Por Sergio Antequera.

Un nuevo proceso de ajuste en los procedimientos de control asociados al cumplimiento y a la gestión de los riesgos deberán implementar las instituciones financieras de todo el mundo, como respuesta a la nueva lista de países catalogados como paraísos fiscales, emitida por la Unión Europea el pasado 05 de diciembre.

El listado incluye a 17 jurisdicciones calificadas por el bloque europeo como no cooperantes en relación a impuestos y transparencia en el intercambio de información. El grupo de trabajo europeo consideró que los sistemas fiscales de estas jurisdicciones no cumplen las expectativas y criterios manejados por a UE con respecto a la transparencia en la información, competencia fiscal justa y la actividad económica real, la cual puede promover estructuras fiscales artificiales.

Los 17 países considerados paraísos fiscales son: Samoa Americana, Bahréin, Barbados, Corea del Sur, Granada, Guam, Macao, Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Panamá, Santa Lucia, Samoa, Trinidad & Tobago, Túnez y Emiratos Árabes Unidos.

El riesgo geográfico

Se espera que este nuevo listado impacte los procesos de cumplimiento y administración de riesgos que efectúan las instituciones financieras y otras entidades reguladas. “Ya iniciamos un proceso de revisión y ajuste del riesgo geográfico que representan estas jurisdicciones. Tenemos que incorporar este listado a las fuentes que manejamos para asignar un indicador de riesgo adecuado a las transacciones, entidades o individuos relacionados a estas jurisdicciones”, explicó un oficial de cumplimiento de España consultado por Lavadodinero.com.

El experto argentino Zenón Biagosch, presidente de la firma FIDESnet, considera que “todos los departamentos de gestión de riesgos y cumplimiento deberían reajustar el riesgo geográfico de las jurisdicciones incluidas en la lista emitida por la Unión Europea”. Además, señala que “pese a que la iniciativa europea solo busca incluir terceros países sin meditar sobre las inobservancias internas en materia de transparencia fiscal, la adopción de esta primera lista viene acompaña de la propuesta de medidas punitivas. Las mismas contemplan para los países incluidos la prohibición de acceso a fondos europeos y la obligación de los Estados a intensificar la vigilancia y las auditorías a quienes operen allí”.

Por su parte, el experto Arnaldo Sánchez Brugal, director de análisis del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos de la Unidad de Análisis Financiero en República Dominicana, señaló que “las distintas normativas dictadas por los reguladores locales instruyen a sus sujetos obligados a tomar como elemento de riesgo el riesgo geográfico, para lo cual deben identificar jurisdicciones de alto riego de acuerdo a las distintas publicaciones oficiales de entidades como la OCDE. Partiendo de esto, sí deben tener en cuanta esta lista y reajustar este factor”.

También destacó que el riesgo geográfico “es solo uno dentro de los factores a tomar en cuenta, ya que si el cliente tiene un nivel de riesgo apropiado en los demás factores y si se cuenta con buena mitigación, no debería haber mayores consecuencias”.

Otras presiones

La lista también genera presiones fiscales para los gobiernos. A partir de su evaluación y creación, aproximadamente 47 naciones alrededor del globo se han comprometido en mejorar sus sistemas fiscales y relaciones económicas con la UE en el marco de estructuras transparentes. “Esta iniciativa ya está demostrando su valor, ya que numerosos países han trabajado para cumplir con el plazo y contraer compromisos sobre la base de nuestros criterios”, dijo Toomas Tõniste, ministro de finanzas de Estonia, quien actualmente ocupa la presidencia del Consejo Europeo.

Por su parte, los gobiernos de los países que se encuentran en la lista negra podrían tener presión para cooperar con la UE y cambiar sus estándares fiscales, debido a prohibiciones impuestas. Dichos dictámenes no permiten el flujo de miles de millones de euros de ayuda y financiamiento de proyectos emitido por entes europeos (Fondo Europeo Para el Desarrollo Sustentable, Fondo Europeo Para la Inversión Estratégica y el Mandato de Préstamo Externo) a través de entidades financieras de las naciones listadas, lo que ocasiona que los gobiernos involucrados no puedan obtener beneficios de las actividades económicas relacionadas a esas movilizaciones de dinero, de los impuestos que generan y, por lo tanto, se vean obligados a mejorar sus esfuerzos fiscales.

En el caso de que decidan cooperar, las naciones de la lista negra deberán entregar información clave sobre las cuentas bancarias dentro de sus jurisdicciones y tendrían que mejorar su intercambio de datos financieros con la UE. Por otro lado, las compañías e individuos con cuentas y sociedades en los países involucrados tendrán que aceptar las acciones de las autoridades.

Descontento en Panamá

El único país latinoamericano incluido en la lista fue Panamá. En su documento oficial, la UE indicó que “Panamá tiene un régimen tributario preferencial nocivo y no se comprometió claramente a enmendarlo o abolirlo según lo solicitado hasta el 31 de diciembre de 2018”.

La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) rechazó esta afirmación y señaló que el sector financiero ha desarrollado su marco regulatorio incrementando controles y registros contables, para así prevenir delitos como el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

Carlos Troetsch, presidente de la ABP, indicó que “sorprende de sobremanera la decisión de la Unión Europea. Si hay algo en lo que Panamá viene trabajando es en la adecuación a los estándares mundiales y la cooperación internacional, para así continuar en una ruta hacia la transparencia”.

“Tanto nuestro gremio como colegas de los diferentes sectores financieros mantenemos un compromiso con el país, no sólo por las adecuaciones realizadas y las que aún están en discusión, si no desde la colaboración que mantenemos, tanto con el sector gubernamental como con el multilateral e internacional”, manifestó Troetsch en defensa de la estructura y moral panameña con respecto al sistema fiscal.

Por último, expresó: “consideramos que la vara para medir el compromiso de los países tiene que ser la misma. Panamá ha sido expuesto negativamente en el ámbito internacional, cuando en realidad el Gobierno Nacional y los actores del sistema financiero hemos sido y continuamos siendo firmes en avanzar en una agenda rigurosa en materia de transparencia”.

En el mismo sentido, Panamá pertenece a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y asegura estar trabajando en vistas de las recomendaciones estipuladas por el ente.

Fuente: lavadodinero.com, 12/12/17.

Más información:

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