI) empezó a destacar en sus anexos estadísticos las críticas locales que se vertían sobre el índice de precios oficial y el cálculo del PBI. La prestigiosa revista The Economist dejó afuera a la Argentina de su índice mundial sobre competitividad (en febrero 2012 decidió no publicar las estadísticas oficiales de la Argentina y todavía no las publica). Varios organismos de estadísticas a nivel global criticaron a la Argentina. El Gobierno, en busca de nueva deuda, pidió ayuda al FMI, para reformular su índice de inflación, algo que sólo habían hecho países africanos.

En un hecho inédito entre sus socios, el Fondo sancionó al país a comienzos de 2013 con una moción de censura debido a la mala calidad de estadísticas. El organismo advirtió entonces que, de no mejorarse los índices, el país podría ser expulsado. El caso argentino sigue en revisión y aún no tiene un punto final dentro del FMI.

Nicolás Salvatore

Profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 

La reputación argentina se derrumbó. Una de las principales consecuencias de la falta de credibilidad de las estadísticas fue la retracción de las inversiones en el país, panorama que se agravó luego de la instalación del cepo cambiario y la imposibilidad de repatriar dividendos. Esta situación, sumada a la crisis energética, derivó en una importante escasez de divisas.

El Indec no perdió oportunidad. Según el análisis de varias consultoras privadas -en base a datos propios del Indec- el Gobierno comenzó en 2013 a inflar artificialmente las exportaciones locales en los informes oficiales que producía el mismo organismo estadístico para disimular el cada vez más flaco saldo comercial y la falta de divisas.

La falsificación estadística impulsada por el Gobierno fue “cómplice” además -durante el último año- de la licuación salarial de los trabajadores estatales (especialmente los maestros) y de las jubilaciones. En 2014 -año en el que el kirchnerismo impulsó un ajuste- el organismo estadístico ocultó la primera caída del salario real, incluso a pesar del nacimiento del nuevo índice de inflación elaborado sólo para complacer al FMI.

El Indec, en la actualidad

En 2014, el Gobierno intentó un nuevo maquillaje de las estadísticas. Lanzó el llamado IPC-Nu, un índice de precios a nivel nacional. Si bien en un principio produjo cierta esperanza de cambio, la brecha entre el Indec respecto de las mediciones de los privados y los organismos provinciales volvió expandirse con el pasar del tiempo. Por otro lado, nunca se volvieron a publicar los precios promedio relevados ni la conformación de las nuevas canastas seleccionadas. Según expertos, en los últimos meses de 2014, el Gobierno modificó la metodología de relevamiento con el objetivo de darle más peso en la ponderación al programa oficial Precios Cuidados -acuerdos con las empresas- en la medición. Esto buscó congelar la suba del índice oficial.

Víctor Becker

Economista de la Universidad de Belgrano y ex-director de Indec 

Nadie sabe cuál es la inflación en la Argentina y, como se advirtió anteriormente, el dato de pobreza oficial desapareció completamente. El Gobierno no volvió a publicarlo. Los últimos datos cuestionados fueron, en tanto, los de desempleo. En un país en recesión se destruye empleo pero no sube el desempleo porque las personas -dicen las estadísticas del Indec- se retiran voluntariamente, algo que los expertos en el mercado laboral no avalan. En momentos de corridas cambiarias, baja de reservas y falta de dólares, las dudas se expandieron durante 2015 al informe oficial sobre el Intercambio Comercial Argentino (ICA).

Hay un consenso amplio sobre la necesidad de una transformación en el Indec. Incluso entre algunos sectores del oficialismo se pide en voz baja. Parece claro que, gane quien gane en las elecciones presidenciales de 2015, se avecina un fin de ciclo que simboliza el cierre de la etapa más oscura para las estadísticas públicas.

Línea de tiempo para resumir los principales hechos de la intervención