AFIP: El paulatino camino del abuso de poder
marzo 5, 2014
El paulatino camino del abuso de poder
Por Enrique C. Barreira
Las autoridades fiscales (especialmente en el ámbito aduanero, cuya misión no es básicamente recaudatoria) instalaron la consigna de privilegiar el sonoro mandato de «recaudar, recaudar, recaudar», acompañada con la indicación de claros objetivos numéricos que algunos subalternos deben cumplir bajo apercibimiento de posibles postergaciones personales ante el eventual fracaso en la meta fijada. Con ese objetivo pareciera que todo vale. Las normas no deben ser obstáculos, el respeto por el «Estado de derecho» no es comprendido, en algunos casos, por desconocerse el significado de esas palabras y, en el caso de los funcionarios serios y responsables, se puede esperar un «lo siento, son órdenes» o «no depende de mí». No es razonable exigir conductas heroicas a quien sólo arriesgaría vanamente su carrera.
Así, han crecido los casos en que se pretenden cobrar multas cuando no hay infracciones, o tributos cuando no existe el hecho gravado. En el aspecto infraccional, no es raro encontrar un encuadre del hecho como lesivo de una supuesta prohibición para impedir la liberación de la mercadería bajo garantía, lo que significa la pérdida de ella por obsolescencia al cabo de los cinco o más años de duración del litigio o, también, la instrucción de sumarios millonarios por declaración inexacta aduanera para perseguir hechos que nada tienen que ver con esa infracción.
Así, en el caso de la ausencia o demora en el ingreso de divisas por exportaciones, además de no existir ilícito aduanero, la dilación muchas veces no existe porque el dato proviene de informes defectuosos del banco interviniente, pero la Aduana no cumple el precepto de no instruir sumario sin asegurarse previamente de la verosimilitud de la denuncia. Si al administrado se le vence el plazo perentorio para oponerse puede convertirse injustamente en deudor de sumas millonarias.
Hay también aplicación retroactiva de tributos; observaciones a la posición arancelaria usada; incrementos de base imponible por cuestionamientos a los valores declarados sobre la base de operaciones consideradas sospechosas, y novedosos casos que, pese a operar en los límites del ingenio experimental, suelen ser potenciados con sumarios por declaración inexacta que incrementan desproporcionadamente el riesgo económico del imputado. Ellos se reclaman por las operaciones realizadas en los cinco años no alcanzados por la prescripción, lo que suele angustiar a los pretendidos deudores que, en la exposición de sus estados contables, deben registrar importantes pasivos contingentes que perjudican el crédito de sus empresas.
La presión por el cobro, aun ante la natural defensa intentada por el administrado (incluso en estrados judiciales), no trepida en procurar vencer las resistencias del «deudor» mediante condicionamientos tales como no habilitarle puertos o instalaciones para la operatoria de la empresa; no otorgarle DJAI sin las que es imposible importar lo necesario para sus necesidades industriales o comerciales; no concederle ROE sin los que es imposible exportar productos agrícolas; dilatar la devolución del IVA; no conceder los reintegros por exportación, etcétera. Por el contrario, accediendo al requerimiento, se puede esperar obtener lo antes negado.
Esta pesada discrecionalidad, nace al amparo de un paciente entretejido de normas que, pretextando reglamentación, encubre una vergonzosa usurpación legislativa. Pese al exceso de poder en que incurren las reglamentaciones de algunos entes autárquicos (principalmente Oncca y AFIP), quienes las dictan consiguieron internalizar en la mente de los funcionarios (y hasta de algunos jueces), que esas reglas por las que ellos mismos se autorizan a legislar y restringir los derechos que la ley otorga a los particulares, son legítimas. Así, la libertad de importar o exportar pasó a estar prohibida si no se cuenta con el permiso previo de la autoridad que discrecionalmente otorga el ROE o la DJAI. Se creó un sistema que derivó en dependencia y consecuente sumisión. Todo ello con desconocimiento de la ley y, en algunos casos, de la buena fe.
La ley 21.453, de exportación de productos agrícolas, sólo exige el registro de las ventas realizadas al exterior, dándole fecha cierta a fin de que el exportador pueda estar a resguardo de cambios de arancel o de precios oficiales que alteren su ecuación entre la venta y el posterior embarque del producto. Como contrapartida, no puede dejar de embarcar lo comprometido y, de esa manera, el Estado sabe las divisas que van a ingresar por esas ventas.
Dos casos testigo
En esa bilateralidad de obligaciones (respeto del tratamiento aduanero y obligación de exportación) no se prevé que el Estado deba «autorizar» la exportación. Sin embargo por vía de reglamentación, la resolución de la Oncca 543/08 consagró la autorización previa, convirtiendo en prohibido lo que la ley no prohíbe, pese a la reserva legal en materia aduanera (art. 75 incisos 1 y 13 CN).
A partir de esa resolución en -que la Oncca se autorizó a sí misma a reglamentarla- se dictaron muchas otras que formaron una compleja red de normas que forma un sistema institucionalizado, basado en ese error jurídico que instaló como normal lo que no lo es.
Otro tanto sucedió con las importaciones. La ley de fondo sólo requiere que se solicite previamente la importación o exportación, declarando las características y cualidades de la mercadería a los fines de determinar qué tratamiento aduanero posee (si está prohibida, sujeta a arancel, etc.) para controlar el cumplimiento de la ley. Pero por vía «reglamentaria», las resoluciones de la AFIP 3252 y 3255 introdujeron la obligación de pedir permiso previo: si no se logra, la solicitud aduanera determinada por la ley no puede ser admitida. Se instauró así, por resolución de un ente autárquico, la prohibición de importar, salvo que la autoridad lo permitiera. Se violó así el principio según el cual si la ley establece ciertos recaudos para ejercer un derecho, el Poder Ejecutivo no puede crear uno nuevo, a modo de un presupuesto más, no requerido por ella, que vaya en desmedro de los derechos individuales (CSJN, Fallos 297:500).
Estas reglamentaciones se han usado, además, supeditando supuestos beneficios a la existencia de determinadas situaciones o el cumplimiento de ciertas conductas que, de no existir o cumplirse, no se otorgan. Así, el plazo entre la fecha de registro del ROE y el embarque, que era de un año, se limitó a tan sólo 45 días (resolución 543/08), lo que dificulta o hace imposible la culminación del ciclo agrícola entre siembra y posterior cosecha y embarque. Más tarde se estableció que el exportador puede «optar» por adelantar el pago de los derechos de exportación para gozar de 180 días (resolución 2846/08). A la queja por el cobro previo, se responde que se trata de una condición «libremente escogida». Estos regímenes «optativos» se replicaron en el caso del Régimen de Operadores de Granos (RG 2300), generando situaciones en las que ningún operador dejó de acogerse por la desventaja competitiva que implica quedar fuera de las ventajas que usufructúa el resto, lo que justifica a la autoridad a quitar el «beneficio» otorgado si no se cumplen determinados requisitos que la ley no exige.
Esta práctica, denominada de las «condiciones inconstitucionales», fue condenada por la Corte Suprema norteamericana, pero el tema no llegó aún a nuestros tribunales.
Estas herramientas alientan la discriminación. Se puede favorecer o perjudicar a quien más convenga. Sistemas de condicionamientos parecidos se reiteraron en los regímenes de exportación de biocombustibles, de operadores de soja, de operadores de granos, etc.
En el último tiempo se llegó a instruir a las aduanas locales para que denegaran determinadas importaciones o exportaciones si antes no se constituía una garantía «en efectivo» equivalente al valor de la mercadería. Este apremio, reiterado en cada operación, no puede resistirse mucho tiempo. Poco se tarda en dejar de operar. No se dicta acto alguno que brinde explicación de la medida. En el intercambio verbal se aducen «inconsistencias» o falta de alineamiento con las políticas del Gobierno.
El administrado que pretenda desafiar algunas de esas prácticas a través de acciones judiciales se encontrará con que el Ejecutivo, con la colaboración del Congreso (ley 26.854), ha mermado sus posibilidades de obtener una medida cautelar que le permita subsistir durante el largo tiempo que debe resistir hasta la sentencia definitiva. No cabe descartar que deba hacerse frente a represalias, que pueden consistir en el agravamiento de medidas como las ya comentadas o, directamente, en sacarlo del mercado. Bastará para ello que la AFIP apriete un botón que «inactive» su CUIT. Sin la CUIT no se puede comprar, vender, transportar, importar, exportar, cobrar, pagar, emitir remitos ni recibos… Es asimilable en sus efectos a la pena de clausura, que nuestra Corte declaró inconstitucional por violar la prohibición de los artículos 18 y 109 de la Constitución Nacional (CSJN, Fallos 284:150 «Dumit» y 321:1043, «Lapiduz»).
Esta medida implica, por sus efectos, sumir al administrado en una «muerte civil», con consecuencias gravosas de carácter irreparable. La inactivación de la CUIT de la manera indicada constituye una sanción de inhabilitación por quien no es juez, privándolo de la libertad de operar comercialmente, sin darle oportunidad de ejercer el derecho de defensa y violando el principio de inocencia.
El funcionario público que actúa de esa manera desaprensiva respecto de quienes están bajo su esfera abusa de su poder, siendo no sólo pasible de responsabilidad penal, sino también de responsabilidad personal desde el punto de vista civil. Semejante ahogo de la iniciativa privada menoscaba al ciudadano como persona revitalizando en nuestra conciencia el sentido profundo del triple grito sagrado de nuestro himno.
acciones vividas a diario.
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Un panorama de cómo se opera en la actualidad
«Recaudar, recaudar, recaudar».
Tal es la consigna instalada por las autoridades fiscales especialmente en el ámbito aduanero.
«Vale todo».
Se multiplican los casos donde se pretenden cobrar multas cuando no hay infracción o tributos cuando no existe el hecho gravado.
Incumplimiento.
La Aduana no cumple el precepto de no instruir sumario sin asegurarse previamente de la verosimilitud de la denuncia.
Discrecionalidad.
Abunda también la aplicación retroactiva de tributos; observaciones a la posición arancelaria usada, e incrementos de base imponible por cuestionamientos a los valores declarados potenciados con sumarios por declaración inexacta que incrementan desproporcionadamente el riesgo económico del imputado.
Condiciones.
La presión por el cobro llega al extremo de condicionar la habilitación de puertos, el otorgamiento de DJAI para importar y de ROE para exportar a menos que se cumpla con lo exigido.
Sana Crítica
No se vea en estas breves reflexiones otra cosa que una sana crítica, basada en hechos objetivos e inspirada en un deber hacia mi querido país.
No permitamos más la renuncia a las libertades del argentino medio que se somete, sin saberlo, a una lenta agonía sin futuro de realización personal. Frente al primitivo panegírico de la fuerza desnuda (con desafíos, improperios y guantes de box de por medio), debe insistirse, cuantas veces sea necesario, que en una sociedad realmente ordenada, cada uno de sus integrantes debe poder cumplir sus proyectos personales sin interferencias en la libertad de sus decisiones, para lo cual es necesario el presupuesto conceptual de que los valores de la «buena fe» y de la «justicia» son fundantes y superiores al valor de la «utilidad» instrumentada en una exacción fiscal salvaje con cargo al patrimonio de los gobernados. Esto es necesario para posicionarnos nuevamente en el escenario de la historia de la civilización.
Fuente: La Nación, 05/03/14.
Ricardo Echegaray: Dictador de la AFIP
Argentina: Aumenta la Presión Impositiva
mayo 31, 2012
Voracidad Fiscal K
A pesar que desde el Gobierno niegan la existencia de una elevada inflación, sus actos los desmienten: La AFIP aumentó ayer un 43% los montos a pagar por el monotributo.
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La AFIP aumentó los pagos para el monotributo
Por Martín Kanenguiser
BUENOS AIRES – La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aumentó ayer un 43% desde julio los montos que deben pagar los monotributistas por los servicios de obra social y jubilación. La resolución general 3334, publicada ayer en el Boletín Oficial con la firma del administrador federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, justificó el aumento en la «necesidad de mantener el adecuado financiamiento» del sistema de seguridad social y de las prestaciones de la salud.
Los aumentos, según la AFIP, se adoptaron «a fin de garantizar el goce de las prestaciones al creciente número de sujetos que acceden a ellas en razón de la política de inclusión social que lleva adelante el Gobierno». En forma implícita, se reconoce el incremento en el costo de vida registrado en los últimos dos años, en los que no se aumentaron estos importes, que ahora pasaron de 110 a 157 pesos en el caso del aporte jubilatorio y de 70 a 100 pesos en el de las obras sociales.
Se trata de 1.376.574 monotributistas que verán incrementados sus aportes por estos conceptos; la norma no incluye a aquellos adheridos al régimen para pequeños contribuyentes que a la vez tienen ingresos por un empleo en relación de dependencia, ya que en estos casos ya aportan a la jubilación y a una obra social por esa vía.
La AFIP no dispuso en esta ocasión un aumento en los pagos para el componente impositivo del monotributo. Sin embargo, por efecto del aumento de los otros dos conceptos, aumentará la cuota total que pagan los contribuyentes adheridos a este sistema hasta en un 35 por ciento. Al disponerse un incremento fijo y no porcentual, el mayor impacto se sentirá en las categorías más bajas.
Según detalló la agencia DyN, en la categoría «B», con una facturación de hasta $ 24.000 pesos anuales, se pasará a pagar $ 296 en lugar de los $ 219 que se paga actualmente (35%). En el caso de la categoría más alta, el pago pasará de 2880 a 2957 pesos, con un alza del 2,6 por ciento. También se dispuso aumentar los valores para los titulares y los integrantes de su grupo familiar, tanto del régimen general como del monotributo social.
En el primer caso, aumenta de 70 a 100 pesos, mientras que para el monotributo social pasará de 35 a 50 pesos, según la norma.
En la AFIP explicaron que mientras la ley que dispone la movilidad de las jubilaciones se actualizó dos veces por año desde 2009, hasta ahora no habían aumentado las obligaciones por el monotributo.
«Mientras el aumento en la movilidad desde 2010 fue del 76,8%, el aumento de los importes en este caso fue del 42,8%», explicaron fuentes del organismo fiscal.
Las fuentes subrayaron que el aumento del fondeo no se destinará a la AFIP, sino que se girará, respectivamente, a las obras sociales y al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), encargado del pago de las jubilaciones.
Según los últimos datos publicados por la AFIP, a fines de 2011 los monotributistas «puros» eran 1.321.737, mientras que los que además tienen un empleo fijo sumaban otras 35.878 personas.
Fuente: La Nación, 31/05/12.
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Más información:
https://www.economiapersonal.com.ar/2012/03/13/cada-dia-es-mayor-la-presion-impositiva-en-argentina/
https://www.economiapersonal.com.ar/2012/02/22/argentina-el-salario-por-representar-al-pueblo/
https://www.economiapersonal.com.ar/2012/02/15/argentina-crece-la-presion-del-impuesto-a-las-ganancias/
https://www.economiapersonal.com.ar/2011/05/22/la-sofocante-presion-tributaria-en-argentina/
https://www.economiapersonal.com.ar/2011/05/14/argentina-la-estafa-estadistica/
La sofocante presión tributaria en Argentina
mayo 22, 2011
La creciente presión tributaria en Argentina
La presión tributaria en Argentina se ha incrementado en la última década en un sofocante 60%, representando actualmente casi 34% del Producto Bruto Interno (PBI), cuando en 2001 era de 21%.
La política tributaria argentina tiene un efecto nefasto sobre la productividad de la economía y se encuentra en manos de nefastos personajes, como Ricardo Echegaray, que acumulan denuncias y causas judiciales sin perder el sueño por ello.
El Estado aumenta el Gasto Público a través de políticas demagógicas con intenciones electoralistas y está asfixiando a la gallina de los huevos de oro.
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Antecedentes de Ricardo Echegaray, cuando era funcionario de la hoy disuelta ONCAA (por los escándalos de corrupción):
Quién es Ricardo Echegaray
Por Christian Sanz
Si hay un organismo que tiene enorme poder en estos días, es justamente la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuaria (ONCAA), encargada de redistribuir subsidios a la producción primaria y a la industria. Por tal motivo, la persona que eventualmente se encuentre al frente de ella, debe ser de una gran probidad, por lo delicado del manejo de los fondos mencionados, lo cual debe estar desprovisto de cualquier tipo de discrecionalidad.
Sin embargo, el funcionario elegido por la presidente Cristina Kirchner para desempeñarse al frente de la ONCAA no posee ninguna de las cualidades morales que merece dicho cargo. Se trata de Ricardo Daniel Echegaray, ex administrador Nacional de Aduanas expulsado de su cargo por una sospechosa pelea con el entonces titular de la AFIP, Alberto Abad. Aunque poco se habló en los medios, se trató de un desacuerdo por un meganegociado relacionado con el sistema de control de las importaciones y exportaciones argentinos, conocido como «María», en el que Echegaray quiso meter mano.
La disputa terminó con ambos funcionarios eyectados de sus respectivos puestos y una única justificación de sendos «motivos personales» en boca del jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Nadie preguntó mucho más y los medios siguieron con su rutina de cambiar de tema.
Para responder esta pregunta, hay que hurgar en el pasado reciente de Echegaray, especialmente en su paso por la Dirección Nacional de Aduanas.
El 14 de octubre de 2006, Tribuna de periodistas publicó en detalle algunos de los hechos de corrupción más importantes ocurridos en la Dirección General de Aduanas y dio nombre y apellido —aunque legajo también— de los responsables de algunas de los desaguisados sucedidos en esa dependencia (1). Textualmente se aseguró: «Gracias a la permisividad de un grupo de empleados y jefes de esa dependencia, ayudados por el ineficiente control del director general aduanero, el kirchnerista Ricardo Echegaray, el contrabando, la coima y los negociados van día a día in crescendo. Probada corrupción
El 14 de octubre de 2006, Tribuna de periodistas publicó en detalle algunos de los hechos de corrupción más importantes ocurridos en la Dirección General de Aduanas y dio nombre y apellido —aunque legajo también— de los responsables de algunas de los desaguisados sucedidos en esa dependencia (1). Textualmente se aseguró: «Gracias a la permisividad de un grupo de empleados y jefes de esa dependencia, ayudados por el ineficiente control del director general aduanero, el kirchnerista Ricardo Echegaray, el contrabando, la coima y los negociados van día a día in crescendo.
Una de las irregularidades más comunes tiene que ver con el ‘cajoneo’ de expedientes por parte de ciertas secciones de la Aduana, las cuales dejan ‘vencer’ las fechas de los trámites que inician los interesados a efectos de engañarlos y hacerles perder la ‘obligación’ de pagar grandes multas. Luego se arregla todo por una cantidad importante de dinero ‘bajo mesa’, la cual siempre será menor a lo que el interesado tenía que pagar».
Parte de la documentación que demuestra lo denunciado fue ofrecida a la Justicia para avanzar sobre la corrupción imperante en la Aduana pero, como es sabido, los jueces siempre están alineados al poder de turno y sólo investigan cuando este ya no tiene gravitación.
Lealtad K
El enriquecido Ricardo Daniel Echegaray, DNI 17.478.633, es un hombre de estrecha confianza tanto del ex presidente de la Nación, Néstor Kirchner, como de su esposa, único y verdadero motivo por el cual fue puesto en el cargo de Director Nacional de Aduanas en julio del año 2004. En esos días, Echegaray se encontraba al frente de la Delegación Regional del mismo organismo en Comodoro Rivadavia, donde ya había realizado interesantes trabajos para el kirchnerismo.
Independientemente de la lealtad K, Echegaray es hombre de confianza de un oscuro personaje llamado Rudy Ulloa Igor, ex cadete del matrimonio presidencial a principios de los años 80 —épocas en que, mientras sus compañeros de militancia desaparecían, Néstor Kirchner acopiaba propiedades— y actual «empresario» de medios en Santa Cruz, gracias a la incesante asignación de millonarios fondos públicos.
Echegaray ingresó a la Aduana de Río Gallegos en el año 1991 como abogado, cumpliendo tareas de guarda aduanero. A partir de agosto de 2003, su carrera comenzó a avanzar con una rapidez inusitada, luego de ser nombrado administrador de la Aduana de Río Gallegos sin evaluación ni propuesta de su superioridad inmediata. Su nombramiento fue impulsado directamente por el Subdirector General de Operaciones Aduaneras del Interior, personal de planta política en la Aduana. Luego, en febrero de 2004, fue designado Director Regional, teniendo bajo su control todas las aduanas de la Región Patagónica, con sede en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
En agosto de ese mismo año, Echegaray fue nombrado finalmente Director General de la Aduana, quedando con la responsabilidad del control aduanero en todo el territorio nacional. La designación no estuvo exenta del oportuno escándalo: con la llegada de Néstor Kirchner al poder, Beatriz Carballal, titular por concurso de la Dirección Regional de Comodoro Rivadavia, fue apartada de la dirección regional para ubicar allí a Echegaray, quien a partir de su asunción como titular de la región, desmanteló la división de Investigaciones.
No es menor el hecho de que poco antes Carballal había detectado una importante maniobra de contrabando que involucraba a la firma Conarpesa. Esta investigación fue parcialmente desactivada al llegar Echegaray a la Regional.
¿Fue acaso premiado por este gesto el funcionario? Probablemente, aunque es dable referir que, para alimentar las peores especulaciones, Echegaray fue nombrado Director General de Aduanas teniendo en su haber una denuncia penal radicada en el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia en la que se lo investigaba por… ¡encubrimiento de contrabando!.
No bien asumió su cargo al frente de la Aduana Nacional, Echegaray hizo dos cosas: desbarató a la Policía Aduanera —es decir que desmanteló todos los controles, algo nunca visto en ningún lugar del mundo— y organizó un equipo de ineptos «colaboradores». Esto es, en lugar de nombrar a profesionales en materia de control aduanero, se reunió de amigotes y personajes a los que les debía históricos favores. Sin control
No bien asumió su cargo al frente de la Aduana Nacional, Echegaray hizo dos cosas: desbarató a la Policía Aduanera —es decir que desmanteló todos los controles, algo nunca visto en ningún lugar del mundo— y organizó un equipo de ineptos «colaboradores». Esto es, en lugar de nombrar a profesionales en materia de control aduanero, se reunió de amigotes y personajes a los que les debía históricos favores.
De la mano de esta gente, se sucedieron escándalos de toda índole en la Aduana, con la más absoluta impunidad, a pesar de las continuas denuncias por parte de algunos trabajadores de esa dependencia.
Dos de los principales colaboradores —y compañeros de pillerías— de Echegaray fueron Omar Albornoz, puesto como titular de la secretaría Técnica y de Relaciones Institucionales (3); y Daniel Santanna, como director de Control.
Santana y Echegaray, es dable mencionarlo, fueron compañeros en Santa Cruz. El primero ocultó y dio protección en la clandestinidad a Echegaray cuando a este se le abrió un sumario y se le pidió captura. «Cuando Echegaray se hace cargo de la Dirección de Aduana, lo nombra Director de Control a Santana y comienza a ser su hombre de mayor confianza», aseguró a este periódico una importante fuente aduanera.
Echegaray tiene un gran complejo de inferioridad, de acuerdo a las afirmaciones de aquellos que han trabajado históricamente con él. «Adolece de todo lo que es conducción, comienza a demostrarlo a toda la institución. Tiene como criterio que él es el patrón de la Aduana y lo vocifera sin mirar quién está presente. Así comienza diciendo que los fiscales de los distintos fueros —Penal, Económico y Federal— no tienen nada que hacer con investigaciones en la Aduana y menos los jueces, a punto tal que ordena e instiga de mala y desconsiderada manera a que los jefes, directores ó funcionarios de turno den a publicidad a los medios los procedimientos aún sin la autorización de los juzgados. A estos no sólo les ha traído dolores de cabeza, sino que han desaparecido pruebas y posibles detenidos. De más está decir que varios Jueces lo tienen en la mira y están esperando la primera de cambio para procesarlo», agregó otro informante de la misma dependencia.
Independientemente del comentario de las fuentes consultadas, hay un hecho irrefutable: a partir de la asunción de Echegaray, la situación aduanera empeoró y se sucedieron incesantes hechos de corrupción, donde no estuvieron ausentes los delitos de contrabando y narcotráfico.
Acerca de esto último, pocos saben que, después de la asunción de Echegaray, hubo un sospechoso desdoblamiento en las funciones de combate a las drogas por parte de la Aduana. Por un lado, se creó una división de «Drogas peligrosas» y por el otro una de «Narcotráfico». Esta última fue un mero «sello» para hacer creer que se perseguía el tráfico de estupefacientes, mientras que «Drogas peligrosas», de la mano de un oscuro personaje llamado Freddy Tello, se ocupó de promover justamente lo que debía combatir.
De la mano de ambos «asesores» se dieron un par de hechos de corrupción que hasta el día de hoy han permanecido en las sombras, merced a la protección K, especialmente fogoneados por Esperón —tristemente célebre por «vender» sus influencias en $300.000— y protegidos por la cúpula aduanera.
Luego de varios desaguisados, Esperón y Fernández fueron desplazados de sus cargos, pero fue después de dejar «afuera» de un negociado al mismísimo Echegaray. En realidad, el «negocio» sólo fue llevado adelante por Esperón, pero el entonces titular de Aduana aprovechó la situación para quitarse de encima a Fernández, ya que —según le había comentado su amigo y jefe, Ulloa Igor— este estaba “bendecido” desde la Casa Rosada para reemplazarlo en el cargo.
Otro personaje que influyó negativamente en la gestión de Echegaray —en esta y otras cuestiones— fue la actual titular de la Dirección General de Aduanas, María Silvina Tirabassi, personaje más que «cercano» a Echegaray y que llegó a ocupar el cargo de Subdirectora General de Control gracias al lobby de su hermana, empleada del nombrado Nicolás Fernández.
Tirabassi no sólo permitió que se produjeran los hechos de corrupción que debía controlar por la naturaleza de su cargo, sino que aún hoy —ocupando el cargo más importante de la estructura aduanera— no hace nada por desmantelar los negociados de cada día.
Tirabassi fue mano derecha —y algo más— de Echegaray y, junto con Daniel Santana, fue gestora de algunos de los negociados más importantes de la Aduana. Por caso, Santana estuvo fuertemente involucrado en el escándalo de exportación de carne a través de la Aduana de Campana y posteriormente fue desplazado de su cargo luego de que se comprobara su responsabilidad en el marco del envío de cocaína a través de las valijas de Southern Winds. «No sólo no controló, sino que aparte no hizo nada ni antes ni después«, dijo en el auto de procesamiento contra Santana el juez a cargo de esa causa judicial, Marcelo Aguinsky.
Concluyendo
Si nadie puede explicarse cómo Ricardo Echegaray ha logrado llegar a ocupar un cargo tan importante en la Dirección General de Aduanas, menos aún puede entenderse su designación en el ONCAA. Es evidente que la lealtad hacia el kirchnerismo es más importante que su conocimiento profesional y su ética personal.
Para entender esta conducta hay que saber que existe una especie de «alianza» estratégica entre Echegaray y el matrimonio K a través de la cual cada uno busca trabajar en pos de su propio interés personal.
El kirchnerismo necesita continuar adelante con una serie de negocios —lícitos e ilícitos— que dependen del control de Echegaray a través de Rudy Ulloa Igor, al tiempo que necesita un funcionario que complemente el trabajo del impresentable Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, frente al sector agropecuario; a la vez el titular de ONCAA sueña con ocupar la jefatura de la AFIP.
Mientras tanto, la impunidad permanece en la Aduana de la mano de funcionarios que nadie se atreve a investigar y que fueron puestos y mantenidos por el propio Echegaray. Algunos de ellos son:
-María Silvina Tirabassi, directora General de Aduanas.
-Freddy Tello, titular de Drogas Peligrosas.
-Mónica Gallardo, del área de control en Ezeiza.
-Marcelo Muñiz, supervisor del turno A de Aeroparque del área Narcotráfico.
-Hugo Christensen, mano derecha de Echegaray.
-Pedro D. Ocamica, auditor de Procesos Aduaneros.
El jefe de este grupejo es Diego Pérez Escobar, no casualmente ahijado de Nicolás Fernández, primo de la presidente Cristina Kirchner y acusado por el sacerdote Enrique Lapadula de liberar la zona para el narcotráfico en Caleta Olivia.
Todos los mencionados deberían explicar a la Justicia cuál es su responsabilidad en el aumento del contrabando argentino y el creciente narcotráfico. Al mismo tiempo, Echegaray y otros funcionarios kirchneristas deberían justificar por qué han apoyado los delitos que estos han cometido durante años.
Una de las mejores definiciones respecto a este escándalo fue proferida por una importante fuente aduanera consultada para el presente artículo: «Echegaray puso todo en práctica y logró la anarquía más grande que se haya vivido en la Aduana».
A confesión de parte, relevo de pruebas.
Christian Sanz
(1) Ver http://www.periodicotribuna.com.ar/Articulo.asp?Articulo=2506
(2) A pesar de sus orígenes humildes, Ulloa tuvo a su nombre un importante depósito bancario por más de U$S 1 millón en el Banco de Santa Cruz, que luego declaró que pertenecía a Néstor Kirchner.
(3) Cuando estalló el escándalo por el envío de cocaína de Southern Winds a España, Albornoz fue puesto como director en Ezeiza para salvar su pellejo.
Fuente: http://www.periodicotribuna.com.ar/3847-quien-es-ricardo-echegaray.html
Más antecedentes:
1. El corrupto Ricardo Echegaray: Pasado y presente del ex titular de …
18 May 2008 … El ex administrador nacional de Aduanas y actual titular de la ONCCA, Ricardo Echegaray.
www.agencianova.com/nota.asp?id…id… –
2. Ricardo Echegaray – Email, dirección, número de teléfono, ¡todo!
17 / 05 / 2008 Investigacion Quién es Ricardo Echegaray UN CORRUPTO EN LA ONCCA com.ar. Enlaces de web que se encuentran en Bing. …
www.123people.es/s/ricardo+echegaray –
3. «La disolución de la Oncca es una maniobra para tapar la …
21 May 2011 … Para Echenique la medida apunta a ocultar los «subsidios corruptos que se otorgaron desde que (Ricardo) Echegaray estaba al frente de esa …
www.puntal.com.ar ›
4. Funcionario k, investigado por corrupto – Taringa!
23 Abr 2011… antes del desembarco de Limpiolux en el organismo que dirige Ricardo Echegaray. …. La palabra corrupto y la letra k se ven muy seguido …
www.taringa.net/…/Funcionario-k_-investigado-por-corrupto.html –
«EL CORRUPTO RICARDO ECHEGARAY PASADO Y PRESENTE DEL EX TITULAR DE LA ADUANA». Es el título de un artículo de CHRISTIAN SANZ, publicado por el PERIÓDICO …
www.conta-net.com.ar/home.asp?q=4&desde=54595 –
Ricardo Echegaray y Néstor Kirchner