La ingeniería judicial de Cristina Fernández funciona. No todas las piezas encajan a la perfección pero parece enhebrar una red de protección envidiable para un Gobierno que se retira, que hace doce años que está en el poder y no se ha privado de cometer tropelías políticas y actos de indecencia pública.

Habría en la Presidenta habilidades para usufructuar facetas de un sistema judicial que moldeó en sus épocas de auge. Pero hallaría también cierto clima propicio para hacerlo. Existe una sociedad que oscila entre el hartazgo y cierta permisividad e indiferencia ante la esterilidad para modificar el estado de las cosas. Frente a situaciones similares –incluso de menor gravedad– se advertirían en países vecinos otras conductas sociales. Michelle Bachelet inició su segundo mandato en Chile hace un año con el 62% de los votos. Atraviesa un problema de corrupción (tráfico de influencias) en el cual están implicados su hijo y su nuera. Su hijo renunció de inmediato al cargo que tenía en el Palacio de la Moneda. La imagen de la mandataria está hoy por debajo del 25%. Dilma Rousseff arrancó su reelección en enero, al mismo tiempo que estalló el escándalo en la estatal Petrobras. Un gigantesco circuito de coimas para la financiación de la política. La investigación progresa aceleradamente en la Justicia. El tesorero del oficialista PT acaba de ser detenido. Su popularidad se desplomó al 15% y soporta recurrentes protestas callejeras. Cristina, en cambio, capea la muerte aún misteriosa del fiscal Alberto Nisman, que la pretendió investigar por presunto encubrimiento terrorista. Se enfrenta a un sector del Poder Judicial que querría indagarla en causas de corrupción. Logró sobrellevar la multitudinaria Marcha del Silencio en febrero. Ningún encuestador se atreve a afirmar que su imagen positiva esté ahora muy por debajo del 40%.

Aquella denuncia de Nisman está destinada al olvido. La apelación de Germán Moldes contra el rechazo en segunda instancia judicial, luego de un proceso calibrado, cayó en manos del fiscal general K, Javier De Luca. Difícilmente llegue a la Sala I de Casación que salió sorteada. La muerte del fiscal se convierte en tragedia de enredos donde suceden cuestiones asombrosas. Entre tantas: la fiscal Viviana Fein, a tres meses de producido el drama, ordenó una pericia en el GPS del automóvil que usaba Nisman y no figuraba a su nombre. Sorpresa: en el vehículo no se halló tal instrumental.

Otro de los eslabones de esa historia también va quedando a la deriva. La Cámara de Casación debía pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del Memorádum de Entendimiento con Irán votada por la Sala I de la Cámara Federal. Dos de los tres magistrados aplazaron la decisión con excusas burocráticas. El tercero en disidencia, Juan Carlos Gemignani, los tildó de impertinentes.

La misma Casación que intervendría en la denuncia de Nisman debe definir la suerte de Claudio Bonadio. El juez sustancia una causa de corrupción –la empresa Hotesur que administra una cadena hotelera en El Calafate– que involucra a la familia presidencial. Bonadio fue recusado por la sobrina de Cristina. El kirchnerismo tiene asegurado el voto de Ana María Figueroa, ligada a Carlos Zannini, el secretario Legal y Técnico. No así el de Luis Cabral. Le faltaría Gustavo Hornos para apartar a aquel juez díscolo y enviar la causa al destierro. Ese funcionario judicial estuvo vinculado a Javier Fernández, el gran gestor del Gobierno en la Justicia antes de que se produjera la ruptura presidencial con sus socios de la ex SIDE. Las líneas en ese mundo nunca resultan rectas.

Fernández respondió siempre a las directivas de Jaime Stiuso, el espía que el Gobierno pretende ligar con la muerte de Nisman. Pero ahora anda suelto y hace lo que puede. Es auditor en la AGN que conduce Leandro Despouy. Votó junto a sus tres colegas K para que no se evaluara un informe sobre anomalías en el manejo de dinero de Fútbol Para Todos. Ese giro de Fernández podría ser un anticipo, tal vez, del sentido del voto de Hornos sobre Bonadio.

Stiuso sigue siendo un enigma y un desvelo para Cristina. El espía conoce como nadie los enjuagues kirchneristas de la década. No sólo por el ataque a la AMIA y el pacto con Irán. También por la circulación de dinero negro, los negociados, aprietes (a políticos, empresarios, periodistas y particulares) y hasta muertes. Semejante poder le fue concedido por Néstor Kirchner. 

Stiuso fue determinante para la denuncia que hizo Nisman antes de morir. Le suministró parte de las pistas dispensadas por la CIA y el Mossad israelí. El nuevo jefe de la Inteligencia, Oscar Parrilli, lo citó a declarar el pasado 6 de abril por presuntas fallas en su investigación del atentado contra la AMIA. Jamás se presentó. El kirchnerismo empieza a estremecerse ante la posibilidad de alguna ingrata sorpresa.

Los fiscales de la unidad AMIA que reemplazan a Nisman han vuelto a citarlo para esta semana. Pero ninguna autoridad sabe a dónde enviarle la citación. El Gobierno está desconcertado. Ni siquiera lo declaró en rebeldía. Stiuso sería técnicamente un prófugo. Que incluso posee causas judiciales promovidas por el poder. Desapareció entre brumas después de declarar ante la fiscal Fein por la muerte de Nisman. ¿No puede rastrearlo la Agencia Federal de Inteligencia? ¿O es que los nuevos ojeadores designados en esa organización –varios camporistas– no son tan eficaces como los antiguos? ¿En que ocupa su tiempo el equipo de Inteligencia que responde al general César Milani? El espía circula por Estados Unidos y habría estado recorriendo el espinel de la CIA. Fuentes diplomáticas aseguran que Stiuso pensaría gestionar su condición de asilado político. Lo fundamentaría en su “temor razonable” a una persecución. Estaría ordenando sus argumentos para presentar la declaración jurada que exige la normativa estadounidense. Información no le falta.

La onda expansiva, de concretarse el objetivo, podría ser quizás letal para el Gobierno. Stiuso se desempeñó muchos años como director de Operaciones de la ex SIDE. Ese departamento posee delegados en las principales embajadas argentinas en el mundo. La desesperación indujo a Parrilli a pedirle a Héctor Timerman un relevamiento del personal en aquellas sedes diplomáticas. ¿Podría activar Stiuso, ahora o más adelante, esa maquinaria de espías en contra del Gobierno?

El interrogante derrama angustia en el poder. Hay quienes conjeturan que podría abrirse un canal de negociación con el espía huido. Se disparan también otras preguntas. ¿Responde el creciente enojo de Cristina con Estados Unidos sólo a una razón geopolítica? ¿O está alimentada –sobre todo– por estas peripecias domésticas? ¿Fueron sus inusitadas críticas a Barack Obama en la cumbre de Panamá, en medio del histórico deshielo con Cuba, acicateadas por su anacrónico antiimperialismo o por la sospecha de que en algún pliegue del poder de esa nación se cobijaría Stiuso?

El Gobierno, más allá de esa desventura, tendría una pizca de fortuna. La oposición permanece ajena a las andanzas del Gobierno y del Estado porque debe lidiar con una campaña electoral que no le resulta fácil. Más que la campaña, el armado de alguna alternativa de poder que concite la atención de una mayoría que reniega de la sucesión kirchnerista. Por ese motivo, funcionan sin repercusión muchas cocinas con mal olor en la Justicia. La semana pasada la Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Carlos Gonella por supuesta protección a Lázaro Báez. Gonella es un fiscal que depende de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Está a cargo de la Procelac, la unidad que debe investigar el lavado de dinero. Nunca se ocupó del empresario patagónico pese a que el juez Sebastián Casanello tramita una causa en la que está implicado. Otra extravagancia judicial del ciclo kirchnerista: el fiscal quedó procesado por encubrir a Báez; éste fue citado a declarar sólo una vez y lo hizo por escrito. En lugar de apurar las diligencias, Casanello optó por nuevas pericias que dilatarán todo.

Tampoco la oposición está atendiendo otras maniobras K que no tendrían vínculo con la corrupción. Sí, con las elecciones cruciales que se avecinan. Ha sido integrada la terna para el Juzgado Federal 3 de La Plata. Allí filtró Ernesto Kreplak, un funcionario ligado a Julián Alvarez, el camporista secretario de Justicia. Kreplak tuvo participación en la suspensión y el fracasado enjuiciamiento al fiscal José María Campagnoli. También ordenó encapsular información sobre el escándalo Ciccone. ¿Cuál podría ser la importancia de ese deslizamiento discreto? La intención no sería anclarlo en aquel juzgado. Pasaría al electoral número 1 para reemplazar a Leonardo Durán, cuya designación fue objetada por la Cámara Federal de La Plata. Desde ese lugar poseerá competencia electoral sobre Buenos Aires. La provincia representa el 38% del padrón nacional. Allí podría definirse la elección de octubre.

Tantas previsiones indicarían varias cosas. Que Cristina pretende una despedida sin alteraciones personales ni políticas. Que desea retener una considerable cuota de poder para terciar en el turno que viene. Que aspiraría incluso a una victoria, aunque su heredero fuera irremediablemente Daniel Scioli.

Fuente: Clarín, 19/04/15.

(…) A partir de mediados de 2013, Larcher y Jaime se quedaron sin encargos políticos. Ya nunca más les pidieron nada. Ni carpetas, ni seguimientos, ni nada. Habían sido sepultados del otro lado de la grieta del palacio. Podían seguir actuando a pedido de los jueces o de los fiscales, pero ya no iban a recibir órdenes de Cristina. ¿Por qué no los echaron en ese momento? Bastaba un decreto para sacarse de encima a Larcher y una resolución administrativa para liberarse de Jaime. Si Cristina no lo hizo es seguramente por una razón: les tenía más miedo afuera que adentro. La presidenta de los argentinos le tenía miedo a la reacción de los principales hombres de La Casa. A los mismos a quienes su marido y después ella le habían hecho tantos encargos, muchos de ellos inconfesables, a esos mismos ahora les temía por su posible reacción, por todo lo que sabían, por su capacidad de modificar las cosas o la apariencia de las cosas. Lo que hizo fue encargarle a Zannini la conformación de un nuevo sistema de Inteligencia. Un sistema cuya cabeza iba a ser el propio Zannini, pero que iba a ser comandado por el general César Milani, con la asistencia de la Policía Aeroportuaria y del sector de la SIDE al que sabía leal, es decir, al que conducía Pocino. Es por eso que Milani fue ascendido, el 4 de julio, a jefe del Estado Mayor del Ejército, y conservando su vieja misión de manejar el espionaje de las fuerzas armadas. En teoría, la Inteligencia militar se dedicaba a tareas vinculadas al control fronterizo y territorial, a la planificación de planes estratégicos de Defensa y análisis de riesgos no sólo militares sino también de territorio y hasta de medio ambiente. La verdad es que los militares ya tenían cientos de espías. La mayoría de ellos trabaja en brigadas repartidas por todo el país y hacían tareas de seguimientos de medios y algunos personales. Un puñado de años atrás habían sido detectados algunos espías de la Marina infiltrados en organizaciones de derechos humanos en Trelew. Parecía poca cosa, por ahora, pero no había que subestimarlos y menos aún con el presupuesto que tenían y que no paraba de aumentar. En 2012 la Inteligencia militar había gastado 340 millones de pesos y en 2013 iba a insumir casi 450 millones, con lo que se acercaba peligrosamente a equiparar el gasto de la SIDE. Eran gastos reservados, igualmente sin control, que se podían usar para espiar o simplemente para llevárselos a la casa. Nadie ajeno al general sabía para qué se estaban usando.

¿Iba Milani a reemplazar a la SIDE? De hecho, de a poco, ya lo estaba haciendo. (…)

En diciembre ya estaba todo definido. La justicia descontrolada, la sospecha de una confabulación permanente y Jaime sin canales de comunicación con la Casa Rosada. Ni él, ni Larcher. Los dos estaban desenganchados.

¿Qué fue de la vida de Javier Fernández? El gran lobista de La

Casa en Tribunales también quedó suelto. Llevaba dos semanas sin recibir ni llamados ni quejas ni encargos de ningún tipo. Naturalmente, s abía de la tensión, de los lamentos de Cristina, de sus rencores más o menos secretos en contra de todos ellos. La primera semana de diciembre, después de tanto llamar y llamar, Javier Fernández supo lo que quería saber. Que todo había terminado. Que era parte del pasado. Le explicaron que Cristina no iba a atenderlo más. Así de simple y breve. Otro desenganchado, como su amigo Darío Richarte, que pocos meses más tarde iba a abandonar la defensa de todos los funcionarios oficialistas.

Para completar el cuadro de fin de ciclo, Jaime recibió un mensaje de texto en uno de sus celulares. Decía así: Jaimito cagaste, Scioli y Matzkin se pudrieron y te van a liquidar. El Chorizo Rodríguez ya está laburando. Chau gatito, tu amigo Iván Velázquez. (…) El 17 de diciembre se anunció el cambio en la conducción. Y un día después, el 18, Parrilli citó a Jaime a su despacho del quinto piso. Se conocían desde hacía muchos años. Habían compartido la sala de espera para ingresar al despacho de Néstor Kirchner. Los dos tenían raíces sicilianas.

La primera reunión generó una segunda y una tercera. Varias veces se tuvieron que sentar cara a cara para planear «la transición». De las primeras reuniones pareció quedar en claro que ninguna de las partes quería una ruptura traumática. Por eso nadie hablaba de Jaime en público. No lo nombraba el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Ni Aníbal Fernández, que se había quedado con el puesto de Parrilli y la vocería real del gobierno. Tampoco lo nombró Cristina, ni Timerman, ni nadie.

La salida negociada era la siguiente. Jaime iba a renunciar a su cargo de director general de Operaciones, que quedaba en manos de su archienemigo interno, Fernando Pocino. Jaime debía vaciar e irse de la oficina de la calle 25 de Mayo. Pero no iba a renunciar a la Secretaría; no todavía. Iba a mantener su oficina de la base de Estados Unidos, donde todavía gobernaba su amigo Garnica. Su oficina es un decir: su cueva, en realidad, aunque seguramente ya quedaba poco de lo que había sido su cueva. También se acordó que Jaime iniciaría los trámites para jubilarse. Iniciarlos no era concretarlos; apenas era dar el primer paso. Pedirle a la Caja de Seguridad de la Policía Federal que empezara a calcular su jubilación. A esa caja habían ido todos los aportes jubilatorios de Horacio Antonio Stiuso desde diciembre de 1972. Exactamente desde hacía 42 años. Lo que acordaron fue que Jaime se iba a tomar unas largas vacaciones, hasta que bajara la tensión. Y que después se quedaría quieto, lo más quieto posible. Que iba a esperar silencioso y manso hasta las elecciones de octubre, las que iban a definir al nuevo Presidente. Después ya no sería asunto de Cristina ni de Parrilli.

—¿Acuerdo de sicilianos? —le dijo Jaime al despedirse.

—Acuerdo de sicilianos —lo saludó Parrilli.

Fuente: Clarin.com, 28/02/15.