Argentina K: Un gobierno humillado por errores propios

¿Qué hará ahora Capitanich? ¿Pegará la página de Clarín que rompió para que parezca que nunca hizo lo que sí hizo? ¿Pedirá disculpas? Desde el momento en que se conoció la extraña muerte del fiscal Alberto Nisman, la administración cristinista (y, sobre todo, la Presidenta) se parece a esas viejas películas cómicas en las que los actores se equivocan siempre y terminan humillados por su propio error. Sin embargo, sería ingenuo atribuirle semejante confusión sólo a la mala praxis. Es legítimo inferir que estamos frente a un gobierno asustado, casi desesperado por momentos, que trata de esconder algo o mucho.

Nisman garabateó, según lo confirmó ayer la fiscal Viviana Fein, un borrador de denuncia en el que pedía la detención preventiva de Cristina Kirchner, del canciller Héctor Timerman y de la diplomacia paralela de la Argentina (Luis D’Elía, Andrés Larroque y Fernando Esteche). Ésa fue la noticia que publicó Clarín el domingo y que la oficina de prensa de Alejandra Gils Carbó desmintió, en boca de Fein, al día siguiente. Ésa fue también la noticia que mereció por parte de Capitanich la destrucción en público de una página de ese diario, junto con la de una nota del columnista Eduardo van der Kooy.

¿No era suficiente un desmentido en el caso de que la información no hubiera sido cierta?

Vale la pena hacerse esta pregunta porque la reacción del jefe de Gabinete (que llevó la agresión de la palabra a los hechos) no tenía justificación ni aun en el caso de que la noticia hubiera sido falsa. El periodismo, que es un oficio que debe resolver cosas con ritmo de vértigo, puede equivocarse. ¿Cuántas veces se equivocó el Gobierno en los últimos días con el caso Nisman? ¿Debería la Presidenta, por ejemplo, romper sus páginas de Facebook o quemar las grabaciones de su primera cadena nacional?

Resulta, con todo, que esa información era cierta. Lo confirmó ayer la propia fiscal Fein en un giro dramático sobre sus primeras declaraciones, que habían desmentido la noticia. En el medio, metió la cola la oficina de Gils Carbó, que difundió el primer desmentido y que Fein lo atribuye ahora a un error de interpretación. Comprensible. Fein ya tiene demasiados problemas con el caso Nisman como para sumarle a su vida una pelea personal con la jefa de los fiscales. Otro fiscal aclaró las cosas, tal como seguramente son. El fiscal que está en la jerarquía por encima de Fein, Ricardo Sáenz, denunció que el Gobierno quiere sacar de la causa a Fein y que la oficina de Gils Carbó viene desde hace rato manipulando la información pública que le envían los fiscales por otros temas. Sáenz y Fein hablaron ayer. Se supone, por lo tanto, que Sáenz hizo declaraciones con conocimiento de causa.

A un fiscal federal se le preguntó el viernes pasado si estimaba que Gils Carbó cambiaría luego del enorme escándalo político que significaron la denuncia y la muerte de Nisman. «Desencántense. No aflojará con sus políticas. Intentará seguir haciendo lo mismo. Está para eso», respondió, seguro. Sólo el paso de las horas le dio la razón. Debe subrayarse que es justo a esa persona, Gils Carbó, a la que la Presidenta quiere darle el monopolio del manejo de las grabaciones de las conversaciones telefónicas, según una ley que ayer comenzó a tratar el Senado con la ausencia total de la oposición. La nueva ley de inteligencia podrá ser legal, pero será ilegítima. Una cuestión de esa magnitud, la tarea y el control de los servicios de inteligencia, no puede ni debe ser producto de la voluntad de una fracción gobernante.

La fiscal Fein cometió el pecado político de una hereje cuando desmintió a la Presidenta. En realidad, fue Fein la que obligó a Cristina Kirchner a pasar de la teoría del suicidio de Nisman a la del homicidio. Fue cuando Fein desmintió un regreso precipitado de Nisman al país para hacer la denuncia contra Cristina, que, según la Presidenta, se la entregaron hecha. Un día después, Fein mostró un papel de la compañía aérea Iberia en la que ésta informaba que Nisman volvió en la fecha prevista de su viaje. No adelantó ni retrasó el viaje. Ese solo dato desmoronó toda la teoría conspirativa de la Presidenta, que debió elaborar otra: a Nisman lo habían matado, dijo, para tirarle a ella el cadáver del fiscal.

Nadie sabe qué pasó el domingo de su muerte en el departamento de Nisman. Pero hay algunas preguntas simples que merecen ser hechas. Nisman se mató con una pistola que le pidió prestada a un colaborador de su confianza. Nisman, que era abogado y fiscal, ¿no pensó antes de suicidarse, si es que fue un suicidio común, que estaba comprometiendo seriamente a su ayudante? ¿No tenía, acaso, otras formas de poner fin a su vida sin comprometer a nadie? ¿Por qué no dejó nada escrito, si sólo supuestos enredos de su psiquis lo llevaron a esa decisión final?

Un tema que no debe perderse de vista es la ausencia absoluta de su custodia. Nisman vivía dentro de un círculo nutrido de custodios. ¿De qué sirvió todo eso, si al final fueron su madre y un cerrajero los que encontraron el cadáver? ¿Por qué desapareció la custodia? ¿Quién le ordenó que se fuera, si es que alguien le dio esa orden? ¿O, acaso, el Estado llegó a tal extremo de impotencia e ineficacia que los personajes importantes se matan (o los matan) mientras su custodia toma mate?

Aquel borrador de Nisman, cuya existencia confirmó ayer Fein, es otro desmentido de las afirmaciones presidenciales. Nisman no recibió una denuncia hecha, como aseguró Cristina Kirchner. Trabajó personalmente en ella, bien o mal. Hizo y deshizo bocetos hasta llegar a la versión final. Es probable que haya empezado por la versión más extrema para ir bajando luego el tenor de su asombroso documento. Es lo que hace cualquier juez o fiscal cuando debe escribir un dictamen con enormes consecuencias políticas. Que Nisman haya pensado, aunque fuera fugazmente, en pedir la detención de Cristina Kirchner y Timerman expresa también el demoledor peso de las pruebas que creía tener.

¿De quién es la culpa de tanta desventura? El cristinismo se olvidó del informático Diego Lagomarsino, el enemigo número uno hasta hace poco, luego de que se difundió un video de Lagomarsino en el que no estaba Lagomarsino. La realidad supera a la ficción de los cómics. Ahora, la enemiga parece ser la fiscal Fein, a quien el inevitable Aníbal Fernández zamarreó ayer con palabras inurbanas. El problema del oficialismo es que, por primera tal vez, no puede esconder con las palabras la dimensión de la realidad.

Esa dimensión está ahora más en manos de fiscales que de los funcionarios. Nueve de los más importantes fiscales federales acaban de pedir una investigación penal por las afirmaciones de Esteche, el líder del salvaje Quebracho, quien afirmó que trató en la Casa de Gobierno y con un espía (que el Gobierno dice que no es espía), Allan Bogado, la reducción de su pena carcelaria. Reclamaron que se investiguen delitos de «tráfico de influencias» y «abuso de autoridad». Fue el gesto de solidaridad más importante con Nisman desde los tribunales.

Otro fiscal, Guillermo Marijuan, reclamó ayer que se investigue el extraño seguimiento de Nisman por cámaras de televisión en el aeropuerto de Ezeiza. Fue un seguimiento personal, porque el fiscal aparece siempre en primer plano, no entre mucha gente, como suele haber en ese aeropuerto cuando arriban aviones desde el exterior. Nadie sabe, hasta ahora, si esas cámaras pertenecen a la seguridad del aeropuerto o a los servicios de inteligencia. A todo esto, Nisman no había hecho entonces la denuncia contra la Presidenta. La hizo dos días después. ¿Por qué lo seguían tanto?

Las palabras no dicen nada cuando cambian su significado. Sucede con el propio Timerman cuando afirma que él no podía levantar las cédulas rojas de Interpol que ordenan la captura internacional de importantes dirigentes del gobierno de Irán. Todo el planteo de Nisman se caería, si fuera así. Pero no es así. Interpol necesitaba sólo que los dos países, la Argentina e Irán, concluyeran el trámite del acuerdo para levantar automáticamente las cédulas rojas. Es lo que estipulan los reglamentos internacionales. ¿Para qué escribieron entonces un párrafo en el que anticiparon que comunicarían el acuerdo a los organismos internacionales?

No se necesitaba de Timerman ni del juez para dejar sin efecto los pedidos de capturas internacionales. Se necesitaba sólo el acuerdo. Pero las cosas salieron de otro modo. Irán hizo fracasar el acuerdo mucho antes de que la justicia argentina lo declarara inconstitucional. Tal vez fue porque no hubo una gestión inmediata de la administración argentina ante Interpol, como aseguraba Nisman, o quizás se debió al cambio de gobierno en Teherán. Esa parte de la historia sólo tiene por ahora inferencias, no pruebas.

Y nadie, salvo Cristina Kirchner, puede no tener pruebas y, al mismo tiempo, no tener dudas.

Fuente: La Nación, 04/02/15.

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