Playa del Carmen, México.

Una encuesta del Pew Research Center publicada en julio indicó que 84% de los votantes estadounidenses dijeron que la economía es “muy importante” para su voto en la elección del 8 de noviembre. Fue el tema más importante para los encuestados.

Sin embargo, es cada vez más claro que las políticas de la Reserva Federal están causando un gran daño a la economía de Estados Unidos y ninguno de los candidatos ha convertido eso en un tema de campaña. En cambio, Hillary Clinton y Donald Trump atribuyen los problemas a una excesiva libertad económica. Esto es preocupante sin importar quién gane la elección.

En los tres días que pasé visitando esta ciudad turística la semana pasada, no vi a una sola persona en la industria hotelera local que fuera nativa del lugar. Ya sean los empleados del hotel, los restaurantes o de transporte, todos habían venido de otros estados —Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Morelos, sólo para mencionar algunos— en busca de empleo.

Esta creación de empleos está impulsada por las ganancias de productividad que habrían sido inimaginables sin los correspondientes incrementos en libre comercio y movilidad y las inversiones en tecnología y capital humano. Así es como crecen las economías.

Sin embargo, nuestra clase política e intelectual cada vez más señala estos avances —tecnología, comercio y migración— como razones para ser pesimista. Es una lógica preocupante porque sugiere que un mejor futuro depende de retroceder, a contracorriente del liberalismo económico. También ignora la culpabilidad de la Fed por el lento crecimiento.

La innovación y la competencia generan lo que el economista austríaco Joseph Schumpeter llamaba “destrucción creativa”. En un mercado libre con dinero sólido, la riqueza creada por la disrupción es redistribuida, suministrando oportunidades para aquellos que fueron desplazados. Esto impulsa aún más la oportunidad.

Las políticas de la Fed de tasas de interés cero y compras de bonos, conocidas como relajación cuantitativa, no sólo no han conseguido estimular la inversión en los negocios, sino que también la han desalentado a través de la asignación equivocada de capital. Esto es contradictorio debido a que afecta al emprendimiento y, por ende, el crecimiento de la productividad.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta) abrió la economía mexicana a las importaciones canadienses y estadounidenses en 1994. Muchos mexicanos perdieron sus empleos. Sin embargo, el país obtuvo acceso a lo que necesitaba para modernizarse. Agua potable, cenas con salmón, vinos de California y aire acondicionado no eran algo común en la Rivera Maya en 1985, pero ahora lo son y el turismo se ha disparado.

Tanto Trump como Clinton hablan sobre la necesidad de un crecimiento más rápido del país. Sin embargo, ambos proponen lograrlo atacando al libre mercado. Ambos recetan nuevas restricciones al comercio internacional y un nuevo programa social para niños de edad preescolar.

Clinton desea que el gobierno dé una mayor mordida impositiva a los miembros más productivos de la sociedad, una política que desalentaría la toma de riesgos por parte de esas personas. Trump habla con demagogia sobre la inmigración y desea castigar a las compañías estadounidenses que distribuyen su capital a su mejor uso si este resulta ser en el exterior.

Lo que se queda por fuera de su análisis es el gigantesco rol de las políticas monetarias y regulatorias anticrecimiento de la Fed. Trump argumentó en septiembre que la política de crédito barato de la Fed, la cual lleva ya ocho años, está generando burbujas de activos. Pero si entendiera el problema, no se despacharía contra el Nafta.

Clinton finge alarma ante las críticas de Trump a la Fed bajo el argumento de que se supone que el banco central sea independiente. Sin embargo, es bien conocido que los demócratas trabajan tras bambalinas para debilitar la independencia de los bancos regionales de la Fed para centralizar el poder en Washington.

El sentido común dicta que la Fed ha inundado el mercado con crédito al comprar bonos de forma enérgica y crear reservas bancarias en el balance de la Fed. No obstante, cuando la Fed compra activos, tales como deuda gubernamental o valores respaldados por hipotecas, sólo registra un pasivo a corto plazo en su balance. Las reservas están en los libros contables, pero no crean más crédito en la economía real que si la Fed nunca hubiera hecho la compra. Mientras tanto, genera una escasez de activos a mediano y largo plazo en el mercado.

Si hubiera un exceso de crédito en la economía real probablemente se manifestaría en los préstamos bancarios, a medida que las empresas en expansión clamaran por préstamos de bajo costo. Sin embargo, el crecimiento del crédito “ha sido terriblemente lento”, según escribió David Malpass, presidente de la firma de consultoría Encima Global, en una reciente nota a sus clientes. La estructura de término de los activos bancarios tiene algo de culpa, pero también la tiene la regulación, por parte de la Fed y el Congreso, a través de la ley Dodd-Frank de 2010, la cual ha hecho que sea difícil prestarles a las empresas, especialmente las pequeñas.

Las compañías con mejor calificación de crédito están usando el dinero barato no para financiar proyectos que mejoren la productividad, sino para pagar dividendos, recomprar acciones o llevar a cabo otras transacciones financieras. Las políticas de la Fed, como escribió Malpass, “están reduciendo el crédito disponible para las pequeñas empresas y perjudicando el crecimiento del PIB en vez de estimularlo”.

La Fed es técnicamente una “agencia independiente”, pero no es inmune a responder al público que sirve. Culpar al libre mercado de sus errores sólo hará que las cosas empeoren.

Fuente: The Wall Street Journal, 24/10/16.

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El presidente interino de Brasil, Michel Temer.

Una desafiante Dilma Rousseff dejó el palacio presidencial por la puerta principal el jueves por la mañana, luego de que el Senado votó a favor de comenzar su juicio de destitución. Según la tradición brasileña, la salida elegida por la presidenta fue una declaración política de que planea regresar. El voto del Senado, en el que más de dos tercios de los 80 legisladores se manifestaron a favor de un juicio, sugiere otra cosa.

La mayor esperanza de Rousseff para regresar se cifra en el vicepresidente Michel Temer. Él es miembro del mayor partido de Brasil, el Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que había formado una coalición con el Partido de los Trabajadores (PT) de la mandataria desde su reelección en 2014. Temer tomará las riendas de la presidencia durante el juicio. Si Rousseff es hallada culpable, él permanecerá en el cargo hasta 2018.

Rousseff tiene que esperar que Temer tenga un mal desempeño como presidente interino y que el país pida su regreso, pero con su popularidad cercana a 10% y los miembros de su partido envueltos en un escándalo de corrupción que involucra a la petrolera de control estatal Petrobras, las probabilidades de que ello ocurra son bajas. Su mentor, el expresidente Lula de Silva, también está bajo investigación.

El nuevo gobierno ya cometió un error. El nuevo ministro de Finanzas de Temer, Henrique Meirelles, dijo el viernes que no descarta restaurar el impuesto a las transacciones financieras. En un país conocido por la complejidad de su código tributario y una economía informal directamente proporcional a ello, esa no es una buena movida inicial.

La Cámara de Diputados de Brasil votó a favor de enviar a Rousseff a juicio en abril, acusándola de infringir deliberadamente una provisión constitucional diseñada para asegurar la responsabilidad fiscal y de ocultarlo mediante la manipulación de los informes fiscales. El delito imputable fue la apertura de líneas de crédito en los bancos estatales y generar déficits sin aprobación del Congreso. Rousseff niega los cargos.

La mandataria no ha sido acusada formalmente de corrupción y sus partidarios señalan que la política brasileña está llena de escándalos de corrupción que sacuden a todos los partidos. Las encuestas indican que una abrumadora mayoría de los brasileños opina que toda la clase política está podrida.

Sin embargo, hay una gran diferencia de gobierno entre Rousseff y Temer. El PT es un partido ideológicamente de extrema izquierda, mientras que el de Temer es una máquina pragmática tradicional. Rousseff y sus compañeros del PT han soñado toda su vida con convertir a Brasil en un paraíso cubano. El PMDB de Temer quiere hacer lo que sea necesario para ganar las elecciones. Rousseff tiene una reputación de ignorar al Congreso, pero se cree que Temer reabrirá las líneas de comunicación.

El presidente interino hereda una crisis económica. La inflación superó el 10% el año pasado. Se cree que descenderá este año a cerca de 7% debido a que el banco central ha subido la tasa de interés de referencia a 14,25% y a recortes en la disponibilidad de crédito por parte de los bancos públicos. El crecimiento económico se estancó en 2014 y se contrajo en 3,8% el año pasado. Se prevé un retroceso similar este año, aunque lo peor de la recesión puede haber pasado. La tasa de desempleo ahora se ubica en casi 11%.

El éxito significaría restaurar el crecimiento al recuperar el atractivo de Brasil como un destino para el capital. Reducir la intervención estatal en la economía será crucial y es alentador que Temer ya hable sobre la privatización de algunas empresas. Pero junto a la propiedad estatal, la enorme carga regulatoria también es un lastre sobre el crecimiento. El proteccionismo aumentó durante la gestión del PT, que agregó reglas de contenido brasileño a los astilleros y equipos de perforación petrolera, reduciendo la competitividad en la exploración en aguas profundas.

Una prioridad del nuevo gobierno es recortar el gasto. Temer reducirá el gabinete presidencial de 32 ministerios a 22. También dijo que los 20.000 cargos gubernamentales usualmente nombrados por la rama ejecutiva son demasiados y prometió disminuir el número en miles. Es un buen inicio, pero no más que eso.

La llegada de Meirelles, ex presidente de BankBoston y ex presidente del banco central, otorga credibilidad al nuevo gobierno. El ministro de Finanzas ofreció algunas buenas ideas el viernes, asegurando que pondrá énfasis en la transparencia de los gastos y en una reforma al sistema de seguridad social, posiblemente al incluir un nuevo mínimo de edad necesario para recibir los beneficios de jubilación.

El gobierno de Temer tiene una oportunidad para generar una oleada de confianza que motive nuevos flujos de inversión. Pero eso no será automático y es probable que prevalezca una sensación de escepticismo. Brasil necesita una reforma tributaria, no nuevos impuestos. El gobierno federal impone grandes cantidades de impuestos, cargas y contribuciones obligadas. Los políticos se quejan de la baja tasa de pago, pero es improbable que cambie a menos que se reduzca la complejidad.

Meirelles envió un mensaje de que no entiende esa realidad cuando señaló el viernes que “preferentemente, no deberían haber alzas de impuestos, pero la prioridad es equilibrar las finanzas públicas”. Un contacto en São Paulo suspiró y melancólicamente indicó: “Estábamos tan felices ayer”.

Las lunas de miel no duran mucho, pero esta podría ser más corta que el promedio.

Taxistas protestan contra Uber en Buenos Aires, el 20 de abril. 

Las economías que crean riqueza abren las puertas a la innovación. Y luego está Buenos Aires, donde Uber dice que ha esperado por más de cuatro meses un número de identificación tributaria. Ahora, la empresa está bajo investigación por operar su servicio de viajes compartidos de manera ilegal.

La dificultad de Uber con el gobierno de la ciudad es una buena noticia para los dueños de taxis y los líderes sindicales que desean impedir la entrada de la compañía al mercado. Pero es una mala noticia para Argentina, un país hambriento de empleos y de los avances en productividad necesarios para elevar sus estándares de vida.

Mauricio Macri, el presidente centroderechista, del partido Propuesta Republicana (PRO), que asumió en diciembre, ha prometido una recuperación económica. Pero si los intereses creados reciben protección contra la revolución tecnológica, probablemente no podrá cumplir.

Ver: ¿Su Puesto de Trabajo en riesgo?

A Uber se le acabó la paciencia el 12 de abril y comenzó a ofrecer sus servicios de viajes compartidos en Buenos Aires sin un permiso o una clave de identificación tributaria. Un grupo de sindicatos de taxistas inmediatamente presentó una demanda en la que exige que la ciudad prohíba el servicio de Uber. El gobierno de la ciudad respondió con una orden de clausura y el bloqueo preventivo contra la empresa por el delito menor de “uso indebido del espacio público para actividades lucrativas no autorizadas”.

Niki Christoff, la portavoz de Uber, dice que el 15 de abril la policía allanó las oficinas de los abogados de la empresa y se llevó “todos los archivos de Uber y la información que encontraron”. Christoff dice que al día siguiente la policía rompió la cerradura de la puerta del hogar del gerente general de Uber en el país, allanó el lugar y se llevó algunos equipos electrónicos y documentos.

Entre el 15 y el 20 de abril, Uber ofreció viajes gratis en Buenos Aires, con la esperanza de crear demanda para su servicio y contrarrestar al sindicato de taxistas, que ha bloqueado calles y organizado protestas para presionar a los reguladores de la ciudad para que prohíban el servicio. Uber dice que ahora opera normalmente y cree que su negocio está protegido por la Constitución. La empresa enfatiza que no es ni un servicio de autos ni un negocio de taxis y asegura que Argentina necesita un nuevo régimen regulatorio para las empresas que proveen una plataforma para viajes compartidos.

Ver: El Futuro del Trabajo 

Jill Hazelbaker, vicepresidenta de políticas públicas y comunicaciones de Uber, dice que “la resistencia en Buenos Aires está entre las más feroces que la empresa ha experimentado en el mundo”. Pero los consumidores están ansiosos por darle una oportunidad. Uber asegura que se han registrado 250.000 descargas de su aplicación en Argentina, 120.000 pasajeros han abierto cuentas y durante la primera semana de operación se registraron 175.000 solicitudes de viajes.

Uber también generará empleos. Según Christoff, cerca de la mitad de sus conductores en Ciudad de México estaban desempleados antes de la llegada de la empresa. En Argentina, añade, 10.000 personas se apuntaron durante las primeras 36 horas de registro de conductores, un récord para cualquier lanzamiento de Uber en América Latina. En total, cerca de 35.000 argentinos se han registrado como conductores de Uber, dice la empresa. El trabajo también provee flexibilidad para los subempleados que buscan una segunda fuente de ingresos.

Otras plataformas de economía compartida ya están cambiando a Argentina. Airbnb, por ejemplo, transforma a cada dueño de propiedad en un anfitrión de hospedaje.

Uber asegura que América Latina es su mercado de más rápido crecimiento. También tiene competencia. La compañía española Cabify, cuyo servicio de movilidad también funciona a través de una aplicación, opera en Perú, Chile y Colombia. Su director para América Latina, Ricardo Weder, le dijo en abril al diario argentino La Nación que Cabify lanzará este mes su servicio en las ciudades de Buenos Aires y Rosario.

Christoff dice que la compañía solicitó hace más de una semana una reunión con el jefe de gobierno de Buenos Aires, pero que aún no han sido contactados al respecto. En una respuesta escrita a mi solicitud de comentarios sobre el caso Uber, la Secretaría de Transportes de la ciudad me dijo el jueves que la compañía no ha presentado la documentación adecuada para operar en Buenos Aires. El secretario de Transporte, Juan José Méndez, agregó: “Uber conoce la ley pero decidió ignorarla”.

Sin embargo, puede estar sucediendo algo más. Los sindicatos argentinos son poderosos y los de los taxistas en Buenos Aires no son la excepción. Omar Viviani, líder del Sindicato de Peones de Taxi, ha dicho que “bajo ningún concepto” se debería permitir que Uber opere en el país.

El presidente Macri reconoció sutilmente el poder de los sindicatos el 14 de abril durante un evento público. “Valoro la posición del gobierno de la Ciudad de defender a nuestros taxistas, que son un símbolo de la Argentina, pero también tenemos el problema del avance de la tecnología, que hay que recorrer de la manera más gradual posible para cuidar a todos los argentinos”, dijo.

Macri está en una posición difícil. Su partido no controla el Congreso. Para gobernar, necesita el apoyo de los peronistas moderados, y la base del peronismo son los sindicatos.

Sin embargo, ceder ante las arcaicas redes de taxis es derrotista. El presidente haría mejor en presentar el tema como una oportunidad para avanzar los intereses de millones de porteños, quienes se beneficiarían de una mayor competencia y más inversión. Argentina necesita urgentemente la destrucción creativa de la clase disruptiva, de la cual forma parte Uber.

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Alejandro García Padilla, gobernador de Puerto Rico, da un discurso el 30 de diciembre, en San Juan.

La deuda del gobierno y las agencias de Puerto Rico excede los US$ 70.000 millones y el gobierno de Barack Obama dice que el estado libre asociado necesita acogerse a las leyes de protección por bancarrota. A finales de la semana pasada, el comité de recursos naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentó las directrices de su propia solución. El grupo solicita una autoridad de supervisión financiera independiente y declaraciones financieras auditadas antes de una “reestructuración voluntaria de deuda”.

Ambas opciones hacen probable que los costos de endeudamiento de Puerto Rico aumenten, debido a que ambas introducen el espectro de una rebaja sin precedentes de al menos parte de la deuda. Sin embargo, el comité de la Cámara de Representantes parece más interesado en dejar a Puerto Rico con el poder para demostrar que es un deudor fiable. Los puertorriqueños merecen esa posibilidad, como mínimo.

Muchos en la isla creen que esta puede y debe pagar sus deudas. En una visita a las oficinas en Nueva York de The Wall Street Journal en enero, Ricardo Rosselló, quien participa en las primarias del Partido Nuevo Progresista para las elecciones a gobernador en noviembre, argumentó que Puerto Rico debe dejar en claro que cumplirá sus obligaciones para que pueda regresar a los mercados de capital. Luego debería hacer una dieta fiscal para promover un rápido crecimiento económico.

¿Puede Puerto Rico pagar sus deudas? La triste realidad es que pese al acalorado debate sobre una crisis de solvencia, nadie lo sabe a ciencia cierta debido a que no hay declaraciones financieras auditadas para los años fiscales 2014 y posteriores. En una carta del 1 de marzo a Orrin Hatch, presidente del Comité de Finanzas del Senado, Rosselló, un demócrata, señaló que el estado libre asociado acumula un retraso de más de 300 días respecto de la fecha límite para presentar los documentos de 2014. “Y es precisamente en un momento de crisis que se necesita una mayor transparencia, disciplina y análisis independiente para diagnosticar apropiadamente los problemas y producir soluciones sostenibles”, escribió Rosselló.

La no presentación de estados financieros auditados demuestra mala fe y no es la primera vez.

En julio de 2014, el representante de Puerto Rico ante la Cámara de Representantes, Pedro Pierluisi, presentó un proyecto de ley para darle a la isla acceso al capítulo 9 del código de quiebras de EE.UU. Pierluisi sostuvo que no había razón para excluir a las corporaciones públicas o municipalidades de la isla de las protecciones que disfrutan las mismas entidades en los 50 estados de la unión.

Eso puede ser cierto, pero darle acceso retroactivo al capítulo 9 cambiaría los contratos existentes, los cuales especifican que la sindicatura, y no la quiebra, es el camino a seguir en caso de insolvencia.

La insistencia de Pierluisi en que Puerto Rico necesita acogerse al capítulo 9 también es socavada por la reestructuración voluntaria que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico, la empresa pública más grande de la isla, pactó con sus acreedores, a los cuales les debe cerca de US$8.000 millones. En febrero, la legislatura de Puerto Rico aprobó el acuerdo, en el que el valor nominal de la mayoría de bonos se recorta en 15% y los cupones en aproximadamente un punto porcentual a cambio de una línea de ingresos dedicada proveniente de los pagos de los usuarios para reducir la deuda.

Este arreglo muestra que la AEE no necesita declararse en quiebra. El gobierno de Obama desea una ley que se ha llamado “súper capítulo 9”, para permitir una amplia reestructuración de toda la deuda del estado libre asociado. Esta idea, recientemente rebautizada por el Departamento del Tesoro como “súper reestructuración de territorios”, es buena para la clase política, pero mala para casi todo el resto.

Los estados no tienen permitido declararse en bancarrota, como lo entienden perfectamente bien Nueva York, California e Illinois, que están en aprietos financieros. Si se le permite a Puerto Rico zafarse de su deuda territorial, algunos estados querrán el mismo privilegio.

Otros estados pagarán el precio como lo dijeron la semana pasada los gobernadores de Alabama, Arizona, Maine, Nebraska, Nuevo México y Dakota del Sur en un anuncio de página completa en la edición impresa de The Wall Street Journal, pagado por la “Main Street Bondholders Coalition”. Los gobernadores advirtieron que “conceder a Puerto Rico tal autoridad de quiebra sin precedentes” podría elevar sus costos de financiamiento, “erosionando la confianza de los inversionistas en la noción de fe entera y deuda de crédito”.

Puerto Rico también se vería afectado. Más de la mitad de su deuda en circulación está constitucionalmente protegida o respaldada por los impuestos a la venta o es de la AEE, que ya tiene un acuerdo con sus acreedores. Como indicó Rosselló en su carta, si Puerto Rico pretende “recuperar credibilidad con los inversionistas”, primero debe “cumplir con las obligaciones” de pagar su deuda principal.

Bajo la propuesta del comité de la Cámara de Representantes, Puerto Rico podría tratar de lograr que algunos de sus acreedores acepten una rebaja de la misma forma que lo han hecho los acreedores de la AEE. Sin embargo, algunos quizás no acepten “voluntariamente”. No se sabe por el momento si la Cámara de Representantes planea resolver el problema de los que no acepten el canje a través de, por ejemplo, cláusulas de demanda colectiva.

Pero lo que se necesita sin lugar a dudas es una autoridad de supervisión independiente, una auditoría y la oportunidad para que los tenedores de bonos negocien en lugar de verse obligados a aceptar lo que les embuta el Tesoro. Eso presionará a la clase política de la isla para que no gaste más de lo que recauda. Si a Washington le preocupa la gente de Puerto Rico, no se conformará con menos.

Por Mary Anastasia O’Grady.

Donald Trump durante un discurso de campaña en Warren, Michigan. 

Los partidarios de Donald Trump creen que es un candidato innovador cuyas ideas nunca han sido implementadas. Se decepcionarían al saber que el manual político de Trump es sacado directamente de la América Latina del siglo XX. Si llega a ser presidente, Estados Unidos será probablemente tan exitoso como lo fue la región bajo este tipo de liderazgo.

América Latina aprendió a las malas durante los últimos 100 años que el capital va, y se queda, donde hay un estado de derecho que lo trata bien. Es la razón por la que EE.UU. se ha desarrollado y la mayoría del resto de América se ha quedado rezagada.

Trump cree que el estado de derecho es para los débiles. Sus simpatizantes lo adoran porque promete superar la inercia institucional y simplemente decretar lo que le venga en gana, como un caudillo. Esto no va a terminar bien.

De ser elegido, Trump heredará un país en el que el estado de derecho ya se encuentra bajo asedio por parte del presidente Barack Obama. Con mucha palabrería y gobernando por decreto cuando el Congreso —la rama constitucionalmente equivalente del gobierno— no accede a sus peticiones, Obama es un clásico demagogo latinoamericano.

Los conservadores de EE.UU. detestan la renuencia del actual mandatario a reconocer las tradiciones pluralistas de la república y las limitaciones sobre el poder ejecutivo. Sin embargo, hubo una época en la que una oposición leal consideraba este abuso de poder como una anomalía, una interrupción temporal en lo que normalmente es un país con una institucionalidad robusta.

Ahora, el Partido Republicano alberga otra facción y está pidiendo su propia “mano dura”. Lejos de restaurar el respeto por la Constitución, Trump promete ser más Obama que Obama. A sus seguidores les parece bien. Es su turno. Lo que quiere decir que nos estamos convirtiendo en Bananalandia.

El eje de la campaña de Trump es su compromiso de violar la ley de implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés), que fue aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado y promulgado por Bill Clinton en diciembre de 1993. Trump dice que impondrá aranceles de 35% sobre los autos y las autopartes provenientes de plantas de México como una forma de atraer empleos manufactureros a EE.UU.

Para destruir el Nafta de manera legal, un presidente Trump tendría que convencer al Congreso de derogar la ley que lo implementó. Eso sería una enorme tarea, dado que la economía norteamericana está altamente integrada luego de dos décadas y miles de millones de dólares de inversión que interconectan a las tres economías. Cientos de miles de empleos dependen ahora de los flujos continentales de comercio.

Trump no puede pensar que el Congreso hará explotar la economía estadounidense para perjudicar a México. Así que está fanfarroneando para ser electo o planea eludir la legislación estadounidense emitiendo un decreto unilateral imponiendo los aranceles.

Los defensores de Trump respaldan esta promesa de un uso inconstitucional del poder ejecutivo porque buscan erradicar el “establishment”. Pero este es un juego peligroso.

A menudo, es fácil encontrar una excusa, una indignación moral, para permitir los actos inconstitucionales de un hombre fuerte. Venezuela, que hasta que Hugo Chávez llegó al poder en 1999 era una las democracias más longevas de América Latina, es un ejemplo. En 1998 los precios del petróleo estaban en un nivel bajo, la economía iba a la deriva, la corrupción era rampante y Chávez, que no pertenecía a la clase política tradicional, prometió derrumbarlo todo. Cumplió. Una vez que la ley fue destruida, no hubo forma de controlarlo.

Medio siglo antes, otro populista autoritario, Juan Domingo Perón, recogió las banderas del italiano Benito Mussolini y se convirtió en defensor de los “descamisados” argentinos. Perón socavó el estado de derecho tan profundamente que el rico país de inmigrantes aún no se recupera.

Los candidatos republicanos en EE.UU. coinciden en el diagnóstico de los problemas económicos del gobierno de Obama. Pero hay una enorme división sobre cómo resolverlos. Trump, que irónicamente dice que es un buen negociador, tiene un plan que depende profundamente de la violación de los compromisos asumidos por EE.UU. bajo el derecho del comercio internacional.

EE.UU. es firmante de numerosos acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, que están diseñados para impedir que sus miembros regresen al proteccionismo de los años 30. Si Trump decreta unilateralmente un nuevo arancel sobre los bienes fabricados en el exterior, debemos suponer que los socios comerciales de EE.UU. se quedarán de brazos cruzados. Es más probable que cuestionen estas acciones extralegales ante los tribunales y ahí EE.UU. perderá. Mientras tanto, los estadounidenses pueden esperar guerras comerciales que golpearán a los consumidores y a los exportadores.

Trump promete que su disposición para abusar del poder de la presidencia no termina con los temas económicos. El jueves por la anoche reiteró (antes de retractarse) que los militares estarían obligados a obedecer órdenes ilegales si él las diera.

Otra similitud entre el candidato y cada generalísimo que haya existido es su plan de encontrar una forma para demandar a quienes lo critican públicamente. Tal vez esté escuchando los consejos del hombre fuerte de Ecuador, Rafael Correa.

Es poco probable que los inversionistas cooperen con un volátil presidente Trump. Hay otros destinos para su capital.

Donald Trump en un evento de campaña en Iowa. Photo: Getty Images

En las palabras de Donald Trump, China es dirigida por una camarilla de genios que fueron más astutos que Estados Unidos al reducir la semana pasada el poder adquisitivo de sus ciudadanos mediante la devaluación del yuan.

“Nos están matando. Ahora van a quitarnos más empleos… quiero decir, es ridículo”, manifestó el precandidato republicano a Fox News el día después de que China dejara que su divisa cayera un mísero 2% frente al dólar. Posteriormente, el yuan cedió otro 1%.

Japón también es dirigido por un reducido grupo de Einsteins asiáticos, según Trump. El primer ministro Shinzo Abe “es un gran líder” que está “reduciendo tremendamente el valor de su divisa, recortando, recortando y recortando”. El resultado, explicó Trump, es que “Japón ha vuelto” a ser un país de primera importancia.

El egresado de la Escuela de Negocios Wharton, de habla imparable, no dijo qué haría si es elegido presidente si los socios comerciales de Estados Unidos anuncian una caída de sus divisas frente al dólar. Sugirió, no obstante, que la devaluación está haciendo a China y Japón más ricos y competitivos y a EE.UU. más pobre. China lo hace, a su parecer, debido a que “no nos tienen miedo”.

No se sabe si el Departamento del Tesoro en un gobierno de Trump buscaría restaurar la vitalidad económica de EE.UU. mediante un debilitamiento del dólar mayor a lo que otros países deprecien sus divisas. Tampoco está claro si como presidente simplemente trabajaría para elevar los aranceles que impone EE.UU. a las importaciones de los países que devalúan. Cualquier de las dos alternativas sería una mala noticia para los estadounidenses. El resto de América también sufriría las consecuencias si sus defectuosas posturas monetarias fueran adoptadas en la región.

Trump puede estar impresionado con la devaluación como una herramienta de política debido a que México —cuyos políticos, en su opinión, están entre los más sagaces y astutos— la utilizó durante muchos años. Sin embargo, reducir el valor de una divisa para alcanzar la prosperidad es absurdo y generaciones de latinoamericanos, no sólo mexicanos, pueden dar fe de ello. Si una “devaluación competitiva” rindiera los frutos esperados, Argentina sería el equivalente nacional de Donald Trump, es decir, un país muy, pero muy rico, en caso que usted no hubiera escuchado las constantes alusiones de Trump a su patrimonio neto.

Brasil tiene una historia parecida. Comenzó a cultivar a los ciudadanos de ingresos medios sólo después de atar su divisa al dólar en 1994 para frenar la hiperinflación. Brasil abandonó tal política en 1999, pero eso no aumentó la competitividad global de la economía. De hecho, ocurrió lo contrario. La devaluación funcionó como una forma de proteccionismo. Cuando el real se debilita, los brasileños pierden poder adquisitivo y no pueden financiar las importaciones con altos aranceles. Se ven forzados a comprar bienes de menor calidad de las ineficientes industrias brasileñas.

En 2002, Argentina puso fin a la convertibilidad, que establecía una paridad uno a uno entre el peso y el dólar, y trató de igualar a Brasil con su propia mega devaluación en lugar de liberalizar los mercados comerciales y laborales para mejorar su competitividad. Hoy, Argentina es un desastre económico con una inflación de dos dígitos.

Posteriormente, el real se estabilizó y luego se fortaleció frente a un dólar débil. Eso le otorgó poder adquisitivo a los agricultores, que mecanizaron sus operaciones al incorporar equipos importados y luego exportaron sus cosechas de soya. Los inversionistas también se abalanzaron sobre Brasil por su auge petrolero, lo cual impulsó la divisa y enriqueció al país.

Brasil podría haber aprovechado el período de altos precios de las materias primas para emprender reformas estructurales que apuntaran a seguir mejorado su competitividad. En cambio, se quejó de la fortaleza del real a pesar de que absorbía capital con las tasas de interés de dos dígitos que usaba para tratar de contener la inflación, que sigue siendo una amenaza debido a las laxas políticas fiscales.

Si China permite que el yuan caiga significativamente frente al dólar, ello tendrá repercusiones a corto plazo para sus socios comerciales en América Latina. Brasil Chile, Colombia y Perú se han beneficiado de la demanda china por su producción agrícola, forestal, pesquera y minera, además de otros commodities. A corto plazo, el debilitamiento del yuan encarecerá estos productos en términos de dólares.

No obstante, los términos de intercambio no varían. Siete rebanadas de pan siguen equivaliendo a una botella de vino independientemente de si usted gana en séqueles, pesos o quetzales. Los países pueden sentir la tentación de seguir el camino del yuan para preservar su participación de mercado, pero al reducir el valor de los salarios de los trabajadores, un banco central sólo traslada el costo de una economía poco competitiva a la espalda de los trabajadores y los ahorristas y aumenta la incertidumbre.

China dice que desea convertir el yuan una divisa internacional. Desligarlo del dólar supuestamente es el primer paso hacia tal objetivo. Pero sería más importante la completa apertura de su cuenta de capitales para que el yuan sea libremente convertible. Eso no sucede porque probablemente desataría una fuga de capitales incontrolable y exacerbaría la desaceleración de la economía. No se puede culpar a China por querer desacoplar al yuan de la inestabilidad del dólar, pero la economía china es víctima de la planificación centralizada y la ineficiente distribución de recursos que resulta de ella. La devaluación del yuan no resolverá eso.

Trump, por su parte, era más agradable cuando su campaña se limitaba a ideas “fantásticas”, “tremendas” y “geniales”. Ahora que está entrando en los detalles, está perdiendo su encanto.