YPF le vendió a GE el 24,99% de su unidad eléctrica por USD 276 millones
La petrolera informó a la Bolsa de Comercio el cierre del acuerdo con el conglomerado estadounidense, que además hará un pago contingente de USD 35 millones.
YPF incursionó en el negocio de la generación eléctrica a partir de 2013.
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La petrolera argentina YPF informó este miércoles que cerró un acuerdo para vender el 24,99% de su subsidiaria Energía Eléctrica al conglomerado estadounidense General Electric (GE) por 276 millones de dólares.
GE hará también un pago contingente de 35 millones de dólares, con fecha de cierre el 28 de febrero, según un comunicado enviado por YPF a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
YPF dijo que se encuentra en negociaciones avanzadas con un potencial tercer socioa efectos de otorgarle una opción para que suscriba un 24,5% adicional de las acciones de su subsidiaria Energía Eléctrica en términos similares a los acordados con GE.
YPF Energía Eléctrica, que cuenta con una capacidad de generación de 1.687 Mw, tiene proyectos en construcción por 485 Mw adicionales y se encuentra evaluando distintos proyectos con una inversión total de unos USD 1.300 millones, informó Reuters.
Techint invertirá US$ 2.300 millones en Vaca Muerta
Es la primera inversión fuerte tras el anuncio del acuerdo de productividad con los gremios y el nuevo precio del gas.
Por Martín Bidegaray.
Paolo Roca, CEO Techint. .
Tecpetrol, la petrolera de Techint, le anticipó al presidente Mauricio Macri que invertirá US$ 2.300 millones en Vaca Muerta. El desembolso será desde ahora hasta 2019 y es el primer anuncio desde que el Poder Ejecutivo anunció que pagará US$ 7,50 por millón de BTU (la unidad de medida del gas) para lo extraído en Vaca Muerta desde 2018 y de la firma del acuerdo de productividad con los gremios.
Paolo Rocca, titular de Techint, y Carlos Ormachea, de Tecpetrol, estuvieron con Macri y el ministro de Energía, Juan José Aranguren. De los US$ 2.300 millones que aportarán, cerca de US$ 1.600 millones serán para el desarrollo de pozos de gas no convencionales y US$ 700 millones corresponden a infraestructura para el yacimiento.
Tecpetrol ya cuenta un piloto en Vaca Muerta, pero el acuerdo con el sindicato y el gobierno de Neuquén la alentó a expandirse y ahora planea 150 pozos en los próximos 3 años. La inversión generará 1.000 puestos de trabajo, y se espera que sea el puntapié de una serie que continuará YPF, asociada con otros socios.
Rocca tuvo un desacuerdo en público con el ministro de Aranguren, ya que quiere un precio de US$ 7,50 en su caracter de productor de gas, pero busca que la industria pague menos (US$ 3,50) cuando utiliza ese gas en su producción industrial, tal como lo reflejó el último documento de la UIA.
En el Gobierno había alegría por el anuncio de inversión. El presidente de YPF, Miguel Angel Gutiérrez, informó hace poco que el costo de producción de un pozo en Vaca Muerta ya está en los US$ 8 millones. Con la gestión anterior (de Miguel Galuccio), era de US$ 14 millones. El menor costo es seguido de cerca por la industria antes de lanzarse a realizar inversiones.
Un fondo buitre inició una demanda millonaria contra la Argentina por la expropiación de YPF
Burford Capital compró el juicio que encabezan dos empresas en liquidación que había utilizado la familia Eskenazi para adquirir el 25%; la demanda también alcanza a la petrolera
Por Juan Pablo De Santis.
A través de dos empresas residuales de la familia Eskenazi, el fondo buitre Burford Capital inició una demanda ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra YPF y la República Argentina por la expropiación de la mayoría de acciones de la petrolera.
La demanda fue presentada el 8 de abril pasado, una semana antes del tercer aniversario de anuncio de proyecto de ley de nacionalización de YPF, y reclama un resarcimiento económico alegando que durante el proceso de expropiación se violaron las leyes de oferta pública en los Estados Unidos.
Todavía no fue establecido un monto solicitado, pero se presume multimillonario, dado que las acciones en cuestión habían sido adquiridas hace siete años por una cifra superior a los 3300 millones de dólares.
Aunque en la práctica, el litigio es financiado y conducido por Burford Capital, el fondo que «compró el juicio» con el único fin de litigar contra la Argentina. Esta empresa es una de las más importantes de Estados Unidos que invierte en la industria del litigio corporativo, tal como se lo conoce en la jerga, y tiene una cartera valuada en U$S 500 millones.
El texto del planteo jurídico al que accedió LA NACION reclama un resarcimiento económico porque al momento de llevarse a cabo la expropiación el Gobierno argentino no lanzó una oferta pública de adquisición sobre las acciones a un precio predeterminado para retomar el control de la firma, tal como lo establecían «los estatutos de YPF» y el prospecto de oferta pública que la compañía presentó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos en 1993.
Así los litigantes afirman que fueron violados sus derechos como inversores. «Pero Argentina e YPF intencionalmente y de mala fe rompieron esas promesas», dice el texto de la presentación judicial alegando que «el resultados de violar el requisitos de oferta de compra y otras conductas ilícitas fueron devastadoras para Petersen y otros accionistas de YPF».
Por su parte, el Grupo Petersen Argentina -de la familia Eskenazi y con sede en Buenos Aires- afirmó a este medio a través de un comunicado que sus accionistas nada tienen que ver con la presentación de esta denuncia, sino que es producto del proceso de liquidación de estas dos empresas con las que habían comprado su participación en YPF y que está observado por la Justicia de España.
«Estamos al margen y no tiene injerencia alguna en cualquier proceso judicial que se esté desarrollando en la Argentina o en el exterior», reafirmaron.
ANTECENDETE. Tras la salida de Marsans de Aerolíneas Argentina, el fondo Burford Capital compró los derechos del litigio que el grupo español inició contra el país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.
LA RUTA DE LA DEMANDA
Tras haber acordado su ingreso a YPF con el Gobierno argentino y Repsol, el grupo empresario de la familia Eskenazi constituyó en Madrid (España) un arquitectura legal para comprar las acciones de la petrolera: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, ambas sociedades anónimas unipersonales que oficiaron de cascarón legal. A su vez estas dos estaban integradas por Petersen Energía PTY Ltda, con sede en Australia.
Antonio Brufau, CEO de Repsol, y Enrique Eskenazi, de Grupo Petersen, al finalizar la compra de acciones de YPF el 5 de mayo de 2011. Foto: Archivo
En 2008, los Eskenazi compraron el 14,4% de YPF a Repsol y en 2011 ejercieron una opción de compra hasta alzarse con un cuarto de la propiedad de la firma. En una maniobra poco común, la compra se materializó vía un préstamos de Repsol y otros cinco que fueron concedidos por los bancos Itaú, Credit Suisse, Citibank, Standard Bank y BNP Paribas.
Los créditos serían repagados con utilidades que los nuevos accionistas cobrarían en la compañía. Por entonces, Sebastián Eskenazi fue nombrado CEO.
Al haber quedado vaciadas de activos, las legalmente españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía se acogieron a la ley de bancarrota -un proceso similar a lo que localmente se conoce como concurso de acreedores- y un juez competente debió intervenir en la liquidación de las sociedades.
«Las dos firmas en liquidación actuando bajo la autoridad de una Corte Española competente y con el interés de atender las deudas de ambas empresas iniciaron una demanda multimillonaria contra YPF y la Argentina por la pérdida del 25% de su participación en YPF», informó a través de un comunicado de prensa en Londres la agencia Neustria Partners, representates de prensa de los litigantes.
Cristina Kirchner le dice No a los «Fondos buitre»
«En el contexto que se presenta el fondo Burford Capital que salió a buscar el único activo, por llamarlo de algún modo, que le quedaba a estas dos empresas cáscara en liquidación con las que se compraron acciones de YPF. La estrategia es clara, adquiere los derechos del juicio por una pequeña suma y luego litiga», explicó a LA NACION un abogado societarista de un importante estudio porteño con conocimiento de la demanda, pero que requirió no divulgar su nombre.
YPF SA fue consultada por este medio, pero no brindó comentarios al respecto.
“Cristina lo hizo”, dicen en el mercado financiero, al referirse al desplome de las acciones de YPF. Empezaron el año con un valor de $ 168 pero ayer cerraron a $ 74, lo que implica una caída del 56%. Como consecuencia, el valor bursátil del papel se desplomó: pasó de $ 66.000 millones en enero a $ 29.200 millones.
Esto se traduce en una pérdida de capitalización de $ 36.800 millones en lo que va del año. Como en el transcurso de 2012 se desarrollaron 204 jornadas bursátiles, equivalió a una caída de $ 180 millones por día.
Si se tiene en cuenta que cada rueda tiene seis horas, el rojo llegó a los $ 30 millones por hora, lo que se traduce en $ 500.000 por minuto.
Andrés Méndez, director de AMF Economía, sostiene que las restricciones cambiarias impactaron en forma negativa, como así también la estatización y la ruptura de ciertas reglas de juego, más allá de que era evidente que la YPF privada estaba preparando su retirada.
A su juicio, la persistencia de un elevado riesgo soberano impone un signo de interrogación sobre la forma en que se financiará la expansión de la empresa.
Fernando Baer, director de la consultora Bconomics, es tajante: “La estatización es el motivo de la caída. El único. Más el contexto local de rebelión con el resto del mundo, en términos de apego a los contratos (no nación, sino provincias, pero en la percepción del riesgo afecta también), embargos, fragata, fondos buitres y la posibilidad de un default técnico. Todo eso le pega, porque Argentina va a tener que pagar por la expropiación. En jurisdicción extranjera se va a dirimir eso. Por eso, no le veo futuro en el corto plazo. Aunque, a estos precios, no vendería el papel. Lo conservaría para el mediano plazo”.
Gustavo Ber, titular del estudio que lleva su nombre, apunta que la acción de YPF se encuentra entre las más castigadas en lo que va del año.
“Al igual que sucede con muchos activos domésticos, presenta valuaciones muy competitivas frente a sus comparables regionales”, advierte.
En el caso de esta compañía, la atención inversora parecería estar concentrada en la implementación del importante plan estratégico de inversiones durante los próximos años, a través del cual buscará potenciar su perfil productivo.
Dicha mejora en los fundamentals, acompañada de una mayor reinversión de utilidades y un renovado acceso al financiamiento a través del mercado financiero que fortalezca su estructura de capital, podría actuar como driver para normalizar a futuro las valuaciones.
“Desde los actuales niveles de valuación, y por las perspectivas que tiene, es una interesante alternativa para aquellos inversores con un horizonte de mediano plazo”, apuesta Ber.
Alejandro Bianchi, portfolio manager de InvertirOnline, confiesa estar comprado en el papel: “Compré luego de que se confirmó la estatización. Veo que el mercado sobreponderó en forma negativa la medida. Los temores sobre la estatización, que tras confirmarse, llevan a YPF a un estado no muy diferente del de Petrobras; es decir, con mayoría estatal pero con continuidad de inversores y cotización pública, llevaron al papel a ese fuerte recorte”.
De hecho, perdió un 63% desde sus máximos de febrero de 2011. Hoy, por múltiplos, YPF es casi siete veces más barata que Petrobrás.
“Creo que es un papel para tener. A su vez, se financia a bajas tasas con el dinero de la Anses. Por ende, siendo realistas me parece que está más para estar long YPF”, precisa Bianchi.
Andrés Méndez, en cambio, tiene sus dudas: “Lamentablemente, las decisiones de política interna no juegan a favor de una buena perspectiva para la empresa. Sería deseable que estos factores comiencen a revertirse, pero hasta ahora no se ve nada claro el panorama”.
A su criterio, es momento para aguantar el papel: “Todo está muy sensibilizado a raiz de los fallos vinculados con los holdouts. Estimo que, con el correr de las semanas, las aguas se irán calmando, aunque tampoco debemos esperar grandes cambios en materia de política económica. Pero si, quizás, podamos tener períodos de mayor tranquilidad que el actual”.
Estima que el retroceso en la cotización de YPF tiene que ver con el aumento del riesgo país y las consecuentes dificultades para acceder a los mercados voluntarios de deuda. “YPF necesita una significativa inyección de fondos y cada vez resulta más elevada la barrera en materia de costo del dinero”, concluye.
Julieta Halloy, analista de Carta Financiera, advierte que la caída en los títulos, sumados a los controles cambiarios, han dificultado encontrar un inversor dispuesto a aportar capital para explotar los yacimientos de Vaca Muerta como pretendía hacer Repsol. Esta explotación exige una inversión de más de u$s 35.000 millones en cinco años y, según el presidente de la petrolera, Miguel Galuccio, esta inversión se realizaría con 70% de capital propio.
La expropiación de YPF se vuelve en contra de Cristina
Por Mary Anastasia O’grady
MADRID — El presidente de la junta directiva de Repsol, Antonio Brufau, confía en que su empresa salga airosa en su batalla por obtener una compensación por el 51% que poseía en YPF y que Argentina le expropió. Sin embargo, en una entrevista reciente, dejó en claro que no espera llegar a un acuerdo pronto.
«Argentina no quiere pagar nada», me dijo Brufau en la sede de Repsol. Espera que el gobierno trate de imponer, para justificar su postura, «multas ambientales» equivalentes al valor de lo que debe.
El ministro de Planificación de Argentina, Julio De Vido, sugirió lo mismo. «Hablamos con los gobernadores para que liquiden provincia por provincia los daños ambientales. Seremos absolutamente inflexibles», advirtió en abril. El viernes, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, acusó a la empresa española: «Repsol se internacionaliza sobre las costillas de YPF», expresó», tras «canibalizar» a la petrolera y «depredar nuestro medioambiente», aseveró. Asimismo, enfatizó que Argentina no tiene ninguna intención de pagar los US$10.000 millones que Repsol dice que se le deben.
A partir de una serie de multas que podrían llevar a cero sus obligaciones con Repsol, es posible que Argentina calcule que podría esquivar la condena internacional y restaurar la confianza de los inversionistas sin tener que recurrir a sus menguantes reservas internacionales. No obstante, es probable que sea una tarea difícil.
Brufau dice que en 12 años de operaciones en Argentina, la empresa nunca fue citada por daños al medio ambiente salvo lo que ya había informado y provisionado adecuadamente. Durante ese tiempo, Repsol dice que ha invertido 680 millones de pesos, US$152 millones, en reparación medioambiental y provisionado otros 483 millones de pesos, unos US$102 millones, para «situaciones de impacto ambiental».
Repsol ha llevado su reclamo a la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, en Washington. Pero incluso si la razón está de su lado, no hay duda de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuenta con que se trate de un interminable proceso. Mientras tanto, ella tiene los activos de la compañía con los que cuenta para darle un mayor control sobre lo que parece ser una economía al borde de la crisis.
Pero la decisión de YPF podría empeorar la situación, incluso en el corto plazo. Eso se debe a que la nacionalización se hizo violando el artículo 17 de la Constitución argentina, que dice que una expropiación deber ser llevada a cabo de acuerdo con lo que estipula la ley y no sin antes haber compensado a la compañía.
El hecho de que ni los tribunales ni el Congreso (incluida la oposición) trataran de detener lo que era claramente ilegal según la propia legislación del país confirma lo que muchos argentinos han temido: los pesos y contrapesos al poder Ejecutivo alguna vez previstos han desaparecido. La conclusión lógica es que si el Ejecutivo quiere operar un estado policial, Kirchner no tendrá disputa por parte de otras instituciones.
Tal vez si lo ocurrido en torno de YPF fuera un hecho aislado, Kirchner podría aspirar a rescatar algo de credibilidad del estado de derecho en Argentina. Pero no lo es. Desde las libertades civiles —en particular la libertad de prensa, que ha sido agresivamente atacada por el Ejecutivo— hasta la libertad económica, los argentinos y los inversionistas extranjeros han ido perdiendo sus derechos. La expropiación de YPF ha intensificado su sentimiento de aprensión.
La manifestación más reciente es la ofensiva contra el derecho a comprar dólares. La inflación acumulada entre 2010 y 2011 es de casi 50%, pero el peso apenas se ha depreciado 15%, por lo que los mercados esperaban que el gobierno se viera obligado a permitir un ajuste más acelerado del tipo de cambio. Pero la presidenta y su equipo económico se movieron en la dirección contraria: la imposición de estrictos controles sobre la venta de dólares. Los importadores que necesitan comprar dólares ahora se ven en apuros.
El gobierno también comenzó a exigir que los exportadores conviertan sus ingresos en dólares a través del banco central en un plazo de 15 días desde que haya sido realizado el envío al extranjero. Cuando las exportaciones cayeron, la fecha límite se corrió a los 30 días, que sigue siendo una carga excesiva. Los viajeros que necesitan dólares deben realizar la solicitud al gobierno, explicar a dónde van y por qué.
El resultado es un pánico creciente. Los bonos argentinos de 2012 en dólares ahora rinden 19%, las operaciones en pesos en el mercado negro a se realizan con una prima de 40% sobre la cotización oficial y los informes de la prensa dicen que los bancos argentinos han perdido 10% de sus depósitos en dólares en las últimas tres semanas.
YPF hizo el año pasado un gran descubrimiento de esquisto bituminoso en una región llamada Vaca Muerta. ¿Será Kirchner capaz de recaudar el dinero que necesita para explotar el hallazgo? Repsol ya ha señalado que cualquier competidor que se haga cargo de superficies de YPF que hayan sido exploradas enfrentará acciones legales de la empresa española. Pero incluso sin esa amenaza, Argentina es hoy un país donde cualquier cosa puede pasar y un buen lugar que los inversionistas deberían evitar. Fuente: The Wall Street Journal, 03/06/12. ————————————————————— Más información: https://www.economiapersonal.com.ar/2012/06/03/argentina-bajo-un-estado-policiaco/
El futuro incierto de la petrolera Repsol tras la expropiación de YPF
Después de semanas de rumores, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ordenó el pasado 16 de abril nacionalizar el 51% de YPF, a la que ha declarado de interés público, poniendo punto y final a una relación comercial que comenzó en los primeros meses de 1999 con la adquisición de la empresa al Estado argentino. Lo hace tras meses de mantenerla bajo presión política y culparla de una caída en la producción de crudo del país por no haber realizado suficientes inversiones. El porcentaje nacionalizado provendrá completamente de la participación del 57,4% que controla actualmente Repsol, que se quedará con poco más del 6% de la compañía argentina. Por su parte, la operación no afectará al grupo argentino Petersen, propiedad de la familia Eskenazy, que mantendrá el 25,46% que acumuladesde su entrada en YPF en 2008, ni a las acciones que cotizan en los mercados bursátiles, alrededor de un 17% del capital.
El Gobierno de Argentina tomó esta decisión porque quiere recuperar su capacidad de autoabastecerse de combustibles, puesto que lleva años teniendo que hacer millonarias importaciones energéticas que erosionan su superávit comercial. Sin embargo, muchos analistas dudan de su capacidad para compensar económicamente, ni por experiencia ni conocimientos técnicos, el trabajo realizado hasta el momento por Repsol YPF y de lograr la financiación necesaria para invertir en el aumento de su producción petrolífera.
La reacción de la petrolera española no se hizo esperar. Su presidente, Antonio Brufau, manifestó al día siguiente en una rueda de prensa que la decisión de Argentina era un acto «ilegítimo e injustificable precedido de una campaña de hostigamiento, coacciones y filtraciones interesadas». Por eso mismo, Mauro Guillén, profesor de Gestión y director del Lauder Institute de Wharton Business School, cree que “Repsol tenía que haberse anticipado a este problema. Es muy fácil echarle la culpa a Argentina o a Fernández [de la expropiación]. Pero ya se sabe lo que es ese país en términos de seguridad jurídica y de bandazos en la política económica. Repsol ha tenido años para poder cambiar el curso, vender YPF, buscar alternativas…”, comenta.
Consumada la expropiación, Brufau aseguró que la empresa «tomará todas las medidas legales a su alcance» contra el Gobierno de Argentina y recuerda que el país tiene el «compromiso» de lanzar una OPA por el 100% si quiere tomar el control de la filial. Según explicó, el abanico de medidas de defensa que se podrían adoptar es amplio “y podrá comprender acciones individuales o de clase en los diversos países involucrados, incluyendo demandas de carácter constitucional, administrativo, de mercado de valores, de carácter civil o mercantil o de resarcimiento de los daños y perjuicios causados».
Repsol calcula que el valor de YPF es de 18.300 millones de dólares (unos 14.000 millones de euros), o de 46,55 dólares por acción, por lo que la participación del 57% de la española en la argentina asciende a 10.500 millones de dólares (unos 8.000 millones de euros). «Todos los Estados tienen derecho a expropiar, pero a pagar también el precio justo», avisó Brufau.
«No le vamos a pagar lo que ellos dicen, como el señor Brufau, 10.000 millones dólares», respondió el viceministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, al hablar ante el Senado el día 17 de abril. «La valuación de YPF será en base a datos objetivos no a especulaciones bursátiles», advirtió el que fue nombrado por Fernández de Kirchner como subinterventor en YPF.
La capitalización de mercado de YPF era el día 17 de abril de unos 10.400 millones de dólares, después de que las acciones de la petrolera perdieran cerca de un tercio de su valor en 2012 por las constantes presiones de Argentina para que incrementara las inversiones y el temor a una expropiación que finalmente sucedió.
Movimientos legales
Carlos Jiménez Piernas, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá y colaborador de El Real Instituto Elcano, explica que el marco jurídico internacional que regula las inversiones entre España y Argentina es el Acuerdo sobre protección de inversiones celebrado entre ambos Estados en 1991. En virtud de este texto, Repsol y Argentina pueden mantener negociaciones durante seis meses con el propósito de resolver amistosamente la diferencia. Pasado ese tiempo, la compañía tiene la opción de resolver directamente sus diferencias con Argentina ante un tribunal arbitral internacional, en lugar de someterse a los jueces argentinos. Se trataría de un tribunal arbitral internacional constituido al amparo del Centro Internacional para el Arreglo de las Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington.
Este experto señala que para obtener satisfacción mediante esta vía arbitral la empresa española “debería probar que las medidas adoptadas tanto por el Gobierno argentino en el marco del procedimiento expropiatorio, como por las distintas provincias argentinas que en las últimas semanas le han venido retirando concesiones de explotación a YPF, resultan ilegales y discriminatorias”.
Jiménez apunta que esta vía arbitral “presenta resultados dispares y muchas incógnitas para los inversores extranjeros”, por lo que considera “aconsejable” que “Repsol explorara a fondo la posibilidad de un arreglo razonable para sus intereses acerca del montante de la indemnización durante la fase de negociaciones previas” a la opción del arbitraje con el gobierno argentino, “lo que minimizara las pérdidas de la expropiación de YPF”. “Arreglo que de lograrse ofrecería sin duda la ventaja inapreciable de evitar un largo y complejo procedimiento arbitral internacional, y que por la gravedad y alcance económico del acto expropiatorio puede provocar paralelamente un importante deterioro a largo plazo de las relaciones entre ambos Estados”, argumenta.
La medida argentina también ha abierto una crisis diplomática con España a la vez que ha provocado una dura crítica internacional hacia el país sudamericano. La primera decisión del Gobierno español para castigar a Argentina ha sido asignar cuotas de producción de biodiésel en las plantas españolas. Esto provocará en la práctica limitar las importaciones de biodiésel argentino, cuyo valor ascendió el año pasado a 750 millones de euros. En total, España compró 719.473 toneladas de este biocombustible a Argentina, casi la mitad de las 1,6 millones de toneladas consumidas. Además, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró el pasado 24 de abril en el en el Congreso que el Gobierno de España continuaría con una defensa «firme» de Repsol y que acudirá a los foros económicos internacionales para «lograr la justa compensación».
España ha recibido numerosos apoyos internacionales, entre ellos los de Estados Unidos, México y la Unión Europea, donde ya se han dado los primeros pasos para castigar a Argentina. El Parlamento Europeo (PE) ha instado a Bruselas a suspender parcialmente las ventajas arancelarias que concede a Argentina. Por amplia mayoría, los eurodiputados aprobaron el pasado 20 de abril una resolución que pide a la Comisión y al Consejo de la UE que valoren opciones como la «posible suspensión parcial» de Argentina del sistema generalizado de preferencias (SGP), del que se benefician las exportaciones de ese país para entrar al mercado comunitario. Según datos que maneja la propia Unión de 2010, aproximadamente el 27% de todas las exportaciones argentinas dirigidas a la UE (equivalentes a 2.400 millones de euros) se benefician de este tipo de ventajas comerciales. Especialmente, productos como biodiesel, aceite de soja, aceite de semilla de girasol, camarones y filetes de merluza congelados, zumo de limón, tabaco, mandarinas y uva de mesa.
“De conformidad con el Derecho Internacional, en estos momentos España tiene un margen de actuación bastante limitado”, advierte Jiménez. Desde un punto de vista de las relaciones bilaterales entre España y Argentina, él recuerda que el acuerdo hispano-argentino sobre la protección de inversiones permite que España inicie un procedimiento judicial internacional contra Argentina si considera que ésta ha incumplido alguna de las obligaciones reconocidas en el mismo. Pero advierte de varios problemas si se toma esta vía: que “esta decisión repercutiría muy negativamente en los inversores españoles que operan en Argentina” y que “apenas existe práctica que avale el recurso a esta vía jurisdiccional”.
Jiménez considera importante poner de relieve la perspectiva comunitaria, es decir, el papel que puede desempeñar la UE en este conflicto, ya que mediante el Tratado de Lisboa los Estados miembros le atribuyeron la competencia en materia de protección de las inversiones extranjeras directas, lo que “invita al Gobierno de España a gestionar y consensuar todas las decisiones que adopte respecto a este asunto con el resto de socios europeos”.
Para este experto, “en el corto plazo tanto el Gobierno español como la UE deben volcarse en las gestiones informales tendentes a facilitar una salida airosa para Repsol”. Cree que “tiempo habrá”, tanto si fracasan las negociaciones entre Repsol y el Gobierno argentino acerca del montante de la indemnización, como si más tarde, llegado el caso, Argentina se negara a honrar la indemnización fijada por un laudo arbitral, “para adoptar contra el país latinoamericano medidas de retorsión, e incluso de represalia, a la vista de cómo se desarrollen los acontecimientos”. “Porque habrá indemnización y el Gobierno argentino lo sabe”, opina.
Las opciones estratégicas de la compañía
Mientras se resuelve el pago de la indemnización, Repsol tendrá que plantearse cómo afrontar su futuro sin YPF. Guillén comenta que “Repsol tiene un tamaño intermedio y pocas reservas, comparado con las grandes compañías globales. Tiene que crecer. La adquisición de YPF fue hace más de 10 años y desde entonces no ha tomado una gran decisión. Ahora con la crisis del euro y la falta de crédito le va a resultar más difícil”.
Joaquín Garralda, profesor de estrategia del IE Business School, señala tres posibles caminos para la compañía: la unión con alguna de las grandes empresas del sector, un pacto con China o la compra de alguna otra empresa nacional latinoamericana. En cuanto a la primera de estas opciones, considera que “el tamaño de Repsol es uno de los factores claves, ya que con YPF era grande y lanzarle una opa era más difícil para otra empresa, pero en estos momentos la opción es más factible”.
“Repsol tiene algunas importantes fortalezas que pueden interesar a algunas grandes empresas mundiales”, destaca Garralda. En su opinión, ha desarrollado muy bien el conocimiento de extracción marítima en grandes profundidades, mantiene buenas relaciones con las administraciones de Latinoamérica y es buena con la gestión de los derechos humanos en la región. Y añade: “También será importante saber qué ocurrirá con el desarrollo de la Ley Dodd-Frank, que exige que todas las empresas que cotizan en las bolsas de valores de los Estados Unidos hagan públicos los pagos que hacen a los Gobiernos a cambio de recursos naturales, identificados por país y por proyecto. Repsol tiene muy buena reputación en lo que se refiere al buen gobierno y la transparencia. Podría aportar a alguna empresa estadounidense su experiencia en la gestión de la responsabilidad corporativa desde un punto de vista europeo”.
Guillén coincide en que “Repsol puede establecer una alianza con alguna otra compañía, sobre todo asiática”, pero cree que “sin YPF, la compañía española es menos atractiva”. Solo en la Patagonia argentina, donde había invertido más de 400 millones de dólares, la empresa tenía planeado explotar lo que calculaba podía ser uno de los mayores yacimientos de recursos no convencionales (aceites y gas de esquisto) del mundo.
Este profesor cree que Repsol lo tendrá “muy difícil” para ganar la fuerza que ha perdido con YPF mediante la adquisición de nuevas compañías en la región “porque los países latinoamericanos no se han visto tan afectados por la crisis como los europeos y ha subido el precio del petróleo y las materias primas, por lo que no se encuentran en la necesidad económica de realizar grandes ofertas para vender compañías nacionales para conseguir liquidez”.
¿Y la opción de seguir sola? “Podría hacerlo, pero las fuerzas dinámicas externas que hay a su alrededor son muy fuertes y ahora, tras su caída en bolsa está a unos precios interesantes para los mercados. El problema de la petrolera es que es lo suficientemente grande como para tener un gran inversor nacional de referencia, pero muy pequeña para poder interesar a las grandes compañías del sector”, concluye Garralda. Fuente: Wharton Universia, 02/05/12.
«La Argentina adiestró al mundo a esperar que no cumpla contratos»
Entrevista con Moisés Naím
Por Silvia Pisani
Lúcido observador de las relaciones internacionales, autor y columnista, Naím considera que la estatización de YPF fue «un manotazo de ahogado» del Gobierno, afirma que tendrá un impacto «muy negativo» para el país y cree, además, que no resolverá la crisis energética de la Argentina.
La Argentina es el país en el mundo que más cantidad de psicoanalistas tiene por habitante», gusta decir Moisés Naím, cada vez que la realidad de nuestro país desafía su reconocida capacidad de análisis político.
Desde la perspectiva de este académico venezolano residente en Estados Unidos, no exenta de ironía, no hay modo de entender la estatización de Repsol YPF sino desde una contumaz incapacidad social para aprender de las experiencias del pasado. Le cuesta, como investigador y observador lúcido de la escena internacional, aceptar que un país que hoy invierte más dinero en tratar de mantener a flote tres empresas estatizadas que el que deriva a programas de bienestar infantil aplauda una decisión de la que mucho duda que sirva para superar el déficit energético.
«El relato oficial no se cree», asegura. Desde su punto de vista, la más controvertida decisión de Cristina Kirchner no hace sino ratificar el perfil de la Argentina como un país donde los contratos no se cumplen y la realidad se intenta torcer para el lado que convenga. «El problema es que esto no es sólo obra de un gobierno sino, también, de numerosos actores sociales, absolutamente incapaces de servir como el necesario contrapeso en una democracia», dice.
En una conversación en Washington, Naím sostuvo que, al final de cuentas, en una triste historia de idas y venidas con privatizaciones y estatizaciones, el nuevo giro con la estatizada petrolera no es otra cosa que «un poco más de lo mismo» en una calesita histórica de corrupción y malos negocios para los contribuyentes, que, al final, son los que pagan por el pato de la boda.
¿Qué efecto tiene en la percepción de la Argentina en el mundo la decisión de estatizar Repsol YPF?
-Es un efecto muy negativo. Lo que se ha aprendido en el mundo es que las políticas económicas nunca son brochazos aislados para que las cosas funcionen bien. Las políticas económicas, para que funcionen bien, son un conjunto de medidas congruentes, consistentes a mediano y largo plazo. Esta decisión es, a todas luces, una medida aislada, que no parece responder -ni habíamos oído antes ni ahora- a un plan nacional de energía. Ciertamente, esto no forma parte ni está enmarcado en un plan de desarrollo. Esto no resuelve los problemas macroeconómicos ni mucho menos los energéticos que padece la Argentina como legado de muchos años de malas políticas, de descuido y de falta de inversión, al menos en el sector de energía y en el sector eléctrico. Esto nadie lo está interpretando como una nueva política económica o como una profundización en una visión de largo plazo para el país. Esto está visto, generalmente y salvo en la Argentina, como un manotazo de ahogado.
– ¿No hay oído para el argumento oficial en el sentido de que el país viene de importar 3000 millones de dólares en petróleo y que esa situación es insostenible?
-Sí, claro, hay gente que lo escucha y que lo cree. El presidente [de Venezuela Hugo] Chávez ha declarado su admiración y respeto por esta decisión. Lo hizo al mismo tiempo en que declaró solidaridad y respeto por el gobierno de Bashar al-Assad, en Siria, y le mandaba cargueros con suministros, como quince fueron, para apoyar al gobierno «heroico», según él, de Bashar al-Assad.
– ¿Quiere sugerir con eso que, desde la visión internacional, este paso acerca a la Argentina al eje «chavista» en la región?
-Lo más importante es que en la mente de los que mueven el mundo, en la mente de los que hacen análisis político, la Argentina no entra. Nadie tiene en mente a la Argentina como un jugador influyente en ningún campo. La Argentina no es un país sistémico. Es un país percibido esencialmente como un exportador de soja y con una de las tasas de inflación más altas del mundo, de la que, dicho sea de paso, tiene prohibido informar. Pero no es que los analistas y los inversores en los Estados Unidos ni en ninguna otra parte del mundo estén evaluando el rol geopolítico o el peso de la Argentina en el mundo.
– Se lo pregunto de otra manera: ¿hay algún espacio en el mundo exterior en que se preste oído a los argumentos esgrimidos a favor de esta medida y se los convalide?
-El gobierno argentino lo está haciendo, está tratando de explicarlo. El problema es que, en el mundo de hoy, la información fluye a gran velocidad y las cosas, por más que los gobiernos intenten opacarlas, disfrazarlas o pintarlas como sea, la realidad termina apareciendo.
– ¿Qué quiere decir con eso?
-Que de este caso se sabe ya mucho como para que vengan, de pronto, con esos argumentos. Quiero decir que es conocida ya la trayectoria que venía llevando la relación con Repsol; que es conocida la decisión oficial de empujar a Repsol a unirse con la familia Eskenazi; que es conocida la relación cercana y la alineación del gobierno de Kirchner y de la familia Eskenazi, y que es conocido el hecho de que, últimamente, esa relación ya no era tan cálida. Son conocidos, también, los términos extraordinariamente ventajosos que el Gobierno le concedió a la familia Eskenazi para entrar en la operación; que es conocido el contexto de regulación, control y demás políticas que imperaron y que se impusieron a la empresa y que realmente hicieron muy difícil que pudiera cumplir sus objetivos funcionales. Entonces, con todo eso, criticar y afirmar que la decisión de estatizar resulta del mal manejo «de una empresa colonialista española que está abusando de la benevolencia y del sentido ético del gobierno argentino» es una narrativa que en el mundo de hoy y a la luz de las muchas informaciones que hoy se tienen no es fácil de creer ni de aceptar. El «relato» no se cree.
-Desde ese punto de vista, ¿esto es un golpe para la credibilidad del gobierno argentino o la del país? ¿O es un momento incómodo del que puede salirse adelante con la probada habilidad del Ejecutivo para tejer alianzas y salir a flote en el momento oportuno?
-Esto es algo que trasciende al gobierno kirch- nerista. Sin duda, es el actor principal, pero aquí hay otro tipo de actores y lo cierto es que, con o sin la familia Kirchner, el mundo queda perplejo de la gran cantidad de actores sociales argentinos que aplauden esta medida.
– ¿Por qué?
-Porque no se puede estar menos que perplejo ante la incapacidad o ante la ausencia de otros actores sociales y políticos capaces de poner esta decisión en su contexto y en su balance; para hacer una lectura de pesos y de contrapesos, que es lo básico que en toda democracia debe existir para impedir justamente este tipo de acciones unilaterales.
-Pero es que, del otro lado, España no parece acompañar en este reclamo. Por ejemplo, el G-20 ni el FMI ni la misma Unión Europea (UE) parecen tomar un partido decidido. La UE, por caso, hace declaraciones alarmistas, pero no pasa de las palabras. Nadie parece acompañar decididamente a España en su queja. ¿Significa eso que la Argentina tiene razón?
-Creo que en el mundo hay problemas mucho más importantes. No estamos hablando de un evento que va a sacudir las finanzas mundiales. Esto no es la quiebra de Lehman Brothers ni la quiebra de la aseguradora AIG. Esto no es más que una nacionalización más, en un país que tiene una tradición de no cumplir con sus compromisos y de no honrar sus contratos.
– Entonces, no habría que sorprenderse.
-Tristemente, la Argentina ha adiestrado al mundo a esperar que no cumpla los contratos ni los compromisos. Diferentes gobiernos argentinos en distintos momentos políticos así lo han hecho. Lo otro que hay que destacar es que el mundo les pone atención a los fenómenos que son sistémicos. Un país es sistémico cuando lo que hace o deja de hacer afecta o tiene impacto en el resto del mundo. Una empresa es sistémica cuando lo que le ocurre tiene impacto en varias partes del mundo. En este caso, el impacto es limitado, porque la Argentina está crecientemente aislada del mundo y el contagio es muy limitado.
– O sea, ¿que no importa?
-Yo lo sintetizaría así: para la Argentina, es más de lo mismo.
– Uno de los vaticinios que se hacen es que la estatización tendrá un efecto adverso sobre el clima de inversión. Sin embargo, del otro lado, cuando uno habla con inversores, su prioridad es buscar lugares en el mundo donde haya crecimiento y, hoy, eso ocurre en la Argentina.
-En el mundo hay calidades de inversores. Por supuesto que hay inversores con mayor aversión y otros, con mayor apetito por el riesgo. Pero estos últimos también actúan de modo de poder recuperar su inversión y obtener pingües ganancias en muy corto plazo, para seguir viniendo a la Argentina con un ánimo más especulativo. O sea, beneficios a corto plazo con la menor inversión posible. Eso puede ser celebrado como elección. Pero con eso cierran la puerta a inversores de alta calidad, que le den al país permanencia, previsibilidad y empleo de alta calidad y a la economía una sostenibilidad a largo plazo y competitividad. Yo no dudo que la Argentina seguirá atrayendo inversores, pero son inversores que operarán con mucha cautela y con un ánimo más orientado a este tipo de actividad, con mínima inversión y máxima ganancia. Y eso no es socialmente deseable.
– Usted dice que esto es algo que trasciende a un gobierno, ya que la oposición y enormes sectores sociales lo celebran. ¿Puede ser que tanta gente esté equivocada?
-No sé qué le pasa a la sociedad argentina. Me encantaría que alguien me diera una buena explicación. Ya lo dije hace poco, en un artículo en el que hablaba de la propensión al psicoanálisis que tienen los argentinos?
– Sí, lo vi. Algunos dicen que el psicoanálisis es salud.
-Lo que quiero decir es que todos conocemos personas que comentan que cómo es posible que «El», en su momento, o que «Ella», ahora, esté cometiendo estos errores de nuevo. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es esta dificultad de aprendizaje que tiene la sociedad argentina, que no aprende de lo que le ha sucedido? Experiencia no es lo que le ocurre a un país. Experiencia es lo que ese país hace con lo que le pasa. Lo que estamos aprendiendo es que la Argentina no hace cosas diferentes con lo que le ocurre y sigue cometiendo los mismos errores.
– En la Argentina, hay encuestas con un resultado a favor de la nacionalización.
-Es verdad. Hay una andanada de críticas en todo el mundo, excepto en la Argentina. Y eso es sorprendente, ya que se trata de un país que sufrió una larga, conocida y triste historia de nacionalizaciones que sólo trajeron pérdidas, corrupción y miseria.
– Generalmente, se habla más del daño de las privatizaciones que del daño de las estatizaciones?
-Mire, en la década pasada, la compañía de agua de Buenos Aires, Aerolíneas Argentinas y varias empresas de electricidad que habían sido privatizadas en los años noventa fueron renacionalizadas con argumentos muy parecidos a los que ahora ha utilizado la Presidenta para justificar la toma estatal de Repsol. El resultado de estas renacionalizaciones ha sido catastrófico. No sólo sus servicios y desempeño general han empeorado, sino que incurren en pérdidas gigantescas que pagan los argentinos con sus impuestos. Según ha explicado Jorge Colina, economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, al periodista Charles Newbery, el subsidio estatal a estas tres empresas el año pasado fue un 80% mayor que el gasto gubernamental en el programa de bienestar infantil.
– Del otro lado, lo que señalan las autoridades es el caso de las petroleras que, en el mundo, están en manos del Estado.
-No todos son para aplaudir. Los argentinos que lo hacen también pueden echar una mirada a los casos de la mexicana Pemex y de la venezolana Pdvsa, que son muy aleccionadores. Estas dos grandes compañías petroleras tienen más en común que el hecho de ser estatales o ejercer un virtual monopolio sobre la exploración y producción de petróleo y gas en países ricos en hidrocarburos. Su similitud más sorprendente es que, a pesar de que los precios del petróleo han estado en pleno auge, las dos empresas han declinado. Su producción, reservas y el potencial son inferiores a lo que solían ser, y su rendimiento es mucho peor de lo que fácilmente podría ser.
– Eso nos lleva, otra vez, al eterno debate sobre si es mejor una empresa estatal o una privada para la explotación de recursos naturales.
-No necesariamente. Hay experiencias de todo tipo. Por ejemplo, están los casos de Brasil y de Colombia. Hasta hace poco, ambos eran importadores de hidrocarburos. Hoy la brasileña Petrobras es un actor global que va en camino de convertirse en una de las petroleras más importantes del mundo, mientras que en Colombia la producción de petróleo se ha disparado. En ambos casos, el gobierno se reserva un papel central, pero ha creado estructuras que protegen la gestión de la empresa de interferencias políticas.
– Volviendo al mapa internacional y al perfil que usted describe para la Argentina como un país que acumula celebridad en el incumplimiento de contratos. ¿Fue ingenua España cuando, en 2005, lanzó una «asociación estratégica» con la Argentina?
-En este caso, hay que recordar que las empresas petroleras están condenadas a operar adonde las lleve la geología, no la ideología. Para producir gas y petróleo hay que ir a los lugares en cuyo subsuelo haya gas y petróleo. Esto es tan cierto para Repsol como lo es para ExxonMobil o para Shell, que también deben operar en ambientes inciertos y, a veces, hostiles.
– ¿Hay espacio para que otras empresas españolas en la Argentina -y existen unas cuantas de mucho peso- teman represalias de las autoridades argentina en el caso de que Madrid presione demasiado con sus reclamos con Repsol?
-Es obvio que las empresas extranjeras deben estar viendo con preocupación lo que le sucedió a Repsol. Pero esto parece más bien un caso aislado, motivado por cálculos muy específicos del Gobierno y no el resultado de una estrategia deliberada en contra de las empresas extranjeras en general, o de las españolas en particular. De hecho, no me sorprendería que, para compensar, el Gobierno lanzara una ofensiva de relaciones públicas y acciones positivas en favor de los inversionistas extranjeros.
– ¿Comparte las hipótesis que conjeturan que la oportunidad de la nacionalización incluyó alguna lectura sobre el momento de debilidad y vulnerabilidad de Madrid, acuciado por un sinfín de problema y con escasa capacidad de reacción?
-Ignoro eso. Pero, desde afuera, y sin elementos concretos de información, la manera como fue tomada y ejecutada la nacionalización pareciera reflejar más improvisación que un sofisticado análisis geoestratégico o económico. No da la impresión de que haya habido aquí mucha reflexión ni análisis.-
Moisés Naím
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MANO A MANO
Moisés Naím habla suave, con una musicalidad evocadora de la Venezuela donde nació, en 1952. Inmune, casi, su español, a los extranjerismos de quienes, como en su caso, residen desde hace años en los Estados Unidos. Se expresa con humor y con ironía, y con voracidad por los datos: los incorpora con la misma velocidad con que los suelta en cada análisis.
Viaja por el mundo, lee periódicos, conversa con quienes toman decisiones alrededor del planeta. Comprender y luego explicar es la vocación de quien tiene un paso por la gestión pública como ministro de Industria de Venezuela y como directivo del Banco Mundial, pero que luego derivó en académico e investigador, hoy, del Carnegie Endowment for International Peace, en esta ciudad.
Descubrió el «columnismo» y nunca más lo abandonó. Sus textos semanales de opinión son hoy reproducidos por los principales periódicos en América latina y Europa. «Me siento periodista», confiesa con orgullo. Ganó, hace un par de años, el reconocido premio Ortega y Gasset por su trayectoria en el oficio.
Su libro Ilícito: cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo ha sido editado en 18 idiomas y fue seleccionado por The Washington Post como uno de los mejores libros del año. Un documental basado en ese texto y producido por National Geographic fue merecedor de un premio Emmy hace un par de años. Fuente: La Nación, 29/04/12.
Los inversionistas compran deuda venezolana y venden la argentina
Por Prabha Natarajan
NUEVA YORK (Dow Jones) — En un giro de percepciones, los inversionistas ahora prefieren los bonos denominados en dólares de Venezuela a los de Argentina.
Los administradores de fondos y los especuladores esperan con ansias la posibilidad de un cambio político en Venezuela y adquirir la deuda del país. Esperan aprovechar una rápida alza en los precios de estos bonos si un nuevo gobierno reemplaza al enfermo presidente Hugo Chávez.
En tanto, muchos inversionistas han comenzado a vender la deuda argentina por las impredecibles políticas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ha decidido expropiar a la petrolera YPF SA, una filial de la española Repsol YPF SA.
En cierto sentido, los inversionistas perciben que estos países están estancados en los años 80 y 90, cuando las políticas fuertemente influenciadas por las ideologías y el populismo llevaron a muchos países latinoamericanos a caer en cesación de pagos.
Ninguna de estas naciones corre este riesgo y ambas ofrecen altos rendimientos: más de 600 puntos base sobre el índice general de bonos de mercados emergentes.
Pero en semanas recientes la percepción y las expectativas en torno a ambos países han cambiado de manera tangible. Hay una clara preferencia por Venezuela sobre Argentina.
«Estamos convencidos de que habrá un cambio y Chávez no será el próximo presidente de Venezuela, aunque es difícil saber qué rumbo tomará», dijo Sam Finkelstein de Goldman Sachs Asset Management. Esa, señaló, es la razón para comprar deuda venezolana a largo plazo.
Chávez, quien ha gobernado el país desde 1999, padece un cáncer y sus esporádicas apariciones han generado preocupación sobre su salud y capacidad para gobernar el país. Analistas y observadores del mercado esperan que el 1 julio, cuando se da el inicio oficial a la campaña electoral, haya una señal clara sobre si el mandatario decidirá ir a la reelección.
La ponderación de Argentina en el Índice Global de Bonos de Mercados Emergentes de J.P. Morgan —la referencia para la deuda denominada en dólares que sigue la mayoría de los inversionistas— no registra cambios, lo que refleja la perspectiva neutral para el país. Pero el índice tiene una ponderación superior —o más del promedio— para Venezuela. Ambos países representan 1,3% y 9,5%, respectivamente, del índice en términos de capitalización de mercado, según J.P. Morgan.
Joyce Chang, titular global de mercados emergentes e investigación de crédito en J.P. Morgan, destacó que los inversionistas obtuvieron «cuantiosas ganancias sobre la deuda venezolana en el primer trimestre, pero aún se justifica mantener una alta ponderación venezolana debido a los altos rendimientos».
Por otro lado, la trayectoria de la deuda argentina parece muy clara para los inversionistas.
«Argentina avanzaba por el largo camino de regreso, tras caer en cesación de pagos, para acceder a los mercados internacionales, y ahora a retrocedido varios pasos», señaló Russ Rowley, administrador de cartera en Principal Global Investors.
La semana pasada su fondo comenzó vender sus ya bajas ponderaciones de bonos corporativos y soberanos argentinos.
Aunque los rendimientos argentinos siguen siendo altos y atractivos, Rowley teme una fuga de inversionistas y la imposición de controles por parte del gobierno si la situación empeora.
«No estamos siendo compensados en forma adecuada por estos riesgos», agregó.
«El verdadero riesgo en Argentina es que su patrocinio podría caer; eso ya sucedió en Venezuela», indicó Chang. «La reserva de inversionistas será bastante menor y esto probablemente resultará en una mayor volatilidad».
Sin embargo, algunos inversionistas prefieren esperar que haya más claridad.
«Las cosas están cambiando un poco y se comienza a generar una mayor cautela», expresó Catherine Elmore de Standish Asset Management. «Hay una reevaluación en términos de cuán expuestos estamos a estos países».
Por ejemplo, su fondo iguala la ponderación para la deuda de referencia argentina y venezolana, pero observa de cerca los acontecimientos en este último país y no descarta incrementar su exposición a Venezuela. Fuente: The Wall Street Journal, 27/04/12.
En el mundo civilizado las formas son tanto o más importantes que las cuestiones de fondo. Nuestros gobernantes, lamentablemente, no parecen entenderlo. Se trata de una consideración absolutamente relevante frente a cualquier discusión respecto de la anunciada expropiación del 51% de las acciones de YPF, hoy en manos de Repsol. Una expropiación que, en rigor, es lisa y llanamente una confiscación violatoria de la Constitución.
La expropiación está aceptada por el derecho público en todas las democracias modernas. Se trata de un derecho que han ejercido incluso gobiernos de países avanzados. Pero casi siempre lo han hecho en situaciones extraordinarias y conforme a derecho, sin necesidad de recurrir a declaraciones altisonantes y procediendo como lo indica la ley.
Para no ser una confiscación lisa y llana, algo más propio de un régimen totalitario que de una democracia, quien es expropiado tiene derecho a recibir una indemnización equivalente al valor económico del objeto expropiado. La Constitución Nacional es muy clara al respecto, en su artículo 17: «La propiedad es inviolable y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada».
La decisión anunciada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado lunes no sólo viola las formas, sino que es ilegal. Semejante medida no debería ni siquiera ser defendida por aquellos que están a favor de que YPF sea propiedad del Estado argentino.
La primera mandataria declaró que no iba a contestar «ninguna amenaza» ni «ningún exabrupto» porque ella representa «a todos los argentinos» y, además, «porque no soy -dijo- ninguna patotera».
¿Pero de qué otra manera que no sea de patoteril puede calificarse el hecho de que, tras el anuncio presidencial del proyecto expropiador, funcionarios de su gobierno se hicieran presentes en la sede de YPF y obligaran a todos los ejecutivos españoles a retirarse del edificio, sin orden judicial, exhibiendo un simple decreto de necesidad y urgencia? ¿Acaso no es el Congreso el que tiene que aprobar la ley de expropiación? La intervención de la empresa, realizada con antelación al tratamiento parlamentario, es un brutal atropello a los derechos de los accionistas de YPF.
Sólo en una sociedad muy primitiva se le puede ocurrir a alguien celebrar o aplaudir esta manera de hacer las cosas. No es casual que en distintos países de Europa y América la decisión adoptada por la presidenta Cristina Kirchner haya sido calificada como un acto de «patoterismo» o de «piratería».
Al mismo tiempo, funcionarios del Gobierno han anunciado su pretensión de dilatar el pago de la indemnización a la empresa española, a la vez que hacen gala de que sería cercana a cero. Y lo hacen después de haber hecho lo imposible por provocar, en las últimas semanas, el derrumbe del valor bursátil de YPF.
Nadie que sea dueño de un negocio, por más pequeño que sea, o de un activo en la Argentina puede aplaudir lo que se está haciendo con Repsol. Hay cuestiones de fondo que hacen que esta confiscación sea incompatible con la seguridad jurídica y la supervivencia de un régimen republicano.
«No actuamos contra Repsol ni contra los capitales españoles», declaró el viceministro de Economía Axel Kicillof, supuesto cerebro detrás de la decisión de confiscar. Kicillof parece un funcionario del Ministerio de la Verdad que George Orwell describió tan bien en 1984 . En esta brillante novela, cada vez más vigente, el régimen totalitario buscaba controlar el pensamiento y subvertir el concepto de la verdad a través del lenguaje. Para el Ministerio de la Verdad, la guerra es paz, la esclavitud es libertad y la ignorancia es poder. ¿Pretenderá Kicillof tomarnos a todos el pelo cuando dice que el Gobierno no está actuando contra Repsol?
¿Por qué se apropia el Estado de acciones de Repsol y no del grupo Petersen o de los otros accionistas de YPF? ¿Bajo que principio jurídico se asienta esta flagrante e inconstitucional discriminación? Hubiera resultado lógico que, habiendo decidido obtener el 51%, el Estado expropiara a todos los accionistas de manera proporcional. ¿Se habrá pensado en el Poder Ejecutivo quizá que las consecuencias judiciales serían menos serias?
¿Se habrá buscado castigar a Repsol por su origen español? Habría que recordar que la Argentina y España firmaron un acuerdo bilateral de promoción y protección de inversiones que fue aprobado por ley del Congreso. Y que discriminar a alguien por su condición de extranjero es inconstitucional.
¿Se querrá castigar a Repsol por una mala gestión? En este caso, el Gobierno estaría usurpando un derecho que corresponde a los accionistas de Repsol e YPF.
Uno de los aspectos más criticados de la gestión de Repsol ha sido la falta de inversiones y la masiva distribución de dividendos. La mayoría de las empresas petroleras que operan en la Argentina han disminuido sus inversiones y exhiben una caída en sus reservas. Y esto es consecuencia directa de la política energética adoptada por el gobierno kirchnerista desde 2003. En cuanto al pago de dividendos, desde 2007 es también consecuencia directa de la «nacionalización» de un 25% de las acciones de YPF promovida por el propio Néstor Kirchner. Como la familia Eskenazi no tenía 3500 millones de dólares para comprar dichas acciones, un grupo de bancos internacionales estructuró, con la anuencia y bendición del ex presidente Kirchner, una financiación basada en el pago de acciones mediante dividendos futuros.
Un Estado no puede comportarse como un adolescente que cambia de opinión de un día o de un año para otro. Los Kirchner no sólo alentaron el ingreso en YPF de un socio argentino sin mayor experiencia en el negocio petrolero y sin dinero para pagar sus acciones, sino que años atrás aplaudieron la privatización de la empresa.
En un país con escasez crónica de capitales como es la Argentina, el Gobierno no puede darse el lujo de ahuyentar inversiones. El presidente de Colombia no pudo haber sido más claro al respecto cuando, días después del anuncio argentino, dirigiéndose a un grupo de inversores extranjeros, dijo: «Queremos que ustedes sientan que tenemos reglas de juego estables, que aquí no expropiamos». Juan Manuel Santos estaba capitalizando los errores del gobierno argentino. Los resultados de una y otra política de Estado están a la vista. En 2011, las inversiones extranjeras en Colombia subieron el 92%. Gracias al anuncio de la expropiación de Repsol, el riesgo país de la Argentina se disparó. Esto quiere decir que nos va a costar mucho más conseguir capital para financiar proyectos en nuestro país. Y, justamente, lo que el Gobierno dice que falta en el sector energético son inversiones.
Las contradicciones del discurso oficial están a la vista. Declaró la Presidenta que YPF tendrá «una conducción absolutamente profesionalizada» y que se demostrará que «los recursos del Estado pueden ser administrados correctamente también». Cuesta encontrar ejemplos de su gobierno para sustentar tal afirmación. ¿Se referirá a Enarsa? ¿O a Aerolíneas Argentinas, que pierde dos millones de pesos por día? Resulta, a su vez, notable que la conducción transitoria de YPF haya recaído en un ministro como Julio De Vido, que es responsable de la crisis energética que tantas veces pretendió negar, y en quien condujo las finanzas de la empresa aérea, que fue el propio Kicillof.
Otra grave inconsistencia de la confiscación es su declarado objetivo. El artículo primero del proyecto enviado al Congreso declara «de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos». Nuevamente hay un tinte orwelliano en esta afirmación. En 1984, el lema del Ministerio de la Verdad era: «Quien controla el pasado, controla el presente y quien controla el presente, controla el futuro». La Argentina sólo alcanzó el autoabastecimiento de hidrocarburos con el plan Houston de Alfonsín, cuando el mercado operó con incentivos y se permitió la inversión extranjera.
La desregulación del sector y la privatización de YPF, en 1990, que lideró José Estensoro, fueron un éxito indiscutible. YPF pasó de ser una empresa deficitaria e ineficiente a ser una empresa competitiva a nivel internacional y la Argentina sobrepasó con creces el tan ansiado objetivo del autoabastecimiento energético. Estensoro siempre entendió que, aunque YPF había sido privatizada, era necesario «cuidar» a su accionista más importante, que era el Estado. Roberto Monti, que lo sucedió en el cargo luego de su trágica muerte, no entendió que YPF no era como cualquier otra empresa que cotizaba en la bolsa de Nueva York. Eso y la necesidad de caja fue lo que en 1999 provocó la venta de las acciones remanentes del Estado a Repsol. Estensoro siempre se opuso a una venta de acciones de YPF a Repsol. Tal vez si no hubiera muerto en un accidente, esa operación nunca habría ocurrido, la situación actual sería muy diferente y hasta incluso podría haberse dado que YPF comprara Repsol. Más allá de esto, con esta confiscación y la continuación de la política energética adoptada por el actual gobierno, el autoabastecimiento de hidrocarburos parece una utopía.
La mala imagen del país en el exterior ha crecido en los últimos días. A los ojos del mundo, tenemos un gobierno tan arbitrario y autoritario como el de Venezuela y somos aún menos confiables en materia de seguridad jurídica.
En resumen, la forma en que la Presidenta decidió confiscar las acciones de Repsol en YPF ha dañado seriamente la imagen del país, ha reforzado la noción de que quienes nos gobiernan no respetan la ley, ha complicado los esfuerzos diplomáticos para conseguir apoyo internacional a nuestro legítimo reclamo por las Malvinas y ha aumentado significativamente el costo de financiamiento para cualquier proyecto de inversión en la Argentina. Nada hay para aplaudir.
La crisis que aqueja a los países desarrollados desde 2008 y la muy favorable situación en los mercados de commodities que se extiende desde 2002 le presentaban a la Argentina una oportunidad única para acortar la brecha que la separaba de aquellos países. En lugar de aprovechar esta oportunidad histórica, el gobierno argentino parece decidido a desperdiciarla con este nuevo dislate que se encuentra en vías de consumar..
La nacionalización de YPF ilustra el giro intervencionista de Kirchner
Por Matt Moffett
La nacionalización de la petrolera YPF SA constituye la última señal de que la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner está siguiendo un curso más nacionalista e intervencionista que el de su difunto esposo y predecesor, Néstor Kirchner.
En los meses previos a la nacionalización, que ha provocado un feroz enfrentamiento con Repsol YPF, el dueño mayoritario español de YPF, Fernández de Kirchner ya había impuesto nuevos controles sobre las salidas de capital y las importaciones, tomado medidas para tener un control más firme sobre los recursos del banco central y reanudado los reclamos de Argentina al Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.
Cristina Fernández de Kirchner con una muestra de petróleo al anunciar la nacionalización de YPF. Los analistas dicen que las medidas son, en parte, un intento para remendar los más acuciantes problemas económicos y desviar la atención de los políticos. El giro a la izquierda también está relacionado con una reorganización de su equipo, donde algunos de los referentes pragmáticos asociados con Néstor Kirchner han pasado a un segundo plano para dar lugar a asesores más jóvenes e izquierdistas, vinculados a su hijo Máximo, de 35 años.
«Creen que pueden sobrevivir la reacción de corto plazo de España porque las nacionalizaciones son políticamente muy digeribles en casa», indicó Javier Corrales, politólogo de Amherst College.
La presidenta, de 59 años, parece estarse desmarcando de la sombra de Néstor Kirchner, quien falleció de un ataque cardíaco en 2010. La mandataria todavía se viste de negro y salpica sus discursos con referencias a «él».
En el plazo inmediato, la nacionalización parece otorgar un impulso político interno a Kirchner, quien en octubre fue reelegida de manera aplastante, pero que en el último tiempo se ha visto en dificultades por la desaceleración económica y un escándalo político que involucra a su vicepresidente.
Kirchner «habla cada vez más acerca de Él, al tiempo que, paradójicamente se aleja de Él», escribió recientemente Fernando Laborda, columnista del diario La Nación.
Néstor Kirchner, en todo caso, también fue conocido por sus tácticas populistas y por no ceder en las negociaciones con los acreedores extranjeros, además de ser acusado de manipular las estadísticas de inflación. Pero Kirchner también era un negociador «más pragmático que ella», en opinión del economista Aldo Abram.
YPF fue fundada como una empresa estatal en 1922, antes de ser privatizada en los años 90. A la postre, Repsol obtuvo el control.
En 2008, en una medida para «argentinizar» las operaciones de YPF, Néstor Kirchner medió en un acuerdo en el que la familia Eskenazi, de Argentina, obtuvo una participación minoritaria sin poner un peso. Kirchner había tenido acuerdos con los Eskenazi desde que era gobernador de la provincia de Santa Cruz, en los años 90.
.Ahora, con la nacionalización, los Eskenazi podrían mantener su participación de 25%, aunque quedarían al margen de la gestión diaria de la empresa. La participación de Repsol YPF caerá de 57% a 6%.
El politólogo argentino Rosendo Fraga escribió recientemente que Fernández de Kirchner está pasando de un «capitalismo de amigos a un capitalismo de estado».
Los analistas argentinos dicen que las políticas de la presidenta llevan el sello de los jóvenes asesores de izquierda, concentrados en un grupo llamado «La Cámpora», bautizado en homenaje a un peronista progresista que fue presidente por un breve período en los años 70. El movimiento juvenil gira en torno a Máximo Kirchner, primogénito de la mandataria.
Uno de sus confidentes, Axel Kicillof, el viceministro de Economía de 40 años, se ha convertido quizás en el asesor económico más cercano a la presidenta, dicen los analistas bonaerenses.
Puede que Fernández de Kirchner sea también receptiva a una radicalización debido a los crecientes nubarrones económicos, opinan los especialistas. El balance del comercio energético del gobierno pasó a ser deficitario el año pasado, y hay escasez de dólares para pagar las importaciones debido a que el capital ha estado abandonando el país.
En los últimos días, algunos partidarios del gobierno hablaron con nostalgia sobre la posibilidad de emular el modelo mixto de propiedad pública y privada que ha funcionado bien para Petroleo Brasileiro SA, más conocida como Petrobras.
En lugar de privatizar la petrolera en la década de los 90, como lo hizo el gobierno peronista conservador de Argentina, Brasil optó por lo que llamó la «flexibilización» de Petrobras y el monopolio que tenía desde hace tiempo.
El gobierno brasileño mantiene el control mayoritario de las acciones con derecho a voto. Pero para hacer a la empresa más transparente y eficiente, una parte de las acciones cotizan en la Bolsa de Nueva York, se formó una junta directiva compuesta por líderes del sector privado y se permitió la competencia de empresas foráneas.
Aunque el modelo ha funcionado bien para Brasil, algunos analistas señalan que la situación de YPF y el país austral es distinta. «Argentina y Brasil no son los mismos casos», dice Rafael Schechtman, director del Centro para la Infraestructura en Rio de Janeiro.
El gobierno de Kirchner ha paralizado la industria energética al imponer topes a los precios de la energía de uso en los hogares, señala Schechtman, al igual que altos impuestos y opacas reglas de inversión. Asimismo, sostiene que Petrobras tiene mucha más libertad que YPF en materia de precios.
Schechtman dice también que Brasil tiene un historial de claras reglas de juego para los inversionistas extranjeros que están inyectando grandes cantidades de dinero en el sector petrolero. «En el modelo brasileño, jamás se han violado los contratos», aseveró. «Se han respetado las reglas.»
El analista ve un mayor riesgo de que una YPF bajo el control del Estado se convierta en un monopolio ineficiente, como la petrolera estatal de Venezuela PDVSA.
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