Consejos para aliviar el peso del impuesto a las ganancias y recuperar pagos a cuenta

Por Silvia Stang.

Cerca del final de un año en el que la presión impositiva por Ganancias es récord para los asalariados, autónomos y jubilados alcanzados, llega la hora de repasar qué cosas deben tenerse en cuenta para aliviar la carga por la vía de las deducciones admitidas, y también de poner al día la información sobre los pagos a cuenta que pueden recuperarse.

Hacer una deducción significa descontar un gasto, dentro de los límites admitidos por la normativa, del monto de ingresos sobre el cual se calcula el impuesto, lo cual disminuirá la carga. El efecto es, por tanto, diferente al de conseguir el reintegro del dinero retenido como pago a cuenta. Ambos conceptos se informan en el formulario 572, que cada año más personas deben completar en forma electrónica, tras ingresar con clave fiscal en www.afip.gob.ar y clickear en la opción «Siradig».

Para informar deducciones y pagos a cuenta correspondientes a 2014, hay tiempo hasta el 31 de enero de 2015. Pero hay cuestiones a tener en cuenta antes de fin de año.

PAGOS A CUENTA

Uno de esos temas es que si en diciembre se compra un paquete turístico para un destino en el exterior, que sea facturado ese mes, «habrá una percepción de 35% que podrá computarse para el pago de Ganancias de 2014», según explica el contador Guillermo Pérez, del estudio GNP. En cambio, agrega, «si la adquisición se hace en enero o febrero, recién podrá computarse para el impuesto de 2015». La diferencia en lograr la devolución será de un año entero. La compensación en estos casos se hace siempre con la liquidación anual del impuesto, y así, el dinero vuelve al bolsillo de los trabajadores en febrero del año siguiente al que se hizo el pago al fisco (sin importar en qué mes eso haya ocurrido y sin que el monto tenga actualización alguna). La excepción es el caso de un trabajador que en algún momento cualquiera del año deja su puesto, y entonces, la compensación se hará con su liquidación final.

Las percepciones por compras en el exterior con tarjeta de crédito podrán computarse como pagos a cuenta -según aclara la AFIP en su página web- «en el período en que se abone el correspondiente resumen». «Si el gasto fue hecho el 20 de diciembre y la tarjeta vence el 7 de enero y se abona justo en esa última fecha, el recargo recién podrá computarse como pago a cuenta para el impuesto de 2015», dice Pérez. Sin embargo, agrega, si el contribuyente paga hasta el 31 de diciembre, entonces podrá reclamar la devolución para cuando se haga la liquidación de 2014.

Cuando se compra algo en cuotas (como un paquete turístico), «la percepción total de 35% por la operación se efectiviza en la primera de ellas», dice Andrés Djmal, del estudio Lisicki, Litvin & Asociados. Por lo tanto, si se está en condiciones, conviene decidir un consumo ahora antes que en enero. Y procurar que ese primer vencimiento ocurra en 2014.

Además de esas percepciones, puede pedirse la devolución de las aplicadas por compras de moneda extranjera, para viajar o para ahorrar.

Todos estos pagos a cuenta ya están informados a la AFIP, y cada contribuyente puede consultar los datos en la página del organismo, en la opción «Mis retenciones». Allí aparecen también los descuentos salariales. En la información desplegada hay datos que deberán consignarse en el formulario 572 (algunos, incluso ya aparecen ahí), pero igualmente se debe disponer del extracto bancario, resumen de tarjeta de crédito o facturas de agencias de turismo en los que consten las percepciones.

En un resumen bancario puede haber otro dato importante: el de los cargos por el impuesto a los créditos y débitos bancarios, que parcialmente son pagos a cuenta. Es posible compensar el 34% del monto abonado por la tasa de 6 por mil, y el 17% en el caso de lo tributado por la imposición de 12 por mil.

DECLARACIÓN EN LA WEB

Siempre que se declaren las percepciones por compras en el exterior o compra de divisas, deberá completarse el formulario 572 en su versión electrónica. Esa exigencia rige también para quienes tienen una remuneración bruta anual de $ 250.000. Además, cada empresa puede disponer que sus empleados hagan su declaración por esta vía y no en papel.

Las deducciones y percepciones pueden notificarse en cualquier momento, más allá de cuándo el empleador las tomará en cuenta para calcular el impuesto (si las considerará mes a mes o sólo en la liquidación anual).

DEDUCCIONES

¿Qué puede deducirse?

Familia. Cónyuge; hijos menores de 24 años o incapacitados para el trabajo; nietos, bisnietos, hermanos, yerno y nuera menores de 24 años o incapacitados; padre, madre, abuelos, bisabuelos, suegros. Deben residir en el país y no contar con ingresos netos mayores a $ 18.662 anuales (si quien deduce tuvo ingresos mensuales de entre $ 15.000 y $ 25.000 de enero a agosto de 2013) o de $ 15.551 (ingresos mayores a $ 25.000).

Servicio doméstico. «La resolución 3693 de la AFIP estableció que se podrán deducir los aportes y contribuciones obligatorios por cada trabajador, entre los que se encuentra la cuota de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo», especifica Djmal. También se deduce el salario, y sobre el total se aplica un tope, de $ 18.662 o de $ 15.552, según lo descripto en el párrafo anterior. Según información de la AFIP, la persona deberá consignar el total abonado en el año y luego el empleador aplicará la limitación correspondiente.

Gastos médicos. Se deducen las cuotas de planes de salud del contribuyente y sus familiares a su cargo. Se declara el total, pero la deducción será por el monto de la factura hasta un límite equivalente a 5% de la ganancia neta acumulada al mes correspondiente (lo calcula el empleador). También se deducen gastos por prestaciones médicas, facturados y no reintegrados por la prepaga u obra social (si hubo reintegro parcial, se deduce lo no recuperado); se considera el 40% del gasto. En el caso de medicamentos, sólo se incluyen los que fueron consumidos y pagados por la persona durante una internación.

Seguro de vida y gastos de sepelio. Sólo se admite una deducción de hasta $ 996,23 por año por cada ítem, un tope no actualizado y hoy desvinculado de la realidad. Pueden tomarse los contratos de vida voluntarios y los seguros incluidos en operaciones con pago en cuotas. Los gastos de sepelio pueden ser por un familiar a cargo.

Donaciones. Deben realizarse a través de un depósito, giro, transferencia o débito bancario, según aclara Djmal. Y deben ser a favor de instituciones religiosas o entidades que realicen acciones médicas, investigación científica o actividad educativa, siempre exentas de Ganancias.

Intereses por créditos. Son deducibles si corresponden a préstamos hipotecarios para vivienda; el límite es de $ 20.000 anuales. Para los autónomos, es válido deducir el costo de los créditos para adquisición de bienes afectados a la actividad, además de ciertos gastos que, más allá de su forma de pago, sean necesarios para realizar sus tareas.

Más presión, menos poder de compra

• Con una inflación estimada en 40%, este año se caracteriza por una caída generalizada del salario real. Un trabajo del Ieral revela que, si se consideran ingresos de igual poder adquisitivo desde 1998, el porcentaje que representa Ganancias es hoy mucho más alto que en los años previos (ver los datos en el gráfico). Hoy están exentos quienes entre enero y agosto de 2013 ganaron no más de $ 15.000 mensuales, un parámetro inflexible que provocó muchas inequidades.
• El reclamo que mantienen en pie algunos sindicalistas es que el medio aguinaldo de fin de año quede liberado del impuesto. Sería un alivio para el bolsillo, pero la presión seguiría siendo récord. Según el Ieral, para un asalariado sin cargas de familia y un sueldo bruto de $ 21.000 promedio en el año, Ganancias representa 9,7% de ese monto; si se tomara la medida reclamada, ese porcentaje sería de 9,1%; en cualquier caso, el fisco se habrá llevado más de un sueldo completo.

Fuente: La Nación, 30/11/14.

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El kirchnerismo no fue una variante superadora del tradicional populismo macroeconómico latinoamericano. Sólo tuvo la suerte inicial de condiciones externas excepcionales. El experimento mostró sus límites tan pronto como tantos otros aplicados, sin éxito, en los 70 y en los 80. Fue allá por 2006 cuando el aumento del gasto público acabó con el superávit fiscal, y la inflación hacía su reaparición en la vida diaria de los argentinos. El kirchnerismo por aquel entonces la trataba como una extraña, como si se hubiera «colado» a la fiesta de esos años. Negaba lo innegable. La inflación era, es y seguirá siendo la manifestación más acabada del empecinamiento en sostener un populismo condenado genéticamente al fracaso.

Esta semana, tanto la Presidenta como su ministro de Economía dieron cuenta públicamente, una vez más, de ese empecinamiento. Los dos pusieron bien en claro que el eje de la política económica del Gobierno seguirá siendo el gasto público. Algunos pensarán: «nada nuevo». Después de todo, ya durante el gobierno de Néstor Kirchner, se usaba la máxima de «billetera mata galán» para dar cuenta de cómo el ex presidente construía poder a través del gasto público. Pero en aquellos años, el aumento del gasto, cercano al 40% anual, superaba con creces la inflación. Ahora, el gasto crece a tasas incluso más altas de las que se expandía bajo la administración Néstor Kirchner, pero en línea con la inflación. Así, los beneficios reales de la expansión fiscal resultan cada vez más imperceptibles, y sus costos cada vez mayores. El Gobierno apuesta a que el aumento del gasto público permita sacar la economía argentina de la recesión. Parece no importarle ni la inflación ni la asfixia del sector privado; ni tampoco parece caer en la cuenta de que el descontrol fiscal y la emisión que los financia seguirá sesgando las expectativas hacia un escenario de corrección macroeconómica.

Porque el punto central es que, aun cuando este gobierno no crea que haga falta o no quiera corregir la macro, el trabajo habrá que hacerlo. Para volver a crecer hará falta sanear las cuentas públicas, reordenar los precios relativos y recuperar el equilibrio interno y externo. La estabilidad macro es una condición necesaria para que la economía vuelva a un sendero de crecimiento sustentable, pero esa estabilidad no se logra con más intervenciones de mercados o con la policía. La actual calma cambiaria no es sinónimo ni se le parece a la estabilidad macro. Y, al igual que las anteriores, no será más que una pausa transitoria y forzada si las políticas siguen siendo las mismas.

El Gobierno busca comprar tiempo. Su único objetivo es llegar a diciembre de 2015 con la misma política fiscal y sin que se produzca una brusca corrección macro. La sorpresa de 2014 ha sido que durante la segunda mitad del año el Gobierno se mostró más preocupado por la caída de las reservas y el aumento de la brecha que por la caída de la actividad económica. En el arranque del año, la hipótesis de trabajo era otra: había cierto consenso en el mercado en cuanto a que, una vez que se confirmara la recesión, el Gobierno no se limitaría sólo a aumentar el gasto público, sino que aplicaría un set adicional de políticas expansivas. Sin embargo, no lo hizo. No sólo no volvió a devaluar, sino que extendió el cepo cambiario a las importaciones. Es probable que el default de mitad de año lo haya forzado a revisar sus planes en cuanto a cuidar las reservas, y que el «salto» inflacionario, hasta el 40% anual, lo haya llevado a revisar sus planes en cuanto a evitar una apreciación real del tipo de cambio oficial. Pero un año antes de la finalización del mandato y con una situación real que se sigue deteriorando, cabe preguntarse por cuánto tiempo más podrá, o querrá, el Gobierno seguir adelante con estas políticas.

Hay cierta expectativa acerca de que una negociación exitosa con los holdouts y una rápida salida del default en el primer trimestre del año puedan hacer de 2015 un año distinto al que se está terminando. Amén de que no soy tan optimista respecto de un final rápido y feliz de la saga holdouts, creo conveniente remarcar que ninguno de los desequilibrios fundamentales ni ninguna de las distorsiones que afectan la actividad económica se solucionarán en Nueva York. El modelo populista está agotado y lo máximo que podría lograr el Gobierno es comprarle algo más de tiempo. Pero eso no evitará su anunciado final.

Fuente: La Nación, 30/11/14.

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Un pequeño ejemplo de caradurismo oficial y complicidad silenciosa lo tuvimos esta misma semana, cuando frente a una acusación concreta de practicar macartismo y marginar de las comitivas oficiales a escritores que fueron abiertamente críticos del Gobierno, la directora de Asuntos Culturales de la Cancillería aseguró que la nómina de viajeros a la Feria del Libro de Guadalajara le había costado al erario 31 millones de pesos y que estaba pletórica de pluralismo ideológico. También agregó que a pesar de esta fortuna, no fue posible subir al avión a los eternos marginados, los sancionados por sus opiniones políticas: Caparrós, Sarlo, Sebreli, Abraham, Asís, Birmajer, Romero, Kovadloff. Pero que ella se había cerciorado personalmente de que sus libros volaran a la ciudad mexicana. Qué generosa. Qué progresista este gobierno de listas negras. Y qué poca solidaridad se ha encontrado entre los escritores bendecidos y la opinión pública. Detrás del discurso cínico, el kirchnerismo mantiene su amenaza implícita: hay hijos y entenados; si quieren seguir participando, a no envalentonarse con el fin de ciclo, porque el que calla gana y el que fustiga, pierde. Y el que pegue a lo sumo que sepa dónde, compañeros. Siempre hay que pegar donde no duele.

Esta misma clase de formato -lamentable combinación de descaro funcional y de indiferencia oportunista-, permitió en su momento que el movimiento nacional y popular acabara con la pobreza estructural por el simple método de ocultarla bajo la alfombra del Indec, y que este montaje fuera consentido por notorias plumas nacionales. Y está logrando ahora que se lleve a cabo con muy bajos costos una de las mayores operaciones de ocultamiento e intimidación de la democracia: destruir al magistrado que investiga el posible lavado de dinero de la familia presidencial, y hacerle creer al pueblo que se busca terminar con los «jueces de la servilleta». Durante once años el kirchnerismo mantuvo buenas relaciones con los jueces federales y últimamente, ya en retirada, se preocupó por juntar denuncias para tenerlos bajo la espada de Damocles. El truco consiste en que los jueces no molesten al poder político, y que si lo hacen, queden a tiro de una destitución. Por esa misma razón, se apuraron a aprobar el nuevo Código Procesal Penal, que faculta a la patrona de Balcarce 50 para nombrar por interpósita persona un pelotón de fiscales con la misión de proteger a los propios y atacar a los ajenos. El cuadro se completa con una escena noir, digna de la Guerra Fría: le ofrecieron a la oposición un canje de prisioneros. Oyarbide por Bonadio. ¿No es maravillosa la Argentina?

Para volar en pedazos al instructor de la causa y proteger al principal sospechoso, se sigue aquel modus operandi del affaire Boudou, donde se usó información confidencial para decapitar al juez y se lanzaron denuncias sin fundamentos para destrozar al procurador. También entonces se habló de golpismo activo, y se realizó en paralelo un desparramo institucional de proporciones bananeras. La reacción del Gobierno fue mucho más grave incluso que el hecho de corrupción que se indagaba. Esa irresponsabilidad hubiera desatado un alboroto gigantesco en cualquier república más o menos civilizada, incluyendo muy especialmente a nuestras vecinas: Brasil y Chile. Aquí no llamó mucho la atención, y con el tiempo se fue olvidando. Todo pasa, compañeros, todo pasa.

La respuesta a la osadía de Bonadio fue similar. El jefe de Gabinete, con su habitual prudencia republicana y su conocida propensión a los matices, declaró que todo el Poder Judicial hacía «política partidaria y corporativa, defendiendo intereses propios y de grupos económicos concentrados». El secretario de Justicia llamó «pistolero» al juez, el piquetero oficial propuso dejar clavada la cabeza de Bonadio en una pica y un senador inclinado al chascarrillo aseveró que en ningún país serio se allana la empresa de una presidenta. La última defensa admite involuntariamente algo cierto: éste no es un país serio. Si lo fuera, no se toleraría que el vicepresidente de la Nación siguiera en su cargo con algunos procesamientos encima. Ni que la primera mandataria pudiera eludir una explicación clara, en tiempo y forma, sobre todos sus negocios privados, que a esta altura son multimillonarios. Tampoco se soportaría que uno de los principales contratistas del Estado tuviera vínculos comerciales y operaciones inmobiliarias, hoteleras y crediticias cruzadas con la jefa de esa misma administración pública. Ni que sus causas se ralentizaran en los tribunales locales y se aceleraran en Uruguay, Suiza y los Estados Unidos. En naciones más maduras la lentitud judicial y la promiscuidad económica no caen muy bien; aquí parecen un mal necesario, una avivada criolla o, a lo sumo, una fatalidad del destino.

La reaparición de Cristina Kirchner tuvo algunas novedades: advirtió que no se dejará apretar por los buitres, insinuando que no habrá arreglo con los holdouts a pesar de que Singer investiga su patrimonio, y sin solución de continuidad apretó a Bonadio. Lo hizo difundiendo información guardada con celo dentro de la Inspección General de Justicia y con la intención de embarrar al juez que la embarró. Como si dijera: soy más inocente si todos estamos en el mismo lodo. La respuesta de Bonadio fue insinuar que no le cierran los números de las declaraciones juradas de la Presidenta, de su socio ni de sus hijos. Se las pidió oficialmente al Gobierno, que pocas horas después sacudió a la opinión pública divulgando la existencia en un banco suizo de 4040 cuentas de argentinos sospechados de evasión. ¿Cómo esconder un elefante? Llenando la cancha de elefantes. Esa misma tarde, el cristinismo dio un paso más: mandó denunciar a Margarita Stolbizer, una de las legisladoras más valientes de nuestro Parlamento, por presunto «enriquecimiento ilícito», justo horas después de que la diputada nacional pidiera públicamente que se reabriera la histórica causa contra el matrimonio Kirchner que en su momento cerró Oyarbide, ayer el salvador y hoy el intercambiable.

Toda esta ruidosa impudicia, toda esta guerra desesperada que transcurre en la gran vidriera nacional, carece sin embargo de un correlato social consistente. Los descalabros institucionales, las corrupciones aceptadas, el disciplinamiento feroz, el silencio de muchos intelectuales y el macartismo son desde hace rato moneda corriente. Hemos perdido la capacidad de sorpresa y de indignación, y tomamos la anestesia por remedio. ¿Por qué pueden hacerlo? Porque no pasa nada. ¿Por qué nos tratan como imbéciles? Porque a veces lo somos. Es triste y doloroso decirlo. Callarlo sería condenar sólo a los que mandan, engañar a los que tienen esperanzas, crear falsas expectativas y, por lo tanto, practicar otra forma de la demagogia. Nuestro problema es mucho más vasto y profundo que el cambalache kirchnerista.

Fuente: La Nación, 30/11/14.

¿Por qué nos tratan como imbéciles? Porque a veces lo somos.

“EL GOBIERNO BANANERO QUE VA POR TODO”

Buscan convertir el país en un nuevo paraíso fiscal: el saqueo K no tiene límites

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Los criterios del juez actuante y del político retirado se disiparon. Aquel consejo materno prevaleció más que nada en Bonadio.

Cristina Kirchner tropezó con ese investigador de su fortuna justo cuando todos los jueces federales se han declarado en estado de sublevación. Los que suelen darse una vuelta por Olivos contaron que debieron salir en el acto. La Presidenta tiene un humor de perros desde que Bonadio allanó las oficinas vacías de una empresa suya. Los cortesanos ya no saben qué hacer para calmarle el mal carácter. Acusaron al juez, a la denunciante (Margarita Stolbizer) y a la testigo de la causa (Silvina Martínez, una ex empleada de la Inspección General de Justicia). Revolearon sin confirmar una supuesta información sobre cuentas de argentinos en el exterior y convirtieron a Bonadio en el juez más perseguido y denunciado de la democracia argentina. Necesitan una cortina de humo o sacar un conejo de la galera. Pero el humo se desvanece rápidamente y los conejos salen muertos.

Bonadio está separando las capas de la cebolla que cubren a la persona de la Presidenta. Cuando el jueves pasado le pidió a la AFIP todas las declaraciones juradas de la familia Kirchner (Néstor, Cristina, Máximo y Florencia) apareció claramente la línea de la investigación: no es Lázaro Báez, sino Cristina. O no es sólo Lázaro Báez. La AFIP le devolvió el tamaño de un libro que le llevó seis horas fotocopiar. El juez se propone un cruzamiento de esas declaraciones para establecer de qué manera creció el patrimonio presidencial y por qué. ¿Lo paralizará a Bonadio la inédita campaña en su contra? «La duda era si daba el primer paso, pero ya lo dio. Ahora está en carrera y no puede ni quiere detenerse», asegura otro juez federal. Fiestas de fin de año amargas la aguardan a la Presidenta, que podrían comprometer su jactanciosa popularidad. No hay peor mezcla política que la de una crisis económica, como la que existe, con sospechas de corrupción en el poder.

La última declaración jurada de bienes que hizo Cristina Kirchner como senadora, antes de que su matrimonio llegara al poder, en 2002, consignaba la propiedad conjunta de 25 casas de bajo valor en Río Gallegos. Nada más. No había ninguna empresa ni hoteles ni grandes ahorros. Todo el emporio económico personal que existe hoy fue construido durante la gestión de los dos Kirchner como presidentes de la Argentina.

De todos modos, el gran desafío de Bonadio es comprobar que no se usaron las habitaciones del hotel contratado anualmente por Báez, Alto Calafate. Llegado el caso, deberá citar a declarar, uno por uno, a los supuestos ocupantes de esas habitaciones. Si terminara comprobando que Báez pagó millones de pesos anuales por algo que no usó, el caso de blanqueo de dinero quedará abierto. El blanqueo es la maniobra para convertir en lícitos dineros de origen ilícito. Es un delito autónomo; es decir, no se necesita comprobar el origen ilícito del dinero para configurar el delito.

¿Hasta dónde puede llegar la Justicia con Cristina Kirchner, jefa del Estado? La respuesta no está clara ni siquiera para los jueces. Algunos de ellos sostienen que podría repetirse el caso Boudou: el juez podría terminar en citaciones y procesamientos. Ese sería el límite. Otros no están tan seguros porque se trata de una jefa de Estado. En los tribunales están estudiando, previsores, toda la legislación argentina y extranjera. Hasta una sentencia de la Corte británica sobre el caso Pinochet, cuando el dictador fue detenido en Londres, en la que se hacen largas consideraciones sobre la inmunidad presidencial.

Sea como sea, según los papeles que hay ahora en la Justicia, el rol activo de Cristina Kirchner es nulo o menor en la administración de sus empresas. Es mucho más importante el protagonismo de Máximo Kirchner en esas empresas. De ahí, entonces, la preocupación por «los chicos» que dicen que existe en Olivos. El plural es injusto. No existe ningún papel, informe, testimonio o declaración que involucre a Florencia Kirchner. En cambio, Máximo Kirchner sí tomó decisiones en su nombre y en el de la sucesión de Néstor Kirchner. El hijo presidencial sería la primera figura en ser investigada si se constatara que hubo maniobras sospechosas de blanqueo de dinero.

Máximo Kirchner no tiene fueros, pero tampoco tuvo nunca ningún cargo público. No obstante, el eventual delito de lavado de dinero no es exclusivo de funcionarios; puede ser aplicado a cualquier ciudadano. Los tratos entre Lázaro Báez y los Kirchner o entre los hoteles de éstos y Aerolíneas Argentinas exhiben dosis colosales de chapucería y una igualmente enorme sensación de impunidad. Es habitual, por ejemplo, que se cancele un vuelo de Aerolíneas Argentinas entre El Calafate y Ushuaia. La tripulación de los aviones y los pasajeros son alojados en un hotel de los Kirchner. Nunca se explica la razón de la rutinaria cancelación de ese vuelo.

El cristinismo no tiene dos acciones posibles ante la adversidad. Golpea si está fuerte, y también golpea si está débil. La Presidenta es así. En la encrucijada actual se topó con un juez con la piel curtida para los golpes de la política. Cristina no está dispuesta a pestañear frente al juez, y Bonadio tampoco frente a ella. Los dos son como son.

El revolucionario cristinismo está aplicando el mismo remedio que el menemismo usó en su época agónica. No sólo nosotros somos malos. Todos son malos. Ricardo Echegaray verá caer sobre su persona decena de juicios de personas nombradas por tener supuestas cuentas en Suiza. Violó el secreto fiscal, no investigó para ver si existió un delito y, encima, dejó trascender nombres. El discurso consiste en hacer creer que es un delito que un ciudadano argentino tenga una cuenta en el exterior. Eso no es cierto. No hay ninguna ley que prohíba esa operación bancaria.

Una decisión correcta de la AFIP debió investigar si se trata, en primer lugar, de datos ciertos. En segundo lugar, debió analizar si esos dineros, en caso de existir, fueron o no declarados ante la agencia impositiva. Y, por último, debió emplazar a los dueños de las cuentas a ponerse al día con el fisco, si se comprobara alguna evasión. Una cosa es, por lo demás, el dinero de privados o de empresas privadas. Otra cosa es el dinero acumulado por funcionarios públicos en el ejercicio de su función en el Estado. No todo es lo mismo.

El único discurso que la Presidenta dio desde que se allanó la oficina de su empresa fue emblemático del agobio político e intelectual del oficialismo. Primero, se manifestó extorsionada por un juez, no se sabe si por Bonadio o por Thomas Griesa. «Carancho judicial» le cabe a uno u otro. Pero inmediatamente después empezó ella misma a extorsionar a Bonadio por la supuesta tenencia de acciones del juez de una empresa que estaría en idéntica situación que la de ella. Bonadio tiene el 20 por ciento de acciones de una estación de servicio, que fue el pago que un hermano le hizo por una deuda. El juez le aseguró a su equipo que es la tercera minoría en el paquete accionario y que nunca participó de ninguna decisión comercial.

Sucede lo mismo en el Consejo de la Magistratura. El cristinismo dice que Bonadio tiene nueve causas abiertas ahí; en rigor, tiene ocho. El propio oficialismo dejó pasar los tres años necesarios, en varias de esas causas, para tomar una decisión. Después de ese plazo, las causas contra jueces deben ir al plenario del Consejo para ser cerradas. Nunca fueron cerradas. Las tienen abiertas para ventilarlas en momentos como éste. Aunque nadie imaginó nunca un instante en el que Cristina Kirchner sentiría temor. Su destino está en manos de un juez que recordó que siempre es mejor apurar los malos tragos.

Fuente: La Nación, 30/11/14.

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CARACAS.- El dólar paralelo en Venezuela subió ayer hasta más allá de las nubes, destrozando todas las previsiones del gobierno de Nicolás Maduro. Cuando hace menos de dos meses superó la barrera psicológica de los 100 bolívares por billete norteamericano, parecía tocar su techo. Pero nada más lejos de la cruda realidad económica del país: ayer llegó a los 150, empujado por la decisión de la OPEP de no intervenir en la caída del precio del petróleo.

El oro negro a la baja y el dólar blue subiendo a toda velocidad (el cambio oficial está establecido en 6,30 bolívares): sin duda, una pesadilla para el equipo económico del chavismo, empeñado en mantener su «modelo exitoso», pero incapaz de combatir el mercado paralelo más allá de las amenazas de Maduro y sus ministros.

El «hijo de Chávez» vaticinó en 2013 que le iban a «torcer el brazo al paralelo». Rafael Ramírez, que fuera zar económico y ahora canciller, fue incluso más taxativo: «Lo vamos a pulverizar». Hasta el más comedido Jorge Arreaza, vicepresidente y casado con la hija mayor de Hugo Chávez, tampoco acertó en sus predicciones: «Será un mal recuerdo».

La realidad es muy distinta: el dólar negro aceleró su alza semana a semana, cuando antes había necesitado casi todo el año para duplicar su valor. Su influencia en la vida de los venezolanos es más contundente que la de un martillo económico, disparando la inflación (por encima del 70%, la mayor del planeta).

Todos los días, sin descanso, alcanzando cotas impensables para los venezolanos, a los que no sólo les cuesta muchos sacrificios comprar alimentos y productos básicos en colas interminables por culpa de la escasez y el desabastecimiento. Cuando los encuentran, son disparatadamente caros.

En paralelo, el mercado negro se convirtió en un termómetro económico que refleja la incertidumbre que vive el país en medio de una crisis galopante, que el gobierno achaca a la «guerra económica de la burguesía parasitaria». Acusación que el 70% de la población «no cree nada en absoluto», según una encuesta reciente de Datanálisis.

«Frente a la conspiración permanente de la oligarquía y la derecha, sigamos consolidando el poder verdadero que ama nuestra patria», arengó ayer Maduro. En ese mismo momento se registraba el desplome del barril petrolero de Texas, del más del 10% en un solo día.

El precio del barril venezolano, antes de esa dramática caída, se había situado en 68,08 dólares. La explicación oficial, suministrada por el Ministerio de Petróleo y Energía, confirmó que el precio terminó a la baja «presionado por el incremento mayor al esperado de los inventarios comerciales de crudo en Estados Unidos» y por la decisión de la OPEP de «mantener sin cambio su techo de producción», en torno a los actuales 30 millones de barriles diarios.

La mezcla de la escalada de uno y de la caída del otro también obligó a analistas y a bancos a cambiar sus estimaciones, todas ellas negativas para el chavismo, que vive su peor momento tras 16 años de revolución.

Según Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, Barclays informó a sus clientes que el promedio del barril de petróleo local en 2015 girará en torno a los 64 dólares, lo que supondría una caída de 15.000 millones de dólares para las arcas del Estado. Muy lejos quedan los 100 dólares por barril que disfrutó Chávez durante años.

«Es evidente que se aproxima una crisis mayor y es obvio, para la mayoría, que lo que se está haciendo para contrarrestarla no funciona», resumió Luis Vicente León, presidente de Datanálisis.

Las redes sociales repetían ayer insaciables las viejas declaraciones de los funcionarios contra el dólar blue, mientras que la oposición, tan dividida, se alineaba con frases muy duras. Entre ellas se destacó la de Henry Ramos, líder de Acción Democrática: «Propongo que se quite el nombre de bolívar a la moneda-basura que difama el nombre del libertador, y que se le ponga el nombre del bicho que la destruyó».

Hugo Chávez impuso el control cambiario hace 11 años. Actualmente rigen en Venezuela distintos tipos de cambio: el fijo oficial (6,30 bolívares por dólar); el Sicad 1 (un sistema de subasta de divisas, controlado por el Estado, que lleva un mes paralizado y que oscila entre 10 y 12 bolívares); el dólar para los viajeros (12), y el Sicad 2 (a 49,98). A ellos se suma el dólar paralelo.

«Las distorsiones cambiarias hacen inmanejable y absurda la economía venezolana. Los resultados están a la vista», sentenció León.

Distorsiones cambiarias

2281% deBrecha

Con el dólar oficial a 6,30 bolívares, y el paralelo a 150, la brecha cambiaria alcanzó un nivel insólito

5 Tipos de cambio

El gobierno venezolano vende dólares con cuatro cotizaciones: el oficial (6,30 bolívares); el sistema Sicad 1 (entre 10 y 12); el dólar para viajeros (12), y el Sicad 2 (49,98); se suma el dólar paralelo (150).

Fuente: La Nación, 29/11/14.

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