Vergüenza: Oyarbide sobreseyó a Echegaray
marzo 5, 2016
Oyarbide sobreseyó a Echegaray y hace peligrar el caso Báez
Lo hizo en una causa paralela donde el ex titular de la AFIP estaba acusado de favorecer al empresario K.
Por Nicolás Pizzi.
Ricardo Echegaray, funcionario corrupto.
Lázaro Báez acumula deudas y despidos, pero la Justicia todavía no pudo ponerlo en aprietos. La investigación principal, en manos del juez Sebastián Casanello, conocida como la “ruta del dinero K” arrastra un talón de Aquiles jurídico: la falta de un delito precedente. Las investigaciones abiertas sobre evasión fiscal, a través de la compra de facturas truchas, mantenían una luz encendida. Pero el polémico juez Norberto Oyarbide decidió apagarla. El magistrado sobreseyó al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray en una causa en la que estaba acusado de encubrir a Báez. La decisión, según fuentes judiciales, no fue apelada por el fiscal Guillermo Marijuán.
La decisión de Oyarbide, en un expediente que habían iniciado las entonces diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso, podría tener un efecto devastador. Ocurre que Casanello tiene una denuncia abierta de la diputada Margarita Stolbizer con el mismo objeto, que ahora perdería vigencia por el efecto de cosa juzgada. Ahí están denunciados Echegaray, el propio Báez y las empresas involucradas en la maniobra de evasión.
Si eso ocurre, el juez de la ruta del dinero K quedaría impedido de investigar la estructura de encubrimiento estatal a favor de Báez. Además, la causa podría emigrar a Bahía Blanca, donde están radicadas las empresas que le habrían facilitado las facturas a Austral Construcciones. Se trata de Calvento, Grupo Penta, la empresa Constructora Patagónica Argentina, y la firma Iberoamericana de Servicios, tal como había revelado el diario La Nación.
Las causas donde se investigaba el encubrimiento de la maniobra de evasión, en este caso el delito precedente, eran la llave para imputar a Báez por Lavado de dinero. Casanello había resuelto ese laberinto de otra manera: cuando procesó a Leonardo Fariña y Federico Elaskar los vinculó con las denuncias de narcotráfico de Juan Suris.
La denuncia de Alonso y Bullrich había tenido un fuerte impulso del fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes, quien llegó a decir que había “indicios del funcionamiento de una red tutelar dedicada a bajar las cortinas de la complicidad o el silencio para evitar que se destapen los chanchullos de Báez”. Y le apuntó al entonces titular de la AFIP, un hombre que tiene una fuerte protección en Comodoro Py. “Echegaray sería una pieza clave en la ocultación maliciosa de la panoplia delictiva de Lázaro Báez, sus asociados y sus cómplices punibles”, sostuvo por entonces el fiscal Moldes.
El actual presidente de la AGN también estaba acusado de haber desarmado la regional de la AFIP en Bahía Blanca, a la redujo a “agencia”, justo cuando se investigaba la venta de facturas truchas.
Las empresas proveedoras de facturas carecían de antecedentes en la construcción, y no tenían empleados, aunque eran subcontratadas por Austral Construcciones por montos millonarios. Esa maniobra le permitió a Báez reducir los impuestos que pagó durante los últimos años.
Fuente: Clarín, 05/03/16.
No hay justicia para Nisman
marzo 4, 2016
Se destapó la cloaca del caso Nisman
Por Julio Blanck.
En un puñado de días, y en sucesión llamativa, el fiscal general Ricardo Sáenz dictaminó que a Nisman lo habían asesinado; y el temido y siempre turbio espía Jaime Stiuso volvió al país, se presentó a declarar y sostuvo que el supuesto asesinato, en enero de 2015, había sido obra de un grupo vinculado al gobierno de Cristina (Kichner), a quien cuatro días antes Nisman había acusado de encubrir a iraníes por el atentado a la AMIA.
Esto, a menos de tres meses de la asunción presidencial de Mauricio Macri, bastó para que saltara por el aire la gruesa losa que el gobierno de Cristina Kirchner había colocado, en defensa propia, sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Ahora se destapó la cloaca. Lo que quedó al descubierto promete desagradables consecuencias judiciales, políticas, o ambas a la vez, para una lista que encabeza la propia ex Presidenta, seguida en orden aleatorio por el ex supersecretario Carlos Zannini, el tan verborrágico ex jefe de espías Oscar Parrilli, el teniente general en retiro rotundo César Milani, el hiperquinético ex secretario de Seguridad Sergio Berni y el jefe de la Policía Federal, Román Di Santo, quien ocupa ese puesto desde hace tres años.
Integra además esa nómina la defenestrada fiscal Viviana Fein, pieza decisiva en la construcción del segundo entierro de Nisman, el de la causa por su muerte. También su jefa espiritual y operativa, la todavía procuradora general Alejandra Gils Carbó. A ellas podría sumarse la jueza Fabiana Palmaghini, que sorprendió al declararse incompetente en la causa luego de haber rechazado esa petición puntual de la familia de Nisman un par de semanas atrás. Su fundamento para dejar ahora el caso fue que existía violación de correspondencia de Nisman (correos electrónicos y teléfono celular), un delito federal que ya estaba en el expediente desde hacía más de seis meses. En cambio Palmaghini mencionó la cuestión del presunto homicidio apenas lateralmente.
Tampoco está claro en qué terminará la peripecia de Stiuso, el hombre que llevó de la mano a Nisman en la investigación contra los iraníes por el atentado a la AMIA, a quien Cristina defenestró finalmente y que terminó señalado como “autor intelectual” de la denuncia de encubrimiento presidencial.
En gentil devolución, el gobierno kirchnerista señaló entonces a Stiuso como posible instigador de la muerte de Nisman. Fue cuando el kirchnerismo hablaba de crimen antes de volver a hablar de suicidio, como parte de su exitosa estrategia de enchastre y confusión general.
En el último año, entre su declaración original ante la fiscal Fein y su estruendoso regreso de esta semana, Stiuso se refugió en los Estados Unidos. Allí disfrutó de una protección seguramente labrada en su larga vinculación operativa con la CIA. De allí que esta llamativa sucesión de hechos en el caso Nisman sea vista en ciertos ámbitos políticos y judiciales como una operación cuyo garante de última instancia sería la administración de Washington y su representación local, La Embajada.
En las líneas menores de los alcanzados por el caso Nisman habría que anotar al grupo Quebracho, siempre sospechado de estar penetrado, cuando no directamente teledirigido por los servicios de inteligencia. Y al jerarca piquetero Luis D’Elía, antisemita y proiraní notorio, un personaje que hostiliza a la familia Nisman por el caso AMIA desde el lejano tiempo en que el fiscal estaba casado con la jueza Sandra Arroyo Salgado y ambos convivían en un departamento del barrio de Palermo, adonde D’Elía organizó escraches y marchas.
Las intimidaciones y amenazas a los Nisman nunca cesaron del todo. El fiscal y su ex mujer habían sido agresivamente fotografiados hace nueve años, al salir de la clínica tras el nacimiento de Kala, su hija menor. Y a fines del año pasado la hija mayor, Iara, llamó a su madre –de viaje en el interior del país– porque desde un auto que entró al country donde viven se estaban tomado fotos de manera ostensible hacia su casa.
El Gobierno asegura que permanece ajeno a todo este tráfico contaminado, aunque sus efectos políticos puedan beneficiarlo por el previsible acorralamiento judicial y político del kirchnerismo duro y su Jefa.
Pero en la Casa Rosada dicen, con cierto rencor fermentado, que “esta banda es la que persiguió a Macri y le inventó la causa por las escuchas”. Cuando se refieren a “esta banda” hablan de Stiuso y de su equipo: jueces, juezas, fiscales, gestores judiciales, espías, víctimas a medida, toda gente a generoso sueldo –formal o informal– del kirchnerismo durante la “década ganada”.
El cambio de gobierno creó un contexto favorable para que el caso Nisman avanzara, superando la paralización judicial. Pero sería muy aventurado afirmar que el macrismo haya tenido algo que ver, directamente, con los hechos de los últimos días.
La capacidad de operación de los funcionarios de Macri sobre la Justicia resulta por ahora bastante menguada. Es todo un cambio saludable, vista la profusa contaminación en sentido contrario ocurrida cuando Stiuso estaba al servicio de los Kirchner y sus operadores hacían y deshacían, repartiendo premios y castigos en cámaras, juzgados y fiscalías estratégicos.
Pero esa limitada capacidad operativa es también fruto del fracaso en algún intento de acortar distancias con los magistrados. El ministro de Justicia, Germán Garavano, a través de un juez federal trató de armar un encuentro con integrantes de ese fuero decisivo. Su convocatoria resultó mínima.
Así, aún reconociendo que la disposición del macrismo a respetar la independencia de los jueces es indudable, el Gobierno termina haciendo de la carencia una virtud.
A los jueces federales, lobos solitarios que nunca cazan en manada, no es sencillo reunirlos. Mucho menos cuando uno de los proyectos de reforma judicial que impulsa el Gobierno implica una dilución de su poder por la creación de una decena de juzgados para casos de criminalidad organizada. “Nos quieren dejar solamente los casos de los pibes que agarran fumándose un porro”, exagera un juez que ha sabido hacer uso intensivo del poder que le da su cargo.
Hoy los jueces federales se miran de reojo entre sí, calculando a quién podría caerle la causa Nisman si se consolida el alejamiento de la jueza Palmaghini y el cambio de fuero. Aunque el motivo del apartamiento haya sido la violación de correspondencia de Nisman, parece claro que cualquiera que tome el caso iría directo sobre las circunstancias de la muerte del fiscal. Sería una mala noticia para Cristina y su séquito.
La Justicia parece despertar de un largo sueño respecto de la ex Presidenta. No es el caso del juez Claudio Bonadio, que había avanzado con el caso Hotesur hasta que el cristinismo consiguió sacarlo de la causa. Pero ahora la tiene citada a indagatoria a Cristina por el multimillonario negocio del dólar futuro que benefició a grandes corporaciones y al poder financiero. Este caso pone en la primera línea de involucrados al ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, y a su jefe político, el entonces ministro y hoy diputado Axel Kicillof.
En estos días, el juez Ariel Lijo volvió a mover la causa por la financiación de la campaña de Cristina en 2007 y citó como sospechosos a ex funcionarios y empresarios. Y el fiscal Carlos Rívolo pidió el juicio oral en la causa por enriquecimiento ilícito contra Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, ya condenado por la tragedia de Once. Dicen en Tribunales que el avance de esta causa por enriquecimiento podrá finalmente enviarlo a prisión.
El caso Hotesur, en su capítulo de presunto lavado de dinero en los hoteles de la familia Kirchner, pasó del juez Daniel Rafecas a su colega Julián Ercolini. Después de una pericia la causa quedaría lista para avanzar de modo decisivo: las pruebas de lavado serían contundentes.
A Rafecas, el mismo que había rechazado la denuncia de Nisman contra Cristina, le quedó el tramo de Hotesur referido a las contrataciones que Aerolíneas Argentinas hizo en esos hoteles. Esta semana el diario La Nación reveló que la empresa que Cristina le prestó a La Cámpora para que gestione algo, le pagó casi 5 millones de dólares a la empresa de la familia Kirchner desde el año 2008. Eso equivale al alquiler de 15 habitaciones todos los días de todas las semanas de todos los meses de todos esos años. Algo tendrá que hacer Rafecas. Algo que quizás a Cristina no le guste.
El bochorno insostenible de la causa Nisman es un espejo en el que ningún juez hoy quiere mirarse.
Fuente: Clarín, 04/03/16.
La campaña de Cristina Kirchner se financió con fondos ilícitos
marzo 1, 2016
Para el juez Lijo, «la campaña presidencial de Cristina se financió con fondos ilícitos»
Cuáles fueron las principales frases del magistrado federal que investiga el origen de los fondos que financiaron la campaña del FpV de 2007.
Afiche de campaña de Cristina-Cobos
El juez federal Ariel Lijo citó a declaración indagatoria a ex funcionarios kirchneristas y empresarios por el presunto delito de Lavado de Dinero durante la campaña electoral de Cristina Fernández de Kirchner para las elecciones presidenciales de 2007.
Mirá también: Citan a ex funcionarios y empresarios por lavado de dinero en la campaña de Cristina
El magistrado federal habló del caso por primera vez por Radio Nacional y dejó varias frases para repasar sobre esta causa:
“La investigación es muy complicada y va a recorrer los ministerios».
«No existió ningún registro contable de los aportes de campaña».
«Está claro que el origen del dinero es ilegal»
«Entregaban un aporte por el que recibían una factura y en el banco se cubría el depósito con dinero en efectivo, por caja. Así es imposible establecer los orígenes y las firmas no pueden establecer el origen de los depósitos».
«No existía similitud con los parámetros de dinero que manejaban las empresas aportantes a la campaña de Cristina y Cobos».
«Es probable que el origen de este dinero esté relacionado con la efedrina, pero no lo podemos establecer y va a ser muy difícil probarlo».
“Las personas involucradas tienen vinculación con otras investigaciones en trámite por causas ilícitas».
«Se descartaron muchas hipótesis hasta llegar a la conclusión de que la campaña se financió en parte con fondos ilícitos».
«Hubo dos peritajes de la Corte en esta investigación», fueron algunas de las principales frases que dio hoy Ariel Lijo, juez federal.
Fuente: Clarín, 01/03/16.
Cristina Kirchner: Cuando el destino la alcance
febrero 29, 2016
A Cristina la alcanzó el destino
Por Jorge Oviedo.
Charlton Heston protagonizó en 1973 la fantástica película Soylent Green, aquí titulada Cuando el destino nos alcance, un policial duro, futurista y oscuro, que algunos citan como antecedente de la extraordinaria Blade Runner, del director Ridley Scott.
El personaje de Heston anda investigando otras cosas en un planeta oscurecido por la contaminación, mientras el discurso oficial dice que todo pasará, que la Tierra volverá a ser sustentable. Finalmente el investigador termina descubriendo que no es así, que hay un «relato» que miente y que esconde un futuro mucho peor.
¿Una metáfora del final del kirchnerismo? ¿Por qué no? Los dólares vendidos a futuro y a muy corto plazo crearon la ilusión de que Cristina Krichner no había devaluado, lo que terminó sucediendo durante la gestión de Mauricio Macri.
La ex presidenta y los suyos se las arreglaron vendiendo «soñar futuro» de un modo claramente dañino para los activos del Banco Central (BCRA).
Sólo en los últimos días parece que Cristina Kirchner y los funcionarios que participaron de la maniobra pueden terminar condenados por el uso de un ruinoso esquema que consistió en comprometer la venta de dólares a un tipo de cambio mucho más bajo que el del mercado.
El mecanismo incluía que el pago debía ser afrontado cuando ya estuviera el nuevo gobierno en el poder. Las autoridades que asumieran en diciembre deberían hacerse cargo de afrontar la operación de encubrimiento, emitiendo pesos a raudales, ya que esa clase de contratos se hacen y pagan en moneda local al tipo de cambio vigente, en un cóctel explosivo de emisión, inflación y caída del salario real.
Pero el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, tomó precauciones y previó el dislate, lo que ahora pone a la ex presidenta y a su equipo económico por primera vez muy cerca de una condena, a pesar de las múltiples causas que la persiguen.
No deja de ser curioso que se trate de una causa provocada por el descubrimiento de los tan visibles «futuros» o «derivados» (también conocidos como «derivativos», para los que traducen mal el inglés financiero). Se trata de sistemas complejos y muy riesgosos, desaconsejados para los que no son expertos y que se hicieron muy conocidos en los últimos años.
El caso más emblemático fue el de la crisis del sudeste asiático en la década del 90, que se desató cuando Tailandia dejó de vender reservas, lo que desató una corrida que contagió a otras economías de la región, como Corea del Sur y Hong Kong. El entonces presidente del Banco Central tailandés, al que algunos llegaron a acusar de alcohólico, confesó que lo que contaba como reservas estaba vendido a futuro y por lo tanto no podía ser usado. A partir de ese caso, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hicieron un extenso trabajo internacional que la Argentina también aplicó, diciendo qué podía llamarse reserva y qué no. Lo que estaba vendido a futuro, claramente, no debía contabilizarse.
¿Por qué Cristina Kirchner y su equipo en el Banco Central, incluido Kicillof, a quien ella consideraba un genio, se escondieron tras esa endeble cobertura? La respuesta parece ser que por un tiempo funcionó, aunque lo hizo sumando daños a la economía y manteniendo los ilusorios resultados de consumo general.
Claro que se requería también mantener en niveles altos la inflación y la emisión, un déficit fiscal en crecimiento, una industria planchada y el empleo en peligro. Nada apto para una nueva gestión, que parece no haber tenido más remedio que cortar con el artificio y poner a sus mayores responsables en el duro camino en que parece haberlos alcanzado el destino, como mencionaba la película de Heston.
Es cierto que nunca pareció estar tan cerca un final trágico para quienes no hace mucho se sentían eternos e invencibles.
No parece el final optimista de la versión más conocida de Blade Runner, que por cierto a Scott no le gustó y por esto editó una propia, más oscura y realista.
Mucho más dramática y cercana al final de Soylent Green, en la que Heston demuestra ser algo más que un galán recio y un gran actor anticipando que el destino fatalmente matará al relato, como está ocurriendo ahora.
Fuente: La Nación, 29/02/16.
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Cristina Kirchner será indagada por fraude
febrero 27, 2016
Cristina Kirchner será indagada como sospechosa de fraude
La citó Bonadio por la venta de dólar a futuro, que provocó un quebranto al BCRA de $ 7500 millones; será la primera vez que deberá presentarse en tribunales; también serán interrogados Kicillof y Vanoli
A sólo dos meses y medio de haber dejado el poder, la ex presidenta Cristina Kirchner fue citada por la Justicia a prestar declaración indagatoria como sospechosa de fraude por indicar al Banco Central la venta de dólares en el mercado de futuros a un precio que hizo perder dinero al Estado en su administración y en la de su sucesor, Mauricio Macri.
La citación a la ex presidenta fue dispuesta por el juez Claudio Bonadio, que entendió que, más allá de la autarquía que rige las decisiones del Banco Central, fue ella quien dispuso la operatoria. Bonadio es uno de los jueces federales más activos contra el kirchnerismo y responsable de haber allanado meses atrás las oficinas de Máximo Kirchner en un caso de lavado de dinero contra su madre.
Es la primera citación como imputada que recibe Cristina Kirchner desde que dejó el cargo, pero no es la única acusación que enfrenta, pues es investigada en el caso Hotesur por sus negocios hoteleros y sus vínculos con el empresario kirchnerista Lázaro Báez.
La denuncia que motivó la citación fue presentada por los jefes legislativos de Cambiemos Mario Negri y Federico Pinedo, pero la inspiró Alfonso Prat-Gay, actual ministro de Hacienda. La ex presidenta deberá responder por el delito de administración fraudulenta por abuso de confianza, pues hay un perjuicio para el Estado.
Además de Cristina Kirchner, citada para el 13 de abril, deberán declarar el ex ministro de Economía Axel Kicillof el 12 de abril, el ex secretario de Finanzas Pablo López el 8 de abril, el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli el 7 de abril, el ex vicepresidente del Banco Miguel Ángel Pesce el 6 de abril, y los ex directores Alejandro Formento, Sebastián Aguilera, Pedro Biscay, Mariano Beltrani, Germán Feldman, Barbara Domato Conti y Flavia Madorrán en días sucesivos desde el 28 de marzo.
La citación a indagatoria a Cristina Kirchner implica una aceleración de las causas contra el kirchnerismo en tribunales. Hasta ahora los jueces federales venían profundizando sus casos contra los ex funcionarios en problemas, como Amado Boudou y Ricardo Jaime, pero ir contra la ex presidenta de este modo encendió una luz de alarma. Es que -analizaron algunos funcionarios judiciales en Comodoro Py 2002- se trata de un caso difícil de entender para el común de la gente y una medida que tensa el clima político en momentos en que el Gobierno busca la gobernabilidad dialogando con el peronismo en el Congreso. Una citación a indagatoria, sumada a la inflación creciente y el malestar de organizaciones sociales kirchneristas, puede generar una situación de inestabilidad no deseada por el Gobierno, analizan. De hecho el kirchnerismo ayer denunció una persecución política y anunció que el día de la indagatoria marchará en defensa de su jefa política.
Lejos de ese análisis, Bonadio decidió la indagatoria de Cristina Kirchner, como lo hizo en otras causas contra el propio Vanoli, Aníbal Fernández, Guillermo Moreno, Ricardo Jaime y su sucesor Juan Pablo Schiavi (ambos condenados por la tragedia de Once).
El juez basó su citación en los testimonios de Alfonso Prat-Gay, Martín Redrado, del ex presidente del Banco Central Juan Carlos Fábrega, de Lucas Llach y Horacio Liendo, entre otros. Bonadio entendió que la decisión de vender dólar a futuro en condiciones desfavorables fue de la ex presidenta porque razonó que así como la salida de Redrado o Fábrega del Banco Central fueron una decisión presidencial, lo fueron estas operaciones. Entre 2005 y 2014 el Banco Central las realizó legalmente, a veces ganando y otras perdiendo, hasta las efectuadas entre septiembre y noviembre de 2015, donde hubo un quebranto.
Con los informes técnicos en la mano, Bonadio afirmó que las operaciones del dólar futuro provocaron un quebranto de 7575 millones de pesos para el Banco Central en diciembre de 2015 y enero de 2016. Y que el Banco Central tiene que pagar por las operaciones abiertas desde febrero a junio próximos 39.879 millones de pesos. Ya pagó 1552 millones de pesos por operaciones realizadas entre septiembre y diciembre de 2015, y por los contratos activos de enero a junio de este año tuvo un saldo negativo de 27.724 millones de pesos. Todas las operaciones abiertas por dólar futuro entre septiembre y noviembre del año pasado fueron por 17.000 millones de dólares.
Más claramente el juez dijo que toda la emisión monetaria del 31 de diciembre al 24 de febrero se destinó a pagar el quebranto de las operaciones de dólar futuro concretadas por el BCRA.
La denuncia cuestiona que Vanoli, y el directorio del Banco Central, vendió dólares a futuro a un precio menor del que podría haber obtenido en el mercado. La ley lo obliga a vender a un precio de mercado. Los futuros cambiarios son contratos en los que un vendedor -en este caso el BCRA- se compromete a desprenderse de una cantidad de dólares a un precio predeterminado en una fecha futura. El Banco Central vendió moneda a futuro a 10,65 pesos cuando en el mercado de Nueva York el valor era de 14 o 15 pesos. En consecuencia, un inversionista podría haber comprado a 10 pesos y vendido a 14 pesos, con lo que habría obtenido una ganancia especulativa instantánea a costa del patrimonio del Banco Central. Estas operaciones se realizan sin la entrega física de los dólares: se liquida en pesos la diferencia entre el precio de cotización y el del contrato.
Prat-Gay, cuando declaró como testigo, dijo que todo el directorio del Banco Central tomó la decisión de aplicar esta política, lo que le dio base a Bonadio a citarlos a todos como sospechosos.
Kirchneristas en apuros
Seis ex funcionarios procesados por presuntas irregularidades
Daniel Gollán
Ex Ministro de Salud
Procesado por irregularidades en el plan Qunita
Aníbal Fernández
Ex Jefe de Gabinete
Procesado por las licitaciones del plan Qunita
Guillermo Moreno
Ex Secretario de Comercio
Procesado por el cotillón anti-Clarín
Juan Manzur
Ex Ministro de Salud
Procesado por el manejo del plan Qunita
Amado Boudou
Ex vicepresidente
Procesado por la apropiación de Ciccone
José Sbatella
Ex titular de la UIF
Procesado por revelar datos secretos
Fuente: La Nación, 27/02/16.
CFK: 8 años como Presidenta y al menos 50 causas abiertas
Así figura en un registro de la Justicia. En siete de ellas se la investiga específicamente.
Por María Eugenia Duffard.
Fue la Presidenta de la Nación durante ocho años, tiempo suficiente, en Argentina, para acumular denuncias. En el caso de Cristina Kirchner y según el sistema electrónico de registro de la Justicia Federal, son al menos 50 las denuncias que se convirtieron en causas penales que aún están en trámite. A la ex mandataria la investigan, en la mayoría de los casos, por defraudación al Estado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y también enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Este sistema de registro online es al que se refirió hace pocos días el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, cuando advirtió que están trabajando para que sea más específico y abierto a toda la sociedad. Es que el registro electrónico, advierten en los tribunales de Comodoro Py, es solo indicativo y no exhaustivo. Así, por ejemplo, hay causas que aún figuran como abiertas pero que ya fueron desestimadas o archivadas y otras que no aparecen y están en trámite. Según pudo averiguar Clarín de la consulta a fuentes judiciales y el análisis del listado, la ex presidente está implicada en al menos 50 causas, pero son al menos siete en las que se la investiga específicamente y no como responsable última, por la investidura del cargo que ocupó entre 2007 y 2015.
Así, además de la investigación a cargo del juez federal Claudio Bonadio en la que ayer la llamó a indagatoria por la venta de dólar futuro, Cristina figura implicada en otras cuatro causas en ese juzgado. Pero la del dólar futuro no es la más famosa de las investigaciones que involucran a la ex mandataria en los tribunales federales. Quienes tienen los expedientes más complicados para Cristina son los jueces Julián Ercolini y Daniel Rafecas, del Criminal y Correccional Federal 10 y 3 respectivamente. Son ellos quienes la investigan por asociación ilícita y lavado de dinero, entre otros cargos. Todo por la intrincada causa Hotesur. También Sergio Torres, del Federal 12, tiene dos causas sensibles para Cristina que apuntan a su patrimonio. En una se investiga si la Presidenta omitió declarar parte de lo que heredó tras la muerte de su esposo como denunció Margarita Stolbizer y otra en la que se averigua sobre el valor de sus joyas por denuncia de Graciela Ocaña. Cuando esta semana Rafecas se declaró incompetente en parte de esa investigación en la que había avanzado Bonadio hasta que fue recusado, aludió a otra causa a cargo de Ercolini desde 2008. Se trata de aquella originada por una denuncia de Elisa Carrió en la que se acusó a Néstor y Cristina Kirchner y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Juan Carlos Relats de asociación ilícita y lavado de dinero. Según Rafecas, es Ercolini quien debe incorporar como nuevos hechos en esa investigación, las presuntas maniobras de lavado con los hoteles de los Kirchner que figuraban en la causa Hotesur. Pero Rafecas se quedó con una parte de ese expediente e investiga a Cristina por irregularidades en el legajo de su empresa ante la Inspección General de Justicia y por inconsistencias en sus declaraciones juradas entre 2011 y 2012.
Fuente: Clarín, 27/02/16.
Jorge Lanata en Harvard: “Cristina tiene que ir presa”
febrero 24, 2016
Lanata en Harvard: “Cristina tiene que ir presa”
Por Paula Lugones. Enviada especial. Boston.
El periodista habló de la década K en la misma casa de altos estudios donde en 2012 Cristina definió como una “abogada exitosa”, al ser consultada sobre su riqueza por estudiantes de esa universidad.
La cita fue en la misma Universidad donde la ex presidenta Cristina Kirchner pronunció su célebre “Chicos, estamos en Harvard”, ante una serie de preguntas que la incomodaban. Era septiembre de 2012 y entonces Jorge Lanata era uno de los que miraba la disertación de la jefa de Estado, que evitaba hablar del incremento de su patrimonio y se definía como una “abogada exitosa”. Anoche el periodista volvió al escenario de esta prestigiosa casa de estudios en Cambridge, frente a Boston, pero esta vez para brindar él una conferencia sobre el futuro de Argentina. “Estamos dejando atrás una de las décadas por lejos más corruptas de este siglo y del pasado como si nada, no podemos permitirlo”, dijo y reclamó: “Cristina tiene que ir presa”.
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Ante cerca de 300 personas, que llegaron a sentarse en el piso del abarrotado auditorio del David Rockefeller Center for Latin American Studies, Lanata dijo que anhelaba que en la nueva etapa que se inauguró con el presidente Mauricio Macri “haya justicia porque, si no se termina la impunidad, la Argentina no podrá cambiar en otros campos”. “Para mí –agregó– Cristina tiene que ir presa y yo creo que (la gente) votó a Macri también por eso”. “Lo que digo es que las causas judiciales sigan, que ésta no resulte una década impune”.
El periodista hizo un recorrido por la historia del país para demostrar que la Argentina es un país muy particular y que la corrupción y las coimas ya están desde los orígenes de la Nación. Más cerca, en el menemismo, citó el escándalo del “Swiftgate”. “La empresa no quería pagar el 40% de coima”, señaló. Y dijo que el modelo cambió con el kirchnerismo. “Los kirchneristas no hicieron eso (pedir porcentajes de coimas). Se quedaron con las empresas. Si construias un puente, te autorizaban pero te pedían el 5% toda la vida” . “Este tipo de corrupción estructural es más permanente, la coima está en la economía”, advirtió.
Con un tono de ironía que despertó la risa del auditorio, Lanata se refirió a las causas que pesan sobre el ex vicepresidente: “Por lo que yo veo en los diarios, a lo mejor pasa algo con (Amado) Boudou, lo dejan sin recreo, le ponen 5 amonestaciones”, dijo. “No se va a construir un país en serio se estas cosas no cambian y no se hace justicia en serio”.
Cuando le preguntaron si el gobierno de Macri significaba un verdadero cambio, Lanata dijo que lo que estábamos viviendo “no es un cambio, es el comienzo de un cambio. Los cambios rápidos no existen, los verdaderos son lentos, si son rápidos se vuelve para atrás”. Y agregó que “hay que pensar que lo que vamos a construir va a tardar mucho tiempo, 20, 30 años, no 3”.
En ese mismo lugar, Cristina Kirchner escuchó consultas sobre los temas más polémicos de su gestión, como el INDEC, la reforma constitucional, la libertad de expresión e incluso el aumento de su patrimonio.
Video: http://www.clarin.com/mundo/Lanata-Harvard-Cristina-ir-presa_0_1528647180.html
Fuente: Clarín, 24/02/16.
Más información:
Carlos Menem: «Se dice que Cristina mató a Néstor»
«Menem no tiene nada de inocente en la política. Por el cargo que ocupó debe saber que ha puesto en la mesa una versión que la Justicia de oficio no puede ignorar. Hay que repetirlo: ex Presidente y senador.»
Ricardo Kirschbaum. Clarín, 24/02/16. Ver nota completa.
Lía Salgado opina sobre el Kirchnerismo
enero 26, 2016
Lía Salgado, sin pelos en la lengua, opina sobre el Kirchnerismo
Fuente: Intratables. América TV, enero 2016.
Szpolski-Garfunkel: El ocaso del grupo mediático K
enero 18, 2016
Szpolski-Garfunkel: la implosión del mayor grupo kirchnerista de medios
Por José Crettaz.
Los empleados del grupo de medios reclaman el pago de salarios atrasados mientras los accionistas se enfrentan públicamente y uno de ellos denuncia socios fantasma; en tanto, el gobierno nacional giró a la empresa más de 40 millones en publicidad oficial este mes.
Uno de los accionistas reclama airadamente al otro por Twitter, sugiere que podrían estar cometiéndose delitos y dice que hay dos accionistas fantasmas y da sus nombres; el socio-gerente general -que fue candidato kirchnerista en la última elección- se esconde de los trabajadores de sus empresas que reclaman contra su «vaciamiento» y reclaman el pago de sueldos atrasados, y periodistas que supieron ser amigos y trabajan en el mismo grupo se pelean duramente en público por lo que se sospecha podría ser el final del conglomerado de medios. Hasta el presidente Mauricio Macri debió responder a una pregunta sobre el caso: «Los que tengan que pagar salarios, que los paguen», se limitó a decir.
Esta es, en resumidas cuentas, la realidad del grupo Veintitrés, un conglomerado diversificado de medios que creció al calor del Estado kirchnerista, y que se encamina ahora hacia su disolución. Con empresas quebradas (Poligráfica del Plata, donde se imprimieron boletas electorales del kirchnerismo; e Infofin, editora del extinto diario platense Diagonales), publicaciones cerradas (las revistas 7 Días y Cielos Argentinos y las ediciones del interior del diario gratuito El Argentino) sueldos atrasados (en Radio América y el diario Tiempo Argentino) y un incierto futuro sobre un «modelo de negocios» basado en la pauta oficial , este grupo sui generis de medios conducido por Sergio Szpolski en sociedad con Matías Garfunkel entró en un proceso de liquidación y venta de activos. «Se va todo a la mierda», le dijo recientemente Szpolski al director ejecutivo de una de las empresas del grupo. Poco antes, fuentes cercanas a él habían dicho a LA NACIÓN: «Hay absoluta normalidad. Tenemos un pequeño retraso, pero ya lo vamos a resolver». La situación por la que atraviesan los trabajadores de las empresas podría verse aliviada si Szpolski destinara al pago de salarios atrasados los más de 40 millones de pesos que el Estado nacional le transfirió este mes en concepto de pauta oficial.
«Asumí mi error a la hora de elegir socios; me costó caro. Lo que nos diferencia es que yo cumplí con mi parte del contrato mientras que ellos no. Ellos lucraron del Estado y con el Estado. Tuvieron y tienen cargos públicos. Defendieron a funcionarios K y cobraron fortunas. Vienen robando desde los 90. Con Menem primero y De la Rua después. Yo los conocí por haber confiado en un ‘amigo’, Nosiglia. Todos monjes negros que se esconden detrás de Szpolski. No me escudo, sólo sepan sus nombres. Darío Richarte y Javier Fernández», publicó en varios post en su cuenta @M_Garfunkel este 15 de enero.
Todos monjes negros que se esconden detrás de Szpolski. No me escudo, solo sepan sus nombres. @daricharte1 y Javier Fernández.&- Matias Garfunkel (@M_Garfunkel) enero 15, 2016
La del grupo Veintitrés es una oscura historia de espías, pero de los que salen mucho en los diarios y disfrutan de las luces de los medios: Richarte y Fernández, señalados por Garfunkel, tienen antiguos lazos con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y sus sucesoras la SI y la actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Richarte -de antigua militancia radical- fue segundo jefe de la SIDE en 2001. Desde hace años es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), de la que fue vicerrector hasta su renuncia en marzo de 2015. Recientemente fue electo vicepresidente 3ro. de Boca Juniors en la lista que logró la reelección como presidente del empresario del juego Daniel Angelici, hombre muy cercano al presidente Macri. Además, el estudio de Richarte y su socio Diego Pirota representó al ex vicepresidente Amado Boudou y a su amigo José María Núñez Carmona en la causa Ciccone y a muchos otros funcionarios kirchneristas acusados de corrupción. Durante la presidencia de Fernando de la Rúa integró el grupo Sushi, usina radical que compartió por entonces con algunos funcionarios del actual gobierno, como el ministro de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, y el ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido.
En tanto, Javier Fernández es uno de los auditores generales de la Auditoría General de la Nación (AGN), aunque en el ámbito político fue más conocido como «operador judicial del kirchnerismo». Ex secretario privado de Rodolfo Barra en tiempos de la Justicia menemista y prosecretario letrado del juez de la Corte Adolfo Vázquez, es habitual empleador de hijos y hermanos de jueces y fiscales. En el último tiempo se lo vinculó al Frente Renovador, de Sergio Massa, cuyo candidato en Tigre fue enfrentado por el propio Szpolski. Este último se puso el traje de aspirante a intendente del Frente para la Victoria e hizo campaña codo con codo con los también candidatos Daniel Scioli, Aníbal Fernández y Martín Sabbatella (quien a su vez debía controlarlo desde la ex Afsca).
Según publicó Garfunkel en Twitter, Javier Fernández le prestó dinero al grupo Veintitrés y su tío Manuel Menéndez es director de alguna de las empresas.
Una vez @sergioszpolski me dijo que Javier Fernández, auditor de la Nación, era prestamista de G23. Su tío, Manuel Menéndez es director.&- Matias Garfunkel (@M_Garfunkel) diciembre 4, 2015
Así de enredada es esta crisis empresaria, que tiene múltiples aristas.
Por ejemplo, es por lo menos curiosa la protección financiera, legal y política de la que goza el grupo Szpolski, cuya colección de cientos de cheques rechazados no impidió que el Banco Macro -que preside Jorge Brito- mantuviera sus cuentas a flote (tal como documentó Alejandro Alfie en su libro «Los agentes de Néstor y Cristina»).
En su libro, Alfie cuenta que «Richarte y Fernández son amigos desde sus épocas de estudiantes en la Facultad. Tato Young contó que ambos comparten el mismo palco en la cancha de Boca y son padrinos cruzados de sus hijos. Ellos mismo dijeron en algunas reuniones que tenían el 10 por ciento del Grupo Veintitrés, antes de que Matías Garfunkel le comprara la mitad del grupo en febrero de 2011. Pero fuentes cercanas a Richarte desmintieron que él o su estudio fueran en la actualidad accionistas del grupo. De hecho, Richarte dejó de ser el abogado del grupo en diciembre de 2014. El estudio de abogados Richarte y Asociados tuvo un abono mensual, que el Grupo Veintitrés pagó por el trabajo penal sobre las empresas que forman parte del grupo; mientras que Fernández le prestó plata al grupo y así figura incluso en sus declaraciones juradas, de modo que él bien podría tener acciones.» En la obra se desarrolla todas las posibles participaciones accionarias que Richarte o Pirota y Fernández podrían tener en cada uno de los medios del grupo. En el caso de los audiovisuales, esas participaciones deberían estar declaradas en la Afsca.
Por medio de Richarte y de Fernández, el grupo Veintitrés tuvo lazos con Jaime Stiuso, director de operaciones de la ex SIDE hasta diciembre de 2014 y estereotipado como el dueño de todos los secretos del poder en la Argentina. La historia de espías alrededor de este grupo también incluye tiroteos. En 2011, Javier Fernández -hombre capaz de «mover expedientes», según una fuente consultada para esta nota- fue víctima de un tiroteo nunca esclarecido, pero que -según uno de los accionistas del conglomerado- formaría parte de la historia del grupo Veintitrés y de sus integrantes.
Para Garfunkel, la del grupo Veintitrés sería la segunda entrega de una saga de espías porque ya había tenido contacto con un ex profesional de esa actividad en su frustrada sociedad con Raúl Moneta para comprar Telecom Argentina (que les causó, además, una investigación judicial en Italia). En esa oportunidad, quien le presentó a Garfunkel al ex empresario menemista devenido en kirchnerista fue el estadounidense Frank Holder, ex agente de la CÍA arraigado en el círculo rojo argentino.
También es llamativo que Szpolski haya podido presentarse a los concursos de licencias para televisión abierta en la ciudad de Buenos Aires con estos antecedentes (esos concursos fueron declarados desiertos por la ex Afsca que no quiso dar como ganadora a la propuesta de Editorial Perfil) . Más llamativo es ver en estos días a Sabbatella fotografiado con el cartel de apoyo a los trabajadores del grupo Veintitrés cuando era él quien debía controlar que Szpolski -con quien hizo campaña hasta octubre último- pagara los salarios y aportes patronales a los empleados de sus emisoras, que por otro lado incumplían en conjunto el tope de licencias previsto en la ley de medios.
Hoy junto a @Sabbatella y el candidato a intendente de Tigre,@sergioszpolski recorrimos Villa Garrote.pic.twitter.com/A3tZn5C20x &- Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) septiembre 5, 2015
#NoAlVaciamientoDelG23 Martín @Sabbatella se solidarizó con los trabajadores@sipreba@[email protected]/OfSmovWWUr&- Trabajadores AM 1190 (@1190trabajador) enero 14, 2016
«La situación es de absoluta normalidad. Estamos un poco atrasados con los sueldos pero nada más. Y la pauta oficial está teniendo el mismo comportamiento que otros diciembre o enero», dijo una fuente del management del grupo, que sobre la sociedad agregó: «Hay distintos porcentajes en las distintas participaciones. Garfunkel es el socio mayoritario, el principal. Está Szpolski y después hay inversionistas. Pero ni Darío ni Javier son accionistas», agregó esa fuente, que exige no ser identificada.
En esa lectura, Richarte sólo habría sido abogado de la empresa, y Fernández habría sido un prestamista que, debido a deudas impagas se habría quedado con las oficinas de Puerto Madero, una planta en la que los despachos de Szpolski y Garfunkel estaban enfrentados. La condición de auditor general de Fernández podría no ser compatible con sus relaciones con en el grupo Veintitrés.
La informalidad con la que se permitió funcionar a este conglomerado hace que ni siquiera se conozca cuál es su integración, algo exigido al menos por la ley de servicios de comunicación audiovisual. Mientras una fuente sostiene que el paquete accionario se divide en un 51% para Garfunkel y el resto para Szpolski y un grupo de «inversores», para otra esa división es muy distinta, 70% para Garfunkel (tras ampliaciones de capital en varias empresas) y 30% para los otros socios.
En cuanto a los planteos de Garfunkel por Twitter, la alta fuente consultada dijo que no se registra formalmente «ningún reclamo y que llama poderosamente la atención y no se puede tomar en serio a un socio principal de una empresa que dice que durante cinco años no tuvo acceso a información y no reclamó».
Mientras los trabajadores del Grupo Veintitrés reclaman en la calle y en otros ámbitos por sus salarios y sus puestos de trabajo, y piden la intervención del gobierno nacional -que parece no tener interés en intervenir-, Szpolski busca compradores para los activos de la empresa y Garfunkel -que ya trabaja con un equipo de abogados comercialistas- mantiene abierta una compleja negociación -por ahora extrajudicial- con él y los socios fantasma para recuperar parte del dinero que invirtió en el grupo. En 2011, Garfunkel aportó unos US$ 12,5 millones y algunos inmuebles -entre ellos las oficinas que él y Szpolski ocupaban en Puerto Madero-. Más adelante, sumó las radios AM Splendid y FM Rock & Pop, esto último valuado en unos US$ 15 millones, que a su vez había recibido de la familia de Raúl Moneta a cambio de dar por terminados los reclamos penales en una causa que incluyó una denuncia por estafa.
En sus cada vez más recurrentes cataratas de tuits, Garfunkel desliza graves acusaciones y sugiere que no fue un accidenteel vuelco que sufrió en el sur del país y que casi le cuesta la vida. Además, ya acumula varias denuncias presentadas por él y su esposa, Victoria Vanucci, por amenazas (hay tres casos documentados) y hackeo de sus dispositivos electrónicos.
Desde hace meses, Szpolski mantiene una negociación con el grupo Olmos, propietario de los diarios Crónica y BAE, del canal de noticias Crónica TV y accionista de la productora audiovisual Underground, para transferirle Radio América . La negociación está trabajada porque -además de estar prohibidas por la ley de medios las transferencias de licencias- los Olmos se resisten a aceptar un combo que incluya Tiempo Argentino, diario que por el conflicto laboral no circuló el 2 ni el 14 de enero. Con el avance de la crisis empresaria, la posición de los compradores mejoró y entre las posibilidades que se manejan está la de que Olmos se quede con América de manera prácticamente gratuita a cambio de aceptar el costo de indemnizar a los empleados del diario (cuya circulación los domingos está en el orden de los 25.000 ejemplares).
Szpolski también le ofreció todos los medios del grupo a Daniel Hadad -que está listo para volver al ruedo tras vencer en diciembre pasado la cláusula de no competencia que tenía vigente con Cristóbal López, a quien en 2012 le vendió todas sus emisoras de radio y TV-, pero el empresario periodístico habría rechazado la oferta. A medida que avanza el año y con la información por ahora extraoficial de que la pauta gubernamental se reducirá por lo menos a la mitad y que en su distribución considerará niveles de audiencia, las condiciones de negociación de Szpolski-Garfunkel son cada vez peores.
Tal vez por eso, hace menos de un año, Szpolski ya había vendido algunas de sus empresas.
¿Cómo llegó el grupo Veintitres a facturar al menos 814 millones de pesos en los últimos seis años, como reveló el año pasado LA NACION ? Por que puso su plataforma al servicio del relato kirchnerista, y tercerizó en la Casa Rosada su agenda de temas y la elección de sus principales figuras periodísticas. Fue LA NACION quien determinó el monto percibido en concepto de pauta oficial por Szpolski-Garfunkel en una cifra que ahora todos los intervinientes aceptan como válida. Sin embargo, esos fondos podrían ser más porque varias empresas intermediarias habrían derivado recursos a los medios ahora en conflicto, tal como reveló en su momento una fuente de Etéreo, la central de medios liderada por Guillermo Mirábile , más conocido por ser el peluquero de Aníbal Fernández. Otra posible fuente de ingresos del grupo Veintitrés podría ser Cordacom, firma que embolsó casi 35 millones en seis años y que lidera Ignacio Llambí, ex gerente general de Infofax, firma cuyo último propietario fue Szpolski.
Pero además, la pauta oficial también fluía hacia este grupo de empresas desde provincias y municipios kirchneristas, que en conjunto representaban una cifra equivalente a la aportada por el Estado nacional. «Mil veces se habló de retornos, del 20% al 40%», dijo una fuente del grupo Veintitrés, en referencia al posible pago de coimas a los funcionarios responsables de asignar y ejecutar los pagos de la publicidad oficial. Es curioso que en la Argentina, donde hubo múltiples causas judiciales por discriminación en el reparto de la publicidad oficial no se conozcan casos similares que investiguen el desvío de estos fondos.
El grupo Veintitrés está integrado actualmente por las revistas Cielos Argentinos (que supo distribuirse en Aerolíneas Argentinas y ahora Szpolski dice vender a Aeropuertos Argentina 2000) y 7 Días, los diarios El Argentino (gratuito que tiene ediciones locales en Córdoba, Mendoza, Rosario, Mar del Plata y el conurbano Sur y Norte) y Tiempo Argentino; y las radios AM Splendid y AM América, y las FM Vorterix Rock y Rock & Pop, además del portal de noticias InfoNews y la señal de noticias CN23. La situación en FM Rock & Pop derivó en una pelea pública muy fuerte entre dos viejos amigos -que eran casi hermanos-: Pergolini y Eduardo de la Puente, que trabaja en la emisora desde hace más de veinte años.
Enseñanza: si todo el mundo te dice que alguien es un hijo de puta no gastes 25 años defendiéndolo ni esperes a que te cague a vos también.&- Eduardo de la Puente (@realdelapuente) enero 4, 2016
En realidad, Veintitrés no es un grupo formalmente constituido (carece de una empresa holding controlante) sino un entramado de compañías que -tal como documentó Alfie en su libro- en la mayoría de los casos tienen como accionistas a jubilados desconocidos o empleados y familiares de Szpolski. Comprender cómo es la estructura requiere construir un mapa de empresas y accionistas del tamaño de una pared. Pero si algún juez o fiscal quisiera comenzar el recorrido, podría arrancar por una de las menos conocidas: Alinghi SA, que por algún motivo es la que más inquieta a Szpolski. Pero la lista es larga: Balkbrug SA, Soluciones Logísticas SA, Comunidad Virtual SA, Desup SA, PerioMundo SA, Milke, Infofin. Vorterix SA, Loro Communication SA, Telcorad (con la que el grupo intentó comprar Nextel Argentina), LPDM SA, Poligráfica del Plata y Radiodifusora Buenos Aires SA. Y podrían sumarse Red Social Deportiva SA, Manfla SA, Milione SA (con la que Veintitrés intentó quedarse con una licencia de TV abierta digital en Buenos Aires), Thexal SA y Algim SA a una lista que nunca será exhaustiva.
Fruto de se cercanía con el poder político de estos años, el grupo Szpolski-Garfunkel estuvo a punto de quedarse con Nextel Argentina en una operación que quedó frustrada pero por la que la empresa fue propietaria de Nextel Chile durante unos meses.
Garfunkel conoció personalmente a Szpolski a través de Enrique Nosiglia (a su vez viejo conocido de Richarte). El heredero de la fortuna Garfunkel-Madanes cuenta que recurrió al «Coti» en busca de una solución a los problemas que tenía con Moneta (con quien, impulsados por el entonces presidente Néstor Kirchner, había intentado sin éxito comprar la mayoría accionaria de Telecom Argentina 2009, movida que terminó en los Tribunales). Garfunkel conoce bien al siempre enigmático ex dirigente radical porque tuvo una larga relación sentimental como la hija de éste. Junto con Szpolski aparecieron Richarte -que en los 80 militó con Nosiglia en la agrupación Franja Morada- y otros personajes como Juan José Gallea, que fue director financiero de la SIDE durante la presidencia de Fernando de la Rúa, y luego director financiero del grupo Veintitrés para volver con la gestión del presidente Macri de nuevo a su antiguo puesto, en la actual AFI. Cuando no está en uno u otro lado, Gallea atiende en el estudio de Richarte. Además, este último fue el encargado de calmar a Garfunkel cuando éste quiere avanzar en la Justicia contra sus socios del grupo Veintitres y fue su interlocutor cuando Garfunkel figuraba como co-editor responsable en todos los medios de Veintitrés, antes de su pelea con Szpolski por el programa que el piquetero Luis D’Elía tuvo en la señal CN23.
Gracias a sus contactos con los radicales de la vieja guardia, como Nosiglia, Szpolski logró una invitación a participar de la asunción del presidente Macri el 10 de diciembre pasado.
El empresario K Sergio Szpolsky presente en la jura de@mauriciomacri . CC@alejandroalfie@[email protected]/I1jR7ttBPl&- Gonzalo Aziz (@gonzaloaziz) diciembre 10, 2015
Cuando Richarte le recomendó a Gallea a @sergioszpolskicomo gerente general de Grupo Veintitréspic.twitter.com/ZQitol0p1J &- Alejandro Alfie (@alejandroalfie)diciembre 21, 2015
Otros personajes de la trama -contada en detalle por Alfie en su libro- son Roberto Oscar Flores (el nombre más repetido en la firma de los cheques sin fondo del grupo) y Patricia Vilma Prinos (secretaria de Szpolski), y el sobrino de esta última Facundo Romano, que figuran como accionistas o directivos en varias empresas que el ex titular del Banco Patricios reconoce como integrantes del grupo. También ha figurado como accionista de las empresas Elke Szpolski y Ricardo Pace, la hermana y el ex chofer de Szpolski, respectivamente.
En diciembre pasado, acusándolo de vaciamiento de empresas, tener testaferros, evadir aportes previsionales y entregar cientos de cheques sin fondos, Szpolski y Garfunkel fueron denunciados por el dirigente massista Walter Martello, ex presidente del partido Coalición Cívica-ARI en la provincia de Buenos Aires. Martello hizo una presentación formal ante la Unidad de Información Financiera (UFI).
Fuente: La Nación, 17/01/16.
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La fortuna malhabida K
diciembre 13, 2015
Los números secretos de los patrimonios que CFK y Máximo Kirchner declararon ante el Estado
Entre 2007 y 2013, el patrimonio del hijo de los Kirchner creció más de 53.000%. La Justicia debe decidir si imputa a la ex presidenta. Galería de imágenes.
Por Emilia Delfino.
Dicen que despedirse del poder político es un saludo de bienvenida en los tribunales federales. Cristina Kirchner viene siendo denunciada desde hace años, pero jamás pisó los tribunales como imputada y logró que las cuatro causas más importantes en su contra se cerraran o cambiaran de juez, cuando avanzaban: tres por enriquecimiento ilícito y el caso Hotesur. En los próximos días, la Justicia debe decidir si la ex presidenta tendrá un nuevo frente judicial por presunto enriquecimiento ilícito y por supuestamente falsear datos de sus declaraciones juradas públicas. La denuncia fue presentada por la diputada Margarita Stolbizer.
PERFIL accedió a datos inéditos y reservados hasta hoy que demostrarían que el grueso de la fortuna de la familia Kirchner fue amasada por Néstor Kirchner durante la primera presidencia de su esposa y que ese crecimiento exponencial del patrimonio K comenzó en 2008 con la incursión en el negocio hotelero junto al contratista de la obra pública Lázaro Báez. Pero también demostrarían que antes de 2011, Cristina y Máximo, a diferencia de Néstor, declararon ante el Estado un patrimonio ínfimo.
PERFIL accedió por primera vez al patrimonio que Máximo y Cristina Kirchner declararon ante el Estado de manera reservada, es decir, que no son los números presentados en las declaraciones juradas públicas ante la Oficina Anticorrupción.
En 2007, Cristina declaró ante el Estado un patrimonio de sólo $ 39.277 y en 2008 ya pasaba los $ 400 mil. Tenía $ 39 mil en efectivo, una deuda por $ 33 mil y cuatro inmuebles: uno en Capital Federal y tres en Río Gallegos. Más acciones en Los Sauces SA. Los números ya no cerrarían, salvo que sólo declarara los valores fiscales de los inmuebles.
Su patrimonio reservado se mantuvo alrededor de los $ 400 mil hasta la muerte de Kirchner, cuando saltó a una fortuna declarada de más de $ 35 millones.
Gracias a la herencia de su padre, el patrimonio declarado de Máximo habría crecido un 53.000% entre 2007 y 2013. Pasó de poseer bienes por $ 46.343 a una fortuna de $ 24.838.629.
Hasta ahora, sólo se conocía el patrimonio declarado por Máximo durante la campaña de este año: $ 35,9 millones.
En 2008, las finanzas del ahora diputado nacional comenzaron a crecer: tenía un terreno en El Calafate y era accionista de Negocios Inmobiliarios, Los Sauces SA, y Comasa, según pudo reconstruir PERFIL de fuentes judiciales. Ya superaba el medio millón de pesos. Llegó a rozar el millón en 2010 y tras la muerte de su padre, heredó un cuarto de su fortuna, que incluye 28 inmuebles y acciones en empresas. Su madre, entonces presidenta, le donó en 2012 unos $ 180 mil y otros $ 400 mil en 2013.
Stolbizer pidió allanar la AFIP para secuestrar las declaraciones juradas de bienes personales de Máximo, Cristina y la sucesión de Néstor Kirchner desde 2010 a 2015. Estos números formarían parte de esas declaraciones, según adelantaron fuentes judiciales a este medio. La información ya había sido solicitada por el juez Claudio Bonadio en la causa Hotesur.
Además, Stolbizer pidió al juez Sergio Torres solicitar a la Oficina Anticorrupción los legajos reservados a fin de que presente la declaración jurada patrimonial correspondiente al ejercicio 2011, 2012, 2013 y 2014 con sus anexos reservados.
El fiscal federal Carlos Rívolo analiza por estas horas si imputará o no a la ex mandataria. Se trata de la cuarta causa iniciada contra Cristina por el exponencial crecimiento de su patrimonio junto al de Néstor Kirchner.
Fuete: Perfil, 13/12/15.
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La gran estafa del ministro De Vido
diciembre 13, 2015
De Vido contrató un barco fantasma de gas licuado por US$ 57 millones
La nave rusa nunca llegó a la Argentina. El contrato, que PERFIL revela por primera vez, esconde un desvío millonario vía Suiza a firma relacionada con Dromi.
Por Nicolas Gandini y Emilia Delfino.
En las sombras. Enarsa dependía del ministro De Vido.
Un grupo de directivos de Enarsa –la empresa estatal de energía creada por Néstor Kirchner– bautizó hace algunos años el caso como la historia del Perla negra, una narración fascinante que contaba el fatídico derrotero de un barco de gas importado por el que el Estado pagó millones de dólares, aunque nunca arribó a la Argentina.
En honor al mítico barco fantasma de la saga hollywoodense Piratas del Caribe, el relato cuenta el frustrado itinerario de un buque metanero de gas natural licuado (GNL) adquirido en agosto 2008 por la empresa estatal de energía, que entre 2004 y 2012 funcionó bajo la exclusiva órbita del Ministerio de Planificación que dirigió Julio De Vido.
El cargamento debía arribar a Buenos Aires a más tardar el 17 de septiembre, según el contrato que revela hoy PERFIL. Pero nunca completó su recorrido. La maniobra esconde un desvío de fondos millonarios del Estado hacia Suiza.
Este medio accedió a documentación que corrobora la veracidad de ese episodio, que podría convertirse en una pieza clave para indagar sobre la metodología utilizada por Enarsa para seleccionar a las empresas proveedoras de GNL, un negocio que desde 2010 a la fecha costó US$ 14.148 millones según datos oficiales y se convirtió en una de las grandes causales de la escasez de dólares en la economía local.
El 5 de agosto de 2008, Enarsa –creada por Néstor Kirchner en 2004 a fin de administrar, entre otros rubros, la millonaria cuenta de los subsidios energéticos– firmó un contrato con Contrater Consulting SL, una firma española con sede en Madrid sin ningún tipo de experiencia en el sector energético. Contrater Consulting fue contratada por la empresa estatal argentina para adquirir un buque metanero de gas desde Rusia. Para ese entonces no existía ninguna terminal de GNL operativa en ese país (la primera se inauguró un año más tarde).
El documento está redactado en inglés bajo el título “Sales and purchase contract Russian liquid natural gas”. Su difusión empieza a dar entidad a las sospechas transmitidas en los últimos años desde usinas empresariales y políticas en torno al presunto cobro de sobreprecios durante el proceso de importación de gas por barco.
El convenio firmado con Contrater Consulting deja en evidencia que Enarsa contrató a una empresa ignota que no contaba con avales suficientes para operar como trader de GNL (ver página 17) y le encomendó el aprovisionamiento de gas, una de las áreas más sensibles del manejo energético. Lloyd Babbel, presidente de Contrater Consulting, firmó como apoderado de la empresa. Babbel es de origen alemán y la información sobre él es prácticamente nula.
Según el extracto bancario al que accedió PERFIL, Enarsa transfirió el 8 de agosto de 2008 US$ 57.311.100 a Contrater Consulting SL (ver página 16). Monumental cifra para una “microempresa (según la terminología utilizada por el Registro Mercantil de Madrid) dedicada a la compra y venta al por menor y mayor, importación, exportación y distribución de hornos industriales”. La firma no poseía ningún tipo de experiencia en el negocio de combustibles.
Según el Boletín Oficial del Registro Mercantil de España, la última actividad comercial de Contrater Consulting data del 12 de septiembre de 2008. Es decir, al mes siguiente de la firma de convenio de Enarsa y de recibir un cobro millonario por un barco que nunca despachó. Desde entonces, la empresa se encuentra a la deriva –fue intimada por la Justicia española a que regularice la situación- y hoy está al borde de la disolución.
Hay más sorpresas con Contrater Consulting. Dos meses después de firmar el contrato con la empresa estatal de energía, el 7 de octubre de 2008 la firma española suscribió con Enarsa y Roberto Dromi una adenda al contrato original del 5 de agosto para entregar al ex ministro menemista los “derechos y obligaciones” cedidos por el Estado argentino a Contrater Consulting. En otras palabras, Dysan y Dillingetia –las empresas de la familia Dromi– se quedaron con un contrato millonario a pesar de que tampoco tenían experiencia en el despacho de hidrocarburos. De esta forma, Dromi aterrizó en el negocio de la importación de gas.
El contrato original entre Enarsa y Contrater Consulting está firmado por Rubén Etcheverry, entonces gerente de Operaciones y Nuevos Negocios de Enarsa y avalado por su presidente, Exequiel Espinosa, que llegó a ese cargo de la mano de De Vido. Espinosa –uno de los pasajeros del avión en el que viajó Antonini Wilson con su famosa valija con US$ 800 mil– manejó el negocio de importación de GNL con línea directa con Roberto Baratta, ex coordinador de Planificación.
En la adenda, Enarsa señala que a raíz de “la benignidad climática del invierno” fue necesario importar menos GNL del previsto (alega que se trajeron cinco de los ocho cargamentos previsto); argumenta que, en ese marco, Enarsa le propuso a Contrater una rebaja del 30% del precio del gas, algo que ésta no aceptó, por lo que llegó a un acuerdo privado cerrado el 22 de septiembre con Dysan para transferirle los derechos obtenidos en el contrato con Enarsa. Por último, estipula que la firma de Dromi se haría cargo de concretar el envío de GNL durante el invierno de 2009.
Importación de GNL: un negocio de apuro
La Argentina comenzó a importar GNL de manera imprevista en el invierno de 2008, cuando como resultado de la crisis energética fue necesario traer gas por barco para cubrir la demanda residencial frente a la caída de la producción local del fluido. La mayoría de los buques metaneros despachados ese año fueron adquiridos directamente a la española Repsol, que todavía era propietaria de YPF.
Lo que marca la documentación a la que accedió PERFIL es que en lugar de convocar en una licitación a compañías dedicadas al despacho de combustibles, el Ministerio de Planificación optó por cerrar un acuerdo con una firma desconocida como Contrater Consulting para que se encargara de “la primera provisión de GNL”. Así está consignado en los puntos 4 y 5 de la adenda firmada dos meses después con Dysan y Dilligentia, las empresas del ex ministro Roberto Dromi, que compraron los derechos de este primer contrato e ingresaron así en el negocio.
Fuente: Perfil, 13/12/15.
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