La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la competencia de la Justicia federal en la investigación del caso Nisman, dándale la razón al reclamo de la familia del fiscal de la AMIA. De esta forma, la causa deberá volver a pasar a manos del juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano. Así rechazó la decisión de la Cámara de Casación porteña de que la causa volviera a manos de la jueza del fuero penal ordinario Fabiana Palmaghini, criterio que también había sostenido la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

«La cuestión planteada en la presente resulta sustancialmente análoga a la resuelta en la fecha en el expediente» en el 2015 dice el fallo donde se hablaba de la jurisdicción de la justicia federeal.

La resolución señala que se escuchó a «la señora Procuradora General de la Nación, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso ex- traordinario, se deja sin efecto la sentencia apelada y se declara la competencia de la justicia federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que entienda en la presente causa».

A principios de año, luego de escuchar el testimomio del ex jefe de la SIDE Antonio Stiuso, la jueza Palmaghini había pasado la causa al juez federal Ercolini. Pero la defensa del técnico Diego Lagomarsino apeló y la Cámara de Casación porteña -integrada por jueces de Justicia Legítima- ordenó que volvier a manos de Palmaghini.

BUENOS AIRES — Los familiares de víctimas del atentado a la AMIA, dirigentes y referentes de la comunidad judía publicaron una solicitada para pedir la remoción del juez Daniel Rafecas.

“El juez Rafecas debe ser removido”, se titula el texto que apunta a la negativa del magistrado para hacer lugar la denuncia de Alberto Nisman, contra Cristina Kirchner, el ex canciller, Héctor Timerman, entre otros, por presunto encubrimiento de los imputados, tras el cuestioando Memorándum de Entendimiento con la República Islámica.

Entre los firmantes se encuentran los diputados Elisa Carrió y Waldo Wolff, los ex ministros Graciela Fernández Meijide, Nicolás Gallo, Horacio Jaunarena, Juan Llach y Jesús Rodríguez, la ex vicejefa de gobierno porteña, Cecilia Felgueras y el ex representante ante las Naciones Unidas Emilio Cárdenas, entre otros.

EL TEXTO COMPLETO

“Los abajo firmantes consideramos un deber cívico reclamar la destitución, acorde con los procedimientos vigentes, del Juez Daniel Rafecas por manifiesta inconducta en el ejercicio de la magistratura. Subrayamos su actuación en relación con la denuncia del Fiscal Alberto Nisman, fechada el 14 de enero de 2015, contra la entonces Presidente de la Nación, Sra. Cristina Fernández de Kirchner, su canciller Héctor Timerman y los intervinientes en negociaciones paralelas dirigidas a sancionar el Memorándum de entendimiento con Irán, ratificado por ley 26.843 del 27 de febrero de 2013.

Dicha denuncia, sostenida por el representante del Ministerio Público ante el Juzgado de Rafecas, fue desestimada en tiempo record. El extenso escrito de denuncia propuesto por el Fiscal Nisman perfila un amplísimo marco probatorio y sostiene que las personas denunciadas han cometido el delito de encubrimiento de los responsables del mayor ataque terrorista sufrido en el país: el perpetrado contra la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994, que cobró 85 vidas.

La decisión de Rafecas fue apelada por el Fiscal Gerardo Pollicita y mantenida por el Dr. Germán Moldes ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, con la lamentable intervención de la Sala I que, con igual o mayor ligereza que el Juez Rafecas, confirmó la decisión de éste último merced al indignante voto de los Jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler y la destacable disidencia del Dr. Eduardo Farah. El Fiscal Dr. Javier De Luca por su parte desistió también del recurso ante la Cámara de Casación. Hace tiempo que ha quedado comprobada la solidez del encuadramiento jurídico formulado por el Dr. Nisman. En cambio, nunca se han investigado los hechos materia de la denuncia.

Ha llegado la hora de la apertura del trascendente caso, sofocado en su inicio por el Juez Rafecas y los magistrados que acompañaron su intolerable parcialidad”, por eso “apoyamos con fervor los esfuerzos que hoy se realizan para la apertura de la causa iniciada con la denuncia del Dr. Nisman. Se plantea un imperativo ineludible para los jueces pues el encubrimiento de un delito de lesa humanidad, como la voladura de la Amia, constituye también otro delito de lesa humanidad.

Recientemente, ante el pedido de apertura de la causa formulado por la AMIA [NdR: en rigor, fue la DAIA], el Juez Rafecas persistió una vez más en su negativa a estudiar el caso y rehusó reconsiderar el expediente iniciado con la denuncia del Fiscal Alberto Nisman. Sospechado de un claro ‘temor de parcialidad’, Rafecas había sido ya apartado de la causa que involucraba al ex vicepresidente Amado Boudou en negociaciones incompatibles con el cargo y lavado de dinero. El procedimiento abierto entonces en el Consejo de la Magistratura fue cerrado después de su ‘meritoria’ desestimación del pedido del Fiscal Nisman.

Ante reiterados ejemplos de parcialidad y mal desempeño del Juez Rafecas, exigimos su inmediata remoción para despejar el camino que conduce a la investigación de los gravísimos hechos denunciados que costaran la vida del fiscal Alberto Nisman. No habrá mejor homenaje a su memoria”.

El fiscal Nisman no estaba custodiado sino vigilado. Los hombres que lo rodeaban parecían estar más pendientes de informar sus movimientos que de cuidarlo o preservarlo de posibles ataques. El fiscal de la Nación que investigaba el atentado a la AMIA se había vuelto un enemigo político del gobierno de Cristina Kirchner, y era ese mismo gobierno «enemigo» el que debía garantizarle la seguridad.

Se sabe. Las garantías fallaron.

Las fallas fueron tan pero tan extrañas que los custodios del fiscal quedaron imputados en el caso por su muerte. Su conducta el día en que buscaron a Nisman durante 11 horas hasta encontrar su cadáver en el baño de su departamento ya está en la historia de la criminalística mundial: así, exactamente eso, paso por paso, es lo que no se debe hacer.

A los desatinos del cuidado del fiscal le siguieron los desatinos de una investigación que es un inventario del desastre. Con decenas de argumentos, así lo consideraron este martes los jueces de la Cámara del Crimen porteña, que hicieron lugar al pedido para que la causa pase a la justicia federal al considerar que Nisman bien pudo haber sido asesinado por razones vinculadas a su trabajo.

Si está la idea de que la Justicia es lenta, no será el caso Nisman el que la cambie. Lo que ocurrió el martes es que la justicia finalmente resolvió en cuál de sus jurisdicciones debe investigarse la muerte de Nisman. Pasaron 434 días desde que el fiscal fue hallado muerto en el baño de su departamento, con un arma que no tenía sus huellas ni dejó rastros en sus manos.

Pero lo justo es justo. En su fallo, los jueces Mario Filozof, Rodolfo Pociello Argerich y Julio Lucini no miran para otro lado. Se involucran en el análisis meticuloso del expediente y desgranan punto a punto los «graves errores» cometidos en la investigación que encabezó la fiscal Viviana Fein, quien desde el primer momento orientó el rumbo del expediente hacia un suicidio que, a pesar de sus esfuerzos, no pudo probar.

Los jueces enumeran falencias increíbles (todavía hoy no se sabe en detalle quiénes vivían en el complejo de las torres Le Parc el día de la muerte de Nisman) y llegan a un punto crucial del expediente, que sigue tan abierto como el primer día. Pociello Argerich y Lucini eligen argumentar juntos y directamente anuncian: «Haremos hincapié inicial en cómo los desplazamientos de Nisman eran controlados».

Los jueces describen allí que, además de los 10 policías federales asignados a su custodia, a Nisman lo vigilaba personal de Prefectura que tenía como «principal tarea, reportar sus entradas y salidas. Tanto era así que modulaban al comando radioeléctrico ‘entra delta main, sale delta main’«. Y se preguntan los jueces: «Esa información algún destino y uso debía tener». Hasta ahora no se sabe.

Los mismos camaristas aseguran que Nisman era consciente de ese control, y que así se lo dijo a la funcionaria de la fiscalía de su mayor confianza, Soledad Castro, el viernes 16 de enero del año pasado, apenas dos días antes de morir. «Mirá cómo tengo que trabajar», se quejó ante ella, en relación a las cortinas cerradas de su departamento, «en una clara referencia a que se sentía observado».

Siguen los camaristas: «Lejos de vislumbrarse como un acontecimiento aislado, en este punto adquiere relevancia la aparente presencia de un efectivo de inteligencia de la mencionada fuerza (Prefectura) que la noche del 17 de enero de 2015 habría estado frente al complejo Le Parc, donde vivía Nisman, hablando vía nextel…».

El fiscal aparecería muerto al día siguiente.

Lo sabían él, sus empleados, los agentes de la ex SIDE con los que tenía contacto cotidiano y, obviamente, el gobierno de Cristina Kirchner. Nisman era puntillosamente vigilado. Esa información sobre él de las distintas fuerzas -Policía Federal, Prefectura, ex SIDE- está en cualquier lado menos en los 60 cuerpos del expediente. Tampoco aparecen allí los destinatarios finales de esa información ni muchos menos las decisiones que se tomaban con ella.

Pero, ¿qué significa la expresión Delta Main? ¿Por qué los prefectos que lo vigilaban llamaban a Nisman así?

Delta es la cuarta letra del alfabeto griego y designa a la letra D. Main es una palabra en inglés que significa «principal» o «mayor».

Expertos en Seguridad consultados para esta nota dieron tres interpretaciones sobre la enigmática clave, ordenadas seguidamente desde la más inocente hasta la más conspirativa:

La primera explica que Delta y Mike (y no Main) integran el código radiofónico internacional. En ese código, son la D y la M. Ese código es el que se utiliza principalmente en aeronáutica, y designa a las letras por palabras, para que no haya errores en la modulación. Así las letras A, B, C, D, E, F  y G, por ejemplo, se designan Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Foxtrot y Golf. Allí mismo, la T es Tango, la N, November y la M, Mike.

El código fue ideado por los primeros miembros de la Organización de Aviación Civil Internacional, una agencia de la ONU creada en 1944.

«Delta Mike es la denominación interna que tiene en Prefectura el destino Puerto Madero. Es habitual que, cuando un prefecto le dice a otro por radio que va para Puerto Madero, le diga voy para Delta Mike. No significa más que eso», contó una fuente vinculada a Prefectura. Esta fuente no pudo explicar por qué los prefectos que vigilaban a Nisman lo llamarían con la clave del destino donde ellos trabajan. Es decir, entra Puerto Madero, o sale Puerto Madero.

La segunda interpretación es más inquietante. Delta Mike es la clave que usan en el Ejército de los Estados Unidos para designar a los francotiradores. Significa DM, que sintetiza la expresión en inglés Designated Marksman. Tirador designado o tirador selecto. Un militar que «marca» el objetivo a ráfagas para que luego los snipers (tiradores especializados) disparen con mayor precisión.

Aquí se explica también que el delta mike suele trabajar junto al sniper, y que no necesariamente dispara sino que «marca» el objetivo a su compañero tirador actuando generalmente con prismáticos. Una especie de «guía» del francotirador, que indica «el tercero de la fila», por ejemplo, para que su compañero dispare al objetivo señalado.

Por deformación, en otros sitios se llama también Delta Mike al objetivo del francotirador. DM podría ser, así, el que está en la mira.

La tercera de las interpretaciones toma a la expresión Delta Main citada en el expediente del caso Nisman directamente como correcta; no como si Main fuese una mala interpretación fonética de Mike. Así, se habla de una D (Delta) principal o mayor (el significado literal de main en inglés).  ¿Y qué sería una D principal?

«Se pueden tejer mil conjeturas, entre ellas la de death, muerte». Así, Delta Main, designaría la muerte mayor, o la principal muerte. ¿Llamarían así a Nisman mientras estaba vivo? «Es una conjetura arriesgada, audaz y hasta inverosímil, pero, ¿no es inverosímil que Nisman haya aparecido muerto en su casa unas horas antes de ir a denunciar a la Presidenta? Y, sin embargo sucedió», argumenta esta fuente.

En esta hipótesis, es posible que los prefectos que marcaban cada uno de los movimientos de entradas y salidas de Nisman de su casa no supieran lo que estaban diciendo cuando modulaban Delta Main en lugar de Nisman, y que la clave tuviese significado únicamente para los agentes de inteligencia que ordenaron las operaciones de vigilancia.

Lo increíble no es que la justicia tenga una explicación más ingenua, rebuscada o conspirativa para analizar las claves con que denominaban al hombre que días después sería hallado muerto. Lo increíble es que no tenga ninguna.

Todavía, 434 días después.

Tampoco se sabe exactamente cuántos y quiénes estuvieron en la escena del crimen que las autoridades debían preservar y transformaron en un chiquero. Los mismos jueces recuerdan que el ex secretario de Seguridad Sergio Berni llegó al lugar con los pies llenos de barro y caminó así por todo el departamento sin que nadie le dijera nada.

Ni se sabe por qué tardaron 8 meses en llamar de nuevo al médico de la prepaga que vio el cadáver de Nisman y dijo que no estaba como lo fotografió la Policía. O sea, que el cuerpo fue movido entre que él se fue y llegó la fiscal Fein.

Ni por qué un pelo que aparece fotografiado junto a la vaina servida de la bala que mató a Nisman nunca fue peritado para ver si era de la víctima o de un potencial asesino. Los jueces concluyen que «pese a que el desplazamiento de Nisman era controlado por distintas fuerzas, nadie lo cuidaba».

Eso sí que es una certeza.

La Sala VI de la Cámara del Crimen convalidó hoy el pase a la Justicia federal de la causa en la que se investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman. La medida había sido pedida por la familia del fiscal que investigaba el atentado contra la AMIA y que apareció muerto el año pasado luego de denunciar por encubrimiento de los autores del atentado a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La resolución fue firmada por los camaristas Marcelo Lucini, Mario Filozof y Rodolfo Pociello Argerich y en la misma se ordena remitir copia de las actuaciones a la Procuración General de la Nación y al Consejo de la Magistratura para que se investigue si hubo mal desempeño de sus funciones por parte de la fiscal Viviana Fein y del juez que intervino en el procedimiento la noche en que fue hallado Nisman muerto en su departamento, Manuel De Campos.

El pase de la causa a la Justicia federal fue dispuesto de manera unánime aunque dos de los camaristas, Lucini y Pociello, admitieron como «plausible» la hipótesis de la querella de que Nisman haya sido asesinado por su labor como fiscal de la causa AMIA.

La jueza de instrucción Fabiana Palmaghini, que llevaba el expediente hasta ahora, se había declarado incompetente hace tres semanas y, pese a que lo había rechazado en otras ocasiones, también opinó que la causa debía seguir su camino en el fuero federal. Pero como el único imputado en el caso, el técnico informático Diego Lagomarsino, apeló esa decisión, la Cámara celebró una audiencia pública con todas las partes el viernes pasado, antes de resolver que el caso cambiará de manos.

En un puñado de días, y en sucesión llamativa, el fiscal general Ricardo Sáenz dictaminó que a Nisman lo habían asesinado; y el temido y siempre turbio espía Jaime Stiuso volvió al país, se presentó a declarar y sostuvo que el supuesto asesinato, en enero de 2015, había sido obra de un grupo vinculado al gobierno de Cristina (Kichner), a quien cuatro días antes Nisman había acusado de encubrir a iraníes por el atentado a la AMIA.

Esto, a menos de tres meses de la asunción presidencial de Mauricio Macri, bastó para que saltara por el aire la gruesa losa que el gobierno de Cristina Kirchner había colocado, en defensa propia, sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Ahora se destapó la cloaca. Lo que quedó al descubierto promete desagradables consecuencias judiciales, políticas, o ambas a la vez, para una lista que encabeza la propia ex Presidenta, seguida en orden aleatorio por el ex supersecretario Carlos Zannini, el tan verborrágico ex jefe de espías Oscar Parrilli, el teniente general en retiro rotundo César Milani, el hiperquinético ex secretario de Seguridad Sergio Berni y el jefe de la Policía Federal, Román Di Santo, quien ocupa ese puesto desde hace tres años.

Integra además esa nómina la defenestrada fiscal Viviana Fein, pieza decisiva en la construcción del segundo entierro de Nisman, el de la causa por su muerte. También su jefa espiritual y operativa, la todavía procuradora general Alejandra Gils Carbó. A ellas podría sumarse la jueza Fabiana Palmaghini, que sorprendió al declararse incompetente en la causa luego de haber rechazado esa petición puntual de la familia de Nisman un par de semanas atrás. Su fundamento para dejar ahora el caso fue que existía violación de correspondencia de Nisman (correos electrónicos y teléfono celular), un delito federal que ya estaba en el expediente desde hacía más de seis meses. En cambio Palmaghini mencionó la cuestión del presunto homicidio apenas lateralmente.

Tampoco está claro en qué terminará la peripecia de Stiuso, el hombre que llevó de la mano a Nisman en la investigación contra los iraníes por el atentado a la AMIA, a quien Cristina defenestró finalmente y que terminó señalado como “autor intelectual” de la denuncia de encubrimiento presidencial.

En gentil devolución, el gobierno kirchnerista señaló entonces a Stiuso como posible instigador de la muerte de Nisman. Fue cuando el kirchnerismo hablaba de crimen antes de volver a hablar de suicidio, como parte de su exitosa estrategia de enchastre y confusión general.

En el último año, entre su declaración original ante la fiscal Fein y su estruendoso regreso de esta semana, Stiuso se refugió en los Estados Unidos. Allí disfrutó de una protección seguramente labrada en su larga vinculación operativa con la CIA. De allí que esta llamativa sucesión de hechos en el caso Nisman sea vista en ciertos ámbitos políticos y judiciales como una operación cuyo garante de última instancia sería la administración de Washington y su representación local, La Embajada.

En las líneas menores de los alcanzados por el caso Nisman habría que anotar al grupo Quebracho, siempre sospechado de estar penetrado, cuando no directamente teledirigido por los servicios de inteligencia. Y al jerarca piquetero Luis D’Elía, antisemita y proiraní notorio, un personaje que hostiliza a la familia Nisman por el caso AMIA desde el lejano tiempo en que el fiscal estaba casado con la jueza Sandra Arroyo Salgado y ambos convivían en un departamento del barrio de Palermo, adonde D’Elía organizó escraches y marchas.

Las intimidaciones y amenazas a los Nisman nunca cesaron del todo. El fiscal y su ex mujer habían sido agresivamente fotografiados hace nueve años, al salir de la clínica tras el nacimiento de Kala, su hija menor. Y a fines del año pasado la hija mayor, Iara, llamó a su madre –de viaje en el interior del país– porque desde un auto que entró al country donde viven se estaban tomado fotos de manera ostensible hacia su casa.

El Gobierno asegura que permanece ajeno a todo este tráfico contaminado, aunque sus efectos políticos puedan beneficiarlo por el previsible acorralamiento judicial y político del kirchnerismo duro y su Jefa.

Pero en la Casa Rosada dicen, con cierto rencor fermentado, que “esta banda es la que persiguió a Macri y le inventó la causa por las escuchas”. Cuando se refieren a “esta banda” hablan de Stiuso y de su equipo: jueces, juezas, fiscales, gestores judiciales, espías, víctimas a medida, toda gente a generoso sueldo –formal o informal– del kirchnerismo durante la “década ganada”.

El cambio de gobierno creó un contexto favorable para que el caso Nisman avanzara, superando la paralización judicial. Pero sería muy aventurado afirmar que el macrismo haya tenido algo que ver, directamente, con los hechos de los últimos días.

La capacidad de operación de los funcionarios de Macri sobre la Justicia resulta por ahora bastante menguada. Es todo un cambio saludable, vista la profusa contaminación en sentido contrario ocurrida cuando Stiuso estaba al servicio de los Kirchner y sus operadores hacían y deshacían, repartiendo premios y castigos en cámaras, juzgados y fiscalías estratégicos.

Pero esa limitada capacidad operativa es también fruto del fracaso en algún intento de acortar distancias con los magistrados. El ministro de Justicia, Germán Garavano, a través de un juez federal trató de armar un encuentro con integrantes de ese fuero decisivo. Su convocatoria resultó mínima.

Así, aún reconociendo que la disposición del macrismo a respetar la independencia de los jueces es indudable, el Gobierno termina haciendo de la carencia una virtud.

A los jueces federales, lobos solitarios que nunca cazan en manada, no es sencillo reunirlos. Mucho menos cuando uno de los proyectos de reforma judicial que impulsa el Gobierno implica una dilución de su poder por la creación de una decena de juzgados para casos de criminalidad organizada. “Nos quieren dejar solamente los casos de los pibes que agarran fumándose un porro”, exagera un juez que ha sabido hacer uso intensivo del poder que le da su cargo.

Hoy los jueces federales se miran de reojo entre sí, calculando a quién podría caerle la causa Nisman si se consolida el alejamiento de la jueza Palmaghini y el cambio de fuero. Aunque el motivo del apartamiento haya sido la violación de correspondencia de Nisman, parece claro que cualquiera que tome el caso iría directo sobre las circunstancias de la muerte del fiscal. Sería una mala noticia para Cristina y su séquito.

La Justicia parece despertar de un largo sueño respecto de la ex Presidenta. No es el caso del juez Claudio Bonadio, que había avanzado con el caso Hotesur hasta que el cristinismo consiguió sacarlo de la causa. Pero ahora la tiene citada a indagatoria a Cristina por el multimillonario negocio del dólar futuro que benefició a grandes corporaciones y al poder financiero. Este caso pone en la primera línea de involucrados al ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, y a su jefe político, el entonces ministro y hoy diputado Axel Kicillof.

En estos días, el juez Ariel Lijo volvió a mover la causa por la financiación de la campaña de Cristina en 2007 y citó como sospechosos a ex funcionarios y empresarios. Y el fiscal Carlos Rívolo pidió el juicio oral en la causa por enriquecimiento ilícito contra Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, ya condenado por la tragedia de Once. Dicen en Tribunales que el avance de esta causa por enriquecimiento podrá finalmente enviarlo a prisión.

El caso Hotesur, en su capítulo de presunto lavado de dinero en los hoteles de la familia Kirchner, pasó del juez Daniel Rafecas a su colega Julián Ercolini. Después de una pericia la causa quedaría lista para avanzar de modo decisivo: las pruebas de lavado serían contundentes.

A Rafecas, el mismo que había rechazado la denuncia de Nisman contra Cristina, le quedó el tramo de Hotesur referido a las contrataciones que Aerolíneas Argentinas hizo en esos hoteles. Esta semana el diario La Nación reveló que la empresa que Cristina le prestó a La Cámpora para que gestione algo, le pagó casi 5 millones de dólares a la empresa de la familia Kirchner desde el año 2008. Eso equivale al alquiler de 15 habitaciones todos los días de todas las semanas de todos los meses de todos esos años. Algo tendrá que hacer Rafecas. Algo que quizás a Cristina no le guste.

El bochorno insostenible de la causa Nisman es un espejo en el que ningún juez hoy quiere mirarse.

Hace 38 días que Cristina Kirchner dejó el poder y 364 que el fiscal Alberto Nisman apareció muerto en el baño de su departamento, sobre un charco de sangre, con un disparo en la cabeza. Era el hombre que acababa de denunciar a la entonces Presidenta por presunto encubrimiento en la causa AMIA y que al día siguiente iría a defender al Congreso esa presentación. Ahora, después de casi un año de desaciertos, la jueza Fabiana Palmaghini, conduce el caso y ordena investigar a los funcionarios que estuvieron en el departamento de Nisman la noche del 18 de enero de 2015.

Aquel domingo, los dos custodios de Nisman que estaban de turno, Luis Miño y Armando Niz –hoy imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público–, llegaron al departamento del fiscal a las 11. Esperaron, pero Nisman nunca apareció ni respondió sus llamados. A las 16, desconcertados, llamaron a una de las secretarias del fiscal especial para la causa AMIA quien se comunicó con su madre, Sara Garfunkel, para consultarle por su hijo. No sabía nada. Los custodios fueron a Núñez, buscaron a la madre e intentaron ingresar con su llave al departamento del fiscal. No hubo caso. Fueron, vinieron, volvieron a ir y finalmente pasadas las 20 llamaron a un cerrajero. A las 21.45 uno consiguió abrir la puerta.

La madre y Niz entraron y fue el custodio quien vio a Nisman en el baño. Qué pasó entre las 20.30 del sábado 17 de enero, momento en que se registra la última comunicación de Nisman, y las 21.45, que lo encuentran en el baño, es, todavía hoy, un misterio. La Justicia tampoco pudo definir aún muchas de las cosas que sucedieron en el departamento del fiscal entre las 21.45 que entró la madre y la 1.30 de la madrugada que llegó la fiscal del caso, Viviana Fein. Hay tantas versiones de lo sucedido como cantidad de personas que pasaron por allí. Y fueron demasiadas. No solo se alteró la escena del hecho impidiendo recolectar pruebas que podrían haber resultado clave, sino que no está claro qué rol jugó cada uno. Por eso, la jueza Palmaghini quiere investigar a los ex funcionarios K y comenzó pidiendo los teléfonos.

Según pudo saber Clarín de personas con acceso al expediente, en un decreto firmado el 20 de diciembre, la magistrada ordenó recabar todos los números telefónicos fijos y celulares de los entonces funcionarios de la Prefectura Naval Argentina, Policía Federal y el Gobierno nacional que estuvieron en el departamento de Nisman la noche que lo encontraron muerto, antes que llegara la fiscal Fein y el juez que reemplazaba a Palmaghini, Manuel de Campos. La jueza quiere saber si estos ahora ex funcionarios hicieron llamados desde sus teléfonos móviles y con quiénes hablaron durante aquella madrugada tumultuosa. También, con quién hablaron los familiares que estaban ahí.

Uno de los que entró al departamento antes que Fein, fue el ex secretario de Seguridad, Sergio Berni. El 26 de febrero del año pasado, el funcionario declaró ante la fiscal que llegó a Le Parc “tipo 1.30 horas, creo que hay fotos entrando 1.26 horas, minutos más minutos menos”, pero se sabe que el funcionario llegó bastante antes. Algunos testimonios aseguran que lo vieron allí entre la 0 y la 0.30 de esa madrugada, otros afirman que no apareció sino hasta minutos antes de la una de la mañana. En cualquier caso, nunca llegó después de la fiscal, que no estuvo en ese edificio de Puerto Madero hasta la 1.30.

Quien sí llegó a Le Parc minutos después de la una fue el juez De Campos, a quien Berni identifica como “un amigo” y por eso cuando habló con algunos familiares de Nisman les transmitió que se quedaran tranquilos. Pero el magistrado no consiguió que lo dejaran tomar los ascensores y entrar al departamento de Nisman hasta que llegó Fein. En su declaración testimonial, Berni aseguró que preguntó por De Campos en Le Parc y que subió porque le dijeron que el juez estaba allí.

Sin embargo, en una entrevista con Nelson Castro por Todo Noticias el 20 de enero pasado, el ex funcionario había advertido: “Llegué casi junto con el juez. No hubo más de uno o dos minutos de diferencia. Entré por la puerta de atrás. Estaban los familiares, estaba la madre y un policía custodio”. Ya entonces, todos se preguntaban por qué Berni había estado en el departamento del fiscal la madrugada del operativo. “Hay que investigarlos porque hay un lapso de tres horas de tiempo que no se sabe qué pasó, hasta que llega Fein, porque De Campos no subió hasta que no lo hizo Fein”, afirmó a Clarín Manuel Romero Victorica, abogado de las hijas de Nisman. Para él, “Berni no es ajeno a la cadena de irregularidades que tiene este caso”.

El problema es que esa noche mucha gente subió y bajó sin que quedara registro. Gran parte de las cámaras de seguridad internas no funcionaban. Por eso, no sólo Berni llegó al piso 13 de la torre Boulevard de Le Parc, donde vivía Nisman, antes que la fiscal y el juez. Desde que Sara Garfunkel, la madre de Nisman, y el custodio Niz entraran al departamento a las 21.45 y la 1.30 de la mañana que llegó Fein, ingresaron al departamento unas veinte personas.

Entre esas personas estaban el jefe de la Policía Federal, Román Di Santo; el subjefe, Héctor Eduardo Tebes; el comisario jefe de los custodios, Eduardo Soto; el comisario general Roque Luna; el oficial auxiliar de Prefectura, Ramón Alegre, además de efectivos de Prefectura y la Policía Federal. Estaba también el secretario de Coordinación con los jueces federales del ministerio de Seguridad, Darío Ruiz. Aunque aseguran que se quedó en el hall de entrada al edificio, Palmaghini lo citó a declarar este 16 de febrero.

La ex mujer de Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, declaró inclusive que aquella noche recibió un mensaje de Ruiz a su celular a las 2.52 que decía “Sandra, yo estoy en el lugar. Si necesitás algo avisame”. A los pocos minutos y desde Europa, donde estaba de vacaciones con sus hijas, Arroyo Salgado llamó a Ruiz, quien le pasó con Berni: “Le pedí por favor que le transmita al juez que no se haga ninguna autopsia ni examen sobre el cuerpo de Nisman hasta que la familia no designe un perito de parte”, contó la ex de Nisman en su declaración del 26 de enero. Eso nunca sucedió. La autopsia del fiscal se hizo el lunes 19 de enero a las 8 de la mañana sin presencia de ningún perito de parte.

Lo cierto es que para cuando Berni entró al departamento de Nisman, ya estaban allí el custodio Niz y los prefectos Julio Ramos y Nicolás Aranda, entre otros. El primero, es uno de los “consigna” de Prefectura asignados al cuidado de Nisman sobre cuya designación la Justicia y la familia se enteraron recién en agosto, siete meses después de la muerte del fiscal. El segundo es el jefe de Servicio de Prefectura de Puerto Madero. Según su declaración del 9 de febrero de 2015, fue él quien tras hablar con Arroyo Salgado e intentar contactar al juzgado 25, llamó al secretario de la fiscal Fein, Bernardo Chirichella, para informarle lo que había pasado con Nisman. Ese llamado lo efectuó a las 23.59. Palmaghini tiene dudas sobre cómo fue ese procedimiento y por eso lo citó para que declare nuevamente en febrero.

Es que así como Palmaghini decidió volver a insistir con los números de teléfono de quienes estuvieron en la casa de Nisman antes que los funcionarios judiciales y así intentar reconstruir qué pasó ese día, quiere avanzar en pruebas clave que durante la investigación de Fein habían quedado “planchadas”, como la presencia en el cerebro de Nisman de fragmentos de plomo diferentes pesos. Es más, la jueza corrió del expediente a la División Fraudes Bancarios de la Policía Federal, hasta ahora encargada del análisis del cruce de llamados, y delegó esa tarea, para ella clave, en la Gendarmería Nacional.

“En un mes la causa dio un vuelco de 180 grados porque la jueza la redireccionó y la contextualizó y da toda la sensación que está investigando el homicidio del fiscal Nisman a diferencia de lo que hacía la fiscalía, que investigaba el suicidio de Nisman”, insistió Romero Victorica, para quien “así como hay una causa que investiga el atentado a la AMIA y otra que investiga el presunto encubrimiento de ese atentado, no es descabellado pensar que en algún momento habrá, además de la causa por la muerte del fiscal, una causa que investigue el encubrimiento de su muerte”.

Ya acostumbrada a los enfrentamientos con los abogados de las querellas, la fiscal Fein no se preocupa por lo que pueda venir, dice que está segura de su desempeño en esta causa. “Por ahora mantengo mi silencio porque no quiero hablar de una causa que está en trámite, pero lo único que le digo es que voy a actuar con la verdad y con lo que hay en el expediente como lo he hecho hasta ahora. No se puede confundir a toda una sociedad”, señaló a Clarín.

Lo cierto es que cuando en febrero se termine la feria judicial y vuelvan a correr los tiempos administrativos, y más allá de tomar las declaraciones programadas y completar la prueba pendiente, Palmaghini deberá resolver el pedido que hicieron Pablo Lanusse, abogado de Sara Garfunkel –quien el viernes aseguró también que a su hijo lo mataron– y quienes representan a las hijas de Nisman, sobre la necesidad de que la causa pase a la Justicia Federal. La primera semana de diciembre los abogados señalaron que Nisman no se suicidó sino que lo mataron y que esa muerte no fue por cuestiones personales sino por su trabajo como fiscal federal. Para ellos, su muerte fue un magnicidio y debe ser investigada en Comodoro Py. La jueza deberá decidir si coincide con ellos y habilita el pase o disiente y la discusión termina en la sala sexta de la Cámara del Crimen.