Vergüenza: Oyarbide sobreseyó a Echegaray
marzo 5, 2016
Oyarbide sobreseyó a Echegaray y hace peligrar el caso Báez
Lo hizo en una causa paralela donde el ex titular de la AFIP estaba acusado de favorecer al empresario K.
Por Nicolás Pizzi.
Ricardo Echegaray, funcionario corrupto.
Lázaro Báez acumula deudas y despidos, pero la Justicia todavía no pudo ponerlo en aprietos. La investigación principal, en manos del juez Sebastián Casanello, conocida como la “ruta del dinero K” arrastra un talón de Aquiles jurídico: la falta de un delito precedente. Las investigaciones abiertas sobre evasión fiscal, a través de la compra de facturas truchas, mantenían una luz encendida. Pero el polémico juez Norberto Oyarbide decidió apagarla. El magistrado sobreseyó al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray en una causa en la que estaba acusado de encubrir a Báez. La decisión, según fuentes judiciales, no fue apelada por el fiscal Guillermo Marijuán.
La decisión de Oyarbide, en un expediente que habían iniciado las entonces diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso, podría tener un efecto devastador. Ocurre que Casanello tiene una denuncia abierta de la diputada Margarita Stolbizer con el mismo objeto, que ahora perdería vigencia por el efecto de cosa juzgada. Ahí están denunciados Echegaray, el propio Báez y las empresas involucradas en la maniobra de evasión.
Si eso ocurre, el juez de la ruta del dinero K quedaría impedido de investigar la estructura de encubrimiento estatal a favor de Báez. Además, la causa podría emigrar a Bahía Blanca, donde están radicadas las empresas que le habrían facilitado las facturas a Austral Construcciones. Se trata de Calvento, Grupo Penta, la empresa Constructora Patagónica Argentina, y la firma Iberoamericana de Servicios, tal como había revelado el diario La Nación.
Las causas donde se investigaba el encubrimiento de la maniobra de evasión, en este caso el delito precedente, eran la llave para imputar a Báez por Lavado de dinero. Casanello había resuelto ese laberinto de otra manera: cuando procesó a Leonardo Fariña y Federico Elaskar los vinculó con las denuncias de narcotráfico de Juan Suris.
La denuncia de Alonso y Bullrich había tenido un fuerte impulso del fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes, quien llegó a decir que había “indicios del funcionamiento de una red tutelar dedicada a bajar las cortinas de la complicidad o el silencio para evitar que se destapen los chanchullos de Báez”. Y le apuntó al entonces titular de la AFIP, un hombre que tiene una fuerte protección en Comodoro Py. “Echegaray sería una pieza clave en la ocultación maliciosa de la panoplia delictiva de Lázaro Báez, sus asociados y sus cómplices punibles”, sostuvo por entonces el fiscal Moldes.
El actual presidente de la AGN también estaba acusado de haber desarmado la regional de la AFIP en Bahía Blanca, a la redujo a “agencia”, justo cuando se investigaba la venta de facturas truchas.
Las empresas proveedoras de facturas carecían de antecedentes en la construcción, y no tenían empleados, aunque eran subcontratadas por Austral Construcciones por montos millonarios. Esa maniobra le permitió a Báez reducir los impuestos que pagó durante los últimos años.
Fuente: Clarín, 05/03/16.
Si gana Macri, Echegaray renunciará a la AFIP
noviembre 2, 2015
Echegaray no seguirá en la AFIP si gana Macri
El jefe de los recaudadores dejó trascender a través de sus voceros que se irá del organismo si Cambiemos gana en segunda vuelta. Scioli le había ofrecido continuidad.
Ricardo Echegaray dejaría su puesto si Mauricio Macri le gana el ballotage a Daniel Scioli y llega a la presidencia. Así deslizaron allegados suyos mientras el jefe de la AFIP anunciaba la marcha de la recuadación que arrojó un 28,5% en octubre en comparación con un año atrás.
Por cierto, Mauricio Macri ya había hecho público el pedido de que Echagaray abandone el cargo que vence en diciembre de 2016. Sin embargo, el jefe de Gobierno porteño y candidato a presidente de Cambienos ayer dijo en una entrevista televisiva que tanto Echegaray como Gils Carbó tenían el ciclo cumplido.
En la rueda de prensa, mientras Echegaray presentaba los datos de la recaudación aprovechó para hacer campaña al elogiar las promesas de Scioli en materia económica y deslizó críticas al candidato opositor.
«Me siento orgulloso de acompañar este modelo, que fue exitoso», afirmó para señalar que «muchos piensan que la solución viene del financiamiento internacional», en obvia alusión al líder del PRO. «Las políticas activas se tienen que llevar adelante con prudencia», agregó Echagaray y luego dejó su vaticinio de cara a la segunda vuelta del 22 de noviembre: «Argentina dará un salto adelante y no al vacío», concluyó con otro slogan de campaña.
Fuente: clarin.com, 02/11/15.
El fraude de Cristina Kirchner y Lázaro Báez
octubre 3, 2015
Según Báez, sus empleados viabajan 1.200 kilómetros diarios hasta el Alto Calafate
De este modo justificó ante la AFIP el alquiler del hotel de los Kirchner; dijo que no había otros alojamientos a menor distancia de las obras donde trabajaban.
El empresario patagónico Lázaro Báez afirmó que contrató cientos de habitaciones en el hotel Alto Calafate de la familia Kirchner para hospedar al personal jerárquico de sus empresas a cargo de la ejecución de varias obras públicas. Pero con un detalle: esas obras se encontraban a entre 300 y 600 kilómetros del hotel presidencial, según surge de los datos aportados por el propio Báez ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que obtuvo LA NACION.
Báez argumentó que optó por alojar en El Calafate a los responsables de dirigir y controlar esas obras por «la calidad de los servicios, infraestructura y conectividad» de esa ciudad turística, al mismo tiempo que afirmó que sus constructoras Kank y Costilla SA y Loscalzo y del Curto SA no contaban «con alojamiento y/o obradores para tal fin ni en los parajes próximos» a las obras, en las localidades de Luis Piedrabuena, Puerto San Julián, Río Turbio y 28 de Noviembre.
Ese argumento choca, sin embargo, con la realidad. Primero, porque Báez pudo alojar a sus colaboradores en hoteles más cercanos en cada una de esas localidades. O pudo mantenerlos en Río Gallegos -sede central de sus empresas- en vez de alojarlos en El Calafate, que se encuentra a similar o incluso mayor distancia de las obras que la capital santacruceña.
En efecto, Piedrabuena se encuentra a 280 kilómetros de El Calafate por ruta de ripio -intransitable la mayor parte del año- o 470 kilómetros por asfalto -el más utilizado por los locales-, pero a 231 kilómetros de Río Gallegos. Y lo mismo se repite con Puerto San Julián, que queda a 404 kilómetros de Calafate por ripio o a 592 por asfalto, pero a 360 kilómetros de Gallegos.
Por su parte, Río Turbio queda a 252 kilómetros de El Calafate y a 261 kilómetros de la capital provincial, y, por último, 28 de Noviembre queda a 249 kilómetros de la ciudad turística y a 250 kilómetros de Gallegos, según los datos oficiales de Vialidad Provincial que difunde a través del área de Turismo.
Del análisis elaborado por los técnicos de la AFIP, identificado como «actuación 10780-1041-2014», que obtuvo LA NACION, surge por qué Báez se inclinó por alojar a su personal jerárquico en el Alto Calafate en vez de optar por otros hoteles más baratos en El Calafate. De hecho, en esa ciudad pudo optar por otros 13 establecimientos de 4 o 5 estrellas con características similares al hotel de los Kirchner, bajo investigación de la Justicia por sospechas de lavado.
Sin embargo, entre 2010 y 2011, cuando Báez optó por contratar al Alto Calafate, eso les permitió a los Kirchner mantener abierto el hotel durante julio, agosto y septiembre, a diferencia de lo que ocurre con otros establecimientos que cierran sus puertas durante el invierno. A tal punto que el empresario le garantizó así a los Kirchner la ocupación de habitaciones en temporadas que no fueron buenas en esa ciudad. Por ejemplo, en 2011 el porcentaje de ocupación anual fue del 40,2%, según la encuesta de la actividad hotelera del Indec.
Para insistir con El Calafate, Báez también podría haber dado un golpe de efecto y alojar a sus jerárquicos en el hotel y shopping que desde hace cinco años espera ser inaugurado. Ese hotel «fantasma» no tiene nombre, aunque en un momento circuló que se llamaría Bahía y se lo conoce como «el hotel de Lázaro» ya que es suyo el terreno de casi 10.000 metros cuadrados donde se erige, frente al lago Argentino.
El edificio, con forma piramidal, color arena y techos negros, domina la vista en el Barrio Manantiales y el propio Báez se encargó de asfaltar la cuadra que lo separa de la avenida para garantizar el acceso. Desde afuera, el edificio parece terminado, aunque su interior es una incógnita.
Según los abogados de Báez, además, quedarse en El Calafate fue casi una necesidad. «Vale señalar que ninguna de las empresas [constructoras] en cuestión cuentan ni contaban con alojamiento y/o obradores aptos para tal fin ni en los parajes próximos a la localidad de comandante Luis Piedrabuena (caso de KyC) [por Kank y Costilla] ni en aquellos cercanos a la localidad de El Turbio o 28 de Noviembre (caso de Loscalzo)», indicaron sus letrados.
Sin embargo, mientras la firma Kank encaraba la obra de repavimentación de un tramo de la ruta 3 comprendido entre Piedrabuena y San Julián, en la zona del Gran Bajo de San Julián, Báez pudo alojar a su personal jerárquico en hoteles de Puerto San Julián.
Según la información oficial que difunde su municipalidad, Puerto San Julián cuenta con el hotel Bahía y la hostería Posada de Drake, ambos de 3 estrellas, en tanto que el hotel Costanera es de 2 estrellas, sólo por mencionar los de esa categoría.
Así, aunque la hotelería de esa localidad es menos desarrollada que en El Calafate, Báez pudo ahorrarles cientos de kilómetros de ruta a sus ejecutivos cada vez que debieron supervisar los avances de la obra, y cientos de kilómetros más al regresar al final de cada jornada laboral.
Así, de haber optado por alojarlos en el hotel Bahía de Puerto San Julián, por ejemplo, sus ejecutivos se habrían hospedado en suites y departamentos para ejecutivos con Internet, más una confitería, galería comercial y estacionamiento propio.
En Piedrabuena, en cambio, la única opción es más austera. Los colaboradores de Báez sólo habrían contado con la hostería El Álamo, céntrica y sencilla, categorizada en 2 estrellas. Pero de haberse inclinado por esa opción, en vez del Alto Calafate de los Kirchner, se habrían ahorrado 940 kilómetros, entre ida y vuelta, cada vez que debieron ir hasta allí.
Alquileres bajo sospecha
El argumento de Báez
El empresario dijo que contrató habitaciones en el hotel Alto Calafate de la familia Kirchner para darle hospedaje al personal de su empresa abocado a obras públicas en la provincia.
Kilómetros
Báez omitió mencionar que esas obras santacruceñas estaban situadas a 300 y 600 kilómetros de distancia del hotel de los Kirchner, una distancia muy difícil de recorrer a diario.
Más cerca
Báez pudo alojar a sus empleados en hoteles más cercanos o mantenerlos en Río Gallegos, donde funciona la sede central de sus empresas, a una distancia similar que el Alto Calafate.
Más barato
Báez eligió alquilar el Alto Calafate, pero podría haber elegido otros 13 establecimientos más baratos de 4 o 5 estrellas en El Calafate con características similares al hotel de los Kirchner.
Fuente: La Nación, 03/10/15.
Más información:
Gonella intentó explicar por qué no imputó a Lázaro Báez
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El Gobierno apaña a los sospechosos del fútbol
mayo 29, 2015
La AFIP denunció a los empresarios argentinos y podrían zafar de la extradición
CORRUPCIÓN EN LA FIFA. El organismo estatal hizo una presentación contra «hombres del fútbol». Así, podrían evitar las detenciones y ser llevados a un Triibunal de los EE.UU.
Acusador/Cómplice. Ricardo Echegaray, titular de la AFIP.
La AFIP denunció a sociedades argentinas involucradas en el caso FIFA. Desde el organismo recaudador informaron que es contra «hombres de negocios del fútbol y sociedades» argentinas, involucrados en el ilícito que envuelve a directivos de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentó una denuncia penal contra «hombres de negocios del fútbol y sociedades» argentinas, involucrados en el ilícito mundial que envuelve a directivos de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).
Fuentes de los tribunales federales analizaban como una estrategia funcional a los empresarios denunciados esta denuncia, pues de avanzar una investigación local podrían evitar su extradición y posterior declaración ante la justicia norteamericana.
La denuncia de AFIP se hizo efectiva en la justicia penal tributaria. Además, dio a conocer una misiva del titular del organismo, Ricardo Echegaray, que habría sido enviada hace más de 20 días a Joseph Blatter, donde le reclamaba la falta de una respuesta de la FIFA a la denuncia de la AFIP realizada hace un año, sobre paraísos futbolísticos utilizados para triangular las transferencias de jugadores.
Esta mañana, Aníbal Fernández deslindó al Gobierno del escándalo: “El Estado no tiene nada que ver, es la FIFA”. El jefe de Gabinete dijo que el Gobierno podría pedir la intervención judicial de la empresa “Torneos”. Y que si hubo pagos irregulares, la AFIP tiene derecho a reclamar el 35% por Ganancias.
Al mismo tiempo, los abogados de los tres empresarios pidieron su exención de prisión, un recurso legal para evitar que sus defendidos sean encarcelados mientras transcurra el proceso judicial.
“El único análisis que hace la Justicia argentina en función del pedido de los EE.UU. es que el delito por el que se solicita la extradición sea un delito tipificado tanto en la Justicia estadounidense como en la Argentina, que cumpla un año de pena, que no esté prescripto el hecho y que no se vaya imponer una pena de muerte; esas son las condiciones básicas para la extradición», advirtió el juez en diálogo con una emisora de radio.
La Cancillería argentina informó que Estados Unidos pidió el miércoles, a las 17.30, “el arresto provisional para fines de extradición” de los tres argentinos “haciendo referencia al Tratado de Extradición vigente” entre ambos países. La solicitud fue entregada por el Gobierno argentino al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a las 20.30.
En la madrugada de ayer, las autoridades se presentaron vestidos de civil a un hotel de Zurich para detener, sin previo aviso, a varios dirigentes de la FIFA que estaban reunidos en esa ciudad, donde mañana se debe elegir al presidente del organismo que rige el fútbol mundial y donde Joseph Blatter, que inicialmente no está entre los acusados, busca un quinto mandato con el jordano Ali bin al Hussein como rival.
Fuente: Clarín, 29/05/15.
Socios Sospechosos
La AFIP protegió a Lázaro Báez en el caso de las facturas falsas
mayo 20, 2015
La AFIP protegió a Lázaro Báez en el caso de las facturas falsas
Por Hugo Alconada Mon.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) frenó una intimación a la nave insignia de Lázaro Báez, Austral Construcciones, durante la investigación que desarrollaron sus sabuesos por la millonaria utilización de facturas truchas en Bahía Blanca, según surge de documentos oficiales cuyas copias obtuvo LA NACION y fuentes al tanto de la operatoria.
La protección de Báez quedó en manos del entonces jefe de la División Investigaciones de la Regional Bahía Blanca, Norberto Filipini. Detuvo un requerimiento de información que desde hace cuatro años está listo para ser enviado a la constructora de este empresario con múltiples vínculos comerciales con la familia Kirchner.
Ese requerimiento de la AFIP se plasmó en el formulario 8600/l, que se encuentra en las fojas 21 y siguientes del expediente interno de la AFIP sobre la Constructora Patagónica Argentina -una de las firmas bahienses acusadas de emitir facturas truchas-, cuya copia obtuvo LA NACION.
La intimación ya había sido firmada por el investigador a cargo del caso, el contador Leandro Scafetto, y tenía incluso preparado el aviso de retorno y pegada la calcomanía para el Correo Argentino. Pero nunca salió de las oficinas de la AFIP. Por eso luego se cruzó el formulario con un par de líneas de birome, se escribió «anulado» y se consignó sobre el encabezado la leyenda «=Sin enviar=».
Consultados ayer por LA NACION, voceros del titular de la AFIP indicaron que «no está remitido el requerimiento a Austral Construcciones», por lo que calificaron de «falso» que se haya frenado la intimación. «Los requerimientos fueron enviados a los proveedores, y Austral Construcciones no era proveedor», argumentaron.
Cerca de Báez, en tanto, indicaron que el empresario contrató «de buena fe» a las firmas bahienses, que «deberán hacerse cargo si no estaban en regla», y que siempre que la AFIP le pidió alguna documentación Báez «se presentó y explicó cómo operaron y operan sus empresas».
¿Qué estaba por reclamarle a Báez la Regional de Bahía Blanca ya en 2011? Que en un plazo de 10 días le presentara todos los papeles de su vínculo con Constructora Patagónica Argentina SA, cuyos dueños admitieron a LA NACION que arrastran problemas impositivos, pero que atribuyen a facturas que ignoraban que eran falsas del segundo grupo de empresas bajo sospecha, propiedad del bahiense Silvio Ficcadenti.
Hasta que llegó la orden de paralizar la intimación, los sabuesos de la AFIP en esa ciudad habían detectado que Austral había utilizado facturas truchas, durante años y por decenas de millones de pesos, emitidas por tres grupos de empresas locales, según reveló LA NACION en octubre pasado tras una investigación que se extendió por diez meses.
Esa facturación falsa le permitió a Báez reducir los impuestos que pagó durante años a la AFIP, que optó por concentrar sus pesquisas sobre las empresas emisoras de esas facturas apócrifas, pero no sobre Austral.
Un día después de que LA NACION revelara esa operatoria, Echegaray dio una conferencia de prensa en Buenos Aires con el titular de la DGI, Ángel Toninelli, a su derecha. Confirmó que esos tres grupos empresarios de Bahía se encontraban bajo fiscalización y dijo que al menos una de las firmas, Calvento SA, de Ficcadenti, era «una usina de facturas falsas».
Vínculos con Cristina
Durante esa conferencia de prensa, del lunes 21 de octubre, Echegaray buscó además separar a la Presidenta de Báez. Remarcó que no eran socios. Pero un día después, y ante nuevas revelaciones, admitió que tienen «vínculos comerciales».
Echegaray también negó que la AFIP diera protección especial a Báez y criticó a los medios por concentrar su atención en el empresario. «Parecería que el único caso de facturas truchas fuera el de Báez», planteó.
Los nuevos documentos que obtuvo LA NACION muestran, sin embargo, que esa protección -que en el caso de Gotti Hermanos, otra constructora vinculada a Báez, ya había provocado antes el desplazamiento de varios funcionarios en Comodoro Rivadavia y Buenos Aires- tomó formas concretas en Bahía Blanca desde al menos marzo de 2011. Así consta en el requerimiento que nunca se envió a Austral, encabezado con el logo de la AFIP y la leyenda «2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad y de los Trabajadores».
¿Qué habían logrado verificar los sabuesos hasta que los frenaron? Que Constructora Patagónica Argentina mostraba «ventas y costos similares y superiores a 10 millones de pesos en el período fiscal 2010. [Pero] No presenta Sicore (por el sistema que controla las retenciones). Se solicita verificar los libros del impuesto al Valor Agregado», expuso Scafetto en otro documento interno.
Ante la Justicia, Báez ya fijó su posición sobre los indicios que llegan desde Bahía Blanca. En un escrito que presentó a fines de 2014 ante el juez Sebastián Casanello en la causa por supuesto lavado de activos, negó todas las imputaciones y hasta refutó a Echegaray, al negar que Calvento SA fuera una usina de facturas truchas.
Austral, afirmó Báez, no recibió «ni una sola factura contabilizada y que incida en sus declaraciones juradas impositivas» que sea apócrifa. Para eso defendió sus relaciones con Constructora Patagónica, Terrafaris, Grupo Penta y Calvento.
El empresario calló, sin embargo, sobre el vuelo de su lugarteniente, Claudio Bustos, a Bahía Blanca, el 23 de julio pasado. Allí se reunió con la jefatura local de la AFIP y un contador de los Ficcadenti en el despacho del piso 7 del jefe de la Regional, Juan Pablo Fridenberg. Juntos ajustaron el plan de pagos al que se acogió Penta.
En Buenos Aires, en tanto, Báez, Echegaray, los Ficcadenti, Fridenberg y Filipini ya fueron imputados por el fiscal Guillermo Marijuan como supuestos integrantes de una «asociación ilícita fiscal».
Pero la operatoria continúa. En la Regional Bahía Blanca fotocopiaron todas las actuaciones y las enviaron con destino desconocido. Y Filipini se encuentra a un paso de otro ascenso: asumiría al frente de la Dirección Regional Neuquén.
Expediente comprometedor
La intimación «anulada» que nunca llegó a Austral Construcciones
- Ante la sospecha de que hizo uso de facturas falsas, a través de una firma de Bahía Blanca, la AFIP ordenó una intimación a Lázaro Báez.
- Esa intimación, sin embargo, nunca fue enviada; fue retenida en la seccional bahiense de la AFIP y luego se archivó como «anulada».
Fuente: La Nación, 20/05/15.
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José Sbattella, al servicio de la impunidad K
febrero 26, 2015
Sbattella, al servicio de la impunidad
Editorial del diario La Nación, 26/02/15.
Tras protagonizar una serie de escándalos, el responsable de la lucha contra el lavado de dinero deberá rendir cuentas ante la Justicia.
Los más que sospechosos servicios que José Sbattella prestó al Gobierno como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano encargado de combatir el lavado de dinero, finalmente le han valido el primer llamado a prestar declaración indagatoria en una de las causas en las que se lo investiga.
Se trata de un sumario a cargo del juez federal Luis Rodríguez en el que se analiza si el titular de la UIF violó el secreto que impone la ley de creación del organismo al exponer en un comunicado y en entrevistas con diferentes medios de prensa detalles de las investigaciones que realiza la UIF. La denuncia la habían efectuado las empresas perjudicadas, entre las cuales se encuentran joyerías, entidades financieras y el Grupo Clarín.
Pero no es la única investigación a la que está sometido Sbattella, un hombre que puso a la UIF al servicio de las necesidades judiciales y políticas del kirchnerismo, desvirtuando su razón de ser: el combate del blanqueo de activos provenientes de actividades ilegales.
Sbattella también se encuentra comprometido en una causa a cargo del juez federal Claudio Bonadio por haber retenido, desde 2008 hasta diciembre del año pasado, documentos que estaba obligado a enviar a la Justicia. En esa documentación figuran millonarias transferencias de características sospechosas efectuadas por compañías relacionadas con el pseudoempresario kirchnerista Lázaro Báez por un total de 180 millones de pesos.
Paralelamente, Báez es objeto de varias investigaciones y deberá prestar declaración indagatoria el mes próximo por presunto lavado de dinero.
En su momento, Sbattella llegó al extremo de salir públicamente defensa de Báez y sus operaciones sospechosas cuando afirmó, como si se tratara de su abogado defensor, que «no hay pruebas de que se haya cometido un ilícito».
Otra causa que tiene en la mira a Sbattella es la que investiga a los hermanos Pablo y Sergio Schoklender por posibles negociados con fondos públicos destinados a viviendas sociales que construía o debía construir la Fundación Madres de Plaza de Mayo, de Hebe de Bonafini.
Luego de que LA NACION revelara en 2012 que Sbattella había desplazado en la UIF a importantes y experimentados especialistas en lavado de dinero para reemplazarlos por familiares y allegados suyos y por militantes de la agrupación kirchnerista La Cámpora, el fiscal federal Carlos Stornelli inició una investigación que también pesa sobre el funcionario. Le imputó no investigar reportes de operaciones sospechosas (ROS) y nombramientos irregulares de personas que no estaban en condiciones de cubrir cargos en la UIF.
La legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública) afirmó que durante su nefasta gestión al mando de la UIF crecieron el narcotráfico, la trata de personas y la corrupción, «ilícitos precedentes del lavado de dinero». Ocaña agregó que el titular de la UIF «está acusado de proteger a diversos funcionarios y empresarios vinculados con el gobierno nacional».
Sbattella cuestionó a LA NACION por dos opiniones críticas sobre su gestión y por otros artículos periodísticos. «Estuvieron continuamente diciendo que éramos inexpertos, que lo que se hacía ahí estaba sesgado políticamente y que nos dedicábamos a perseguir a la oposición, y que, de alguna manera, esto invalidaba lo que se estaba haciendo», señaló el titular de la UIF. Los hechos confirman que esto era totalmente cierto.
El combate del lavado de dinero nunca fue una prioridad para las distintas administraciones del kirchnerismo. Es más: el Gobierno impulsó dos blanqueos, en 2008 y 2013, que constituyeron invitaciones abiertas al blanqueo y que atentan directamente contra su combate. Y fue bajo el comando de Sbattella que la UIF pasó a convertirse en un apéndice del Poder Ejecutivo para proteger a sus funcionarios y a personajes allegados reteniendo pruebas que los comprometían y no realizando o demorando las investigaciones que por ley está obligado a efectuar ese organismo.
Hace pocos días, la UIF presentó reportes de operaciones sospechosas contra el ex director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia Antonio Stiuso, separado de su cargo a fines del año último, tras haber sido un hombre íntimamente ligado al gobierno kirchnerista. Por lo visto, la conducción de la UIF y la fiscalía antilavado esperaron a que la relación de Stiuso con el Poder Ejecutivo pasara del amor al odio para aportar elementos por los que había sido denunciado bastante tiempo antes por el legislador porteño Gustavo Vera.
La persecución de figuras y empresas que han cuestionado al kirchnerismo ha sido otro de los nefastos aspectos que caracterizaron la triste labor de Sbattella.
En forma paralela, y mientras el narcotráfico crece sin freno en la Argentina, la UIF, tras perder especialistas en lavado de dinero, siguió desatendiendo su obligación, lográndose así bajo el kirchnerismo las dos condiciones ideales para el incremento del mortal negocio de la droga: extrema laxitud en el combate del narcotráfico y de la reinversión del dinero que produce ese delito.
Salta a la vista que la función del titular de la UIF ha sido impedir que ésta se constituyera en una eficaz herramienta contra el lavado, al tiempo que se ha ido transformando en un instrumento clave en el otorgamiento de impunidad para unos y de persecución para quienes no comulgan con las ideas de quienes gobiernan.
Fuente: La Nación, 26/02/15.
Más información:
Argentina no investiga el Lavado de Dinero
Sbatella
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Cristina Kirchner y Lázaro Báez
octubre 30, 2014
La «sociedad» entre la Presidenta y Lázaro Báez
Editorial del diario La Nación, 30/10/14.
El tan sospechoso como abrupto enriquecimiento del empresario patagónico alimenta las sospechas de que podría tratarse de un testaferro.
El transcurso de sólo un día bastó para que el Gobierno tuviera que reacomodar su relato en defensa de los estrechos lazos comerciales entre la Presidenta y el pseudoempresario santacruceño Lázaro Báez. Nada garantiza que la versión actual sea la última, pero por lo menos ésta se aproxima más a lo ya revelado por una documentada investigación publicada por LA NACION en diciembre del año pasado.
El titular de la AFIP [Ricardo Echegaray] sostuvo que Cristina Kirchner no es socia del empresario, pero al día siguiente tuvo que aclarar que si bien no son socios «técnicamente», los dos mantienen «vínculos comerciales». «Técnicamente no hay sociedad constituida», agregó.
En efecto, son numerosísimos, serios, graves y concordantes los vínculos comerciales entre la Presidenta y este oscuro empresario de la construcción que se convirtió en magnate durante los gobiernos de los Kirchner, y que empezó a crecer en Santa Cruz durante la gobernación de Néstor Kirchner.
De ahí que existan sólidos y antiguos vínculos hoteleros, financieros, comerciales y personales entre la Presidenta, su hijo y Báez. La sociedad a la que nos referimos quizá no lo sea en lo técnico, pero puede denominársela así por lo habitual y lo estrecho de aquellos lazos económicos.
A ello se suma la activa y muchas veces ilegal protección que Báez y sus empresas reciben de los organismos de control estatales e incluso de parte de nuestra Justicia, siempre lenta cuando se trata de presuntos casos de corrupción que comprometen a los gobernantes de turno o a sus allegados.
Otro punto en común entre este grotesco personaje y los Kirchner es la dificultad para justificar su exponencial enriquecimiento. Basta recordar las dudas e inconsistencias que jalonaron las declaraciones juradas del matrimonio presidencial y el cierre abrupto e irregular por parte del juez federal Norberto Oyarbide de una causa en la que investigaba a Néstor Kirchner por enriquecimiento ilícito. La falta total de transparencia ha sido una constante en los negocios de los Kirchner y Báez. De ahí las fundadas sospechas acerca de si la reforma del Código Procesal Penal no esconde también mecanismos que en la práctica contribuirán al fracaso de las investigaciones de futuros casos de corrupción.
- Estos son solo algunos de los vínculos comerciales hasta hoy conocidos:
- Una firma de Báez, Valle Mitre SA, se hizo cargo de la administración de los hoteles de los Kirchner, y allí alquiló más de 1100 habitaciones por mes, durante años, en el Alto Calafate, Santa Cruz. Curiosamente, esos cuartos no fueron ocupados, pese al costo millonario que representó para la empresa de Báez, traducido en ganancias para los Kirchner. En diciembre pasado, luego de que este diario lo publicó, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, lo confirmó y tuvo el caradurismo de hablar de un «negocio entre privados».
- Desde hace años, la Presidenta y el citado pseudoempresario comparten como copropietarios en El Calafate un condominio sobre un terreno de 87.000 metros cuadrados.
- Báez edificó un complejo de diez departamentos en la calle Mitre, de Río Gallegos, mediante un fideicomiso, junto con Néstor Kirchner. Así lo informó el ex presidente en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.
- Hay dos grupos de departamentos de Báez en la capital santacruceña, uno de ellos en un terreno de los Kirchner. El empresario alquiló -a valores superiores a los del mercado- esos departamentos para que se alojaran varios gerentes de sus empresas, con cheques que emitió a nombre del ex presidente.
- Báez adquirió a los Kirchner por lo menos nueve departamentos, casas y terrenos en apenas un año, que terminaron en poder de la empresa de Báez, Austral Construcciones. La firma constructora Epelco se encargó de adquirir la casa de los Kirchner en el centro de Río Gallegos.
- Este diario publicó que Austral Construcciones, de Báez, utilizó facturas apócrifas por decenas de millones de pesos.
Como prácticamente no hay una semana sin que aparezcan otros datos que comprometen aún más a Báez, se supo también que Ernesto Clarens, financista de Báez, controlaría una cuenta en un banco suizo que se habría usado para recibir giros de «clientes no determinados».
Es fácil advertir en esta somera enunciación que si bien no ha aparecido aún una sociedad «técnica» entre Báez y la Presidenta, existe, sí, una suerte de sociedad de hecho que podría explicar otros misterios, como la firme, constante y descarada protección que el empresario recibió y recibe de organismos de control, como la Unidad de Información Financiera (UIF). Esta unidad, cuya función debería ser la lucha contra el lavado de dinero, durante dos años y medio omitió denunciar ante la Justicia a dos empresas de Báez reportadas por «actividades sospechosas», pese a que registraban serias anomalías societarias. Se trata de la ya mencionada Austral Construcciones SA y la petrolera Epsur. Para colmo, el titular de la UIF, José Sbattella, afirmó públicamente respecto de Báez, como si fuera su abogado defensor, que «no hay pruebas de que se haya cometido un ilícito».
Por su parte, los fiscales kirchneristas Carlos Gonella y Omar Orsi están acusados en una causa que lleva adelante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi del delito de prevaricato, por no haber acusado en su momento a Báez de lavado de dinero. A su vez, la diputada Margarita Stolbizer pidió a la Justicia que envíe la documentación requerida por el Ministerio Público Fiscal suizo relativa a la investigación sobre Báez en aquel país por presunto lavado de 22 millones de dólares. Durante el kirchnerismo, la Cancillería se ha caracterizado por trabar estos pedidos de colaboración.
Ante estos datos, no es de extrañar que la justicia uruguaya investigue al empresario con mucho más empeño que su par argentina y que los llamados fondos buitre iniciaran una investigación internacional para averiguar hasta dónde llegan, en realidad, los vínculos comerciales entre el empresario y la primera mandataria. La diputada Elisa Carrió, con argumentos muy atendibles, sostuvo que esos vínculos consistirían en que Báez es testaferro de los Kirchner. Los fondos buitre parecen compartir esas sospechas y procuran probarlas. En esa tarea ponen mucho más empeño que la justicia argentina.
Hay algo que está fuera de toda duda: las sospechas no se basan en que un hombre de origen humilde como Báez se haya enriquecido, pues sobran casos similares. Las sospechas se basan en que lo haya hecho tan rápido y a partir exclusivamente de negocios con el Estado desde que Néstor Kirchner alcanzó la gobernación de Santa Cruz en adelante. También resulta llamativa la variedad de rubros que eligió para sus inversiones: la actividad petrolera, los medios de difusión, la actividad inmobiliaria, el campo y la construcción, actividad ésta que ejerce casi en forma monopólica en Santa Cruz.
El tema Báez constituye un grave problema para un gobierno en retirada, mucho más que el de Amado Boudou. Es de esperar que la Justicia avance en sus investigaciones y que en el futuro no se vea obligada a pedirles información a los fondos buitre.
Fuente: La Nación, 30/10/14.
La corrupción del Gobierno de Cristina Kirchner
octubre 22, 2014
Lo que ocultó el silencio de Cristina
Algunas malas lenguas –las muy malas—vinculan la afonía y la desaparición de Cristina Fernández de la escena por varios días con la larga y complicada disputa con los fondos buitres. ¿Un reflejo, tal vez, de su fatiga laboral? Según aquellos mismos intérpretes, habría que indagar la explicación por otro lado: una somatización, en la jerga psicológica, de la inquietud que le causaría a la Presidenta el empeño de los buitres por escarbar en las rutas clandestinas del dinero K, que tiene a Lázaro Baéz como estandarte. Tampoco la suerte del empresario patagónico la alcanzaría desvelar. El verdadero problema serían los secretos financieros de la familia Kirchner que podrían salir a la luz si los detectives contratados por los holdouts sacudieran las alfombras de las sociedades fantasmas descubiertas en Nevada, Estados Unidos. Entre tanto rumoreo intenso, a propósito, comenzó a circular uno que estremece. Parte del dinero descubierto en el exterior –afirman– podría corresponder a aquellos U$S 535 millones pertenecientes a Santa Cruz, que Néstor Kirchner sacó de las arcas provinciales antes que estallara la crisis del 2001.
El Gobierno se encargó de atizar esas dudas con el manejo desprolijo que hizo del estado de salud presidencial. Esa es una cuestión que, con altibajos, el kirchnerismo no logró resolver en una década. También sucedió con las enfermedades del ex presidente. Cristina se recluyó desde el viernes pasado. Según el parte médico, debía guardar reposo durante 48 horas. Es decir, el fin de semana. Jorge Capitanich anunció el lunes que la mandataria estaba “extraordinariamente bien”. Ayer, sin embargo, comunicó a primera hora que había decidido aplazar su visita a Chaco. Horas después el portavoz, Alfredo Scoccimarro, dijo que ese viaje lo haría, al final, mañana. Pero que suspendía el acto previsto para hoy en La Plata, por el aniversario de las Madres de Plaza de Mayo. Scoccimarro subrayó que la Presidenta estaba desde ayer desarrollando tareas normales en la residencia de Olivos. Su agenda figuró todo el día en blanco en el sitio presidencial de internet. Al final apareció en un mensaje grabado por cadena nacional para hablar del Código Penal. Un galimatías.
Las voces del poder que sustituyeron su silencio quizás hayan ayudado poco a aplacar la faringitis presidencial. Las sombras de Amado Boudou y de Báez envolvieron casi todo el discurso oficial. Julio Alak anotició, por ejemplo, que en cualquier ministerio se suelen perder expedientes. Un descubrimiento en la era de la informatización. Esa excusa pueril tuvo una razón: la imposibilidad de negar que se esfumó de la Inspección General de Justicia, que depende de su ministerio, un informe de 22 páginas sobre el caso Ciccone. Se trata del escándalo que tiene en jaque desde febrero del 2012 al vicepresidente.
El micrófono fue ocupado mas tarde por Ricardo Echegaray. Nadie comprendió muy bien por qué el titular de la AFIP mechó el nombre de Cristina con el de Báez, afirmando que no son socios, durante una rueda de prensa convocada para hablar sobre una denuncia contra el empresario K por la compra de facturas truchas. Aclaró, en cambio, que la Presidenta y el constructor tendrían vínculos comerciales. A lo mejor, refirió al alquiler de cientos de habitaciones –nunca ocupadas—que Baéz hizo en tres de los hoteles de El Calafate, propiedad de Cristina. Coincidencia o no, los fondos buitres andan en Nevada detrás de esas posibles conexiones.
El trabajo de esos extorsionadores sería de un celo profesional que contrasta con la acostumbrada improvisación del kirchnerismo. Aquello de la presencia de detectives que siguen las rutas del dinero clandestino K no constituye una metáfora. Los holdouts contarían con la asistencia de una agencia británica privada dedicada al descubrimiento del dinero sucio. Habrían actuado, incluso, cuando los buitres presionaron al gobierno de la República del Congo, en Africa, también por una deuda en default impaga.
El mayor interrogante, con esa realidad a la vista, sería desentrañar los motivos de la intervención de Echegaray. ¿Un pedido expreso de la Presidenta? ¿Un error involuntario en medio de una aclaración embarazosa sobre Báez? ¿O un mensaje intimidatorio hacia el interior del Gobierno, donde el titular de la AFIP suma connotados enemigos?
No habría respuesta certera. Pero Echegaray no acostumbra, porque si, a arrojar cartas por el aire. Alcanza con un antecedente: cuando se creyó rozado por el escándalo Ciccone no vaciló en ventilar el tráfico de influencias de Boudou para que se permitiera, con un plan de pago especial, el levantamiento de la quiebra de la imprenta.
El principal enemigo interno de Echegaray es ahora Axel Kicillof. El ministro de Economía, en su trepada en el poder, pretende ocupar la AFIP con tropa propia. Cuestiona, además, manejos de la entidad recaudatoria con la operatoria del dólar ahorro. Por allí se siguen fugando, con la perseverancia de una hormiga, los dólares que Kicillof no consigue en el exterior y necesita para una economía que no logra abandonar su tobogán.
El Banco Central, la UIF (Unidad de Información Financiera) y la Comisión Nacional de Valores realizaron ayer un sobreactuado procedimiento en las cuevas del microcentro para incautar dólares del mercado ilegal. Al mismo tiempo, el sistema de la AFIP para la venta de dólares ahorro dejó de funcionar.
El dilema de Kicillof continúa siendo la escasez de dólares. El swap firmado con China nunca se termina de activar. El progreso de la relación con la Rusia de Vladimir Putin está por el momento circunscripta a la televisión. El ministro mendiga anticipos a los exportadores de cereales.
Así las cosas, Kicillof teme que en algún momento deba aflojar la tensión con los fondos buitre. Pero esa tarea se torna cada vez mas difícil e incierta en la medida que los holdouts continúen dispuestos a divulgar la corrupción kirchnerista en el exterior. También la misma realidad podría mirarse desde otra óptica. Las denuncias que van aportando los buitres quedarán en la nada si Cristina decide terminar el año que viene con el pleito.
La oposición hizo poco y nada con el entramado de esa historia misteriosa. Recién en las últimas horas se conoció una gestión de Margarita Stolbizer. La diputada bonaerense del GEN (dentro de la alianza del Frente Amplio y UNEN) presentó nuevas pruebas en Uruguay que demostrarían vínculos entre empresas de Baéz radicadas en esa nación y otras en nuestro país y en el extranjero. En Montevideo, la jueza en lo Penal, especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos, sustancia dos causas por lavado de dinero que involucran al empresario patagónico. Esos trámites están paralizados porque desde hace un año y medio la justicia argentina no responde sus exhortos. La magistrada está dispuesta a insistir.
Stolbizer llevará la misma información a Suiza, donde los buitres habrían hallado un giro de Baéz de U$S 65 millones distribuidos en tres bancos.
Ninguna de aquellas novedades parece conmover a Sebastián Casanello. El juez conduce las investigaciones sobre el empresario K y el presunto lavado de dinero. Pero lo hace a su ritmo, perezoso, sin preocuparse por la ampliación de informaciones que requieren Suiza y Uruguay. No está en ese lugar de la Justicia por casualidad.
Fuente: Clarín, 22/10/14.
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La trama va quedando al desnudo
Por Ricardo Kirschbaum.
Después de la sorpresiva aclaración del jefe de la AFIP negando una relación de socios entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez, vino otra: la admisión del mismo funcionario sobre la existencia de una obvia relación comercial entre ambos.
Ricardo Echegaray afirmó que desde el punto de vista “técnico fiscal, la Presidenta y Báez no son socios”, dejando abierta la posibilidad que desde otra perspectiva sí lo podrían ser, añadiendo el funcionario que existe entre ellos una relación comercial.
La cuestión central es que la “relación” se establece entre la jefa del Estado y el principal beneficiario de la obra pública, que, entre otros negocios, le alquilaba a la familia Kirchner los hoteles de su propiedad y pagaba por cada habitación, estén o no ocupadas.
El titular de la ONG Contadores Forenses, Alfredo Popritkin, dice que las relaciones entre los Kirchner y Austral Construcciones, de Báez, permiten deducir “la existencia de un vínculo más próximo a una simple relación comercial”.
La doble aparición de Echegaray refleja una fuerte preocupación de la Casa Rosada por desligarse de la relación con Báez, justo cuando los abogados de los fondos buitre investigan la ruta del dinero que habría salido de Argentina, vía Uruguay, para distribuirse en muchas empresas en el exterior que dependerían de una empresa madre con sede en Seychelles.
Los buitres anunciaron hace unos días la aparición de tres cuentas nuevas adjudicadas a Báez y distribuyeron un esquema de cómo habría sido la ruta del dinero.
Eduardo van der Kooy, en su columna dominical, insiste hace quince días, que la principal preocupación de Cristina Kirchner es saber si los investigadores de los fondos buitre tienen más información sobre los titulares de esas cuentas y si son miembros de la familia presidencial.
El interés de los fondos buitre no es ético ni tiene nada que ver con una cruzada anticorrupción. Se asemeja demasiado a una extorsión para lograr el pago del fallo de Griesa. De la investigación que están haciendo se sabe poco. Pero lo que han difundido en dosis homeopáticas hace presumir que es más importante lo que ocultan que lo que ya han revelado.
Al igual que Echegaray, el ministro de Justicia quedó chapaleando en el lodazal.
Debió salir a desmentir una información de Clarín sobre la desaparición de un expediente de la firma que compró la imprenta Ciccone y su explicación se asemejó a un papelón. Porque la desaparición de una parte del expediente prueba que los amigos de Boudou que actuaron habrían sido protegidos desde el poder. No se habría tratado, en consecuencia, de un favor al vicepresidente sino que es una cobertura más vasta que involucra al Gobierno.
Por lo tanto, las aclaraciones y ambigüedades de Echegaray sobre Báez-Cristina y los balbuceos del ministro Alak forman parte de la misma trama que se está descubriendo.
Fuente: Clarín, 22/10/14.
El libro que desnuda la corrupción de Ricardo Echegaray
abril 25, 2014
El libro que desnuda la corrupción de Ricardo Echegaray.
Fuera de Control de Matías Longoni.
Los casos de Southern Winds, la valija de Antonini Wilson, los subsidios de la ONCCA, los terrenos en El Calafate, las facturas truchas usadas para pagar coimas: en todos estos acontecimientos sospechados de corrupción intervino Ricardo Echegaray.
Protagonista de una veloz carrera ascendente en el Estado, dirigió varios de los principales organismos de control y desde allí promovió o encubrió diversas irregularidades. Echegaray personifica una de las caras de ese kirchnerismo que muchos se niegan a ver porque es antagónico al que, de buena fe, apoyan.
El libro Fuera de control del periodista Matías Longoni retoma algunos episodios de conocimiento público y también revela muchas historias desconocidas protagonizadas por Echegaray: la del flamante oficial de la Marina que defiende la dictadura y hace «bailar» a cadetes apenas más jóvenes; la del abogado de pueblo que participa de estafas contra sus propios vecinos; la del militante liberal que pregona a gritos el desmantelamiento del Estado que, diez años después, ya como funcionario, utiliza para habilitar negocios particulares, perseguir opositores y acallar periodistas; la del funcionario que consiente hackear las principales bases de datos oficiales con dudosos fines; la del recaudador que permite la fuga de 1.800 millones de dólares de las arcas estatales.
Lo interesante de la obra es que menciona algunas de las investigaciones que hizo Tribuna de Periodistas en su momento y destaca que fue uno de los primeros medios en desnudar al hoy titular de la AFIP.
Por primera vez, se ofrece gratuitamente la obra para descargar por los lectores. Imperdible (ver links abajo).
Fuente: Tribuna de Periodistas.
https://lucasraffablog.wordpress.com/2013/05/02/libro-gratuito-fuera-de-control/#more-7093
Ricardo Echegaray, funcionario corrupto.
El acoso de la AFIP, un arma para acallar voces críticas
abril 25, 2014
El acoso de la AFIP, un arma para acallar voces críticas.
Por Marcelo Bonelli.
La AFIP le envió una inspección fiscal y personal a Miguel Blanco, el actual titular de IDEA y coordinador del crítico e inédito documento empresario que aprobó esta semana el Foro de Convergencia Empresarial.
La acción se adoptó desde la Casa Rosada con el intento de presionar a Blanco, después de que en enero fuera elegido por las treinta cámaras para redactar y llevar adelante los acuerdos del movimiento empresario.
Ricardo Echegaray le abrió una investigación sobre la forma como liquidó históricamente sus bienes personales. Fue exactamente después de que el agrupamiento empresario anunciara que se encaminaba a alertar sobre la complicada marcha de la economía y a pedir un plan antiinflacionario.
La acción obedeció al intento de la Casa Rosada de hostigar y condicionar las conversaciones que se llevaron adelante durante febrero y marzo para confeccionar el documento crítico.
Blanco hizo comentarios sobre la persecución de la AFIP entre sus íntimos, pero siempre trató de quitarle dramatismo para no complicar las complejas negociaciones empresarias.
El titular de IDEA les dijo a sus allegados que la acción de la AFIP no iba a maniatar políticamente al Foro de Convergencia, porque él tenía todos sus papeles en regla con el organismo recaudador.
La apertura de la inspección de la AFIP ocurrió después de que Blanco hiciera declaraciones públicas críticas en febrero y las ratificara a comienzos de marzo en la TV. El propio Blanco confirmó la acción de la AFIP a Clarín. Pero –como había prometido– intentó bajar los decibeles. Así, dijo: “En febrero, la AFIP inició una revisión histórica de mis pagos por Bienes Personales, pero yo no tengo temor, porque cumplí con todo.” Y agregó: “Espero que sea una acción de rutina, que no esté relacionada con mi gestión en el Foro de Convergencia.” La persecución fiscal forma parte de los métodos del Gobierno para atemorizar y castigar a quienes deciden opinar distinto al relato oficial de Cristina Kirchner.
En la AFIP existe un “equipo especial” encargado de tareas de hostigamiento a opositores, empresarios, jueces, periodistas y referentes que intenten desmarcarse de la Casa Rosada. Lo dirige Guillermo Michel, con línea directa con la Presidenta.
Este grupo fue el encargado de accionar contra el juez Ricardo Lorenzetti.
Michel es subdirector de la AFIP y el nexo entre Echegaray y el aduanero Jorge Lambiris.
Una mecánica similar utilizaron los funcionarios contra el titular de la Unión Industrial, Héctor Méndez, cuando objetó en enero el desconcierto económico de Axel Kicillof. En ese caso lo vetaron de las licitaciones públicas del Estado. Méndez, como ahora Blanco, rechazaron las presiones y siguieron con sus actuaciones. La réplica obedece al hartazgo por estas prácticas persecutorias de la Casa Rosada. También, muchos se animan porque están preocupados por la herencia que dejará el cristinismo.
Esto último explica la inusual confluencia de los hombres de negocios en un documento crítico, después de tantos años de silencio y sumisión al poder político. El texto del “paper” que había adelantado Clarín ya fue girado a los precandidatos presidenciales y está en el escritorio del jefe de Gabinete.
Primero, Cristina le ordenó a Jorge Capitanich salir a desacreditarlo. Pero frente a la repercusión negativa, después intentó licuarlo y le bajó el tono a la confrontación. Ahora, los hombres de negocios están inquietos por el bloqueo a Techint y la anemia oficial para actuar frente a Hugo Moyano. Hay nueve plantas bloqueadas.
Ayer, la Asociación Empresaria Argentina expresó su “total rechazo al bloqueo, porque afecta derechos al trabajo y a la circulación.” Pero los hombres de negocios están también atentos a una jugada política que intenta retener en manos del cristinismo una caja política trascendente: el control de YPF. Un fuerte lobby político local y económico internacional propuso a los candidatos presidenciales para el 2015 mantener a Miguel Galuccio al frente YPF, para darle continuidad a la política petrolera.
Internamente trabajan en esa dirección varios operadores influyentes como, José Luis Manzano, Dorotea Capurro, dirigentes peronistas y hasta algunos de los ex secretarios de Energía que fueron contratados últimamente por YPF. También empresarios kirchneristas como Cristóbal Lopez.
La continuidad de Galuccio es un proyecto original que se le atribuye al núcleo duro del cristinismo: Carlos Zannini, Andrés Larroque y Sergio Urribarri soñarían con mantener el control de YPF y contar con una fuente que los financie cuando sean desalojados de la Casa Rosada. Internacionalmente, varias empresas de servicios petroleros también empujan la operación “Galuccio eterno.” Daniel Scioli escuchó esas proposiciones en su viaje a Estados Unidos. Un influyente emisario local le transmitió idéntica fórmula a Sergio Massa, y Mauricio Macri escuchó igual sugerencia en el Council of Americas. Hubo un pedido similar a Ernesto Sanz, en su último viaje al exterior. En todos los casos, los candidatos se sorprendieron con la osada propuesta. Fueron cautos en sus respuestas, pero ninguno ve cómo justificar la permanencia de Galuccio, quien sigue sin cosechar los éxitos que anunció.
Bajo su conducción, la petrolera estatizada no pudo –hasta ahora– cambiar el deterioro productivo energético de la Argentina. YPF logró pequeños avances como consecuencia de controvertidas decisiones políticas: subsidios del Estado, mayor deuda y una escalada en el precio de las naftas que le echa más combustible a la inflación.
Fuente: Clarín, 25/04/14.
Ricardo Echegaray, el rey de los corruptos.