Cómo evadir impuestos
agosto 3, 2020
Los trucos de los bancos suizos para evadir impuestos
Por Laura Sanders.
Algunos bancos suizos trasladaron los fondos a tarjetas débito imposibles de rastrear. En otros casos, los clientes que deseaban transferir efectivo usaban frases codificadas como “¿puede descargar algunas canciones para nosotros?” Un organismo permitía que un cliente convirtiera francos suizos en oro, el cual luego era depositado en la caja fuerte de un familiar.
Decenas de bancos suizos han revelado sus secretos sobre cómo alentaron a sus clientes estadounidenses a esconder dinero en el extranjero, como parte de un programa del Departamento de Justicia de EE.UU. que les permitirá evitar la presentación de cargos.
El proceso es parte de una amplia ofensiva del gobierno de EE.UU. contra las cuentas no declaradas en el extranjero que ha atrapado a grandes bancos suizos como UBS Group AG, pero que ha recibido poca atención porque involucra principalmente a firmas poco conocidas y multas relativamente modestas.
Un análisis de documentos del Departamento de Justicia pertenecientes a más de 40 acuerdos judiciales con estos bancos llevado a cabo por The Wall Street Journal, arroja luces sobre las técnicas de paraísos fiscales y la amplia gama de métodos que las entidades tienen para mantener secretas las cuentas de sus clientes. Los involucrados van desde grandes bancos internacionales a pequeños prestamistas en ciudades chicas, que en conjunto ayudaron a mantener en secreto a más de 10.000 cuentas de estadounidenses que en total albergaban más de US$10.000 millones, según el análisis.
“Ayudar a estadounidenses a esconder activos de las autoridades tributarias de EE.UU. fue un gran negocio para firmas de todos los tamaños y formas en Suiza y ahora estamos viendo lo extendido que era”, dijo Jeffrey Neiman, quien lideró la investigación del Departamento de Justicia a UBS en 2009, la cual rompió la barrera del secreto bancario suizo. Él trabaja ahora en el bufete Marcus Neiman & Rashbaum LLP.
Las empresas que han reconocido conductas irregulares han pagado más de US$360 millones para resolver los casos y evitar la imputación de cargos criminales. Los abogados de los estadounidenses titulares de cuentas y los bancos suizos calculan que otras 40 firmas en el programa están en negociaciones con el Departamento de Justicia.
Más de 54.000 contribuyentes con cuentas no declaradas han pagado más de US$8.000 millones al Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. para resolver sus casos y evitar procesos criminales.
Los métodos usados por las firmas suizas fueron presentados en detalle en declaraciones firmadas en los documentos de acuerdo judicial y revelan irregularidades que se remontan a 2008, aunque algunos abusos habían ocurrido durante décadas.
Muchas empresas dicen que entregaban a los clientes cuentas numeradas o con nombres clave. La identidad del titular era conocida sólo por unos pocos empleados. Los bancos también retenían correo con destino a EE.UU., en parte para calmar a los clientes que temían que el gobierno estadounidense revisara su correspondencia. Un cliente de Bank Sparhafen Zurich AG le dijo a un gerente que el cobro del banco por retener el correo era “un seguro barato para evitar que mis negocios con ustedes atraigan la atención de las autoridades impositivas del gobierno”.
Muchos bancos también ayudaron a los contribuyentes estadounidenses a ocultar su propiedad de cuentas en fideicomisos de papel y fundaciones en paraísos fiscales como Liechtenstein, las Islas Vírgenes británicas y Panamá.
Para darle a los clientes estadounidenses un acceso directo y expedito a sus fondos, algunos bancos emitían tarjetas débito prepagadas que eran difíciles de rastrear. BSI SA of Lugano, uno de los mayores bancos privados de Suiza, dijo que algunos clientes que necesitaban efectivo enviaban correos electrónicos con frases en código como “el tanque de gasolina se está agotando”.
Las entidades también ayudaban a los clientes que temían las leyes de Lavado de Dinero de EE.UU., las cuales exigen el escrutinio de las transferencias de más de US$10.000. St. Galler Kantonalbank AG , un banco regional controlado por el cantón suizo de St. Gallen, dijo que permitió que nueve clientes estadounidenses hicieran un total de US$3 millones en retiros en cantidades menores a US$10.000.
En 2009, el banco dejó que un cliente que cerró una cuenta con 1 millón de francos, que equivale a US$1 millón hoy, usara 400.000 francos para comprar oro. A continuación, el oro y algunos francos restantes fueron puestos en una caja fuerte en el banco a nombre de un familiar no estadounidense del cliente, reveló el banco.
Las firmas pueden reducir las multas al tomar medidas como entregar información de las cuentas y probar que los clientes han informado al Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. sobre sus cuentas. Las multas para los clientes pueden ser tan altas como la mitad del valor de la cuenta.
Abogados de tres de los bancos suizos han indicado que están cumpliendo con los términos de los acuerdos y el abogado de St. Galler Kantonalbank no pudo ser contactado. Todos los bancos que han firmado acuerdos con el Departamento de Justicia han prometido no violar leyes estadounidenses en el futuro y cooperar con las autoridades estadounidenses en sus esfuerzos para combatir la evasión de impuestos.
En un acuerdo de 2009 con las autoridades de EE.UU. para evitar cargos criminales, UBS pagó US$780 millones y admitió haber obrado mal. Credit Suisse Group AG se declaró culpable de cargos penales en 2014 y aceptó pagar US$2.600 millones.
El Departamento de Justicia dijo que espera llegar a acuerdos con otros bancos suizos antes de finales del año. Abogados de dueños de cuentas y bancos suizos al tanto, dicen que seis a ocho grandes bancos mantienen conversaciones por separado con las autoridades.
Fuente: The Wall Street Journal, 23/10/15.
Más información:
Los paraísos fiscales son una bendición
Los Paraísos fiscales, últimos refugios de libertad
Los Paraísos fiscales del Caribe
Secreto bancario y Paraísos fiscales
Evasión fiscal, elusión fiscal y ahorro fiscal
.
Cómo nos estafaba la AFIP de los Kirchner
abril 28, 2016
La AFIP aportó más pruebas que comprometen a Echegaray
Por Daniel Santoro.
La ruta del dinero K: Protegió a Austral Construcciones cuando estaba al frente del ente recaudador en un caso de facturas apócrifas.
Ricardo Echegaray, actual presidente de la AGN, en la cumbre del PJ, el mes pasado.
La AFIP entregó al juez Sebastián Casanello un duro informe sobre cómo se protegió con una serie de maniobras a Austral Construcciones de Lázaro Báez en el caso de las facturas truchas de Bahía Blanca, lo que complica la situación del ex titular de ese organismo fiscal y actual presidente de la Auditoría General de la Nación, Ricardo Echegaray, en la causa de la ruta del dinero K. Echegaray debe declarar como imputado en la causa el 3 de mayo próximo. Casanello considera la multimillonaria evasión impositiva de las empresas de Báez como el delito precedente de las maniobras de lavado de dinero.
La principal acusación contra el ex titular de la AFIP consiste en haber disuelto la regional Bahía Blanca de la DGI para frenar una investigación sobre la entrega de facturas apócrifas por lo menos por 16 millones de pesos del 2012. Las facturas truchas son generalmente usadas para tapar agujeros contables producto del pago de sobornos provenientes de contratos de obra pública, entre otras maniobras.
Ricardo Echegaray, funcionario corrupto.
La disolución de la delegación Bahía Blanca, entre otras maniobras evitó que entonces el juez en lo penal económico Javier López Biscayart procesara a Báez en una denuncia de la diputada de la CC-ARI Elisa Carrió. López Biscayart solo pudo hacerle pagar multas menores a Austral. La AFIP bajo el control de Echegaray omitió darle a ese juez informes con los verdaderos números de la evasión.
El informe, según revelaron fuentes judiciales, puntualiza que Constructora Patagónica Argentina le entregó facturas por casi 16 millones de pesos a Austral y que está era casi su única clienta. Más adelante afirma que tras el desplazamiento de 36 inspectores de la delegación Bahía Blanca se entregó “información sesgada, parcializada y subjetiva” a la Justicia. Por ejemplo, también puntualiza que el Grupo Penta –uno de los emisores de esas facturas- le entregó facturas por otros 13 millones a Austral. El informe complica a Echegaray y también al ex jefe de la DGI Angel Toninelli, quien viajó en aviones de Top Air con su hijo y con Martín Báez, uno de los procesados en la causa de la ruta del dinero K.
“Se está también ante un entramado para general costos falsos a Austral”, dice el informe de la AFIP que analiza Casanello para indagar a Echegaray cuya renuncia a la AGN es pedida por el Gobierno y Cambiemos por esta y otras causas judiciales. Con facturas falsas de Constructora Patagónica, Austral pudo inflar sus costos en no menos de 7 millones de pesos.
Otras de las acciones por acción u omisión que deberá explicar Echegaray es por qué la dirección Microcentro de la DGI validó en el 2008 “una indemnización” de 56 millones de dólares que le pagó una empresa fantasma de Curazao a Austral por un hotel que no se construyó en una isla del Caribe frente a Belice. Se trata del proyecto del hotel de Cayo Chapel donde Austral afirmó que invirtió 100 millones de dólares. Llamativamente, Máximo Kirchner presidió una consultora que se llama Chapel y que terminó dando de baja.
El informe también advierte que nunca se había fiscalizado a Terrafari SA y a Austral Agro, entre otras irregularidades y apunta al escribano de la familia Kirchner, Ricardo Albornoz. En sus conclusiones, asegura que el Grupo Pena “fue constituido al solo efecto de generar facturación falsa”, al igual que el Grupo Suris. Este está investigado en Bahía Blanca por lavado, fue amigo de Fariña y novio de la vedette Mónica Farro.
Fuente: Clarín, 28/04/16.
Cristóbal López escamoteó a la AFIP $ 8.000 millones durante el gobierno K
marzo 13, 2016
Cristóbal López no pagó a la AFIP $ 8000 millones durante el kirchnerismo
En los últimos cuatro años el empresario patagónico no abonó el impuesto a los combustibles; así financió la expansión de su emporio, ahora en problemas.
Durante sus últimos cuatro años en el poder, el kirchnerismo permitió que el empresario patagónico Cristóbal López acumulara una deuda por más de $ 8000 millones con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Y ese pasivo fiscal amenaza con tornarse impagable en el transcurso de los próximos meses, según surge de los balances contables de Oil Combustibles y otras empresas del Grupo Indalo, cuyas copias obtuvo y analizó LA NACION con la ayuda de expertos contables y tributarios.
El dinero que cobró López corresponde al impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC), pero no lo envió a la AFIP, según surge de los balances. ¿Cómo funciona? Cada vez que alguien carga nafta en sus estaciones de servicio, de cada $ 14 por litro que cobra, debe girar $ 4 a la AFIP (es decir, el 26% del precio por litro), que se suman a otros impuestos y tasas. Pero no lo hizo.
Con ese dinero que retuvo, el empresario expandió su conglomerado de empresas al que bautizó Grupo Indalo. En otras palabras, López no impulsó el crecimiento de su imperio con las ganancias del juego -divisas que mandó en parte al exterior para, por ejemplo, comprar un casino en Florida, Estados Unidos-, sino que lo hizo con fondos que debió girar al Tesoro nacional.
LA NACION consultó el miércoles a un vocero de López y a su socio, Fabián De Sousa. Les informó que quería conocer su versión sobre el material a publicar. El vocero quedó en transmitir la inquietud. Al día siguiente, pidió demorar la publicación unos días.
Y anteayer anunciaron la separación de los socios y el fin del Grupo Indalo como se lo conocía hasta ahora, pero tanto López como De Sousa se negaron a responder preguntas específicas sobre esta investigación. Ante la prensa, De Sousa sólo sostuvo que la deuda impositiva acumulada «no es tan grande» y que cuentan con «ingreso de caja suficiente» para afrontarla, aunque reconoció que no pudo pagarla durante 2013, 2014 y 2015 por diversos problemas de la macroeconomía. Afirmó además que sólo se limitó a utilizar «todos los mecanismos legales disponibles para financiarse».
Según reconstruyó LA NACION con la ayuda de contadores, tributaristas y auditores, los ejes centrales de la operatoria que montaron López y De Sousa se reducen a unos pocos pasos. Primero, fondearon Oil Combustibles con el ITC por $ 6065 millones a junio de 2015, en tanto que el resto de la deuda corresponde al ITC que tampoco pagaron desde entonces y a los intereses acumulados sobre esa deuda, hasta orillar los $ 7400 millones, más otros $ 600 millones en impuestos que también retuvieron otras empresas del grupo. Total: $ 8000 millones.
El segundo paso llegó después. Con ese dinero, López comenzó a fondear otras firmas de su grupo, entre las que descolló Inversora M&S SA, que recibió $ 3300 millones, según surge de los balances analizados. Y el tercer paso resultó inmediato. Inversora M&S SA comenzó a comprar activos o financiar sus operaciones, lo que explicó la compra de medios de comunicación, el banco Finansur y fábricas como Paraná Metal, o la supervivencia durante años de compañías que no eran redituables.
Toda esta operatoria, a su vez, ocurrió durante un período clave. Porque al mismo tiempo que López se fondeó con el ITC, el precio de las naftas comenzó a subir. Y le alquiló al menos dos departamentos, una oficina y cinco cocheras a la entonces familia presidencial Kirchner durante años a cambio de varios millones de pesos, según reveló LA NACION en marzo de 2015. No sólo eso. También le giró fondos desde su hotel El Retorno, en Bariloche, al Alto Calafate, el principal hotel de los Kirchner en Santa Cruz.
Allí no se acaban los lazos cruzados. Porque la sobrina de la ex presidenta -e hija de la gobernadora Alicia Kirchner-, Romina Mercado, trabaja desde febrero de 2012 y hasta hoy en Inversora M&S SA, al mismo tiempo que tomó las riendas como presidenta del directorio de Hotesur, la sociedad controlante del Alto Calafate, según los registros laborales y societarios.
Durante ese mismo período, además, distintas áreas del Estado nacional mostraron indicios inusuales a favor de Cristóbal López. Desde el Ministerio de Economía y la Aduana, por Álcalis de la Patagonia, hasta la unidad antilavado (UIF) y el Banco Central (BCRA), por el banco Finansur, o la Afsca para su ingreso en el sector de los medios.
Lo mismo ocurrió en la AFIP, que toleró la retención de esos $ 8000 millones de pesos en impuestos atrasados por parte de López y De Sousa. El organismo les permitió acumular esa deuda, luego convalidó que la colocaran en múltiples regímenes de asistencia financiera (RAF) -planes de pago de hasta seis cuotas que ofrecía el organismo tributario- y, por último, cuando el volumen de esa deuda se tornó sustancial, les permitió consolidarla en sucesivos planes de pago.
Una vocera de Ricardo Echegaray llamó el viernes a LA NACION. Sin que mediara una pregunta específica, aclaró que el actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) ya fue investigado y sobreseído por la Justicia por la entrega de los planes de pagos a López tras una denuncia de Elisa Carrió. Lo sobreseyó el juez Sebastián Ramos, en marzo de 2014. Es decir, seis meses después de que LA NACION revelara el primer paso de la operatoria que López y De Sousa utilizaron para comprar activos de Petrobras en la Argentina.
La benevolencia de la AFIP frente a Oil Combustibles durante los últimos años contrasta, sin embargo, con la rigidez que el mismo organismo mostró frente a las otras petroleras, que no pudieron cobrar y retener el ITC sin correr el riesgo de afrontar las intimaciones y embargos del organismo tributario. De hecho, ninguna de las otras grandes compañías que operan en el país -YPF, Shell, Petrobras, Axion- mantiene deudas con la AFIP por el ITC. «La operatoria habría terminado con una denuncia penal», indicó un ex alto ejecutivo del sector petrolero que mantuvo varios cortocircuitos con el kirchnerismo.
Ahora, además, las nuevas autoridades de la AFIP comenzaron a intimar a Oil Combustibles, lo sometieron a controles más exhaustivos y le comunicaron que no le permitirán que retenga nuevos fondos por el ITC.
Riesgo inminente
Según surge de los balances de diversas empresas del Grupo Indalo, López y De Sousa concentraron esta maniobra fiscal en Oil Combustibles, que acumuló más del 90% de toda la deuda tributaria. Y que, según anunciaron el viernes, quedará a partir de ahora en manos de De Sousa.
Oil Combustibles es, a la vez, la firma con que adquirieron algunos activos en la Argentina -pero no todos- de la petrolera brasileña Petrobras, operación que quedó bajo la lupa judicial en Brasil por el presunto pago de sobornos.
Los balances de Oil Combustibles reflejaron esa paulatina acumulación del ITC que montaron López y De Sousa. Así, a mediados de 2010, la petrolera informó una deuda con la AFIP por apenas $ 78.285; pero un año después -y ya con la adquisición de activos de Petrobras en el país- subió a $ 179,9 millones, y para junio de 2012 llegó a $ 1262,9 millones.
Pero la operatoria no sólo continuó, sino que se potenció y expandió, hasta ahora correr el riesgo de resultar impagable. Así, en 2013, a $ 1591,7 millones; en junio de 2014, a $ 3145,7 millones, y para mediados de 2015, a más de $ 6065 millones (entre deuda corriente y no corriente). Desde entonces, además, continuó en ascenso hasta diciembre pasado ya que Oil siguió sin girar a la AFIP cientos de millones de pesos correspondientes al ITC, a los cuales se aplicaron los intereses.
Ahora, sin embargo, con más de $ 7400 millones de deuda fiscal acumulados en Oil Combustibles, López y De Sousa afrontan serios desafíos contables, financieros y tributarios para mantener a flote el Grupo Indalo, coincidieron los analistas consultados por LA NACION. Los motivos son múltiples:
-Según sus balances, Oil Combustibles sólo cuenta con un patrimonio neto de $ 447 millones, mientras que su crecimiento respondió al «apalancamiento» de la AFIP, y con un notable descalce de liquidez;
-Para obtener los planes de pago de la AFIP, López y De Sousa promovieron la revaluación contable (no basada en una inversión real) de los «bienes de uso» de Oil Combustibles por más de $ 1669,8 millones. Es decir que los mismos bienes de la compañía que en junio de 2013 valían $ 226,4 millones, un año después pasaron a valer 8,2 veces más: $ 1876,2 millones;
-Ese revalúo quedó a cargo de una pequeña firma sin mayores antecedentes en el mercado, y aunque el revalúo se fijó en junio de 2014, según la propia auditoría el informe se terminó seis meses después, el 15 de diciembre de ese año;
-Transcurridos 21 meses desde que se computó ese revalúo, el recálculo todavía se encuentra pendiente de la aprobación final de la Inspección General de Justicia (IGJ), que durante el último año del gobierno kirchnerista no resolvió si aprobaba o rechazaba esa operación contable;
-Como auditora externa, Deloitte también consignó la revaluación como un riesgo latente para Oil Combustibles. «De no resultar aprobada la revaluación -indicó-, el patrimonio neto disminuiría en 1.059.251.141 [pesos], el activo en 1.629.617.142 [pesos] y el pasivo no corriente (impuesto diferido) lo haría en 570.366.001 [pesos]». Es decir que pondría en serio riesgo a la compañía.
Sin embargo, la revaluación pendiente no es el único factor de riesgo para Oil. Declaró entre sus activos los préstamos por más de $ 4300 millones que le otorgó a otras empresas del grupo (los $ 3300 millones que giró a Inversora M&S SA-que ahora controlará sólo López-, más otros $ 350 millones a South Media Investments y $ 592,2 millones a «otras partes relacionadas», entre otros). Pero según Deloitte, el recupero de ese dinero es una pregunta abierta: «La realización y la cancelación a futuro de los activos y pasivos entre empresas del grupo económico se encuentran condicionadas al cumplimiento de los planes de negocios de cada unidad de negocios en el corto y mediano plazo».
Así, según surge de los propios balances de Oil Combustibles, si la IGJ no aprueba el revalúo contable de sus bienes o si las otras empresas del Grupo Indalo no pueden devolverle el dinero prestado, la petrolera mostrará un patrimonio neto negativo y quedará en condiciones de disolución. Salvo, claro, que sus accionistas le inyecten fondos frescos por montos multimillonarios. Más relevante aún, esos balances exponen las serias dificultades que afrontan López y De Sousa para devolver los $ 8000 millones en impuestos que adeudan a la AFIP. El viernes anunciaron el fin del Grupo Indalo como era hasta ahora.
Una operatoria irregular
Cristóbal López articuló un mecanismo para eludir pagos a la AFIP que fue cuestionada por una evaluadora
¿Cómo se realizó el fraude?
Fuente: La Nación, 13/02/16.
