Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, es uno de los principales blancos de las investigaciones de Estados Unidos sobre el supuesto tráfico de drogas y lavado de dinero de altos funcionarios del país, indicó un funcionario del Departamento de Justicia. Marco Bello/Reuters

Fiscales de Estados Unidos investigan a varios altos funcionarios venezolanos, entre ellos al presidente de la Asamblea Nacional, bajo la sospecha de que han convertido el país en un centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero, según más de una decena de personas al tanto de las indagaciones.

Una división élite de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Washington y fiscales federales en Nueva York y Miami están construyendo casos utilizando pruebas aportadas por ex traficantes de cocaína, informantes que eran cercanos a altos funcionarios venezolanos y desertores de las fuerzas armadas venezolanas, revelaron estas personas.

Un blanco importante, según un funcionario del Departamento de Justicia y otras autoridades estadounidenses, es el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, considerado el segundo hombre más poderoso del país.

“Hay amplia evidencia para justificar que él es una de las cabezas, sino la cabeza, del cartel”, afirmó el funcionario del Departamento de Justicia de EE.UU., en referencia a un grupo de oficiales militares y altos funcionarios de los cuales se sospecha de estar involucrados en el narcotráfico. “Definitivamente es un blanco principal”.

Representantes de Cabello no respondieron llamadas y correos electrónicos en busca de comentarios. En el pasado, las autoridades venezolanas han rechazado acusaciones sobre la participación de altos funcionarios en el narcotráfico como un intento de EE.UU. por desestabilizar al gobierno izquierdista en Caracas.

Cabello dijo el miércoles en la televisión estatal que solicitó una prohibición judicial de salida del país contra 22 ejecutivos y periodistas de tres medios de noticias venezolanos a los que ha demandado por publicar este año notas sobre las acusaciones de narcotráfico. “Yo me siento agraviado y ninguno de ellos ha pedido disculpas, ahora el malo soy yo que me acusaron de narcotraficante sin una sola prueba y el malo soy yo ¡Qué cosas, no!”, apuntó Cabello.

El gobierno del presidente Barack Obama no está dirigiendo ni coordinando las pesquisas, que son llevadas a cabo por fiscales federales con amplias facultades para perseguir sospechosos. No obstante, si las investigaciones derivan en la presentación pública de cargos contra Cabello y otros, el furor resultante en Venezuela podría sumir las relaciones entre ambos países en la crisis más grave desde que el difunto líder populista Hugo Chávez asumió el poder hace 16 años.

“Sería sísmica”, afirmó un funcionario estadounidense sobre la prevista reacción de Venezuela. “Le echarán la culpa a una amplia conspiración de derecha”.

Funcionarios estadounidenses dicen que han avanzado mucho en sus investigaciones. Sin embargo, agregan que es posible que las posibles presentaciones de cargos permanezcan selladas hasta que las autoridades puedan realizar detenciones, algo que sería difícil, si no imposible, a menos que los acusados viajen al exterior.

Las investigaciones son una respuesta al crecimiento explosivo del narcotráfico en Venezuela, dicen funcionarios estadounidenses. Presionados por Colombia, donde las autoridades combatieron enérgicamente el tráfico de drogas con US$10.000 millones en asistencia que EE.UU. proveyó desde 2000, muchos traficantes colombianos trasladaron sus operaciones al país vecino. En Venezuela, dicen funcionarios estadounidenses, hallaron un gobierno y fuerzas armadas dispuestos a permitir, y con el tiempo controlar, el tráfico de cocaína a través del país.

“La mayoría de los traficantes de alto perfil se mudó a Venezuela durante ese tiempo”, dijo Joaquín Pérez, un abogado de Miami que representa a narcotraficantes colombianos clave que han reconocido que operan desde Venezuela.

Venezuela no produce coca, la hoja que se usa para hacer cocaína, ni la droga en sí. No obstante, EE.UU. estima que cerca de 131 toneladas de cocaína, cerca de la mitad de la cocaína producida en Colombia, pasó por Venezuela en 2013, el último año del cual se tienen cifras.

Los fiscales no apuntan al presidente Nicolás Maduro, quien ha estado en el poder desde la muerte de Chávez hace dos años. Sin embargo, altos funcionarios de seguridad pública de EE.UU. dicen que consideran a varios funcionarios y oficiales militares venezolanos como los líderes de facto de organizaciones narcotraficantes que utilizan a Venezuela como el punto de partida para los envíos de cocaína a EE.UU. y Europa.

Funcionarios de EE.UU. sospechan que Tarek El Aissami (el segundo a la izquierda), ex ministro del Interior y actual gobernador del estado Aragua, ha recibido sobornos para facilitar envíos de droga. Miguel Gutierrez/EFE/Zuma Press

“Es una organización criminal”, señaló el funcionario del Departamento de Justicia, refiriéndose a ciertos miembros de las altas esferas del gobierno y las fuerzas armadas de Venezuela.

Mildred Camero, quien presidió la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas de Venezuela hasta que fue obligada a salir abruptamente en 2005, indicó que Venezuela tiene “un gobierno narcotraficante y de lavadores de dinero”. Recientemente colaboró con un libro, Chavismo, narcotráfico y militarismo, en el cual afirmó que la corrupción vinculada con el narcotráfico había penetrado el Estado, nombrando a más de una decena de funcionarios, incluyendo nueve generales, que presuntamente trabajaron con traficantes.

Las agencias de seguridad de EE.UU. señalaron que han acelerado sus investigaciones en los últimos dos años, un período en el que la economía de Venezuela ha empeorado drásticamente. El crimen desenfrenado se ha disparado, lo que ha convertido a Venezuela en el país más violento del continente y motivado a la gente a emigrar.

La profunda crisis ha facilitado a las autoridades estadounidenses el reclutamiento de informantes, dicen fuentes cuyo trabajo es enlistar personas cercanas a altos funcionarios venezolanos. Narcotraficantes colombianos y venezolanos también han llegado a EE.UU., con ansias de proporcionar información sobre funcionarios venezolanos a cambio de sentencias menores y la residencia, dicen autoridades de EE.UU.

“A partir de la agitación en Venezuela, hemos tenido mayor éxito en el desarrollo de estos casos”, precisó un fiscal federal del Distrito Este de Nueva York que trabaja en casos venezolanos.

En enero, los investigadores de EE.UU. lograron una captura importante cuando el capitán de la armada Leamsy Salazar desertó y fue llevado a Washington. Salazar, que había encabezado el equipo de seguridad de Cabello, les dijo a las autoridades estadounidenses haber sido testigo de que éste supervisó el envío de un gran cargamento de cocaína desde la península de Paraguaná, en Venezuela, afirmaron personas al tanto del caso.

Cabello ha criticado públicamente a su ex guardaespaldas, asegurando que no dirigía su equipo de seguridad y calificándolo de un “infiltrado” que no tiene pruebas de su participación en el narcotráfico. “Nuestra conciencia está totalmente tranquila”, dijo en una entrevista de radio.

Rafael Isea es otro ex funcionario que ha estado hablando con investigadores, según fuentes al tanto. Ex viceministro y por un breve lapso Ministro de Finanzas y gobernador del estado Aragua, Isea escapó de Venezuela en 2013. Fuentes al tanto del caso dicen que Isea dijo a los investigadores que Walid Makled, un jefe narco que ahora se encuentra en la cárcel, le pagaba al ex ministro del Interior, Tarek El Aissami, para enviar cargamentos a través de Venezuela.

Casi un año después de abandonar el país, Isea fue acusado de cometer irregularidades financieras durante sus días como gobernador por la fiscal general del país, y por El Aissami, quién lo sucedió como gobernador de Aragua.

Walid Makled, un narcotraficante convicto que aparece aquí en el momento en que las autoridades colombianas lo entregan a Venezuela, se jactó de tener a 40 generales venezolanos en su nómina. Diego Santacruz/El Tiempo/Zuma Press

“Hoy Rafael Isea, este bandido, traidor, está refugiado en Washington y entregado al programa de testigos protegidos a cambio de aportar información basura en contra de Venezuela”, anotó recientemente El Aissami en la televisión venezolana.

Isea ha calificado las acusaciones de falsas, motivadas políticamente y diseñadas para desacreditarlo.

Además de El Aissami, otros funcionarios poderosos bajo investigación incluyen a Hugo Carvajal, un ex director de inteligencia militar; Néstor Reverol, comandante general de la Guardia Nacional; José David Cabello, el hermano de Diosdado Cabello, ministro de Industrias y además superintendente nacional Aduanero y Tributario, y el general Luis Motta Domínguez, un general de la Guardia Nacional a cargo de la zona centro de Venezuela, de acuerdo con media docena de funcionarios y personas al tanto de las investigaciones.

Llamadas y mensajes de correo electrónico en busca de comentarios de varios ministerios gubernamentales, así como de la oficina de la Presidencia de Venezuela no obtuvieron respuesta. Algunos funcionarios han salido a las redes sociales para ridiculizar las investigaciones estadounidenses. Una cuenta de Twitter TWTR +0.49% a nombre del general Motta Domínguez dijo a principios de este año: “Ya saben el que quiera su green card y vivir en USA para conocer Disney, DIS +0.03% escoja su líder y acúselo de narco… DEA tours los atenderá jejeje!”.

Para desarrollar los casos, los funcionarios de las agencias de seguridad estadounidenses trabajan con exiliados venezolanos y otros para localizar y reclutar a venezolanos insatisfechos.

“Nosotros sacamos a la gente de Venezuela y nos reunimos con ellos en Panamá, Curaçao y Bogotá”, dijo un ex agente de inteligencia que trabaja con autoridades de EE.UU. para reclutar e interrogar a venezolanos que tienen evidencia de vínculos entre las autoridades venezolanas y el narcotráfico.

Ex oficiales militares venezolanos y otros en el exilio ayudan a ponerse en contacto con sus antiguos compañeros e instarlos a desertar, dijo el reclutador. Si el desertor puede proporcionar información útil, indicó el reclutador, es transportado por aire a EE.UU. y a una nueva vida.

“¿Qué quiere Estados Unidos?”, preguntó el reclutador, que ha lleva trabajando en casos venezolanos desde 2008. “Estados Unidos quiere pruebas, evidencias de las relaciones entre los políticos, militares y funcionarios con narcotraficantes y con grupos terroristas”.

Recientemente, en Capital Grille, un lujoso restaurante de Washington, a unas cuadras del Congreso de EE.UU., un operativo venezolano que trabaja con un organismo de seguridad pública de EE.UU. contestó la llamada de un intermediario de un funcionario de alto nivel en Caracas que buscaba intercambiar información por un trato favorable de parte de EE.UU.

“Dile que lo veo en Panamá la semana que viene”, dijo el operativo, interrumpiendo su almuerzo de ostras y bistec.

El mayor blanco es Diosdado Cabello, ex teniente del ejército de 52 años que estableció un vínculo estrecho con Chávez en la academia militar cuando ambos jugaban en el mismo equipo de béisbol. Cuando Chávez lanzó un intento fallido de un golpe de Estado en 1992, Cabello dirigió una columna de cuatro tanques que atacó el palacio presidencial en el centro de Caracas.

Cabello ha sido ministro de Obras Públicas —lo que también le dio control de aeropuertos y puertos— y además ministro del Interior y vicepresidente. También fue presidente durante unas horas en abril de 2002, cuando Chávez fue expulsado brevemente en un fallido golpe de Estado.

Muchos analistas y políticos en Venezuela dicen que creen que el poder de Cabello rivaliza con el de Maduro y está fundamentado en su influencia entre los generales venezolanos.

Julio Rodríguez, un coronel retirado que conoce a Cabello de sus días en la academia militar, indica que el presidente de la Asamblea Nacional tiene lazos estrechos con 46 de los 96 tenientes coroneles actualmente a cargo de batallones en Venezuela.

Hugo Carvajal, ex director de inteligencia militar de Venezuela, acusado en Nueva York y Miami de cargos federales de tráfico de droga, fue detenido el año pasado en Aruba a petición de EE.UU., pero fue liberado bajo el argumento de que tenía inmunidad diplomática. Noel Werleman/EFE/Zuma Press

Bajo, fornido y de cuello corto y grueso, Cabello, que a menudo porta un uniforme chavista estándar de camiseta roja y chaqueta tricolor con el rojo, amarillo y azul de la bandera nacional, es anfitrión del programa Con el mazo dando en la televisión estatal, en el que usa grabaciones telefónicas de opositores para atacarlos y avergonzarlos. Rodríguez dijo que cree que Cabello nunca hará ningún tipo de acuerdo con EE.UU. “Diosdado es un kamikaze”, afirmó. “Nunca se rendirá”.

Investigadores estadounidenses han construido trabajosamente casos contra funcionarios venezolanos utilizando la información obtenida de casos delictivos en EE.UU. En Miami, dicen personas familiarizadas con el asunto, un elemento clave en dichas investigaciones fue un banda de contrabando de drogas manejada por el colombiano Roberto Méndez Hurtado. Este narcotraficante habría ingresado cocaína en Venezuela a través del estado occidental de Apure y, de acuerdo con personas familiarizadas con su caso, se habría encontrado con altos funcionarios venezolanos. La cocaína era trasladada por barco o avión a islas del Caribe antes de alcanzar las costas de EE.UU.

Méndez Hurtado se declaró culpable en una corte federal de Miami en 2014 y recibió una pena de prisión de 19 años. Fuentes cercanas a la investigación dicen que él y sus cómplices no habrían sido capaces de operar sin haberle pagado a una serie de altos oficiales militares y funcionarios del gobierno venezolano.

“Es súper claro el involucramiento de altos oficiales de la Guardia Nacional y del gobierno de Venezuela en el narcotráfico”, dijo un ex oficial de inteligencia y lucha contra el narcotráfico de la Guardia Nacional de Venezuela que huyó del país el año pasado asustado por la abrumadora la corrupción que veía a diario.

“Todos se sienten presionados”, dijo. “Las presiones llegan a que todos se rinden al narco”.

En otro caso judicial en Brooklyn, los fiscales han conocido las complejidades del comercio de drogas en Venezuela después de romper una red de contrabando de cocaína dirigido por Luis Frank Tello, quien se declaró culpable, según documentos judiciales. La cocaína era traída por la frontera con Colombia y enviada al norte con la ayuda de agentes de la Guardia Nacional de Venezuela, a veces desde el aeropuerto de Maracaibo, la segunda ciudad del país.

Las investigaciones estadounidenses de funcionarios venezolanos han estado en curso durante años, aunque los investigadores a veces se han visto frustrados por cuestiones políticas.

En 2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso a tres importantes asesores del entonces presidente Chávez en una lista negra y congeló todos sus activos en EE.UU. Entre ellos se hallaba Carvajal, conocido como “El Pollo”, entonces jefe de la inteligencia militar. EE.UU. actuó después de que amplias pruebas surgieran a principios de ese año de las computadoras de un comandante de la guerrilla colombiana muerto, en la que, según los gobiernos de EE.UU. y Colombia, se describía el floreciente comercio de cocaína por armas entre los rebeldes y generales y oficiales venezolanos.

En 2010, la fiscalía de Manhattan hizo pública una acusación contra Makled, el distribuidor de drogas venezolano acusado de enviar toneladas de cocaína a EE.UU. a través de Puerto Cabello, principal puerto marítimo del país, supuestamente controlado por Makled. Este, que había sido capturado en Colombia, se jactaba de tener 40 generales venezolanos en su nómina.

“Todos mis socios comerciales son generales”, dijo entonces Makled en su correspondencia con uno de sus asociados, a la que tuvo acceso The Wall Street Journal. “Te estoy diciendo despachamos 300.000 kilos de coca. No podría haberlo hecho sin la parte superior del gobierno”.

Agentes de la DEA entrevistaron a Makled en una prisión colombiana mientras se preparaban para extraditarlo a Nueva York. Pero en cambio, Colombia lo extraditó en 2011 a Venezuela, donde fue condenado por tráfico de drogas. El pasado febrero fue condenado a 14 años y seis meses de cárcel.

En julio pasado, funcionarios antidrogas estadounidenses casi atrapan a Carvajal, quien había sido acusado en Miami y Nueva York con cargos por narcotráfico y detenido en Aruba a instancias del gobierno estadounidense. Pero las autoridades holandesas lo liberaron a Venezuela con el argumento de que tenía inmunidad diplomática.

Tras la liberación de Carvajal, Maduro elogió al antiguo jefe de inteligencia, a quien definió como un dedicado luchador contra las drogas que batió récords mundiales capturando a capos del narcotráfico.

EE.UU. también está recopilando información de los banqueros y financistas que manejan el dinero de altos funcionarios venezolanos. Desde el año pasado, dicen personas familiarizadas con el asunto, el gobierno de EE.UU. ha revocado las visas de al menos 56 venezolanos, incluyendo banqueros y financistas cuyas identidades no se han hecho públicas. Algunos han tratado de cooperar con los investigadores con el fin de poder volver a ingresar a EE.UU.

“Ellos están sacudiendo a todos estos corredores de dinero”, dijo un abogado que representa a dos financistas venezolanos que han tenido sus visas revocadas. “La información está llegando muy rápidamente”.

—Chris Matthews en Nueva York contribuyó a este artículo.

Fuente: The Wall Street Journal, 18/05/15.

CARACAS — El gobierno de Venezuela, que subsidia fuertemente la electricidad, comenzará a racionarla para responder al aumento de la demanda de energía debido al uso de aires acondicionados en medio de una gran ola de calor que golpea al país, dijeron el martes funcionarios del país.

Los cortes comenzarán por las oficinas del sector público, en donde la jornada laboral se reducirá de ocho a seis horas y donde se moderará el uso de energía, dijo en un mensaje por la televisión estatal el vicepresidente Jorge Arreaza. El funcionario también prometió inspecciones de empresas privadas tales como centros comerciales, hoteles y otras industrias para asegurarse de que están cumpliendo con una resolución de 2013 que estableció un recorte de 10% en el consumo eléctrico.

Áreas críticas del sector público, como las de petróleo, la salud, la banca y la educación no serán afectadas por las nuevas medidas, según las autoridades.

La fragilidad de la oferta energética es uno de los muchos problemas que enfrenta Venezuela, un país rico en recursos que sufre los coletazos de una crisis económica y una falta de liquidez, debido en parte a la caída de los precios del petróleo. Apagones frecuentes en el interior del país han avivado las acusaciones de mala gestión e insuficiencia de la inversión del gobierno en la red eléctrica. Venezuela nacionalizó el sector bajo el fallecido líder de izquierda, Hugo Chávez.

Pero las autoridades de Venezuela, que obtiene dos tercios de su energía de turbinas hidroeléctricas, dicen que el culpable es el cambio climático.

“Esto por supuesto está vinculado con el calentamiento global, con el cambio climático, con la acción de la industrialización desmedida, de la industrialización del capitalismo que no repara, ni reparó nunca en los efectos que podía tener sobre el clima, sobre la sociedad, sobre nuestra madre Tierra”, dijo Arreaza.

Las temperaturas en Caracas subieron el lunes a un máximo de 35 grados centígrados, luego de haber llegado el martes a 28 grados, dijo el ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón.

Venezuela produce 20.000 megavatios de electricidad. Pero en los últimos días, la demanda se ha incrementado en 1.500 megavatios, ubicándose en cerca de 18.000 megavatios, dijo Chacón. “En esas condiciones, el sistema comienza a tener problemas de estabilidad”, agregó.

Los funcionarios atribuyen gran parte del aumento de la demanda al mayor uso de aires acondicionados y pidieron a los venezolanos moderación. El consumo residencial de energía representa 40% de la demanda total, más que el comercio o la industria.

Chacón también animó a los usuarios a recurrir a “autogeneración” de energía durante las horas pico de la tarde y por la noche, pero no ofreció detalles.

Durante la escasez de energía en años anteriores, particulares, empresas e industrias recurrieron a generadores de combustible fósil para mantener las luces encendidas. La medida provocó un aumento de la demanda doméstica de gasolina. A la tasa de cambio del mercado negro, US$1 puede comprar hasta 500 galones de gasolina en Venezuela.

El lunes, los medios locales informaron de cortes de energía que afectan a varios estados, así como algunas partes de Caracas.

“Esto es primero la protección del Estado”, dijo el vicepresidente Arreaza, explicando las últimas medidas de ahorro de energía. Y segundo, “la protección colectiva del pueblo”.

El funcionario agregó que esperaba “que en pocas semanas mejoren las condiciones climáticas y se pueda flexibilizar algunas de estas medidas”.

Fuente: The Wall Street Journal, 28/04/15.

El alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Reuters

La semana pasada, cuando agentes de inteligencia de Venezuela arrestaron al alcalde de Caracas Antonio Ledezma, dispararon al aire para aterrorizar a la multitud. Eso no es algo inusual para el Estado policial venezolano, que ha aprendido de la dictadura cubana. Pero el hecho subrayó la magnitud de la crisis económica y política que envuelve a un país con una de las mayores reservas de petróleo del mundo.

Ledezma está acusado de planear el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro con ayuda de Estados Unidos. El gobierno no ha presentado evidencia alguna. La verdadera ofensa del alcalde fue firmar una carta este mes en la que califica al gobierno de Maduro como “terminal” y en la que propone una transición de regreso a la democracia.

Los líderes opositores Leopoldo López, encarcelado hace un año, y María Corina Machado, quienes enfrentan cargos de planear un atentado contra Maduro, también firmaron la carta. El martes, la Asamblea Nacional, controlada por el presidente, le quitó su curul y su fuero al congresista de la oposición Julio Borges. Él también está acusado de ser parte de la conspiración anti-Maduro.

El arresto de Ledezma se produjo una semana después de que Venezuela permitiera que el valor de su divisa cayera de 50 bolívares por dólar a 170 bolívares por dólar. El banco central dice que aún proveerá de dólares a algunos importadores a tasas preferenciales, incluyendo 6,3 bolívares para alimentos y medicinas y 12 para otros. Pero la devaluación de 70% es un reconocimiento de que la única forma de lidiar con la amplia escasez de productos es dejar que los precios se ajusten, incluso al costo de una elevada inflación.

Un gobierno al que se le acaba el dinero encontrará que contener el descontento popular es más difícil de lo que era. Ledezma ha apelado a los venezolanos desde la cárcel para que “continúen la lucha en las calles” y la creciente desesperación económica eleva las probabilidades de una confrontación sangrienta. Se está haciendo tarde para que EE.UU. y sus aliados comiencen a llamar a la tiranía por su nombre en Venezuela.

Fuente: The Wall Street Journal, 26/02/15.

La gente hace fila frente a un supermercado Día Día para comprar productos básicos, a comienzos de febrero. Reuters

CARACAS — El comercio minorista parece ser un negocio cada vez más riesgoso en Venezuela, un país que lucha contra la escasez de bienes básicos, precios altos y largas horas de espera para los consumidores.

En la última semana, el director general de la cadena de supermercados Día Día quedó bajo arresto después de una reunión en el palacio presidencial, dos docenas de sus gerentes de tiendas fueron sometidos a interrogatorio y el control de los 35 locales de la firma fue asumido por el Estado.

Detrás de las medidas del gobierno está la acusación de que Día Día y otros minoristas están acaparando alimentos en un intento por sembrar la inestabilidad y derrocar al gobierno, un cargo que las empresas rechazan.

“Si quieres la cooperación de la empresa privada, la mejor forma de obtenerla probablemente no sea arrestando a las personas cuando salen del palacio presidencial”, dijo José Aguerrevere, fundador y copropietario de Día Día.

No fue la primera confrontación del gobierno con los grandes distribuidores minoristas. En los últimos días los funcionarios detuvieron a varios directivos de Farmatodo, una importante cadena de farmacias. El gobierno dijo que este año ha detenido a más de 20 empresarios y directivos de firmas de distribución de alimentos y otros bienes básicos.

El ejecutivo de Día Día Manuel Morales fue acusado de sabotaje y desestabilización de la economía. Enfrenta hasta 10 años de prisión.

Venezuela está en medio de una profunda crisis económica. Los consumidores enfrentan una escasez generalizada de productos con precios controlados que van del desodorante a la leche. Los controles de precios y las nacionalizaciones han perjudicado a la producción local, y los controles de divisas han privado a la economía de los dólares necesarios para pagar las importaciones, dice la mayoría de los economistas.

El gobierno, sin embargo, culpa al sector privado de la escasez, diciendo que las empresas están acumulando a propósito productos para enfurecer a los venezolanos y desestabilizar al gobierno. El presidente Nicolás Maduro, al anunciar la toma de control de Día Día, dijo que la cadena libraba “una guerra contra el pueblo” y que sus supermercados serían incorporados al sistema de distribución de alimentos del Estado.

El temor se está apoderando de los 800 empleados de la cadena luego de que agentes del gobierno descendieran a las tiendas tras el anuncio del viernes. El gobierno ya ha sacado cerca de un cuarto de los alimentos del inventario, dijeron representantes de la empresa.

Inspectores estatales y fuerzas de seguridad empezaron a quitar el control de las operaciones de los gerentes de los locales, dijo Yohana Carrillo, de 23 años, encargada de uno de los supermercados en el centro de la capital. “Han venido acá, nos han insultado, diciendo que están a cargo. ¿Qué va a pasar con nosotros?”, preguntó.

Los empresarios en Venezuela, a menudo considerados por el gobierno villanos o directamente traidores, temen hablar en público. Pero Aguerrevere dijo que hablaba con la prensa con la esperanza de lograr la liberación de Morales.

Aguerrevere, que estudió en la Universidad de Harvard, dijo que también buscaba defender su compañía. Antes de que se instalara Día Día, que tiene 35 supermercados en los barrios pobres, la mayoría de los residentes de estas localidades compraban sus productos de primera necesidad en tiendas de abarrotes familiares que cobran casi 30% más que los grandes distribuidores, según el sitio web de la empresa. La idea de la cadena era dar a los pobres los mismos precios bajos que disfrutaban los ricos.

Aguerrevere dijo estaban intentando resolver la presente crisis alimentaria, pero que era difícil lograrlo cuando el gobierno encarcelaba personas.

La semana pasada, un grupo de funcionarios y soldados del ejército ocupó el almacén principal de la cadena en un acto que fue transmitido en vivo por televisión. Cuando las cámaras enfocaron las existencias de productos tales como harina de trigo, Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, acusó a la empresa de privar a la gente de comida. El líder del Congreso añadió que era sorprendente ver tantos productos allí.

El mismo día, Morales y Luis Rodríguez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), fueron convocados al palacio presidencial para reunirse con Carlos Osorio, vicepresidente de Soberanía y Seguridad Alimentaria y actual ministro del Despacho de la Presidencia, dijo Aguerrevere.

La reunión fue cordial, manifestó. Le mostraron al ministro documentos para explicar que Día Día mantenía en su almacén central un inventario equivalente a tres días de ventas, desde donde era distribuido a las tiendas de la firma, que son pequeñas y no están diseñadas para guardar inventarios.

Al salir del palacio presidencial, Morales fue rodeado por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Le informaron que estaba arrestado. Al preguntarles bajo qué órdenes, los oficiales respondieron “Sr. Osorio”, según Aguerrevere. Llamadas a la oficina de Osorio en busca de comentarios no tuvieron respuesta.

Antes de la reciente campaña del gobierno, hacer negocios en Venezuela no era nada fácil, dijeron ejecutivos de Día Día. Luchaban con límites estrictos de precios y ganancias, soportaban inspecciones semanales de agentes del gobierno que llevaban cuenta de su inventario y aguantaban la respiración cada vez que Maduro arremetía contra el capitalismo.

Los bienes regulados se transforman en pérdidas para la cadena, dijo Edith Mijares, una gerente de 37 años de una tienda de Día Día en Caracas. El costo de vender estos productos ni siquiera cubre el precio de las bolsas de plástico en que se colocan los artículos, agregó.

Además del cargo de Osorio, así como el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, el gobierno también ha abierto una nueva agencia, la Superintendencia para la Defensa de Derechos Socioeconómicos, para contabilizar los inventarios de las empresas. La nueva dependencia fue añadida a las varias agencias que ya existen para rastrear alimentos en su recorrido desde los puertos hasta las estanterías de las tiendas.

Luis Viloria, un profesor de economía de la Universidad de Zulia, en la ciudad de Maracaibo, dijo que no había un escenario en el que Día Día pudiera acaparar inventario. Los alimentos, señaló, son monitoreados paso a paso por el gobierno. A su juicio, la campaña contra la cadena es simplemente una manera de distraer la atención de la gente de los problemas del país.

Las tensiones han ido en aumento por meses a medida que los venezolanos pierden cada vez más la paciencia, lo que ha desplomado la tasa de aprobación de Maduro a menos de 25%. En diciembre, se celebrarán elecciones parlamentarias. Es habitual que los soldados escolten los camiones de suministros para prevenir que multitudes impacientes causen disturbios en los supermercados.

Herminia Salazar, de 28 años y quien trabaja en una tienda de Día Día, dijo que hace más o menos un mes se encontró entre un camión y una multitud cada vez más enardecida. Un inspector del gobierno estaba presente, pero en vez de intentar calmar a la multitud la instigó a que expresaran su ira, dice y agrega que salió a tratar de explicar la situación, pero que la gente los acusaba de esconder productos, cuando en la tienda no había acaparamiento, asegura.

Fuente: The Wall Street Journal, 09/02/15.