Rufo, pufo y default

RUFO.
Por Enrique Szewach.

El Ministro de economía y su gente insisten en que la única alternativa que les ha dejado el fallo del juez Griesa es caer en default, o negociar con los fondos buitres el cumplimiento de su sentencia y que se dispare la cláusula que le otorga a los tenedores de bonos del canje el derecho de exigir el mismo tratamiento de pago que “voluntariamente” la Argentina le ofrezca a otros acreedores, en la medida que dicho ofrecimiento sea mejor a lo que ya han recibido por el canje (cláusula RUFO).

Sin embargo, este es, a mi modesto juicio, un falso dilema, o al menos, un dilema al que no se debió haber llegado.

La cláusula RUFO está escrita en los bonos argentinos desde su emisión y la sentencia del juez Griesa tiene más de dos años de antigüedad.

En ese lapso, el gobierno argentino, más de una vez, le expresó al juez su compromiso de cumplir su sentencia, sin hacer mención alguna al problema que significaba cumplirla, antes del 31 de diciembre de este año, cuando dicha cláusula vence.

En ese contexto, y dado que la Argentina tiene compromisos de deuda por décadas, todavía estamos a tiempo de presentarnos frente al juez y solicitarle seis meses más de plazo para ejecutar su sentencia, ofreciendo algún compromiso para garantizarle que la Argentina no utilizará ese lapso para intentar alguna maniobra que le permita, eventualmente, eludir el cumplimiento de su sentencia. (La Real Academia Española define al engaño, o estafa en un negocio o en el pago de una deuda como “pufo”).

La alternativa del default, aunque sea “controlado” o “limitado” o “sólo por seis meses” implica riesgos equivalentes al tema de la RUFO.

Que los acreedores que entraron al canje no reciban el pago pleno de la cuota que vence a fin de mes, puede disparar, dentro del plazo de los próximos seis meses, acciones que conviertan en obligatorio el pago inmediato de todos los bonos del canje, bajo ley extranjera o, inclusive, bajo algunas hipótesis, también los de ley argentina.

Es decir, el default también puede tirar abajo toda la reestructuración de la deuda.

Dicho sea de paso, la comunidad financiera internacional no se ha dado por aludida, frente al “problema” que el fallo Griesa pudiera ocasionar a futuras reestructuraciones de deuda. Las colocaciones que hicieron países como Ecuador, Brasil o Grecia, posteriores al fallo, no registraron ni aumentos en las tasas de interés pagadas, ni acortamiento de los plazos.

Retomando, el gobierno argentino, al menos hasta el momento de escribir estas líneas, parece haber preferido ingresar al dudoso experimento del default “acotado”, en lugar de solicitarle al juez las condiciones en que éste estaría dispuesto a conceder los seis meses de plazo requeridos, para alejar toda duda sobre el efecto del cumplimiento de su sentencia.

En lugar de “apretar” al juez, en el buen sentido, obligándolo a pedir “algo” o aparecer como intransigente inútilmente, se ha preferido, al menos hasta ahora, innovar también en materia de default, no pagando, aún pudiendo hacerlo.

Cabe preguntarse, entonces, si estamos frente a una impericia negociadora, cosa que, sinceramente, no creo.

Ante una genialidad negociadora, cosa que tampoco creo porque, dado los antecedentes de los pagos a Repsol o al Club de París, dentro de seis meses estaremos pagando más caro el arreglo con éstos y el resto de los holdout.

O si estamos frente a una nueva maniobra de marketing político que permita mostrar que se hizo “todo” para defender el interés nacional. Mientras lo que se hace es mala política económica.

La destrucción de la oferta agropecuaria fue “la defensa de la mesa de los argentinos”.

El esquema de precios que convirtió al sector energético en deficitario por mucho tiempo, es el “fomento a la producción industrial y el consumo”.

Pasar del 2% mensual de inflación a una inflación del 4% mensual , por la explosión monetaria de fin de año que obligó a un salto devaluatorio y a la suba de la tasa de interés, fue “un golpe de mercado”. Y volver al de por sí desastroso 2% mensual es “el éxito de los precios cuidados, frente a la perversidad empresaria”.

Ahora, este paupérrimo fin de fiesta del estatismo populista, será “el costo que nos hace pagar la comunidad financiera internacional, por nuestro el éxito de nuestro modelo”.

Insisto, todavía estamos a tiempo de evitar otro experimento con elevados costos para la gente.
Fuente: Perfil, 27/07/14.
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Pufo: (Del fr. pouf). 1. m. Deuda cuyo pago se elude de forma fraudulenta. – 2. m. coloq. Estafa, engaño, petardo.

Default: Default o suspensión de pagos es un término habitualmente utilizado en finanzas para hacer referencia a una situación en la que el prestatario no hace frente a las obligaciones legales que tiene con sus acreedores en la forma establecida en el contrato de reconocimiento de la deuda. El default puede producirse con distintos tipos de deuda, ya sean bonos, hipotecas o préstamos. Desde el punto de vista de la economía internacional, el término «default» es habitualmente utilizado para hacer referencia al impago de la deuda soberana (sovereign default), es decir, cuando un gobierno adopta la decisión de no pagar su deuda externa.

Último Momento: Ciccone Boudougráfica prepara una emisión de los nuevos Dólares CFK para pagar a los fondos buitre.

 

Mil cien millones de euros de multa al UBS

Millonaria multa para UBS por evasión y lavado.
Por Verónica Moyano.

En la última semana, la justicia francesa acusó a la Union de Banques Suisses (UBS) por blanqueo agravado y fraude fiscal en el marco de una investigación iniciada por “captación ilícita” de clientes.

Ante las evidencias de que el banco había ofrecido servicios a clientes franceses, práctica ésta ilegal, la justicia del país galo ya había conminado al banco en junio de 2013 a pagar una multa de 2,87 millones de euros.

Según las autoridades el banco no sólo habría llevado adelante tal práctica, sino también habría colaborado con una mega evasión fiscal y lavado de dinero, lo cual llevó a que la justicia elevara la fianza a 1.100 millones de euros que el banco suizo deberá abonar antes del 30 de septiembre.

La inculpación por blanqueo agravado y fraude fiscal concierne hechos presuntamente cometidos entre 2004 y 2012.

Malas costumbres
A raíz de testimonios de ex empleados del banco, se pudo saber que era habitual que los agentes comerciales suizos hiciesen promoción ante clientes franceses para incitarlos a depositar su dinero en Suiza y así quedar a resguardo del organismo fiscal francés, trabajo para el cual utilizaron una doble contabilidad.

Una nota anónima recibida por la Autoridad de Control Prudencial (ACP) francesa, daba detalle de la existencia de un sistema, consignado por escrito en un fichero informático, para dejar registro de las cuentas sin declarar de clientes franceses.

Bajo esta metodología se posibilitaba que dichas cuentas no figuraran en el sistema informático oficial del banco y, a su vez permitía llevar un cálculo de las operaciones realizadas por los agentes comerciales de UBS que luego serían tenidas en cuenta para sus bonos de fin de año.

Otro dato que aportaron los testigos es que los clientes, entre los que se contaban empresarios, gente del mundo del espectáculo, de la música o del deporte, eran captados por los agentes del banco en eventos públicos importantes.

Reacción de UBS
Según el cálculo realizado por las autoridades, la multimillonaria fianza exigida a UBS representa el 42,6% de la última declaración fiscal del banco y el 2,8% del total de los fondos propios de la entidad.

Es precisamente este cálculo el que, según el banco, no se corresponde con la realidad; razón por la cual los representantes de la entidad presentarán su apelación por considerar errónea la base legal de la cantidad y el método de cálculo utilizado por la justicia francesa.

Al mismo tiempo, UBS aseguró que ha tomado «medidas significativas y de gran calado para asegurarnos de que nuestros clientes estaban en regla desde el punto de vista fiscal, y continuaremos haciéndolo».

Mala reputación
La impuesta por la justicia francesa, no es la primera multa millonaria que el banco helvético se ve obligado a afrontar.

En 2009, la justicia norteamericana le impuso a UBS una multa por 780 millones de dólares a raíz de una investigación por evasión fiscal.

Por los mismos delitos, blanqueo y fraude fiscal, que en esta oportunidad le endilga al banco suizo la justicia francesa, fue acusado en junio pasado en Bruselas, y el patrón de la filial belga fue inculpado por ello.
Fuente: LavadoDinero.com, 28/07/14.

 

Argentina: Tres aseguradoras con graves problemas

TRES ASEGURADORAS CON GRAVES PROBLEMAS PODRÍAN TERMINAR REVOCADAS

La Superintendencia de Seguros de la Nación prohibió celebrar nuevos contratos de seguros a dos compañías de seguros de retiro, Unidos y Profuturo. Y dispuso la inhibición general de bienes de Agrosalta.

Las medidas adoptadas por la Superintendencia de Seguros (SSN) respecto de tres compañías causaron cierto revuelo en la plaza aseguradora. El organismo de contralor dispuso la inhibición general de bienes de la cooperativa Agrosalta (entidad que en el pasado fue revocada y mantuvo una larga batalla jurídica con la SSN) y de dos aseguradoras de retiro, Unidos y Profuturo. Aquí, los tres casos:

AGROSALTA. Creada en 1965, esta cooperativa mantuvo una larga batalla jurídica con la Superintendencia. El organismo de control le revocó la autorización para operar en 2001, pero luego de un proceso judicial de 7 años la tuvo que rehabilitar en 2008. Ahora la Superintendencia ha emitido una resolución donde señala que la «aseguradora presenta una situación deficitaria en sus relaciones técnicas» y que se «advirtieron graves irregularidades en la registración de los pasivos». Dice el organismo oficial que las medidas que se adoptan tienen la finalidad de preservar el patrimonio de la aseguradora.

Habría que añadir que el mayor activo de Agrosalta es un crédito con el INdeR (reasegurador estatal en liquidación desde hace más de 20 años) por 835 millones de pesos.

En definitiva, la SSN dispuso prohibir a Agrosalta realizar actos de disposición respecto de sus inversiones, a cuyos efectos se dispone su inhibición general de bienes.

PROFUTURO. Esta compañía pertenece a Emprendimiento Compartido S.A. y el grupo Probenefit. La aseguradora es una de las víctimas de la desaparición del régimen de las AFJP y en consecuencia del ramo Rentas Vitalicias y Periódicas. La producción de su último ejercicio anual, a junio de 2013, fue un tercio de su producción a junio de 2009 (a valores corrientes). La Superintendencia la colocó ahora al borde la revocatoria luego de determinar un déficit del Estado de Cobertura de $ 272.894.422. El organismo de contralor decidió disponer la prohibición de celebrar nuevos contratos de seguros y la inhibición general de bienes.

UNIDOS RETIRO. La Superintendencia determinó que la aseguradora acusa un déficit de cobertura de $ 366.701.842 y decidió disponer la prohibición de celebrar nuevos contratos de seguros y la inhibición general de bienes. La compañía tiene como accionista a Capcode y el directorio está presidido por Antonio Eduardo Goitisolo. Capcode es una empresa constructora con sede en Santa Fe. Unidos Retiro también sufrió una fuerte baja en su producción a partir de la desaparición del ramo Rentas Vitalicias y Periódicas. Su primaje a junio de 2009 alcanzaba a $ 24.017.787. A junio de 2013 y a pesar de la inflación acumulada en el período, su producción cayó a 15.269.067.

Fuente: Estrategas, 28/07/14.

Latinoamérica y las sanciones a Rusia

Latinoamérica y las sanciones a Rusia.
Por Juan Alejandro Baptista.

Cuando escuchamos las informaciones que vienen de Europa del Este sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, muchas veces pensamos que Latinoamérica está ajena a esos conflictos. Quizás para muchas personas es así, pero para los profesionales antilavado y las empresas financieras reguladas la realidad es diferente.

Las sanciones que ha venido imponiendo Estados Unidos a empresas y funcionarios públicos rusos crean un vínculo directo entre el conflicto europeo y algunas empresas reguladas latinoamericanas, especialmente de los sectores energético, bancario y el de los casinos/salas de juego.

Los departamentos de cumplimiento deben hacer un esfuerzo intenso para identificar adecuadamente a los beneficiaros finales de las operaciones, así como a los titulares verdaderos de las empresas que mantienen nexos comerciales con contrapartes rusas, sobre todo, si la banca estadounidense sirve de intermediaria en la emisión de pagos, líneas de crédito, etc.

Especial atención deben tener las empresas financieras de aquellos países que mantienen una abierta alianza con Rusia, ya que las empresas financieras –especialmente las estatales que son controladas por los gobiernos- pueden intentar burlar las sanciones para responder a intereses políticos.

No cumplir estas sanciones genera una gran exposición a riesgos, ya que las autoridades estadounidenses están intentando ejercer una fuerte presión financiera-política sobre Rusia y cualquier incumplimiento que atente contra los intereses estadounidenses será duramente castigado.

Esta situación es una muestra más de que el cumplimiento cada vez más es un ejercicio de carácter global, es decir, que debe contemplar su accionar en un ámbito regional o mundial, no solo doméstico.
Fuente: LavadoDinero.com, 23/07/14.

 

Argentina K: Los falsos argumentos de la Deuda

Holdouts: delirios argumentales del gobierno.
Por Roberto Cachanosky.

Desde hace aproximadamente un mes venimos hablando de los holdouts, de Griesa, del stay, de la cláusula RUFO y, por supuesto, del default, que por cierto, en nuestra frondosa imaginación, los argentinos le agregamos adjetivos muy extraños al default. Así, uno puede leer default técnico, “algo nuevo” como lo denominó Aldo Ferrer, el ex ministro de economía del gobierno militar de la Revolución Argentina, también hablan de default controlado, acotado y el último adjetivo que leí hasta el momento de escribir estas líneas es default brumoso. Vaya uno a saber si estamos hablando de la deuda o del clima.

Lo cierto es que el tema de los holdouts viene tapando temas muy relevantes y tan o más graves que un eventual default. Así salieron de la tapa de los diarios el tema Boudou, Lazaro Baez, la caída en el nivel de actividad, el aumento de la desocupación, la inflación, la inseguridad, etc. Todos concentrados hablando de un tema jurídico, financiero y económico sin tener la más mínima idea sobre cuáles pueden ser los efectos para la persona común si Argentina cae en default.

El gobierno advirtió este tema, aprovechó el falso nacionalismo que nos suele invadir y salió con los tapones de punta contra Griesa que es un extorsionador de Argentina, contra los holdouts, que para el gobierno son buitres porque quieren cobrar e historias por el estilo. Es decir, de casualidad o haciendo camino al andar, se toparon con que el falso nacionalismo argentino apoya este discurso épico, patotero y agresivo contra los holdouts y Griesa.

Que politizaron el tema de la deuda es clarísimo, lo que me hace pensar que vamos de cabeza al default porque es un buen negocio político, dentro de la declinación que viene teniendo el kirchnerismo. Es algo así como la malvinización de la deuda externa. Tratar de conseguir el apoyo de la población contra el enemigo externo, en este caso el imperio americano con su justicia que extorsiona y los holdouts que no tienen piedad con tal de cobrar.

Veamos, Kicillof dijo que Griesa quiere extorsionar a la Argentina. En rigor Griesa emitió su fallo, que luego fue convalidado por la Cámara y finalmente la Corte Suprema de Justicia no trató el tema y se lo devolvió a Griesa diciéndole que actúe. Es decir, en todo caso no sería Griesa el extorsionador, como dice Kicillof, sino todo el sistema judicial norteamericano. La pregunta es: ¿por qué todo el sistema judicial norteamericano va a querer extorsionar a Argentina? ¿Tan poderosos somos como para que quieran destruirnos?

Segundo punto, Kicillof afirmó que los holdouts quieren &»tirar abajo el proceso de reestructuración&» de deuda encarado por el país en 2005 y 2010, con objeto de &»volver a la dinámica del sobreendeudamiento&» propia del &»neoliberalismo&». Evidentemente Kicillof parece tener algún tipo de tara con el liberalismo, porque si hay algo que, entre muchas otras cosas, propugna el liberalismo, es la disciplina fiscal. Si hay disciplina fiscal no hay déficit. Si no hay déficit no hay necesidad de endeudamiento. Es más, el liberalismo propugna un bajo gasto público, con un Estado subordinado a defender el derecho a la vida, la propiedad y la libertad de las personas. Por lo tanto, un bajo nivel de gasto público puede tener fácilmente como contrapartida el equilibrio fiscal y la ausencia de endeudamiento.

Por el contrario, es el populismo autoritario que defiende Kicillof el que lleva al desborde del gasto público, al déficit fiscal y a la necesidad de endeudarse. Sin duda Kicillof hace un discurso de barricada que parece mostrar que sus tan promocionados laureles académicos no son tales, porque nadie seriamente puede decir que el liberalismo impulsa el aumento del gasto público para tener déficit fiscal y, de esa manera, caer en el endeudamiento. Es como decir que el marxismo impulsa las privatizaciones.

Además, en este momento no hay nadie que tenga interés en prestarnos un dólar. Un país con cepo cambiario, fuerte desequilibrio fiscal y un BCRA con patrimonio neto negativo, no es un país que genere, justamente, gran atractivo para los inversores. Nos prestan los dólares y luego no se los dejan retirar. De locos lo que afirma Kicillof.

El riesgo de estar jugando al falso nacionalismo e ir de cabeza a un default, consiste en que los bonos de Argentina caigan en forma notable. Si esos bonos caen y parte de ellos están en el activo de los bancos, el sistema financiero va a tener una fenomenal pérdida patrimonial. Eso puede llevarlo a cortar créditos, por ejemplo los giros en descubierto como ocurrió en otras oportunidades, con lo cual se corta la cadena de pagos y se profundiza el proceso recesivo. Y no descarto una corrida financiera y cambiaria dependiendo del pánico que genere el default.

Al caer el nivel de actividad la recaudación se resiente más, el déficit crece y la emisión del BCRA para financiar al tesoro aumenta generando una aceleración de la inflación y caída del tipo de cambio real. Si la caída de tipo de cambio real se acentúa, el impacto sobre las exportaciones es inevitable. Como los insumos que hay que importar se pagan con los dólares que ingresan por las exportaciones, al ingresar menos dólares de exportaciones se pueden importar menos insumos, por lo tanto la recesión se acentúa junto con la desocupación.

Claro que podría darse el caso que el gobierno vaya a default definitivo y utilice los dólares esos para importar insumos, dejarle unos pocos dólares al próximo gobierno como reservas en el BCRA y un serio problema con la deuda.

Mientras tanto continuará el ajuste por el lado del sector privado mientras sigue la fiesta en el sector público, como puede verse con el gasto que sigue creciendo a tasas anuales del 45%.

La explotación del sector privado por parte de sector público se da hasta el punto de una fuerte discriminación entre los empleados del sector público y los del sector privado. En efecto, los empleados del sector público no pueden ser despedidos salvo que se les inicie un sumario. En cambio, en el sector privado, una empresa, pagando la indemnización correspondiente, puede reducir su planta de personal. Los empleados púbicos pasan a ser algo así como empleados de primera categoría y los del sector privado de segunda categoría.

Agreguemos que todos sabemos que las empresas están reduciendo sus plantas de personal, las horas extras, los turnos, etc. mientras que el sector público no despide a nadie. Por el contrario, aumenta la cantidad de planta permanente como acabamos de enterarnos con el personal del Senado.

Resumiendo, no hay destrozo que el kirchnerismo no haya hecho en estos 11 años y continuará haciendo destrozos en la medida en que le convenga políticamente. Y si ir al default lo beneficia políticamente, lo hará por más que la gente tenga que sufrir una crisis económica como pocas veces hemos visto.
Fuente: Economía para Todos, 27/07/14.

 

Historia del Default en Argentina

Historia del Default en Argentina.
Por Miguel Angel Boggiano.

La semana pasada escribí la nota titulada “Los 20 países que más veces fueron al default”. En el caso de Argentina, a través de las diferentes fuentes citadas que había consultado, llegaba a la cuenta de siete situaciones de default. Sin embargo, decidí ver cada uno de esos y otros casos para ver en más detalle la validez de calificar cada uno de esos eventos como un default. Mi conclusión es que eventos que efectivamente representaron una situación de default/reestructuración fueron cuatro. Y a la vez, hay otros cuatro eventos de gran significancia que algunos han decidido contabilizar pero que no deberían computar. Veamos cada uno de ellos.

Los cuatro momentos de Default de la historia de Argentina.
El primer episodio data del año 1827. La Argentina había tenido una presencia activa en los mercados internacionales de capital luego de la independencia en 1816. Fue justamente en medio de un boom de préstamos ocasionado por el fin de las guerras napoleónicas que Argentina y otros países de América Latina consiguieron emitir bonos en Londres para financiar sus guerras de independencia. Este boom crediticio terminó en 1825 cuando el Banco de Inglaterra subió su tasa de descuento para frenar su caída de reservas. Este ajuste monetario derivó en un crash bursátil, problemas bancarios y recesión en Inglaterra y Europa Continental. En pocos meses, la crisis se expandió a América Latina. Argentina entró en default en 1827 y recién reinició sus pagos en 1857.

El segundo episodio de default se conoce como el Pánico de 1890. La principal causa fue la bancarrota a la cual casi llega la banca Baring Brothers debido al exceso de crédito que le había otorgado a la Argentina. El destino del crédito, tomado principalmente en la época de Julio Roca, se destinó a la construcción de ferrocarriles y a la modernización de Buenos Aires para transformarla en la “Paris de Sudamérica”, construyendo amplias avenidas, parques y un puerto moderno. En 1880 la nación había crecido de manera sorprendente con el modelo agroexportador. Las políticas liberales del gobierno del Presidente Miguel Juárez Celman (1886-1890) llevaron a un período de especulación financiera que creó una burbuja. En 1888 quiebra el Banco Constructor de La Plata y estalla la crisis. El estado Argentino ingresa entonces en cesación de pagos por cuatro años. La crisis ocasionó la quiebra del Banco Nacional y en la renuncia del Presidente. El vicepresidente Carlos Pellegrini asume el cargo hasta 1892. Bajo su gestión se creó el actual Banco Nación. En el plano internacional, un consorcio liderado por el Banco de Inglaterra rescató a la Baring y evitó lo que podría haber sido una catástrofe de la banca londinense. El cuadro “Sin pan y sin trabajo” (de Ernesto de la Cárcova) es una obra maestra de la pintura argentina que refleja la situación de los obreros en 1890. Aquí el cuadro:

Sin pan y sin trabajo
Para tener una idea de la dimensión del endeudamiento, cabe destacar que en ese momento Argentina llegó a ser el quinto país más endeudado del mundo. Absorbió el 11% de todas las emisiones de bonos en Londres desde 1884 a 1880 y entre el 40% y el 50% de todas las emisiones de deuda realizadas fuera del Reino Unido. Estados Unidos en ese momento tenía entonces 20 veces más población que Argentina y sólo una fracción de su deuda. Es correcto decir que en la década de 1880 se vió un flujo de capitales sin precedentes en la historia hacia un mercado emergente como el argentino. La exuberancia del momento queda a la vista: el déficit de cuenta corriente era de 20% del PBI. El default de Argentina fue en una deuda de ₤ 48 millones, lo que constituyó cerca del 60% de la deuda mundial defaulteada en 1890.

El tercer episodio de default se dio en 1982. Esta crisis de deuda fue, después de la de 1930, la de mayor alcance del Siglo XX. Decenas de países de América Latina y África cayeron en default. A diferencia de defaults sobre bonos, fue sobre préstamos bancarios. Argentina tardó hasta 1992 en regularizar su situación a través del Plan Brady. El régimen militar de 1976 a 1983 abusó del boom de liquidez mundial de los petrodólares. Por primera vez desde 1930 había crédito internacional para países emergentes. Argentina pasó de una deuda externa de U$S 7.000 millones en 1976 a una de U$S 45.000 en 1983, mientras el PBI se mantuvo estancado. La chispa que inició la crisis fue una fuerte suba de tasas de interés en Estados Unidos que terminó empujando a México el 16 de agosto de 1982 a declararse imposibilitado de pagar los intereses en su deuda en dólares de U$S 80.000 millones. Para octubre de 1983, 27 países que debían U$S 239.000 millones estaban en vías de reestructurar su deuda. De esos países, 16 eran de América Latina, y entre México, Brasil, Venezuela y Argentina, sumaban el 74% de la deuda en reestructuración. Aproximadamente U$S 37.000 millones se le debía a los ocho bancos más grandes de EEUU, lo que representaba el 147% de sus reservas de capital de aquel entonces.

El cuarto episodio de la Argentina fue en el 2002. Adolfo Rodriguez Saa anuncia en diciembre de 2001 que Argentina suspendería sus pagos a la deuda externa y fue aplaudido en el Congreso Nacional. Sólo tres años después del Plan Brady (que implicó diferentes reducciones para la deuda), la deuda Argentina volvía a niveles previos a este acuerdo. Nueve años luego del Plan Brady, la deuda llegaba a más del doble. Como porcentaje del PBI, la deuda pasó del 50% en los ‘90s al 200% en el 2001. El alto nivel de endeudamiento tuvo una gran influencia en la recesión que empezó en 1998 y en la caída libre de la actividad económica en 2001. Se ha acusado al FMI de haber sido responsable de permitir esta crecida de la deuda, pero la responsabilidad última fue de la clase política argentina.

(Rodriguez Saa en el Congreso de la Nación Argentina – Diciembre 2001)

Hay otros cuatro eventos que se nombran en ocasiones como default de Argentina, pero que no lo han sido. Paso a nombrarlos:

Default sólo a nivel provincial en 1915.
Default sólo a nivel provincial en 1930. Es para destacar que Argentina fue uno de los pocos países que cumplió con sus obligaciones financieras. Otros 9 países de América Latina cayeron en default y 4 sólo pagaron parcialmente sus intereses. Argentina fue el caso excepcional entre los deudores de América Latina en 1930, así como Colombia los sería en 1982.
Acuerdo con el Club de Paris en 1956. Fue para evitar un default y no hubo reestructuración. A diez años de la creación del FMI y del Banco Mundial en Bretton Woods, fue la primera reunión de este grupo. ¿El objetivo? Ayudar a la Argentina a renegociar su deuda para evitar que entrara en default.
En ese momento, se registraban vencimientos con Estados Unidos a lo que el presidente de la «Revolución Libertadora», Eugenio Aramburu, sumó nuevas obligaciones con la intención de restablecer el comercio, por u$s 700 millones, que no pudo pagar. Fue el ministro de Finanzas francés de ese año, quien invitó a 11 países acreedores de la Argentina a reunirse en París para analizar la refinanciación de la deuda externa, entre el 14 y el 16 de mayo de 1956.
Plan Bonex 1989. Ante el fracaso del denominado “Plan BB” (Bunge & Born), Menem designa al frente de la cartera de economía a Antonio Erman Gonzalez. La situación económica con la que se encontró el Doctor E. González era la de una persistente acumulación de deuda interna. Para diciembre de 1989 los depósitos a plazo fijo a 30 días se pactaban con tasas por encima del 400%. Ante esta realidad, el 28 de diciembre de ese año, el gobierno concretó un canje compulsivo de todos los plazos fijos que superaban el millón de australes, a cambio de bonos (denominados Bonex 89) que vencían en 1999 mediante el dictado del Decreto 36/90. Se estima que la confiscación alcanzó al 60% de la base monetaria, lo que provocó una fuerte recesión. A los efectos prácticos este evento tuvo todas las características de un default de deuda interna.

Fuentes:
“La deuda argentina: historia, default y reestructuración” – Mario Damill, Roberto Frenkel y Martín Rapetti. CEDES, Buenos Aires 2005.
“This Time is Different”, Carmen M. Reinhart & Kenneth S. Rogoff, Princeton University Press © 2009
“Debt Default and Lessons from a Decade of Crisis”, Federico Sturzenegger & Jeronim Settelmeyer, MIT Press© 2006
“The Baring Crisis and the Great Latin American Meltdown of the 1890s”, Kris James Mitchener and Marc D. Weidenmier, Mayo 2007 NBER Papers
“The forgotten history of domestic debt”, Carmen M. Reinhart & Kenneth S. Rogoff, NBER Working Paper, Abril 2008

 

Cae el precio del maíz por cosecha récord en USA

Cosecha récord en EE.UU. hunde al maíz.
Por Jesse Newman y Tony C. Dreibus.

El descenso de los precios del maíz está sembrando temores de que muchos agricultores de Estados Unidos sufran sus primeras pérdidas en años y que la economía agrícola pueda enfrentar su primera caída sostenida en una década.

En los últimos tres meses, los precios del maíz han caído casi 30%, su nivel más bajo desde 2010, a medida que las condiciones climáticas casi perfectas en el centro-norte del país alimentan las expectativas de una segunda cosecha consecutiva de grandes proporciones. Los precios de otros cultivos también cayeron marcadamente. La soja, por ejemplo, se cotiza en mínimos de casi dos años y medio, mientras el trigo se ubica en mínimos de casi cuatro años.

La sobreoferta de maíz, que ha presionado los precios a la baja, está beneficiando a empresas que dependen de los granos para alimentar a sus animales y otros usos, incluyendo a las compañías procesadoras de carne, ganaderos y productores de etanol. En los últimos 12 meses, las acciones de Tyson Foods Inc. subieron 47%, mientras que las del procesador rival de pollos Pilgrim’s Pride Corp. aumentaron 95%. Los títulos de Archer Daniels Midland Co., que procesa granos para obtener etanol, jarabe de maíz y otros productos, ascendieron 34%.

El descenso en los precios globales de los granos también está ayudando a los consumidores, en especial en países donde el costo del pan y otros alimentos básicos representa una parte importante del gasto. Un índice mensual de precios de alimentos publicados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) cayó por tercer mes consecutivo en junio, a su nivel más bajo desde enero, lo que se debe en mayor medida a una marcada caída de los precios de los granos y los aceites vegetales.

Los menores costos de los commodities podrían moderar la inflación en las tiendas estadounidenses en el caso de cereales, galletas y otros productos que usan granos y soja, aunque las empresas de comida empacada probablemente no reduzcan los precios, según analistas.

No obstante, se prevé que la caída en los precios del maíz reduzca marcadamente los ingresos generales de las principales zonas agrícolas de EE.UU. ya que ese grano es el principal cultivo del país: el año pasado se sembró en 350.000 granjas y generó unos US$60.000 millones en ingresos para los agricultores.

El maíz, que se encuentra 57% por debajo de su precio récord de 2012, se cotiza a mucho menos del umbral de US$4 por bushel que necesitan muchos cultivadores para obtener ganancias. Eso significa que este año los agricultores como grupo no podrán cubrir sus costos por primera vez desde 2006, según economistas especializados en agricultura.

Las señales de tensión ya son evidentes en el cinturón agrícola del centro-norte de EE.UU. Los valores de la tierra de cultivo en algunas regiones comenzaron a caer tras un auge que duró años, y la demanda de maquinaria agrícola descendió. Deere & Co., el mayor vendedor mundial de equipos para agricultura, reportó en mayo una caída de 9,5% en sus ganancias de su segundo trimestre fiscal, y señaló que las ventas de equipos para agricultura y paisajismo en EE.UU. bajarían entre 5% y 10% este año. Se prevé que las ventas de tractores, semillas y otros insumos agrícolas sigan viéndose afectadas, conforme los agricultores reducen el gasto.

Matt Bennet, un agricultor de 39 años que cultiva 1.200 hectáreas en el estado de Illinois, dice que prevé obtener ganancias este año porque ya vendió alrededor de la mitad de su cosecha prevista por unos US$5 por bushel. Pero «los márgenes sin dudas serán menores» y 2015 podría ser un año mucho más difícil, dijo.

Mientras el panorama económico en el cinturón agrícola de EE.UU. empeora, economistas y banqueros agrícolas indicaron que no temen que se produzca una crisis severa como en 1980 porque los agricultores tienen deudas relativamente bajas y poseen abundantes reservas de efectivo acumuladas durante los años recientes de auge.

El Departamento de Agricultura de EE.UU. estimó que el nivel de deuda operativa en relación a activos agrícolas caería a 10,5% este año, el más bajo desde 1954.

Los precios de maíz y la soya podrían recuperarse un poco si se registra un clima más seco en el centro-norte de EE.UU. sobre el final de la temporada de cultivo, según analistas.

Pero si continúa el clima favorable, los futuros de maíz podrían caer a US$3,25 por bushel, estima Mark Schultz, analista de la corredora Northstar Commodity en Minneapolis. «Este mercado quedará estancado este año y también el próximo», aseguró.

El Departamento de Agricultura de EE.UU. proyectó en febrero que el ingreso neto agrícola en EE.UU. caería 27% este año, a US$95.800 millones, el menor desde 2010.

La abundancia de maíz estadounidense se registra sólo dos años después de que una grave sequía dañara gran parte de las cosechas y elevara los precios a más de US$8,31 por bushel. Antes de la caída de 40% del año pasado, los precios de maíz habían superado los US$6 por bushel durante la mayor parte de los tres años anteriores, impulsados por la creciente demanda de la industria del etanol y mercados extranjeros como China.

El Departamento de Agricultura calcula que la cosecha de maíz de este año ascenderá a 13.860 millones de bushels, apenas por debajo del récord de 13.930 millones de bushels del año pasado.
Fuente: The Wall Street Jornal, 28/07/14.

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Bushel

El bushel es una unidad de medida de capacidad para mercancía sólida en los países anglosajones (países de habla inglesa). Se utiliza en el comercio de granos, harinas y otros productos análogos.

Unidad de masa
El bushel es actualmente utilizado generalmente como unidad de masa antes que de volumen. Los bushels que se utilizan para medir la compra y venta de granos, son siempre unidades de masa. Para realizar esto se le asigna un peso estándar a cada grano, con el fin de poder calcular los bushels correspondientes a cada uno, que por lo tanto son diferentes entre sí. Algunos de los más usados son los siguientes:
Avena:
Estados Unidos: 32 lb = 14,51495584 kg
Canadá: 34 lb = 15,42214058 kg
Cebada: 48 lb = 21,77243376 kg
Cebada Malteada: 34 lb = 15,42214058 kg
Maíz: 56 lb = 25,40117272 kg
Trigo y porotos de soja: 60 lb = 27,2155422 kg

En los países anglosajones
En Gran Bretaña un bushel tiene 4 pecks o 32 quarts, y equivale a 1,03205 del bushel de los Estados Unidos, que a su vez equivale a 0,35238 hectolitros. La palabra bushel está cayendo en desuso rápidamente.
1 bushel = 1 fanega
1 tonelada = 36,741 bushel (trigo y habas de soja)
1 tonelada = 39,370 bushel (maíz)
1 bushel (trigo y habas de soja) = 27,2183 kg
1 bushel (maíz) = 25,40 kg
1 bushel EE. UU. = 8 galones EE.UU = 35,2391 L
1 bushel RU = 8 galones = 36,3687 L
Fuente: Wikipedia, 2014.

 

 

El difícil desafío de subir la edad de jubilación

El difícil desafío de subir la edad de jubilación

Las personas mayores de 64 años son hoy, en la Argentina, poco más de 10% de la población total. Se estima que en 2050 la proporción llegará a 19,3%, y en 2100, a 24,7 por ciento. Los datos están consignados en una publicación reciente del Banco Mundial titulada Los años no vienen solos. Allí se señala que la tasa esperada de población adulta mayor para dentro de ocho décadas es similar a la que muestran en la actualidad países envejecidos de Europa, donde es fuerte la preocupación por el costo que la mayor esperanza de vida conlleva para los sistemas de jubilación y salud.

«La Argentina está hoy en lo que se llama el bono demográfico», define el economista José María Fanelli, profesor de la Universidad de San Andrés, que investiga los vínculos entre demografía y economía. «Por la estructura de su pirámide poblacional, los países jóvenes son por ejemplo los de África y la India; entre los países adultos están varios de los emergentes y, entre ellos, la Argentina, y entre los países viejos, los europeos y Japón», enumera. Son los del último grupo los que hoy tienen el desafío de replantear la edad de retiro por necesidad económica.

En cuanto a la situación local, Fanelli dice que en estos años el país debería esforzarse por invertir para que la generación joven se prepare y logre mayor productividad, de tal manera que la sociedad llegue mejor preparada a su «envejecimiento».

En ese camino, un tema preocupante es el alto nivel de informalidad. En mejorar ese aspecto debe ponerse el foco, según agrega Michele Gragnolati, líder en Desarrollo Humano para Argentina del Banco Mundial.

El informe de la institución recuerda que las discusiones sobre la prolongación de la vida laboral son siempre conflictivas. Hay referencias a la propuesta de aumento en dos años de la edad jubilatoria en Francia, que en 2010 «encontró una fuerte oposición política, con huelgas masivas y manifestaciones», por lo que debió revertirse. En Italia, se aprobó en 2012 una reforma que lleva la edad a 66 años para 2018.

«Los sistemas jubilatorios tienen la necesidad de adaptarse a los cambios demográficos, e incluso es un mito que esto no afecte a los regímenes de capitalización», dice Fabio Bertranou, experto del tema en la OIT e integrante de la Comisión Asesora de Pensiones que creó hace dos meses la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. El país trasandino lleva tres décadas y media con un sistema de pensiones basado en la acumulación de ahorros individuales. La razón de lo dicho por Bertranou es simple: la mayor esperanza de vida hace que, ya en la etapa pasiva, se cobren ingresos durante una cantidad de años cada vez mayor. Y eso obliga a revisar todos los números
Fuente: La Nación, 27/07/14.

¿Cambios en la jornada laboral?

Trabajar menos horas; trabajar más años.
Por Silvia Stang.

Un límite máximo a la cantidad de horas de trabajo. La primera disposición de la normativa laboral internacional estuvo referida a un tema que, casi un siglo después, es también protagonista de un debate en el que entra en juego una compleja serie de factores.

¿Cuánto tiempo del día, de la semana, de la vida misma, se le dedica al trabajo? ¿Es razonable la relación entre la cantidad de horas dedicadas a producir y las ocupadas en otras cuestiones? ¿Cómo se logra un equilibrio? ¿De qué manera repercute en la economía de toda una sociedad la manera en que se organizan las tareas de cada trabajador? ¿Es viable la idea de redistribuir el empleo con una reducción de las jornadas, sobre todo en sociedades afectadas por el desempleo, pero también por la insuficiencia de ingresos?

Tras el desastre de la Primera Guerra Mundial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), nacida por aquel entonces, se propuso hacer un aporte a «la paz social». Su convenio número 1, de 1919 y al que adhirieron decenas de países, fijó la regla que es aún hoy la más frecuente en gran parte del planeta: una semana laboral de no más de 48 horas, repartidas en 8 horas de jornada diaria regular. En primer lugar dirigida a la industria, la construcción y el transporte, la directiva se extendió luego al comercio y los servicios.

Ya en un nuevo siglo, y aun cuando no se ha limpiado al mundo de situaciones de alta desigualdad y hasta de esclavitud, hoy la tecnología, las nuevas formas de organización familiar y social, las crisis recurrentes del empleo y la mayor esperanza de vida, entre otros factores, llevan a repensar cuánto y cómo se trabaja.

Hace pocos días, el segundo hombre más rico del planeta (según el ranking de la revista Forbes) fue quien le puso el despertador al debate: en una conferencia en Paraguay, frente a ex presidentes de diferentes países y a hombres de negocios, el millonario empresario mexicano Carlos Slim insistió en una idea a la que ya se había referido.

Slim sugiere que se trabaje tres días a la semana en jornadas de 11 horas. A la vez, sostiene que es necesario retrasar la edad de jubilación. El esquema, razona este magnate de 74 años, ayudaría a aliviar problemas como el desempleo y las dificultades de los Estados para financiar los sistemas previsionales. Además, las personas tendrían más tiempo libre y eso generaría más fuentes de trabajo en las actividades de esparcimiento.

En una entrevista publicada por el diario español El País en 2012, Slim afirmó que en un mundo de «sociedades de servicios», donde lo importante es «la experiencia y el conocimiento», no debería sostenerse un sistema pensado para cuando el protagonismo lo tenía el esfuerzo físico. «Si se hacen los números de cuánto cuesta el valor actual de la jubilación de la población activa con empleo y sin empleo, resulta insostenible», dijo. En su razonamiento, ajustar la edad de retiro tendría que ir de la mano de la reducción de la semana laboral.

Son tres las cuestiones abarcadas: el tiempo dedicado al trabajo; la organización y distribución de ese tiempo, y la duración de la vida activa de las personas.

Respecto del primer punto, existe un debate orientado a la reducción de jornadas. No es diferente de lo que ocurría en la primera mitad del siglo XX. Tras los convenios de las primeras décadas, en 1935 la OIT promovió otro para fijar una semana de 40 horas, al que adhirieron menos países que a la regla de un máximo de 48 horas. La intención fue redistribuir el empleo, tras los efectos de la crisis del 30.

Ése fue en parte el objetivo declarado por la ley que instauró en Francia, 14 años atrás, la jornada semanal de 35 horas, una medida con defensores y detractores. En la práctica, hoy en ese país con reglas que permiten una distribución horaria con cierta flexibilidad a lo largo del año, se trabaja un promedio de 38 horas semanales; la cifra es superior a la de la norma y aquí hay que considerar que la estadística -publicada por la OCDE- contempla el empleo total, con cuentapropistas incluidos. En Alemania, ese promedio es de 35,5 horas; en España, de 38,4, y en Italia, de 37,5 horas.

Un informe de la OIT señala que en la primera década del siglo hubo en los países desarrollados una tendencia a la baja del tiempo de trabajo, algo que no resultó tan claro en el resto del mundo. Entre los países con datos publicados por la OCDE, encabeza el ranking, por mayor cantidad de horas, Turquía, con 48,9 horas; le siguen Corea (44,6) y México (43,3).

En la Argentina se trabaja unas 40 horas a la semana, y en los últimos años la tendencia fue al alza. Los promedios, claro, están influidos por un conjunto de variables. Los cuentapropistas declaran estar en sus tareas muchas más horas que los asalariados, y entre los varones el índice es mucho más alto que entre las mujeres. Pero, como en otros países de la región, en el nuestro tiene fuerte incidencia la informalidad, muchas veces signada por la subocupación.

Del total de ocupados y según datos del Indec, 35,9% trabaja en su tarea principal entre 35 y 45 horas por semana. ¿El resto? Un tercio trabaja menos de 35 horas y otro porcentaje similar tiene una sobrecarga (7% trabaja más de 60 horas a la semana).

Con aquella intención de redistribuir puestos, un proyecto de ley del diputado kirchnerista y abogado del sindicalismo, Héctor Recalde, plantea reducir la jornada fijada por la ley 11.544, de 48 a 45 horas semanales.

A miles de kilómetros, las autoridades de la ciudad sueca de Gotemburgo van más a fondo con su apuesta local: se redujo allí de ocho a seis horas la jornada diaria de la mitad de los trabajadores, con la idea de comparar, al cabo de un período, qué pasa con la productividad. Es que es éste un factor fundamental en los análisis de las propuestas.

Y en este punto, tiene su peso el tema de la distribución del tiempo.

Organizar el tiempo
«Es posible mejorar la productividad gracias a los beneficios psicológicos de cumplir horarios más cortos o a una gestión y organización más efectivos del uso del tiempo», advierte el documento titulado «El tiempo de trabajo en el siglo XXI», hecho por un equipo de técnicos de OIT, que remarca que la llamada semana estándar, de 5 días por 8 horas, predomina aún en muchos países, aunque «al parecer, está en lento declive» a manos de opciones como la llamada «semana comprimida», una definición bajo la cual entra la propuesta de Slim.

Un estudio de campo publicado por Lonnie Golden, un profesor de Economía y Estudios Laborales de la Penn State University, mostró que en 18 industrias de los Estados Unidos, el incremento en un 10% de las horas trabajadas repercutió en una caída de 2,4% de la producción horaria.

En la opinión de Daniel Funes de Rioja, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina que preside la Organización Internacional de Empleadores, podría haber ventajas en materia de productividad si los distintos tipos de jornada laboral se establecen en función de necesidades y preferencias de organizaciones y trabajadores, y mediante acuerdos sectoriales o por unidades productivas, y no por imposiciones generales.

El dirigente no cree en la viabilidad generalizada de las ideas de Slim. «No es lo mismo la actividad industrial que una de servicios; si hay sectores que pueden cubrir su demanda de producción con 33 horas semanales, es una cosa; pero si se necesitan turnos de relevo habrá que ver factores como los costos y la disponibilidad de mano de obra calificada», señala. Entre otros puntos, agrega, el análisis debe incluir qué pasa con las remuneraciones.

El tema salarial es clave, sobre todo cuando se habla de reformas que -si bien tienen en la mira un mayor equilibrio entre lo laboral y otros aspectos de la vida- se plantean muchas veces en situaciones de crisis. En el caso de la ciudad sueca, no se reducen los salarios de quienes trabajan menos horas: la ventaja para el empleador, en caso de resultar efectiva la experiencia, debe estar en una mejora de la productividad.

Otro aspecto cada vez más relevante del mercado laboral es que, sobre todo a mayores niveles de calificación, las personas valoran cómo repercutirá un empleo en su calidad de vida, a veces por sobre el dinero. El tema aparece como inquietud en las entrevistas laborales, porque la relación entre quien busca trabajo y el empleador «se democratizó», según describe Marcela Romero, gerenta comercial de Selección Permanente de la firma Manpower.

La alternativa flexible de la «semana comprimida» tiene algunas formas prácticas más parecidas a lo convencional que la propuesta de Slim. Una de las más conocidas es la de agregar tiempo de trabajo entre lunes y jueves para liberar horas del viernes. Según un estudio de SEL Consultores, en la Argentina un tercio de las firmas líderes tiene estas políticas, aunque en más de la mitad de los casos, el beneficio no llega a la totalidad de los empleados.

A favor de la jornada diaria prolongada dentro de una semana reducida, estudios citados en el informe de la OIT mostraron una suba del riesgo de lesiones entre quienes trabajan más de 60 horas en la semana, pero ese efecto no se advirtió en días de 12 horas o más de labor. La cuestión es debatida: «El aumento de la jornada y la reducción de días trabajados me parece una desventaja. La discontinuidad genera estrés y ansiedad y no favorece la productividad; necesitamos un ritmo equilibrado», opina el psicólogo laboral Gabriel Schwartz. Algo que influye favorablemente, según la OIT, es que los trabajadores sientan que ejercen control sobre sus horarios.

«Hay diferentes modalidades de flexibilidad, como la semana comprimida y el horario flexible [empresas que definen una banda horaria para elegir hora de ingreso y de salida], y parte de esto es también la organización con los compañeros, el empoderamiento del equipo de trabajo», afirma Patricia Debeljuh, directora del Centro Conciliación Familia y Empresa de la Escuela de Negocios IAE. La situación actual, remarca, implica que en líneas generales se tienda a trabajar más, algo que se agrava con las demoras en el transporte. «No es sólo la cuestión del tiempo, sino también el hecho de que las tensiones se llevan al plano familiar», agrega. El costado positivo está en las prácticas que inician algunas empresas para tratar de armonizar, porque entienden que así se logran mejores resultados.

La tercera pata de la cuestión del tiempo de trabajo es la edad de retiro. «Las personas mantienen una mejor calidad de vida hasta una edad mucho más avanzada que antes, y tienen la posibilidad y la necesidad de realizar actividades productivas, que les permitan aportar valor y seguir generando vínculos», dice Schwartz.

Pero las tensiones son fuertes cada vez que un país se propone elevar la edad jubilatoria, algo que preocupa sobre todo en Europa por su pirámide poblacional envejecida (ver aparte). Para Fabio Bertranou, especialista en mercado laboral de la Oficina de la OIT en la Argentina y experto en temas previsionales, podrían pensarse modalidades de trabajo parcial, con tareas que se puedan hacer al tiempo de estar ya jubilado, en un esquema de transición y, sí o sí, de adhesión voluntaria.

Una vez más, la flexibilidad, pero sólo si trae ventajas para todos, aparece como el camino ideal..
Fuente: La Nación, 27/07/14.

 

Cláusula RUFO: La mentira K

El argumento oficial para no cumplir con el fallo carece de validez.
Por Bernardo Saravia Frías.

La existencia de la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers) es el argumento jurídico cardinal del Gobierno de Cristina Kirchner para negarse a cumplir la sentencia firme dictada en su contra por la justicia norteamericana.

Tal cláusula no tiene antecedentes en ninguna reestructuración de deuda soberana. Su origen se remonta a 2005, como una garantía para todos aquellos que aceptaran canjear sus bonos en default desde 2002 de que no se ofrecerían mejores condiciones a quienes no lo hicieran.

Su estructura es simple. Hasta el 31 de diciembre de este año, si el Gobierno realiza una oferta de carácter voluntario a quienes no ingresaron en el canje para comprarles los títulos, canjeárselos o modificar sus términos, los que sí habían ingresado tienen el derecho por un plazo de por lo menos 30 días de acceder a esa mejor oferta.

Sus términos no entrarían en vigencia ante el cumplimiento de una sentencia firme, ya que no habría un carácter voluntario, sino coercitivo. Por lo demás, no habría una compra, canje o modificación de las condiciones de los bonos, por lo que no tendría éxito un reclamo basado en esta cláusula.

Junto con esta original obligación que asumió nuestro país, el Poder Ejecutivo envió en 2005 al Congreso de la Nación un proyecto de ley, que tuvo como propósito reforzar esa garantía con una doble prohibición: no se podía reabrir el proceso de canje ni realizar acuerdo alguno con quienes no lo aceptasen.

Esta norma, conocida como ley cerrojo, fue aprobada por el Congreso, suspendida temporalmente en 2010 cuando se reabrió el canje de deuda, y otra vez puesta en vigor en agosto del año pasado, situación que perdura hasta la fecha. En ambos casos se dispuso que cualquier oferta que se realizara a los holdouts no podía ser mejor que la efectuada en los canjes de 2005 y 2010.

Lo curioso de este corsi e ricorsi normativo es que, en el mensaje con el que el Poder Ejecutivo fundó la última suspensión de la ley cerrojo, dijo expresamente: «Lo que la cláusula RUFO no garantizaba, ya que su descripción no lo incluía expresamente, era que la Argentina realizara acuerdos transaccionales en sede judicial o de forma privada, en mejores condiciones que las ofrecidas en el canje de 2005. Por tal razón, se entendió conveniente la clara manifestación del Poder Ejecutivo Nacional en el sentido de que para que tal cosa sucediera, debía ser aprobada por el propio Congreso de la Nación».

Es decir que el Poder Ejecutivo interpretó que la cláusula RUFO no es óbice para realizar un acuerdo transaccional en sede judicial, como el que debiera ocurrir para evitar el default de la deuda externa de la República Argentina antes del 31 de este mes.

Llama la atención que ahora vuelva el Gobierno sobre sus pasos y quiera borrar con el codo lo que escribió con la mano.

Esta cláusula no es un obstáculo para cumplir una sentencia. Basta leer sus términos y, si alguna duda queda, está la opinión escrita del propio Poder Ejecutivo.

Lo que en todo caso se está pasando por alto es la anuencia del Congreso de la Nación para cerrar un acuerdo de esta índole, especialmente si se considera que tendría mejores condiciones que las otorgadas a quienes aceptaron los canjes de deuda en 2005 y 2010. Una cláusula contractual no tiene más importancia que la división de poderes y las instituciones.

Una muestra más de la falta de profesionalismo con el que se ha manejado este tema de capital importancia para todos los argentinos.
-El autor es socio de Saravia Frías Abogados.
Fuente: La Nación, 27/07/14.

 

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