Presentó recibos apócrifos de gastos de hotel en París y coberturas de TV
Por Hugo Alconada Mon y Luisa Corradini.
PARÍS – La factura lleva el número 83.167 y es por 9395 euros. Unos 160.000 pesos al tipo de cambio actual. Corresponde a la estadía del entonces ministro de Economía Amado Boudou en el hotel Bel Ami de París, entre el 17 y el 21 de febrero de 2011, donde asistió a un encuentro de ministros y presidentes de bancos centrales del G-20.
El primer problema es que ese documento es falso. El segundo -y más grave- es que se trata apenas de una de las muchas facturas apócrifas de una de las más altas autoridades del país y responsable del dinero de los contribuyentes, según verificó LA NACION en esta capital y en Buenos Aires.
Los ejemplos se acumulan. Dos meses antes, Boudou también había pasado por esta ciudad y se hospedó en el mismo hotel, entre el 12 y el 16 de diciembre de 2010, para una reunión del Club de París. La factura que presentó en el Palacio de Hacienda ascendió a 19.937 euros.
Son casi 340.000 pesos al tipo de cambio vigente hoy. Y fue -según consta en el texto- pagada en efectivo, una práctica prohibida en Francia cuando se trata de sumas importantes. Esa factura N° 88.636, de diciembre de 2010, lleva curiosamente un número posterior a la de febrero de 2011. También es falsa.
El Bel Ami es un establecimiento cinco estrellas ubicado en el corazón del Barrio Latino, a escasos pasos del célebre Café de Flore, lugar donde solían reunirse las grandes figuras del existencialismo francés a mediados del siglo XX. Moderno, cómodo, discreto y acogedor, el hotel está lejos de responder al nivel de un «palace», donde el precio de las habitaciones supera fácilmente los 3000 euros. En el Bel Ami, la suite más cara cuesta 1130 euros por día. Y no era ésa la que solía ocupar el entonces ministro.
«Todo lo que figura en estas facturas es absolutamente inverosímil en un hotel de cinco estrellas como el nuestro: el pago en efectivo, la ausencia de cantidad de habitaciones ocupadas, la inexistencia de IVA (TVA, según sus siglas en francés) en una de ellas, la omisión del impuesto a la estadía (taxe de séjour) en otro de los casos, la inclusión de los vehículos con chofer que jamás figuran de ese modo y hasta la forma absurda de listar ese servicio, el cual denominan «auto» en vez de «location de voiture»», constató con asombro uno de los principales responsables del establecimiento en declaraciones a LA NACION.
Pero todos esos errores, en verdad, tienen relativa importancia. La realidad es que «esas facturas simplemente no existen», resumió la misma fuente, después de controlar los archivos informáticos del hotel. Con su autorización, uno de sus empleados mostró a LA NACION en la pantalla de la recepción que ambos números de factura corresponden a otros huéspedes. «Tiene que haber un error. El ministro de Economía de un país no puede dedicarse a falsificar facturas por unos miserables miles de euros», concluyó consternado. Durante la investigación, y para comparar en forma independiente el sistema de facturación del hotel con los documentos presentados por Boudou, LA NACION también se alojó una noche en el Bel Ami.
Las dos facturas que presentó el ex ministro comparten algo más. Fueron refrendadas con su firma por el entonces «jefe de Secretaría Privada» de Boudou, Eduardo Romano, con rango y sueldo de subsecretario de Estado. Conocido en Mar del Plata como «Cachi», es uno de los mejores amigos de «Aimé» y luego pasó a integrar la planta del Senado con la categoría 1, la más alta y mejor paga del escalafón.
Ambos, Boudou y Romano, acumulan antecedentes judiciales. El ex vicepresidente se encuentra procesado por su rol en el caso Ciccone, se encamina al juicio oral por la falsificación de los documentos de un auto y en diciembre pasado afrontó un pedido de indagatoria por la presunta adulteración de su DNI.
«Cachi» Romano, por su parte, también debió declarar ante la Justicia por el caso Ciccone, pero para explicar dos llamadas que recibió de un teléfono asignado a Alejandro Vandenbroele y porque su tarjeta de negocios fue encontrada en la planta de Ciccone Calcográfica durante un allanamiento. Antes, en junio de 2012, fue indagado en Mar del Plata por el presunto cobro de subsidios fiscales irregulares.
Una y otra vez, Romano fue el encargado de rendir las cuentas de los viajes de Boudou como ministro de Economía y, después, como vicepresidente de la Nación. Y las irregularidades se acumularon, según reconstruyó LA NACION.
Otras facturas de otros viajes de Boudou también resultan llamativas. Es el caso de, por ejemplo, la que emitió la firma TVT (Televisión Turística de América SA) el 28 de septiembre de 2010 por la «cobertura fílmica de la participación del señor ministro de Economía de la Argentina en la Asamblea General de la ONU, en la ciudad de Nueva York».
CFK y Amado Boudou
Refrendada, como las anteriores, por «Cachi» Romano, la factura que emitió TVT por seguir a Boudou un par de días durante su viaje por Nueva York ascendió a 5000 dólares (unos 60.000 pesos al cambio actual). Pero lo hizo a pesar de que el ministro integraba la comitiva de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con cobertura a cargo de la productora La Corte.
No sólo eso. La firma TVT que facturó por cubrirlo en Nueva York es de Cancún, México. La factura 0524 se redactó a mano. Y aparecen dos números de teléfono que hoy no funcionan, como también una página de Internet que tampoco se encuentra activa. La productora es hoy, en sí, inhallable.
Cristina Kirchner fue procesada en la causa dólar futuro
Para el juez Bonadio, laws operaciones implicaron un fraude a las arcas pública; también están procesados Axel Kicillof y Alejandro Vanoli.
Un mes después de haberla indagado, el juez federal Claudio Bonadio procesó hoy a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa por la venta de dólar futuro.
Según Bonadio, las operaciones que llevó adelante el Banco Central no hubieran podido concretarse sin una decisión expresa de las máximas autoridades del Ministerio de Economía y del Poder Ejecutivo Nacional, por entonces a cargo de Cristina Kirchner.
De acuerdo al juez, las operaciones implicaron un fraude a las arcas públicas porque se acordó vender dólares en el mercado de futuros a un precio bajo que, tras la devaluación, iba a obligar al Estado a pagar una gran diferencia a los compradores. Junto con la ex presidenta fue procesado también el ex ministro de Economía Axel Kicillof.
Desde la defensa esgrimieron que el Banco Central es autónomo y no depende del presidente y que el perjuicio económico lo provocó la gestión de Mauricio Macri al devaluar. Además, cuestionaron a Bonadio. Lo acusaron de parcial y lo recusaron, pero la Cámara Federal lo confirmó en la causa.
Cristina Kirchner fue indagada el 13 de abril. Su presencia como imputada funcionó como su relanzamiento político, con un multitudinario acto en las puertas de Comodoro Py.
Las principales causas que pueden poner a Cristina tras las rejas
Dólar futuro, Hotesur, Los Sauces, la ruta del dinero K son algunos de los asuntos judiciales que más preocupan a la exmandataria y su entorno.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuenta con varias causas en su contra –y contra su entorno– que, hoy en día, le generan bastante preocupación. Este es el estado en el que se encuentran las principales investigaciones:
Dólar futuro. Una de las causas que complica a la expresidenta es la conocida como «dólar futuro«, la primera en la que es procesada «por administración infiel en perjuicio de la administración pública».
El juez federal Claudio Bonadio, en el marco del proceso que investiga presuntas irregularidades en la venta de dólar futuro durante el final de su segundo mandato, ordenó también el procesamiento de Axel Kicillof y Alejandro Vanoli.
Por esta misma causa, el magistrado tomó declaración indagatoria a Cristina tras señalar que el Banco Central (BCRA) afrontó pérdidas millonarias por la medida, impulsada por el expresidente de la entidad y el exministro de Economía.
El expediente se abrió a partir de una denuncia presentada por los entonces jefes de los bloques de diputados del radicalismo, Mario Negri, y del PRO, Federico Pinedo, quienes no había acusado directamente a la ex mandataria.
Los Sauces. Cristina Fernández de Kirchner fue imputada ayer ante la sospecha de haber recibido coimas –delito de “cohecho”– por parte de empresarios beneficiados con la adjudicación de obra pública durante su gestión, en el marco de la causa conocida como “Los Sauces”.
La expresidenta y su hijo Máximo Kirchner ya se encontraban imputados en la causa, pero por presunto “enriquecimiento ilícito”.
El fiscal federal Carlos Rívolo imputó también a los empresarios Lázaro Báez (detenido en una causa por presunto lavado de activos) y a Cristobal López (investigado por una millonaria deuda con la AFIP), a quienes acusó de materializar el pago través de alquileres de propiedades administradas por la empresa de la ex familia presidencial.
Hotesur. Otra de las causas que acumula CFK es por supuesto lavado de dinero junto a su marido, el expresidente Néstor Kirchner, donde se investiga la actividad hotelera del matrimonio en conjunto a Báez y López, entre otros empresarios.
El expediente Hotesur analiza la contratación de habitaciones en los hoteles del matrimonio presidencial, por parte de diferentes empresarios, por un monto de dinero que, se sospecha, podría haber buscado blanquear supuestos «retornos» derivados a obras públicas.
Ruta del dinero K. Lázaro Báez, amigo de Cristina y de Néstor Kirchner, habría sacado del país 55 millones de euros y los habría transferido al exterior por fuera del sistema legal. La investigación señalaba que la ruta del dinero empezaba en Río Gallegos, hacía escala en Buenos Aires y seguía su rumbo hacia cuentas en Suiza de empresas radicadas en paraísos fiscales.
A raíz de la declaración de Leonardo Fariña, la fiscalía argentina imputó a la exmandataria, lo que implica que será investigada formalmente para conocer su presunta vinculación con el lavado de dinero. Es posible que por esta causa Fernández sea citada a una indagatoria.
Enriqucimiento ilícito. El otro tema que podría comprometer a Cristina es la causa por presunto enriquecimiento ilícito de la cual fue sobreseída junto a su marido años atrás por el juez Norberto Oyarbide.
Ahora, Margarita Stolbizer la volvió a denunciar y el fiscal Carlos Rívolo, junto con el juez Sergio Torres, están verificando si este hecho no es parte de lo que se investiga en el caso Hotesur y las presuntas maniobras de lavado de dinero que pudieron originar un enriquecimiento ilícito.
Cristina y Máximo Kirchner fueron imputados por cohecho
Causa «Los Sauces». El fiscal Carlos Rívolo decidió ampliar la acusación contra la ex presidenta y su hijo. Es por los los alquileres a Lázaro Báez y Cristóbal López.
La ex presidenta, junto a su hijo Máximo Kirchner.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, Máximo, fueron imputados hoy por cohecho en la causa «Los Sauces». El encargado de la imputación fue el fiscal Carlos Rívolo, quien además investiga un «crecimiento del patrimonio injustificado».
La causa se inició a raíz de una denuncia de la diputada del GEN, Margarita Stolbizer, quien acusó a Cristina de retirar retirar de la firma «Los Sauces» ganancias en forma irregular por más de 20 millones de pesos. El fiscal también imputó a Lázaro Báez y Cristóbal López.
Además, la legisladora dijo que más pronto que tarde la ex presidenta debería ser llamada a declaración indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito en esa causa.
«Es oportuna y necesaria, es una causa similar a Hotesur, sólo mirando los documentos se ven los delitos», afirmó días atrás la diputada y agregó que «es claro el pago de los retornos de (empresario Lázaro) Báez«.
El juez a cargo del expediente, Claudio Bonadio, dispuso el secreto de sumario en la causa iniciada a instancias de una denuncia presentada el 4 de abril pasado.
Todas las sospechas que salpican a las empresas de Cristina
Por Lucía Salinas.
Otros tiempos. Báez junto a Cristina y Máximo Kirchner en el Mausoleo.
«La familia Kirchner tiene solo tres sociedades, Los Sauces SA, Hotesur SA y CoMa SA, declaradas en Argentina» señaló en un comunicado de prensa la empresa de Cristina y Máximo Kirchner, acusando a la Justicia y a los medios. Lo cierto es que dos de estas sociedades -en las que tuvieron vínculos comerciales con Lázaro Báez-, están sospechadas de ser utilizadas para el lavado de activos y cohecho. La tercera de las firmas registra en caja $ 150 y hace años que no tiene movimientos contables pese a dedicarse al rubro inmobiliario.
Una de las empresas más importantes de la ex Presidenta es Hotesur, propietaria del hotel Alto Calafate, inmueble que administró hasta diciembre de 2013 Valle Mitre sociedad de Lázaro Báez. Fue justamente con dicha firma que el empresario K alquiló habitaciones de éste y dos hoteles mas de Cristina (Las Dunas y La Aldea), garantizando ingresos por $ 14 millones durante dos años a la familia Kirchner.
Pese a que Báez argumentó que esas habitaciones para los empleados de sus constructoras que tenían obras en la villa turística, lo cierto es que en esa época, la licitación adjudicada más cercana quedaba a unos 200 kilómetros.
El hotel Alto Calafate, el único inmueble de Hotesur.
Hotesur está investigada, en consecuencia, por presunto lavado de dinero y es una sociedad que reúne a la familia Kirchner y a su personas de mayor confianza. En el primer directorio estuvo el abogado del empresario K, Roberto Saldivia, y Alejandro Ruíz socio del contador de Báez, César Andrés.
En el último directorio que se renovó después de años de irregularidades, continuó como presidenta Romina Mercado (empleada de Inversora M&S propiedad de Cristóbal López), Máximo y su hermana Florencia están como directores suplentes, Emanuel Gómez empleado de Negocios Patagónicas S.A, empresa de Osvaldo Sanfelice. También se nombró en el directorio a Carlos Sancho, ex gobernador de Santa Cruz y socio de Máximo en la Inmobiliaria. La pareja del diputado nacional y ministra de Salud de Santa Cruz, Rocío García, figura ahora como directora titular de los accionistas clase C.
La entrada a El Calafate donde se levantaron los hoteles de los Kirchner.
Esta causa que inició por incumplimientos administrativos como la falta de renovación de su directorio, la correspondiente presentación de balances, y un domicilio fiscal falso, avanzó hasta convertirse en una investigación más compleja, donde se sospecha que fue utilizada para una maniobra de lavado de dinero.
Este año la diputada Margarita Stolbizer presentó otra denuncia, centrándose en otra de las empresas de la familia Kirchner: Los Sauces S.A. Pese a la férrea defensa que la ex Presidenta realizó sobre el objeto comercial de la misma, el alquiler de inmuebles, no detalló que sus únicos inquilinos desde 2009 fueron Lázaro Báez y Cristóbal López.
En El Chaltén está registrada la empresa La Aldea SA de Martín y Lázaro Báez. El domicilio fiscal es un terreno que le pertenece a Los Sauces S.A y que fue alquilado a Valle Mitre. En la actualidad allí se está ampliando el hotel La Aldea, propiedad de Cristina Kirchner y que hasta 2013 administró el dueño de Austral Construcciones.
Madero Center donde Los Sauces SA. tiene dos departamentos alquilados a Cristóbal.
Los Sauces S.A tiene como domicilio fiscal la calle Alcorta 76 en Río Gallegos, donde funcionaba el estudio contable de Víctor Manzanares responsable de las declaraciones juradas de los Kirchner. En un año la empresa que no registraba ningún tipo de movimientos contables, desembolsó más de nueve millones de pesos para comprar inmuebles: la mitad fueron alquilados a Loscalzos y Del Curto, Kank & Costilla y Autral Construcciones, todas propiedad de Báez.
Incluso esta firma le permitió a los Kirchner retirar anticipos de dividendos en tres años por $ 20 millones. Estos movimientos fueron denunciados por la diputada Stolbizer junto a la presunta «falsificación de documentos públicos».
La casa de Cristina en Río Gallegos, propiedad de Los Sauces SA.
La mitad de sus otros inmuebles tuvieron otro empresario amigo como inquilino.Se trata de un departamento, una oficina y cinco cocheras en Madero Center que se alquilaron por $ 2,8 millones a dos empresas de Cristóbal López: Alcalis de la Patagonia (donde figura como empleado Osvaldo Sanfelice) e Inversora M&S (donde trabaja Romina Mercado, sobrina de la ex Presidenta). A esta última le facturaba $ 220.825 por mes, según la facturación a la que accedió Clarín. Estos departamentos fueron allanados la semana pasada en Puerto Madero.
Finalmente, la tercera empresa que sostienen los Kirchner que está declarada en Argentina y con un funcionamiento completamente lícito, es Co.Ma SA. Desde 2008 cuando el arquitecto Pablo Grippo la vendió a la ex familia presidencial, la firma no registra movimientos contables, mucho menos ganancias y no posee cuentas bancarias, según detectó la Justicia.
Sin una sede de funcionamiento, en caja solo registra un saldo de $ 150. La empresa dedicada al rubro inmobiliario, también sólo tiene dos lotes de terrenos en El Calafate. Con los años Co Ma S.A se convirtió en una “empresa fantasma” dentro del grupo de firmas propiedad de la familia Kirchner. Tiene como patrimonio dos terrenos: cada uno tiene una valuación fiscal de $ 45.000 y no recibe ningún tipo de compensación por los mismos porque no son alquilados ni se encuentran en venta.
La compañía es investigada en el marco de la causa Hotesur: adquirió dos inmuebles después de 2007, como única transacción, cuando también lo hizo la empresa propietaria del Alto Calafate administrada entonces por Valle Mitre. Las dos empresas son dueñas “vecinas” en las manzanas 827, 828 y 829 de la villa turística.
Esta empresa fue allanada por orden del juez Claudio Bonadío, en el marco de la causa Hotesur. El año pasado, según la Declaración Jurada presentada por Cristina ante la Oficina Anticorrupción, Co. Ma tenía un valor de $ 76.381 y el valor llave de las acciones ascendía $ 278.100 al finalizar el período fiscal.
Sillas de ruedas apiladas, facturas truchas y clínicas fantasma: así encontró el PAMI el gobierno de Macri
Carlos Regazzoni, titular del organismo, denunció que hay «muchísimos grupos de presión» para evitar que la obra social de los jubilados supere el estado de «abandono».
El PAMI «en situación terminal». Foto: PAMI
Luego de denunciar ayer ante el Congreso la dramática situación con que se encontró al asumir como titular del PAMI , Carlos Regazzoni insistió esta mañana con que existen numerosos «grupos de presión» para evitar que la obra social de los jubilados supere el estado de «abandono» y las prácticas irregulares que dijo haberse registrado en los últimos años.
«A veces donde tocás sale pus. Cada cambio que querés hacer para mejorar las cosas encontrás resistencia de todo tipo», alertó Regazzoni esta mañana en diálogo con radio Mitre. Ayer había denunciado la existencia de «circuitos mafiosos», «clínicas fantasmas», servicios inexistentes facturados, sillas de ruedas arrumbadas y medicamentos sin entregar, entre otras irregularidades en el Instituto.
Ayer, el director de la mayor obra social del país mantuvo ayer una reunión con representantes de las comisiones de las Personas Mayores; Acción Social y Salud Pública; Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados, en el marco de la cual contó que, al asumir el cargo, encontró «un PAMI en una situación institucional terminal».
«Hay prestaciones que están como cartelizadas y viejas prácticas que no se quieren abandonar», lanzó. El directivo, entre las irregularidades descubiertas en el PAMI por las nuevas autoridades, volvió a hablar de «clínicas fantasmas, demoras inauditas para entregar prótesis, viajes en ambulancia que era inventados; todo esto costó muchísimo dinero».
«Fueron años de abandono, el sistema de distribución de sillas, de prótesis no funcionaba o funcionaba muy mal. La gente tenía hasta un año y medio de espera para conseguir su silla de rueda», detalló.
Regazzoni insistió en manifestarse esperanzado: «Todo lo que estamos haciendo es para poner al PAMI en marcha, para que funcione, para que le dé a los afiliados lo que necesitan», concluyó.
El 13 mayo de 1971, con la sanción de la Ley 19.032 se crea PAMI, ante la necesidad de brindar asistencia médica, social y asistencial a una población que requería atenciones específicas referidas a su edad: los adultos mayores. Si bien su nombre institucional es Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, la mayoría de la población la identifica con las siglas de su eslogan que en sus comienzos hacía alusión al Programa de Atención Médica Integral. Con el correr de los años, este eslogan se fue adaptando a los objetivos institucionales y a las necesidades de nuestros afiliados.
Oil, la petrolera de Cristóbal López, se presentó en concurso de acreedores
Por Lucía Salinas.
Acorralada por la Justicia y con un interventor desde ayer, la petrolera llamó a un concurso para «reordenar la compañía», que adeuda $ 8.000 millones a la AFIP.
Con la intervención de la petrolera Oil M&S, consecuencia de la deuda de $ 8.000 millones que tiene con la AFIP, Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa se presentaron hoy en concurso de acreedores, según confirmaron desde la empresa a Clarín. El objetivo es «reordenar la empresa» con un complejo frente judicial. La escisión empresarial quedó suspendida por una medida judicial y el Grupo Indalo -que engloba las empresas de empresario K- afronta una fuerte crisis en la que deben sostener 29.000 puestos de trabajo y pagar a la AFIP lo que no tributaron en combustible estos años.
López y De Sousa buscan mantener la calma en medio de las denuncias que los colocaron en el centro de la polémica por quedarse con el impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) que cobraban a los consumidores cuando vendían nafta durante estos años y utilizar esas sumas para financiarse. El avance de las investigaciones y la determinación de la AFIP para cobrarle a la firma los $ 8.000 millones que acumuló tras una moratoria obtenida por la gestión kirchnerista, como reveló La Nación, ejerce presión en el Grupo.
Ahora, con la presencia de un interventor veedor que «no ejecuta, solo ve e informa», como aseguraron desde la empresa, llamó a un concurso de acreedores ante el Juzgado de Comodoro Rivadavia para presentar un plan de pagos para arribar a un acuerdo financiero.
Buscando desvincularse de las denuncias, Oil M&S sostiene que todo se trata de una «persecusión política» y una «maniobra del Gobierno para tapar otros problemas graves que tienen», señalaron a Clarín. Ayer el juez federal en lo Contencioso Administrativo, Esteban Furnari dispuso la intervención judicial de la firma Oil Combustibles SA y de otras dos del Grupo Indalo.
En consecuencia, ordenó que no haya división de compañías, tal como pretendían el empresario kirchnerista y su socio. Con la figura del veedor, en el entorno de López se defendieron: «Va a ser mejor, así ven que nada de lo que se realiza es ilegal».
La petrolera fue la empresa utilizada para incrementar la deuda con la AFIP por miles de millones de pesos durante el gobierno de Cristina Kirchner, con Ricardo Echegaray frente al organismo recaudador. La nueva gestión reclama el pago de la deuda generada casi en su totalidad por no tributar el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC, Ley N° 23966), y el juez federal dispuso que se cancele la deuda para que puedan continuar operando.
En este complejo escenario legal, desde Indalo remarcaron que tanto López como De Sousa «están preocupados por la repercusión mediática» del caso y que buscan por fuera de Oil, «consolidar las empresas y mantener 29.000 fuentes laborales tanto de manera directa como indirecta».
El juez dispuso que tanto Oil Combustibles SA, como sus sociedades controlantes Inversora M&S, donde se desempeña Romina Mercado presidenta de Hotesur y sobrina de Cristina Kirchner, y Oil M&S SA «se abstengan de realizar cualquier acto que implique su escisión del Grupo Indalo», considerando que «el patrimonio de aquellas sociedades vendría a garantizar el cobro de la deuda fiscal».
Al respecto, desde Indalo señalaron que «quieren despejar dudas sobre la división y que vean que no había nada extraño ahí». La marca del grupo iba a quedar en manos de Cristóbal López que buscaba crecer en el rubro inmobiliario, en la construcción y en la prestación de servicios a través de la firma de maquinaria pesada que tiene en el sur. Además se expandir Alcalis de la Patagonia, empresa en la que está contratado Osvaldo Sanfelic, socio de Máximo Kirchner.
Los medios de comunicación y las petroleras iban a quedar para Fabián De Sousa. Todo está suspendido por ahora y la mayor presión es el pago de los $ 8.000 millones a la AFIP. «Tenemos que resolver estos problemas en un mes como mucho y esperamos que la Justicia se expida rápidamente para poder continuar con la futura expansión de las compañías y volver a operar», dijo a Clarín un asesor de López.
Cristóbal López no pagó a la AFIP $ 8000 millones durante el kirchnerismo
En los últimos cuatro años el empresario patagónico no abonó el impuesto a los combustibles; así financió la expansión de su emporio, ahora en problemas.
Durante sus últimos cuatro años en el poder, el kirchnerismo permitió que el empresario patagónico Cristóbal López acumulara una deuda por más de $ 8000 millones con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Y ese pasivo fiscal amenaza con tornarse impagable en el transcurso de los próximos meses, según surge de los balances contables de Oil Combustibles y otras empresas del Grupo Indalo, cuyas copias obtuvo y analizó LA NACION con la ayuda de expertos contables y tributarios.
El dinero que cobró López corresponde al impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC), pero no lo envió a la AFIP, según surge de los balances. ¿Cómo funciona? Cada vez que alguien carga nafta en sus estaciones de servicio, de cada $ 14 por litro que cobra, debe girar $ 4 a la AFIP (es decir, el 26% del precio por litro), que se suman a otros impuestos y tasas. Pero no lo hizo.
Con ese dinero que retuvo, el empresario expandió su conglomerado de empresas al que bautizó Grupo Indalo. En otras palabras, López no impulsó el crecimiento de su imperio con las ganancias del juego -divisas que mandó en parte al exterior para, por ejemplo, comprar un casino en Florida, Estados Unidos-, sino que lo hizo con fondos que debió girar al Tesoro nacional.
LA NACION consultó el miércoles a un vocero de López y a su socio, Fabián De Sousa. Les informó que quería conocer su versión sobre el material a publicar. El vocero quedó en transmitir la inquietud. Al día siguiente, pidió demorar la publicación unos días.
Y anteayer anunciaron la separación de los socios y el fin del Grupo Indalo como se lo conocía hasta ahora, pero tanto López como De Sousa se negaron a responder preguntas específicas sobre esta investigación. Ante la prensa, De Sousa sólo sostuvo que la deuda impositiva acumulada «no es tan grande» y que cuentan con «ingreso de caja suficiente» para afrontarla, aunque reconoció que no pudo pagarla durante 2013, 2014 y 2015 por diversos problemas de la macroeconomía. Afirmó además que sólo se limitó a utilizar «todos los mecanismos legales disponibles para financiarse».
Según reconstruyó LA NACION con la ayuda de contadores, tributaristas y auditores, los ejes centrales de la operatoria que montaron López y De Sousa se reducen a unos pocos pasos. Primero, fondearon Oil Combustibles con el ITC por $ 6065 millones a junio de 2015, en tanto que el resto de la deuda corresponde al ITC que tampoco pagaron desde entonces y a los intereses acumulados sobre esa deuda, hasta orillar los $ 7400 millones, más otros $ 600 millones en impuestos que también retuvieron otras empresas del grupo. Total: $ 8000 millones.
El segundo paso llegó después. Con ese dinero, López comenzó a fondear otras firmas de su grupo, entre las que descolló Inversora M&S SA, que recibió $ 3300 millones, según surge de los balances analizados. Y el tercer paso resultó inmediato. Inversora M&S SA comenzó a comprar activos o financiar sus operaciones, lo que explicó la compra de medios de comunicación, el banco Finansur y fábricas como Paraná Metal, o la supervivencia durante años de compañías que no eran redituables.
Toda esta operatoria, a su vez, ocurrió durante un período clave. Porque al mismo tiempo que López se fondeó con el ITC, el precio de las naftas comenzó a subir. Y le alquiló al menos dos departamentos, una oficina y cinco cocheras a la entonces familia presidencial Kirchner durante años a cambio de varios millones de pesos, según reveló LA NACION en marzo de 2015. No sólo eso. También le giró fondos desde su hotel El Retorno, en Bariloche, al Alto Calafate, el principal hotel de los Kirchner en Santa Cruz.
Allí no se acaban los lazos cruzados. Porque la sobrina de la ex presidenta -e hija de la gobernadora Alicia Kirchner-, Romina Mercado, trabaja desde febrero de 2012 y hasta hoy en Inversora M&S SA, al mismo tiempo que tomó las riendas como presidenta del directorio de Hotesur, la sociedad controlante del Alto Calafate, según los registros laborales y societarios.
Durante ese mismo período, además, distintas áreas del Estado nacional mostraron indicios inusuales a favor de Cristóbal López. Desde el Ministerio de Economía y la Aduana, por Álcalis de la Patagonia, hasta la unidad antilavado (UIF) y el Banco Central (BCRA), por el banco Finansur, o la Afsca para su ingreso en el sector de los medios.
Lo mismo ocurrió en la AFIP, que toleró la retención de esos $ 8000 millones de pesos en impuestos atrasados por parte de López y De Sousa. El organismo les permitió acumular esa deuda, luego convalidó que la colocaran en múltiples regímenes de asistencia financiera (RAF) -planes de pago de hasta seis cuotas que ofrecía el organismo tributario- y, por último, cuando el volumen de esa deuda se tornó sustancial, les permitió consolidarla en sucesivos planes de pago.
Una vocera de Ricardo Echegaray llamó el viernes a LA NACION. Sin que mediara una pregunta específica, aclaró que el actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) ya fue investigado y sobreseído por la Justicia por la entrega de los planes de pagos a López tras una denuncia de Elisa Carrió. Lo sobreseyó el juez Sebastián Ramos, en marzo de 2014. Es decir, seis meses después de que LA NACION revelara el primer paso de la operatoria que López y De Sousa utilizaron para comprar activos de Petrobras en la Argentina.
La benevolencia de la AFIP frente a Oil Combustibles durante los últimos años contrasta, sin embargo, con la rigidez que el mismo organismo mostró frente a las otras petroleras, que no pudieron cobrar y retener el ITC sin correr el riesgo de afrontar las intimaciones y embargos del organismo tributario. De hecho, ninguna de las otras grandes compañías que operan en el país -YPF, Shell, Petrobras, Axion- mantiene deudas con la AFIP por el ITC. «La operatoria habría terminado con una denuncia penal», indicó un ex alto ejecutivo del sector petrolero que mantuvo varios cortocircuitos con el kirchnerismo.
Ahora, además, las nuevas autoridades de la AFIP comenzaron a intimar a Oil Combustibles, lo sometieron a controles más exhaustivos y le comunicaron que no le permitirán que retenga nuevos fondos por el ITC.
Riesgo inminente
Según surge de los balances de diversas empresas del Grupo Indalo, López y De Sousa concentraron esta maniobra fiscal en Oil Combustibles, que acumuló más del 90% de toda la deuda tributaria. Y que, según anunciaron el viernes, quedará a partir de ahora en manos de De Sousa.
Oil Combustibles es, a la vez, la firma con que adquirieron algunos activos en la Argentina -pero no todos- de la petrolera brasileña Petrobras, operación que quedó bajo la lupa judicial en Brasil por el presunto pago de sobornos.
Los balances de Oil Combustibles reflejaron esa paulatina acumulación del ITC que montaron López y De Sousa. Así, a mediados de 2010, la petrolera informó una deuda con la AFIP por apenas $ 78.285; pero un año después -y ya con la adquisición de activos de Petrobras en el país- subió a $ 179,9 millones, y para junio de 2012 llegó a $ 1262,9 millones.
Pero la operatoria no sólo continuó, sino que se potenció y expandió, hasta ahora correr el riesgo de resultar impagable. Así, en 2013, a $ 1591,7 millones; en junio de 2014, a $ 3145,7 millones, y para mediados de 2015, a más de $ 6065 millones (entre deuda corriente y no corriente). Desde entonces, además, continuó en ascenso hasta diciembre pasado ya que Oil siguió sin girar a la AFIP cientos de millones de pesos correspondientes al ITC, a los cuales se aplicaron los intereses.
Ahora, sin embargo, con más de $ 7400 millones de deuda fiscal acumulados en Oil Combustibles, López y De Sousa afrontan serios desafíos contables, financieros y tributarios para mantener a flote el Grupo Indalo, coincidieron los analistas consultados por LA NACION. Los motivos son múltiples:
-Según sus balances, Oil Combustibles sólo cuenta con un patrimonio neto de $ 447 millones, mientras que su crecimiento respondió al «apalancamiento» de la AFIP, y con un notable descalce de liquidez;
-Para obtener los planes de pago de la AFIP, López y De Sousa promovieron la revaluación contable (no basada en una inversión real) de los «bienes de uso» de Oil Combustibles por más de $ 1669,8 millones. Es decir que los mismos bienes de la compañía que en junio de 2013 valían $ 226,4 millones, un año después pasaron a valer 8,2 veces más: $ 1876,2 millones;
-Ese revalúo quedó a cargo de una pequeña firma sin mayores antecedentes en el mercado, y aunque el revalúo se fijó en junio de 2014, según la propia auditoría el informe se terminó seis meses después, el 15 de diciembre de ese año;
-Transcurridos 21 meses desde que se computó ese revalúo, el recálculo todavía se encuentra pendiente de la aprobación final de la Inspección General de Justicia (IGJ), que durante el último año del gobierno kirchnerista no resolvió si aprobaba o rechazaba esa operación contable;
-Como auditora externa, Deloitte también consignó la revaluación como un riesgo latente para Oil Combustibles. «De no resultar aprobada la revaluación -indicó-, el patrimonio neto disminuiría en 1.059.251.141 [pesos], el activo en 1.629.617.142 [pesos] y el pasivo no corriente (impuesto diferido) lo haría en 570.366.001 [pesos]». Es decir que pondría en serio riesgo a la compañía.
Sin embargo, la revaluación pendiente no es el único factor de riesgo para Oil. Declaró entre sus activos los préstamos por más de $ 4300 millones que le otorgó a otras empresas del grupo (los $ 3300 millones que giró a Inversora M&S SA-que ahora controlará sólo López-, más otros $ 350 millones a South Media Investments y $ 592,2 millones a «otras partes relacionadas», entre otros). Pero según Deloitte, el recupero de ese dinero es una pregunta abierta: «La realización y la cancelación a futuro de los activos y pasivos entre empresas del grupo económico se encuentran condicionadas al cumplimiento de los planes de negocios de cada unidad de negocios en el corto y mediano plazo».
Así, según surge de los propios balances de Oil Combustibles, si la IGJ no aprueba el revalúo contable de sus bienes o si las otras empresas del Grupo Indalo no pueden devolverle el dinero prestado, la petrolera mostrará un patrimonio neto negativo y quedará en condiciones de disolución. Salvo, claro, que sus accionistas le inyecten fondos frescos por montos multimillonarios. Más relevante aún, esos balances exponen las serias dificultades que afrontan López y De Sousa para devolver los $ 8000 millones en impuestos que adeudan a la AFIP. El viernes anunciaron el fin del Grupo Indalo como era hasta ahora.
Una operatoria irregular
Cristóbal López articuló un mecanismo para eludir pagos a la AFIP que fue cuestionada por una evaluadora
Frente a la crítica situación de la entidad monetaria, al gobierno cristinista sólo se le ocurre responsabilizar a la Justicia por una corrida cambiaria.
El reciente allanamiento del Banco Central por las controvertidas operaciones de venta de dólares a futuro dispuestas por la autoridad monetaria, que merecieron una denuncia por presunta defraudación a la administración pública, es apenas un capítulo más sobre la grave herencia económica que dejará el gobierno kirchnerista a quienes asuman el 10 de diciembre próximo.
Más que las acciones dispuestas por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la investigación que se sigue por las sospechosas operaciones del Banco Central, llamaron la atención algunas declaraciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, difundidas a través de la red social Twitter, en contra de las medidas judiciales.
La primera mandataria habló de una «corrida cambiaria judicial» al referirse al allanamiento dispuesto por el citado juez para secuestrar documentación sobre las operaciones en el mercado del dólar a futuro. Señaló que esa decisión judicial «interrumpió por primera vez en la historia el funcionamiento del mercado de cambios». Posteriormente, se preguntó: «¿Qué puede suceder si se interrumpe el normal funcionamiento del BCRA en el mercado de cambios? Básicamente, el mercado pasaría a controlar el valor del dólar y con toda seguridad se generaría una devaluación o pérdida de reservas».
Aunque ya no sorprende el supino desconocimiento en materia económica de la titular del Poder Ejecutivo Nacional, indigna que, ante una medida judicial que resulta lógica frente a las denuncias sobre una eventual defraudación, desconozca que si alguien ha hecho hasta lo imposible para interrumpir el normal funcionamiento del Banco Central ha sido su propio gobierno. Desde poner fin a la independencia de la autoridad monetaria, que pasó a ser un apéndice del Poder Ejecutivo y, en los últimos tiempos, del Ministerio de Economía, a cargo de Axel Kicillof, hasta instrumentar un cepo cambiario que, lejos de morigerar la demanda de divisas frente a la huida de los inversores y del común de la gente del peso argentino, potenció la apetencia de dólares y las operaciones en el mercado paralelo.
Pese a que Cristina Kirchner esgrime que por primera vez se interrumpió el funcionamiento del mercado de cambios por una decisión judicial, hay que hacer notar que este mercado -paradójicamente denominado Mercado Único y Libre de Cambio, pese a no ser ni único ni libre- hace rato que ha sido destruido por el afán intervencionista y la ignorancia con que su gobierno enfrentó la crisis de confianza en materia económica.
A partir de una denuncia presentada por los diputados Mario Negri y Federico Pinedo, jefes de los bloques de la UCR y de Pro, respectivamente, se investiga si las decisiones en materia cambiaria impulsadas por el titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, representan un daño para la solvencia de la entidad, en tanto se vendieron contratos a futuro por miles de millones de dólares a precios que no sólo resultan muy inferiores a las expectativas del mercado, sino francamente irrisorios en comparación con los valores operados en el mercado neoyorquino. Concretamente, el BCRA vendió en las últimas semanas dólares a un promedio de 10,65 pesos para los meses de enero, febrero y marzo, cuando esos mismos dólares cotizaban en Nueva York por encima de los 15 pesos. Y si bien las operaciones de venta de dólares a futuro son legales, resulta claramente sospechoso que el Banco Central se haya convertido en el único oferente de esos contratos, por cuanto nadie está dispuesto a vender dólares a esos valores.
El Banco Central expresó en un comunicado que su intervención en el mercado de futuros es «absolutamente transparente» y que continuará con su política «para garantizar la estabilidad financiera y cambiaria y contribuir al crecimiento económico con inclusión social». Sin embargo, de acuerdo con distintos cálculos que realizan analistas del sector privado, las últimas intervenciones de la entidad monetaria podrían derivar en pérdidas del orden de los 35.000 a los 45.000 millones de pesos, que deberían asumir las próximas autoridades nacionales.
Como se puede advertir, sobran motivos para pensar que estamos ante un caso más de mal desempeño de los deberes de funcionario público, que se suma a una política monetaria y cambiaria desastrosa, que ha virtualmente destruido el comercio exterior, al derrumbar las exportaciones, al tiempo que ha acentuado la presión sobre las reservas internacionales.
Lo cierto es que el actual nivel de reservas es el más bajo en los ocho años de gestión de Cristina Kirchner al frente del país; que el superávit comercial prácticamente ha desaparecido, pese a las fuertes restricciones sobre las importaciones; que el déficit fiscal ha trepado a niveles que no se veían desde hacía mucho tiempo, del orden del 7 por ciento del PBI, y que se ha dado lugar a una creciente expansión monetaria que alimenta una inflación descontrolada. El uso del atraso cambiario como ancla antiinflacionaria no sólo ha arrasado con el comercio exterior y con las economías regionales, sino que ha aumentado la brecha cambiaria con el mercado marginal y ya ha llegado a su límite.
Frente a esta crítica situación, que ha derivado en un pésimo manejo del patrimonio del Banco Central, el gobierno kirchnerista sólo puede atinar a seguir dando rienda suelta a su relato, al extremo actual de acusar a la Justicia y a un hipotético gobierno de la oposición por sus propios desmanejos.
Cargos para todos: Zannini ubicó a cuatro hijos en dependencias públicas
Se desempeñan en Cancillería, YPF, Lotería Nacional y en el Ministerio de Justicia; no tienen cargos jerárquicos; Liuzzi, mano derecha del candidato a vicepresidente del FpV, nombró a 22 familiares.
Por Iván Ruiz.
La familia Zannini no tiene problemas de desempleo: María Paula, Franco, Carlos Justo y Francisco, los cuatro hijos de Carlos Zannini, son empleados públicos. Y más: también su yerno Juan Francisco Gutiérrez Tellería trabaja para el Estado. Todos fueron nombrados después de que el hombre de confianza de Cristina Kirchner desembarcara en la Casa Rosada.
YPF, Lotería Nacional, Aerolíneas Argentinas y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dependencias públicas con el sello del kirchnerismo, emplean a los hijos del candidato a vicepresidente del Frente para la Victoria. Casi todos son menores de 30 años, según los registros previsionales a los que accedió LA NACION. Ninguno ocupa cargos jerárquicos. No es el primer antecedente de nepotismo que roza a Zannini: su mano derecha, Carlos Liuzzi, nombró a 22 familiares.
María Paula Zannini, la hija más grande, es diplomática. La Presidenta le tomó juramento en abril de 2013, cuando egresó del Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Esta abogada, de 31 años, fue enviada a uno de los destinos más deseados como cónsul de tercera clase, uno de los escalafones más bajos de la carrera. Se mudó a Washington en febrero de 2014 para trabajar en la misión argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA), oficina a cargo de la ex ministra Nilda Garré. Viajó acompañada por su marido, el diplomático Juan Francisco Gutiérrez Tellería (también flamante egresado), que fue nombrado al mismo tiempo que su mujer, pero en la embajada argentina en Estados Unidos, con sede en la misma ciudad.
«No creo que haya tenido ningún privilegio por ser «hija de». Todos los países occidentales son codiciados en Cancillería. Todos quieren estar en París, Roma o Estados Unidos, es cierto. Pero casi siempre hay varios lugares disponibles», justificaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y estimaron que el salario básico de un cónsul de tercer grado supera los 10.000 dólares mensuales.
En su primer año como funcionaria, los bienes de María Paula crecieron de $ 0 a casi $ 1 millón, según las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción.Detalló ingresos anuales que superan los $ 300.000, pero sus gastos están por encima de los $ 550.000. También informó la compra de un departamento de 70 metros cuadrados en Capital con un crédito del Banco San Juan por medio millón de pesos.
Dejó en Buenos Aires su auto, un Chevrolet Agile, pero su marido se compró el año pasado un lujoso Volvo S60 para manejar por las calles de Washington. El diplomático lo cotizó $ 130.000, varias veces menos que su precio de mercado.
YPF no es una empresa más para los Zannini. Carlos Justo Zannini, de 26 años, empezó a trabajar en la compañía dos años después de que Cristina Kirchner ordenara la estatización. Ingresó en marzo de 2014 en el área de recursos humanos como «analista de formación».
«Es el primer peldaño cuando entrás. Ni siquiera paga impuesto a las ganancias», justificaron desde YPF, pero no informaron cuánto cobra el hijo del funcionario.
«El Chino», un hombre con fama de duro, rompió ese estereotipo cuando lloró en el Senado al recordar a los ex trabajadores de YPF estatal. Rompió en llanto mientras exponía los detalles del acuerdo del Gobierno con Repsol como resarcimiento por la expropiación de la compañía.
El parecido de Franco Zannini con su padre no es sólo físico: el más militante de sus hijos eligió como perfil en Facebook una foto con el «Che» Guevara. Durante sus años de juventud revolucionaria, «El Chino» Zannini era simpatizante del maoísmo.
Franco, de 28 años, trabaja en otra oficina de la administración pública: Lotería Nacional. Ingresó el 2 de mayo de 2011 como contratado para realizar tareas administrativas, detallaron desde el organismo. Dos años después fue designado, por concurso, «asistente administrativo» de la planta permanente en Promociones y Colectas, el área encargada de autorizar y habilitar los nuevos juegos del azar que quieran implementarse. Aunque desde Lotería Nacional no quisieron revelar su sueldo, detallaron que Franco fue nombrado con una categoría D, la cuarta en importancia.
Aunque vive desde hace años en la Capital, Franco declaró como domicilio fiscal su casa de la calle Chacabuco en Río Gallegos. Comparte el domicilio con algunos de sus hermanos y también con la mujer de su padre, Patricia Alsua, que supo ser directora de la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires.
Francisco Zannini, el menor, trabaja desde enero en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A pesar de sus 25 años, es su segunda experiencia como empleado público: según publicó el diario Perfil, en 2010 había ingresado a Aerolíneas Argentinas. Francisco declaró como domicilio un departamento en avenida Del Libertador al 4600, en una de las zonas más caras de la ciudad.
—Con la colaboración de Ricardo Brom.
Fuente: La Nación, 23/06/15.
Latrocinio: Hurto, robo o fraude de los intereses de los demás.
02/11/09 – El alquiler de una vivienda particular Propiedad del matrimonio Zannini –Alsúa que la Cámara de Diputados contrató para que ocupe el Vicegobernador Martínez Crespo, constituye una clara violación a las normas administrativas y éticas que debe respetar todo funcionario público que de verdad sienta que los cargos públicos son para servir al estado y no a la inversa. (Por Héctor Barabino para OPI Santa Cruz
La noticia la publicó Opisantacruz hace ya varios días sin que ningún funcionario implicado o no, con responsabilidades de gobierno o sin ellas, desmintiera o aclarara las circunstancias de dicho contrato a pesar de la investidura que revisten los beneficiarios del mismo, tanto el locador, como los locatarios.
Por un lado el Presidente de la Legislatura Provincial, encargado de confeccionar leyes, y por el otro el Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación es decir, quien asiste jurídicamente al Ejecutivo en cada uno de sus actos administrativos; y su cónyuge la Dra Patricia Margarita Alsúa Subdirectora de la Casa de Santa Cruz en Capital Federal, también abogada y por lo tanto conocedora de sus obligaciones como funcionaria.
Una de ellas, la de informar sobre sus actos públicos. Sobre todo cuando están en dudas la transparencia y legalidad de los mismos.
El contrato
El contrato de locación del inmueble de la calle Chacabuco 265 se pactó a través de la inmobiliaria Sanfelice-Sancho, propiedad del ex Director de Rentas Osvaldo Sanfelice y del ex vicegobernador Carlos Sancho. Sanfelice también es socio del ex Presidente Néstor Kirchner en la firma Hotesur que administra el Hotel Alto Calafate y de Máximo Kirchner en Negocios Inmobiliarios SA dedicada a los rubros, comercial, inmobiliaria y construcción.
Se firmó en enero de 2008 por 24 meses a razón de 6 mil pesos mensuales y a la firma del mismo la Legislatura cumplió con el pago, del mes de alquiler, más el mes de depósito y la correspondiente comisión inmobiliaria.
Precisamente el primer desembolso de dinero que acumulaba estos tres conceptos mas dos meses de alquiler del tiempo que demoró el trámite, fue objetado por el Tribunal de Cuentas, porque el estado provincial dispone de una vivienda oficial en la calle Teófilo de Loqui Nº 129 de Río Gallegos para que resida el vicegobernador, y porque además, el contrato de alquiler se realizó sin compulsa previa como establecen las normas administrativas.
A estos cuestionamientos la Presidencia de la Cámara de Diputados se apuró a responder que “la vivienda oficial no estaba en condiciones de ser habitada dado su avanzado estado de deterioro” y que “iba a llevar mas de un año ponerla en condiciones”.
A 20 meses de aquella observación la vivienda oficial aún no fue reparada a pesar de que continúa desocupada eventualmente suelen alojarse allí funcionarios o invitados de éstos, procedentes del interior provincial.
Distintas fuentes aseguran que al momento de sellarse el contrato la vivienda oficial se encontraba en óptimas condiciones, ya que había sido muy bien cuidada por sus anteriores moradores, el Vicegobernador Sergio Acevedo, el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda Eduardo Campano, y la Presidente de la Legislatura Judith Fortsman, quienes no solo mantuvieron el inmueble en condiciones sino que la Senadora recientemente fallecida solía dedicarle muchos esfuerzos en mantenerla y hasta refaccionarla.
Amante del Derecho
Carlos Zannini es un hombre de reconocida y poco reivindicada militancia en el mas acendrado comunismo fundado por Mao TSe Tung del cual heredó además de un halo de compromiso y despojo, el mote de “El Chino” con el que carga desde sus tiempos de estudiante universitario
Fue asesor de la intendencia de Río Gallegos durante el mandato de Néstor Kirchner entre 1987 y 1991; cuando Kirchner llega a la gobernación pasó a desempeñarse como Asesor Legal y Técnico ocupando también cargos en el gabinete, hasta que en 1997 asume como diputado provincial
“Soy un amante del derecho” balbuceó entre lágrimas ante un recinto colmado de militantes que fueron a despedirlo durante su última sesión como diputado provincial antes de asumir como vocal del Tribunal Superior de Justicia a propuesta de su amigo Néstor Kirchner, a pesar de los cuestionamientos de la oposición que objetaban su escasos antecedentes en el ejercicio de la profesión en el foro local, requisito mínimo e indispensable para alcanzar un puesto de Juez Supremo. Zannini llegó a presidir el Tribunal.
Pero su mayor logro fue haber instrumentado, a petición de los Kirchner, la ley 2404 que en el año 1995 amplió de tres a cinco los miembros del Tribunal Superior de Justicia fundando la “Mayoría Automática” en la Justicia Provincial, al tiempo que desdobló el cargo de Procurador produciendo la cesantía del Dr. Eduardo Sosa.
Tras veinte años de decidir y ejecutar junto al kirchnerismo a Zannini no se lo asocia con la corrupción. Al menos con la corrupción material, palpable. Se las ingenió para esquivarla, saltando los charcos sin ensuciarse, mirarla de lejos envuelto en su traje de militante que sufrió cárcel y tortura y que como tal, todo lo bendice. Aún los actos de corrupción. “Son parte del sistema” sugiere con sus gestos.
Desarraigo y Zona Desfavorable
El plus por desarraigo establecido por decreto 1840/86 compensa los mayores gastos en que incurren aquellos funcionarios que tengan residencia permanente en el interior del país a una distancia superior a los CIEN (100) kilómetros de la sede de sus funciones. Carlos Zannini lo percibió por decreto 187/03 desde el 12/6/2003 al menos mientras Néstor Kirchner fue presidente.
Su esposa Patricia Alzúa como vicedirectora de la Casa de Santa Cruz en Capital Federal a diciembre de 2008 percibía como parte integral remunerativa de su salario, el ítem 210 por Zona Desfavorable, cuyo fundamento comparte el espíritu de la compensación por desarraigo.
En la actualidad ambos continúan empadronados con domicilio en Río Gallegos, por lo cual reúnen los requisitos para la percepción del adicional.
Antecedentes inmobiliarios de Patricia Alzúa
El diario Crítica publicó en junio una nota que registra novedosos antecedentes inmobiliarios de Patricia Alsúa.
“La empresa agroganadera de la familia De Narváez que financió la campaña oficialista con 250 mil pesos tiene como domicilio fiscal avenida Coronel Díaz 2295, 6o piso B. Allí funciona la sede comercial de La Superba en Capital, aunque tiene otra ubicada en Pilar. El inmueble no pertenece a Carlos de Narváez, sino que lo alquila y la dueña es “la doctora Alsúa”, según dijeron en el lugar ante la consulta de este diario”
“La línea telefónica de la propiedad figura a nombre de Patricia Margarita Alsúa, como se llama la subdirectora de la Casa de Santa Cruz y esposa de Carlos Zannini, el influyente secretario Legal y Técnico de la Presidencia que acompaña a Néstor Kirchner desde que recaló en Río Gallegos a mediados de los ochenta”.
“Según la última declaración jurada presentada por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción, su mujer, Alsúa, es propietaria de un departamento que actualmente renta, adquirido el 10 de junio de 1980, de 65 metros cuadrados, ubicado en Palermo”.
Su esposo declaró ser propietario de Automotores y Maquinarias Argentinas SA dedicado a la venta de repuestos.
¿Porqué lo hacen?
Es la pregunta que masculla el hombre común cada vez que un nuevo caso de corrupción irrumpe en el universo del gobierno y de la política. En el colectivo social argentino ya casi no existe el atenuante de la “presunción” de un delito cuando de la política se trata.
Ninguno de los involucrados en el contrato de locación del inmueble de la calle Chacabuco al 200 necesita ahorrar el dinero de su bolsillo con cargo al erario publico para solventar la economía familiar ya que los tres son funcionarios que reciben una compensación monetaria por los servicios que prestan.
Además son profesionales formados en la educación pública que les brindó las herramientas para desenvolverse en el mundo laboral y realizarse personalmente y progresar socialmente.
¿La función pública los empobrece y por eso tienen que procurarse ingresos extras por encima de lo legalmente permitido?
El Doctor Martínez Crespo es un médico de considerable reputación en Caleta Olivia su ciudad de origen, y desde que ocupa el segundo lugar de importancia institucional de la provincia no hizo mas que confirmar su imagen de buen vecino atento y servidor, siempre con una sonrisa a flor de labios para todo aquel necesitado de contención o asistencia.
Apenas se conoció la noticia del alquiler se supo que los costos del mismo no los afrontaba el vicegobernador por su cuenta y cargo. Ni siquiera los pagaba con los abultados fondos reservados que maneja. Se constató que los fondos para cancelar la renta salían por Administración.
¿Martínez Crespo pagaría de su bolsillo el valor de un alquiler si tuviera a su disposición una vivienda oficial sin cargo?
Que un funcionario público sea el mismo tiempo proveedor del estado configura una serie de inconductas administrativas enmarcadas en tipificaciones tan rimbombantes como abuso de autoridad; incompatibilidad en el ejercicio de la función pública; tráfico de influencias; peculado; Violación a la ley de contabilidad y al régimen de contrataciones de la provincia; y falta a la flamante ley de ética pública provincial rubricada entre otros por el Vicegobernador Hernán Martínez Crespo.
Códigos que inventan los hombres buenos para ser mejores cuando se los controla, pero que no alcanzan para dimensionar la más elemental de las trasgresiones, aquella que asalta la confianza de la gente de buena fe que ya no tiene mas lugar para el asombro y el desengaño. (Agencia OPI Santa Cruz)
Once años de engaño y corrupción es el resultado que dejan los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Aquí van unos pocos ejemplos como ayuda-memoria:
