Claudio Cattaneo en la casa de seis habitaciones y dos piscinas que ha ocupado ilegalmente desde mayo. Jeannette Neumann/WSJ

BARCELONA — Claudio Cattaneo vive en una casa con seis baños y dos piscinas en las afueras de Barcelona sin pagar un centavo.

Cattaneo, profesor de economía ecológica en Italia y en la Universidad de Edimburgo, ha ocupado la vivienda en forma intermitente desde mayo. El profesional de 40 años fue uno de los que se instaló en el inmueble ilegalmente el año pasado tras descubrir que un banco español se lo había quedado tras el no pago del deudor.

Los ocupantes ilegales más radicales se han instalado en los últimos años en propiedades embargadas y sucursales de los bancos para protestar contra el papel que jugaron las instituciones financieras en la crisis inmobiliaria española.

Su próximo blanco podría ser Blackstone Group LP, la mayor firma de capital privado del mundo, que en julio acordó la compra de 40.000 créditos hipotecarios en Barcelona y sus alrededores.

La llegada de Blackstone presenta una «gran oportunidad» para los ocupantes ilegales, dice Cattaneo, puesto que ocupar ilegalmente una vivienda perteneciente a Blackstone «legitima su lucha contra la especulación».

A medida que los inversionistas recorren el sur de Europa en busca de oportunidades de inversión en bienes raíces, la compra de Blackstone representa un claro ejemplo de los escollos que pueden encuentrar en países que aún sienten el impacto de años de recesión.

Los precios de las viviendas españolas subieron 0,8% en el segundo trimestre frente a igual lapso del año previo, el primer aumento interanual desde 2008, según información divulgada este mes por la agencia nacional de estadísticas. El repunte es una señal de que los precios se están estabilizando tras desplomarse más de 35% durante los últimos seis años.

No obstante, los bancos españoles todavía conservan una gran cantidad de créditos incobrables. La cartera vencida de la banca española se redujo a 13,2% del total de préstamos a julio, luego de ascender a un máximo de 13,6% en diciembre, según datos del banco central.

Blackstone apuesta al repunte de la economía española y a su capacidad para cobrar los créditos que le compró a Catalunya Banc SA, una entidad regional al que el Estado inyectó 12.000 millones de euros, US$15.400 millones, como parte de un paquete de rescate en 2011.

Un portavoz de Blackstone no quiso referirse al tema.

Blackstone pagó 3.600 millones de euros por 6.400 millones de euros en créditos hipotecarios en una subasta realizada por el gobierno, superando las ofertas de otros interesados como Oaktree Capital Management LP y Apollo Global Management.  Se espera que la operación se cierre a finales de año.

La adquisición expande la creciente presencia de Blackstone en España. La firma neoyorquina del multimillonario inversionista Stephen Schwarzman compró en julio de 2013 1.869 departamentos que son arrendados y subsidiados por el gobierno en Madrid por 125,5 millones de euros.

Ese acuerdo ya ha generado dolores de cabeza. Los embargos hipotecarios realizados por Blackstone han desatado protestas de los arrendatarios y la Plataforma de los Afectados por la Hipoteca (PAH), un grupo que defiende a los deudores.

PAH también sigue de cerca la última operación de Blackstone y dice que los ocupantes ilegales de España tienen el derecho de protestar contra las viviendas adquiridas por Blackstone puesto que el banco que emitió los préstamos fue nacionalizado.

Las hipotecas adquiridas por Blackstone se concentran alrededor de Barcelona, un baluarte de los llamados «okupas,» un diverso grupo de ocupantes ilegales que integran desde militantes del anarquismo a familias que se vieron obligadas a vivir en casas abandonadas tras ser desalojadas de las suyas.

A pesar de tales obstáculos, Blackstone ya ha estado en negociaciones con otros inversionistas interesados en comprar partes de la cartera de créditos, señalan fuentes cercanas.

En el caso de los créditos hipotecarios que no logre vender, Blackstone tratará de que los deudores reanuden los pagos o paguen más de lo que han pagado hasta ahora.

La tarea se volverá más fácil conforme mejora la economía. El gobierno prevé un crecimiento de 1,2% este año y de 1,8% en 2015, una de las tasas más dinámicas en Europa. El gobierno incluso ha insinuado que podría revisar al alza tales proyecciones.

De todas maneras, los economistas advierten que esta clase de crecimiento no será suficiente para reducir en forma significativa la tasa de desempleo, que llega a 25%.

En el caso de los créditos que no pueda cobrar, Blackstone ejecutará los embargos de las viviendas con miras a alquilarlas o venderás. No será fácil.

El gobierno estableció en noviembre de 2012 una moratoria de los desalojos y las autoridades han indicado que contemplan extenderla una vez que expire en mayo de 2015.

La medida afecta a los deudores de bajos ingresos, como las familias monoparentales con dos o más hijos que ganan menos de 1.598 euros al mes.

Blackstone acordó respetar la moratoria puesto que adquirió los créditos de Catalunya, la que había hecho lo mismo, dijo una vocera del Ministerio de Hacienda de España.

«El ocupante ilegal de hoy es su vecino de ayer» dice Vicente Beltrán, un agente de bienes raíces en Valencia. Agrega que no coloca letreros de «en venta» en las propiedades para no llamar la atención de posibles okupas.

PAH, que fue fundada en Barcelona en 2009, Ha sido uno de los principales proponentes de la adopción de una moratoria sobre las ejecuciones de embargos. El grupo ha sido un obstáculo para los bancos españoles que tratan de embargar las propiedades y desalojar a decenas de miles de deudores que no han pagado. La entidad ocupó en marzo durante 17 días una oficina de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), el segundo banco español por valor de mercado, en Sabadell, un suburbio de Barcelona, para protestar contra los embargos hipotecarios.

El 24 de marzo, los miembros de PAH ocuparon más de una decena de sucursales de BBVA. Un afiche en una manifestación realizada el día siguiente mostraba una imagen del ex boxeador Mohamed Ali, en guardia, y encima las palabras «Justicia Social». Al lado opuesto aparecía la imagen de Francisco González, presidente de BBVA, junto a la leyenda «Oligarquía». Un vocero del banco se abstuvo de comentar al respecto.

Fuente: The Wall Street Journal, 26/09/14.

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