El allanamiento a Hotesur CFK & LB SH

Luego de que la diputada Margarita Stolbizer (GEN) denunciara a la presidenta Cristina Kirchner y al ministro de Justicia, Julio Alak, por presuntas irregularidades que se verificarían en la firma Hotesur SA, que tiene a la jefa del Estado como accionista, el juez federal Claudio Bonadio allanó la Inspección General de Justicia (IGJ) y las oficinas porteñas de Hotesur, que estaban vacías.

La denuncia de Stolbizer consignó la presunta comisión de delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, pues, según la diputada, Hotesur incumple sus obligaciones con la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que depende del Ministerio de Justicia.

Lo grave del caso no sólo es que las sospechas resultaron ciertas sino que la propia Hotesur, en un duro comunicado sin firma, confirmó el incumplimiento de los requisitos legales al tiempo que pretendió minimizarlos como «fallas formales» y «demoras», y cuestionó a Bonadio y a los medios de prensa que divulgaron el hecho. Pese a que Hotesur es una firma privada, su comunicado fue difundido por la agencia oficial Télam, la programación de Fútbol para Todos y la cuenta de la Casa Rosada en Twitter.

Hotesur es la empresa que controla al hotel Alto Calafate, de los Kirchner. Como reveló LA NACION en diciembre del año pasado, el pseudoempresario Lázaro Báez había alquilado centenares de habitaciones en ese y otros hoteles de la familia presidencial para empleados de sus empresas constructoras y, si bien pagó por esas prestaciones, sus empleados no se alojaron allí. Maniobras de esta clase suelen darse cuando se lava dinero.

A raíz de la denuncia de Stolbizer, el fiscal federal Carlos Stornelli formuló el requerimiento de instrucción ante Bonadio, quien ordenó los allanamientos. Para el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, esa medida formó parte «de un golpismo activo del Poder Judicial», una expresión tan inadmisible como lamentable.

La investigación de este diario había revelado que en la IGJ, uno de los tantos organismos copados por el kirchnerismo, no sólo se encubría al vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, sino también a Hotesur, sociedad anónima que adeudaba la presentación de los balances de 2011, 2012 y 2013 y el pago de tasas correspondientes, no informaba quiénes integraban su directorio desde hace años y sus directores incumplían la normativa sobre lavado de activos que dictó ese organismo, que obliga a detallar si algunos de ellos son «personas políticamente expuestas«.

Además, la firma controlante del Alto Calafate presentó su declaración jurada obligatoria de actualización de datos meses después de haber vencido el plazo. Tras confirmarse las irregularidades, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, anunció ayer que a Hotesur sólo se le aplicará «una multa de 3000 pesos».

Similares protecciones recibieron tres empresas de Báez: Austral Construcciones y las petroleras Epsur y Misahar, además de la Asociación y Fundación Madres de Plaza de Mayo y la deficitaria Aerolíneas Argentinas.

Como puede advertirse, existe por parte de la IGJ una clarísima voluntad de encubrir las irregularidades en que incurren las máximas autoridades nacionales y sus allegados, socios o testaferros.

A raíz de las revelaciones de este diario, el Ministerio de Justicia acusó a LA NACION de «maniobras desestabilizadoras». En cambio, el juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart inició una investigación penal y allanó en diciembre del año pasado las oficinas porteñas de Báez.

En la sucesión de escándalos que constituye uno de los más genuinos legados del kirchnerismo, es fácil perder de vista cuáles revisten especial gravedad. El de Hotesur es uno de los principales y quizás uno de los más sensibles porque se trata de la sociedad que en 2008 adquirió Néstor Kirchner y que, tras su muerte, quedó bajo control de su esposa y de los hijos del matrimonio, Florencia y Máximo. El valor de las acciones de la Presidenta en esta firma es de 9.367.528 pesos, según su declaración jurada de bienes.

Por tratarse de la cabeza del Poder Ejecutivo, lo atinente a Hotesur debería exhibir la mayor transparencia. En cambio, allí sólo hay ocultamiento y franco incumplimiento de las normas.

Es inadmisible que una sociedad que pertenece a la Presidenta y a sus hijos tenga tantos y tan graves incumplimientos y reciba una tan descarada protección por parte de organismos de control del Estado, como la IGJ, que encubre irregularidades de altos funcionarios y persigue a sociedades que el Gobierno considera enemigas.

Casos de violaciones flagrantes como el de Hotesur permiten comprender las razones de la urgencia del kirchnerismo por reformar el Código Procesal Penal. Y también permiten confirmar que el kirchnerismo sólo se concibe a sí mismo fuera del alcance de la leyes y, por lo tanto, sin necesidad de rendir cuentas ante nadie. Lo demostró el senador Aníbal Fernández cuando, desde el colmo del desparpajo y la ignorancia, afirmó, refiriéndose al allanamiento, que «en ningún país serio del mundo, si es una empresa del presidente, hacen este gesto».

Una vez más, nos hallamos ante el ejercicio de un poder feudal.

Fuente: La Nación, 25/11/14. Editorial.

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