¿Es malo el dinero en efectivo?

agosto 27, 2018

El lado siniestro del efectivo

Los billetes de alta denominación alimentan la corrupción y la delincuencia.

 Por Kenneth Rogoff.

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Comentario de EconomiaPersonal.com.ar:
Es un enorme peligro eliminar el dinero en efectivo, podemos literalmente vernos inmersos en un mundo orwelliano donde los gobiernos puedan controlar literalmente cada compra, transacción, y movimiento económico, de cada persona.

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Cuando le digo a la gente que he estado estudiando por qué el gobierno debería reducir drásticamente la circulación de papel moneda, la reacción inicial más habitual es el desconcierto. ¿Para qué ocuparse de esas nimiedades? Pero lo cierto es que el dinero en efectivo está en el centro de algunos de los problemas monetarios y de finanzas públicas más complejos de la actualidad. La eliminación de la mayor parte del efectivo circulante —es decir, el avanzar hacia una sociedad donde el dinero se use con menos frecuencia y principalmente pequeñas transacciones— podría ser una gran ayuda.

dólaresLas fuerzas del orden tienen muy pocas dudas de que el papel moneda (especialmente billetes de alta denominación como el de cien dólares), facilita la delincuencia en la forma de chantaje, extorsión, lavado de dinero, tráfico de drogas y de personas y corrupción de los funcionarios públicos, por no hablar de terrorismo. Hay sustitutos del efectivo, como las criptomonedas, los diamantes en bruto, las monedas de oro, las tarjetas de prepago, pero para muchos tipos de transacciones criminales, el dinero en efectivo sigue siendo el rey. Ofrece un anonimato absoluto, portabilidad, liquidez y es casi universalmente aceptado. No es casualidad que cada vez que hay un gran operativo policial antidrogas, las autoridades suelen encontrar grandes fajos de billetes.

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El efectivo también está profundamente implicado en la evasión de impuestos, que le cuesta al gobierno federal de EE.UU. unos US$500.000 millones al año en ingresos. De acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), gran parte de la evasión se concentra en pequeñas empresas, que usan el efectivo intensivamente, lo cual dificulta la verificación de sus ventas y declaraciones de ingresos. Por el contrario, las empresas que hacen la mayoría de sus pagos con cheques, tarjetas de crédito o transferencias electrónicas saben que es mucho más fácil que las autoridades fiscales detecten cualquier irregularidad. Aunque hay menos datos sobre los gobiernos estatales y locales, es probable que estos pierdan hasta US$200.000 millones al año por este concepto en EE.UU.

Obviamente, reducir la cantidad de efectivo no va a cambiar la naturaleza humana y hay otras maneras de evadir impuestos y gestionar empresas ilegales. Pero es indudable que inundar la economía informal con papel moneda alienta el comportamiento ilícito.

El efectivo también se encuentra en el núcleo del problema de la inmigración ilegal. Si los empleadores estadounidenses no pudieran pagarle tan fácilmente en efectivo a los trabajadores indocumentados al margen de los libros, el atractivo del empleo disminuiría y el flujo de inmigrantes ilegales se reduciría drásticamente. Es obvio que la eliminación de la mayor parte del efectivo sería una forma mucho más humana y sensata de desanimar la inmigración ilegal que construir un muro gigantesco.

Para que quede claro, estoy proponiendo una sociedad con “menos efectivo”, no una sin efectivo, al menos en el futuro previsible. La primera etapa de la transición implicaría la eliminación gradual de los billetes de alta denominación que constituyen el grueso del circulante. De los más de US$4.200 en efectivo por cada persona que circulan fuera de las instituciones financieras en EE.UU., casi 80% está conformado por billetes de US$100. Los billetes de US$50 y US$20 también deberían ser eliminados gradualmente, aunque los de US$10, US$5 y US$1, que apenas constituyen el 3% del dinero circulante, deberían ser mantenidos indefinidamente.

El objetivo de deshacerse de los grandes billetes es dificultar el transporte y almacenamiento de grandes montos de dinero. Un millón de dólares en billetes de US$100 pesa poco menos de 10 kilos y puede caber cómodamente en una bolsa de compras. Hacer lo mismo con billetes de US$10, no es tan fácil: piense en cargar un baúl de 100 kilos. Los acaparadores y los evasores de impuestos encontrarían proporcionalmente más costoso contar y almacenar billetes de baja denominación. El uso de dinero en efectivo podría ser desalentado aún más poniendo restricciones al tamaño máximo de los pagos en efectivo permitidos en las ventas al por menor.

El hecho de que los grandes billetes se utilicen mucho más en las actividades ilegales que en las legales ha penetrado desde hace mucho en la televisión, el cine y la cultura popular. Los espectadores de “Breaking Bad”, la serie de TV sobre un profesor de química de secundaria transformado en traficante de metanfetaminas, mostró una idea bastante clara de cómo el dinero se gana, se gasta y se lava en las actividades delictivas.

Los diseñadores de políticas han sido mucho más lentos en reconocer esta realidad. Destacan la popularidad del dólar en el exterior, especialmente en algunos países con gobiernos problemáticos como Rusia, donde no es inusual pagar por un apartamento con un maletín lleno de billetes de US$100. En un momento, la Fed y el Departamento del Tesoro insistían en que la demanda externa explicaba hasta 70% de la demanda de dólares estadounidenses, pero este argumento ha sido contrariado por la evidencia que sugiere que al menos una gran proporción de dólares debe ser mantenida en la economía informal de EE.UU. (como he mostrado en un trabajo de investigación hace casi dos décadas). La propia Fed estima ahora que menos de la mitad de todos los dólares en efectivo circula fuera de EE.UU.

Si el dinero en efectivo es tan nocivo, ¿por qué quedarse con los billetes de US$10 y menos? Por un lado, el efectivo sigue representando más de la mitad de las compras minoristas inferiores a US$10. Este porcentaje cae abruptamente a medida que crecen los montos de las transacciones y el uso de tarjetas de débito, de crédito, transferencias electrónicas y cheques. Estos medios de pago exceden al efectivo para los compromisos superiores a los US$100, que son además legales y pagan impuestos.

Muchas personas de escasos ingresos todavía dependen en gran medida del efectivo, aunque por supuesto no son los que cargan fajos de US$100. No costaría mucho que el gobierno o las instituciones financieras les proporcionaran tarjetas de débito. Esto también haría más sencillo, más seguro y menos costoso para el gobierno hacer transferencias a los más necesitados. Varios países escandinavos ya han dado este paso.

Retener los billetes de baja denominación alivia una serie de problemas que podrían surgir si el efectivo fuera eliminado por completo. Por ejemplo, el efectivo sigue siendo útil cuando un huracán u otro desastre natural deja fuera de servicio la red eléctrica. La mayoría de los manuales de preparación de desastres piden a la gente que conserve un poco de dinero a mano, advirtiendo que los cajeros automáticos podrían estar paralizados.

Pero los tiempos están cambiando. Hoy, las torres de celulares y las grandes tiendas minoristas normalmente tienen generadores de respaldo, lo que les permite procesar tarjetas bancarias durante un apagón. Y siempre hay cheques. A su debido tiempo, es probable que la tecnología de teléfonos inteligentes supere al resto de los demás medios de comunicación, y uno siempre pueda mantener un repuesto de recarga en caso de emergencia.

Tal vez la objeción más difícil y fundamental para deshacerse del dinero en efectivo tiene que ver con la privacidad, nuestra capacidad para gastar de forma anónima. Pero, ¿dónde trazar la línea entre el derecho individual y la necesidad del gobierno de gravar, regular y hacer cumplir la ley? La mayoría de nosotros no quiere socavar al derecho de una persona para hacer una compra ocasional de US$200 con total privacidad. Sin embargo, ¿qué pasa con un auto de US$50.000 o un apartamento de US$1.000.000? Deberíamos ser capaces de limitar los problemas que he descrito aquí, garantizando al mismo tiempo que la gente común pueda seguir utilizando billetes pequeños para mayor comodidad en sus transacciones cotidianas.

¿No encontrará el sector privado nuevas maneras de hacer transferencias anónimas que eludan las restricciones del gobierno? Ciertamente. Pero mientras el gobierno evite que estos vehículos alternativos sean utilizados fácilmente por las tiendas al por menor o por los bancos, no podrán desempeñar el papel que hoy tiene el efectivo. Obligar a delincuentes y evasores de impuestos a recurrir a alternativas más arriesgadas y costosas complicará sus vidas y mermará la rentabilidad de sus negocios.

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Algunos podrían sostener que la menor circulación de dólares estadounidenses sólo funcionará si existe una coordinación entre todas las grandes economías, ya que los delincuentes y evasores de impuestos estadounidenses podrían sencillamente convertir sus dólares a euros. Esto es muy improbable. Pocos puntos de venta de Estados Unidos aceptan euros, los bancos tienen que presentar informes sobre grandes depósitos en efectivo, y hay un tope de US$10.000 para la cantidad de dinero que se puede traer a o sacar de EE.UU. sin presentar un formulario de aduanas.

Es cierto que el gobierno estadounidense ahorra costos de financiamiento al imprimir una gran cantidad de dinero en lugar de, por ejemplo, emitir bonos del Tesoro que pagan intereses. Pero esa inundación de fondos en efectivo facilita la vida de los oligarcas rusos, los narcotraficantes mexicanos y los responsables del tráfico de personas a nivel mundial. El mayor ingreso que el gobierno conseguiría al eliminar el efectivo (y por lo tanto, reducir mucha evasión de impuestos) probablemente excederá los ingresos que el Tesoro de EE.UU. obtiene actualmente de engrasar las ruedas de la delincuencia mundial, sin tomar en cuenta los enormes beneficios directos e indirectos de tasas de delincuencia más bajas. En cualquier caso, si EE.UU. toma la delantera, otras economías avanzadas acabarían haciendo lo mismo por vergüenza.

El ángulo fiscal y la delincuencia son razones suficientes para destrozar las montañas de papel moneda del mundo. Hay, sin embargo, un motivo muy diferente y quizás sorprendente, que tiene que ver con la capacidad de los bancos centrales para hacer frente a las crisis financieras y recesiones profundas. ¿Por qué? Porque pese a toda la polémica en torno a la política fiscal, la política monetaria sigue siendo la primera línea preferida de defensa contra las recesiones.

La reducción de las tasas de interés proporciona un estímulo rápido y eficaz dando a los consumidores y a las empresas un incentivo para endeudarse. También eleva el precio de las acciones y de las viviendas, lo que hace que las personas se sientan más prosperas y quieran gastar más. La política monetaria anticíclica tiene un largo historial, mientras que las discusiones políticas siempre van a interferir con un estímulo fiscal oportuno y eficaz.

Desde 2008, sin embargo, la política monetaria ha comenzado a lucir cada vez menos ágil. La mayoría de los bancos centrales se ha encontrado que una vez que recortaron las tasas de interés a alrededor de cero, sus opciones eran bastante limitadas. Esto ha hecho que muchos bancos centrales deseen tener la capacidad de reducir las tasas de interés por debajo de cero.

¿Qué significa eso? Cuando un préstamo tiene una tasa de interés negativa, los pagos del deudor en realidad suman menos que la deuda original. Varios bancos centrales (como el Banco Central Europeo y el Banco de Japón) han experimentado con este tipo de medidas. Para los ahorradores, tiene el efecto contrario: El dinero que queda en un depósito bancario o en un fondo del mercado monetario sigue disminuyendo debido a las tasas de interés negativas.

Ver: El impacto de las Tasas negativas en la Economía global 

En teoría, recortar las tasas de interés por debajo de cero debería estimular el consumo y la inversión de la misma forma en que lo hace la política monetaria normal, al fomentar el endeudamiento. Por desgracia, la existencia de dinero en efectivo entorpece este mecanismo. Si usted es un ahorrador, simplemente retirará sus fondos del banco y los convertirá en efectivo en lugar de ver que se reduzcan con rapidez. Enormes sumas pueden ser retiradas para evitar tales pérdidas, lo que podría hacer que sea difícil para los bancos hacer préstamos, anulando por lo tanto el propósito de la política.

Eliminar el efectivo o hacer que el costo de acapararlo se vuelva suficientemente alto, sin embargo, allanaría el camino para que los bancos recorten las tasas a territorio negativo tanto como sea necesario en una recesión severa. Las personas podrían acaparar billetes pequeños, pero los costos probablemente serían prohibitivos para cualquier tasa de interés negativa realista. Si es necesario, los bancos centrales también podrían fijar cuotas temporales para los grandes retiros y depósitos de papel moneda.

A los economistas en general les gusta la idea de agregar las tasas de interés negativas al arsenal de herramientas de los bancos centrales. John Maynard Keynes la consideró en su gran obra “La teoría general del empleo, el interés y el dinero” (1936). Pero Keynes escribía en una era anterior a la banca electrónica, por lo que veía las tasas negativas como una idea totalmente poco práctica.

No todos son partidarios de las tasas negativas. La resistencia es particularmente fuerte en el sector financiero, al que le preocupa la dificultad de traspasarlas a los pequeños depositantes. Sin embargo, estas preocupaciones pueden ser aliviadas significativamente. Los bancos podrían ser compensados por permitir depósitos de tasa de interés cero de hasta, digamos, US$2.000 por persona.

A otros les preocupa que las tasas negativas lleven a los bancos y a todo el sector financiero a asumir riesgos imprudentes, lo cual ya es suficiente amenaza con tasas de interés en cero. Pero si una fuerte dosis de tasas negativas puede sacar a una economía de una recesión, debería poder hacer subir la inflación y las tasas de interés a niveles positivos con relativa rapidez, reduciendo posiblemente la vulnerabilidad a las burbujas en vez de aumentarla.

En resumen, hay numerosos temas a tener en cuenta, pero si se hace de forma gradual y adecuadamente, el balance de los argumentos se inclina claramente a favor de que pasemos a ser una sociedad que dependa mucho menos del dinero en efectivo.

¿Será alguna vez realidad? Creo que ha llegado el momento. Los ministerios de Hacienda están desesperados por recaudar más ingresos fiscales sin subir los impuestos, las agencias de seguridad interna están preocupadas por la forma en la que el dinero facilita la financiación del terrorismo, los ministerios de Justicia están más preocupados que nunca sobre el papel del efectivo en la delincuencia. Para las autoridades de inmigración, mientras tanto, reducir el efectivo seguramente es mucho mejor que la idea de erigir muros.

El efectivo es algo que conocemos íntimamente: forma parte de la trama de nuestras vidas y de nuestras experiencias como consumidores y empresarios. Pero los gobiernos han dejado que los suministros de dinero en efectivo se descontrolen, en beneficio de los delincuentes y los evasores de impuestos en todas partes. Es hora, por fin, de deshacerse de todos los billetes de US$100.

—Kenneth Rogoff es el profesor de Políticas Públicas Thomas D. Cabot de la Universidad de Harvard y ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional. Este ensayo es una adaptación de su nuevo libro, ‘The Curse of Cash’, algo así como ‘La maldición del efectivo’, que será publicado en EE.UU. en septiembre por Princeton University Press.

Fuente: The Wall Street Journal, 30/08/16.


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Planean eliminar los billetes de 500 euros

mayo 5, 2016

El BCE estudia cómo eliminar los billetes de 500 euros

Por Luis Doncel.

La decisión, que podría adoptarse en semanas, apunta contra el lavado de dinero y el terrorismo.

Billetes de 500 euros

BERLÍN – El Banco Central Europeo (BCE) quiere acabar con los billetes de 500 euros. Pese a llevar años rechazándolo, el presidente del Eurobanco, Mario Draghi, busca ahora fórmulas técnicas para poner en marcha esta iniciativa que trata de luchar contra prácticas delictivas como el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo. “Hay dudas sobre cómo adoptar la decisión y cómo comunicarla. Queremos hacer cambios, pero de forma ordenada. Pero puedo asegurar que estamos decididos a que la producción del dinero no proporcione ninguna comodidad a los criminales”, dijo Draghi esta semana en el Parlamento Europeo.

bceLa decisión formal aún no está tomada, pero la voluntad es clara. Para acabar con los billetes morados es necesaria una mayoría en el Consejo de Gobierno del BCE, que reúne a los seis miembros del Consejo Ejecutivo y a los 19 gobernadores de los bancos centrales de los países del euro.

Destacados miembros de este órgano, como el presidente del Bundesbank alemán, Jens Weidmann, se oponen, pero es difícil que puedan bloquear la iniciativa. “¿Creen de verdad que no se van a producir actividades ilegales por el hecho de que no existan billetes de 500 euros?”, se preguntaba el gobernador del banco central alemán en una entrevista reciente con el Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Es un enorme peligro eliminar el dinero en efectivo, podemos literalmente vernos inmersos en un mundo orwelliano donde los gobiernos puedan controlar literalmente cada compra, transacción, y movimiento económico, de cada persona.

big brotherLas fuentes consultadas del BCE aseguran que, pese a no haberse tomado aún una decisión definitiva, esta podría llegar en las próximas semanas. La eliminación de los billetes de 500 euros es complicada políticamente por las dudas del Bundesbank. Pero además también sería un proceso técnicamente complejo, que tendría consecuencias industriales, ya que cada país fabrica sus propios billetes.

La polémica sobre los riesgos asociados a unos billetes de tanto valor no es nueva; y en cada país se ha vivido de forma distinta. Antes de la introducción de la moneda única, el billete más alto en España era de 10.000 pesetas (unos 60 euros) y en Francia de 500 francos (76 euros). Alemania tenía en cambio su billete de 1.000 marcos, que equivale a los 500 euros del billete morado. Además de Alemania, otros cinco países (Austria, Bélgica, Italia, Luxemburgo y Holanda) disponían de billetes nacionales con un valor entre 200 y 500 euros.

En octubre de 2013, Draghi descartó una decisión similar con el argumento de que, pese a que los billetes de 500 euros puedan usarse con fines ilícitos, su eliminación no reduciría el fraude ni las actividades criminales. “Los billetes de alta denominación cumplen un papel para el público, principalmente como depósito de valor, pero también como medio de pago y último recurso como refugio de activos”, respondió el presidente del BCE a una pregunta de un grupo de eurodiputados socialistas. Paradójicamente, los argumentos que entonces usó Draghi se parecen mucho a los que ahora esgrime Weidmann para poner en duda la efectividad de la medida.

Unos 614 millones de billetes 500 euros circulan en la actualidad. En total suman un valor superior a los 300.000 millones de euros. De estos, en torno al 25% están en países ajenos a la unión monetaria.

Fuente: elpais.com, 05/02/16.


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Los peligros del Dinero electrónico

enero 22, 2016

Dinero electrónico: un instrumento del Estado Policial

Dinero-electrónico-instrumento-Estado-Policial

Una de las razones por las cuales sabemos que el actual sistema monetario y financiero está condenado a seguir fracasando – hasta su colapso definitivo – es que la institución moneda no nació como una herramienta de control social. De hecho, la violencia la torna inefectiva, si no perjudicial. Por eso Jon Matonis no se cansa de repetir que si el dinero electrónico puede ser utilizado como un medio para identificarnos, escudriñarnos, vigilarnos y censurarnos, pues estamos mejor sin dinero electrónico.

El caso del señor Salah, que Mike Hearn recuerda en el foro de Bitcoin, ilustra muy bien los peligros de un sistema financiero cuyos canales han sido secuestrados por un Estado Policial.

Una de las críticas más comunes que se le hacen a Bitcoin es que, al ser como el dinero en efectivo, no admite el control gubernamental de las transacciones – algo que, según se afirma, es necesario para luchar contra el terrorismo. Si vas a involucrarte en un debate sobre este tema, el siguiente caso puede interesarte.

Sinopsis

Salah et al. V Ministerio de Hacienda es una demanda federal presentada en nombre de Muhammad Salah, ciudadano de los EE.UU. que reside en este país, contra la decisión del Ministerio de Hacienda de designar al Sr. Salah como “Terrorista Especialmente Designado” sin debido proceso ni razones que lo vinculen en modo alguno a un delito penal, y bajo restricciones tan severas que le impiden llevar a cabo las actividades más básicas de la vida.

police state

Estado actual

En respuesta a la demanda, y sin intentar defender su previa posición, el Ministerio de Hacienda eliminó unilateralmente al Sr. Salah de la lista de “Terroristas Especialmente Designados”. Después de 17 años de opresivas restricciones sobre su capacidad para realizar las actividades más básicas de la vida, el Sr. Salah y su familia fueron liberados de la carga que el Gobierno de los EE.UU. les había impuesto.

Vale la pena preguntarse: ¿cómo es posible que un supuesto terrorista digno de las sanciones más severas por más de 17 años sea de pronto designado como no terrorista, simplemente en respuesta a una demanda? La calidad (y por tanto la utilidad) del proceso en cuestión es, como mínimo, discutible, sobre todo teniendo en cuenta que el del Sr. Salah está lejos de ser un caso aislado.

¿Y cómo es vivir en los EE.UU. mientras uno está incluido en la lista de “Terroristas Especialmente Designados”?

Como resultado de la designación, Salah ha tenido que vivir bajo restricciones extremadamente severas, privándose de prácticamente todas las transacciones económicas – incluso las necesarias para la supervivencia: Al Sr. Salah no se le permitía conseguir un trabajo, pagar el alquiler, obtener atención médica, o incluso comprar una hogaza de pan.

Al estar obligado a informarles a sus posibles empleadores que él era un “Terrorista Especialmente Designado”, le era prácticamente imposible conseguir trabajo.

Sus familiares y amigos tenían prohibido ayudarlo económicamente.

Tenía prohibida la compra de artículos tan simples como un libro o un periódico, una entrada para un concierto o un evento deportivo, o flores para su esposa.

También tenía prohibido cumplir con su obligación religiosa de hacer donaciones regulares a instituciones caritativas.

Ser expulsado de la economía de manera tan radical es un castigo terrible, incluso una amenaza para la vida. Y cualquier persona que intente ayudarte puede ser acusada de “lavar dinero”, violar las sanciones o ambas cosas.

Fuente: elbitcoin.org, 14/02/13.

El Banco Central persigue a quien compra dólares

octubre 4, 2014

El Banco Central refuerza su rol de policía para combatir al dólar blue y el «contado con liqui»

Por Gustavo Bazzan.

Más poder a Kicillof.Qué significa el nombramiento como director de un abogado que viene de la Procelac, escrachó a Cavallo y quiere combatir el «contado con liqui»

Pedro Biscay, nuevo directivo del Banco Central

Pedro Biscay, nuevo directivo del Banco Central

Ahora sí, bajo control absoluto del ministro Axel Kicillof, el Banco Central parece encaminarse a relajar aún más la disciplina monetaria y al mismo tiempo endurecer el carácter policíaco. El nombramiento como director del BCRA del abogado Pedro Biscay, proveniente del área Delitos Bancarios de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), reafirma esa presunción.

Biscay tiene un perfil escrachador y vigilante. Lo de escrachador lo dejó en claro en su cuenta de twitter, cuando invitaba a escrachar, justamente, al ex ministro Domingo Cavallo, quien en agosto estaba por dar una charla en la Universidad Católica .«Cavallo vende patria endeudador sistemático el miércoles te escrachamos públicamente» escribió Biscay en witter.

De aquel día se recuerdan los huevazos que le arrojaron al ex ministro y la histórica foto de Cavallo refugiándose tras un escritorio, tirado en el piso.

arbolito financiero 01Lo de vigilante se refiere a la mirada escrutadora que Biscay desplegará sobre el sistema financiero en busca de irregularidades. Obviamente que es una actitud saludable combatir los delitos financieros.

El problema es que Biscay tal vez vea delitos donde no los haya. Puntualmente, en las operaciones de «dólar bolsa» y «dólar contado con liquidación», modalidades puestas en la picota por la Presidenta Cristina Kirchner el último martes y que ya se cobraron una víctima, Mariva Bursátil, que fue suspendida preventivamente el jueves por no tener, según la CNV, todos los papeles en regla.

Como se sabe, el dólar bolsa y el CCL son operaciones legales, con dinero en blanco. Biscay publicó un trabajo en el que traza una línea de puntos entre estas operatorias, la fuga de capitales, una modalidad delictiva y las consecuencias que ello acarrea a la economía. El siguiente es un párrafo extraído de artículo «Las múltiples dimensiones de la fuga de capitales en Argentina», publicado por Biscay en el sitio Infojus Noticias.

«La discusión sobre «contado con liqui», plantea dos problemas. Por un lado, si el fraude a la ley puede crear derechos, y por el otro, sí el abuso de instrumentos jurídicos es una característica definitoria de la delincuencia económica. Hacer fraude a la ley significa manipular los hechos para eludir el cumplimento de una norma, de manera que el primer problema reconoce una respuesta negativa a menos que -de manera absurda- se afirme que la violación de cualquier ley puede ser fuente de derechos.»

Para Biscay, por la vía las operatorias de contado con liqui «el poder económico logra consagrar la impunidad de sus actos criminales detrás de una falsa alegación de legalidad».

Biscay tiene en la mira, es evidente, a un mercado que funcionó como válvula de escape y permitió a inversores, empresas y ahorristas hacerse de dólares por fuera del mercado oficial, a un precio mayor al oficial. Es imaginable lo que podría suceder con el dólar blue si esa válvula se obtura.

Fuente: Clarín, 03/10/14.

arbolito dolar 01

Argentina: El gobierno del «apriete»

julio 30, 2012

El gobierno del «apriete»

Para cualquier observador de la realidad argentina no resulta fácil comprender la actitud condescendiente de dirigentes empresarios y representantes de entidades de muy diverso tipo frente a políticas gubernamentales que objetivamente los perjudican. La aceptación pasiva llega a los extremos de la obsecuencia cuando se ven obligados a hacer presencia en actos convocados por la Presidenta, en los que quien no acompaña el aplauso puede terminar siendo identificado para un posterior castigo.

No es curioso entonces que las declaraciones públicas de estas personas difieran de sus opiniones en privado. El doble discurso es cosa común. Quien lo practica aduce que tiene la responsabilidad de no dañar a sus entidades o empresas, de las que dependen numerosas familias. Si esa justificación es comprendida, y por general lo es, significa que hay consenso en que cualquier opinión adversa al Gobierno puede ser condenada. No se trata de una presunción teórica, sino que resulta de hechos conocidos que no dejan dudas sobre la relación causa-efecto.

Las amenazas desde el poder a quienes no se sujetaran al designio oficial fue iniciada por Néstor Kirchner cuando era presidente. Desde el atril del Salón Blanco la emprendía casi a diario en discursos improvisados contra supuestos enemigos, a quienes señalaba con nombre y apellido. Le apuntó, por ejemplo, al presidente de la empresa Shell, Juan José Aranguren, por haber desoído un pedido arbitrario sobre precios. La venganza llegó pronta: el empresario debió soportar un boicot hacia sus productos, además de escraches piqueteros impulsados por el propio presidente. Aranguren, cuyas opiniones no fueron silenciadas pese a las amenazas oficiales, debió sufrir en su propia persona 57 causas penales, promovidas principalmente por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Es justamente este funcionario el que más ha contribuido a alinear conductas mediante el miedo.

Su lenguaje procaz e imperativo, basado en la amenaza constante, es la forma que ha hallado para imponer sus deseos, incluso por encima de sus atribuciones formales, haciendo notar el poder delegado del que dispone. Puede aplicar multas y castigos aun por omisión, no autorizando aumentos de precios o importaciones, o invocar la ley de lealtad comercial y hasta la de abastecimiento. Para que esto sea posible el Gobierno ha creado una madeja de regulaciones, aumentando el grado de intervención a niveles inéditos.

El apriete por excelencia es el que se ejerce por medio de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ya desde los inicios de la gestión kirchnerista, aunque se ha intensificado en los últimos años. Se han conocido muchos casos y seguramente habrá muchos otros que no se han difundido, justamente por temor. El actual director de la AFIP, Ricardo Echegaray, pudo entrenarse en estas lides cuando tuvo a su cargo la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, (Oncca).

Se han multiplicado las inspecciones a personas o empresas luego de que incomodaran al Gobierno. Entre muchos otros, se conocen los casos de Juan Manuel del Potro, quien se negó a visitar a la Presidenta luego de su triunfo en el US Open; también el del economista Roberto Cachanosky por sus opiniones; el del periodista Luis Majul; el de la comisión directiva del club Los Cardos de Tandil, luego de que Echegaray fuera abucheado por sus socios; el del diario Clarín, y el del comedor que recibió a Jorge Lanata en Tucumán.

La confirmación oficial del uso de la AFIP para castigar a opositores la brindó la propia Presidenta por la cadena oficial, cuando dijo que había pedido a Echegaray estudiar el cumplimiento tributario de Rodrigo Saldaña tras haber expresado éste, en una nota periodística, que la actividad inmobiliaria se había enfriado. El castigo al que lo sometieron fue hacer público un incumplimiento que mantenía con el fisco.

Pero no es la AFIP el único ariete. La apropiación del Estado, de sus poderes, instituciones y organismos le ha permitido al Gobierno emplearlos cada vez con más fuerza y arbitrariedad para hostigar, perseguir y atemorizar a todos aquellos que disienten de su angosta visión de la realidad. También son usados para extorsionar y amedrentar la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) la Unidad de Información Financiera (UIF), los fondos estatales y hasta los reiterados discursos de la Presidenta por la cadena oficial.

Esta gravísima desviación de los objetivos de los organismos del Estado conlleva una paralela desnaturalización y alejamiento de sus funciones. Es lo que ha ocurrido con la UIF, órgano encargado de luchar contra el lavado de dinero, que se encuentra a cargo del inexperimentado José Sbattella. Hace menos de un año, la Justicia acusó a las autoridades de la UIF por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario, encubrimiento agravado y violación de secretos, pues sobre 130 pedidos de levantamiento de secreto fiscal requeridos por la unidad, sólo dos casos habrían tenido trámite posterior en la UIF. Se trata, precisamente, de los casos abiertos contra dos altos ejecutivos del Grupo Clarín. En cambio, la UIF habría actuado casi como encubridor en el caso Schoklender-Fundación Madres de Plaza de Mayo al haber cajoneado una denuncia antes de estallar el escándalo.

También se habrían verificado en la UIF otros ocultamientos de reportes de operaciones sospechosas de aliados del Gobierno y la filtración de información contra empresas e individuos enfrentados con el kirchnerismo, lo que llevó al corte de colaboración con su par estadounidense, el FinCen. Por ejemplo, información que la UIF había solicitado a ese organismo norteamericano se quiso emplear por razones políticas contra el dirigente opositor Francisco de Narváez. A su vez, la Comisión Nacional de Valores (CNV) ha actuado en contra de una empresa del grupo Techint y contra Papel Prensa. Al mismo tiempo, esos órganos, a los que debe agregarse la Afsca (ex Comfer), dejan de cumplir su función de control, como también ocurre con la Sigen y la Inspección General de Justicia (IGJ).

En manos del Gobierno, la Policía Federal y la Gendarmería también se han convertido en herramientas de castigo, privando de sus servicios o retaceándolos a distritos que no se han alineado con las autoridades nacionales o cuyos mandatarios han perdido el favor oficial. Así, sin reparar en que se está jugando con la seguridad de la población, en la Capital se ha puesto fin a la tarea de custodia que realizaba la Policía Federal en subtes, hospitales, escuelas y autopistas para castigar a Mauricio Macri, mientras que la Presidenta negó el empleo de la Gendarmería en Santa Cruz durante la última huelga policial, medida que tuvo que rever días después.

Esta perversión en el empleo del Estado va en aumento y la facilita la creciente colonización de las principales áreas, ocupadas, en muchos casos, por militantes de La Cámpora, que se caracterizan más por su obediencia ciega que por su idoneidad o experiencia.

En esencia, se han invertido las cosas. El Estado no se encuentra al servicio de la sociedad, sino de los gobernantes, y éstos, al servicio de su ambición de perpetuidad y más poder. Nada más alejado de la democracia. De continuar estas prácticas, terminaremos viviendo en un Estado Policíaco en el que prevalecerán el temor, el aplauso forzado y la obligatoria ausencia de críticas.

El «apriete» es una manifestación del nulo respeto por los derechos y las libertades individuales y refleja claramente el desprecio por la seguridad jurídica: «Un concepto horrible», según ha dicho públicamente la nueva estrella del poder Axel Kicillof. Este pensamiento y estas actitudes deben llamar la atención sobre la defensa de los principios liminares de nuestra Constitución Nacional, amenazados por un «vamos por todo» que no excluye la supresión de los derechos y garantías individuales, que son la esencia de la república y de la convivencia en paz y libertad.
Fuente: La Nación, 29/07/12. Editorial.