Detectan más actividad de Lavado de Dinero en Estados Unidos
marzo 29, 2013
Detectan más actividad de Lavado de Dinero en EE.UU.
Por Nathan Koppel
SAN ANTONIO, Texas — Una casa estilo mediterráneo que cuenta con su cocina abierta y un bar fue subastada recientemente por US$425.000 por el gobierno federal estadounidense, que alega que la propiedad era de la esposa de un hombre que trabajaba con narcotraficantes mexicanos.
El decomiso y venta forman parte de una campaña de las autoridades estadounidenses para combatir el lavado de dinero realizado por personas presuntamente vinculadas a los carteles mexicanos. La policía sospecha que estos individuos están obteniendo cada vez más productos en EE.UU. con las ganancias procedentes de sus actividades ilícitas.
Las autoridades señalaron que el auge en las compras es impulsado por cambios en las leyes mexicanas en 2010 y 2012 que restringen el depósito de dólares en bancos mexicanos, o la compra de autos, joyas y otros artículos de lujo con efectivo.
«Mas dólares producto de la venta de drogas y otros crímenes, como el tráfico humano, son lavados al norte de la frontera», apuntó Rexford Setzer, supervisor de una de las unidades de lavado de dinero del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.
No hay datos completos sobre la escala del lavado de dinero por parte de organizaciones criminales mexicanas, pero los fiscales estatales y federales han respondido con demandas civiles de alto perfil en Texas y otros estados fronterizos que buscan decomisar propiedad supuestamente comprada con dinero del narcotráfico. Los bienes confiscados incluyen autos de lujo, joyas y aviones.
Por mucho tiempo, los fiscales estadounidenses han entablado acciones de incautación civil para decomisar activos presuntamente comprados con fondos obtenidos ilegalmente. En casos de incautación federal, el gobierno debe demostrar únicamente con preponderancia de pruebas —mucho menor a lo requerido en casos penales— que una propiedad está ligada a un crimen.
Los críticos mantienen que las confiscaciones civiles son propensas a los abusos por parte de las agencias de seguridad pública, ya que estas se benefician de los ingresos obtenidos con la venta de los bienes y, por tanto, tienen incentivos para decomisarlos.
Los fiscales argumentan que es vital que el gobierno de EE.UU. tenga la habilidad de confiscar rápidamente activos de procedencia ilícita, antes de que puedan ser vendidos para avanzar o recompensar conductas criminales.
En diciembre, las autoridades federales adquirieron un condominio en la playa de Texas valorado en US$640.000, cuyo presunto dueño era Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex gobernador del estado mexicano fronterizo de Tamaulipas y candidato presidencial en 2005. Los agentes sostienen que Yarrington aceptó sobornos de narcotraficantes mientras era gobernador.
Yarrington no ha sido acusado formalmente y su abogado, Joel Androphy, señaló que las imputaciones de soborno no tienen fundamento. El abogado también negó que el ex gobernador fuera propietario del condominio.
El año pasado, el gobierno federal también decomisó cientos de caballos cuarto de milla presuntamente comprados por miembros de los carteles del narcotráfico como parte de una operación de lavado de dinero, y más tarde fueron vendidos por casi US$9 millones.
Algunos abogados defensores se quejan que mexicanos adinerados que ganaron su dinero honradamente han terminado enredados de manera injusta en las redes del gobierno de EE.UU.
«Realizan confiscaciones con base en declaraciones juramentadas a medias», afirmó el abogado Rolando Ríos, de San Antonio, quien defiende un caso en el que el gobierno confiscó el año pasado más de US$4 millones en efectivo que un cliente mexicano, José Villarreal Saldívar, depositó en un banco en San Antonio. Para combatir mejor el lavado de dinero, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha propuesto nuevas reglas que requerirían que los bancos de EE.UU. investiguen más a fondo los antecedentes de las empresas que abren cuentas bancarias para asegurarse de que no sean fachadas de organizaciones delictivas.
Pero buena parte de las acciones del gobierno giran en torno a activos específicos que las autoridades consideran fueron comprados con dinero del narcotráfico.
La casa de 370 metros cuadrados en San Antonio que fue subastada el mes pasado era de la esposa de Mauricio Sánchez Garza, un empresario mexicano que supuestamente ayudó a narcotraficantes a lavar fondos en EE.UU., según documentos judiciales.
Fuente: The Wall Street Journal, 25/03/13.
Esta casa de San Antonio sera subastada por las autoridades de EE.UU.
HSBC investigado por Lavado de Dinero
julio 16, 2012
HSBC está cerca de un acuerdo sobre una investigación de Lavado de Dinero
Por Evan Pérez
WASHINGTON—El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el banco británico HSBC Holdings PLC han acelerado sus conversaciones para resolver una investigación penal sobre el lavado de dinero de carteles de droga y otros fondos, según personas al tanto.
Un acuerdo sobre la investigación de lavado de dinero está cerca y podría concretarse en cuestión de semanas, según estas personas. Entre las acusaciones en las que se han concentrado los fiscales del Departamento de Justicia, según personas familiarizadas con la investigación penal, se encuentra la posibilidad de que ejecutivos del banco fueran cómplices en el lavado de dinero por parte de carteles del narcotráfico al permitir que fondos sospechosos fueran escondidos en flujos de efectivo entre EE.UU. y México.
Según una investigación del Senado de EE.UU., ejecutivos del banco ignoraron durante años señales de que sus operaciones estaban siendo utilizadas para lavar dinero y posiblemente para financiar terrorismo. Ejecutivos de HSBC comparecerán ante el Senado el martes para discutir los hallazgos tras un año de investigación. En un informe de 400 páginas, el subcomité que llevó a cabo la investigación detalló una cultura regulatoria contaminada en el banco, donde los ejecutivos incurrieron en un comportamiento riesgoso en busca de ganancias.
El presidente ejecutivo de HSBC, Stuart Gulliver, les dijo a empleados en los últimos días que el banco admite errores pasados, y agregó que «no logramos detectar y manejar comportamiento inaceptable».
HSBC prefirió no hacer comentarios sobre la pesquisa del Departamento de Justicia y la investigación del Senado. El banco había dicho que «mantiene conversaciones con funcionarios (incluyendo del Departamento de Justicia) sobre una cantidad de asuntos regulatorios y de cumplimiento. El foco de investigaciones y pedidos de información oficiales es confidencial. En todos los casos, estamos cooperando».
Una vocera del Departamento de Justicia prefirió no hacer comentarios sobre la investigación.
El Departamento de Justicia tiene una investigación por separado sobre si HSBC ayudó a evadir impuestos a clientes de EE.UU., según las personas al tanto.
Los problemas de HSBC con controles financieros laxos se hicieron públicos en 2010 cuando la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) emitió una orden de cese y desista citando «deficiencias con respecto a actividad sospechosa al reportear y monitorear compras de grandes cantidades de efectivo y transferencias de fondos internacionales, diligencia debida de clientes que incumben a sus socios extranjeros, y evaluación de riesgo con respecto a personas expuestas políticamente y sus asociados».
Antes de la advertencia de la OCC, EE.UU. les decía a los bancos que siguieran de cerca sus negocios de grandes cantidades de efectivo en México y en particular las transacciones con casas de cambio. Una investigación realizada por agentes de la Administración de Control de Drogas sobre operaciones de casas de cambio llevó a un acuerdo extrajudicial de US$160 millones del Departamento de Justicia en 2010 con Wachovia Bank, ahora parte de Wells Fargo & Co.
Poco después, los agentes se focalizaron en HSBC, según personas al tanto de la investigación.
Agentes entregaron fotos de depósitos con grandes cantidades de efectivo, dicen estas fuentes, que según los fiscales indica un alto volumen de efectivo que debería haber llamado la atención dado la magnitud de la operación de HSBC en México. En conversaciones con funcionarios del Departamento de Justicia, ejecutivos del banco admitieron fallas pero señalaron que el banco global tenía un negocio legítimo de movimiento de grandes cantidades de efectivo para clientes, del cual se ha retirado desde entonces.
La audiencia de esta semana está programada para incluir el testimonio de altos banqueros de HSBC, incluyendo a la presidenta ejecutiva en EE.UU., Irene Dorner. Se prevé que el banco enfatice cómo ha lidiado con problemas pasados, incluida la salida de ejecutivos que supervisaban las filiales con problemas.
Gulliver, poco después de asumir la presidencia ejecutiva de HSBC en 2011, anunció esfuerzos para controlar los programas de lavado de dinero. En los últimos meses, el banco contrató como su jefe de asuntos legales a Stuart Levey del Tesoro de EE.UU., donde encabezó una división de inteligencia financiera del gobierno de EE.UU. que se centraba en finanzas del terrorismo y lavado de dinero.
Fuente: The Wall Street Journal, 16/07/12.
El fin de un Narcotraficante y Lavador
abril 2, 2012
Figueroa Agosto: el fin de una larga carrera como narcotraficante y lavador
La historia de la organización de narcotráfico más grande del Caribe se remonta al año 1994, cuando comenzó a operar una efectiva red de distribución de drogas y un complicado esquema de legitimación de capitales que funcionaba en 5 países de la región: Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Venezuela y Estados Unidos.
El poderoso José Figueroa Agosto, conocido en el submundo del crimen como “Junior Cápsula”, era responsable de introducir unos 2.100 kilogramos de drogas a Estados Unidos, a través de Puerto Rico. La droga procedente de Colombia, era trasladada por Venezuela y República Dominicana. Al mismo tiempo en todas estas naciones operaba una amplia y eficiente red que llegó a legitimar más de US$ 100 millones procedentes de la venta de estupefacientes.
Sin embargo, la carrera del “lord” de las drogas finalizó el 27 de marzo de 2012 cuando se declaró culpable de varios cargos ante el Juez Juan Manuel Pérez Giménez, quien dictará sentencia el venidero mes de agosto.
Según indica el sumario de la corte, Figueroa Agosto fue nuevamente detenido en julio de 2012 en San Juan de Puerto Rico y fue acusado de 12 cargos, entre los que destacan narcotráfico y lavado de dinero. En su historia judicial, Junior Cápsula también ha sido acusado de asesinato, secuestro, obtención fraudulenta de documentos, posesión ilegal de armas y por haber escapado de una cárcel en Puerto Rico.
Entra la droga y sale el dinero
Otros líderes de esta organización son José Miguel Marrero Martell -apodado Pito Nariz-, Jorge Luis Figueroa Agosto y Eddy Brito. Estos cómplices asumieron varios roles para garantizar que la droga fuese transportada por el Caribe y posteriormente comercializada en Estados Unidos.
Los documentos oficiales señalan que la droga ingresaba a Puerto Rico en embarcaciones privadas procedentes de República Dominicana. Luego era distribuida mediante la red de narcotraficantes, que la comercializaban en todos los Estados Unidos. Las ganancias procedentes de este proceso retornaban a Puerto Rico desde donde eran traficadas hacia República Dominicana en grandes cantidades de dinero en efectivo “en lugar de utilizar las tradicionales transacciones financieras que hubieran dejado un rastro de papel y generado los exigidos reportes de información financiera”, señala el documento acusatorio.
Los responsables del traslado de la droga y del dinero en efectivo eran personas que tenían un perfil adecuado para obtener un crédito que les permitiera adquirír lujosas embarcaciones. Algunos de los responsables de este traslado eran: Diego Pérez Colón, Sixto Boschetti Dávila, Kareem Boschetti Dávila, Elier Martínez Delgado, Rafael Molina Padró, Ivan Crespo Talavera, Raúl González Díaz, Carlos Torres Landrúa, Hector Ramos Rosado y Jonathan Vega Berrios.
El Lavado de Dinero
Uno de los grandes desafíos para todas las grandes organizaciones criminales es la colocación del dinero dentro de la economía informal, para poder iniciar así el proceso de lavado. Los documentos oficiales indican que la red de Figueroa Agosto contaba con Joel Vega Berrios y Gerardo Amaro Rodríguez para facilitar y coordinar el proceso de colocación e integración del dinero sucio en la economía formal y en el sistema financiero.
La metodología consistía en disimular el origen del dinero mediante el uso de numerosos testaferros, quienes adquirían bienes raíces, embarcaciones, empresas, usaban cuentas bancarias y hacían pagos de servicios con dinero en efectivo y “money orders”. Todo este proceso buscaba ocultar al beneficiario final y evitar que, tanto los departamentos de cumplimiento como las autoridades bancarias rastrearan el dinero.
Otra de las metodologías utilizadas para legitimar fue que utilizaban dinero procedente del narcotráfico para comprar boletos ganadores de la Lotería Tradicional de Puerto Rico, con el fin de crear la apariencia de que habían adquirido de manera legítima el billete ganador y justificar el origen del dinero.
Las autoridades de Puerto Rico están en proceso de confiscación de un total de 20 propiedades inmuebles y 11 embarcaciones de lujo que fueron adquiridas con dinero procedente del narcotráfico.
República Dominicana: el centro de operaciones
Los tentáculos de la red de Figueroa Agosto todavía se sienten en República Dominicana, donde vivió por 10 años desde que fue declarado prófugo de la justicia puertorriqueña en 1999. Mediante un comunicado oficial, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Rolando Rosado Mateo, declaró recientemente que las autoridades dominicanas esperan nuevas informaciones: «Las investigaciones no están cerradas, es decir que ahora podrían surgir nuevos elementos en este expediente de narcotráfico”.
En septiembre de 2009, las autoridades dominicanas confiscaron US$ 4.6 millones de dólares en un operativo del que logró escapar Figueroa Agosto, pero no su compañera sentimental Sobeida Félix Morel. No obstante, la reclusa huyó posteriormente al ser liberada bajo fianza, pero fue recapturada en Puerto Rico y deportada a República Dominicana, donde en 2011 fue sentenciada junto a otros 6 cómplices a penas de entre 5 y 15 años de cárcel.
En febrero de 2012, un tribunal dominicano dictó sentencias de hasta 30 años de cárcel a varios sicarios responsables de asesinatos ordenados por Figueroa Agosto.
Fuente: LavadoDinero.com, 02/04/12.
Argentina: Las inmobiliarias indagarán el origen del dinero para comprar propiedades
enero 31, 2012
Las inmobiliarias indagarán el origen del dinero para comprar propiedades
Habrá demoras en el mercado. Los martilleros deberán reportar «operaciones sospechosas». Quedarán en la mira las adquisiciones de más de US$ 140 mil y los alquileres entre familiares.
BUENOS AIRES – Las transacciones inmobiliarias sumaron ayer nuevos controles que podrían demorar el cierre de las operaciones e incrementar los costos de los corredores. Cualquier persona que quiera comprar o vender inmuebles por un valor de US$ 140 mil (o $ 600 mil) o más al año tendrá que justificar el origen de los fondos con declaraciones juradas de su estado civil, ingresos anuales e impuestos. Precios llamativamente altos o bajos, desinterés por las características de la propiedad, nerviosismo por cerrar la operación a toda costa serán circunstancias que podrían ameritar que la inmobiliaria envíe un Reporte de Operación Sospechosa a la Unidad de Información Financiera para investigar si hubo lavado de dinero o financiamiento de actividades terroristas.
Si los fondos para comprar el inmueble provienen de una venta de otra propiedad, también deberá presentar una copia autenticada de la escritura, una certificación extendida por un contador con el origen de los fondos, documentación bancaria o que acredite la venta de autos, títulos o ganado o cualquier otra que respalde la tenencia de fondos lícitos para la operación.
La inmobiliaria también tendrá en cuenta «el monto, tipo, naturaleza y frecuencia de las operaciones que habitualmente realiza el cliente» y «el origen y destino de los fondos», según la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial. Además verificará si el cliente figura en listados de terroristas y les exigirá a las partes que firmen una declaración jurada en la que aclaren si son «personas expuestas políticamente» (funcionarios públicos de rango medio o alto) o no.
Según el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Néstor Walenten, con 35 años en el sector, la normativa de la UIF «perturbará el mercado» ya que «demandará capacitación y digestión, especialmente, por parte de los compradores que, a diferencia de los vendedores, carecen del respaldo que brinda un título de propiedad».
La CAI, junto con la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) y el Colegio de Corredores mantuvieron reuniones con los técnicos de la UIF para hacerles llegar su conocimiento del mercado. Sin embargo, la entidad que comanda José Sbatella desoyó las sugerencias y fijó un límite para agudizar los controles a las operaciones de sólo $ 600 mil (unos US$ 140 mil). En Palermo, con ese monto sólo se puede comprar un departamento de unos 70 metros cuadrados. «Veníamos negociando algo más flexible pero la UIF habrá priorizado los requisitos del GAFI» (Grupo de Acción Financiera Internacional), el organismo global al cual Sbatella deberá rendirle cuentas en al primera semana de febrero en París.
Desde 2003, los escribanos ya tenían que rendir cuentas ante la UIF. Sin embargo, ahora, esa obligación también recae en empresas comerciales, como son las inmobiliarias, muchas de ellas familiares o sociedades de hecho.
Walenten descartó que la normativa implique mayores costos: «sólo hay que exigir más información, archivar y, eventualmente, advertirle a la UIF por internet», opinó. No obstante, las nuevas reglas de juego significarán que los corredores y sus empleados se capaciten mediante cursos que dictarán las entidades del sector. También requerirán de inversiones en software y diseño de procedimientos de control.
Las concesionarias de yates deberán seguir los mismos lineamientos que las inmobiliarias pero, en este caso, el foco se pondrá en los clientes que realicen operaciones por un monto anual de $450.000 (unos US$104 mil) o más.
Fuente: Perfil, 28/01/12.
La Argentina en la Lista Gris del Lavado de Dinero
junio 27, 2011
UIF, un ciclo que debe concluir
La sanción del GAFI por las falencias de la Argentina en la lucha contra el lavado confirma que su conducción debe renunciar
Con una dura medida para el Gobierno, que hizo lo imposible por evitarla o atenuarla, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que lucha contra el lavado de dinero, incluyó a la Argentina en la llamada Lista Gris, integrada por aquellos países con «deficiencias estratégicas», y emitió un comunicado en el que destacó los avances alcanzados, pero exigió que resolviera sin demoras, antes de octubre próximo, los problemas verificados en su sistema de prevención y lucha contra el lavado.
Fueron vanos los esfuerzos de la delegación argentina encabezada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, por evitar lo que significa una grave sanción, pues figurar en el listado de países con deficiencias estratégicas equivale a la emisión de una alerta internacional sobre las falencias observadas en el sistema para luchar contra el blanqueo de dinero en el país evaluado.
El reconocimiento de los avances obtenidos, así como la sanción de una nueva ley contra el lavado, y el apoyo de algunos países latinoamericanos sólo son meros paliativos.
La sanción es otra señal, la más grave, de que urge remover a las autoridades de la Unidad de información Financiera (UIF), José Sbatella y Gabriel Cuomo, porque, además de la decisión adoptada por el GAFI, están los acontecimientos de pública trascendencia vinculados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo y la decisión de dilatar y evitar la investigación de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) elevados por el Banco Supervielle y el Banco de Santiago del Estero, respectivamente, a lo que debe sumarse la denuncia efectuada por las diputadas de la Coalición Cívica Elsa Quiroz y Maricel Etchecoin sobre las actividades del apoderado de la mencionada organización de derechos humanos.
En efecto, Sbatella y Cuomo deben concluir su ciclo, en el que completaron un lamentable desempeño, sólo destacable por haber puesto al organismo al servicio de los peores objetivos del gobierno kirchnerista. Tal accionar se materializó en la apertura de investigaciones con meros fines de persecución a empresarios y políticos adversarios del oficialismo.
En oportunidad de la designación de las autoridades, la publicidad sobre los antecedentes profesionales de ambos candidatos daba cuenta de su desconocimiento en la materia, al tiempo que exhibía una trayectoria vinculada a la CGT de Hugo Moyano y al Grupo Fénix, cuya afinidad al oficialismo está fuera de discusión. Destacados técnicos y especialistas alertaron sobre la necesidad de designar funcionarios idóneos e independientes que pudieran encarar un plan institucional para revertir el deterioro de la UIF y alejar la imposición de sanciones por parte del GAFI. Sin embargo, la realidad superó los peores pronósticos.
La gestión de Sbatella y Cuomo se caracterizó por «salir de pesca» contra empresarios y políticos opositores; las delegaciones internacionales concurrentes a congresos y seminarios sobre lavado se hicieron más numerosas y la actividad turística, más intensa. Un capítulo aparte merece el profundo desprecio por preservar los datos delicados de la vida personal de los ciudadanos, al igual que las designaciones de personal teñidas de ideología, en las que prevaleció la pertenencia a La Cámpora por sobre la formación técnica en materia de lavado, fraude fiscal, bancario o corrupción.
Sbatella presume de haber desarrollado en el último año una prolífica actividad, lo que en realidad encubre una cosmética actividad regulatoria, sanciones desmesuradas a los sujetos y publicitados operativos de inspección sobre entidades cuidadosamente elegidas.
Sin embargo, su relato se desmorona al soslayar sin justificación alguna la investigación de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Dicha organización no sólo recibió cuantiosos fondos estatales destinados a la construcción de viviendas populares -y a la luz de los primeros indicios los habría malversado-, sino también donaciones del exterior transferidas para financiar actividades en defensa de los derechos humanos. La denuncia permaneció en poder de la UIF durante más de un año sin que fuera investigada.
Desde esta columna destacamos la importancia de que oficialismo y oposición hubieran logrado mantener un diálogo institucional en materia de lucha contra el lavado que facilitó la reforma del tipo penal evitando que la Argentina fuera calificada de «país no cooperante» en la materia, con las gravosas consecuencias que ello acarrearía.
La decisión política de evitar sanciones permitió la construcción del consenso parlamentario que exigió que el kirchnerismo aceptara la profesionalización de la UIF y resignara la facultad de querellar solicitada para su titular. Este último requerimiento perseguía alejar el uso político de dicha herramienta, la que quedaría reservada para el Ministerio Público. Al promulgar la ley el Poder Ejecutivo vetó el artículo y restableció la facultad demostrando con ello la imposibilidad del gobierno de Cristina Fernández de anudar y sostener mínimos acuerdos políticos sobre cuestiones de Estado.
Lo cierto es que la decisión del GAFI confirma lo que es bien sabido: el Gobierno no tiene voluntad de luchar contra el Lavado de Dinero.
Fuente: Editorial del diario La Nación, 27/06/11.
