Una protesta frente al capitolio en San Juan. Ricardo Arduengo/Associated Press

Puerto Rico no cumplió con la mayor parte de un pago de bonos de US$58 millones el lunes, en lo que se convierte en la primera cesación de pagos del estado libre asociado y que podría convertirse en una de las mayores reestructuraciones en la historia del mercado de US$3,7 billones de deuda emitida por gobiernos locales y estatales de Estados Unidos.

El Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico dijo que la incapacidad para realizar el pago se produjo luego que los legisladores no lograran apropiar dinero para pagar la deuda. Esa decisión refleja “serias preocupaciones sobre la liquidez del estado asociado” y su necesidad de mantener el equilibrio entre pagar a los bonistas y mantener servicios esenciales, según un comunicado de prensa del banco. La institución pagó cerca de US$628.000 que quedaban de un balance anterior.

Este es el primer pago que se le incumple a los bonistas desde que el gobernador Alejandro Garcia Padilla dijo en junio que las deudas de la isla eran insostenibles y solicitó abrir negociaciones con los créditos en un esfuerzo por reestructurar cerca de US$72.000 de deuda. Sin embargo, la cesación de pagos probablemente no provoque una reacción aguda y amplia de los inversionistas, ya que muchos de ellos han ido alejándose del estado libre asociado en los últimos años.

La estación eléctrica Palo Seco de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), detrás de un cementerio, en San Juan. Alvin Baez-Hernandez/Reuters

A medida que se acerca un vencimiento clave para la atribulada empresa pública de servicios eléctricos de Puerto Rico, los inversionistas se preocupan por la salud financiera de este territorio estadounidense.

Los precios de algunos bonos de Puerto Rico se desplomaron a mínimos históricos la semana pasada ante la inquietud de que los problemas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de la isla pudieran ser un presagio de mayores problemas.

La empresa pública se encuentra en conversaciones con los acreedores con vistas al martes, la fecha límite que la AEE tiene para negociar una extensión del vencimiento o el pago de alrededor de US$696 millones que tomó prestados para financiar sus operaciones. Se esperaba que las negociaciones entre la AEE y sus acreedores continuaran durante el fin de semana, y la autoridad planea hacer un anuncio el lunes, según una declaración de Lisa Donahue, la directora de reestructuración de la AEE.

Algunos bonos de obligación general respaldados por el gobierno de la isla y emitidos el año pasado como parte de una colocación de US$3.500 millones se negociaban la semana pasada a alrededor de 82 centavos por dólar nominal. Algunos bonos alcanzaron un mínimo récord de unos 79,4 centavos de dólar el viernes, por debajo del mínimo previo en febrero de 81 centavos de dólar. Los rendimientos, que aumentan a medida que caen los precios, aumentaron alrededor de 10%.

El índice S&P de bonos municipales de Puerto Rico, un índice amplio ponderado de valor de mercado de deuda de la isla, ha descendido 1,3% este mes, incluyendo precios y pagos de intereses.

Esto contrasta con el resto del mercado de bonos, donde los inversionistas han hecho caso omiso de las advertencias sobre un alza de las tasas de interés de parte de la Reserva Federal, para impulsar los rendimientos de los títulos del Tesoro con vencimiento a 10 años a 1,97% el lunes y llevar al índice amplio del mercado municipal a subir 0,2%.

“Puerto Rico parece estar moviéndose por su cuenta hoy en día, lo que significa que baja cuando el resto del mercado se encuentra estable o en alza”, puntualizó Daniel Solender, director de gestión de bonos municipales en Lord Abbett & Co., que supervisa alrededor de US$17.000 millones en deuda exenta de impuestos. Solender declinó discutir sobre si ha comprado o vendido los bonos de la isla recientemente.

Los inversionistas han enfrentado meses de incertidumbre por los problemas económicos de Puerto Rico. La isla cuenta con más de US$ 70.000 millones en deuda — exenta de impuestos federales, estatales o locales — que se encuentra en manos de una amplia gama de inversionistas. Una ley del territorio que intentó crear un proceso ordenado de bancarrota para la AEE y otras corporaciones públicas fue anulada en un tribunal. Los planes para reformas tributarias se han enredado. El estado libre asociado, parte del nombre oficial de Puerto Rico, está en gestiones para obtener préstamos por hasta US$2.900 millones para financiar sus operaciones. Y varios legisladores de la isla han propuesto enmendar la constitución para eliminar las protecciones para los bonistas.

Los fondos mutuos se encuentran entre los que están reduciendo sus posiciones. Casi un cuarto de los fondos de bonos municipales que poseían deuda de Puerto Rico la vendieron el año pasado, según datos de la firma de investigación Morningstar Inc. Más de la mitad de los fondos mutuos de bonos municipales aún tienen deuda de estado libre asociado, un descenso frente a alrededor de 70% al final de 2013.

Los fondos de cobertura (hedge funds) y operadores de deuda de entidades en aprietos figuraron entre los compradores de la emisión de US$3.500 millones en 2014. Algunos ahora están comprando la deuda por debajo del valor nominal, con la esperanza de recuperar más de lo que gastaron incluso en caso de una reestructuración o cesación de pagos, señalaron varios inversionistas.

La AEE se encuentra en la vanguardia de los problemas financieros de la isla. La autoridad, cuya deuda supera US$ 9.000 millones, pasa apuros para encontrar efectivo para financiar sus operaciones y pagarles a los prestamistas a medida que el territorio batalla con una tasa pronunciada de desempleo y una economía débil.

La AEE probablemente incumplirá un pago de julio de US$400 millones a tenedores de bonos, según Moody’s Investors Service. La AEE, que ya cuenta con una calificación de deuda de chatarra, ya incumplió la fecha del 2 de marzo para presentar a los prestamistas un plan de reestructuración y se encuentra en negociaciones para extender pagos de préstamos que fueron postergados hasta el final de marzo.

Sin embargo, según Richard Donner, vicepresidente y director de crédito en Moody’s, es una buena señal que los acreedores sigan negociando. Una portavoz de la AEE declinó hacer comentarios, mencionando un acuerdo de confidencialidad.

Reformar las corporaciones públicas de la isla ha sido una prioridad para el gobierno del gobernador Alejandro García Padilla a medida que intenta relanzar la economía, eliminar los déficits presupuestarios y convencer a los inversionistas de que la salud fiscal de la isla está mejorando. Esto incluyó la aprobación de una ley en junio que habría permitido a la AEE, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), reestructurar alrededor de US$20.000 millones en deuda. Puerto Rico no tiene la capacidad de permitir que sus entidades públicas se acojan a la protección por bancarrota del Capítulo 9 de la ley federal de quiebras que han gozado ciudades como Detroit.

Una portavoz del estado libre asociado no respondió a un pedido de comentarios.

Los precios de los bonos de la AEE, que cayeron tras la promulgación de la ley de reestructuración de Puerto Rico, aumentaron después de que un juez federal la bloqueó el mes pasado al declararla inconstitucional. El fallo está siendo apelado. También el mes pasado, un panel de la cámara baja del Congreso de EE.UU. realizó una audiencia sobre un proyecto de ley que permitiría a los organismos públicos de Puerto Rico recibir las protecciones del Capítulo 9.

Un informe de Janney Capital Markets este mes dijo que un default de la AEE podría ser solo el comienzo. Los descensos de la población, una deuda en alza y la carga de las pensiones siguen lastrando la economía, y otros bonos de la isla probablemente también cesarán pagos o se reestructurarán en los próximos años, incluyendo los bonos de obligación general y de impuestos sobre las ventas.

Algunos legisladores en la isla han propuesto proyectos de ley que reducirían las protecciones de los inversionistas en deuda respaldada por impuestos. Melba Acosta, presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de Puerto Rico, que también está luchando por el plan de reforma tributaria del gobernador, dijo en un mensaje que tanto el banco como el gobierno se oponen a la medida.

“Parece haber una insistencia en la isla hacia que los bonistas compartan el dolor”, apuntó Robert Donahue, director gerente de la firma de investigación Municipal Markets Analytics, con sede en Concord, Massachusetts.

Esto podría complicar los esfuerzos de una nueva venta de bonos por parte del gobierno. Fitch Ratings redujo la semana pasada la calificación de la deuda de obligación general de Puerto Rico a niveles más bajos en territorio chatarra, señalando las declaraciones recientes de legisladores que ponen en duda la habilidad del gobierno de endeudarse y su disposición de pagar sus deudas.

John Mousseau, gestor de portafolio de Cumberland Advisors, en Sarasota, Florida, dijo que su firma compró los bonos de 2014 y los intercambió rápidamente. Aunque ahora limita sus posiciones en Puerto Rico a bonos protegidos por seguro, dijo que podría haber valor allí en un futuro.

“Uno se pregunta a qué precio podrían ser una gran compra”, expresó.

Fuente: The Wall Street Journal, 30/03/15.

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La isla tiene una alta probabilidad de incumplir en los pagos de su deuda del gobierno dentro de los próximos dos años, apuntó Moody’s en su reporte. Si la isla no puede completar una programada venta de bonos para refinanciar alrededor de US$2.000 millones en préstamos internos y reabastecer al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de Puerto Rico, el efectivo para operaciones podría acabarse.

Un juez federal bloqueó el 6 de febrero una ley que permite que algunas corporaciones públicas reestructuren sus deudas, subrayando la necesidad de reestructuración que podría ir más allá de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, que está negociando con acreedores, dijo Moody’s.

“El continuo debilitamiento económico y fiscal junto con este fallo podría significar que las opciones de Puerto Rico de evitar una reestructuración consolidada de deuda, incluyendo todas sus obligaciones, están disminuyendo”, apuntó el reporte.

Puerto Rico, que tiene más de US$70.000 millones en deuda, sigue batallando con una economía débil, declives en su población y una decreciente liquidez pública. Muchos fondos mutuos e individuos en EE.UU. poseen sus bonos debido a sus ventajas tributarias.

Moody’s también rebajó su calificación de los bonos sénior y subordinados de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante ( Cofina ) de Puerto Rico a B3 y Caa1 de Ba3 y B1, respectivamente, y las notas del BGF a Caa2, desde Caa1.

La reducción de calificación impacta a un total de US$48.000 millones en deuda, incluyendo la que adeuda la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), junto con bonos de pensión y de asignación. Moody’s mantuvo su calificación en Caa1 de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), manteniendo una perspectiva negativa de la misma.

La reducciones de la calificación de Moody’s siguen los recortes similares de Standard & Poor’s Ratings de la semana pasada.

Fuente: The Wall Street Journal, 19/02/15.
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Puerto Rico

Puerto Rico, oficialmente Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en inglés: Commonwealth of Puerto Rico), es un territorio no incorporado de los Estados Unidos con estatus de autogobierno, situado al noreste del Caribe, al este de la República Dominicana y al oeste de las Islas Vírgenes. Su costa oeste se sitúa a aproximadamente 1536 kilómetros (960 millas) al sureste de la costa de Florida, la más cercana de la zona continental de Estados Unidos. El archipiélago de Puerto Rico incluye la isla principal de Puerto Rico, la más pequeña de las Antillas Mayores, y un número de cayos e islas más pequeñas, de las cuales las más grandes son Mona, Vieques y Culebra. Es una isla con clima tropical y, a pesar de su tamaño, posee diversidad de ecosistemas: bosques secos y lluviosos, zona cársica, áreas montañosas, ecosistemas costeros y marinos, etc.

Puerto Rico fue colonia española desde la llegada de Cristóbal Colón en 1493 hasta 1898, fecha de la Guerra hispano-estadounidense. Cuatro siglos de administración española dieron lugar a una cultura hispanoamericana, siendo el Idioma español y la religión católica sus elementos más distinguibles. Los españoles construyeron numerosos fuertes, iglesias y otros edificios de uso público, comercial y residencial,  así como puertos, faros y carreteras. Durante más de tres siglos, Puerto Rico estuvo comunicada con la península ibérica por medio de convoyes de las flotas de Indias que unían Cádiz y San Juan una vez al año.

Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses desde 1917, cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Jones. Aunque su relación con Estados Unidos es similar a la de un estado de la Unión y se le permitió la redacción de una constitución para el manejo de asuntos internos, está sujeto a los poderes plenos del Congreso estadounidense mediante la Cláusula Territorial. Esto significa que el poder de ejercer su soberanía recae en el Congreso de los Estados Unidos y los poderes existentes en la isla, al no gozar de protección en la constitución estadounidense, son revocables.

Los puertorriqueños no pueden votar en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, a menos de que dispongan de residencia oficial en alguno de los cincuenta estados o en el Distrito de Columbia. Si es así, pueden trasladarse a su lugar de residencia y votar presencialmente o utilizar el procedimiento de votación por ausencia (ballot absentee).

Fuente: Wikipedia, 2015.