Masivo ciberataque a Equifax, la firma dueña de Veraz S.A.
septiembre 12, 2017
Equifax: masivo ciberataque a la firma dueña de Veraz S.A.
Por
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El 07/09/17, Equifax, empresa dedicada al análisis de riesgo crediticio, anunció que fue víctima de un ciberataque masivo, dejando expuestos los datos de 143 millones de usuarios. Desde que se conoció el incidente, las acciones de la compañía se desplomaron y en solo dos días perdieron más de un 20% de su valor.
El ataque ha sido uno de los más graves de la historia en Estados Unidos, afectando potencialmente datos de casi la mitad de la población de este país.
Los hackers han tenido acceso a nombres, direcciones, números de tarjetas de crédito, datos de seguridad social y licencias de manejo, de acuerdo a informaciones de la propia compañía.
. Como consecuencia del incidente, se ha habilitado una web especialmente para que los consumidores puedan saber si sus datos fueron objeto del ataque.
Los ciberataques ocurrieron entre mayo y julio pero Equifax decidió hacerlo público recién ahora, circunstancia por la que fue fuertemente criticada. Además, se conoció que varios directivos de la firma -entre ellos su CFO- vendieron acciones que tenían en su poder por un valor de USD 2 millones, luego de que Equifax tomara conocimiento internamente del siniestro.
La firma es dueña en la Argentina de Veraz S.A., por lo que es importante aclarar que de momento, solo habrían sido expuestos datos de usuarios de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, por lo que en principio el incidente no tendría ninguna consecuencia respecto de su filial argentina.
Por lo pronto, lo que parece un hecho es que la ciberseguridad es una problemática que cada vez cobra más importancia, y una industria que promete crecer fuertemente en los próximos años.
Fuente: cartafinanciera.com, 12/09/17.
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Denuncian a Sbatella por sobreprecios en la UIF
diciembre 1, 2016
Denuncian a Sbatella por obras con sobreprecios de 2.600% en la UIF
Corrupción en la era K. Se pagaron 27 millones de pesos para refaccionar cuatro oficinas alquiladas por el organismo para sólo cinco meses de uso.
Por Lucio Fernández Moores.
El ex titular de la UIF José Sbatella, en una audiencia en la que se discutió su continuidad en el organismo, en febrero de 2014.
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La Oficina Anticorrupción (OA) denunció ayer en los tribunales federales de Retiro al ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella por presunto delito en la contratación de una obra en las oficinas donde funciona el organismo con presuntos sobreprecios de hasta 2.600%.
Así lo informó el organismo conducido por Laura Alonso, a partir de una denuncia interna realizada el mes pasado por las nuevas autoridades que asumieron en reemplazo de Sbatella en la UIF con el cambio de gobierno de diciembre pasado.
José Sbatella
La denuncia penal quedó radicada por sorteo en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas, uno de los jueces objetados por el Gobierno y bajo la lupa del Consejo de la Magistratura a partir de su actuación en la denuncia que formulara el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de aparecer muerto con un balazo en la cabeza.
La OA, a partir de la información recolectada por las máximas autoridades de la UIF, Mariano Federici y María Eugenia Talerico, pidió investigar a Sbatella por la presunta comisión de los delitos de defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública.
De acuerdo con la denuncia, Sbatella contrató a la empresa Bebanato S.A. a través de la licitación 2 de 2014 a cambio de 27 millones de pesos para «la adecuación física, sanitaria, termomecánica, instalación de red eléctrica, red de datos, voz y seguridad» en los pisos 8 y 9 alquilados para el funcionamiento de la UIF.
Las obras -inconclusas, según la denuncia- debían estar terminadas el 6 de mayo de este año pero el contrato de alquiler vencia en setiembre de este mismo año, es decir que se las hizo para sólo cinco meses de uso.
El contrato por el alquiler de cuatro unidades funcionales del edificio ubicado en Cerrito al 200, en pleno centro porteño, era a cambio de 120 mil pesos mensuales y no preveía el reintegro de dinero por las mejoras realizadas con los fondos públicos,
De acuerdo con lo informado por la OA, «los precios contratados fueron injustificadamente superiores a los de mercado, llegándose al 2.671,22% de sobreprecio». En la investigación interna dentro de las órbitas de la UIF y la OA también trabajó la Sindicatura General de la Nación.
La denuncia también alcanza a un convenio realizado en ese marco con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para auditar las obras de refacción en el edificio pero ésta «no estimó el costo de las contrataciones pese a haber cobrado por el trabajo», según informó la OA.
De acuerdo con la UIF y la OA, la UNLP «no detalló las horas destinadas al trabajo en su cotización y, pese a ello, percibió honorarios por un supuesto asesoramiento para el cumplimiento de las tareas y en el informe que presentaran, dicho asesoramiento no se incluyó».
Sbatella está procesado en otra causa por abuso de autoridad y violación de secretos y ayer la Cámara Federal penal porteña rechazó un recurso de su defensa y confirmó que debe ir a juicio oral y público (ver aparte).
El ex funcionario también es investigado por el presunto ocultamiento de reportes de operaciones sospechosas bancarias de acusados en la llamada «ruta del dinero K» y además afronta una denuncia por ususrpación del cargo luego del cambio de gobierno.
Fuente: Clarín, 01/12/16.
Notas anteriores:
José Sbatella, ex titular de la UIF, denunciado por proteger a Lázaro Báez
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José Sbatella, ex titular de la UIF, denunciado por proteger a Lázaro Báez
marzo 22, 2016
El fiscal Pollicita denunció al ex titular de la UIF por proteger a Lázaro Báez
Acusa a José Sbatella de demorar la judicialización de Reportes de Operaciones Sospechosas del empresario kirchnerista.
El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó hoy una denuncia contra el ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella por haber demorado la judicialización de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) del empresario Lázaro Báez, según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION.
Pollicita advirtió que, como agravante, durante «todo ese período no se habría llevado a cabo ningún tipo de estudio de los mismos», es decir que no sólo los ROS no fueron judicializados, sino que tampoco tuvieron una investigación administrativa en la UIF.
El dictamen rescata, no obstante, la conducta diligente de la Procelac: «En un plazo menor a un mes desde que recibió la documentación proveniente de la UIF, remitió los expedientes al juzgado que intervenía en el asunto, lo que desvirtúa la hipótesis delictiva planteada» contra la fiscalía especializada.
La Cámara Federal deberá ahora designar a un juzgado de instrucción para que entienda en la denuncia.
El paso de Sbatella por la UIF
A lo largo de su gestión al frente de la UIF, Sbatella acumuló denuncias penales por la presunta utilización de la UIF como herramienta de protección política en beneficio de Báez, Amado Boudou y Sergio Schoklender, entre otros. Asumió en 2010 y estuvo a cargo del organismo hasta el 11 de diciembre pasado, tras la asunción de Mauricio Macri.
El ex funcionario renunció a través de una carta en la que agradeció el apoyo de la ex presidenta Cristina Kirchner y criticó con dureza al Gobierno entrante, al que acusó de «desconocer las leyes» que regulan el funcionamiento de la UIF y fijan su mandato por cuatro años, al que había llegado en 2010 y cuyo mandato renovó a principios de 2014. Macri había pedido su renuncia antes de asumir.
Fuente: lanacion.com.ar, 22/03/16.
Denuncian a José Sbatella, titular de la UIF, por encubrir el Lavado de Dinero
mayo 3, 2014
Denuncian que el titular de la UIF encubrió un presunto caso de Lavado.
Por Lucio Fernández Moore.
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, fue denunciado ante la Justicia por dos diputados y un senador por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de un presunto caso de lavado de dinero por parte de un hijo de un supuesto narcotraficante colombiano detenido en la Argentina y extraditado a los Estados Unidos.
La denuncia, ingresada el miércoles pasado en los tribunales federales de Comodoro Py, fue realizada por el senador y titular del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Ernesto Sanz, junto con los diputados de UNEN Martín Lousteau y Fernando Sánchez.
El sorteo determinó que intervenga el juzgado a cargo de Julián Ercolini, quien deberá darle curso del asunto a la Fiscalía.
Los legisladores denunciaron que Sbatella encubrió una operación de “blanqueo de capitales” realizada en 2009 por poco más de un millón de dólares por parte de Mauricio Alvarez Sarría, hijo, según denunciaron, del colombiano Ignacio Alvarez Meyendorff, extraditado el año pasado a los Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. Ambos –recordaron los legisladores– también son investigados en la Argentina por presunto narcotráfico por el juez federal Carlos Ferreiro Pella, de Lomas de Zamora.
De acuerdo con los denunciantes, Sbatella habría “cajoneado” la información sobre el “blanqueo” de divisas hecho por Alvarez Sarría durante dos años y recién se la envió a Ferreiro Pella por un pedido puntual del magistrado en 2012. Las primeras informaciones sobre las sospechosas operaciones de su padre se habían originado en 2006 a través de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) emitido por el ex Banco Río. Fue por unos depósitos realizados en menos de dos semanas por casi medio millón de pesos que llamaron la atención de la entidad.
La denuncia del senador Sanz y los diputados Lousteau y Sánchez también incluye la presunta “inactividad” de Sbatella sobre otro supuesto narcotraficante colombiano detenido, Henry de Jesús López Londoño, alias “Mi Sangre”. “La UIF sólo prestó colaboración en el caso casi un año después de la detención de ‘Mi Sangre’”, dijeron los legisladores en su denuncia. La causa contra “Mi Sangre” tramita en el juzgado federal penal 2 porteño, a cargo de Sebastián Ramos.
Además, los legisladores denunciaron supuestos beneficios en la cárcel de Ezeiza a favor de “Mi Sangre”, Alvarez Meyendorff y Roberto Segovia, detenido en la causa por tráfico de efedrina. Según los denunciantes, los presuntos narcotraficantes habrían solventado diversos gastos admitidos por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) como costosos “delivery” de comida o televisores instalados en el pabellón VIP.
Otro caso agregado a la denuncia es el del presunto narco Luis Medina, asesinado junto a su novia el 29 de diciembre del año pasado en la zona sur de Rosario. Medina era investigado por su presunta vinculación con el ataque a balazos contra la casa del gobernador santafesino, Antonio Bonfatti, y los denunciantes le achacan a Sbatella no haberlo denunciado pese a sus antecedentes delictivos.
La denuncia también menciona los informes desfavorables hacia la UIF emitidos en por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) entre 2010 y 2014 y en los que se destacan sus “incompletos” informes, sus “severas deficiencias” en los “análisis de los Reportes de Operaciones Sospechosas” y en “la puesta en funcionamiento de una UIF despolitizada”, según consta en la presentación realizada en los tribunales federales de Comodoro Py.
“Una de las críticas fundadas que caracterizan la gestión del licenciado Sbatella al frente de la UIF es que sus escasísimas denuncias penales contienen graves falencias técnicas, por lo que, en su gran mayoría, concluyen en una ‘declaración de incompetencia’ y/o en un irremediable ‘archivo’ de las actuaciones”, añadieron los legisladores en su denuncia.
Fuente: Clarín, 03/05/14.
José Sbatella, funcionario corrupto.
La UIF y los Productores de Seguros
marzo 7, 2014
Apreciaciones sobre la Resolución 3/2014 de la UIF
Por Daniel Gerardo Perrotta
Recientemente, la UIF emitió la Resolución 3/2014, a través de la cual introduce modificaciones al régimen vigente en materia de prevención de lavado.
1) El plazo de Reporte de las Operaciones Sospechosas (ROS)
En primer lugar, en su artículo 1°, la UIF modifica los plazos definidos para realizar el reporte de operación sospechosa, estableciendo que “… sin perjuicio del plazo máximo de 150 días corridos para reportar hechos u operaciones sospechosos de lavado de activos, previsto en el artículo 21 bis de la Ley 25.246 y modificatorias, los Sujetos Obligados deberán reportar a esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA todo hecho u operación sospechosos de lavado de activos dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados desde que los hubieren calificado como tales”.
Asimismo, y en un reciente comunicado, la UIF aclara que “A partir de ahora, los sujetos obligados tendrán, a partir de la calificación de una operación como sospechosa, un plazo de 30 días corridos para emitir el ROS, teniendo como plazo máximo establecido para la realización del reporte 150 días”.
Esto implica que a partir del momento en el cual el Oficial de Cumplimiento, defina una operación como “sospechosa”, cuenta con un plazo perentorio de 30 días para remitir el reporte, considerando siempre el plazo máximo de 150 días.
Por ejemplo, si una operación es calificada por el Oficial luego de transcurridos 30 días desde su realización, el día 60 se cumple el plazo perentorio para su reporte a la UIF.
Podemos colegir entonces, que a partir de esta Resolución, la UIF impone una doble restricción. Una de carácter general, el ROS debe ser reportado siempre dentro de los 150 días de realizada la operación, pero como máximo a los 30 días de haber sido calificada como sospechosa.
2) Operaciones con otros sujetos obligados
Mediante la Resolución de marras, la UIF establece que “Al operar con otros Sujetos Obligados -de conformidad con las resoluciones emitidas por esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA para cada uno de ellos, mediante las cuales se reglamentan las obligaciones de las personas físicas y jurídicas enumerados en el artículo 20 de la Ley N°25.246 y sus modificatorias-, deberán solicitarles una declaración jurada sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, junto con la correspondiente constancia de inscripción ante esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. En el caso que no se acrediten tales extremos deberán aplicarse medidas de debida diligencia reforzadas”.
Esta obligación sólo es aplicable a los siguientes Sujetos Obligados: Bancos y Casas de Cambio, Cooperativas y Mutuales, Agentes y Sociedades de Bolsa, Transportadoras de caudales, Fideicomisos, Registros de Embarcaciones, de Aeronaves, Automotor y de Propiedad Inmueble, Compra-venta de Automóviles, Yates y Aviones, Inmobiliarias y Escribanos.
No se encuentra incluidos en el alcance de esta exigencia, entre otros, el Sector Asegurador. Atento a no hallar ninguna explicación lógica a esta circunstancia, entendemos que puede tratarse de una omisión involuntaria por parte de la autoridad de contralor. No obstante esto, y de acuerdo a la Resolución de marras, el alcance de las exigencias se restringe a los mencionados Sujetos Obligados.
La entrada en vigencia es el 1º de febrero del corriente año. Es importante considerar esta fecha, atento a la obligación de mantener actualizados los legajos de los Clientes.
3) Nuevo régimen informativo
Por último y consecuentemente con lo indicado en el punto anterior, la UIF impone un nuevo régimen informativo, cuyo alcance se limita a aquellos Sujetos Obligados mencionados en el punto 2 del presente informe, es decir a aquellos que deban requerir la información de Registro y DDJJ.
Este nuevo régimen denominado “Reporte de Registración y Cumplimiento por parte de los Sujetos Obligados”, establece la obligación de informar a la UIF, aquellos sujetos que no den cumplimiento a las solicitudes exigidas es decir Registro y DD.JJ.
Este régimen entra en vigencia a partir del mes de marzo, siendo el primer vencimiento el día 15 de abril de 2014.
Fuente: El Seguro en acción, 06/03/14.
Sbatella
Válido para Argentina.
Argentina: Nepotismo en la UIF
septiembre 1, 2012
Echan a expertos antilavado y asumen militantes y familiares
Por Hugo Alconada Mon
De a uno o de a dos por vez, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, desplazó a los técnicos especializados en investigaciones antilavado. Sólo queda un puñado testimonial. Y al resto lo reemplazó con militantes y familiares sin experiencia alguna, según reconstruyó La Nacion sobre la base de testimonios de cuatro fuentes al tanto de lo ocurrido, documentos públicos y privados, y un relevamiento del Boletín Oficial.
La politización de la UIF, que se agudizó desde el arribo de Sbattella, en marzo de 2010, incluyó casos singulares, como el nombramiento de un militante al que debieron pedirle la renuncia tras aparecer por televisión en los disturbios causados por los barrabravas de River cuando el club quedó a un paso de descender, en junio de 2011. Sin embargo, lo reincorporaron cuando se diluyó el riesgo de un escándalo público.
«Hay una dinámica permanente de politizar el discurso, las acciones y al personal de la UIF», lamentó una de las fuentes que aceptó dialogar con LA NACION bajo estricta reserva de su nombre durante los últimos tres meses. ¿El motivo? Luego de que este diario reveló el 20 de agosto la protección brindada al vicepresidente Amado Boudou y al empresario patagónico Lázaro Báez , entre otros, Sbattella y sus colaboradores amenazaron: «Por cada nueva nota [que se publique] echaremos a dos empleados».
Hoy, con más de 250 personas que trabajan en la UIF, menos de media docena son analistas profesionales, con experiencia en investigaciones sobre lavado. El resto aprende sobre la marcha -por «ósmosis», como lo definió uno de los informantes- o con cursos que reciben cuando ya están dentro de la unidad. Más aún, esa capacitación sólo se imparte para «los nuestros».
Sin embargo, mientras por un lado se discrimina a parte del personal técnico por razones políticas, por el otro se designan nuevos empleados también por razones políticas o de parentesco con el propio Sbattella y sus principales colaboradores.
Sbattella designó a la sobrina de su mujer como secretaria, al marido de otra sobrina como director del área de Seguridad y Sistemas Informáticos de la UIF, a una tercera sobrina como encargada de la página web de la UIF y hasta a un sobrino en la Secretaría General Ejecutiva. (LA NACION se reserva sus nombres por las características de seguridad inherentes a la unidad antilavado.)
Sbattella también trajo a varios de sus ex colaboradores en el Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (IEFE) de La Plata. Entre otros, a dos vocales (uno de los cuales ya renunció), a un analista y al encargado de Presupuesto y Pagos de la UIF, cargo que ocupa gracias a que obtuvo una designación excepcional por carecer de título profesional habilitante. Todos ellos, además, carecen de experiencia real en temas antilavado, según verificó LA NACION.
La misma práctica se repite en el área más sensible de la UIF, la Dirección de Análisis. Su director es Pablo Chena -que también viene del IEFE-; la segunda a cargo es su hermana, y el tercero en la línea jerárquica es su cuñado, que además se encarga de llevar adelante algunas de las «causas políticas» más sensibles.
A ellos se suman cuatro casos notables. Son analistas de la categoría «C» en el escalafón de la administración pública nacional. Tres carecen de títulos profesionales. Una trabajaba en una panadería y junto con otro de los cuatro también maneja «legajos con tinte político», como los caracterizó otro informante. Y la cuarta, amiga a su vez de Sbattella, es ingeniera, pero en pesca, por lo que también recibió una autorización excepcional en el decreto de designación del Ministerio de Justicia «por no reunir los requisitos mínimos de acceso» para un puesto de esa categoría.
De secretaria a coordinadora
Los vínculos con la esposa de Sbattella, vocal en el Tribunal Fiscal de Apelación de la provincia de Buenos Aires, también pesan dentro de la UIF. De allí llegaron la directora del área de Asuntos Jurídicos, Mariana Quevedo, quien sólo va por las tardes y aún concurre también al tribunal, más una vocal del Consejo Asesor de la Unidad, y un empleado de la Secretaría General Ejecutiva por el que se pidió que lo categorizaran con la letra «A», la más alta del escalafón y aun cuando hay un solo profesional, en Análisis, con ese nivel. Al final lo encuadraron en el nivel «B», cuando otros demoraron ocho o más años para conseguir esa categoría.
Una discrecionalidad semejante quedó expuesta al designar a cargo de las tareas de Coordinación Nacional -es decir, la interacción estratégica con todas las áreas del Estado abocadas a la lucha contra el lavado- a una ex secretaria privada de Sbattella, en tanto que al frente del área de Supervisión de Obligados -qué sectores y profesionales deben reportar operaciones sospechosas- se ubicó a un empleado de la AFIP que es el marido de esa ex secretaria.
Sin embargo, el caso paradigmático acaso sea el de Carlos Federico Millet, señalado dentro de la UIF como uno de los que ingresaron con un bombo a las instalaciones junto a su entonces jefe directo, el secretario general ejecutivo, Federico de Negri, para convocar a sus colegas de toda la unidad a participar en un acto político de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con su entonces aliado, Hugo Moyano.
Fanático de River Plate, Millet debió renunciar a su designación -también era excepcional por incumplir los requisitos legales- el 23 de junio de 2011. Es decir, lo echaron el día después de que un grupo de violentos ingresara a la cancha durante el partido que su equipo perdió contra Belgrano, en Córdoba, y quedó a un paso del descenso, que se concretó días después.
Millet apareció en unas imágenes de los desmanes, por lo que las autoridades lo desplazaron, temerosas de que se detectara que trabajaba en la UIF, un organismo que depende del ministro de Justicia, Julio Alak, aunque Sbattella suele decir que tiene diálogo directo -por momentos incluso diario- con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En el caso de Millet, sin embargo, la UIF volvió sobre sus pasos a medida que el potencial escándalo quedaba atrás. Por ese motivo recontrataron al militante del Ateneo Conciencia Nacional, que fundó Sbattella a principios de los 90. Hoy trabaja en el área de presupuesto.
LA NACION intentó consultar a Sbattella por estas designaciones, y a Millet desde el jueves, pero no respondieron las llamadas y mensajes.
Ya investigado por el juez federal Daniel Rafecas por el uso político de la UIF, tras una investigación preliminar del fiscal Carlos Stornelli, uno de los colaboradores de Sbattella ironizó en público sobre las consecuencias de su actuación. Según dos testigos, bromeó: «Si seguimos así, vamos presos».
Los cambios más resonantes en la UIF
Sbattella reemplazó a técnicos por gente propia.
CASO 1
Los sobrinos
Un sobrino de Sbattella, tres sobrinas por parte de su mujer y también el marido de una de ellas trabajan hoy en distintos cargos dentro de la UIF.
CASO 2
Los platenses
Sbattella también convocó a cinco ex colaboradores del instituto IEFE de La Plata; ninguno con experiencia en temas antilavado.
CASO 3
Los analistas
El director de Análisis convocó a su hermana como número dos del área a su cargo y al marido de ella como su tercero.
CASO 4
Un hincha fanático
Veinticuatro horas después de los incidentes en Belgrano-River, la UIF echó a Carlos Millet (foto); cuando se diluyó el escándalo, volvió a contratarlo.
CASO 5
La ingeniera
Una de las nuevas analistas es amiga de Sbattella e ingeniera, pero en Pesca, por lo que debió recibir una autorización excepcional para entrar a la UIF.
CASO 6
Los fiscales
Tres colaboradores de Sbattella llegaron del Tribunal Fiscal bonaerense, donde trabaja su mujer; una de ellas todavía concurre al tribunal.
Del editor: por qué importa.
La UIF desnuda la cara oscura de la militancia: convertir la impericia en ley. Un gobierno que vigila al turista que compra un puñado de dólares vacía de expertos la unidad que investiga los grandes delitos económicos.
Fuente: La Nación, 01/09/12.
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Sbattella admitió que familiares suyos trabajan en la UIF
Sbattella, el jueves, al llegar a las oficinas de la UIF. Foto: LA NACION / Enrique García MedinaLuego de que LA NACIÓN revelara que el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, desplazó a técnicos especializados en investigaciones antilavado y los reemplazó con militantes y familiares sin experiencia, él mismo contestó. Dijo que quienes trabajan en el organismo son idóneos y que el hecho de que sean familiares «no invalida su capacidad técnica y profesional para el cargo».
Sbattella admitió que su secretaria es familiar de su mujer. «Lo que es real, yo tengo en todos los organismos que he pasado, una secretaria que me ha acompañado siempre. Esa es una de las secretarias. El resto son personas de origen profesional, con capacidad técnica para estar en esos lugares. Y tienen las mismas características que cualquier personal», sostuvo.
«Mi secretaria no es mi sobrina. Es un familiar de mi actual esposa; soy divorciado. Lo lógico es un familiar, una persona de confianza. Las otras personas son por idoneidad profesional en los temas que le ha tocado trabajar y no tiene que ver su relación familiar con los lugares en que están», explicó, en diálogo con radio Mitre.
El titular de la UIF, que es la unidad que debe investigar los grandes delitos económicos, dijo que «las otras personas» [mencionadas en la nota de LA NACIÓN] tienen «idoneidad profesional» y que son «profesionales con capacidad técnica para estar en esos lugares».
«No tienen relación familiar, puede ser relaciones familiares de índole política, pero eso no invalida su capacidad técnica y profesional para el cargo. No entran colgados, de no saber nada; hay especialistas en el tema (SIC)», agregó.
«La mayoría de los que nombra [el artículo] como personas nombradas como favores son personas que tienen una historia y un currículum que amerita el lugar adonde están; esto está fuera de discusión», insistió.
Qué pasó
LA NACIÓN reveló hoy que Sbattella desplazó a técnicos especializados en investigaciones antilavado y que los reemplazó con militantes y familiares sin experiencia. Hoy, más de 250 personas trabajan en la UIF y menos de media docena son analistas profesionales con experiencia en investigaciones sobre lavado.
Los cambios más resonantes en la UIF
CASO 1
Los sobrinos
Un sobrino de Sbattella, tres sobrinas por parte de su mujer y también el marido de una de ellas trabajan hoy en distintos cargos dentro de la UIF.
CASO 2
Los platenses
Sbattella también convocó a cinco ex colaboradores del instituto IEFE de La Plata; ninguno con experiencia en temas antilavado.
CASO 3
Los analistas
El director de Análisis convocó a su hermana como número dos del área a su cargo y al marido de ella como su tercero.
CASO 4
Un hincha fanático
Veinticuatro horas después de los incidentes en Belgrano-River, la UIF echó a Carlos Millet; cuando se diluyó el escándalo, volvió a contratarlo.
CASO 5
La ingeniera
Una de las nuevas analistas es amiga de Sbattella e ingeniera, pero en Pesca, por lo que debió recibir una autorización excepcional para entrar a la UIF.
CASO 6
Los fiscales
Tres colaboradores de Sbattella llegaron del Tribunal Fiscal bonaerense, donde trabaja su mujer; una de ellas todavía concurre al tribunal.
Fuente: La Nación, 01/09/12.
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Argentina: Corrupción en el Gobierno K – La UIF como arma política
mayo 15, 2011
Jóvenes K utilizan la oficina antilavado contra adversarios
Cada vez más acciones de la UIF dependen de la relación de personas y empresas con el Gobierno
Por Hugo Alconada Mon
Las órdenes son explícitas, directas. «Hay que hacer mierda a tal empresario.» O también la opuesta: «Con tal otro no jodamos». Esas frases se tornaron recurrentes durante los últimos meses, en los que la Unidad de Información Financiera (UIF) se convirtió en una creciente herramienta política, con un peso notable de jóvenes militantes de Libres del Sur, La Cámpora y otras agrupaciones, indicaron cinco fuentes que trabajaron o aún trabajan dentro de la unidad antilavado local a La Nacion.
La incorporación de esos funcionarios, agentes y empleados a la unidad que tiene acceso a la información bancaria, financiera y bursátil más sensible de todo el país se definió por afinidad ideológica con el Gobierno y las dos máximas autoridades de la UIF –José Sbattella y Gabriel Cuomo-, más que por sus conocimientos técnicos en la detección de operatorias de lavado o financiamiento del terrorismo. Las últimas incorporaciones también incluyeron a algunos familiares de funcionarios o sin que mediara una especialización técnica -hasta superar la docena-, aunque la inexperiencia de algunos empleados dentro de la UIF resulte ya algo recurrente. Como reveló La Nacion a fines de 2009, la anterior presidenta de la Unidad, Rosa Falduto, llegó a nombrar a la empleada de la peluquería a la que asistía y a un profesor de gimnasia amigo de sus hijos. Pero la nueva gestión, que prometió terminar con esos nombramientos, los continuó. Nombró a una joven estudiante de Derecho que trabajaba en una panadería y con nula experiencia antilavado.
Afines al movimiento Libres del Sur, La Cámpora o la Juventud Peronista, algunos de esos nuevos funcionarios y agentes de la UIF protagonizaron varios cortocircuitos con el personal más experimentado, que arribó al organismo durante las gestiones de Falduto o incluso de Alicia López.
Uno de los episodios folklóricos registrados durante los últimos meses ocurrió cuando una de los recién llegados comenzó a recomendar la lectura de Las venas abiertas de América Latina, del escritor uruguayo Eduardo Galeano, a sus colegas técnicos más antiguos, frente a por lo menos otros cuatro empleados de la UIF. Esa invitación no pasa de resultar una simple anécdota. Pero, sin embargo, se combinó sí con otras sugerencias más incómodas. Entre otras, para que los técnicos veteranos asistieran a mítines políticos, indicaron dos fuentes a este diario.
La politización de la UIF acumula antecedentes. Entre otros, la filtración de datos de inteligencia financiera secreta en perjuicio del candidato opositor Francisco de Narváez a mediados de 2009, lo que provocó que la unidad antilavado estadounidense (FinCen) cortara el intercambio, y la creación de un grupo de trabajo para avanzar contra Clarín, como reveló La Nacion durante 2010. Ahora, el proceso se extendió al personal.
Acciones sesgadas
«Los «nuevos» están politizados a full «, indicó uno de los informantes. «No tienen capacitación técnica, ni experiencia, y eso los lleva a tomar decisiones temerarias», abundó. Entre otras, el envío a la Justicia penal de algunos reportes al sólo efecto de generar «ruido» mediático -y fueron desestimados sin más en los tribunales-, la aplicación de algunas multas luego recurridas o la decisión de llevar adelante las primeras inspecciones, cuya legalidad cuestionaron incluso algunos abogados dentro del propio organismo. Así ocurrió días antes de golpearles la puerta a las joyerías y firmas de remesas.
Los perfiles en Twitter, Facebook y en otros foros de Internet similares de algunos agentes de la UIF muestran otros rasgos comunes de la nueva camada. Desde críticas al vicepresidente Julio Cobos -«andate traidor»- hasta vínculos con páginas de Barrios de Pie, Proyecto Sur, el Ateneo Conciencia Nacional o El Eternauta -en su versión kirchnerista-, una visión que, según sus críticos dentro de la propia UIF, los lleva a tomar decisiones -como la difusión de la aplicación de multas multimillonarias a algunos bancos, como la primera, contra el Banco Galicia, que aún no estaba firme- y postergar otras investigaciones.
Dentro de la Unidad, coincidieron tres fuentes, ahora es común escuchar comentarios como «siempre estos mismos empresarios» o «a éstos hay que hacerlos mierda». Eso se plasma, luego, en la revisión de las actividades bancarias, financieras e incluso tributarias de los señalados. Ese fue el caso de dos altos ejecutivos del Grupo Clarín, José Aranda y Lucas Pagliaro.
Entre esos jóvenes con perfil más militante, figuran algunos agentes: Maximiliano Braunschweig, Adrián Rodríguez, Daniela Heredia, Martín Olari Ugrotte; también, el secretario general ejecutivo, Federico Denegri, y la directora del área de Asuntos Jurídicos, Mariana Quevedo.
Consultados por La Nacion allegados a Sbattella desmintieron que La Cámpora haya hecho pie firme en la UIF, más allá del eventual arribo de algún simpatizante. Pero sí confirmaron la militancia de otros en Libres del Sur, aunque relativizaron su importancia en la toma de decisiones. El referente de esa corriente, Humberto Tumini, aclaró que Sbattella se distanció de la agrupación antes de llegar a la UIF y que militantes podrían trabajar allí «como todavía trabajan en Desarrollo Social o Economía». Pero aclaró «que no hay un sólo miembro de Libres del Sur con responsabilidades políticas en este Gobierno».
El arribo de ese personal se combinó, en tanto, con la salida de técnicos más antiguos. Y, también, con presiones para que no trasciendan las estadías de placer de altos funcionarios de la UIF en Aruba, Washington y París, entre otros destinos durante 2010, más allá de lo que requerido por el trabajo profesional y a costa del Estado nacional.
Fuente: La Nación, 15/05/11.
Máximo Kirchner, hijo de Cristina y Néstor Kirchner.
Argentina: Denunciaron al titular de la UIF por ocultar los giros K al exterior
abril 18, 2011
AML
Anti-Money Laundering
Prevención del Lavado de Dinero
Argentina
Denunciaron al titular de la UIF por ocultar los giros K al exterior
Un abogado le pidió a la Justicia que investigue los informes de países europeos contra José Sbatella. Las sospechas de lavado de dinero y los ex funcionarios en la mira.
El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), el kirchnerista José Sbatella, y su segundo, Gabriel Cuomo, fueron denunciados penalmente en la Justicia por el supuesto delito de «violación de los deberes de funcionario público», se informó hoy en los tribunales.
La denuncia mencionó «el informe brindado al Congreso de los Estados Unidos por la secretaria de Estado Hillary Clinton», quien habría dicho allí que la UIF «no cumpliría con las funciones (…) ni habría informado adecuadamente los requerimientos de Suiza, Luxemburgo y Lichtenstein».
Los pedidos de esos países de Europa a la UIF referían, según la presentación judicial, a los «giros de dinero al exterior de la presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y del fallecido ex presidente Néstor Kirchner«, afirmó el abogado denunciante, Jorge Luis Vitale.
Esta no es la primera sospecha por lavado de dinero contra los Kirchner. En 2007, la Coalición Cívica denunció a Cristina y a Néstor ante el juez federal Julián Ercoloni por los supuestos «negociados» con el empresario Lázaro Báez.
Ante esta nueva denuncia, fuentes del organismo antilavado se defendieron: «Los funcionarios de la UIF ejercen sus funciones observando plenamente las obligaciones que les imponen las leyes».
El abogado Vitali reclamó en su presentación ante la jueza federal María Servini de Cubría que instruya medidas de prueba para «investigar si dichos países» europeos «y sus respectivas embajadas u otras instituciones solicitaron informes a la UIF y de ser cierto, cuál ha sido el resultado de dichos informes».
Asimismo, pidió comprobar si desde la UIF «se ha requerido esos mismos informes de los funcionarios más salientes del Gobierno Nacional», entre los que mencionó a «Ricardo Jaime, Héctor Capaccioli y los seis secretarios privados de la señora Presidente: Isidro Bounine, Julián Alvarez, Héctor Muñoz Alvarez, Fabián Gutiérrez y Julio Daniel Alvarez y Rudy Fernando Ulloa Igor (ex chofer de Néstor Kirchner)».
El abogado Vitali refirió además al «cable 1257 filtrado por Wikileaks fechado en Buenos Aires el 1 de diciembre de 2009 y firmado por la embajadora Vilma Martínez», que «incluye serias acusaciones a que una unidad antilavado clave de Argentina protegió a la pareja presidencial de ser investigada en el área de dinero sucio».
Y recordó que Hillary Clinton, al comparecer ante los parlamentarios estadounidenses, llamó la atención respecto a que «las autoridades» de Argentina «se encontrarían involucradas en hechos de corrupción«.
Fuente: Perfil.com – DyN.
Néstor Kirchner y Cristina Kirchner – José Sbatella
Argentina: Nuevas Normas Anti-Lavado (Resolución 19/2011 – UIF)
enero 21, 2011
Lavado de Dinero:
Argentina: La Unidad de Información Financiera publicó en el Boletín Oficial la Resolución 19/2011.
La norma está dirigida a la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) como sujeto obligado, pero impacta en aseguradoras, productores-asesores de seguros, organizadores, peritos y liquidadores. También alcanza a clientes de éstos.
La SSN deberá recabar información sobre los antecedentes personales y laborales de los empleados de los sujetos regulados por la Ley 20.091 y sus modificatorias (los arriba mencionados).
Se suma, a los controles que ya existían, un importante Monitoreo de ‘Personas Políticamente Expuestas’ y se pone especial énfasis en determinar quién o quiénes son los verdaderos propietarios o beneficiarios del cliente.
La SSN deberá designar un oficial de cumplimiento. Ya estaría lista la Gerencia en cuestión y podría entrar en funciones en el próximo mes de febrero.
Se eleva de 5 a 10 años el plazo por el cual se debe conservar la documentación respaldatoria de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
La SSN deberá cumplir con un reporte sistemático a la UIF. Será mensual y aún falta determinar a partir de cuándo y qué información se deberá suministrar.
Se fija en 30 días el plazo para reportar operaciones sospechosas de lavado de activos y en 48 horas para aquellas operaciones sospechosas de financiamiento al terrorismo
A partir del 01/04/2011 los ROS se efectuarán de manera electrónica.
La SSN deberá elaborar un plan anual de fiscalizaciones y presentarlo a la UIF. Trimestralmente, deberá rendir cuentas del resultado de tales auditorías.
Fuente: SSN. Buenos Aires, 20/01/11.
Más información en: Servicios / Servicios Bancarios
Nuevas regulaciones sobre Terrorismo y Lavado de Dinero o la utopía del status quo
febrero 14, 2024
Por Juan Félix Marteau.
El criterio que gobierna irracionalmente al sistema anti-lavado y contra-financiación del terrorismo de la Argentina es la ineficacia. Por eso, a priori, no debería llamar atención que el Senado de la Nación convierta en ley el proyecto de reformas impulsado por la Administración Fernández, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados: se trata de otro artificio normativo para superar la próxima evaluación internacional que el país debe enfrentar ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI) que no conmoverá un ápice la maquinaria burocrática que estableció un extendido control sobre los usuarios del sistema financiero formal, sin obtener ningún resultado ostensible en aquello que pomposamente se denomina el “combate” contra la gran criminalidad financiera, en particular la que se encuentra asociada instrumentalmente a los negocios ilícitos más rentables, como el tráfico de drogas y el contrabando de bienes.
La nueva norma que, por distracción o ignorancia, impulsan ahora los legisladores oficialistas y apoyan las fuerzas políticas mayoritarias, incluida su mentora, la corriente del kirchnerismo tardío, vuelve a otorgar más facultades regulatorias a la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo cuya pretenciosa fama la alcanzó en sus momentos de mayor politización facciosa, con el uso arbitrario de querellas en causas penales contra los adversarios de turno. Ahora, la ley recarga las tintas sobre las entidades de la economía virtual, las organizaciones sin fines de lucro, los llamados “beneficiarios finales” de las operaciones financieras y los abogados. Gracias a esto, este dispositivo estatal obtendrá más información sensible de los nuevos sujetos obligados, sin que ello implique modificar un fenómeno crítico:, tal como está estructurada organizacionalmente esta unidad, puede servir para muchas cosas, como profundizar el conocimiento de los clientes que realizan operaciones normales y legítimas, pero no para luchar efectivamente contra lavadores y financistas ilegítimos.
La realidad tiene cara de hereje, aunque cueste admitirlo en un ámbito subyugado por el normativismo de los estándares y las buenas prácticas globalistas: en estos 23 años de membresía en GAFI, el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la UIF, ha acumulado un stock de cerca de 480.000 reportes de operaciones sospechosas, además de una incalculable masa de big data que los “sujetos obligados” (actualmente, cerca de 80.000 personas y entidades) le remiten sistemáticamente sobre los intercambios comerciales realizados por los clientes que operan dentro del sistema formal, pero es incapaz de producir información financiera de calidad para que la justicia investigue y condene a los autores responsables y decomise los bienes ilícitos. Dicho sea de paso, los 5.500 Informes de inteligencia que este organismo diseminó en estos últimos ocho años carecen de una base normativa sustentable. Ello explica, en parte que, en este casi cuarto de siglo, las condenas por lavado apenas superen el centenar, las investigaciones por financiamiento del terrorismo se cuenten con la mano y, lo que es peor, el menoscabo a la economía de las grandes organizaciones delictivas sea prácticamente marginal. La nueva ley solo permitirá mantener este status quo regulatorio elefantiásico que resulta incapaz de proteger a los argentinos de la amenaza creciente de criminales organizados y terroristas.
Con relación a este último aspecto, el nuevo texto legal profundiza la consigna del progresismo garantista, hegemónico en este último tiempo, de degradar la categoría legal terrorismo a una mera intención que puede manifestarse en el autor de cualquier delito, por insignificante que éste sea. La consecuencia bizarra es que hoy -y a diferencia de lo que sucede en todos los ordenamientos comparados de referencia como Alemania, Italia, España, Francia-, nuestro Código Penal no cuenta con un apartado especial que defina a través de tipos penales precisos qué actos terroristas constituyen hechos punibles. Este retorcimiento jurídico, propio de quienes pregonaban que así se evitaba “criminalizar a la protesta social”, lo que consigue en verdad es disolver la posibilidad de reprimir a los actores terroristas y erosionar la cooperación internacional con los países que sí persiguen este tipo de delitos graves.
Esta nueva retroalimentación legal a un sistema fallido que van a consagrar los senadores sintonizaba bien con el gobierno anterior, férreo defensor del inmovilismo, pero contrasta de plano con las revolucionarias premisas que el presidente Javier Milei estableció para su gobierno: liberar a la gente de la pesada e inútil carga que impone el Estado en aquellas áreas -como la seguridad- dominadas por la casta parasitaria. Siguiendo la lógica interna de esta consigna política y considerando seriamente las consecuencias que podrían derivarse de la posición asumida por el Jefe de Estado en su revelador viaje a Israel, cuando declaró la enemistad al extremismo violento representado por Hamas -denominado el “nazismo del Siglo XXI”, la deducción obligada es que la Argentina necesita con urgencia contar con herramientas institucionales de otra envergadura para estar a la altura de estos desafíos.
Bajo el significativo estímulo de dejar atrás un largo periodo de decadencia institucional y moral, un programa legal en esta materia debería producir cambios estructurales tales como dotar al Estado de una verdadera plataforma de inteligencia financiera -articulada con el sistema de inteligencia nacional-, identificar y designar con determinación los actores que amenazan la seguridad nacional para aplicarles duras medidas preventivas, reforzar con real poder represivo a los fiscales y jueces para contrarrestar la acción de terroristas y bandas criminales y, algo no menor, asegurar que el nuevo funcionariado de la administración pública esté forjado por el profesionalismo, la experiencia y la templanza que esta intensa misión conlleva. Sin esta determinación, seguiremos recreando utopías para que nada cambie, dejando a los ciudadanos aún más expuestos a sufrir el escarnio del abuso y la violencia.
Fuente: lanacion.com.ar, 14/02/24
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