El dueño de todos los secretos inmobiliarios de la familia presidencial Kirchner, Osvaldo Sanfelice, fue el enlace clave para concretar los millonarios contratos de alquiler que unen a la familia Kirchner con el empresario patagónico Cristóbal López, confirmaron a LA NACION fuentes del Grupo Indalo al tanto de la operatoria.

Conocido como «Bochi», Sanfelice es un agente de bienes raíces de 65 años, de Río Gallegos, donde conoció y se convirtió en íntimo amigo del ex presidente Néstor Kirchner. Ya con él en la Casa Rosada, en 2005, se convirtió en socio de Máximo Kirchner en la firma Negocios Inmobiliarios, y en 2008 apareció como socio de López en la firma Talares de Posadas.

López siempre negó ser socio de Sanfelice, aun cuando los documentos así lo consignan. Sostiene que nunca prosperó el proyecto hotelero que evaluaron juntos. Pero el vínculo -Sanfelice también aparece como empleado suyo en la empresa Alcalis de la Patagonia SA- terminó por fructificar en los alquileres de un departamento, una oficina y cinco cocheras que los Kirchner poseen en el complejo Madero Center, de la ciudad de Buenos Aires.

Sólo entre junio de 2014 y enero de este año, López pagó $ 2,8 millones por esos alquileres en Puerto Madero a través de dos de sus empresas, Inversora M&S SA y, otra vez, Alcalis de la Patagonia SA, según reveló LA NACION el domingo pasado. Molesto, el empresario salió al ruedo con una solicitada en la que destacó que la operatoria es legal, y que la nacion y Clarín intentan una «extorsión pública».

Junto al llamado «zar del juego» indicaron a LA NACION, además, que la operatoria comenzó hace dos años «por lo menos». Y que esos contratos con valores pactados en dólares los firmó Máximo Kirchner, por lo que la familia presidencial embolsó varios millones de pesos más por esa operatoria comercial.

Colaboradores de López también confirmaron que Sanfelice -un hombre bajo, de pelo canoso y corto, férreos bigotes más oscuros y andar presuroso- se encargó de ajustar los detalles de esos contratos, así como también de concretar otro alquiler, en Zárate, para la familia del número dos de López en el Grupo Indalo, Fabián de Souza.

Al igual que los Kirchner y López, Sanfelice mostró un notable crecimiento patrimonial durante la última década. Se convirtió, incluso, en el dueño del hotel Waldorf de la calle Paraguay al 400, a sólo nueve cuadras de la Casa Rosada, según consta en registros societarios cuyas copias obtuvo LA NACION.

Antes, y durante casi seis años, figuró como miembro del directorio de Hotesur SA, la sociedad con que los Kirchner controlan el Alto Calafate, hasta su salida, en marzo del año pasado, tras la apertura de dos investigaciones penales sobre esa firma.

Los nombres de quienes lo reemplazaron en Hotesur dan cuenta de su peso junto a los Kirchner. Lo sustituyeron los dos hijos, la hermana y una sobrina de la Presidenta -Máximo y Florencia Kirchner, Gisele Fernández y Romina Mercado- y Carlos Sancho, ex gobernador de Santa Cruz.

«Bochi», sin embargo, no se alejó demasiado. Sigue como socio de Máximo Kirchner en Negocios Inmobiliarios y se le adjudica un rol ejecutivo en la gerenciadora de los hoteles de los Kirchner, Idea SA, aunque no figura en los registros disponibles.

Lo opuesto ocurre en Talares de Posadas, en la que Sanfelice aparece como socio de López, quien no disimula su fastidio cuando la prensa lo recuerda. «Con «Bochi» armamos una sociedad porque me vino con una propuesta inmobiliaria para Posadas, así que armamos la sociedad porque los números cerraban, pero al otro día estábamos escrachados en algún medio diciendo que yo era socio de Sanfelice, que a su vez era socio del hijo de Kirchner», explicó López en la entrevista que concedió a LA NACION en marzo de 2011. «Toda una fábula, una gran mentira. Así que lo llamé y le dije que no íbamos a hacer nada, que el negocio no ameritaba semejante castigo», añadió.

López también considera injusta la repercusión social por la revelación de LA NACION de que le alquila los inmuebles en Madero Center a la familia Kirchner, más un piso en la esquina de las calles Juncal y Uruguay, en Recoleta.

Mediante una solicitada que publicó en su nuevo medio de comunicación, el diario Ámbito Financiero, López expresó: «El Grupo Indalo para realizar sus actividades alquila éstas y muchas otras propiedades tanto en la ciudad de Buenos Aires como en varias provincias del interior del país. Dichos alquileres son necesarios para el desarrollo habitual de su actividad económica, son realizados en condiciones y valores de mercado, y se encuentran debidamente registrados en sus estados contables».

En la solicitada, sin embargo, López jamás identificó a la familia Kirchner o a la Presidenta como los dueños de algunas de las propiedades que alquila en la ciudad de Buenos Aires, ni precisó las fechas ni el total del dinero que hasta ahora desembolsó en rentas. Tampoco aludió a la relación comercial que su hostería El Retorno, en las afueras de Bariloche, mantiene con el Alto Calafate.

Fuente: La Nación, 22/03/15.

Las millonarias sumas que empresas de Cristóbal López vienen abonando a la familia de la presidenta de la Nación por el alquiler de dos departamentos, una oficina y cinco cocheras constituyen un nuevo capítulo de una matriz de enriquecimiento de la primera mandataria que debería ser seriamente investigado por la Justicia, en tanto estaríamos ante negocios prohibidos por el Código de Ética de la Función Pública, que podrían resultar violatorios incluso del Código Penal.

De acuerdo con lo informado por LA NACION el último fin de semana, Cristóbal López, empresario patagónico conocido como «el zar del juego» y cabeza del Grupo Indalo, que incluye un creciente conglomerado de compañías vinculadas con los casinos y tragamonedas, el negocio petrolero, la construcción de obras viales e industriales, el sector financiero y los medios de comunicación, mantiene una fluida relación comercial desde hace años con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia.

Según la documentación a la que accedió este diario, durante los últimos ocho meses, la jefa del Estado y su familia recibieron, a través de su sociedad Los Sauces SA, al menos 2,8 millones de pesos de las empresas Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia, del Grupo Indalo, entre junio de 2014 y enero último, por el alquiler de un dúplex de 435 metros cuadrados, de una oficina de 608 metros cuadrados y de cinco cocheras, que se encuentran en el edificio Madero Center, en el barrio de Puerto Madero.

CFK y bolsa de dinero mal habido

Además, un tradicional departamento que se encuentra a nombre de la sucesión de Néstor Kirchner, ubicado en el barrio de la Recoleta, también es alquilado a un alto directivo del grupo empresario liderado por López. Por la renta de esa unidad, la familia Kirchner recibió algo más de 200.000 pesos en los últimos ocho meses, a razón de 26.000 pesos de alquiler por mes.

Nada habría de malo en estos negocios si no fuera porque el Código de Ética de la Función Pública prohíbe que un funcionario preste servicios, remunerados o no, a quienes gestionen o exploten concesiones del Estado o sean sus proveedores.

Así, el artículo 23 de este código determina que el funcionario público no debe involucrarse en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones, al tiempo que debe abstenerse de toda conducta que pueda afectar su independencia de criterio para el desempeño de sus funciones.

El artículo 26 establece que el funcionario no debe obtener ni procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad o influencia.

A su vez, el artículo 41 señala que, a fin de preservar la independencia de criterio y el principio de equidad, el funcionario tampoco puede mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo. No puede, del mismo modo, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios, remunerados o no, a personas que gestionen o exploten concesiones o privilegios, o que sean proveedores del Estado.

El Código Penal prevé, en su artículo 265, una pena de hasta seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para aquel funcionario público que, directamente o por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. También reprime, en su artículo 266, con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años al funcionario que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva.

Los mencionados negocios inmobiliarios entre empresas de Cristóbal López y la familia Kirchner se emparientan con la misma matriz de enriquecimiento a través de la controvertida empresa Hotesur SA, asociada a las misteriosas y millonarias contrataciones de habitaciones de hoteles de Santa Cruz que no terminaban ocupándose, por parte de empresas de Lázaro Báez, entre 2010 y 2011. La familia presidencial está siendo investigada en una causa judicial a cargo del juez Claudio Bonadio por ese hecho.

Hay motivos para presumir en los negocios descriptos un intercambio de favores entre contratistas de obra pública y la familia presidencial bajo la pantalla de servicios de hotelería, en un caso, y de alquileres de propiedades, en el otro.

Esta modalidad tiene otros antecedentes, como cuando, hacia los años 2008 y 2009, el matrimonio Kirchner recibía pagos mensuales de 105.000 a 210.000 dólares por el alquiler de su hotel boutique Los Sauces, en El Calafate. Lo nuevamente curioso es que la sociedad de la que los Kirchner recibían ese dinero era encabezada por Juan Carlos Relats, empresario ya fallecido, que por entonces, además de propietario del Hotel Panamericano, era concesionario de numerosas obras viales y de infraestructura. Ese contrato le permitió a Néstor Kirchner justificar un incremento patrimonial del 158 por ciento en 2008.

Recientemente, Cristóbal López ha acusado desde algunos de sus medios a este diario de «mentir sistemáticamente para extorsionar y desprestigiar». Pese a eso, confirmó que empresas del Grupo Indalo alquilan propiedades a una sociedad integrada por la presidenta de la Nación. Queda claro con qué propósito busca López concentrar medios de comunicación en sus manos. Al igual que en su momento Alfredo Yabrán, cree que el poder es impunidad. Sólo que en la equivocada concepción del zar de las tragamonedas, ésta se puede lograr mediante el control de los medios.

Como poco puede esperarse frente a estas situaciones de organismos de control de la transparencia pública que han sido cooptados por el kirchnerismo, cabe aguardar que tanto la Justicia como el Poder Legislativo investiguen debidamente estas irregularidades que comprometen la ética en la función pública en lo más alto del poder político.

Fuente: La Nación, 20/03/15.

WASHINGTON – La pesquisa por la llamada «ruta del dinero K» cobra velocidad inusitada y amenaza en convertirse en un verdadero dolor de cabeza para el gobierno de Cristina Kirchner.

En un documento de inusitada dureza, el juez Cam Ferenbach dio ayer los primeros indicios de compartir en parte la tesis de los fondos denunciantes en el sentido de que empresas atribuidas a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López en los Estados Unidos «podrían tener activos» pertenecientes a la Argentina.

«Un ladrón no adquiere derechos de propiedad sobre lo que roba», recuerda al juez, al señalar que, de comprobarse esa tesis, los bienes serían de la Argentina y no de esos empresarios allegados a la Presidenta.

El fondo NML, de Paul Singer, aportó «sospecha razonable para creer» que tanto López como Báez poseen bienes de la Argentina», indica el magistrado en un largo documento.

Expresada en 27 páginas, la declaración del juez no es definitiva. De hecho, en ella pide más prueba y urge a la liberación de más documentos.

Pero claramente empieza a inclinarse por la tesis de los fondos denunciantes en el sentido de que el entramado de empresas que se atribuyen a Báez y López podrían haber actuado como canalizadores de bienes obtenidos de forma ilegal.

En el mismo documento, el magistrado toma una decisión no menos importante para la pesquisa. Determina allí que las empresas MF Corporate, con sede en Nevada, y el estudio Mossack Fonseca, con sede en Panamá, son una misma cosa.

«MF Corporate es el alter ego de Mossack Fonseca», dice el juez. El dato implica que, a través de la primera, con sede en Nevada, se podría demandar información al estudio panameño, donde los buitres sospechan que está el epicentro informativo del esquema de empresas que atribuyen a Báez.

Para determinar ese vínculo el juez se apoyó en buena medida en el testimonio de la llamada «testigo clave» Patricia Amunategui, cuyo relato sirvió para corroborar el modo de accionar que los buitres sospechaban en cuanto al registro de empresas «fantasma».

En su larga declaración, el juez norteamericano hace también un reconocimiento al fiscal José María Campagnoli, de quien recuerda que fue el primero que tuvo esta pista y que se intentó apartarlo del cargo apenas se supo que trabajaba en la llamada «ruta del dinero k».

Además de mostrarse proclive a la tesis de los fondos de que podría haber dinero de corrupción escondido a través de Nevada, el juez dispone una nueva fecha tope para la difusión de documentos que ahora están protegidos por un paraguas de confidencialidad.

La fecha tope que dispuso es el próximo 20 de abril. Entre los documentos por liberarse figuran archivos bancarios del banco suizo BHS. La entidad los produjo, según su propia declaración, como «respuesta» a una demanda de los fondos buitre «sobre Lázaro Baéz y entidades afines».

Abierto hace menos de un año, en junio pasado, el expediente de Nevada es una herramienta con la que el fondo NML, de Paul Singer, intenta localizar activos ocultos de la Argentina para, una vez identificados, procurar embargarlos y, con eso, cobrarse la deuda que el Gobierno se resiste a pagar.

Al margen de eso, es también una herramienta de presión para llevar a las autoridades a negociar el pago del fallo que les reconoció la Justicia de este país.

Abogados que vienen siguiendo el caso llamaron la atención sobre la celeridad que está tomando. De hecho, esta resolución de Carenbach se produce apenas una semana después de la audiencia de partes que tuvo lugar el lunes 9. Esa celeridad fue una sorpresa para todos.

El documento del juez se conoció avanzada la noche en la Costa Este, en razón de la diferencia horaria con Las Vegas, situada sobre la costa Oeste.

A los millones que los Kirchner recibieron del «zar del juego» Cristóbal López por los alquileres de Puerto Madero se suma otra fuente de ingresos: el Grupo Indalo también alquila el histórico departamento de la familia presidencial en el barrio porteño de Recoleta. Y la operación tiene una particularidad: se factura a través de la sucesión aún abierta del ex presidente Néstor Kirchner, según documentos, recibos y testimonios que obtuvo y verificó LA NACION.

Los Kirchner embolsaron más de $ 200.000 en ocho meses gracias a este nuevo alquiler -a razón de 26.000 pesos mensuales por un contrato con precios pactados en dólares-, aunque el vínculo comercial por esa propiedad lleva al menos dos años, según informaron voceros del Grupo Indalo. Se suma así a los otros $ 2,8 millones que cobró la familia presidencial, también en apenas ocho meses, por los inmuebles de Puerto Madero.

CFK y bolsa de dinero

Las rentas por el departamento de la esquina de las calles Uruguay y Juncal aportan además un nuevo vínculo comercial que une a los Kirchner con Cristóbal López, uno de los empresarios que más crecieron durante la última década, con ramificaciones en las industrias del juego, petrolera, inmobiliaria y de medios de comunicación, entre otras.

Según reveló LA NACION en su edición de ayer, los Kirchner recibieron al menos $ 2,8 millones desde mediados de 2014 por el alquiler de un departamento, una oficina y cinco cocheras en el complejo Madero Center. Para eso, emitieron facturas de la sociedad Los Sauces SA a nombre de dos empresas de López: Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia.

Sin embargo, los ingresos provenientes del alquiler hasta ahora desconocido por el departamento en Recoleta se facturaron a través de la «sucesión Kirchner, Néstor Carlos», según consta en las copias de esas facturas que obtuvo LA NACION.

Consultados ayer, voceros del Grupo Indalo confirmaron que el departamento de los Kirchner lo alquila un estrecho colaborador de López, el abogado Mauro Ismael Sánchez, pero le quitaron toda suspicacia a la operatoria. «No es secreto ni tiene nada raro. Lo alquila desde hace años y punto», señalaron.

Emitidas con el número de CUIT, de ingresos brutos y la fecha de inicio de actividades correspondientes al fallecido ex presidente, las facturas de la «sucesión Kirchner» son de clase «B» y detallan como domicilio comercial la calle Alcorta 76 de Río Gallegos (de lo que se informa por separado). Allí funciona el estudio del contador Víctor Manzanares, que la familia Kirchner fijó como base para todos sus negocios.

Esas facturas reflejan que los Kirchner recibieron $ 26.000 entre junio de 2014 y principios de este año por el departamento ubicado en el piso 5 de la calle Uruguay, lo que representa ingresos por un total de $ 208.000 durante ese período, de ocho meses. Todas las facturas se emitieron a nombre de Natalia Inés Lima, cuyo esposo es Sánchez, quien trabaja para López desde hace cinco años. Primero en Álcalis de la Patagonia y, desde 2012, para Inversora M&S, las dos empresas que figuran como inquilinas de los Kirchner en el Madero Center.

Abogado de 42 años, Sánchez registra dos empleos adicionales durante breves períodos de los últimos cinco años. En 2012 trabajó en el Servicio Penitenciario Bonaerense y, entre enero de ese año y agosto de 2013, para el Ministerio de Justicia provincial. Ambos, en la ciudad de La Plata.

Por su parte, Lima también registra dos empleos en relación de dependencia durante los últimos años. El primero, en la Dirección General de Escuelas bonaerense; el segundo, en la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado.

Como matrimonio o por separado, Sánchez y Lima acumulan cinco domicilios fiscales o alternativos. Pero todos son dentro del casco urbano de La Plata o, como máximo, en Gonnet, en las afueras de la capital provincial.

Eso explica, acaso, que Sánchez y Lima sean poco conocidos en el edificio donde alquilan el departamento de la familia presidencial. «No vienen seguido. Sólo aparecen cada tanto», comentaron desde la administración del consorcio del edificio a LA NACION.

Ese departamento acarrea mayor peso sentimental para la Presidenta que los adquiridos en el Madero Center. Allí vivió mientras fue senadora y diputada nacional, y allí es donde Kirchner se reunía con políticos, empresarios y periodistas cuando viajaba de Río Gallegos antes de ganar las elecciones presidenciales de 2003.

Sólo un depósito

Desde que los Kirchner se mudaron a la quinta de Olivos, sin embargo, el departamento quedó en desuso. Y se utilizó como una suerte de depósito hasta la muerte del ex presidente, en octubre de 2010. Casi dos años después, en junio de 2012, se informó sobre un supuesto intento de robo, al tiempo que los vecinos indicaron que allí vivía «un abogado oriundo de La Plata», sin que trascendiera su nombre.

Para entonces, Sánchez llevaba años compenetrado con «el zar del juego» y con el kirchnerismo. Desde febrero de 2007 figura como director titular en Registros Mineros Argentinos SA (Regasa), la empresa de López que obtuvo el contrato de Enarsa para montar una base de datos integral de los hidrocarburos en todo el país.

Ya en 2013 Sánchez también patrocinó como abogado a López cuando el «zar del juego» le compró al Grupo Clarín el 30% de Ideas del Sur, la productora de Marcelo Tinelli, en la que el propio Sánchez ingresó como director suplente. Pero no sólo eso: ese año también aportó $ 50.000 a la campaña de Martín Insaurralde, por entonces candidato del oficialismo.

Un año después, Sánchez asumió como director titular de la firma Indalo Entretenimientos. Allí figuró junto a López, presidente; su mano derecha, Carlos Fabián de Souza, como vice, y su hijo, Cristóbal Nazareno López, como director suplente, según se publicó en el Boletín Oficial del 28 de julio de 2014. Para entonces, la sucesión de Néstor Kirchner ya había emitido al menos dos facturas por $ 26.000, cada una a nombre de su mujer, por el alquiler en Recoleta

Fuente: La Nación, 16/03/15.

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Facturas emitidas a nombre de la sucesión