Un Gobierno al asalto de la Corte Suprema

mayo 9, 2015 · Imprimir este artículo

Un Gobierno al asalto de la Corte Suprema

Por Alberto Amato.

CFK 04El Gobierno ha decidido tomar por asalto la Corte Suprema de Justicia. En estos casos, siempre es mejor decir las cosas como son que recurrir a parábolas elegantes. La guerra está planteada en términos muy duros de los que acaso no haya retorno, que incluyen tres pasos fundamentales que el kirchnerismo ya adoptó: admitió que estudia aumentar el número de jueces de la Corte a nueve, a doce, o a los que hagan falta, da igual; nombró como titular de la Comisión de Juicio Político de Diputados a Anabel Fernández Sagasti, discípula de Máximo Kirchner y miembro de La Cámpora y, por último pero sólo por ahora, encaró una lucha frontal en contra del juez Carlos Fayt, de 97 años, una figura señera del derecho y el último de los jueces de la Corte que en 1983 nombró Raúl Alfonsín.

Hasta no hace mucho, Fayt y la Corte eran motivo de orgullo y satisfacción para el Gobierno. Su constitución fue un logro de Néstor Kirchner que puso fin a la Corte de la mayoría automática que había servido, sin pudores, a Carlos Menem. Pero ahora, el Tribunal y su decano, el juez Fayt, han tornado, por antojo y capricho de la Presidente, poco menos que en indeseables.

Uno de los caminos para crear una nueva vacante en la Corte será el juicio político a Fayt, (es el principal candidato, pero no el único) tarea que tendrá a su cargo Fernández Sagasti porque para eso fue nombrada. Echar a un juez de la Corte por juicio político es muy difícil. Sólo tres motivos pueden justificar una medida tan grave: mal desempeño de sus funciones, delito en el ejercicio de su cargo o crímenes comunes. Fayt no da el physique du rol en ningún caso. Por eso los pregoneros del Gobierno han elaborado una campaña que consiste en poner en duda la idoneidad del juez, dada su alta edad y su capacidad para desempeñar el cargo. Han pedido un certificado de lucidez y otro de capacidad, lo que condena a Fayt a ser protagonista de un drama “ibseniano”: un hombre honesto que se transforma en un molesto enemigo del pueblo para el poder absolutista y arbitrario. Lejos de Ibsen, el juez, que tiene el cuero duro, aseguró que está espléndido, en plenitud, y prometió resistir.

Hace sesenta y ocho años, Juan Domingo Perón hizo lo mismo. Cumplido el primer año de su mandato, creyó muy oportuno ejercer el poder absoluto, encargó al diputado Rodolfo Decker, jefe del bloque, que iniciara el juicio político a la Corte y en poco tiempo se deshizo de los cinco jueces. Lo gracioso es que, la excusa para enjuiciar a la Corte fue su adhesión al gobierno que surgió del golpe del 4 de junio de 1943, golpe al que había adherido Perón y que fue el punto de partida de su vida política.

Menem hizo lo mismo en 1990, cuando también creyó necesario ejercer el poder absoluto para llevar adelante su plan de Gobierno, y amplió de cinco a nueve el número de jueces por una ley votada el 16 de abril a mano alzada por el Congreso.

cfk va a la guerraEl peronismo debería explicar y explicarse su ambición de eternizarse en el poder y de ejercerlo de modo absolutista con el argumento de que sólo el tiempo y la ausencia de garantías constitucionales o de organismos de control, le permite llevar adelante su plan de gobierno, cualquiera que sea. Así es como el sistema democrático argentino pervive en el desequilibrio entre presidentes que se van antes de tiempo y presidentes que se quedan más de lo debido. Con gente así, poco se puede hacer. Los largos gobiernos, no importa su ideología, han dejado poco a cada uno de sus países: Stalin en la URSS, Franco en España, Castro en Cuba, el último de Gaulle de la V República francesa, por mencionar sólo algunos. La excepción es Franklin D. Roosevelt, que gobernó doce años, desarrolló la economía de Estados Unidos, lo salvó de una crisis y lo enfrentó en una guerra victoriosa contra el totalitarismo nazi. Sólo que en Estados Unidos se aterraron y, pese a lo exitoso del gobierno de Roosevelt, a su muerte limitaron el ejercicio de la Presidencia a sólo dos períodos de cuatro años.

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¿Qué lleva a la Presidente a pretender arrasar con la Corte y nombrar a jueces amigos a sólo siete meses de dejar la Casa Rosada en manos de un nuevo gobernante? No puede ser un deseo inconfesado de buscar protección judicial a futuro, porque el énfasis con el que se ha afirmado su honestidad y la de su familia, despeja toda duda pese a las investigaciones judiciales en marcha.

¿Será parte de la guerra desatada contra la Corte, en especial contra su titular Ricardo Lorenzetti, cuya primera batalla expresó la Presidente el 1° de marzo, durante su mensaje de apertura de sesiones del Congreso, en medio de la exaltación desconcertada provocada por la dudosa muerte del fiscal Alberto Nisman?

La Presidente dijo entonces que había un partido judicial y que los jueces se proponían gobernar, más que administrar justicia. Al día siguiente el titular de la Corte le contestó que los jueces están para imponer límites al poder, realidad que a la Presidente no le hace mucha gracia. El último acto de la batalla estalló el martes cuando, luego de que Lorenzetti presentara su renuncia como titular del Tribunal, sus pares lo ratificaron. En clara crítica al juez, al que el Gobierno presiona desde diferentes frentes y con distintas estrategias, la Presidente dijo: “El único control es el del pueblo, sin notar que la Corte se ocupa en realidad del control de constitucionalidad de los actos de gobierno y de las leyes. Nadie va a pedir un control de lucidez o idoneidad de la Presidente por su gazapo de primero superior, fruto seguro de la emoción con la que dejó inaugurados en la Rosada los cuadros de Kirchner y de Hugo Chávez, pero ese clima de guerra entre el Gobierno y la Corte no augura nada bueno para los agitados meses por venir.

La toma por asalto de la Corte tiene, todavía, futuro incierto. Una cosa es segura: el próximo gobierno, aún cuando comparta algunos postulados del kirchnerismo, deberá dar no sólo la batalla económica que le planteará la crisis económica que todos avizoran pero pocos anuncian, sino que deberá ingeniárselas para que la sociedad recupere su fe en las instituciones, desde el Congreso hasta el INDEC, que fueron lastimadas por el kirchnerismo. Por lo demás, los embates contra la Corte pueden provocar temor, incerteza, indignación, recelo, desconfianza, escepticismo, aprensión. Lo único que no pueden provocar, es sorpresa.

Aquel “Vamos por todo”, era esto.

Fuente: Clarín, 09/05/15.

 

 

 

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