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Home / Archive: agosto 2014
El Fisco aspira de los bolsillos $ 50.000 millones al año
La cifra de recaudación fue estimada por el experto en temas tributarios Nadin Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), dado que la AFIP no publica más de forma discriminada cuánto de la recaudación total de Ganancias corresponde a lo que pagan asalariados y jubilados, cuanto a los autónomos y cuánto a las empresas.
Del cálculo de Argañaraz surge que el millón de trabajadores alcanzados por el impuesto paga mensualmente, en promedio, unos $ 4.000. Si esto se multiplica por 13 (los sueldos mensuales más el aguinaldo) se llega a los 52.000 millones de pesos de recaudación global por la llamada “cuarta categoría”.
Esto explica por qué aun siendo “pocos” los trabajadores alcanzados por Ganancias, -como insiste el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich- el Gobierno se niega a instrumentar cualquier cambio en el impuesto que pueda afectar ese volumen de recaudación aportado por los trabajadores.
Si realmente fuera poco significativo el impacto, no habría razón para rechazar los reclamos de los gremios que piden que se reduzca o directamente se elimine esta fuerte presión fiscal sobre los asalariados. En otras palabras, no porque sean “pocos” trabajadores sino porque los descuentos dejan una suculenta recaudación es que el Gobierno se niega a modificar el tributo que daría un alivio a los que viven de sus sueldos.
Además, los sindicalistas destacan que el concepto oficial de “pocos” es por lo menos relativo: en algunas actividades como bancarios, petroleros, camioneros y portuarios llega casi al 100% la proporción de trabajadores que paga Ganancias. En el sector de Seguros es del 40% y en el sector público del 17%, según informaron los dirigentes a Clarín.
Según CIFRA, un centro de estudios que pertenece a la CTA oficialista que encabeza Hugo Yasky, el impacto de Ganancias sobre el sueldo es muy significativo: a un trabajador sin cargas de familia (por lo general es el caso de un soltero) con un sueldo neto de $ 17.558 mensuales, le descuentan por este impuesto en el año $ 28.504. Esta cifra equivale a más de un sueldo y medio.
Y además tributa la tasa máxima del 35%.
Si el minino no imponible y las escalas se hubieran ajustado por la inflación a los niveles de 2001 ese mismo trabajador debería tributar menos de $ 5.000 anuales, con la tasa del 9%. Este ejemplo permite ver que el peso de Ganancias sobre el salario se triplicó en estos años.
Actualmente pagan los que ganaban en 2013 más de $ 15.000 mensuales de sueldo bruto o más de $ 12.450 netos.
Por no actualizar el minino no imponible y las escalas del impuesto según la inflación real, los trabajadores y jubilados alcanzados por Ganancias soportan alícuotas del 31 o 35%, las mismas que paga una gran empresa o una persona rica. En cambio, la inmensa mayoría debería estar incluida en la escala más baja, del 9%.
Las escalas sobre las que se aplican las alícuotas están congeladas desde el año 2000 cuando se implementó la reforma del entonces ministro de Economía, José Machinea. Eso lleva a que la mayoría de los trabajadores tribute sobre las alícuotas más elevadas, lo que agrava la pérdida salarial.
Algunos expertos sostienen que “el salario no es Ganancia” y que los ingresos, que tienen un carácter alimentario, no deberían estar alcanzados por este impuesto.
Por otro lado, los mismos analistas señalan una contradicción oficial, dado que el Gobierno habla de políticas anticíclicas, ya que debería aflojar el peso de Ganancias sobre asalariados y jubilados para inducirlos a destinar más dinero al consumo. Esto tendría un impacto positivo sobre la actividad económica y también sobre la recaudación de la AFIP por mayores ingresos provenientes del IVA y de otros impuestos.
Fuente: Clarín, 18/08/14.
Paraguay avanza en su senda de desarrollo
Con una economía de mercado abierta al mundo y a los inversores extranjeros, Paraguay está creciendo a un ritmo excelente, que está entre los más elevados de la región. Por esto, no causa sorpresa el vigor con que, por ejemplo, crece hoy la ciudad de Asunción, en medio de un clima de confianza y renovado optimismo.
Recientemente, Paraguay colocó bonos por mil millones de dólares en el mercado internacional, a 30 años de plazo, con un rendimiento del 6,1 por ciento. El financiamiento externo así obtenido será utilizado sustancialmente para impulsar proyectos energéticos y de infraestructura. Paraguay, cabe apuntar, tiene la misma buena calificación crediticia que países como Hungría, Croacia o Costa Rica.
De esta manera, nuestro vecino se transforma en uno de los llamados países «de frontera» que están recibiendo inversiones desde el mercado internacional de capitales, como Ecuador, que ha colocado bonos a 10 años de plazo, con un rendimiento del 7,95%; o como Kenia, que ha emitido bonos a 10 años, con un rendimiento del 6,87%; o como Costa de Marfil, que lo ha hecho a 10 años, con un rendimiento de 5,62%, o Senegal, cuyos bonos a 10 años tienen un rendimiento del 6,25 por ciento.
La Argentina, entrampada en una disputa no resuelta con algunos de sus acreedores, está, en cambio, en situación de incumplimiento, imposibilitada de obtener financiamiento en el mercado internacional de capitales, en medio de una fuerte caída del nivel de actividad económica y sin el financiamiento requerido por su desarrollo. Así, Paraguay avanza mientras nuestro país está paralizado, en un pantano del que parece empeñado en no querer salir.
Nuestra Presidenta acaba de visitar ese país. Su viaje -es necesario recordarlo- había sido precedido por años de una injustificable política de constante hostigamiento político y económico a la nación hermana que comenzó con su claramente ilegal y humillante suspensión del Mercosur y de la Unasur para permitir así el ingreso de la Venezuela totalitaria de Hugo Chávez.
Se trató de un episodio lamentable, que fue seguido de una desaprensiva y agresiva política consistente en edificar toda suerte de trabas a la navegación del río Paraguay que, pese a los reiterados reclamos, no se corrigió generando con ello daños importantes a la economía de ese país.
Como si esto fuera poco, la Argentina mantiene sin designar titular en su embajada en Paraguay, lo que puede interpretarse como otra señal de frialdad.
Por todo esto, el desagradable clima que prevaleció en la recepción paraguaya a la visita de Cristina Fernández de Kirchner debió haberse previsto. También, el fracaso de la que parece haber sido una intempestiva gestión de cobro vinculada a la represa de Yacyretá, que pretendió ejecutar la Presidenta, gestión que, naturalmente, debería hacerse también respecto de la enorme deuda que, desde hace muchos años, Cuba ha acumulado y mantiene con nuestro país, de la que, en cambio, no se habla.
La relación con Paraguay merece una sincera, total y profunda reconsideración con el fin de ser mejorada para regresar a la normalidad que desgraciadamente se extravió como natural consecuencia de la política de conflicto y agresiones económicas puesta en marcha desde nuestra administración. Inicialmente, para congraciarnos a cualquier costo con Hugo Chávez y, luego, por una injustificable expresión de resentimiento y despecho.
En momentos en los que el éxito está acompañando a Paraguay, y cuando la Argentina se encuentra profundamente empantanada en la maraña de desaciertos kirchneristas, este tema no puede quedar relegado.
Fuente: Editorial del diario La Nación, 18/08/14.
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Alteran datos oficiales de The Old Fund para proteger a Boudou.
Dos meses después de que estallara el caso Ciccone, en febrero de 2012, manos anónimas robaron de la Inspección General de Justicia (IGJ, dependiente del Ministerio de Justicia) el legajo original de The Old Fund, el misterioso fondo que se quedó con la imprenta y que era liderado por Alejandro Vandenbroele, presunto testaferro de Amado Boudou. Un mes más tarde, el organismo dio por completada su «reconstrucción». Pero los documentos y registros que se usaron para hacerlo tienen por lo menos una docena de indicios sobre su falsedad, según surge de copias de libros societarios que cotejó LA NACION durante los últimos tres meses.
Los indicios se centran en los accionistas, los apoderados y algunas firmas, fechas y domicilios de quienes aparecen en The Old Fund, como también en los sellos y los folios de seguridad que la IGJ debe adosar a ciertos documentos para certificar su autenticidad. Así, si la información reconstruida no es la que constaba en el documento original, una pregunta queda en el aire: ¿qué datos o nombres sensibles había en aquel legajo?
Las inconsistencias más evidentes son las fechas. Entre otros motivos, porque Vandenbroele, único rostro visible de The Old Fund, se presentó ante una escribana para certificar una asamblea de ese fondo sólo el 28 de febrero de 2012, tres semanas después de que estallara el escándalo, aun cuando esa asamblea, en teoría, había ocurrido dos años y medio antes.
Ese 28 de febrero -un día antes de que comenzara la defensa pública de los implicados por medio de una solicitada también cuestionada en la Justicia-, Vandenbroele le pidió a la escribana Gabriela Antoniazzi que certificara la asamblea del 1° de septiembre de 2009, en la que se informó que el propio Vandenbroele asumía como «presidente» de The Old Fund.
Los libros societarios muestran, sin embargo, que Vandenbroele figuró no como presidente, sino como «accionista» de la firma, y así permaneció durante meses, hasta que el fondo holandés Tierras International Investments irrumpió como accionista de la firma en la asamblea de, en teoría, el 15 de marzo de 2010.
El registro de esta asamblea muestra sus propias irregularidades. La fecha en que se celebró aparece tachada en el libro y sobrescrita en «abril» de ese año. Pero ni siquiera concluyeron así los vaivenes. Porque en esa asamblea también se resolvió cambiar la sede de The Old Fund al estudio del abogado (y ex inspector de la IGJ) Albert Chamorro Hernández, que recién se inscribió en ese organismo el 22 de diciembre de 2010 con otro error crucial: las fechas informadas a la IGJ tampoco coinciden con las que aparecen en los libros. Ni con la fecha original (marzo de 2010) ni con la sobrescrita (abril de ese año).
Por entonces, el desembarco de The Old Fund en la ex Ciccone aún no había comenzado. Pero el cuestionado «asesoramiento» al gobierno de Formosa ya había fructificado. El entonces ministro de Economía, Amado Boudou, firmó una «adenda» clave el 11 de marzo y Vandenbroele embolsó $ 7,6 millones el 21 de mayo.
Para acrecentar las sospechas sobre la autenticidad de los libros de la sociedad, Vandenbroele sólo los entregó a la Justicia en junio de 2012 -cuatro meses después de estallar el escándalo-, y, según verificó LA NACION, las anotaciones en dos de esos libros las volcó una imprenta de la calle Reconquista al 500 de Buenos Aires, en lugar de la que hasta ese entonces se había utilizado, sobre Uruguay al 400.
El problema es que la imprenta de la calle Reconquista sólo abrió sus puertas a fines de 2011 y se registró ante la AFIP a principios de 2012, según verificó LA NACION, por lo que pudo cumplir su labor cuando el «caso Ciccone» ya llevaba semanas en la Justicia y los medios de comunicación.
Al entregar a la Justicia los libros societarios de The Old Fund, además, Vandenbroele no presentó uno clave: el de «depósito y asistencia de asambleas». Sólo aportó una copia, en papel suelto, de una sola asamblea, acaso la más relevante y cuestionable de todo el legado reconstruido: la que ocurrió el 29 de octubre de 2010.
Ese día, apenas 48 horas después de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, se modificó el control de The Old Fund: se retiró el accionista minoritario Sergio Gustavo Martínez -amigo de José María Núñez Carmona y prófugo de la justicia de Estados Unidos-, mientras que el fondo holandés Tierras International Investments pasó a repartirse la sociedad por mitades con la firma uruguaya Dusbel SA.
Beneficiario final
La irrupción de Dusbel -con acciones al portador, pero con Vandenbroele como «beneficiario final», según consta en los registros uruguayos- acumula sus propias irregularidades. Se inscribió en la Inspección General de Justicia recién un año después, es decir, en octubre de 2011, pero ese trámite se perdió y la copia que Vandenbroele presentó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5 incluye un folio de seguridad que carece de los hilos o «pelos» que, como en el papel moneda, certifican su autenticidad.
La desplazada titular del Registro Nacional de Sociedades Silvina Martínez no descarta que se haya antedatado el arribo de Dusbel. «¿Esa firma uruguaya realmente pasó a controlar la mitad de The Old Fund en octubre de 2010? El dato resulta llamativo, ya que el trámite de la IGJ se «perdió» y el libro pudo haber sido copiado meses después -estimó-, mientras que la documentación en poder de la sociedad es de dudosa autenticidad.»
Alejandro Vandenbroele
Titular de The Old Fund
El presunto testaferro de Amado Boudou habría recibido protección desde el organismo que tiene a su cargo la responsabilidad de fiscalizar las sociedades.
Fuente: La Nación, 18/08/14.
CFK y Amado Boudou
Tecnócratas en el Poder Legislativo: un estudio comparado en
América Latina.
Por Daniela Lucía Vargas Moreno.
Los de 50 son jóvenes, menos para el mercado
Por Umberto Eco.
La medicina hace a la gente más vital, pero las empresas piensan como un siglo atrás.
Un día, a principios de los años 70, cuando me acercaba a mi cumpleaños número 40, un amigo nos dijo a mi esposa y a mí que estaba a punto de cumplir los 50. Lo miramos asombrados y con un toque de consternación: era el amigo más viejo que habíamos tenido.
Cincuenta era una edad venerable, la de un hombre viejo.
Por supuesto, una década después yo cumplí los 50. Pero para entonces mi perspectiva había cambiado enormemente: cincuenta era la edad de un adulto en pleno florecimiento de la madurez, pero la cifra ya no me hacía pensar en la vejez.
Actualmente, los cincuentones se consideran adultos jóvenes con muchas décadas de vida aún por delante. Mis colegas de la universidad que se especializan en gerontología me dicen que la vejez no empieza hasta los 75.
Y tengo amigos nonagenarios cuyos impresionantes niveles de energía ya no me sorprenden; por no hablar de un amigo que tiene 104 años y es mucho más ágil que yo.
Pero vivir más significa tener que mantenernos más tiempo.
Y, en períodos de crisis, cuando las compañías quiebran o recurren a la reducción de personal, muchos trabajadores cincuentones y de más edad se están viendo obligados a comenzar de nuevo.
Pese a sus años de experiencia, ninguna compañía los quiere y se encuentran en una zona ambigua: son demasiado jóvenes para retirarse y empezar a recibir pensiones, pero demasiado viejos para ser considerados para los empleos que antes tenían.
En los últimos años, además, las compañías se han mostrado renuentes a contratar a personas jóvenes también. Pero esto es resultado de la crisis financiera y, tarde o temprano, pasará.
El mercado laboral eventualmente se estabilizará; para los treintañeros, pero no para los que ya superaron los 50 años.
¿Cómo puede ser esto? Las personas de más de 50 son prácticamente jovenzuelos en estos días, y sin embargo ¿el mercado ya no tiene empleo para ellas? Lo que tenemos aquí es una contradicción entre lo fisiológico y lo sociológico.
Los importantes avances en la ciencia y la medicina pueden ayudarnos a mantenernos jóvenes, pero nuestros esquemas sociales no han evolucionado al mismo ritmo. Las personas de cincuenta y tantos años siguen siendo vistas como ancianas y por tanto no dignas de que se invierta en ellas.
Una vez que hayamos dejado esta crisis firmemente detrás de nosotros, ¿la creencia popular dará alcance al progreso científico o la gente seguirá pensando como lo hacía en los días en que vivir 100 años era considerado una gran noticia? Si la hipótesis más pesimista se impone, entonces, así como ahora tenemos a masas de jóvenes desempleados siendo mantenidos por sus padres que no han sido excluidos aún de la fuerza laboral (o que reciben pensiones), tendremos masas de cincuentones desempleados (muy vigorosos) dejados de lado y, probablemente, siendo mantenidos por sus hijos.
Copyright Umberto Eco/L’Espresso, 2014.
Fuente: Clarín, 17/08/14.
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No sólo médicos: se necesita más dinero para vencer al ébola
Por Jeffrey Sachs.
La horrible epidemia de Ébola en al menos cuatro países del oeste africano (Guinea, Liberia, Sierra Leona y Nigeria) no sólo requiere una respuesta de emergencia para detener el brote. Es también un llamado a repensar algunos supuestos básicos sobre la salud pública mundial. Vivimos en una era de enfermedades infecciosas que aparecen, reaparecen y pueden diseminarse rápidamente. Necesitamos un sistema mundial acorde con esta realidad para el control de enfermedades. Afortunadamente, está a nuestro alcance si invertimos adecuadamente. La del Ébola es la última de muchas epidemias recientes, que también incluyen al sida, el SARS (síndrome agudo respiratorio severo), y las gripes H1N1 y H7N9, entre otros. El sida se ha cobrado casi 36 millones de vidas desde 1981.
Por supuesto, puede haber epidemias mayores y más repentinas, como la de influenza en la Primera Guerra Mundial, en 1918, que segó entre 50 y 100 millones de vidas (muchas más que la propia guerra). Y si bien el brote de SARS de 2003 fue contenido y causó menos de 1000 muertes, estuvo a punto de perturbar a muchas economías del este asiático.
Hay cuatro factores centrales para entender al Ébola y las otras epidemias. En primer lugar, las enfermedades infecciosas de mayor aparición son las zoonosis, es decir, que comienzan en poblaciones animales. El Ébola puede haber sido transmitido por murciélagos. Las nuevas enfermedades zoonósicas son inevitables cuando la humanidad fuerza su ingreso en nuevos ecosistemas (como las regiones boscosas que antes eran remotas); la industria de los alimentos crea más situaciones de recombinación genética, y el cambio climático modifica los hábitats naturales y las interacciones entre especies.
En segundo lugar, una vez que una nueva enfermedad infecciosa aparece, su diseminación a través de aerolíneas, barcos, megaciudades y el comercio de productos animales probablemente resulte muy rápida. Estas epidemias revelan cuán vulnerable está el mundo.
En tercer lugar, los pobres son los primeros en sufrir y los más afectados. Son quienes viven más próximos a los animales infectados. A menudo analfabetos, suelen estar desprevenidos sobre las formas de transmisión de las enfermedades infecciosas. Además, dada su insuficiente nutrición y falta de acceso a los servicios básicos de salud, sus sistemas inmunológicos debilitados son presa fácil de infecciones. Y el hecho de que haya pocos trabajadores de la salud, o ninguno, para garantizar una respuesta adecuada ante una epidemia hace que los brotes sean más graves.
Finalmente, las respuestas médicas necesarias, incluidas las herramientas de diagnóstico, y medicamentos y vacunas eficaces, van a la zaga del surgimiento de las enfermedades. Reponer esas herramientas continuamente requiere biotecnología e inmunología de última generación y, en última instancia, bioingeniería para crear respuestas industriales a gran escala.
La crisis del sida, por ejemplo, requirió decenas de miles de millones de dólares en investigación y desarrollo para producir drogas antirretrovirales y salvar vidas. Sin embargo, cada gran avance inevitablemente lleva a la mutación del patógeno y a que los tratamientos anteriores pierdan eficacia.
¿Está listo el mundo para el Ébola o la aparición de nuevas enfermedades? La respuesta es no. Si bien la inversión en salud pública aumentó significativamente después del año 2000, lo que condujo a éxitos en las batallas contra el sida, la tuberculosis y la malaria, recientemente experimentamos un marcado déficit del gasto mundial en salud pública respecto de las necesidades. Los países donantes no anticiparon ni respondieron bien a los desafíos nuevos y existentes, y han sometido a la Organización Mundial de la Salud a una debilitante restricción presupuestaria, mientras que el financiamiento para el Fondo Mundial de la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, ha estado lejos de alcanzar los montos necesarios para ganar la lucha.
Ésta es una breve lista de las acciones más urgentes. En primer lugar, Estados Unidos, la Unión Europea, los países del Golfo y los Estados del este asiático deben establecer un fondo flexible bajo el liderazgo de la OMS para combatir la epidemia de Ébola, probablemente con un nivel inicial de entre 50 y 100 millones de dólares.
En segundo lugar, los países donantes deberían ampliar el presupuesto del Fondo Mundial y su mandato, para ayudar a los países más pobres a tener sistemas básicos de salud en todos los asentamientos de pobres y comunidades rurales. La mayor urgencia está en el África subsahariana y el sur de Asia.
Estas regiones deberían entrenar y desplegar un nuevo conjunto de trabajadores comunitarios de la salud bien capacitados. Con un costo de 5000 millones de dólares eso estaría garantizado.
Finalmente, los países de altos ingresos deben continuar invirtiendo adecuadamente en la vigilancia de enfermedades mundiales, la capacidad de alcance de la OMS e investigaciones biomédicas que sean capaces de salvar vidas.
-El autor es director del Instituto de la Tierra en la Universidad de Columbia.
Fuente: La Nación, 17/08/14.
Los esfuerzos por combatir el soborno usualmente han sido más enérgicos en Estados Unidos que en otras partes del mundo. En ese país, intentos redoblados por hacer cumplir una ley de 1977 produjo en los últimos años más procesos legales y miles de millones de dólares en multas.
Pero la brecha entre EE.UU. y el resto del mundo podría empezar a cerrarse.
Al ver el dinero que los reguladores estadounidenses han recaudado de compañías procesadas por presuntos sobornos, los gobiernos del Reino Unido, China, Brasil y Canadá han promulgado sus propias leyes anticorrupción en los últimos años y abierto investigaciones.
«Aún no hay muchos ejemplos de cumplimiento de leyes, pero definitivamente eso es lo que sigue, y es lo que debe preocuparles a las instituciones financieras», dijo la semana pasada Kelly Kramer, socia de Mayer Brown en Washington, durante una sesión de la firma de abogados sobre novedades en la aplicación de leyes anticorrupción alrededor del mundo.
Muchos países usaron como base para sus normas la Ley de Prácticas Corruptas Internacionales promulgada en EE.UU. hace 37 años, que prohíbe ofrecer dinero o regalos a autoridades o empleados extranjeros para obtener a cambio una ventaja empresarial.
Un punto que afecta de manera particular a las empresas que aspiran a fusiones transfronterizas es que la ley permite que se abran acciones legales en contra de compañías que pagan sobornos en cualquier parte del mundo si tienen negocios en el país donde se promulgó la ley.
La regla, incorporada en las leyes del Reino Unido y Canadá, requiere que las empresas con planes de fusión realicen sus diligencias debidas en forma exhaustiva, dijo Laurence Urgenson, líder de la práctica de anticorrupción y la Ley de Prácticas Corruptas Internacionales de Mayer Brown.
Luego de que en 1999 Canadá promulgó su Ley de Corrupción de Autoridades Extranjeras, hubo confusión sobre quién encabezaría las investigaciones y los procesos legales, dijo John Boscariol, socio de la firma de abogados McCarthy Tetrault LLP de Toronto.
Pero enmiendas a la ley aprobadas el año pasado le dieron a la Policía Montada de Canadá autoridad exclusiva para investigar y abrir procesos legales.
Hasta el momento, los reguladores canadienses han conseguido dos sentencias de culpabilidad contra compañías bajo la ley de corrupción internacional, y una pena de tres años de prisión en mayo para un hombre que jugó un papel clave en un caso de soborno, dijo Boscariol.
«Canadá al fin se puso al día», dijo, añadiendo que hay varias investigaciones en curso.
Un vocero de la policía canadiense no pudo ser contactado para que comentara sobre el tema.
La Ley de Sobornos del Reino Unido entró en efecto en 2011, y pronto entrarían en marcha varios procesos importantes, dijo Robert Barrington, director gerente de la oficina británica de Transparencia Internacional, una organización global de lucha contra la corrupción.
Barrington citó investigaciones de la Oficina de Fraudes Serios del Reino Unido contra GlaxoSmithKline PLC como ejemplos de los esfuerzos redoblados de esa agencia.
GlaxoSmithKline es investigada por posibles violaciones penales a sus prácticas comerciales. La farmacéutica dijo que estaba cooperando con las investigaciones.
Y aunque China ha sido agresiva en el inicio de acciones judiciales contra la corrupción, Barrington dijo que desconfía de si esas acciones son producto de intereses políticos o de un deseo de imponer la transparencia en los negocios, especialmente desde que China en realidad no ha tomado medidas enérgicas contra empresas nacionales que hacen negocios a nivel internacional.
Fuente: The Wall Street Journal, 14/08/14.
La radicalización de un gobierno que se termina
Por Joaquín Morales Solá.
En la mañana del 30 de julio pasado, horas antes de que el país entrara en default parcial, Cristina Kirchner decidió radicalizar su gestión y emprender el último tramo de su mandato como líder de una revolución que deberá suceder. Durante los dos días anteriores, su Gobierno había presionado sobre banqueros nacionales y privados para que la ayudaran a esquivar la cesación de pagos. Estuvieron cerca de lograrlo, pero la Presidenta giró poco antes de llegar a un acuerdo. La rotación presidencial continuó luego con un paquete de medidas que promete estatizar de hecho a todas las empresas privadas. Se profundizó más tarde cuando acusó de terrorista a una imprenta de capitales norteamericanos porque ésta quebró.
El aterrizaje suave que los funcionarios kirchneristas habían prometido después de la devaluación de enero se convirtió de pronto en una especie de chavismo tardío, casi agónico.
Nadie sabe qué sucedió esa mañana del miércoles 30 de julio. Jorge Capitanich, Carlos Zannini y Juan Carlos Fábrega habían convocado de urgencia a banqueros nacionales y extranjeros dos días antes. El dueño de un banco tuvo que regresar apresuradamente de Nueva York. Fábrega puso la cara en nombre del Gobierno. Los urgió a los bancos a juntar dinero privado para colocar una garantía en el juzgado de Thomas Griesa y para que reclamaran la suspensión de la sentencia hasta enero. Los bancos extranjeros tenían algunos reparos (sus dueños no están en el país), pero los bancos nacionales se comprometieron a reunir la primera remesa de dinero.
Todo estaba acordado con todos hasta que Axel Kicillof dinamitó el acuerdo en una conferencia de prensa en Nueva York.
La primera teoría señalaba que Kicillof fulminó algo en lo que no había participado. No es cierta. Cristina y Kicillof habían autorizado la gestión de Fábrega tanto como Capitanich y Zannini. El rencor contra Kicillof en el Gobierno, fácilmente perceptible ahora, es simétrico a la absoluta confianza de la Presidenta en él. El calificativo de «traidor» es frecuente entre funcionarios kirchneristas cuando se refieren al ministro de Economía. «Atrasa cuarenta años», dijo un funcionario ofuscado. La ruptura del acuerdo preliminar con los holdouts fue sólo el principio, aunque importante, de una hoja de ruta mucho más amplia en el camino del fundamentalismo político.
Es probable que la Argentina termine en el abismo de un default generalizado de su deuda pública. Faltan seis semanas para que los bonistas que entraron en los canjes, y que ahora no cobran por el embargo de Griesa, estén en condiciones de pedir el adelantamiento de los pagos previstos durante las próximas décadas. El país no estará en condiciones de enfrentar la magnitud de esos compromisos. Todos los tenedores de bonos, los que aceptaron y los que no aceptaron los canjes, se convertirían en acreedores impagos.
Si se llegara a una situación de default generalizado, sería improbable que el actual gobierno pueda reestructurar la deuda. El default será una herencia para el próximo gobierno, tal vez más difícil que la del default de 2001. La cesación de pagos actual sería producto sólo del capricho o la impericia y, además, se habría agotado la alternativa de ofrecer los tribunales de Nueva York como jurisdicción judicial. El país ya desobedeció a ese tribunal. La Argentina de Cristina Kirchner entró en un territorio desconocido, en el que el autoritarismo prevalece por sobre la racionalidad política y económica.
Nada cambiará sustancialmente en Nueva York. La Cámara de Apelaciones de esa ciudad convocó a una audiencia para el 18 de septiembre seguramente para corregir un claro error de Griesa. Aquel tribunal tratará el caso de los bonos bajo legislación argentina que el Citibank paga en dólares en el exterior, cuyos intereses el juez permitió pagar por «única vez». Griesa no tiene jurisdicción sobre los bonos que aceptaron la legislación argentina. Por lo demás, esa misma Cámara ya ratificó la decisión de Griesa sobre los bonos con jurisdicción en Nueva York. Esto no se modificará.
Cristina Kirchner se convenció definitivamente, para peor, de que existe un complot norteamericano. Sucedió poco después de que el gobierno de Obama despachó en 24 horas su negativa a enfrentarse con la Argentina en los tribunales de La Haya. En esos tribunales se dirimen diferencias entre Estados, no entre un Estado y particulares, como son los holdouts. ¿Pudo la administración de Obama presentarse ante el juez Griesa y pedirle una reconsideración de la medida en nombre de futuras reestructuraciones de deudas? Pudo, quizá. Pero esos favores requieren de intensas y silenciosas gestiones diplomáticas. La Presidenta se lo reclamó desde una tribuna, mientras les hablaba a los «pibes para la liberación». Obama ni siquiera le contestó. El círculo de la conspiración se había completado para Cristina.
La furia con que reaccionó por la quiebra de la imprenta Donnelley, propiedad de norteamericanos, fue consecuencia de aquella otra rabia por la indiferencia de Washington. Acusó a la empresa de haber tenido en su momento, no ahora, una parte de su paquete accionario en manos de los fondos que pleitean contra la Argentina. Encerrados aquí en verdades pueblerinas, sobresale un gran desconocimiento del mundo globalizado. El 70 por ciento de la propiedad de las más grandes empresas del mundo está en manos de fondos de inversión o de fondos de pensión. Tirando de ese hilo podría encontrarse con algunos personajes de la burguesía kirchnerista con inversiones en fondos especulativos.
De todos modos, es poco creíble que una imprenta haga terrorismo porque no seguirá imprimiendo las revistas Gente y Pronto. Sucedió que la imprenta perdía plata. Le propuso a los sindicatos un plan de adecuación, que fue rechazado. Le llevó una propuesta laboral al Ministerio de Trabajo, que también fue rechazada. Al final, la empresa simplemente se cansó de la Argentina, tiró las llaves y se fue.
No es cierto que Kicillof se parezca a José Gelbard, aunque sus políticas son muy similares. Gelbard era un empresario que conocía, aun en medio de sus mediocridades, la ley de la oferta y la demanda. Kicillof y sus muchachos no tienen experiencia ni conocimiento práctico. Sólo saben de teoría y de asambleas universitarias. Pero no hay salida: la Presidenta está seducida intelectualmente por el ministro de Economía. El segundo hombre de su confianza actual es el secretario de Comercio, Augusto Costa, pero no tiene ni la sombra de la influencia de Kicillof. Los dos, Kicillof y Costa, redactaron un paquete de medidas que podría terminar estatizando directamente la economía privada.
Si es cierto que se inspiraron en una vieja ley de Hugo Chávez, entonces debe puntualizarse que la experiencia chavista terminó con 1019 empresas expropiadas y con cerca de 20.000 empresas quebradas. El desabastecimiento llegó a tal extremo que, ya en tiempo de Nicolás Maduro, el régimen lanzó la consigna «Papel higiénico o Patria», porque faltaba el papel que se usa en los baños. La versión caribeña de «Patria o buitres».
Si se sancionaran las tres leyes argentinas, el Estado podrá meterse en cada eslabón de la cadena de valor de las empresas, fijar los márgenes de ganancias, incautarse de productos sin orden judicial y venderlos luego o decidir qué producirá cada empresa y qué no. El enorme poder de policía quedará en manos de la Secretaría de Comercio y de los gobernadores provinciales. La Justicia sólo podrá actuar luego de que se hayan consumado los hechos. Esas facultades «extraordinarias» al secretario de Comercio son claramente inconstitucionales.
Costa, el secretario de Comercio, les dijo a empresarios que el sentido de las leyes es otro y que nunca serán usadas esas facultades. ¿Para qué cargan, entonces, un arma que no usarán? Como pocas veces en los años kirchneristas, el empresariado (industriales, ruralistas, bancos) se unió en repudio de un proyecto oficial. ¿Detendrá eso al cristinismo? La última palabra estará en boca de los gobernadores peronistas con influencia en los legisladores nacionales.
La ley de abastecimiento que recuperó el kirchnerismo es de 1974, de los tiempos de Gelbard. No había caído el Muro de Berlín, y la Argentina y el mundo eran muy distintos. Las reacciones de la economía son ahora mucho más rápidas. El Gobierno podría verse obligado a una nueva devaluación antes de fin de año. La valuación del dólar conlleva siempre nuevos saltos de la inflación. ¿Hasta dónde será socialmente tolerable la inflación, que ya está rozando el 40 por ciento anual? El problema laboral no es sólo de una empresa norteamericana. Miles de industrias y comercios tienen graves problemas y se ven obligados a suspender o despedir trabajadores. La inversión, además, demorará en llegar después del radical giro cristinista.
Una manifestación de estudiantes universitarios protestó el viernes en pleno centro de Buenos Aires contra las empresas extranjeras. Parecía una foto antigua, color sepia. Pero, ¿qué clase de madurez se les puede pedir a los estudiantes cuando es la Presidenta la que levanta la última bandera de una revolución inverosímil?.
Fuente: La Nación, 17/08/14.
Cinco heridos en Barcelona al caerse de un balcón mientras se hacían una selfie
Las víctimas, que tienen entre 44 y 49 años, han caído desde un tercer piso en la localidad de Sitges.
Barcelona – La Vanguardia.
Cinco personas han resultado heridas, tres de ellas de gravedad, al caer de un balcón cuando se estaban haciendo una selfie en unos apartamentos de la calle del Garraf de Sitges (Barcelona), han informado a Europa Press fuentes del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
Según las primeras informaciones, los heridos, que tienen entre 44 y 49 años, han caído desde una altura de un tercer o cuarto piso. Los hechos han ocurrido sobre las 17.30 horas de este jueves en unos apartamentos del número 11 de la calle Garraf, cuando las cinco personas se estaban haciendo una foto y la barandilla en la que estaban apoyados ha cedido.
La herida más grave ha sido trasladada en estado crítico por un helicóptero medicalizado del SEM al hospital de Bellvitge, y un herido muy grave está pendiente de ser evacuado al Hospital de Sant Pau de Barcelona. Otro de los heridos en estado grave ha sido trasladado al centro hospitalario Sant Camil de Sant Pere de Ribes, otro menos grave a este mismo hospital y otro al hospital de Vilafranca.
Fuente: Clarín, 17/08/14.
Balcón donde cedió la barandilla cuando cinco personas se hacían una selfie en Sitges, Barcelona. (EFE).
Otro caso similar: Por una selfie, cayeron de 80 metros y murieron
Subastas de inmuebles incautados a narcotraficantes.
Por Byron Rolando Vásquez.
Debido al riesgo de posibles atentados por la procedencia de los bienes, los guatemaltecos muestran poco interés por participar en las subastas de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) para adquirir propiedades expropiadas por narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas o extorsiones.
Entre los obstáculos para participar en las subastas se cuentan los requisitos, origen y estado en que se encuentran -especialmente vehículos-, ubicación de los inmuebles y capacidad económica.
Algunas personas solo se han interesado en un lote de gallos de pelea que eran del presunto narcotraficante Eduardo Villatoro Cano.
Fenómeno
Francisco Quezada, experto del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), señala que ese es un fenómeno reiterativo en los países donde hay procesos de extinción de dominio.
“Hay temor por quién fue el propietario anterior. Entonces, nadie quiere ir a comprar una residencia, un predio, que haya tenido uno de esos orígenes —narcotráfico o crimen organizado—, por la seguridad y la inversión. Entonces, al final, el Estado termina adjudicándoselas”, agregó.
Añade que otro de los factores es la capacidad económica, debido a que son propiedades ostentosas ubicadas en poblados donde nadie puede adquirir esos inmuebles.
A ello se suman los requisitos establecidos en la legislación, que se convierten en freno, por ser información sensible la que solicitan a los participantes, señaló.
“Y por los niveles de inseguridad en el país, los guatemaltecos temen que sus datos sean públicos, aunque, desde el punto de vista de ellos —Senabed—, esa investigación es necesaria para que no haya autocompra a través de terceros”, aseveró Quezada.
También indicó que en el caso de Colombia el proceso es similar al de Guatemala, debido a que se teme que los propietarios recuperen sus bienes por la vía violenta.
Lizandro Acuña, del Instituto Nacional de Problemas Nacionales (Ipnusac), coincide con Quezada en que los requisitos disuaden a los guatemaltecos de participar en las subastas, porque hay datos de carácter “muy personal”. “Lo cual facilita la localización y ubicación de las personas interesadas en adquirir un bien”, afirmó.
Acuña se inclina por un sistema precautorio, como una declaración jurada para que la población pueda interesarse.
Represalias
El experto del Ipnusac también expone que otro de los aspectos fundamentales por lo que no tienen éxito las subastas de los bienes es que hay temor en los potenciales compradores por represalias de las estructuras del crimen organizado.
“La lógica es que el guatemalteco prefiere abstenerse de participar por temor a que pueda ser objeto de un atentado por venganza o represalia”, dijo.
Son abandonadas
Quezada subrayó que al momento en que las propiedades pasan a poder del Estado, lo más seguro es que “terminen siendo abandonadas, porque el mismo Estado no sabe qué hacer con ellas”.
En el caso de los vehículos, estos son donados a las fuerzas de seguridad y allí se absorben fácilmente, explicó.
“Al final, el Estado ha invertido tanto en combatir el narcotráfico y al crimen organizado que con la utilización de estos bienes se compensaría, pero por ser ostentosas no las pueden vender ni ocupar y les quedan fuera de toda planificación”, dijo.
Entretanto, Acuña señaló que ha habido deficiencia por parte del Estado en la administración de los bienes. Cita como ejemplo el caso del Organismo Judicial, en el que un alto porcentaje de su infraestructura es alquilada, lo cual genera gastos. También menciona al Ministerio Público, que tiene un gasto mayor en alquiler de instalaciones; así como el Instituto de la Defensa Pública Penal, que requiere ampliar su cobertura en el territorio nacional.
Condiciones para participar
-Persona individual: constancia de carencia de antecedentes penales y policiales, certificación de estados financieros, acta notarial de declaración jurada de que el dinero no proviene de actividades ilícitas.
-Comerciantes: solvencia fiscal, fotografías externas e internas de la firma, certificados de estados financieros, detalle de la empresa.
-Sociedades: testimonio de escritura constitutiva, además de los mencionados anteriormente.
-Asociaciones o fundaciones: escritura de constitución, detalles de a qué se dedican, entre otros.
-Sociedades extranjeras: acta que acredite la representación legal, indicar el país donde está constituida.
Cifra
Veinte inmuebles ya fueron expropiados y serán subastados.
Fuente: PrensaLibre.com, 15/08/14.
Propiedad de Mario Ponce, quien purga pena de 25 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico. El inmueble se encuentra en proceso para que pase a favor del Estado.
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Un punto que afecta de manera particular a las empresas que aspiran a fusiones transfronterizas es que la ley permite que se abran acciones legales en contra de compañías que pagan sobornos en cualquier parte del mundo si tienen negocios en el país donde se promulgó la ley.
