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Argentina enfrenta hoy miércoles 30/07/14 la fecha límite para realizar un pago de deuda de más de US$500 millones, pero parece poco probable que los bonistas reciban el dinero a tiempo. En el centro del caso está un fallo de una corte de distrito de Estados Unidos de 2012 que prohíbe a Argentina pagar a los bonistas que aceptaron canjes de deuda hasta que les pague también a los holdouts.

Pregunta: ¿Entrará Argentina en cesación de pagos?

Respuesta: Si un pago de deuda no es transmitido antes de la medianoche del miércoles, Argentina entrará en default de acuerdo con los documentos de los bonos, dicen expertos en leyes. El gobierno, sin embargo, podría continuar sosteniendo que no está en cesación de pagos. De ser necesario, una corte podría tener que decidir, aunque expertos legales dicen que el reclamo de Argentina sería débil.

P: ¿Cómo puede Argentina defender su postura de que no está en default?

R: Los funcionarios argentinos aseguran que han cumplido con sus obligaciones al transferir el dinero al fideicomisario. Argentina depositó el efectivo en Bank of New York Mellon Corp. para un pago de intereses que se vencía el 30 de junio sobre algunos de los bonos que emitió en las reestructuraciones.

No obstante, debido al fallo de 2012, el banco no puede distribuir el dinero a los inversionistas sin arriesgarse a desacatar la orden del tribunal. Expertos legales señalan que los documentos de los bonos indican que para que se realice el pago, el dinero debe ser entregado por el fideicomisario. Enviar el dinero al banco de fideicomiso «no es suficiente para su obligación de pago», dice Jonathan Zonis, abogado de Clifford Chance.

P: ¿Qué derechos tienen los bonistas?

R: Si no reciben el dinero, los inversionistas que poseen los bonos afectados podrían presentar una demanda para «acelerar» los pagos, con el fin de que Argentina pague de inmediato no sólo los intereses, sino también todo el principal de la deuda. Un inversionista, o un grupo de inversionistas, que posea 25% de una serie de bonos en circulación cumpliría con los requisitos para presentar la demanda de aceleración.

P: ¿Qué pasaría si los bonistas presentan una demanda para acelerar los pagos?

R: Una demanda de aceleración aumentaría la presión sobre Argentina y les daría más razones a los inversionistas para que demanden al gobierno, ya que su reclamo monetario sería mayor. Tal demanda también podría activar una estipulación de «cross default», lo que significa que los inversionistas que poseen otros bonos nuevos también podrían presentar una demanda de aceleración incluso si sus bonos no debían recibir un pago el 30 de junio.

P: ¿Por qué Argentina no les paga a los holdouts?

R: Los nuevos bonos tienen una cláusula de trato igualitario, llamada Rights Upon Future Offers, o RUFO (algo así como Derechos sobre ofertas futuras), que estipula que si los holdouts reciben una mejor oferta, la misma propuesta deber realizarse a los tenedores de bonos reestructurados. La cláusula expira al final de este año.

Analistas dicen que Argentina podría argumentar que cualquier oferta no sería «voluntaria» debido al litigio con los holdouts y que por lo tanto no debería activar la cláusula. Los nuevos bonistas podrían sostener lo contrario.

P: ¿Qué pasará con los precios de los bonos argentinos?

R: Los analistas dicen que la reacción inmediata el día del default podría derrumbar el precio de los bonos a 50 o 60 centavos por dólar frente a los más de 90 centavos en los que se cotiza hoy, ya que algunos inversionistas podrían verse forzados a vender si no se les permite tener bonos en default. No obstante, pocos creen que los precios caerán a niveles vistos durante la cesación de pagos de 2001. En aquel entonces, los bonos argentinos cayeron a cerca de 30 centavos por dólar.

P: ¿Qué sucederá con los seguros contra la cesación de pagos de los bonos argentinos?

R: Un comité de un grupo de cotización de derivados tendrá que decidir si Argentina se ha declarado en default para efectos del seguro.

P : ¿La calificación de deuda de Argentina se vería afectada?

R: Standard & Poor’s actualmente le da a Argentina una calificación a largo plazo de menos triple, lo cual ya se considera «chatarra». Si el país no hace su pago de intereses, S&P dijo que reduciría la calificación a «default selectivo«, lo que significa que el país cumple con sus obligaciones en algunos bonos y en otros no.

Fuente: The Wall Street Journal, 30/07/14. (Antes de la Noticia del No acuerdo con los Holdouts.)

Una marcha de manifestantes contra los fondos buitre en Buenos Aires. Reuters

Un liderazgo verdadero requiere un pensamiento claro y la evaluación desapasionada de riesgos y beneficios. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, tiene hasta el 30 de julio para decidir si llevará a su país a otra cesación de pagos o default o llegará a un acuerdo con los acreedores que no aceptaron la reestructuración de la deuda, o holdouts. Hay un posible camino sensato, pero esto requiere dejar de lado una retórica acalorada y adoptar la sabiduría y el liderazgo mesurado.

Argentina cayó en cesación de pagos en diciembre de 2001, en medio de una prolongada recesión económica. En 2005, el país hizo a los acreedores una propuesta de reestructuración de deuda de «tómelo o déjelo». El gobierno solicitó a los bonistas que aceptaran nuevos bonos con una reducción significativa en su valor nominal. Para reforzar la propuesta, el Parlamento de Argentina aprobó la llamada «ley cerrojo» que prohíbe al país ofrecerles cualquier cosa en el futuro a los acreedores que no participaron en el canje.

Alrededor de 75% de los acreedores de Argentina participaron en el canje de deuda en 2005. Cuando el Congreso votó en 2010 a favor de reabrir temporalmente la reestructuración, la mayoría de los bonistas que no habían participado ofrecieron sus bonos, presuntamente desalentados ante la postura intransigente de Argentina. Sin embargo, un pequeño grupo de acreedores que no participaron continuaron con un litigio el tribunal federal de Estados Unidos en Nueva York.

Quizás por mediocres consejos legales o mal juicio político, Argentina nunca intentó llegar a un acuerdo y en vez de eso apostó todo en su postura. En 2011, Thomas Griesa, el juez de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, dictó un fallo en el caso de NML Capital Ltd. v. Republic of Argentina según el cual las cláusulas de igualdad de condiciones de la deuda incumplida de Argentina implicaba que el país no podía seguir pagando deuda emitida bajo el canje a menos que al mismo tiempo realizara pagos completos a los tenedores de bonos que peleaban en los tribunales. La última final fue pronunciada el 16 de junio cuando la Corte Suprema de EE.UU. se negó a considerar el caso, agotando así los recursos de apelación de Argentina. La única decisión que queda por tomar es si resolverá el litigio o llevará al país a otro default.

¿Qué hay de por medio? Según Argentina, pagarle a todos los holdouts costaría US$15.000 millones. A mediados de julio, Kirchner dijo en Brasil que Argentina estaba lista para darle a los acreedores que no aceptaron el canje las mismas condiciones de aquellos que participaron en la reestructuración de 2005. Un cálculo aproximado indica que esto costaría US$6.000 millones. Por tanto, la cantidad en disputa es de unos US$9.000 millones. No se trata de una cantidad pequeña; sin embargo, US$9.000 millones es sólo 2% del PIB de Argentina.

Una líder inteligente consideraría las consecuencias de llevar a su país a una cesación de pagos. Las entradas de capital a Argentina se verían severamente reducidas, los costos de endeudamiento aumentarían, el crecimiento económico se desaceleraría y las finanzas públicas se verían restringidas. Para la población, esto implicaría menos empleos, mayor inflación y menos servicios públicos. Es casi seguro que un default le costaría al país más de 2% del PIB y sus efectos durarían más de un año.

Pero acatar el fallo del tribunal de Nueva York presenta dos problemas. Primero, US$15.000 millones equivale a más de la mitad de las reservas de moneda extranjera de Argentina. Segundo, la cláusula de derechos sobre ofertas futuras (RUFO, por sus siglas en inglés) en los canjes de deuda de 2005 y 2010 esencialmente confirió a los participantes en la reestructuración una promesa de que Argentina no realizará una oferta superior a los holdouts antes del 31 de diciembre de 2014. No obstante, ninguno de los dos problemas es insuperable.

Los holdouts han expresado la disposición de aceptar bonos en lugar de efectivo como pago en un acuerdo. La cantidad de bonos que se necesita no colocaría una carga especial sobre la sustentabilidad de deuda, ya que los niveles de deuda de Argentina son moderados. La cláusula RUFO se podría resolver al solicitar a los tenedores de la deuda reestructurada de Argentina que renuncien a ese derecho. Dado que la cláusula expira el 31 de diciembre y que su existencia en esencia intensifica el riesgo de un default, debería ser sencillo obtener la aprobación requerida de más de 50% de los bonistas para dispensar la cláusula.

Y así se esclarecería el camino hacia un acuerdo. Los holdouts de Argentina podrían aceptar una prórroga de tres meses en la suspensión de la implementación de su fallo. Esto le permitiría a Argentina continuar con el pago de su deuda activa y evitar otro default. A cambio, Argentina aceptaría llegar a un acuerdo con los holdouts al pagarles con bonos nuevos. Este acuerdo estaría exclusivamente sujeto a que Argentina consiga una exención de la cláusula RUFO y un compromiso de lanzar de inmediato una petición de consentimiento para este fin. Si la petición fracasa, la cláusula caducaría al final del año y las partes entonces tendrían la capacidad sin trabas de completar el acuerdo en enero de 2015.

Cuando surgió la esperanza de una solución a principios de este mes, los rendimientos de los bonos argentinos descendieron a mínimos de varios años y sus mercados de acciones subieron. Esta es una señal de que los mercados recompensarían un acuerdo con nuevas inversiones que generarían crecimiento y empleos. Hay poca sensatez en canjear este resultado por otra cesación de pagos. Captar esta sabiduría sencilla es el desafío de los líderes argentinos.

* Richard Deitz es el fundador y presidente de VR Capital Group Ltd., una gestora alternativa de activos que se especializa en deuda soberana y corporativa en problemas en mercados emergentes y desarrollados.

Fuente: The Wall Street Journal, 29/07/14.

Argentina tiene hasta el miércoles para hacer un pago de intereses de sus bonos o caerá oficialmente en cesación de pagos por segunda vez en 13 años. Argentina sostiene que está dispuesta a pagarles a los bonistas que aceptaron recibir menos de 30 centavos de dólar por cada dólar de deuda en una reestructuración posterior a su default en 2001. No obstante, el juez federal Thomas Griesa ha dicho que Argentina no puede pagarles a esos bonistas sin pagarles también a los llamados holdouts, que no aceptaron los 30 centavos de dólar y ganaron una serie de casos en los tribunales de EE.UU. contra Argentina. Buenos Aires rechaza pagarles a los holdouts.

En cambio, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha pasado un mes en una extraordinaria campaña pública vilipendiando a los holdouts, así como al juez Griesa y a las cortes estadounidenses. La conclusión difícil de evitar es que Argentina prepara el terreno político para un default por el cual planea culpar a los malvados gringos del norte.

«Muchos funcionarios en Estados Unidos dicen que el Poder Judicial es independiente», declaró hace poco el jefe de gabinete argentino, Jorge Capitanich. «Pero la verdad es que no es independiente de la acción de los fondos buitre, porque muestra clara parcialidad». El gobierno ha publicado avisos a página entera en diarios estadounidenses, incluido The Wall Street Journal, atacando a los acreedores y el juez Griesa por su nombre.

Los funcionarios argentinos Axel Kicillof y Héctor Timerman usaron una reunión en la Organización de Estados Americanos el 3 de julio para denunciar a EE.UU. y pedir que quitaran la reestructuración de deuda de las cortes estadounidenses para dársela a algún cuerpo internacional que imaginan sería más favorable a los holgazanes del gobierno. «El problema del default y reestructuración, no es un problema de la Argentina, sino del capitalismo mundial, del sistema en el que vivimos», declaró Kicillof.

Es temeraria la acusación de que las cortes estadounidenses son corruptas, viniendo de un país que pisotea los derechos de propiedad a su antojo. Recuerde la confiscación argentina de los activos locales de Repsol, la petrolera española.

Argentina agotó todas las instancias de apelación legal en EE.UU. hasta la Corte Suprema. E incluso tuvo el apoyo del gobierno de Obama, créase o no, contra los acreedores estadounidenses. El gobierno temía por el precedente para los intereses estadounidenses en otros países que sentaría que un gobierno extranjero fuera obligado por cortes de EE.UU. a pagarles a los holdouts.

Los argumentos de Argentina para no negociar son débiles. Afirma que no puede pagar los US$15.000 millones en potenciales nuevos pagos de deuda, pero en reuniones privadas con el mediador nombrado por el juez Griesa a veces admitió que la cifra real es más cercana a los US$10.000 millones.

Argentina sostiene que incluso esa cantidad es demasiada carga porque reduciría sus reservas en moneda extranjera. Pero el país acordó hace poco pagar US$16.000 millones en reclamos de Repsol y de acreedores del Club de País con poco impacto en sus reservas, al emitir nuevos bonos o prolongar los vencimientos.

Los holdouts dicen que consideran esos acuerdos como un modelo y están más que dispuestos a aceptar una combinación de efectivo y bonos nuevos. Argentina responde diciendo que incluso eso sería una terrible carga de deuda, pero tiene capacidad suficiente para emitir más deuda ya que su relación de deuda frente al PIB bajó a alrededor de 40% gracias al auge de los commodities de la última década.

Otra excusa de Argentina es que según la llamada cláusula RUFO (siglas en inglés de «derechos sobre ofertas futuras») tendría que pagarles a todos los bonistas lo mismo que les pague a los holdouts, lo que multiplicaría los costos. Pero la cláusula RUFO tiene varias válvulas de escape legal si Argentina realmente las busca, comenzando con el hecho de que prohíbe concretar acuerdos de deuda secundarios de forma voluntaria. Argentina recibió la orden de la corte de realizar pagos (involuntarios) a los acreedores, que no quiere hacer.

Cualquiera que sea el costo de pagarles a los holdouts, sería menor frente al daño que causaría otro default argentino. El país perdería la oportunidad de aprovechar sus acuerdos con Repsol y el Club de París para solucionar todas sus disputas con acreedores. Sus costos de endeudamiento público y privado aumentarían, quizás por muchos años.

El default es un sinsentido tan grande que plantea el interrogante de si Kicillof está invitándolo como una forma de persuadir al Fondo Monetario Internacional y a los liberales estadounidenses para que aceleren su campaña para poner las negociaciones de deuda en manos de una nueva burocracia global. Esto les daría más influencia a los deudores y políticos a expensas de los mercados financieros y las cortes estadounidenses, lo cual podría agradarle a un ex profesor de Economía izquierdista como Kicillof, quien parece creer que el default lo podría convertir en un héroe político sin costo alguno.

El mejor desenlace para todas las partes, y especialmente para Argentina, sigue siendo que Buenos Aires negocie de buena fe y evite la cesación de pagos. Pero si se rehúsa, el juez Griesa merece el apoyo de todos los que se preocupan por la integridad de los mercados financieros de EE.UU. por defender la ley y el derecho estadounidense sobre la propiedad.

El costo de apuntalar los bancos de China en caso de una crisis financiera casi se ha cuadruplicado en los últimos tres años y ya asciende a US$ 526.200 millones, el más alto de cualquier sistema bancario, según el último análisis del Laboratorio de Volatilidad de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York.

El laboratorio utiliza datos de bancos cotizados para estimar cuánto capital adicional sería necesario para que mantuvieran la solvencia si sus acciones cayeran al menos un 40% en seis meses. La metodología para el cálculo es complicada, pero basta decir que utiliza los balances de los bancos y los precios de sus acciones para imitar el tipo de pruebas de solvencia que los bancos centrales utilizan para determinar si los bancos tienen el suficiente capital para resistir tormentas financieras de la misma envergadura que la crisis financiera mundial de 2008.

Los bancos chinos, según los cálculos del laboratorio, no lo tienen. Los esfuerzos de Pekín por reactivar el crecimiento desde marzo han logrado devolver al PIB al 7,5% en el segundo trimestre, desde el 7,4% de los primeros tres meses de 2014. La inversión pública aumentó un 25% en junio respecto a un año antes, según el Ministerio de Finanzas. Pero los llamados miniestímulos también han renovado el auge del crédito nacional, y los préstamos aumentaron en junio un 25% interanual a 1,08 billones de yuanes (US$ 174.200 millones).

El Laboratorio de Volatilidad no explica por qué están aumentando los costos, pero el incremento está en línea con la explosión del crédito bancario en los últimos años. Como la economía se está desacelerando y el riesgo de impagos está aumentando, los inversionistas han llevado los precios de las acciones de los bancos a niveles mínimos récord en relación con el valor en libros de los créditos de los bancos. Bank of China, por ejemplo, negocia por debajo de su valor en libros.

«Parece ser resultado del hecho de que el pasivo de los bancos chinos ha seguido creciendo rápidamente mientras las valoraciones de las acciones de las entidades parecen bastante vulnerables a una desaceleración», indicó James Hamilton, catedrático de Economía de la Universidad de California, en su blog Econbrowser.

El auge de los créditos ha contribuido a empeorar el ya creciente riesgo para el sistema financiero chino, según los cálculos del laboratorio. El siguiente país de mayor riesgo en la lista del Laboratorio de Volatilidad es Japón, donde un rescate costaría US$ 495.800 millones. Francia queda en tercer lugar, con US$347.600 millones. En Estados Unidos, un rescate rondaría los US$ 300.000 millones.

Puede que no sorprenda que los mayores bancos chinos encabecen la lista de los de mayor riesgo para el sistema: cuanto mayores se hacen, más dura es su caída y más dinero haría falta para apuntalarlos. Bank of China lidera la tabla, seguido por Agricultural Bank of China, China Construction Bank y el Industrial & Commercial Bank of China. (ICBC)

Sin embargo, las cifras del Laboratorio de Volatilidad no indican que sea probable una crisis, simplemente valoran el riesgo que supone cada banco para el sistema financiero del país. Además, como porcentaje del PIB, el costo de mantener a flote al sector bancario chino parece menos gravoso. En este ránking, China ocupa el décimo lugar y el podio lo ocupan Francia, Reino Unido y Japón.

Eso ha llevado a unos cuantos economistas a la conclusión de que China podría fácilmente neutralizar una crisis financiera con fondos del Estado para rescatar tanto a bancos como a administraciones locales muy endeudadas y evitar el tipo de recesión del balance de la que Estados Unidos y la UE aún están intentando recuperarse.

Pero tanto el FMI como el Banco Mundial han advertido que China debe controlar el crédito y promover las reformas o hacer frente al creciente riesgo que podría suponer poner a prueba esta hipótesis.

Fuente: The Wall Street Journal, 29/07/14.

La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, en un acto político en 2008. Reuters

RÍO GALLEGOS, Argentina — Durante los 11 años en los que han dominado la política nacional, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y su difunto esposo, Néstor Kirchner, han acumulado una pequeña fortuna.

Entre 2003, cuando Néstor Kirchner fue electo presidente, y 2010, cuando murió, el patrimonio de la pareja aumentó de US$2,5 millones a US$17,7 millones, según sus declaraciones juradas anuales ante la Oficina Anticorrupción. Muchos argentinos quieren saber de dónde provino ese dinero.

Una serie de investigaciones judiciales ha sacudido la política argentina al dirigir la atención a negocios de altos funcionarios y sus socios. A fines de junio, el vicepresidente Amado Boudou fue procesado por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con su función en relación a la compra de una imprenta en bancarrota. Un ex secretario de Transporte fue procesado en abril bajo cargos de enriquecimiento ilícito. Ambos han negado las acusaciones. Hace dos años, una ex ministra de Economía fue condenada por los delitos de encubrimiento agravado y sustracción de documento público en una investigación sobre una bolsa con efectivo hallada en el baño de su oficina.

No obstante, la investigación que ha generado más polémica tiene que ver con un empresario del sector constructor con lazos estrechos con los Kirchner. Un fiscal en Buenos Aires acusó a Lázaro Báez de lavar cerca de US$65 millones a través de una red global de empresas fantasma. El fiscal, José María Campagnoli, dijo en una entrevista que el dinero habría sido desviado de fondos del gobierno destinados a obras públicas y que Báez era testaferro de los Kirchner.

Pero la pesquisa de Campagnoli fue interrumpida cuando las autoridades judiciales lo suspendieron, acusándolo de excederse en sus funciones y filtrar información a los medios. Campagnoli niega las acusaciones y afirma que es perseguido por investigar la corrupción. Ahora encara un proceso judicial por el que podría ser destituido.

En una entrevista, Báez negó las acusaciones del fiscal, que calificó como parte de una campaña para perjudicar a su empresa y desacreditar al gobierno kirchnerista. Un portavoz de Báez ha dicho que el empresario no tiene inversiones en ningún país fuera de Argentina.

Funcionarios del gobierno de Kirchner no respondieron a pedidos de comentarios sobre la riqueza de la presidenta o las investigaciones de corrupción. En su única declaración pública sobre su patrimonio —un intercambio tenso y escueto con estudiantes de la Universidad de Harvard en 2012— Kirchner, de 61 años, dijo: «Teníamos y tengo una determinada posición económica que ha sido producto de que he trabajado toda mi vida y he sido una muy exitosa abogada. Ahora soy una exitosa presidenta también, gracias».

Pero los escándalos han socavado la popularidad de Kirchner en un momento delicado. Cuando le quedan menos de 18 meses de mandato, la presidenta intenta estabilizar una de las economías más vulnerables de América Latina. La inflación galopante y la escasez de divisas han llevado a Argentina a la recesión. Sólo 26% de los argentinos aprueban su gestión, según una encuesta reciente de la consultora Management & Fit.

Asimismo, el país mantiene una disputa judicial con un grupo de acreedores extranjeros. En junio, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó analizar un fallo de un tribunal de menor instancia que exige a Argentina pagar toda la deuda que mantiene con un puñado de bonistas que rechazaron su oferta de unos 30 centavos por dólar sobre cerca de US$100.000 millones en deuda que incumplió en 2001. El gobierno sostiene que no tiene dinero para acatar la orden. Pero si no lo hace hasta el miércoles, el país podría enfrentar su segunda cesación de pagos en 13 años.

Uno de los acreedores que no aceptaron canjes —conocidos como holdouts—, el fondo de cobertura estadounidense NML Capital Ltd., quiere que una corte federal de Nevada le ayude a embargar activos que, afirma, están en manos de firmas fantasma de Báez, alegando que el dinero fue básicamente robado del Estado argentino. Un tribunal federal de Nueva York ha determinado que NML tiene derecho a obtener información sobre activos argentinos en el exterior en su intento por cobrar la deuda. Un vocero de Báez describió la solicitud de NML como «oportunista y poco seria en su concepción».

Los Kirchner forjaron una exitosa reputación en Argentina al presentarse como defensores de los oprimidos. Cristina Kirchner fue electa en 2007, reemplazando a su marido.

Manuel Garrido, un ex fiscal anticorrupción durante los mandatos de los Kirchner, dice que los escándalos «reflejan el surgimiento de un capitalismo clientelar, oligarcas que emergieron en la última década al calor de sus vínculos con los funcionarios». Garrido renunció en protesta en 2009, afirmando que los Kirchner limitaron sus poderes de investigación después de que indagó presuntos actos de corrupción que involucraban al gobierno. Funcionarios no respondieron a pedidos de declaraciones.

Austral Construcciones S.A., la principal empresa de construcción de Báez, fue creada semanas antes de que Néstor Kirchner asumiera el poder en 2003. Desde que la pareja se mudó a la Casa Rosada, el palacio presidencial, la firma de Báez ha recibido cientos de millones de dólares en contratos de obras públicas en Santa Cruz y se ha convertido en el mayor empleador del sector privado en la provincia.

Báez, de 58 años, contó que conoció a Néstor Kirchner jugando al basquetbol y al fútbol en los años 70. Su amistad se fortaleció gracias a su amor por los deportes y el activismo político en el movimiento peronista. Kirchner solía ir a su chacra, dijo, para jugar al fútbol y comer asados.

Durante una entrevista en su oficina, sentado frente a una inmensa fotografía de los Kirchner en un acto político, Báez dijo que su empresa se expandió rápidamente porque los Kirchner elevaron el gasto público para fomentar el crecimiento regional, el empleo y el desarrollo social.

«Esta no es una empresa fantasma», aseveró mientras caminaba por la sede de su firma en Río Gallegos, la melancólica capital de Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Mostró docenas de topadoras, trituradoras, camiones y otra maquinaria pesada.

Báez afirmó que el gasto público de los Kirchner transformó Santa Cruz, una provincia rica en petróleo, y el país. Dijo que Austral Construcciones cambió las reglas del juego en un sector donde media docena de compañías dominaban las licitaciones de obras públicas. Conduciendo su pickup Toyota Hilux negra por Río Gallegos, señaló una nueva escuela y proyectos de vivienda pública que su empresa construyó con financiamiento del gobierno nacional.

«La mayoría que escribe sobre esto no sabe lo que hacemos,» comentó mientras caminaba por el gimnasio de la nueva escuela. Aseguró que este tipo de infraestructura moderna no existiría sin los Kirchner.

«La cuestión judicial nos ha hecho un daño gigantesco,» indicó. El escándalo «nos quita a nosotros mucho nivel de participación en la obra pública, es una manera elegante de sacarnos de la cancha».

Báez dijo que el negocio de su empresa es transparente. Atribuyó el escándalo a un intento de sus detractores por descarrilar sus esperanzas de ganar una licitación para construir un proyecto hidroeléctrico de casi US$5.000 millones.

En abril de 2013, el periodista argentino Jorge Lanata hizo revelaciones sobre la empresa de Báez en su popular programa de noticias. «Periodismo para todos» mostró entrevistas grabadas con una cámara oculta a Leonardo Fariña, quien dijo que manejaba una fortuna de US$5.000 millones para Báez y se desempeñaba como su valijero.

En los videos, Fariña afirmó que socios de Báez cargaban valijas de efectivo en el jet ejecutivo del empresario y las transportaban a Buenos Aires. Allí, el dinero era llevado a una firma de servicios financieros conocida informalmente como «La Rosadita», afirmó, a cinco cuadras de la Casa Rosada. Había demasiado dinero para ser contado a mano, explicó, así que lo pesaban para determinar su valor y luego lo enviaban a paraísos fiscales. Fariña también contó haber jugado al fútbol y socializado con Néstor Kirchner. Federico Elaskar, dueño de la firma financiera, apareció en el programa y corroboró los comentarios de Fariña.

Después de la emisión del programa, tanto Fariña como Elaskar se retractaron, diciendo que le habían mentido a Lanata. Pero Campagnoli dijo que su equipo verificó sus vínculos con Báez y su participación en una presunta trama de lavado de dinero que utilizó una red de empresas fantasma.

En una reciente entrevista, Campagnoli alegó que Báez era un testaferro de los Kirchner y que desvió fondos destinados a proyectos de obras públicas. Dijo que solicitó allanamientos en las residencias de los Kirchner para conseguir pruebas. El pedido fue rechazado por un juez. Báez aseguró que llevó a cabo los contratos de obras públicas de forma apropiada y desestimó como «ridículas» las acusaciones de que había trasladado valijas de efectivo.

En diciembre pasado, después de que Campagnoli presentó dos informes a un juez federal, fue suspendido tras ser acusado de filtrar información y excederse en su jurisdicción.

El caso fue tomado por otro fiscal y ahora está en manos del juez federal Sebastián Casanello. A principios de mayo, procesó a Fariña y Elaskar por lavado de dinero no relacionado a sus presuntos vínculos con Báez, pero no ha presentado cargos contra el empresario. La investigación continúa.

Fariña se encuentra en la cárcel mientras aguarda un juicio por evasión fiscal vinculado a otra investigación. Su abogado, Iván Mendoza, reconoció que su cliente había llevado a cabo negocios con Báez pero dijo que Fariña no es culpable y que está pagando un precio por su estilo de vida extravagante.

Intentos de contactar a Elaskar y su abogado fueron infructuosos. Elaskar negó los cargos en su testimonio en la corte y añadió que el programa de TV le significó grandes problemas. «Me metieron en una máquina de hacer chorizos», sostuvo.

Campagnoli fue restituido como fiscal la semana pasada, pero el proceso que finalmente podría costarle el cargo continúa. «Sabíamos que iba a terminar mal», aseveró. «Lo hice porque soy un fiscal y tengo un equipo que piensa como yo».

Ignacio Rodríguez Varela, un secretario judicial quien trabajaba para Campagnoli, dijo que la investigación «era como lo que se podía ver a través del ojo de una cerradura, por lo que pudimos ver y lo que podríamos haber descubierto si se nos hubiera permitido continuar.»

Ricardo Monner Sans, un abogado que ha denunciado casos de corrupción, sostuvo que el juez a cargo del caso «ha hecho todo un esquive referido a Báez. Si profundiza, debería llegar a los Kirchner».

El juez Casanello lo negó. «Un juez tiene que buscar la verdad a toda costa sin olvidarse nunca de respetar los derechos garantizados en la Constitución y el código procesal», dijo. «Es falso que no se investiga o que se investiga lentamente».

El creciente patrimonio de los Kirchner había sido objeto de una investigación en 2009. El juez federal Norberto Oyarbide, quien ha sobrevivido reiterados intentos de destituirlo de su cargo, sobreseyó al matrimonio. Afirmó que los investigadores concluyeron que no había problemas y que el caso quedaba cerrado.

Garrido, el fiscal anticorrupción que renunció en 2009, y Alfredo Popritkin, un contador forense y ex perito de la Corte Suprema, señalaron en entrevistas que los Kirchner nunca explicaron de forma fehaciente cómo incrementaron su riqueza de US$5,4 millones en 2007 a US$12,8 millones en 2008.

En sus declaraciones, los Kirchner indicaron que obtuvieron la mayor parte de su patrimonio mediante numerosas transacciones inmobiliarias en Santa Cruz y de depósitos de efectivo.

Garrido dijo que no se hizo una valuación apropiada de los activos inmobiliarios. Popritkin aseveró que el matrimonio nunca presentó documentos que demostraran cómo lograron obtener tasas de interés mayores a las del mercado.

Los vínculos empresariales entre Báez y los Kirchner son extensos, según documentos a los que tuvo acceso The Wall Street Journal. Incluyen préstamos, transacciones de inmuebles, copropiedad de terreno y desarrollos inmobiliarios conjuntos.

También involucran pagos relacionados con Alto Calafate, un hotel boutique que pertenece a los Kirchner en un destino turístico en la Patagonia cerca del glaciar Perito Moreno.

En 2010, por ejemplo, la empresa de Báez alquiló 90 noches de habitaciones por mes en el hotel, uno de varios que poseen los Kirchner en El Calafate, según una copia del contrato visto por The Wall Street Journal. Una habitación en el hotel cuesta entre US$140 y US$238 la noche, indica el documento. Al precio inferior, eso generaría cerca de US$4.500.000 en ingresos hoteleros en un año.

El vocero de Báez reconoció los acuerdos. El secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, dijo que las transacciones hoteleras son «acuerdos privados entre personas y que fueron declarados tanto por el ex presidente como por la actual presidenta».

En la última década, Báez se ha convertido en uno de los mayores terratenientes de Argentina, al comprar decenas de miles de hectáreas en Santa Cruz, de acuerdo con registros públicos.

En 2006, Jorge Molfino, un residente de Santa Cruz, vendió un rancho de 10.000 hectáreas a Austral Construcciones. Molfino dijo que pidió US$1,5 millones, pero que un representante de Báez ofreció pagarles US$1,6 millones en ocho cuotas, bajo la condición de que la última de US$200.000 fuera destinada a la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Aceptó la propuesta.

Voceros de Báez y el gobierno no respondieron a pedidos de comentarios.

Tras la muerte de Néstor Kirchner, Báez erigió un mausoleo de tres pisos en su honor en Río Gallegos, inspirado en el Dôme des Invalides en París, donde se encuentra la tumba de Napoleón.

Una placa conmemorativa, colocada por Báez, adorna una pared adyacente a la entrada: «Aquí descansa Néstor Carlos Kirchner, el santacruceño que cambió la Argentina y, sobre todo, un amigo».

Fuente: The Wall Street Journal, 29/07/14.