Líder espiritual colombiana investigada por Lavado de Dinero

Lujos de líder espiritual colombiana motivaron investigación por Lavado de Activos.
Por Álvaro Sánchez.

Los lujos con los que vive la líder espiritual María Luisa Piraquive, quien instauró varias iglesias en Costa Rica, provocaron las sospechas de la fiscalía de Colombia, donde la investigan por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Ella, incluso visitó Costa Rica en el avión privado que compró su organización religiosa.

En enero del 2014, semana.com reveló en una nota las propiedades que presuntamente tenía la iglesia en Estados Unidos. En esa oportunidad algunos expastores de la iglesia en el estado de Florida, EEUU, le contaron a esta revista que allí recogían no menos de 100.000 dólares al mes.

También se dijo que nadie en la iglesia se atreve a preguntar a dónde van a parar esas cuantiosas sumas. Nadie, porque según la líder de la iglesia como el dinero es para dios, no tiene ni devolución ni cuestionamientos.

Con los registros bancarios e inmobiliarios de Estados Unidos se encontró que hay 80 sedes registradas a lo ancho y largo de ese país.

Precisamente allá, donde los registros, como el del condado de Broward son públicos, expastores de la iglesia remitieron un listado de lujosas y millonarias propiedades que los Piraquive ostentan. Tan solo en Florida el tema es llamativo.

A nombre de Óscar Carrillo y de su esposa Perla Moreno, una de las hijas de María Luisa, se encontró un registro de una casa en el sector de Weston. El documento asegura que el valor comercial es de 1.560.190 dólares (cerca de 3.000 millones de pesos colombianos).

Expertos en finca raíz en ese país, aseguran que ese valor es el precio que pone el condado para efectos de impuestos. Pero el valor real en el mercado de propiedades casi siempre es entre un 80 y 120% más alto, dice.

En el mismo sector, no muy lejos de allí, aparece otro inmueble a nombre de la senadora Alexandra Moreno Piraquive. Según el registro, la lujosa vivienda vale 1.292.090 dólares (es decir cerca de 2.284 millones de pesos).

La mamá de estas, María Luisa Piraquive, aparece con una propiedad en la misma zona cuyo valor alcanza 1.936.210 dólares (3.872 millones de pesos). A nombre de su otro hijo, Iván Darío, hay una vivienda en Fort Lauderdale de tan solo 780.300 dólares (1.560 millones de pesos).

Su otro hermano, Carlos Eduardo, también aparece como propietario de una residencia cuyo valor es de 432.710 dólares (cerca de 864 millones de pesos).

Fuente: Teletica.com, 28/04/14.

Video: http://www.teletica.com/Noticias/51582-Lujos-de-lider-espiritual-colombiana-motivaron-investigacion-por-lavado-de-activos.note.aspx

La UIF y los Productores de Seguros

Apreciaciones sobre la Resolución 3/2014 de la UIF
Por Daniel Gerardo Perrotta

Recientemente, la UIF emitió la Resolución 3/2014, a través de la cual introduce modificaciones al régimen vigente en materia de prevención de lavado.

1) El plazo de Reporte de las Operaciones Sospechosas (ROS)

En primer lugar, en su artículo 1°, la UIF modifica los plazos definidos para realizar el reporte de operación sospechosa, estableciendo que “… sin perjuicio del plazo máximo de 150 días corridos para reportar hechos u operaciones sospechosos de lavado de activos, previsto en el artículo 21 bis de la Ley 25.246 y modificatorias, los Sujetos Obligados deberán reportar a esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA todo hecho u operación sospechosos de lavado de activos dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados desde que los hubieren calificado como tales”.

Asimismo, y en un reciente comunicado, la UIF aclara que “A partir de ahora, los sujetos obligados tendrán, a partir de la calificación de una operación como sospechosa, un plazo de 30 días corridos para emitir el ROS, teniendo como plazo máximo establecido para la realización del reporte 150 días”.

Esto implica que a partir del momento en el cual el Oficial de Cumplimiento, defina una operación como “sospechosa”, cuenta con un plazo perentorio de 30 días para remitir el reporte, considerando siempre el plazo máximo de 150 días.

Por ejemplo, si una operación es calificada por el Oficial luego de transcurridos 30 días desde su realización, el día 60 se cumple el plazo perentorio para su reporte a la UIF.

Podemos colegir entonces, que a partir de esta Resolución, la UIF impone una doble restricción. Una de carácter general, el ROS debe ser reportado siempre dentro de los 150 días de realizada la operación, pero como máximo a los 30 días de haber sido calificada como sospechosa.

2) Operaciones con otros sujetos obligados

Mediante la Resolución de marras, la UIF establece que “Al operar con otros Sujetos Obligados -de conformidad con las resoluciones emitidas por esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA para cada uno de ellos, mediante las cuales se reglamentan las obligaciones de las personas físicas y jurídicas enumerados en el artículo 20 de la Ley N°25.246 y sus modificatorias-, deberán solicitarles una declaración jurada sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, junto con la correspondiente constancia de inscripción ante esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. En el caso que no se acrediten tales extremos deberán aplicarse medidas de debida diligencia reforzadas”.

Esta obligación sólo es aplicable a los siguientes Sujetos Obligados: Bancos y Casas de Cambio, Cooperativas y Mutuales, Agentes y Sociedades de Bolsa, Transportadoras de caudales, Fideicomisos, Registros de Embarcaciones, de Aeronaves, Automotor y de Propiedad Inmueble, Compra-venta de Automóviles, Yates y Aviones, Inmobiliarias y Escribanos.

No se encuentra incluidos en el alcance de esta exigencia, entre otros, el Sector Asegurador. Atento a no hallar ninguna explicación lógica a esta circunstancia, entendemos que puede tratarse de una omisión involuntaria por parte de la autoridad de contralor. No obstante esto, y de acuerdo a la Resolución de marras, el alcance de las exigencias se restringe a los mencionados Sujetos Obligados.

La entrada en vigencia es el 1º de febrero del corriente año. Es importante considerar esta fecha, atento a la obligación de mantener actualizados los legajos de los Clientes.

3) Nuevo régimen informativo

Por último y consecuentemente con lo indicado en el punto anterior, la UIF impone un nuevo régimen informativo, cuyo alcance se limita a aquellos Sujetos Obligados mencionados en el punto 2 del presente informe, es decir a aquellos que deban requerir la información de Registro y DDJJ.

Este nuevo régimen denominado “Reporte de Registración y Cumplimiento por parte de los Sujetos Obligados”, establece la obligación de informar a la UIF, aquellos sujetos que no den cumplimiento a las solicitudes exigidas es decir Registro y DD.JJ.

Este régimen entra en vigencia a partir del mes de marzo, siendo el primer vencimiento el día 15 de abril de 2014.

Fuente: El Seguro en acción, 06/03/14.

Válido para Argentina.

Instituciones Financieras: la delgada línea entre errores de omisión y complicidad interna

Instituciones Financieras: la delgada línea entre errores de omisión y complicidad interna

Cuando la justicia enfrenta un caso de lavado de dinero, es de esperarse que como parte de su investigación apunte a las instituciones financieras que han servido de vehículo para los movimientos de dinero producto del delito. Esto es así porque, según lo dispuesto por la legislación de la mayoría de los países que se ajustan a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), las instituciones financieras tienen la obligación de:

• Identificar al cliente.

• Registrar con claridad y precisión las operaciones que realicen sus clientes.

• Conservar los registros de las operaciones.

• Informar las operaciones sospechosas.

•Contar con procedimientos de control interno de la información a fin de conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones de lavado de dinero o bienes.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte de las instituciones financieras bien pudiera deberse a una falla en su departamento de cumplimiento, en la debida diligencia, en su política de “conozca a su cliente”… con lo cual, estarían en posición de recibir la multa estipulada por ley, según la gravedad del delito y el grado de compromiso de la institución. Sin embargo, cuando la justicia encuentra evidencia de que existió complicidad dentro de la institución para una operación de lavado de dinero, es de esperar que se incluya en el proceso a las personas físicas sospechadas de haber colaborado en el delito.

Es en este sentido que en la última semana se ha pronunciado la Fiscalía Nacional de Paraguay, para que se investigue el grado de responsabilidad de los empleados de bancos que avalaron el envío de US$ 370 millones al exterior, solo durante el año 2011 en el caso de presunto lavado de dinero a través de la casa de cambios Forex.

La investigación sobre Forex se inició con la denuncia realizada en noviembre del 2011 por Nélida Reyes, funcionaria de la casa de cambios, quien informó a la Superintentencia de Bancos (SIB) sobre los volúmenes inusitadamente altos de operaciones de cambio que se realizaron a través de esa firma y sobre posibles operaciones sospechosas de transferencias al exterior. De la investigación, se pudo comprobar la relación de Forex con 7 empresas ficticias, que realizaban a su vez operaciones de transferencias a través de cuatro bancos: Banco Regional, Banco Sudameris, BBVA y Banco Continental, los cuales nunca realizaron algún reporte de operaciones sospechosas (ROS) ante la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad).

Si bien es cierto que los bancos mencionados fueron sancionados por el incumplimiento de la Ley Antilavado, la causa penal no incluye dentro de su investigación a ninguna persona física como responsable de haber permitido y posibilitado las transacciones dentro de las entidades bancarias. Precisamente para analizar el grado de responsabilidad de sus funcionarios, es que la Fiscalía paraguaya solicitó a los bancos sancionados el manual de operaciones por cargo de los funcionarios.

Al respecto, en la conclusión final del sumario administrativo llevado a cabo sobre dichos bancos, el mismo Banco Central de Paraguay (BCP) establecía en mayo de 2013:

“Si bien la Ley N° 1015/97 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes solamente contempla eventuales sanciones sobre los sujetos obligados (personas jurídicas), eso no significa que las personas físicas que integran la organización de la entidad bancaria carezcan de roles específicos. Muy por el contrario, son las personas físicas que integran los estamentos de una entidad bancaria, las que llevan a cabo conductas cuyas consecuencias finalmente recaerán en la persona jurídica”.

Lo que está en la mira del Ministerio Público es la marcha irregular de la investigación en el sentido de que, si bien el BCP en su resolución lo contempla, excluyó del sumario a las personas físicas. Asimismo, el entonces superintendente de bancos y actual director de Aduanas, Nelson Valiente, ignoró un dictamen de la División Legal que le recomendó que también denuncie a los empleados.

Control Interno

El caso de los bancos paraguayos pone en evidencia la necesidad de una estricta política interna de cumplimiento dentro de las instituciones financieras para detectar y neutralizar posibles acciones delictivas por parte de los empleados que, en definitiva, no hacen otra cosa que perjudicar a la institución al punto tal de incluso poder provocar el cierre definitivo de la misma en los casos más graves.

En relación a las señales de alerta que deben motivar una sospecha para iniciar una investigación dentro de una institución financiera, pudieran resultar útiles varios puntos analizados por expertos de Lavadodinero.com; estos son:

– Estilo de vida más allá del alcance de los medios del empleado. Las membresías a country clubs, el manejo de automóviles costosos, el uso de prendas de vestir de marcas reconocidas, especialmente cuando no están justificados por un paquete compensación elevado o una herencia, por ejemplo.

– El trabajo durante una cantidad inusual de horas y el ser reticente a tomar licencia por enfermedad o vacaciones. El obligar al empleado sospechoso a tomarse vacaciones o licencia haciendo que otro empleado cubra el cargo, en muchos casos ha permitido descubrir casos de fraude.

– El ganarse la confianza de la gerencia y de los colegas siendo simpático y considerado. Las actitudes amistosas y la generosidad llaman la atención de cualquiera. Podría calificarse como carisma, pero cuando se junta esta actitud con alguna otra señal de alerta, debe ser analizada cuidadosamente.

– El jactarse de bienes como propiedades, inversiones y actividades de esparcimiento. El ego de un defraudador es una vía que lleva a la confianza en sí mismo y a asegurar que sus acciones no serán detectadas.

Fuente: Lavadodinero.com, 13/09/13.

El Transporte de Valores y el Lavado de Dinero

Entrevista a Luz Magaly Cárdenas:

«El riesgo siempre estará, lo importante es tratar de evitarlo o mejor dicho minimizarlo, porque en todo caso es muy difícil erradicarlo»

A pesar de que las actividades de una empresa de transporte de valores son muy distintas a las de una institución financiera, en algunas ocasiones estas compañías deben hacer un cumplimiento antilavado basado en las mismas normas y estándares. Es por eso que la oficial de cumplimiento de la firma Transporte de Valores Bancarios (Transbanca C.A.), Luz Magaly Cárdenas, considera fundamental que en Venezuela se apruebe una normativa especial para este sector.

En una entrevista exclusiva para Lavadodinero.com, la experimentada oficial de cumplimiento, quien antes ha trabajado en el sector financiero, destacó los desafíos que presenta este tipo de empresas reguladas para los profesionales antilavado.

¿Qué diferencia hay entre el cumplimiento antilavado en una empresa de transporte de valores y una institución financiera?

La diferencia como tal no viene dada en cuestiones de cumplimiento, ya que ambos tipo de instituciones tienen que ceñirse a una regulación bien estricta y conformada, que nos presenta el entorno venezolano de acuerdo a sus normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, las cuales se han basado e integrado a lo que se expone en las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). ¿Qué quiere decir esto? Que ambas instituciones tienen que presentar un plan de cumplimiento acorde con lo exigido por el estado venezolano en esta materia; por tal razón, la diferencia radica en la manera en que cada funcionario interpreta su rol en el contexto que se expone en cada norma. Sin embargo, las instituciones financieras delante de una empresa de transporte son unos “gigantes” y no pueden seguir los mismos lineamientos de control, porque son diferentes en cuanto a estructura.

Las empresas de transporte deberían tener su propia regulación acorde a su tamaño, estructura y de acuerdo al riesgo que presentan. Actualmente las regulaciones venezolanas están trabajando en lo que respecta a una estructura de administración del riesgo para cada tipo de producto que presente las instituciones. Las instituciones financieras presentan un tipo de riesgo que no es el mismo que presentan las transportistas, por tanto no pueden fijarse los mismos mecanismos de control. Las tipologías de los delitos varían para cada institución y cada vez son más avanzadas; en este sentido es relevante señalar que el esquema basado en riesgo permite que los actores establezcamos medidas simplificadas de debida diligencia para aquellos casos plenamente identificados como de mayor y menor riesgo.

-¿Qué les exige la ley venezolana en materia de cumplimiento antilavado (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT)?

En la actualidad tenemos normas, resoluciones y leyes bien planteadas acorde con lo establecido por el GAFI, así como plantearnos reservas con todas las listas internaciones, entre ellas OFAC, a fin de poder mantenernos a raya con todos los convenios y tratados internacionales que se han suscripto sobre la materia. Como sujetos obligados debemos dar cumplimiento con cada una de las normas que se han implementado, de acuerdo a los estándares internacionales, ya que recibimos revisiones y auditorias constantes por parte de nuestros órganos reguladores. En los actuales momentos, el sector de transporte ha efectuado varias reuniones con los entes reguladores a fin de poder contar con una norma específica para este sector. Hay preocupación por parte del Estado en resolver esta situación y sobre esto se está trabajando.

-¿A qué tipo de riesgos está sometida una empresa de transporte de valores?

Como toda empresa, siempre están expuestas a que seamos un mecanismo para que la delincuencia organizada nos intercepte. Lo importante aquí es mantener muy bien informado y adiestrado a todo nuestro personal para que esté en capacidad de poder detectar cuando una empresa venga con el fin de penetrar nuestro sistema. El riesgo siempre estará, lo importante es tratar de evitarlo o, mejor dicho, minimizarlo porque en todo caso es muy difícil erradicarlo.

-¿Cómo mitigan el factor “complicidad interna”?

Fíjate, como te explicaba antes, tratando de concientizar a todo nuestro personal en lo que respecta a la materia. Pero te confieso que en las empresas de transporte esto es muy complicado, por no decirte difícil. El personal de las empresas de transporte, en su gran mayoría, es muy diferente al personal de las instituciones financieras. Los roles son completamente diferentes, por tal motivo la estrategia que debemos fijarnos para lograr el objetivo es bastante exigente… pero no imposible. En nuestras regulaciones se maneja el punto de la política “Conozca a su Empleado”, y en nuestra estructura de cumplimiento también tenemos la política de capacitación del personal, esto quiere decir que para cada sector dentro de la institución se tiene un tipo de adiestramiento acorde con sus funciones.

-En el caso de Venezuela, ¿cuál es el mayor desafío que tiene el oficial de cumplimiento en el sector transporte?

Yo diría que el que te mencione antes, lograr llegar a esa masa laboral que por ende resulta más difícil que la de las Instituciones Financieras. Como diría un viejo colega en la materia: “trabajo de hormiguita”, tesón y esfuerzo. Saber llegar y transmitir el mensaje. La prevención es nuestro lema, ya que la prevención para mí significa “una idea mental”.

-Venezuela es un país puente del narcotráfico y según Transparencia Internacional es uno de las jurisdicciones donde se refleja un mayor índice de corrupción pública en todo el mundo. Estos factores generan un gran movimiento de efectivo ilícito y un enorme desafío para las empresas del sector. ¿Qué procedimientos de control ejecutan ustedes para asegurarse de que el crimen organizado no los utilice como “mulas” en el traslado de dinero o bienes de procedencia ilícita?

Si, verdaderamente para nosotros los oficiales de cumplimiento venezolanos el tema se nos ha venido encima, ya que sentimos que trabajamos mucho y el esfuerzo cada día es mayor en esta enorme lucha. Tenemos que poner en práctica todo lo explicado en nuestras regulaciones vigentes en la materia, haciendo hincapié en lo que resaltan las 40 Recomendaciones del GAFI, específicamente en lo relativo a “conozca a su cliente”.

Este tema es bien difícil en este sector [transporte], ya que el personal no se mueve dentro del ámbito bancario y encajar cada una de estas ideas suena un poco fatigoso al cliente. Sin embargo, en la empresa nos hemos empeñado en transformarles esta idea a todos los clientes, proveedores y público que requiere de nuestros servicios. Actualmente, para poder ser cliente nuestro y poder ofrecerle los servicios de transporte, tenemos un expediente completo del cliente, y del “cliente de mi cliente”. Importantísimo para nosotros es el conocer el origen de los fondos de nuestros clientes y verificar la procedencia de los mismos, para así saber que el dinero que transportamos proviene de todas sus operaciones normales correspondiente al tipo de negocio que representa.

Como te dije, siempre estaremos expuestos. Debemos trabajar en equipo todas las unidades de la instituciones, es decir, las áreas de auditoria, consultoría jurídica, recursos humanos, sucursales y agencias… en fin todas estas áreas responsables del cumplimiento, a fin de poder minimizar este delito, ya que evitarlo yo diría que es casi imposible.

-¿Puede mencionar uno o dos casos curiosos en el que hayan detectado una actividad sospechosa de parte de los clientes y/o de algún empleado?

Mira, en la empresa actualmente me encuentro desde el 2010 y hasta la fecha dentro de mis evaluaciones no he percibido algo que pudiéramos decir “sospechoso”; considero que esta palabra va más allá, pudiéramos decir algo “inusual” tal vez… pero no de relevancia como para reportarlo.

-¿Qué recomendaciones puede emitir para los colegas que trabajan en el sector de transporte de valores?

Mi recomendación es que debemos trabajar juntos en equipo, tal como lo hacen las instituciones financieras, sociedades de corretajes y el sector seguros, con intercambio de información, conformación de comités y reuniones para debatir ideas y temas. Estar informados de todas las reuniones sobre las nuevas tendencias y tipologías que se realizan dentro de nuestros entes reguladores a fin de poder asistir a ellas, así como también a congresos y conferencias que se dictan en la materia. Considero importantísimo estos tiempos y debemos dar comienzo a debates entre todos los sujetos obligados ya que en Venezuela, considero tenemos mucho personal capacitado para debatir estos temas.

Fuente: LavadoDinero.com, 22/03/13.

Más información: www.lavadodinero.com

Detectan más actividad de Lavado de Dinero en Estados Unidos

Detectan más actividad de Lavado de Dinero en EE.UU.
Por Nathan Koppel

SAN ANTONIO, Texas — Una casa estilo mediterráneo que cuenta con su cocina abierta y un bar fue subastada recientemente por US$425.000 por el gobierno federal estadounidense, que alega que la propiedad era de la esposa de un hombre que trabajaba con narcotraficantes mexicanos.

El decomiso y venta forman parte de una campaña de las autoridades estadounidenses para combatir el lavado de dinero realizado por personas presuntamente vinculadas a los carteles mexicanos. La policía sospecha que estos individuos están obteniendo cada vez más productos en EE.UU. con las ganancias procedentes de sus actividades ilícitas.

Las autoridades señalaron que el auge en las compras es impulsado por cambios en las leyes mexicanas en 2010 y 2012 que restringen el depósito de dólares en bancos mexicanos, o la compra de autos, joyas y otros artículos de lujo con efectivo.

«Mas dólares producto de la venta de drogas y otros crímenes, como el tráfico humano, son lavados al norte de la frontera», apuntó Rexford Setzer, supervisor de una de las unidades de lavado de dinero del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

No hay datos completos sobre la escala del lavado de dinero por parte de organizaciones criminales mexicanas, pero los fiscales estatales y federales han respondido con demandas civiles de alto perfil en Texas y otros estados fronterizos que buscan decomisar propiedad supuestamente comprada con dinero del narcotráfico. Los bienes confiscados incluyen autos de lujo, joyas y aviones.

Por mucho tiempo, los fiscales estadounidenses han entablado acciones de incautación civil para decomisar activos presuntamente comprados con fondos obtenidos ilegalmente. En casos de incautación federal, el gobierno debe demostrar únicamente con preponderancia de pruebas —mucho menor a lo requerido en casos penales— que una propiedad está ligada a un crimen.

Los críticos mantienen que las confiscaciones civiles son propensas a los abusos por parte de las agencias de seguridad pública, ya que estas se benefician de los ingresos obtenidos con la venta de los bienes y, por tanto, tienen incentivos para decomisarlos.

Los fiscales argumentan que es vital que el gobierno de EE.UU. tenga la habilidad de confiscar rápidamente activos de procedencia ilícita, antes de que puedan ser vendidos para avanzar o recompensar conductas criminales.

En diciembre, las autoridades federales adquirieron un condominio en la playa de Texas valorado en US$640.000, cuyo presunto dueño era Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex gobernador del estado mexicano fronterizo de Tamaulipas y candidato presidencial en 2005. Los agentes sostienen que Yarrington aceptó sobornos de narcotraficantes mientras era gobernador.

Yarrington no ha sido acusado formalmente y su abogado, Joel Androphy, señaló que las imputaciones de soborno no tienen fundamento. El abogado también negó que el ex gobernador fuera propietario del condominio.

El año pasado, el gobierno federal también decomisó cientos de caballos cuarto de milla presuntamente comprados por miembros de los carteles del narcotráfico como parte de una operación de lavado de dinero, y más tarde fueron vendidos por casi US$9 millones.

Algunos abogados defensores se quejan que mexicanos adinerados que ganaron su dinero honradamente han terminado enredados de manera injusta en las redes del gobierno de EE.UU.

«Realizan confiscaciones con base en declaraciones juramentadas a medias», afirmó el abogado Rolando Ríos, de San Antonio, quien defiende un caso en el que el gobierno confiscó el año pasado más de US$4 millones en efectivo que un cliente mexicano, José Villarreal Saldívar, depositó en un banco en San Antonio. Para combatir mejor el lavado de dinero, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha propuesto nuevas reglas que requerirían que los bancos de EE.UU. investiguen más a fondo los antecedentes de las empresas que abren cuentas bancarias para asegurarse de que no sean fachadas de organizaciones delictivas.

Pero buena parte de las acciones del gobierno giran en torno a activos específicos que las autoridades consideran fueron comprados con dinero del narcotráfico.

La casa de 370 metros cuadrados en San Antonio que fue subastada el mes pasado era de la esposa de Mauricio Sánchez Garza, un empresario mexicano que supuestamente ayudó a narcotraficantes a lavar fondos en EE.UU., según documentos judiciales.

Fuente: The Wall Street Journal, 25/03/13.

Argentina no investiga el Lavado de Dinero

Dejaron de investigar sospechas de Lavado de Dinero
Por Hugo Alconada Mon

La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado nacional, se mueve con un límite infranqueable: no investiga más las alertas que recibe del exterior sobre las operaciones sospechosas de lavado vinculadas con personas o empresas argentinas.

El controvertido límite impuesto en la UIF provocó el archivo casi inmediato de múltiples alertas recibidas desde paraísos fiscales alrededor del mundo sobre funcionarios, políticos, empresarios y sindicalistas argentinos desde hace años.

Esto fue lo que ocurrió con varios reportes enviados desde Liechtenstein, Suiza, la Isla de Man y hasta desde el atolón de Nauru (entre Australia y Hawai).

El cambio de política fue confirmado a LA NACION por cuatro fuentes familiarizadas con toda la operatoria que se realiza en la UIF, un organismo del Estado que responde políticamente al Gobierno.

La decisión de concentrarse sólo en las operaciones locales y no en las alertas internacionales comenzó hace ya algunos años, sobre la base de pautas que regulan su funcionamiento.

«En la práctica, lo que ocurre es que la UIF se dedica a cazar dentro del zoológico», ironizó uno de los informantes. «Eso implica que el sospechoso que logró sortear el cerco local, después es muy raro que tenga problemas.»

Ese límite deja un amplio margen de acción a miles de argentinos que entre 2000 y 2009 extrajeron del país más de 95.800 millones de dólares, en muchos casos sospechados de estar vinculados con la corrupción y la evasión tributaria, según la estimación realizada por el centro de estudios Integridad Financiera Global (GFI, por sus siglas en inglés).

En contacto con otras unidades antilavado alrededor del mundo a través del Grupo Egmont, la UIF recibe y envía a través de esa red pedidos de datos sobre investigaciones en curso.

Así, si en la Argentina se investiga a una empresa, puede pedirles a las otras unidades toda la información que puedan tener sobre esa compañía. Y viceversa, también. Es decir que puede recibir requerimientos de colaboración sobre una persona o compañía investigada en Europa o Asia o el Caribe, por ejemplo.

Esa interacción secreta es bastante habitual, hasta el punto de que entre 2003 y 2011 la UIF envió 794 solicitudes de información y recibió 441 desde el exterior, según las últimas estadísticas oficiales que difundió el propio organismo a fines de ese año.

Desde el exterior, sin embargo, también llegan comunicaciones espontáneas sobre operaciones bancarias, financieras e inmobiliarias, entre otras, vinculadas con argentinos.

«Lo típico es que una unidad extranjera le avise a la UIF que tal persona está moviendo dinero y pregunte qué hay sobre él en el sistema local», graficó un segundo informante. «El problema es qué se hace acá con eso», abundó.

Al recibir la información desde el exterior, los técnicos de la UIF la cargan en la base de datos y se verifica si esa persona ya se encontraba bajo la lupa del organismo, o si al menos se había recibido un reporte local de operación sospechosa (ROS). Si ya se lo investigaba o había un ROS sobre esa persona, el aporte internacional se añade a su legajo y se examina.

Al archivo

El problema, sin embargo, ocurre cuando no es así. Si la persona o empresa señalada desde el exterior no era ya investigada por la UIF o no había al menos un ROS sobre ella, la unidad antilavado se limita a registrar los datos y ordenar su archivo, sin abrir una investigación propia.

«Eso significa que si un argentino está limpio en el país, puede presentarse con una valija repleta de dólares en un banco en el extranjero para abrir una cuenta sin temor a un sobresalto porque cuando la unidad antilavado de ese país lo informe a la UIF, no se investigará», detalló la tercera fuente.

Controlada por la Dirección de Relaciones Institucionales de la UIF, la información que llega por la red del Grupo Egmont registró, de todos modos, al menos dos incidentes serios durante los últimos años. Uno ya es conocido; el otro es un secreto a voces dentro del organismo.

El primer incidente ocurrió durante la campaña electoral de 2009, cuando la UIF recibió información de inteligencia financiera sobre Francisco de Narváez proveniente de la unidad antilavado estadounidense (FinCen) y esos datos terminaron publicados en Página 12, en lo que el diputado describió como una utilización política de datos confidenciales.

Este episodio llevó a la ruptura de relaciones entre ambos organismos durante más de dos años, que recién durante los últimos meses comenzaron a recomponerse de manera progresiva y parcial.

El segundo incidente , por el contrario, afecta a la justicia local y ocurrió mientras el líder de la hoy CGT disidente, Hugo Moyano, mantenía una relación aceptable con el Gobierno.

Así, según reconstruyó LA NACION, cuando el juez federal Norberto Oyarbide preguntó a la UIF si había recibido consultas desde el exterior -y, en particular, desde Suiza- sobre el referente de los camioneros, desde el organismo ofrecieron una respuesta favorable para Moyano, previo retoque de unas fechas sobre las consultas recibidas vía Egmont.

Más allá de De Narváez o Moyano, sin embargo, y por fuera del ámbito de investigación de la unidad antilavado local, quedaron otros dirigentes, que incluyen a funcionarios, políticos, empresariales y sindicales.

Junto con miles de argentinos más, extrajeron los cerca de US$ 95.800 millones del país en flujos ilícitos entre 2000 y 2009 que calculó el GFI. Pero que quedaron fuera del «zoológico» de la UIF.

La unidad antilavado centralizó, además, numerosas objeciones del principal foro intergubernamental del mundo de prevención y lucha contra el lavado, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Entre otras, fijó que la UIF debía mejorar su interacción con sus pares de otros países para combatir mejor los delitos económicos.

Sometido a un proceso de revisión especial, el país mostró mejores resultados durante los últimos plenarios del GAFI, que de todos modos lo mantiene dentro de su «lista gris» (ver aparte), con críticas cosechadas desde Estados Unidos, Alemania y España, entre otros. Desde este último país, incluso, llegó a la Argentina una alerta desde la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). Se centraba en el luego presidente de la «nueva» Ciccone, Alejandro Vandenbroele, y su socio Fabián Carosso Donatiello, el futuro inquilino del departamento del vicepresidente, Amado Boudou . Dada la práctica de cazar en el zoológico de la UIF, ninguno fue investigado hasta después de que estalló el caso Ciccone.

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Sbattella y una decisión controvertida

La UIF resolvió no investigar reportes desde el exteriorLa resolución de la UIF

Desde hace años no investiga los reportes sospechosos que se envían desde el exterior, a través del denominado Grupo Egmont

Paraísos fiscales

Esos reportes provienen habitualmente de destinos sospechosos como Liechtenstein, Suiza, la isla de Man y el atolón de Nauru

Posibles beneficiados

Entre quienes dejaron de ser investigados se encuentran funcionarios, políticos, empresarios y sindicalistas argentinos

95.800 millones de dólares

Es lo que estimó el centro de estudios Integridad Financiera Global (GFI) que se fugó del país entre 2000 y 2009 en operaciones ilícitas como corrupción y evasión tributaria

441 reportes desde el exterior

Es lo que recibió la UIF entre 2004 y 2011 por pedidos basados en operaciones sospechosas. Buena parte de esa información ha sido archivada sin profundizar en la investigación

Dos antecedentes polémicos

HUGO MOYANO

Secretario de la CGT

Cuando todavía tenía buen vínculo con el kirchnerismo, la UIF ajustó las fechas de consultas recibidas desde el exterior para favorecer su situación ante una requisitoria del juez Oyarbide

F. DE NARVÁEZ

Diputado peronista

En la campaña de 2009 la UIF recibió información de inteligencia financiera reservada sobre el principal rival de Kirchner y fue filtrada intencionalmente en una nota en Página 12

DÓLARES Y CAJAS DE SEGURIDAD

José Sbattella estuvo asociado a definiciones polémicas desde que llegó a la UIF. A fines de 2011 dijo que la ley antiterrorista podría ser aplicada con los medios de comunicación. En abril de 2012 se pronunció a favor de «desdolarizar por las buenas o por las malas», lo cual acentuó el debate sobre el tema. Y a fin del año pasado consideró que la costumbre argentina de guardar dinero en cajas de seguridad facilita el encumbrimiento del lavado.
Fuente: La Nación, 18/02/13.

Argentina: Deficiente control del Lavado de Dinero

El 65% de las sospechas de lavado de dinero no se investigaron
Por Hugo Alconada Mon

La unidad antilavado dejó sin investigar 7400 de los 11.400 reportes de operaciones sospechosas (ROS) que integraban su base de datos a mediados de 2011. Los soslayó debido a la puesta en marcha de un nuevo sistema informático que tuvo graves problemas de aplicación, según surge de informes internos en los que se alertó sobre sus riesgos y dificultades.

La falta de análisis de casi el 65% de los reportes que la Unidad de Información Financiera (UIF) acumuló durante ocho años de labor contrasta con el énfasis que les dio su presidente, José Sbattella, a las investigaciones contra «enemigos» del Gobierno, entre otros, el Grupo Clarín; el jefe de la CGT, Hugo Moyano, y Sergio Schoklender . Esta información fue confirmada a LA NACION por tres fuentes al tanto de la operatoria dentro del organismo.

La desatención de esos 7400 reportes se debe a los problemas verificados en el sistema, conocido en la jerga como «matriz de riesgo». Se activó a mediados del año pasado, después de un largo proceso de desarrollo que mantuvo casi paralizado a un sector de la UIF durante seis meses.

La primera falla de la matriz es que, cuando al fin se implementó, no incluyó los ROS que hasta entonces llegaban impresos en papel y se procesaban con el sistema anterior, el SAIR. La segunda es que esos 7400 reportes sin analizar tampoco fueron cruzados con los ROS que comenzaron a llegar a la UIF desde que se activó la matriz.

Según dejó asentado por escrito en un reporte que elevó a Sbatella la entonces directora de Análisis de la UIF, Ana Helbardt, dijo que tal como estaba planteada la matriz, «quedan sin ningún tipo de tratamiento los ROS pendientes de análisis del SAIR (7400 de los 11.400 que integran esa base)». LA NACION procuró consultar al titular de la UIF, pero no respondió las llamadas ni los mensajes.

Helbardt explicó además que, al no poder cruzarse esos 7400 reportes con los ROS que comenzaron a llegar a la UIF desde que se activó la matriz, «las alertas que se generen (o no se generen) no cuentan con los antecedentes de los últimos ocho años de la Unidad».

El primer efecto nocivo de esas dos falencias -ni análisis ni entrecruzamiento- resultaba evidente, según la funcionaria. «Aquí se produce un riesgo importante, ya que puede descartarse un [nuevo] ROS que tenga antecedentes o vinculaciones con otros ya existentes» y soslayados.

Helbardt también alertó sobre las responsabilidades en juego, que excedían a su dirección de análisis y llegaban hasta la presidencia de la UIF. Consignó que con la matriz «debería preverse que esos ROS [por los 7400 pendientes] queden sin análisis hasta tanto se implemente una matriz complementaria», de la que además aclaró que sólo se habló en «reuniones informales» y sin mayores precisiones, como las que requeriría el tema.

Desde entonces, la mayoría de esos 7400 reportes continúa sin analizarse, según las fuentes que consultó LA NACION. Sólo se analizó un pequeño porcentaje, por las personas, empresas o montos de las operatorias sospechadas, o porque surgió algún tema «caliente» que justificó buscar entre los reportes sin analizar.

Con 280 parámetros o «a dedo»

Desarrollada durante meses por funcionarios y técnicos bajo la batuta del número dos del organismo, Gabriel Cuomo, la fórmula de la «matriz de riesgo» llegó a abarcar 280 parámetros de búsqueda y análisis. Algunos resultaban valiosos o incluso imprescindibles, pero otros carecían de asidero práctico.

«La fórmula incluía, por ejemplo, que se cruzaran datos con la AFIP, los registros Automotor y de la Propiedad de la Capital Federal o Migraciones, pero ni siquiera se sabía cómo se cruzarían esos datos», precisó un informante.

Aportó un caso concreto: «Si la idea era cruzar datos con el registro inmueble de la ciudad de Buenos Aires, ¿qué pasa si el reporte es sobre alguien que vive en Orán? Porque del registro de Salta no había nada en la matriz».

Ese primer bosquejo de la «matriz», sin embargo, sufrió luego una reformulación, con problemas casi opuestos. Fue cuando se marchó Helbardt y arribó un colaborador de Sbatella, Pablo Chena, como nuevo director de Análisis de la UIF, área a la que sumó a su hermana y a su cuñado.

De hecho, LA NACION publicó en septiembre pasado que Sbatella desplazó en la UIF a varios técnicos especializados en investigaciones antilavado y a muchos de ellos los reemplazó con militantes y familiares sin experiencia alguna en la materia.

«La matriz pasó de ser una ecuación compleja y larguísima a quedar reducida a sólo 10 parámetros que en la práctica no servían para detectar los reportes relevantes», detalló uno de los informantes, que indicó que dados los «problemas» registrados se inició una segunda «reformulación».

La relevancia de contar con una «matriz de riesgo» eficiente surge de los registros estadísticos del propio sistema antilavado. A medida que pasó de 350 a 22.500 sujetos obligados a informarle a la UIF las operaciones sospechosas, los reportes treparon de 351 en 2003 a 13.387en 2011, último año con datos oficiales conocidos.

El problema es que las falencias de la matriz y su posterior simplificación llevaron a Chena y sus colaboradores al otro extremo, según dos fuentes consultadas por LA NACION por separado. Ambas afirmaron que ahora se seleccionan «a dedo» los reportes que se investigan. O que se busca información en las bases sin que medie un reporte previo.

La última fase de la puesta en marcha de la «matriz de riesgo» registró, incluso, situaciones peculiares. Entre otras, que Chena terminó por apropiarse de la iniciativa en la que habían trabajado Cuomo y una larga lista de expertos. Y que en los fundamentos se sostuvo que matrices similares ya se aplican en Australia. «Lo cual -aclaró un informante- era pura cháchara. Pero pasó igual.»

Fuente: La Nación, 29/10/12.

José Sbattella, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Argentina: El Lavado de Dinero K

La UIF, entre el escándalo, el nepotismo y la vergüenza

 

José Sbattella parece decidido a continuar dinamitando la ya de por sí escasa capacidad operativa de la Unidad de Información Financiera (UIF) que él preside desde marzo de 2010. Se trata del organismo oficial encargado de luchar contra el lavado de dinero y lo que ha hecho Sbattella desde que, sin ninguna experiencia ni capacitación en la materia, asumió tan importante cargo, consistió en desarticular los planteles profesionales de la unidad para reducirla a una mera máquina politizada que se ocupa de perseguir a los críticos del Gobierno y de proteger a los sospechosos de lavado cercanos al kirchnerismo.

Obviamente, esta desnaturalización de la función de la UIF sólo puede beneficiar el blanqueo de activos financieros mal habidos, que generalmente provienen de la corrupción, el narcotráfico, la trata de blancas y el contrabando, azotes que, sintomáticamente, no han cesado de crecer con llamativa vitalidad durante la gestión del Gobierno.

Sbattella ha protagonizado una serie de escándalos desde su desembarco en la UIF. El último, tal como reveló una investigación de LA NACION, ha sido el reemplazo de técnicos especializados en desentrañar el lavado de dinero por alrededor de 20 familiares suyos, de su esposa y de sus colaboradores y militantes del kirchnerismo que carecen de toda experiencia. Al comienzo, uno de esos militantes no pudo conservar su flamante puesto luego de aparecer filmado por la televisión mientras participaba en los disturbios protagonizados por los barrabravas de River en junio del año pasado, cuando ese club quedó a un paso del descenso. Pero al pasar al olvido el escándalo, fue reincorporado.

De todos modos, hoy sólo trabajan en la UIF menos de media docena de analistas profesionales con probada experiencia en investigaciones de blanqueo de dinero, una actividad cada vez más compleja. Mientras tanto, el total de empleados de la unidad es de 250. Al frente de la estratégica Dirección de Análisis se encuentra un ex colaborador de Sbattella en el Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (IEFE) de La Plata. La hermana del director de Análisis es la segunda autoridad de esta dirección, y un cuñado suyo es el tercer jefe, encargado a su vez de las causas políticas de mayor sensibilidad para el Gobierno.

Hay que recordar que la UIF ha protegido, entre otros, al vicepresidente, Amado Boudou; al empresario kirchnerista Lázaro Báez y a la Fundación Madres de Plaza de Mayo y sus obras de viviendas sociales financiadas con fondos públicos.

El desmantelamiento de los ya de por sí exiguos planteles profesionales de la UIF llegó al extremo de que tres analistas carecen de títulos profesionales. El antecedente laboral de otra analista, actualmente a cargo de algunos de los legajos con connotaciones políticas, es haberse desempeñado en una panadería. Una colega suya es ingeniera en pesca, por lo cual fue necesario que se le otorgara una autorización excepcional en el decreto de designación del Ministerio de Justicia «por no reunir los requisitos mínimos de acceso» para un puesto de ese nivel y responsabilidad.

A cargo de otra área estratégica, la de Coordinación Nacional, que se ocupa de coordinar la colaboración con otros organismos estatales, Sbattella designó a una ex secretaria privada suya, mientras que su esposo dirige el área que se ocupa de los sectores y profesionales que deben reportar las operaciones financieras sospechosas. Sbattella también nombró a una sobrina de su esposa como secretaria y al marido de otra sobrina como director de Seguridad y Sistemas Informáticos. Luego de publicada la investigación de LA NACION, Sbattella reconoció que «no somos especialistas en temas de lavado».

Este panorama escandaloso no hace más que confirmar lo que más de una vez hemos planteado en esta columna: la finalidad real de la UIF no es combatir el lavado de dinero, sino proteger a funcionarios y sus allegados presuntamente involucrados en ese delito, y también perseguir a quienes no comulgan con el oficialismo. Un año atrás, la Justicia imputó a las autoridades de la UIF por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario, encubrimiento agravado y violación de secretos, debido a que sobre 130 pedidos de levantamiento de secreto fiscal que solicitó el organismo, sólo dos casos habrían tenido trámite posterior en la UIF. Eran los casos abiertos contra altos ejecutivos del Grupo Clarín. En cambio, la unidad tuvo un papel equiparable al de encubridor en el caso de la Fundación Madres de Plaza de Mayo al haber cajoneado una denuncia antes de estallar el escándalo. Otro ejemplo de persecución política a cargo de la UIF fue el pedido de información que realizó a su par estadounidense, el FinCen, para emplearlo en contra del dirigente opositor Francisco de Narváez. Debido a esta sucia maniobra, el FinCen cesó su colaboración con la UIF.

El narcotráfico, el contrabando y los hechos de corrupción son algunos de los principales delitos que producen enormes volúmenes de dinero que los delincuentes y sus cómplices necesitan reingresar en el circuito legal para ocultar su origen. En eso consiste el lavado. El estado actual de la UIF, que oscila entre un organismo en ruinas y una fuente de permanente escándalo y vergüenza, no sólo es responsabilidad de Sbattella sino de los máximos estamentos de un Gobierno que, de esta manera, confirma que no lucha contra el blanqueo de activos financieros. La realidad que vive hoy la UIF, tan increíble que puede resultar patética, es, sin embargo, una invitación al lavado de dinero y, por lo tanto, a una aún mayor expansión de los negocios de la droga y la corrupción, de efectos tan devastadores en cualquier sociedad. Por eso, y porque está de por medio la salud de la República, es que Sbattella debería renunciar o ser removido para que alguien idóneo ocupe tan importante puesto.
Fuente: La Nación, 09/09/12. Editorial.
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Más información:

https://www.economiapersonal.com.ar/2012/09/01/argentina-nepotismo-en-la-uif/

Argentina: Nepotismo en la UIF

Echan a expertos antilavado y asumen militantes y familiares

Por Hugo Alconada Mon

 

De a uno o de a dos por vez, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, desplazó a los técnicos especializados en investigaciones antilavado. Sólo queda un puñado testimonial. Y al resto lo reemplazó con militantes y familiares sin experiencia alguna, según reconstruyó La Nacion sobre la base de testimonios de cuatro fuentes al tanto de lo ocurrido, documentos públicos y privados, y un relevamiento del Boletín Oficial.

La politización de la UIF, que se agudizó desde el arribo de Sbattella, en marzo de 2010, incluyó casos singulares, como el nombramiento de un militante al que debieron pedirle la renuncia tras aparecer por televisión en los disturbios causados por los barrabravas de River cuando el club quedó a un paso de descender, en junio de 2011. Sin embargo, lo reincorporaron cuando se diluyó el riesgo de un escándalo público.

«Hay una dinámica permanente de politizar el discurso, las acciones y al personal de la UIF», lamentó una de las fuentes que aceptó dialogar con LA NACION bajo estricta reserva de su nombre durante los últimos tres meses. ¿El motivo? Luego de que este diario reveló el 20 de agosto la protección brindada al vicepresidente Amado Boudou y al empresario patagónico Lázaro Báez , entre otros, Sbattella y sus colaboradores amenazaron: «Por cada nueva nota [que se publique] echaremos a dos empleados».

Hoy, con más de 250 personas que trabajan en la UIF, menos de media docena son analistas profesionales, con experiencia en investigaciones sobre lavado. El resto aprende sobre la marcha -por «ósmosis», como lo definió uno de los informantes- o con cursos que reciben cuando ya están dentro de la unidad. Más aún, esa capacitación sólo se imparte para «los nuestros».

Sin embargo, mientras por un lado se discrimina a parte del personal técnico por razones políticas, por el otro se designan nuevos empleados también por razones políticas o de parentesco con el propio Sbattella y sus principales colaboradores.

Sbattella designó a la sobrina de su mujer como secretaria, al marido de otra sobrina como director del área de Seguridad y Sistemas Informáticos de la UIF, a una tercera sobrina como encargada de la página web de la UIF y hasta a un sobrino en la Secretaría General Ejecutiva. (LA NACION se reserva sus nombres por las características de seguridad inherentes a la unidad antilavado.)

Sbattella también trajo a varios de sus ex colaboradores en el Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (IEFE) de La Plata. Entre otros, a dos vocales (uno de los cuales ya renunció), a un analista y al encargado de Presupuesto y Pagos de la UIF, cargo que ocupa gracias a que obtuvo una designación excepcional por carecer de título profesional habilitante. Todos ellos, además, carecen de experiencia real en temas antilavado, según verificó LA NACION.

La misma práctica se repite en el área más sensible de la UIF, la Dirección de Análisis. Su director es Pablo Chena -que también viene del IEFE-; la segunda a cargo es su hermana, y el tercero en la línea jerárquica es su cuñado, que además se encarga de llevar adelante algunas de las «causas políticas» más sensibles.

A ellos se suman cuatro casos notables. Son analistas de la categoría «C» en el escalafón de la administración pública nacional. Tres carecen de títulos profesionales. Una trabajaba en una panadería y junto con otro de los cuatro también maneja «legajos con tinte político», como los caracterizó otro informante. Y la cuarta, amiga a su vez de Sbattella, es ingeniera, pero en pesca, por lo que también recibió una autorización excepcional en el decreto de designación del Ministerio de Justicia «por no reunir los requisitos mínimos de acceso» para un puesto de esa categoría.

De secretaria a coordinadora

Los vínculos con la esposa de Sbattella, vocal en el Tribunal Fiscal de Apelación de la provincia de Buenos Aires, también pesan dentro de la UIF. De allí llegaron la directora del área de Asuntos Jurídicos, Mariana Quevedo, quien sólo va por las tardes y aún concurre también al tribunal, más una vocal del Consejo Asesor de la Unidad, y un empleado de la Secretaría General Ejecutiva por el que se pidió que lo categorizaran con la letra «A», la más alta del escalafón y aun cuando hay un solo profesional, en Análisis, con ese nivel. Al final lo encuadraron en el nivel «B», cuando otros demoraron ocho o más años para conseguir esa categoría.

Una discrecionalidad semejante quedó expuesta al designar a cargo de las tareas de Coordinación Nacional -es decir, la interacción estratégica con todas las áreas del Estado abocadas a la lucha contra el lavado- a una ex secretaria privada de Sbattella, en tanto que al frente del área de Supervisión de Obligados -qué sectores y profesionales deben reportar operaciones sospechosas- se ubicó a un empleado de la AFIP que es el marido de esa ex secretaria.

Sin embargo, el caso paradigmático acaso sea el de Carlos Federico Millet, señalado dentro de la UIF como uno de los que ingresaron con un bombo a las instalaciones junto a su entonces jefe directo, el secretario general ejecutivo, Federico de Negri, para convocar a sus colegas de toda la unidad a participar en un acto político de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con su entonces aliado, Hugo Moyano.

 

Fanático de River Plate, Millet debió renunciar a su designación -también era excepcional por incumplir los requisitos legales- el 23 de junio de 2011. Es decir, lo echaron el día después de que un grupo de violentos ingresara a la cancha durante el partido que su equipo perdió contra Belgrano, en Córdoba, y quedó a un paso del descenso, que se concretó días después.

Millet apareció en unas imágenes de los desmanes, por lo que las autoridades lo desplazaron, temerosas de que se detectara que trabajaba en la UIF, un organismo que depende del ministro de Justicia, Julio Alak, aunque Sbattella suele decir que tiene diálogo directo -por momentos incluso diario- con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En el caso de Millet, sin embargo, la UIF volvió sobre sus pasos a medida que el potencial escándalo quedaba atrás. Por ese motivo recontrataron al militante del Ateneo Conciencia Nacional, que fundó Sbattella a principios de los 90. Hoy trabaja en el área de presupuesto.

LA NACION intentó consultar a Sbattella por estas designaciones, y a Millet desde el jueves, pero no respondieron las llamadas y mensajes.

Ya investigado por el juez federal Daniel Rafecas por el uso político de la UIF, tras una investigación preliminar del fiscal Carlos Stornelli, uno de los colaboradores de Sbattella ironizó en público sobre las consecuencias de su actuación. Según dos testigos, bromeó: «Si seguimos así, vamos presos».

 

Los cambios más resonantes en la UIF

Sbattella reemplazó a técnicos por gente propia.

CASO 1

Los sobrinos

Un sobrino de Sbattella, tres sobrinas por parte de su mujer y también el marido de una de ellas trabajan hoy en distintos cargos dentro de la UIF.

CASO 2

Los platenses

Sbattella también convocó a cinco ex colaboradores del instituto IEFE de La Plata; ninguno con experiencia en temas antilavado.

CASO 3

Los analistas

El director de Análisis convocó a su hermana como número dos del área a su cargo y al marido de ella como su tercero.

CASO 4

Un hincha fanático

Veinticuatro horas después de los incidentes en Belgrano-River, la UIF echó a Carlos Millet (foto); cuando se diluyó el escándalo, volvió a contratarlo.

CASO 5

La ingeniera

Una de las nuevas analistas es amiga de Sbattella e ingeniera, pero en Pesca, por lo que debió recibir una autorización excepcional para entrar a la UIF.

CASO 6

Los fiscales

Tres colaboradores de Sbattella llegaron del Tribunal Fiscal bonaerense, donde trabaja su mujer; una de ellas todavía concurre al tribunal.

Del editor: por qué importa.

La UIF desnuda la cara oscura de la militancia: convertir la impericia en ley. Un gobierno que vigila al turista que compra un puñado de dólares vacía de expertos la unidad que investiga los grandes delitos económicos.

Fuente: La Nación, 01/09/12.

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Sbattella admitió que familiares suyos trabajan en la UIF

 

Sbattella, el jueves, al llegar a las oficinas de la UIF. Foto: LA NACION / Enrique García MedinaLuego de que LA NACIÓN revelara que el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, desplazó a técnicos especializados en investigaciones antilavado y los reemplazó con militantes y familiares sin experiencia, él mismo contestó. Dijo que quienes trabajan en el organismo son idóneos y que el hecho de que sean familiares «no invalida su capacidad técnica y profesional para el cargo».

Sbattella admitió que su secretaria es familiar de su mujer. «Lo que es real, yo tengo en todos los organismos que he pasado, una secretaria que me ha acompañado siempre. Esa es una de las secretarias. El resto son personas de origen profesional, con capacidad técnica para estar en esos lugares. Y tienen las mismas características que cualquier personal», sostuvo.

«Mi secretaria no es mi sobrina. Es un familiar de mi actual esposa; soy divorciado. Lo lógico es un familiar, una persona de confianza. Las otras personas son por idoneidad profesional en los temas que le ha tocado trabajar y no tiene que ver su relación familiar con los lugares en que están», explicó, en diálogo con radio Mitre.

El titular de la UIF, que es la unidad que debe investigar los grandes delitos económicos, dijo que «las otras personas» [mencionadas en la nota de LA NACIÓN] tienen «idoneidad profesional» y que son «profesionales con capacidad técnica para estar en esos lugares».

«No tienen relación familiar, puede ser relaciones familiares de índole política, pero eso no invalida su capacidad técnica y profesional para el cargo. No entran colgados, de no saber nada; hay especialistas en el tema (SIC)», agregó.

«La mayoría de los que nombra [el artículo] como personas nombradas como favores son personas que tienen una historia y un currículum que amerita el lugar adonde están; esto está fuera de discusión», insistió.

Qué pasó

LA NACIÓN reveló hoy que Sbattella desplazó a técnicos especializados en investigaciones antilavado y que los reemplazó con militantes y familiares sin experiencia. Hoy, más de 250 personas trabajan en la UIF y menos de media docena son analistas profesionales con experiencia en investigaciones sobre lavado.

Los cambios más resonantes en la UIF

CASO 1

Los sobrinos

Un sobrino de Sbattella, tres sobrinas por parte de su mujer y también el marido de una de ellas trabajan hoy en distintos cargos dentro de la UIF.

CASO 2

Los platenses

Sbattella también convocó a cinco ex colaboradores del instituto IEFE de La Plata; ninguno con experiencia en temas antilavado.

CASO 3

Los analistas

El director de Análisis convocó a su hermana como número dos del área a su cargo y al marido de ella como su tercero.

CASO 4

Un hincha fanático

Veinticuatro horas después de los incidentes en Belgrano-River, la UIF echó a Carlos Millet; cuando se diluyó el escándalo, volvió a contratarlo.

CASO 5

La ingeniera

Una de las nuevas analistas es amiga de Sbattella e ingeniera, pero en Pesca, por lo que debió recibir una autorización excepcional para entrar a la UIF.

CASO 6

Los fiscales

Tres colaboradores de Sbattella llegaron del Tribunal Fiscal bonaerense, donde trabaja su mujer; una de ellas todavía concurre al tribunal.

Fuente: La Nación, 01/09/12.

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El Lavado de Dinero

 

El lavado de dinero -también conocido como blanqueo de dinero, lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales o legitimación de capitales- es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales -narcotráfico, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, prostitución, malversación pública, extorsión, secuestro, trabajo ilegal, piratería, terrorismo, etc.-. El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.

Todo inversor debe conocer los límites y obligaciones que establece la ley para evitar incurrir en acciones que le generen consecuencias perjudiciales.

En el archivo indicado abajo encontrará información de utilidad sobre este tema. 
El-Lavado-de-Dinero

Más información: https://www.economiapersonal.com.ar/index.php?s=lavado+de+dinero&x=9&y=7

 

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