Aníbal Fernández: “No noto que haya corrupción en el fútbol”
El Jefe de Gabinete, también presidente de Quimes, se refirió al escándalo de la FIFA y a la situación del fútbol argentino. «Los clubes están fundidos, están todos muertos viendo como sacan agua de la zanja», dijo.
Aníbal Fernández, jefe de Gabinete y presidente del Club Quilmes.
Aníbal Fernández está de campaña como precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Y en su recorrida por los medios, el actual Jefe de Gabinete no deja tema sin tocar. El también presidente del club Quilmes se refirió a la situación del fútbol argentino y dijo: «No noto que haya corrupción en el fútbol». Además, le bajó el tono a la participación de Julio Humberto Grondona del escándalo de la FIFA.
«Si todos los clubes están fundidos, están todos muertos viendo como sacan agua de la zanja», justificó el titular del club Cervecero en diálogo con el Infobae. Y reconoció como buena la llegada al fútbol de Marcelo Tinelli: «Tinelli es Tinelli. Pero para un tipo común y silvestre que tiene que ponerse a discutir la forma de conquista de publicidad, no es lo mismo que te levante el teléfono Tinelli del otro lado. El secreto de Marcelo es si logra tener la virtud de convencer a los presidentes de los clubes, si llega a ser presidente de la AFA, de que les va a resolver los problemas».
Consultado sobre el supuesto cobro de 15 millones de dólares por parte de Grondona en coimas por la asignación de los derechos de TV para las Copas América, Fernández minimizó el hecho. «Julio Grondona murió», dijo.
«Sería un hipócrita si no dijera que la estatura de Grondona como dirigente era superlativa. Tenía cosas muy importantes. Yo lo conocí hace muchos años, pero ya siendo presidente de Quilmes lo frecuenté por un montón de problemas, como tienen todos los clubes. Y siempre tenía un buen consejo, una visión clara», agregó.
Aníbal Fernández, sin filtro: insultó al fallecido fiscal Nisman y lo acusó de «salir con minas y pagar ñoquis»
El jefe de Gabinete atacó con dureza al fallecido y lo llamó «turro, sinvergüenza»; dio por ciertas las versiones de supuestas maniobras con fondos.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández , calificó hoy de «sinvergüenza» al fallecido fiscal Alberto Nisman y lo acusó de utilizar los fondos que el Estado destinaba a la investigación del atentado a la AMIA para «salir con minas y pagar ñoquis».
[NdelE: Aníbal, acusa a Nisman de ladrón y al hacerlo está poniendo en evidencia la absoluta falta de control del gobierno K y el latrocinio consumado desde el año 2003 a la fecha . No sabemos si estas denuncias son verdaderas, lo que sí sabemos es que la presidente Cristina Kirchner se cuelga en su cuello collares de perlas que valen más que un departamento y no figuran en su declaración de bienes. ¿De dónde salieron estas joyas (a razón de un millón de dólares por año)? ¿Del bául del auto de Aníbal? ¿Se las prestó el «juez» Norberto Oyarbide? ¿Las encontró detrás de un árbol? Son muchas dudas que alimentan nuestras certezas: El Gobierno Kirchnerista 2003-2015 es el más corrupto de toda la historia argentina, y eso es mucho decir.]
Antes de ingresar a la Casa Rosada, el funcionario se refirió al escrito que el abogado de Diego Lagomarsino presentará hoy ante la Justicia, en el cual, según publicó el diario Página/12, se asegura que Nisman se quedaba todos los meses con la mitad de los 41 mil pesos que le pagaba al experto en informática.
«Estamos en manos de un montón de sinvergüenzas, incluyendo a Nisman. Nadie en este mundo se incrimina gratuitamente y acá Lagomarsino está diciendo que de los $40 mil que le daban, 20 mil se los depositaba en la cuenta a Nisman. No yendo a trabajar y utilizando ese dinero es malversación de caudales públicos y si le deba esos 20 mil al juez es figura de cohecho», apuntó el funcionario.
«A uno le cuesta creer que este hombre estando en vacaciones iba a la casa de su amigo, perdón por llamarlo su amigo, del turro que le robaba la mitad del sueldo a llevarle una pistola para que se cuidara. ¿Hacía transferencias por homebanking y no sabía cuál era el saldo? No nos tomen por idiotas», señaló el jefe de Gabinete sobre el papel de Lagomarsino.
Y volvió a fustigar contra Nisman: «Se le dieron muchos fondos para que esclarezca el caso AMIA y ver quiénes eran los responsables del atentado a la AMIA y el los dedicaba para salir con minas y pagar ñoquis. Se mofó durante todo este tiempo de 85 víctimas y más de 300 heridos que provocó el atentado. Un sinvergüenza de los que pocas veces se ha visto en este país», afirmó.
[NdelE: Si el gobierno creó una Fiscalía especial a cargo de Nisman, con fondos extraordinarios, era su obvia obligación controlar y supervisar el uso de dichos fondos. Dicho en criollo: Si fuera cierta la acusación de Aníbal, deberíamos pensar en cuánto más están robando -en este preciso momento- todos los otros funcionarios de la administración kirchnerista.]
Aníbal F. contra el Papa: sostiene que la Argentina no es un país de consumo
Francisco se refirió al crecimiento de la droga en el país. Y el jefe de Gabinete salió al cruce.
Aníbal Fernández, jefe de Gabinete.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, respondió esta mañana a los dichos del papa Francisco, quien sostuvo que nuestro país «hace 25 años era un lugar de paso de la droga», pero «hoy en día se consume», al asegurar que ni siquiera Naciones Unidas «ha considerado que la Argentina es un país de consumo».
Aníbal Falopetti
«Naciones Unidas nunca le ha dado esa valoración y mucho menos ha considerado que la Argentina es un país de consumo. La última vez, en el año 2008-2009, siendo ministro de Justicia, hicimos una encuesta de hogares, que arrojó un mínimo ascenso de cocaína y marihuana, y sí había un asombroso ascenso del alcohol y de drogas legales», sostuvo el funcionario.
En una entrevista con la revista La Cárcova News, editada y distribuida en esa villa de emergencia porteña, Francisco dijo que «la droga avanza y no se detiene» en el mundo, que en la Argentina «hoy en día se consume», y además estimó «que también se fabrica», aunque aclaró no tener la «certeza» sobre ello.
«Alemania tiene más pobres que Argentina»: la frase de Aníbal
Miles de usuarios en Twitter criticaron al jefe de Gabinete. La mayoría lo hizo con un toque de humor e ironía.
El jefe de Gabinete dijo una polémica frase que revolucionó las redes sociales. Aníbal Fernández sostuvo que «países como Alemania no la están pasando bien, y aunque no lo quieran creer, tiene un 20 por ciento de pobreza estructural».
Asimismo coincidió con la presidenta Crisitna Fernández, quien aseguró que esa franja de la población en Argentina llega apenas al 5%.
@drapignataModerno tren bala ingresando a la terminal de Berlin
No se requiere ser un contertulio habitual de Miguel Ángel Pichetto para tomar conocimiento de que, en el transcurso de estos años, la cámara alta del Congreso Nacional ha desarrollado una suerte de doctrina propia respecto del desafuero de sus integrantes. A diferencia de la enarbolada por sus primos hermanos de la cámara baja, los senadores consideran que sólo es pertinente dejar a la intemperie a uno de sus pares si éste tuviese una condena firme. Por eso Carlos Menem no ha perdido todavía sus fueros y, por la misma razón, Cristina Fernández podrá dormir tranquila, consciente de que —cualquiera que sean sus diferencias con la bancada del PJ— de momento no le soltarán la mano.
Algo que —no se necesita recordarlo— sabía de antemano el juez Claudio Bonadío cuando decidió lo que es de todos conocido. El magistrado no llegó ayer a Comodoro Py y no es un novato en las lides de la política. Peronista confeso y conocido de Pichetto, no se le escapaba que su pedido iba a dormir el sueño de los justos. ¿Por qué, entonces, no se adelantó un par de días, cuando la viuda de Néstor Kirchner aún no había asumido su cargo y carecía de los fueros que ahora la dejan a cubierto de las inclemencias de la cárcel? Las conjeturas que se pueden tejer sobre el particular resultan innumerables. Al mismo tiempo, son hoy irrelevantes.
A veces la espectacularidad de una medida, de un determinado acontecimiento o de un escándalo nos hacen perder de vista que los mismos —con toda la importancia que acrediten— son parte de fenómenos, menos rutilantes quizá, pero de mayor trascendencia. La diligencia hecha por Bonadío y la posibilidad —poco probable en el corto plazo— de que la ex–presidente siga los pasos de algunos de sus más conspicuos colaboradores, ha sido, sin duda, la noticia del año. Dicho lo cual, cuanto no debe perderse de vista es algo de más calado que la suerte que eventualmente pueda correr Cristina Fernández. Nos referimos al proceso que viene desarrollándose en estas playas, similar en punto a su naturaleza al Mani Pulite de los italianos y al Lava Jato desenvuelto, sin solución de continuidad, en la vecina República del Brasil.
Nunca antes, en un país tan poco transparente como el nuestro, unos jueces federales que, a su vez, son parte del problema, se habían involucrado de tal manera en investigar a fondo el sistema de corrupción montado por un gobierno reciente. Nunca antes, en el marco de la democracia, habían sido procesados y detenidos ex–funcionarios, sindicalistas de horca y cuchillo, empresarios de nota, y militantes, como en los pasados dos años. Que Amado Boudou, Carlos Zanini, Julio De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime, Lázaro Báez, el Caballo Suárez, el Pata Medina, Luis D’Elía y Miguel Esteche se hallen tras la rejas, era algo literalmente impensable poco tiempo atrás. Para no hablar de Héctor Timerman —que cumple arresto domiciliario— y de lo que pueda ocurrir con la otrora presidente, su hijo Máximo, Cristóbal López, Aníbal Fernández y demás figuras del universo K.
El terremoto —si cabe denominarlo así— excede con creces el destino de Cristina Fernández. Aunque permanezca en libertad —el escenario, dicho sea de paso, más favorable al macrismo— igual en la Argentina algo cambió para siempre. Montar una asociación ilícita desde el poder, de la forma que lo hizo el kirchnerismo, difícilmente pueda repetirse. La cadena delictiva que tenía su cabeza en el matrimonio santacruceño y se extendía hasta su chofer particular no sólo ha quedado al descubierto sino que la mayoría de sus integrantes tendrán que dar explicaciones y, casi con seguridad, penar sus culpas en prisión. Que la impunidad de las clases gobernantes —no así la corrupción— se ha quebrado en la Argentina, es más que una sensación. Representa una realidad.
Los argumentos expuestos en el pronunciamiento del juez Bonadío, con el propósito de respaldar la acusación de traición a la Patria, fulminada contra Cristina Fernández, y su decisión de dictarle la prisión preventiva y solicitar, por lógica consecuencia, su desafuero, han levantado no sólo críticas provenientes de las filas kirchneristas —que eran de esperar— sino también de sectores nada favorables o complacientes con la administración derrotada en octubre de 2015.
Si se dejan de lado las quejas y acusaciones de los imputados, convencidos de que el estado de derecho ha desaparecido y que ellos resultan las víctimas propiciatorias de un titiritero perverso —Mauricio Macri— cuyas órdenes acata sin pestañar su títere por excelencia —Claudio Bonadio— las impugnaciones no ideológicas se centran en la presunta discrecionalidad de este magistrado.
Conviene ir por partes. El supuesto delito de traición y la prisión preventiva son figuras jurídicas de suyo controvertidas. Pero no han sido sacadas de la galera o inventadas de la nada. Quien repase desapasionadamente el artículo 319 del Código Procesal Penal caerá en la cuenta de cuán amplias y subjetivas son las prerrogativas del juez a la hora de justificar una medida por el estilo. Deberá atender a las características del hecho, a la magnitud de la pena que pueda aplicar, a la reincidencia —si la hubiese— y a las condiciones personales del imputado, para estimar la posibilidad de fuga o de obstrucción de justicia. Ello sin contar la vuelta de tuerca que al tema le ha dado la así denominada doctrina Irurzún, de reciente data.
Bonadio da por probado que hubo un pacto espurio con Irán y lo ha considerado una traición a la Patria. Si quedase demostrado que, al margen de sus implicancias económicas, ese tratado implicaba dejar fuera de la lista de Interpol a los funcionarios persas acusados de participar, directa o indirectamente, en el atentado a la AMIA, el cargo hecho a Cristina Fernández y a los demás implicados, no parece gratuito. Tampoco lo es traer al ruedo la existencia de una guerra.
El mayor del Ejército Argentino, Guillermo Mac Hannaford, en plena contienda del Chaco —donde cruzaron enemistades Bolivia y Paraguay, en 1936— fue acusado de traición a la Patria, procesado y degradado por haber revelado secretos militares a los guaraníes. Que se sepa, nuestro país no intervino en esa guerra. En el mismo orden de cosas, suponer que un acto como la voladura de la mutual judía puede calificarse de terrorista y dar así por clausurada la posibilidad de definirlo como un hecho bélico, es no entender la dimensión de la guerra y la enemistad en el tercer milenio.
Si Irán efectivamente estuvo detrás del atentado a la AMIA, el dato terrorista pasa a ser un simple medio, inscripto en el marco estratégico superior de una guerra. Las guerras, en nuestro tiempo, no siempre se declaran ni requieren de ejércitos convencionales dispuestos a dar batalla con banderas desplegadas al viento.
Lo que en las semanas por venir deberá evaluar la cámara correspondiente —a la que apelarán, si no lo han hecho ya, los acusados— es si considera o no consistente la categoría bélica y el cargo de traición a la Patria derivado del hecho de que el kirchnerismo habría favorecido la situación jurídica internacional de los responsables del atentado a la AMIA. Los jueces actuantes, quizá sin cabal conocimiento de la naturaleza del problema, tendrán que resolver sobre una cuestión metajurídica: la guerra. Tarea nada fácil, por cierto.
Once fue un crimen horrendo. Ocupados en desviar fondos hacia las valijas del latrocinio organizado, funcionarios corruptos y empresarios sin escrúpulos abandonaron el mantenimiento de los trenes hasta que una de esas formaciones, convertida como casi todas en un montón de fierros viejos donde la gente se hacinaba como ganado, no frenó cuando debía y provocó la muerte de 52 personas. El crimen de Nisman fue otra cosa. Hay que inscribirlo en la saga del atentado a la AMIA, en el que murieron 85 personas, y hay que leerlo junto a la denuncia por encubrimiento contra la entonces presidenta Cristina Kirchner, que el fiscal estaba por hacer en el Congreso. Las muertes de Once son la consecuencia irreparable del robo y el desprecio por el otro. La muerte de Nisman, también irreparable, cifra una historia donde la ambición y la mentira alcanzan dimensiones de tragedia griega, en las que simples humanos que se creen dioses llaman, con sus transgresiones, a la desgracia y la furia divina.
Tuvieron que pasar casi tres años para que se confirmara lo que la mayoría, en silencio, sospechaba o sabía. Antes hubo que sacarles el expediente a la jueza Palmaghini y sobre todo a la fiscal Fein, que en lugar de deducir desde el primer día lo que decían las pruebas se ocupaban, según parece, de diluirlas, y luego de neutralizar su elocuencia dejando que pasara por ellas la lima del tiempo, que todo lo borra, un recurso que conocen bien en Comodoro Py. Allí, a la justicia federal, debió ir la causa desde el principio. Era la muerte de un fiscal. Que, además, acababa de hacer una denuncia gravísima contra la presidenta. Pero en ese entonces Justicia Legítima era una máquina aceitada. Y aturdía la voz de Aníbal Fernández, que insistía en que el fiscal se había suicidado. El motivo, según el ministro del Interior, era obvio: el «bodoque» que contenía la acusación de traición a la patria contra su jefa lo había avergonzado hasta tal punto que Nisman no tuvo más alternativa que quitarse la vida.
Hoy se sabe que esa denuncia era sólida. Y a Nisman, dicen los peritos y confirma el fiscal, lo mataron dos personas, después de golpearlo y drogarlo. Con el arma «amiga» que le llevó Diego Lagomarsino. Ahora el técnico informático será indagado como supuesto partícipe necesario del asesinato, que habría ocurrido mientras los custodios miraban para otro lado. ¿Hacían falta tres años para cambiar la carátula?
Mientras, los jueces y fiscales que cumplen con su trabajo hacen mucho por conjurar, con su valor, los agujeros negros que todavía nos acechan. Detrás de ellos está la sociedad argentina, que por fin parece haber entendido que la corrupción del sistema y la consagración de la impunidad son la raíz de nuestros males.
El jumbo se venía en picada, la cabina permanecía tomada por jihadistas y los pasajeros se disponían al infierno del final. De pronto Macri y sus muchachos derrotaron a los mujahidines, tomaron el control, evitaron que la nave se estrellara y comenzaron a estabilizar el vuelo: en ese instante los viajeros del «círculo rojo» se quejaron porque el pollo de la cena estaba frío. El chiste circula en Balcarce 50, y describe la amarga ironía con que capean las «críticas descontextualizadas» del momento. No parece anidar en esos despachos el sentido trágico de la política, según el cual si un gobierno no peronista cae diez puntos en las encuestas le incendian la calle, y si pierde una elección de medio término, le preparan el helicóptero.
Todo esto sería impensable en las democracias de Chile o Uruguay, pero claro: allí no tienen un sistema político caníbal ni un partido dominante que es adicto a la antropofagia. Donde los veteranos articulistas divisamos a la corporación peronista afilando sus dientes, los jóvenes de la Casa Rosada ven a distintas tribus desconcertadas y de peso relativo. Y cuando detectamos escasez en las argumentaciones oficiales y errores en la gestión y en el timing, ellos ven cuestionadores injustos y miradas viejas. Si recuperan la economía nos taparán la boca. Si no lo hacen, a todos nos tapará el agua.
Asevera Juan Llach que la culpa de los problemas actuales presenta estos porcentajes: 60% herencia, 30% Brasil y 10% Macri. Pero coincide en que el error más grande del Gobierno consiste en carecer de un ministro único para la macroeconomía: si no hay un chef, cada cocinero va sazonando con los ingredientes de su gusto y siguiendo su propio librito; entonces una cosa desarregla la otra y la cena sabe mal y a poco. En el Ministerio de Producción se defienden: Mauricio es el chef in chief. En la Fundación Pensar se plantó frente a veinte economistas experimentados y les dobló el brazo: apostó a que se podía levantar el cepo en 24 horas. Y se pudo. Se trata del mismo chef que contando hoy con herramientas para recalentar el consumo con emisión inflacionaria, como hizo Cristina después de devaluar en 2014, ordenó atarse las manos y vadear el río: no quiere crear un falso veranito ni un consumo insustentable para ganar las elecciones, a costa de tener que lidiar luego con una nueva quiebra financiera. Es una decisión histórica, cuya efectividad sólo podrá verificarse la noche de las urnas.
Si aun con estas restricciones arriesgadas y virtuosas logra salir triunfante, se cumplirá la peor pesadilla del cristinismo, que no consiste, como se piensa, en la guillotina judicial, sino en que el pueblo vuelva a darle una oportunidad a una coalición de valores demonizados: republicanismo y economía competitiva.
El espejo más temido es la ciudad de Buenos Aires: el oficialismo aguantó un asedio salvaje, y luego les fue infligiendo derrotas tremendas. Por eso están tan apurados; no pueden permitir que se repita esa malformación, esa afrenta a los manuales del pueblo peronista.
La aceleración produjo quince días de marchas multitudinarias, borró del escenario al peronismo racional y provocó una inesperada autocrítica en alguien infalible: la Pasionaria de El Calafate tiró a papá del tren; sugirió por fin que se equivocó al elegir a Aníbal Fernández, mancha venenosa y gran mariscal de la derrota que merodea todas las manifestaciones como si quisiera desligitimarlas y que le hizo el viernes un enorme favor a María Eugenia Vidal entornando, en Plaza de Mayo y a la vista de todos, a esa blanca palomita llamada Baradel. Fue una jornada para la historia universal de la infamia; de nuevo el kirchnerismo manchó una causa sagrada y convirtió un acto por la memoria de los desaparecidos en una soez ceremonia partidaria llena de rencor e intimidaciones, durante la cual circulaban suvenires con helicópteros amarillos en plan destituyente, se relativizaba la necesidad de ser democráticos, se justificaba la lucha armada de los 70 y se señalaba desde el palco a los miembros del gobierno constitucional directamente como homicidas. El grito «asesinos hijos de puta» que salió de boca de la oradora principal fue coreado por miles de personas, en un gesto de alienación colectiva que hizo acordar al MTP.
Ese paisaje esperpéntico y ciertamente peligroso, y el mutismo inexplicable del peronismo moderno pueden ser una buena noticia electoral para Durán Barba, pero es un drama para la reconstrucción de todo el sistema político, que es lo verdaderamente importante. Ya la comparecencia de Marcos Peña en la Cámara de Diputados había servido como fotografía penosa de la coyuntura: allí, el jefe del justicialismo terminó siendo Axel Kicillof. Ni el fantasma de Sergio Massa se paseó sobre esas ruinas; parece que el hipotético líder del peronismo republicano quedó atrapado entre el Silicon Valley chino y el Muro de los Lamentos, y sus alfiles (Camaño y Solá) hicieron un pálido papel frente al despliegue del kirchnerismo, algunos de cuyos jugadores parecen dinosaurios surgidos del Museo de Ciencias Naturales.
La oposición insistió en poner contra la pared a Peña, pero la sesión terminó con sólo 87 de los 257 diputados: la mayoría estaban apurados por hacer un discurso, salir en la tele y marcharse a casita. De las 57 veces que hubiese correspondido que el jefe de Gabinete diera explicaciones en ese recinto durante «los doce años de la alegría», sólo en 15 ocasiones los Kirchner condescendieron a semejante incordio institucional. Dos frases se cruzaron allí en el aire: «No ven la realidad» y «Háganse cargo». La primera fue pronunciada por los soldados de Cristina, que ya no citan a Jauretche, sino a Mirtha Legrand; la segunda fue una réplica inusualmente ardorosa del ministro coordinador.
La extrema polarización parece hoy un juego inexorable, que convierte provisoriamente la ancha avenida del medio en una delgada línea roja, y que amenaza terminar con un duelo al sol, a suerte y verdad en la segunda parte del año. Tanto se buscan los duelistas que los demás parecen de palo. Un legendario conductor de redacciones tenía una fórmula infalible para espabilar a un redactor que trabajaba mal; le aconsejaba a su jefe: «Muéstrele el abismo». El oficialismo le muestra el abismo a su electorado más decepcionado cuando se contrapone al espectáculo turbio y radicalizado que monta el carapintadismo kirchnerista. Cuando Máximo anuncia que el Gobierno está fracasando, esconde que el gobierno de su madre ya fracasó, y ésa es la lectura inconsciente que una parte sustancial de la sociedad se hace aun en estas semanas de angustia y dubitaciones.
Dos temibles aliados tiene la arquitecta egipcia: la desatendida clase media baja del conurbano a la que este gobierno no le ha dado más que disgustos y el Estado, esa una nueva clase social que no previó ni Carlos Marx, un cuerpo delirante y engordado por millones de personas de diverso nivel, que consiguieron posiciones inexpugnables cuando el kirchnerismo no podía generar empleo genuino y enmascaraba esa impotencia tomando irresponsablemente agentes públicos. En ese colectivo, obra maestra de la desmesura, hay personas honestas y diligentes, pero también ñoquis, burócratas, mafias, mañas y una rara cultura interna según la cual nadie tiene derecho a evaluarlos ni a exigirles pericia, como si sus salarios no los pagaran los ciudadanos, sino Dios, y como si estuvieran más allá de cualquier análisis humano.
En ese vasto cosmos donde reinan las segundas y terceras líneas que permanecen aun cuando los gobiernos pasan, hay mucha materia prima y mucho tiempo para el ejercicio ruidoso de la paranoia y la protesta. Son un ejército de ocupación, y se sienten amenazados por Macri y por el mundo. Que dicho sea de paso avanza hacia la robotización y hacia una crisis del trabajo. Nosotros estamos en el pleistoceno, mientras el futuro se nos viene encima como un tren.
Tiene razón Santiago Kovadloff: estamos enamorados de las discusiones urgentes, pero no de las interesantes.
Fuera del poder, la secta muestra su verdadera identidad: “El gobierno se va a caer y vamos a ayudar a que se caiga”, dice Fernando Esteche (quien pasó de Quebracho –nombre artístico de la SIDE– a la autoría intelectual del pacto con Irán). Como la generación que veneraban, la del setenta, la secta nunca tuvo a la democracia entre sus prioridades. El peronismo sólo se organiza desde el poder, marca de nacimiento de un movimiento fundado por un General. Pero en la versión siglo XXI quienes bajaron de la Sierra Maestra fueron José López, Julio De Vido, Ricardo Jaime, Aníbal Fernández, Amado Boudou y Sergio Schocklender. Una extensa lista de excepciones que se resiste a confesarse regla. Como la secta es “el pueblo”, el resto de los habitantes somos un grupo de foráneos peligrosos. Tan tercos para algunos conceptos, para otros los miembros de la secta son más versátiles que una modelo de Vogue; la palabra que mejor define su credo es “depende”: el pueblo es tal cuando los apoya, pero deviene en oligarquía cuando apoya a Macri; los millonarios son explotadores, pero no todos; los millonarios propios socializan los hoteles y ganan fortunas en la obra pública (aunque las Madres, tal vez una excepción, les pagaban en negro a gran parte de sus empleados, y el empresario Sergio Spolsky dejó a sus periodistas que hacían el trabajo sucio colgando de empresas que pertenecían a su chofer o a la secretaria). Fuera del poder, la secta es cada vez más secta: en la foto arengan Mariotto y Boudou con D’Elía y Papaleo (definido por Marcelo Larraquy en su libro “López Rega” como “uno de los brazos políticos de la Triple A”). En la diagonal de la escena Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, se reúne con doscientos punteros; el tema es la toma de supermercados. A esto la secta llama “resistencia”, a complots golpistas como los que ellos mismos critican en Brasil. Pero bueno, depende, un golpe contra la derecha es justo. La democracia –ya se lo dijo Zamba a los niños– siempre es de izquierda, y la izquierda es aquello que reúne al asesor de López Rega, al de la UCeDe que quiso robarse la Casa de la Moneda, a varios narcos, al contador que vio el filón, al constructor que mató a los padres, a varios guerrilleros que pelearon contra la democracia de Cámpora, o la del propio Perón, al cajero del Banco Nación, al rey de los casinos y también a algunos muertos. Porque hubo muertos.
Hábiles en la construcción del relato, ahora intentan construir una historia de persecución política; viene haciéndolo ya Cristina hace unos meses, hablándole más a la Historia que a la gente (aunque su historia termina cada vez más cerca de las páginas de policiales, y quizá sea escrita por mediocres como Brienza o Sandra Russo). Esta es una cuestión penal, no tiene siquiera atisbos políticos: en los bolsos con diez millones no hay dialéctica, hay billetes verdes húmedos. En Aníbal Fernández no hay plusvalía, hay narcotráfico. En Lázaro Báez no hay planes de desarrollo, hay coimas de la obra pública. ¿Dónde está lo político del choreo? La secta argumenta como si hubiéramos pasado de Noruega a Ghana.Los Panamá Papers –historia que Macri nunca aclaró lo suficiente y en la que Grindetti da vergüenza ajena–hablan, en el peor de los casos, de empresarios evadiendo impuestos. No vi aún las cien mil hectáreas de Rodríguez Larreta y sus hoteles en la Patagonia, ni tampoco me encontré en La Rosadita con María Eugenia Vidal fumándose un habano. Y en cualquier caso, aunque así fuera, no es este un juego de cartas en el que un delito emparda al otro. La persecución política tiene charme; siempre es mejor que te persigan por las Veinte Verdades peronistas que por los diez palos afanados. Asistimos, por primera vez, a lo que sucede cuando la ley se aplica. Quienes lo hacen no son carmelitas ni mucho menos, a veces son iguales a los que juzgan. Pero la ley está por encima de ellos. Si este país cambia alguna vez, será por este camino y no por ningún otro.
Cristina Kirchner será indagada como sospechosa de fraude
La citó Bonadio por la venta de dólar a futuro, que provocó un quebranto al BCRA de $ 7500 millones; será la primera vez que deberá presentarse en tribunales; también serán interrogados Kicillof y Vanoli
La citación a la ex presidenta fue dispuesta por el juez Claudio Bonadio, que entendió que, más allá de la autarquía que rige las decisiones del Banco Central, fue ella quien dispuso la operatoria. Bonadio es uno de los jueces federales más activos contra el kirchnerismo y responsable de haber allanado meses atrás las oficinas de Máximo Kirchner en un caso de lavado de dinero contra su madre.
Es la primera citación como imputada que recibe Cristina Kirchner desde que dejó el cargo, pero no es la única acusación que enfrenta, pues es investigada en el caso Hotesur por sus negocios hoteleros y sus vínculos con el empresario kirchnerista Lázaro Báez.
La denuncia que motivó la citación fue presentada por los jefes legislativos de Cambiemos Mario Negri y Federico Pinedo, pero la inspiró Alfonso Prat-Gay, actual ministro de Hacienda. La ex presidenta deberá responder por el delito de administración fraudulenta por abuso de confianza, pues hay un perjuicio para el Estado.
Además de Cristina Kirchner, citada para el 13 de abril, deberán declarar el ex ministro de Economía Axel Kicillof el 12 de abril, el ex secretario de Finanzas Pablo López el 8 de abril, el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli el 7 de abril, el ex vicepresidente del Banco Miguel Ángel Pesce el 6 de abril, y los ex directores Alejandro Formento, Sebastián Aguilera, Pedro Biscay, Mariano Beltrani, Germán Feldman, Barbara Domato Conti y Flavia Madorrán en días sucesivos desde el 28 de marzo.
Es la primera causa contra Kicillof. Foto:Archivo
La citación a indagatoria a Cristina Kirchner implica una aceleración de las causas contra el kirchnerismo en tribunales. Hasta ahora los jueces federales venían profundizando sus casos contra los ex funcionarios en problemas, como Amado Boudou y Ricardo Jaime, pero ir contra la ex presidenta de este modo encendió una luz de alarma. Es que -analizaron algunos funcionarios judiciales en Comodoro Py 2002- se trata de un caso difícil de entender para el común de la gente y una medida que tensa el clima político en momentos en que el Gobierno busca la gobernabilidad dialogando con el peronismo en el Congreso. Una citación a indagatoria, sumada a la inflación creciente y el malestar de organizaciones sociales kirchneristas, puede generar una situación de inestabilidad no deseada por el Gobierno, analizan. De hecho el kirchnerismo ayer denunció una persecución política y anunció que el día de la indagatoria marchará en defensa de su jefa política.
Lejos de ese análisis, Bonadio decidió la indagatoria de Cristina Kirchner, como lo hizo en otras causas contra el propio Vanoli, Aníbal Fernández, Guillermo Moreno, Ricardo Jaime y su sucesor Juan Pablo Schiavi (ambos condenados por la tragedia de Once).
El juez basó su citación en los testimonios de Alfonso Prat-Gay, Martín Redrado, del ex presidente del Banco Central Juan Carlos Fábrega, de Lucas Llach y Horacio Liendo, entre otros. Bonadio entendió que la decisión de vender dólar a futuro en condiciones desfavorables fue de la ex presidenta porque razonó que así como la salida de Redrado o Fábrega del Banco Central fueron una decisión presidencial, lo fueron estas operaciones. Entre 2005 y 2014 el Banco Central las realizó legalmente, a veces ganando y otras perdiendo, hasta las efectuadas entre septiembre y noviembre de 2015, donde hubo un quebranto.
Con los informes técnicos en la mano, Bonadio afirmó que las operaciones del dólar futuro provocaron un quebranto de 7575 millones de pesos para el Banco Central en diciembre de 2015 y enero de 2016. Y que el Banco Central tiene que pagar por las operaciones abiertas desde febrero a junio próximos 39.879 millones de pesos. Ya pagó 1552 millones de pesos por operaciones realizadas entre septiembre y diciembre de 2015, y por los contratos activos de enero a junio de este año tuvo un saldo negativo de 27.724 millones de pesos. Todas las operaciones abiertas por dólar futuro entre septiembre y noviembre del año pasado fueron por 17.000 millones de dólares.
Más claramente el juez dijo que toda la emisión monetaria del 31 de diciembre al 24 de febrero se destinó a pagar el quebranto de las operaciones de dólar futuro concretadas por el BCRA.
Vanoli, responsable de la política del BCRA. Foto:Archivo
La denuncia cuestiona que Vanoli, y el directorio del Banco Central, vendió dólares a futuro a un precio menor del que podría haber obtenido en el mercado. La ley lo obliga a vender a un precio de mercado. Los futuros cambiarios son contratos en los que un vendedor -en este caso el BCRA- se compromete a desprenderse de una cantidad de dólares a un precio predeterminado en una fecha futura. El Banco Central vendió moneda a futuro a 10,65 pesos cuando en el mercado de Nueva York el valor era de 14 o 15 pesos. En consecuencia, un inversionista podría haber comprado a 10 pesos y vendido a 14 pesos, con lo que habría obtenido una ganancia especulativa instantánea a costa del patrimonio del Banco Central. Estas operaciones se realizan sin la entrega física de los dólares: se liquida en pesos la diferencia entre el precio de cotización y el del contrato.
Prat-Gay, cuando declaró como testigo, dijo que todo el directorio del Banco Central tomó la decisión de aplicar esta política, lo que le dio base a Bonadio a citarlos a todos como sospechosos.
Kirchneristas en apuros
Seis ex funcionarios procesados por presuntas irregularidades
Daniel Gollán
Ex Ministro de Salud
Procesado por irregularidades en el plan Qunita
Aníbal Fernández
Ex Jefe de Gabinete
Procesado por las licitaciones del plan Qunita
Guillermo Moreno
Ex Secretario de Comercio
Procesado por el cotillón anti-Clarín
Juan Manzur
Ex Ministro de Salud
Procesado por el manejo del plan Qunita
Amado Boudou
Ex vicepresidente
Procesado por la apropiación de Ciccone
José Sbatella
Ex titular de la UIF
Procesado por revelar datos secretos
En esta
Fuente: La Nación, 27/02/16.
CFK: 8 años como Presidenta y al menos 50 causas abiertas
Así figura en un registro de la Justicia. En siete de ellas se la investiga específicamente.
Por María Eugenia Duffard.
Fue la Presidenta de la Nación durante ocho años, tiempo suficiente, en Argentina, para acumular denuncias. En el caso de Cristina Kirchner y según el sistema electrónico de registro de la Justicia Federal, son al menos 50 las denuncias que se convirtieron en causas penales que aún están en trámite. A la ex mandataria la investigan, en la mayoría de los casos, por defraudación al Estado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y también enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Este sistema de registro online es al que se refirió hace pocos días el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, cuando advirtió que están trabajando para que sea más específico y abierto a toda la sociedad. Es que el registro electrónico, advierten en los tribunales de Comodoro Py, es solo indicativo y no exhaustivo. Así, por ejemplo, hay causas que aún figuran como abiertas pero que ya fueron desestimadas o archivadas y otras que no aparecen y están en trámite. Según pudo averiguar Clarín de la consulta a fuentes judiciales y el análisis del listado, la ex presidente está implicada en al menos 50 causas, pero son al menos siete en las que se la investiga específicamente y no como responsable última, por la investidura del cargo que ocupó entre 2007 y 2015.
Así, además de la investigación a cargo del juez federal Claudio Bonadio en la que ayer la llamó a indagatoria por la venta de dólar futuro, Cristina figura implicada en otras cuatro causas en ese juzgado. Pero la del dólar futuro no es la más famosa de las investigaciones que involucran a la ex mandataria en los tribunales federales. Quienes tienen los expedientes más complicados para Cristina son los jueces Julián Ercolini y Daniel Rafecas, del Criminal y Correccional Federal 10 y 3 respectivamente. Son ellos quienes la investigan por asociación ilícita y lavado de dinero, entre otros cargos. Todo por la intrincada causa Hotesur. También Sergio Torres, del Federal 12, tiene dos causas sensibles para Cristina que apuntan a su patrimonio. En una se investiga si la Presidenta omitió declarar parte de lo que heredó tras la muerte de su esposo como denunció Margarita Stolbizer y otra en la que se averigua sobre el valor de sus joyas por denuncia de Graciela Ocaña. Cuando esta semana Rafecas se declaró incompetente en parte de esa investigación en la que había avanzado Bonadio hasta que fue recusado, aludió a otra causa a cargo de Ercolini desde 2008. Se trata de aquella originada por una denuncia de Elisa Carrió en la que se acusó a Néstor y Cristina Kirchner y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Juan Carlos Relats de asociación ilícita y lavado de dinero. Según Rafecas, es Ercolini quien debe incorporar como nuevos hechos en esa investigación, las presuntas maniobras de lavado con los hoteles de los Kirchner que figuraban en la causa Hotesur. Pero Rafecas se quedó con una parte de ese expediente e investiga a Cristina por irregularidades en el legajo de su empresa ante la Inspección General de Justicia y por inconsistencias en sus declaraciones juradas entre 2011 y 2012.
Szpolski-Garfunkel: la implosión del mayor grupo kirchnerista de medios
Por José Crettaz.
Los empleados del grupo de medios reclaman el pago de salarios atrasados mientras los accionistas se enfrentan públicamente y uno de ellos denuncia socios fantasma; en tanto, el gobierno nacional giró a la empresa más de 40 millones en publicidad oficial este mes.
Uno de los accionistas reclama airadamente al otro por Twitter, sugiere que podrían estar cometiéndose delitos y dice que hay dos accionistas fantasmas y da sus nombres; el socio-gerente general -que fue candidato kirchnerista en la última elección- se esconde de los trabajadores de sus empresas que reclaman contra su «vaciamiento» y reclaman el pago de sueldos atrasados, y periodistas que supieron ser amigos y trabajan en el mismo grupo se pelean duramente en público por lo que se sospecha podría ser el final del conglomerado de medios. Hasta el presidente Mauricio Macri debió responder a una pregunta sobre el caso: «Los que tengan que pagar salarios, que los paguen», se limitó a decir.
Esta es, en resumidas cuentas, la realidad del grupo Veintitrés, un conglomerado diversificado de medios que creció al calor del Estado kirchnerista, y que se encamina ahora hacia su disolución. Con empresas quebradas (Poligráfica del Plata, donde se imprimieron boletas electorales del kirchnerismo; e Infofin, editora del extinto diario platense Diagonales), publicaciones cerradas (las revistas 7 Días y Cielos Argentinos y las ediciones del interior del diario gratuito El Argentino) sueldos atrasados (en Radio América y el diario Tiempo Argentino) y un incierto futuro sobre un «modelo de negocios» basado en la pauta oficial , este grupo sui generis de medios conducido por Sergio Szpolski en sociedad con Matías Garfunkel entró en un proceso de liquidación y venta de activos. «Se va todo a la mierda», le dijo recientemente Szpolski al director ejecutivo de una de las empresas del grupo. Poco antes, fuentes cercanas a él habían dicho a LA NACIÓN: «Hay absoluta normalidad. Tenemos un pequeño retraso, pero ya lo vamos a resolver». La situación por la que atraviesan los trabajadores de las empresas podría verse aliviada si Szpolski destinara al pago de salarios atrasados los más de 40 millones de pesos que el Estado nacional le transfirió este mes en concepto de pauta oficial.
«Asumí mi error a la hora de elegir socios; me costó caro. Lo que nos diferencia es que yo cumplí con mi parte del contrato mientras que ellos no. Ellos lucraron del Estado y con el Estado. Tuvieron y tienen cargos públicos. Defendieron a funcionarios K y cobraron fortunas. Vienen robando desde los 90. Con Menem primero y De la Rua después. Yo los conocí por haber confiado en un ‘amigo’, Nosiglia. Todos monjes negros que se esconden detrás de Szpolski. No me escudo, sólo sepan sus nombres. Darío Richarte y Javier Fernández», publicó en varios post en su cuenta @M_Garfunkel este 15 de enero.
Todos monjes negros que se esconden detrás de Szpolski. No me escudo, solo sepan sus nombres. @daricharte1 y Javier Fernández.&- Matias Garfunkel (@M_Garfunkel) enero 15, 2016
La del grupo Veintitrés es una oscura historia de espías, pero de los que salen mucho en los diarios y disfrutan de las luces de los medios: Richarte y Fernández, señalados por Garfunkel, tienen antiguos lazos con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y sus sucesoras la SI y la actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Richarte -de antigua militancia radical- fue segundo jefe de la SIDE en 2001. Desde hace años es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), de la que fue vicerrector hasta su renuncia en marzo de 2015. Recientemente fue electo vicepresidente 3ro. de Boca Juniors en la lista que logró la reelección como presidente del empresario del juego Daniel Angelici, hombre muy cercano al presidente Macri. Además, el estudio de Richarte y su socio Diego Pirota representó al ex vicepresidente Amado Boudou y a su amigo José María Núñez Carmona en la causa Ciccone y a muchos otros funcionarios kirchneristas acusados de corrupción. Durante la presidencia de Fernando de la Rúa integró el grupo Sushi, usina radical que compartió por entonces con algunos funcionarios del actual gobierno, como el ministro de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, y el ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido.
En tanto, Javier Fernández es uno de los auditores generales de la Auditoría General de la Nación (AGN), aunque en el ámbito político fue más conocido como «operador judicial del kirchnerismo». Ex secretario privado de Rodolfo Barra en tiempos de la Justicia menemista y prosecretario letrado del juez de la Corte Adolfo Vázquez, es habitual empleador de hijos y hermanos de jueces y fiscales. En el último tiempo se lo vinculó al Frente Renovador, de Sergio Massa, cuyo candidato en Tigre fue enfrentado por el propio Szpolski. Este último se puso el traje de aspirante a intendente del Frente para la Victoria e hizo campaña codo con codo con los también candidatos Daniel Scioli, Aníbal Fernández y Martín Sabbatella (quien a su vez debía controlarlo desde la ex Afsca).
Según publicó Garfunkel en Twitter, Javier Fernández le prestó dinero al grupo Veintitrés y su tío Manuel Menéndez es director de alguna de las empresas.
Una vez @sergioszpolski me dijo que Javier Fernández, auditor de la Nación, era prestamista de G23. Su tío, Manuel Menéndez es director.&- Matias Garfunkel (@M_Garfunkel) diciembre 4, 2015
Así de enredada es esta crisis empresaria, que tiene múltiples aristas.
Por ejemplo, es por lo menos curiosa la protección financiera, legal y política de la que goza el grupo Szpolski, cuya colección de cientos de cheques rechazados no impidió que el Banco Macro -que preside Jorge Brito- mantuviera sus cuentas a flote (tal como documentó Alejandro Alfie en su libro «Los agentes de Néstor y Cristina»).
En su libro, Alfie cuenta que «Richarte y Fernández son amigos desde sus épocas de estudiantes en la Facultad. Tato Young contó que ambos comparten el mismo palco en la cancha de Boca y son padrinos cruzados de sus hijos. Ellos mismo dijeron en algunas reuniones que tenían el 10 por ciento del Grupo Veintitrés, antes de que Matías Garfunkel le comprara la mitad del grupo en febrero de 2011. Pero fuentes cercanas a Richarte desmintieron que él o su estudio fueran en la actualidad accionistas del grupo. De hecho, Richarte dejó de ser el abogado del grupo en diciembre de 2014. El estudio de abogados Richarte y Asociados tuvo un abono mensual, que el Grupo Veintitrés pagó por el trabajo penal sobre las empresas que forman parte del grupo; mientras que Fernández le prestó plata al grupo y así figura incluso en sus declaraciones juradas, de modo que él bien podría tener acciones.» En la obra se desarrolla todas las posibles participaciones accionarias que Richarte o Pirota y Fernández podrían tener en cada uno de los medios del grupo. En el caso de los audiovisuales, esas participaciones deberían estar declaradas en la Afsca.
Por medio de Richarte y de Fernández, el grupo Veintitrés tuvo lazos con Jaime Stiuso, director de operaciones de la ex SIDE hasta diciembre de 2014 y estereotipado como el dueño de todos los secretos del poder en la Argentina. La historia de espías alrededor de este grupo también incluye tiroteos. En 2011, Javier Fernández -hombre capaz de «mover expedientes», según una fuente consultada para esta nota- fue víctima de un tiroteo nunca esclarecido, pero que -según uno de los accionistas del conglomerado- formaría parte de la historia del grupo Veintitrés y de sus integrantes.
Para Garfunkel, la del grupo Veintitrés sería la segunda entrega de una saga de espías porque ya había tenido contacto con un ex profesional de esa actividad en su frustrada sociedad con Raúl Moneta para comprar Telecom Argentina (que les causó, además, una investigación judicial en Italia). En esa oportunidad, quien le presentó a Garfunkel al ex empresario menemista devenido en kirchnerista fue el estadounidense Frank Holder, ex agente de la CÍA arraigado en el círculo rojo argentino.
También es llamativo que Szpolski haya podido presentarse a los concursos de licencias para televisión abierta en la ciudad de Buenos Aires con estos antecedentes (esos concursos fueron declarados desiertos por la ex Afsca que no quiso dar como ganadora a la propuesta de Editorial Perfil) . Más llamativo es ver en estos días a Sabbatella fotografiado con el cartel de apoyo a los trabajadores del grupo Veintitrés cuando era él quien debía controlar que Szpolski -con quien hizo campaña hasta octubre último- pagara los salarios y aportes patronales a los empleados de sus emisoras, que por otro lado incumplían en conjunto el tope de licencias previsto en la ley de medios.
Hoy junto a @Sabbatella y el candidato a intendente de Tigre,@sergioszpolski recorrimos Villa Garrote.pic.twitter.com/A3tZn5C20x &- Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) septiembre 5, 2015
#NoAlVaciamientoDelG23 Martín @Sabbatella se solidarizó con los trabajadores@sipreba@[email protected]/OfSmovWWUr&- Trabajadores AM 1190 (@1190trabajador) enero 14, 2016
«La situación es de absoluta normalidad. Estamos un poco atrasados con los sueldos pero nada más. Y la pauta oficial está teniendo el mismo comportamiento que otros diciembre o enero», dijo una fuente del management del grupo, que sobre la sociedad agregó: «Hay distintos porcentajes en las distintas participaciones. Garfunkel es el socio mayoritario, el principal. Está Szpolski y después hay inversionistas. Pero ni Darío ni Javier son accionistas», agregó esa fuente, que exige no ser identificada.
En esa lectura, Richarte sólo habría sido abogado de la empresa, y Fernández habría sido un prestamista que, debido a deudas impagas se habría quedado con las oficinas de Puerto Madero, una planta en la que los despachos de Szpolski y Garfunkel estaban enfrentados. La condición de auditor general de Fernández podría no ser compatible con sus relaciones con en el grupo Veintitrés.
La informalidad con la que se permitió funcionar a este conglomerado hace que ni siquiera se conozca cuál es su integración, algo exigido al menos por la ley de servicios de comunicación audiovisual. Mientras una fuente sostiene que el paquete accionario se divide en un 51% para Garfunkel y el resto para Szpolski y un grupo de «inversores», para otra esa división es muy distinta, 70% para Garfunkel (tras ampliaciones de capital en varias empresas) y 30% para los otros socios.
En cuanto a los planteos de Garfunkel por Twitter, la alta fuente consultada dijo que no se registra formalmente «ningún reclamo y que llama poderosamente la atención y no se puede tomar en serio a un socio principal de una empresa que dice que durante cinco años no tuvo acceso a información y no reclamó».
Mientras los trabajadores del Grupo Veintitrés reclaman en la calle y en otros ámbitos por sus salarios y sus puestos de trabajo, y piden la intervención del gobierno nacional -que parece no tener interés en intervenir-, Szpolski busca compradores para los activos de la empresa y Garfunkel -que ya trabaja con un equipo de abogados comercialistas- mantiene abierta una compleja negociación -por ahora extrajudicial- con él y los socios fantasma para recuperar parte del dinero que invirtió en el grupo. En 2011, Garfunkel aportó unos US$ 12,5 millones y algunos inmuebles -entre ellos las oficinas que él y Szpolski ocupaban en Puerto Madero-. Más adelante, sumó las radios AM Splendid y FM Rock & Pop, esto último valuado en unos US$ 15 millones, que a su vez había recibido de la familia de Raúl Moneta a cambio de dar por terminados los reclamos penales en una causa que incluyó una denuncia por estafa.
En sus cada vez más recurrentes cataratas de tuits, Garfunkel desliza graves acusaciones y sugiere que no fue un accidenteel vuelco que sufrió en el sur del país y que casi le cuesta la vida. Además, ya acumula varias denuncias presentadas por él y su esposa, Victoria Vanucci, por amenazas (hay tres casos documentados) y hackeo de sus dispositivos electrónicos.
Desde hace meses, Szpolski mantiene una negociación con el grupo Olmos, propietario de los diarios Crónica y BAE, del canal de noticias Crónica TV y accionista de la productora audiovisual Underground, para transferirle Radio América . La negociación está trabajada porque -además de estar prohibidas por la ley de medios las transferencias de licencias- los Olmos se resisten a aceptar un combo que incluya Tiempo Argentino, diario que por el conflicto laboral no circuló el 2 ni el 14 de enero. Con el avance de la crisis empresaria, la posición de los compradores mejoró y entre las posibilidades que se manejan está la de que Olmos se quede con América de manera prácticamente gratuita a cambio de aceptar el costo de indemnizar a los empleados del diario (cuya circulación los domingos está en el orden de los 25.000 ejemplares).
Szpolski también le ofreció todos los medios del grupo a Daniel Hadad -que está listo para volver al ruedo tras vencer en diciembre pasado la cláusula de no competencia que tenía vigente con Cristóbal López, a quien en 2012 le vendió todas sus emisoras de radio y TV-, pero el empresario periodístico habría rechazado la oferta. A medida que avanza el año y con la información por ahora extraoficial de que la pauta gubernamental se reducirá por lo menos a la mitad y que en su distribución considerará niveles de audiencia, las condiciones de negociación de Szpolski-Garfunkel son cada vez peores.
Tal vez por eso, hace menos de un año, Szpolski ya había vendido algunas de sus empresas.
¿Cómo llegó el grupo Veintitres a facturar al menos 814 millones de pesos en los últimos seis años, como reveló el año pasado LA NACION ? Por que puso su plataforma al servicio del relato kirchnerista, y tercerizó en la Casa Rosada su agenda de temas y la elección de sus principales figuras periodísticas. Fue LA NACION quien determinó el monto percibido en concepto de pauta oficial por Szpolski-Garfunkel en una cifra que ahora todos los intervinientes aceptan como válida. Sin embargo, esos fondos podrían ser más porque varias empresas intermediarias habrían derivado recursos a los medios ahora en conflicto, tal como reveló en su momento una fuente de Etéreo, la central de medios liderada por Guillermo Mirábile , más conocido por ser el peluquero de Aníbal Fernández. Otra posible fuente de ingresos del grupo Veintitrés podría ser Cordacom, firma que embolsó casi 35 millones en seis años y que lidera Ignacio Llambí, ex gerente general de Infofax, firma cuyo último propietario fue Szpolski.
Pero además, la pauta oficial también fluía hacia este grupo de empresas desde provincias y municipios kirchneristas, que en conjunto representaban una cifra equivalente a la aportada por el Estado nacional. «Mil veces se habló de retornos, del 20% al 40%», dijo una fuente del grupo Veintitrés, en referencia al posible pago de coimas a los funcionarios responsables de asignar y ejecutar los pagos de la publicidad oficial. Es curioso que en la Argentina, donde hubo múltiples causas judiciales por discriminación en el reparto de la publicidad oficial no se conozcan casos similares que investiguen el desvío de estos fondos.
El grupo Veintitrés está integrado actualmente por las revistas Cielos Argentinos (que supo distribuirse en Aerolíneas Argentinas y ahora Szpolski dice vender a Aeropuertos Argentina 2000) y 7 Días, los diarios El Argentino (gratuito que tiene ediciones locales en Córdoba, Mendoza, Rosario, Mar del Plata y el conurbano Sur y Norte) y Tiempo Argentino; y las radios AM Splendid y AM América, y las FM Vorterix Rock y Rock & Pop, además del portal de noticias InfoNews y la señal de noticias CN23. La situación en FM Rock & Pop derivó en una pelea pública muy fuerte entre dos viejos amigos -que eran casi hermanos-: Pergolini y Eduardo de la Puente, que trabaja en la emisora desde hace más de veinte años.
Enseñanza: si todo el mundo te dice que alguien es un hijo de puta no gastes 25 años defendiéndolo ni esperes a que te cague a vos también.&- Eduardo de la Puente (@realdelapuente) enero 4, 2016
En realidad, Veintitrés no es un grupo formalmente constituido (carece de una empresa holding controlante) sino un entramado de compañías que -tal como documentó Alfie en su libro- en la mayoría de los casos tienen como accionistas a jubilados desconocidos o empleados y familiares de Szpolski. Comprender cómo es la estructura requiere construir un mapa de empresas y accionistas del tamaño de una pared. Pero si algún juez o fiscal quisiera comenzar el recorrido, podría arrancar por una de las menos conocidas: Alinghi SA, que por algún motivo es la que más inquieta a Szpolski. Pero la lista es larga: Balkbrug SA, Soluciones Logísticas SA, Comunidad Virtual SA, Desup SA, PerioMundo SA, Milke, Infofin. Vorterix SA, Loro Communication SA, Telcorad (con la que el grupo intentó comprar Nextel Argentina), LPDM SA, Poligráfica del Plata y Radiodifusora Buenos Aires SA. Y podrían sumarse Red Social Deportiva SA, Manfla SA, Milione SA (con la que Veintitrés intentó quedarse con una licencia de TV abierta digital en Buenos Aires), Thexal SA y Algim SA a una lista que nunca será exhaustiva.
Fruto de se cercanía con el poder político de estos años, el grupo Szpolski-Garfunkel estuvo a punto de quedarse con Nextel Argentina en una operación que quedó frustrada pero por la que la empresa fue propietaria de Nextel Chile durante unos meses.
Garfunkel conoció personalmente a Szpolski a través de Enrique Nosiglia (a su vez viejo conocido de Richarte). El heredero de la fortuna Garfunkel-Madanes cuenta que recurrió al «Coti» en busca de una solución a los problemas que tenía con Moneta (con quien, impulsados por el entonces presidente Néstor Kirchner, había intentado sin éxito comprar la mayoría accionaria de Telecom Argentina 2009, movida que terminó en los Tribunales). Garfunkel conoce bien al siempre enigmático ex dirigente radical porque tuvo una larga relación sentimental como la hija de éste. Junto con Szpolski aparecieron Richarte -que en los 80 militó con Nosiglia en la agrupación Franja Morada- y otros personajes como Juan José Gallea, que fue director financiero de la SIDE durante la presidencia de Fernando de la Rúa, y luego director financiero del grupo Veintitrés para volver con la gestión del presidente Macri de nuevo a su antiguo puesto, en la actual AFI. Cuando no está en uno u otro lado, Gallea atiende en el estudio de Richarte. Además, este último fue el encargado de calmar a Garfunkel cuando éste quiere avanzar en la Justicia contra sus socios del grupo Veintitres y fue su interlocutor cuando Garfunkel figuraba como co-editor responsable en todos los medios de Veintitrés, antes de su pelea con Szpolski por el programa que el piquetero Luis D’Elía tuvo en la señal CN23.
Gracias a sus contactos con los radicales de la vieja guardia, como Nosiglia, Szpolski logró una invitación a participar de la asunción del presidente Macri el 10 de diciembre pasado.
El empresario K Sergio Szpolsky presente en la jura de@mauriciomacri . CC@alejandroalfie@[email protected]/I1jR7ttBPl&- Gonzalo Aziz (@gonzaloaziz) diciembre 10, 2015
Cuando Richarte le recomendó a Gallea a @sergioszpolskicomo gerente general de Grupo Veintitréspic.twitter.com/ZQitol0p1J &- Alejandro Alfie (@alejandroalfie)diciembre 21, 2015
Otros personajes de la trama -contada en detalle por Alfie en su libro- son Roberto Oscar Flores (el nombre más repetido en la firma de los cheques sin fondo del grupo) y Patricia Vilma Prinos (secretaria de Szpolski), y el sobrino de esta última Facundo Romano, que figuran como accionistas o directivos en varias empresas que el ex titular del Banco Patricios reconoce como integrantes del grupo. También ha figurado como accionista de las empresas Elke Szpolski y Ricardo Pace, la hermana y el ex chofer de Szpolski, respectivamente.
En diciembre pasado, acusándolo de vaciamiento de empresas, tener testaferros, evadir aportes previsionales y entregar cientos de cheques sin fondos, Szpolski y Garfunkel fueron denunciados por el dirigente massista Walter Martello, ex presidente del partido Coalición Cívica-ARI en la provincia de Buenos Aires. Martello hizo una presentación formal ante la Unidad de Información Financiera (UFI).
