El criterio que gobierna irracionalmente al sistema anti-lavado y contra-financiación del terrorismo de la Argentina es la ineficacia. Por eso, a priori, no debería llamar atención que el Senado de la Nación convierta en ley el proyecto de reformas impulsado por la Administración Fernández, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados: se trata de otro artificio normativo para superar la próxima evaluación internacional que el país debe enfrentar ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI) que no conmoverá un ápice la maquinaria burocrática que estableció un extendido control sobre los usuarios del sistema financiero formal, sin obtener ningún resultado ostensible en aquello que pomposamente se denomina el “combate” contra la gran criminalidad financiera, en particular la que se encuentra asociada instrumentalmente a los negocios ilícitos más rentables, como el tráfico de drogas y el contrabando de bienes.
La nueva norma que, por distracción o ignorancia, impulsan ahora los legisladores oficialistas y apoyan las fuerzas políticas mayoritarias, incluida su mentora, la corriente del kirchnerismo tardío, vuelve a otorgar más facultades regulatorias a la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo cuya pretenciosa fama la alcanzó en sus momentos de mayor politización facciosa, con el uso arbitrario de querellas en causas penales contra los adversarios de turno. Ahora, la ley recarga las tintas sobre las entidades de la economía virtual, las organizaciones sin fines de lucro, los llamados “beneficiarios finales” de las operaciones financieras y los abogados. Gracias a esto, este dispositivo estatal obtendrá más información sensible de los nuevos sujetos obligados, sin que ello implique modificar un fenómeno crítico:, tal como está estructurada organizacionalmente esta unidad, puede servir para muchas cosas, como profundizar el conocimiento de los clientes que realizan operaciones normales y legítimas, pero no para luchar efectivamente contra lavadores y financistas ilegítimos.
La realidad tiene cara de hereje, aunque cueste admitirlo en un ámbito subyugado por el normativismo de los estándares y las buenas prácticas globalistas: en estos 23 años de membresía en GAFI, el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la UIF, ha acumulado un stock de cerca de 480.000 reportes de operaciones sospechosas, además de una incalculable masa de big data que los “sujetos obligados” (actualmente, cerca de 80.000 personas y entidades) le remiten sistemáticamente sobre los intercambios comerciales realizados por los clientes que operan dentro del sistema formal, pero es incapaz de producir información financiera de calidad para que la justicia investigue y condene a los autores responsables y decomise los bienes ilícitos. Dicho sea de paso, los 5.500 Informes de inteligencia que este organismo diseminó en estos últimos ocho años carecen de una base normativa sustentable. Ello explica, en parte que, en este casi cuarto de siglo, las condenas por lavado apenas superen el centenar, las investigaciones por financiamiento del terrorismo se cuenten con la mano y, lo que es peor, el menoscabo a la economía de las grandes organizaciones delictivas sea prácticamente marginal. La nueva ley solo permitirá mantener este status quo regulatorio elefantiásico que resulta incapaz de proteger a los argentinos de la amenaza creciente de criminales organizados y terroristas.
Con relación a este último aspecto, el nuevo texto legal profundiza la consigna del progresismo garantista, hegemónico en este último tiempo, de degradar la categoría legal terrorismo a una mera intención que puede manifestarse en el autor de cualquier delito, por insignificante que éste sea. La consecuencia bizarra es que hoy -y a diferencia de lo que sucede en todos los ordenamientos comparados de referencia como Alemania, Italia, España, Francia-, nuestro Código Penal no cuenta con un apartado especial que defina a través de tipos penales precisos qué actos terroristas constituyen hechos punibles. Este retorcimiento jurídico, propio de quienes pregonaban que así se evitaba “criminalizar a la protesta social”, lo que consigue en verdad es disolver la posibilidad de reprimir a los actores terroristas y erosionar la cooperación internacional con los países que sí persiguen este tipo de delitos graves.
Esta nueva retroalimentación legal a un sistema fallido que van a consagrar los senadores sintonizaba bien con el gobierno anterior, férreo defensor del inmovilismo, pero contrasta de plano con las revolucionarias premisas que el presidente Javier Milei estableció para su gobierno: liberar a la gente de la pesada e inútil carga que impone el Estado en aquellas áreas -como la seguridad- dominadas por la casta parasitaria. Siguiendo la lógica interna de esta consigna política y considerando seriamente las consecuencias que podrían derivarse de la posición asumida por el Jefe de Estado en su revelador viaje a Israel, cuando declaró la enemistad al extremismo violento representado por Hamas -denominado el “nazismo del Siglo XXI”, la deducción obligada es que la Argentina necesita con urgencia contar con herramientas institucionales de otra envergadura para estar a la altura de estos desafíos.
Bajo el significativo estímulo de dejar atrás un largo periodo de decadencia institucional y moral, un programa legal en esta materia debería producir cambios estructurales tales como dotar al Estado de una verdadera plataforma de inteligencia financiera -articulada con el sistema de inteligencia nacional-, identificar y designar con determinación los actores que amenazan la seguridad nacional para aplicarles duras medidas preventivas, reforzar con real poder represivo a los fiscales y jueces para contrarrestar la acción de terroristas y bandas criminales y, algo no menor, asegurar que el nuevo funcionariado de la administración pública esté forjado por el profesionalismo, la experiencia y la templanza que esta intensa misión conlleva. Sin esta determinación, seguiremos recreando utopías para que nada cambie, dejando a los ciudadanos aún más expuestos a sufrir el escarnio del abuso y la violencia.
Cayó por Lavado el primer vendedor de Bitcoin en Argentina: qué pasó y cuál fue la condena
Fue condenado por primera vez un operador de criptomonedas acusado de lavar US$ 468.400 para narcotraficantes mexicanos
Fue condenado por primera vez un operador de criptomonedas acusado de lavar US$ 468.400 para narcotraficantes mexicanos. El criminal fue sentenciado a la pena de 5 años de prisión y una multa de ocho veces el monto de las operaciones. Junto a dos cómplices, se los acusa de haber almacenado casi dos toneladas de cocaína en un depósito del parque industrial de Bahía Blanca en 2017.
La policía comprobó que el acusado realizaba las maniobras de lavado de activos a través de Bitcoin. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Bahía Blanca, integrado por las jueces Pablo Ramiro Díaz Lacava, Pablo Esteban Larriera y Pablo Alejandro Candisano Meras, junto al pedido del fiscal de juicio, Gabriel González Da Silva, lo condenó junto a otros seis sospechosos por los delitos de narcotráfico.
El acusado era reconocido en el mundo de los entusiastas de criptomonedas. Tenía su propio sitio web, Coinstructor, donde ofrecía servicios de compra venta de criptomonedas. También se dedicaba al comercio de criptoactivos desde su perfil en el sitio Localbitcoins. La plataforma es un marketplaces abierto donde los usuarios pueden comprar y vender Bitcoin en formato P2P (peer to peer, o de persona a persona). Se diferencia de los exchanges tradicionales en que no hay intermediarios y las transacciones son anónimas.
El acusado comercializaba, también, criptomonedas F2F (cara a cara) usando la billetera en frío Trezor. Un Trezor es una hardware wallet que permite hacer transacciones de criptomonedas, a través de internet, pero sin necesidad de usar una computadora o servicios de terceros. El dispositivo almacena las claves para realizar las transacciones.
González Charvay le imputó a García haber realizado «desde fecha incierta pero, al menos, hasta el 18 de junio de este año», «acciones determinadas colocando en el mercado financiero dinero perteneciente a la organización criminal de la que son parte» los mexicanos Max Rodríguez Córdova y Rodrigo Naged Ramírez -arrestados en Puerto Madero-, los también mexicanos Jesús Madrigal Vargas y Gilbert Acevedo Villanueva, que fueron apresados en Bahía Blanca, con el fin de que esos montos «perdieran el rastro y eventualmente ingresaran al sistema financiero con apariencia lícita». García, según la acusación, recibió acreditaciones de bitcoins y entregó dólares «sin exigir recibo o constancia alguna» y sin exigir identificación explicó el portal Infobae.
Por qué el Lavado de Dinero con Bitcoin es una mala idea
El bitcoin es un tipo de dinero digital (criptomoneda) al alcance de todos que nos permite realizar transacciones de forma rápida, libre y segura en todo el mundo.
Lo mejor de todo es que está descentralizado y no es controlado por ningún gobierno, banco o empresa.
Supongo que te preguntes: ¿Estas características facilitan las actividades delictivas de lavado de capital?
Quédate conmigo porque en este artículo vamos a ver por qué el lavado de dinero con bitcoins es una mala idea.
El bitcoin: ¿anónimo e irrastreable?
Supongo que en más de una ocasión habrás escuchado que las transacciones con bitcoins son anónimas e imposibles de rastrear.
Pero déjame aclarar una cosa: Esto es totalmente falso. El bitcoin por el momento no es anónimo. Garantiza cierta privacidad, pero no anonimato.
Todas las transacciones quedan registradas en el blockchain, que es una base de datos en donde se registran estas operaciones y es de dominio público.
Si bien no se piden datos personales y se utilizan claves criptográficas para registrar a los participantes, los montos y las fechas de las transacciones, es posible rastrear las direcciones IP de los usuarios, sobre todo si no se cuidan en tomar medidas para ocultarse.
En Blockchain puedes tener la misma privacidad que podría darte un pseudónimo en cualquier red social, tu identidad está encubierta, pero los datos de tu dirección dejan rastros en la web.
Esto quiere decir que el tráfico de bitcoin no está encriptado y tu proveedor de servicios de Internet puede detectarlo fácilmente.
Una vez que se registra una operación, no puede ser borrada jamás, por lo que en el blockchain se encuentran disponibles todas las operaciones que se han hecho, siendo así rastreables.
En definitiva, este mito tan difundido del supuesto anonimato del bitcoin es completamente falso y gracias a que esta red de pagos es verificable y transparente, es que se han detectado algunos casos de lavado de capital, como lo mencionaremos más adelante con ejemplos.
¿Es posible el lavado de dinero a través del bitcoin?
El lavado de dinero es algo que siempre ha existido y hoy día abundan más técnicas aun para estos fines. Pero desde la creación de los bitcoins se ha vinculado su uso con este tipo de actividades ilícitas.
Puede que surja la duda: ¿Cuál es el modus operandi de los delincuentes para el blanqueo de fondos con criptomonedas?
Como verás, con la llegada del bitcoin y el aumento de su demanda se comenzó a incrementar la popularidad de plataformas de intercambio de criptomonedas a divisas.
Como por ejemplo: Los cajeros automáticos de criptoactivos, a través de los cuales puedes realizar compra-venta de bitcoins, o las plataformas virtuales que te permiten la conversión de criptomonedas a cualquier tipo de divisa.
De tal manera estas plataformas han sido utilizadas para lavar grandes cantidades de dinero de actividades ilícitas a través de la compra de bitcoins, para posteriormente convertirlos a otras divisas.
No obstante, como hemos explicado anteriormente, las transacciones con criptomonedas dejan rastros en Internet y es posible conocer la identidad de los usuarios.
Esto facilita a las autoridades el rastreo de los implicados en este tipo de actividades ilícitas, tal y como efectivamente sucedió en varias detenciones por lavado de dinero a través de bitcoin.
¿Y qué tal algunos ejemplos de los casos más sonados?
Otro caso que podría ser de tu interés es la primera condena en Nueva York por blanqueo de divisas a través de bitcoin. Los implicados vendían a través de su página web sustancias ilícitas y aceptaban pagos a través de criptodivisas, que posteriormente convertían en dólares estadounidenses a través de plataformas de intercambio.
Con los casos de blanqueo de capital que te mostramos anteriormente me imagino que te preguntarás:
¿Qué tan posible es que en un futuro el bitcoin se convierta en una herramienta para el desarrollo de este tipo de actividades ilícitas?
Pues bien, según un informe de la Agencia Nacional Contra el Crimen (NCA) británica, el riesgo es bajo.
¿A qué se debe esto? Principalmente se detectó que los esquemas de blanqueo preferidos por los delincuentes siguen siendo en mayor medida a través de efectivo.
En el informe publicado por la NCA se explica que a pesar de ser probable que el bitcoin se esté utilizando para lavar bajas cantidades, existen pocas pruebas de que se haga en un gran volumen.
En definitiva, este organismo considera que el riesgo que representa es bajo por los momentos, y las transacciones de criptomonedas no se consideran una amenaza a gran escala.
Ahora la interrogante que sigue es: ¿Qué pasa con esas entidades bancarias, empresas y organismos gubernamentales que ven con escepticismo el uso del bitcoin?
Muchos ven las criptomonedas como un riesgo inminente y un vehículo para el desarrollo de actividades delictivas porque no está controlado por un ente central, no tiene un valor estable y no existen regulaciones en torno a esta.
Pero, ¿realmente estos alegatos tienen base?
El dinero FIAT continúa siendo el rey
El efectivo se mantiene como lo más utilizado por los delincuentes para el blanqueo de divisas.
¿Por qué?
Por la sencilla razón de que sigue siendo casi imposible rastrearlo, a diferencia de las criptomonedas.
De hecho, las entidades bancarias son más utilizadas para cometer actividades ilícitas.
Para finalizar, concluimos que el bitcoin es un medio que ofrece cierta privacidad para hacer transacciones, pero que sigue siendo transparente y verificable.
Lo cual hace que sea fácil para las autoridades rastrear e investigar acerca de actividades ilícitas que a gran escala se hagan a través de las criptomonedas.
Es por esto que no es un medio recurrente para el lavado de capital, y contrario a lo que quieren hacer creer grandes entidades bancarias o gubernamentales, el bitcoin no representa por ahora un riesgo financiero a gran escala.
John McAfee, el pionero de los antivirus, ha sido acusado junto a su asesor Jimmy Gale Watson de fraude y blanqueo de dinero por fiscales de Nueva York.
Los dos son imputados de haber utilizado cuentas de McAfee en redes sociales para publicitar varias criptomonedas con el fin de impulsar su valor.
John McAfee
Ambos compraron grandes cantidades de criptodivisas cotizadas en bolsa a bajos precios para venderlas en las redes sociales, mediante un método conocido como “scalping”.
Scalping, cuando se usa en referencia a la negociación de valores, materias primas y divisas, puede referirse a un método legítimo de arbitraje de pequeñas brechas de precios creadas por el diferencial de oferta y demanda, o una forma fraudulenta de manipulación del mercado.
“Como se alega, McAfee y Watson explotaron una plataforma de medios sociales ampliamente utilizada y el entusiasmo entre los inversores en el mercado emergente de criptodivisas para ganar millones a través de mentiras y engaños”, escribió la fiscal federal de Manhattan Audrey Strauss en un comunicado.
“Los acusados supuestamente utilizaron la cuenta de Twitter de McAfee para publicar mensajes a cientos de miles de sus seguidores de Twitter promocionando varias criptodivisas a través de declaraciones falsas y engañosas para ocultar sus verdaderos e interesados motivos”.
Así, McAfee, Watson y otros miembros del equipo de criptomonedas supuestamente obtuvieron más de 13 millones de dólares de los inversores a quienes habrían engañado a través de sus esquemas fraudulentos.
En tanto, otro integrante del equipo de McAfee se habría encargado del lavado de dinero mediante una serie de transacciones bancarias.
De esta forma, el panorama no es alentador para el programador informático que está a la espera de ser extraditado desde España por cargos de evasión fiscal.
Sólo con los nuevos cargos que se le imputan, el empresario de 75 años arriesga una pena de 60 años en la cárcel.
Hoy en día, está bastante bien establecido que un asesor de inversiones no debería comprar posiciones en su propio nombre poco antes de recomendar esa posición a sus clientes. Hace cincuenta años, surgió la duda de si la SEC Securities and Exchange Commission (Comisión de Bolsa y Valores) podría tomar medidas para evitar esto o exigir la divulgación.
El caso de prueba llegó contra la Capital Gains Research Bureau (Oficina de Investigación de Ganancias de Capital). La empresa produjo un boletín de noticias mensual recomendando valores. En 1960, la empresa compró valores antes de recomendarlos en su informe para inversiones a largo plazo. En cada ocasión, hubo un aumento en el precio de mercado y el volumen de negociación del valor recomendado a los pocos días de la distribución del Informe. Inmediatamente después, la empresa vendió su posición con una ganancia.
La SEC solicitó una orden judicial para detener esa práctica a menos que la empresa revele que puede estar negociando con los valores mencionados en el informe. La firma impugnó la orden judicial diciendo que la SEC tiene que demostrar la intención de dañar a los clientes o una pérdida real de dinero. El tribunal de primera instancia y el tribunal de apelaciones estuvieron de acuerdo con la firma. La SEC continuó la lucha y el caso terminó en manos de la Corte Suprema.
Los magistrados del tribunal superior acudieron al rescate de la SEC.
Los altos estándares de moralidad empresarial exigidos por nuestras leyes que regulan la industria de valores no permiten que un asesor de inversiones negocie sobre el efecto de mercado de sus propias recomendaciones sin revelar plena y justamente sus intereses personales en estas recomendaciones a sus clientes.
La experiencia ha demostrado que la divulgación en tales situaciones, si bien no es onerosa para el asesor, es necesaria para preservar el clima de trato justo que es tan esencial para mantener la confianza pública en la industria de valores y preservar la salud económica del país.
Y así, la SEC ganó la capacidad de expandir los tipos de actividad que podrían considerarse fraudulentas, engañosas o manipuladoras. Y hacerlo sin tener que mostrar la intención de dañar a los clientes o una pérdida real de dinero.
La UE y las naciones del Caribe en desacuerdo sobre la lista negra de lavado de dinero
Por Anastasia Austin.
Las Bahamas, Barbados, Jamaica y Trinidad y Tobago son el blanco del último informe de lavado de dinero de la UE
La última lista negra de lavado de dinero de la Unión Europea incluyó a cuatro naciones caribeñas que han sido consideradas países de alto riesgo, que se enfrentaron con gritos de injusticia de los funcionarios. Pero, ¿por qué se agregaron estos países y qué pueden hacer para salir de la lista?
A principios de mayo, la UE publicó su lista de países que no han abordado adecuadamente las amenazas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, incluidas Bahamas, Barbados, Jamaica y Trinidad y Tobago. Panamá fue el único otro país de América Latina en unirse a la lista.
La lista se basa en las recomendaciones formuladas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el principal organismo de normalización en este campo. La lista negra de la UE utiliza la lista de monitoreo del GAFI como punto de partida y sirve como una forma de responsabilizar a los países incluidos, ya que el GAFI no tiene capacidad de aplicación propia.
Las consecuencias para los países incluidos en la lista negra podrían ser graves . Se prohíbe a las empresas de estos países recibir nuevos fondos de la UE, mientras que los bancos europeos y otras instituciones financieras deben llevar a cabo controles más exhaustivos de las transacciones realizadas en estas naciones incluidas en la lista negra o relacionadas con ellas.
Y aunque en teoría, los países solo tienen que mostrar un progreso positivo y tangible en las áreas recomendadas para salir de la lista negra de la UE, ningún país latinoamericano ha sido eliminado de él desde que comenzó en 2016.
Para complicar aún más el asunto, la lista negra de 2020 incluyó una metodología revisada para identificar terceros países de alto riesgo, lo que significa que los países no tienen ejemplos anteriores concretos para ver cómo ser eliminados de la lista.
La condena de los países incluidos fue casi universal, acusando a la UE de tomar decisiones arbitrarias, de no tener en cuenta los progresos ya realizados y de proporcionar poca o ninguna advertencia.
Aquí, InSight Crime analiza las razones por las que cada país se incluyó en la lista.
Las Bahamas
Bahamas bien puede sentir que fue injustamente incluido en la lista negra. En febrero, el GAFI determinó que el país había completado un plan de acción para abordar las vulnerabilidades de lavado de dinero. Una evaluación in situ se planeó para eliminar las Bahamas de la lista de vigilancia del GAFI (a partir de la cual se extrae la lista de la UE), pero esto se retrasó debido a las restricciones de viaje coronavirus.
Cuando se realice la evaluación, las Bahamas serán juzgadas por mejoras específicas, incluido el fortalecimiento del sistema financiero contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo mediante la implementación de procedimientos para la supervisión basada en el riesgo, el intercambio de información con socios internacionales y la aplicación de la ley, la recopilación y la verificación de beneficios información de propiedad y un compromiso demostrado para resolver y enjuiciar casos de lavado de dinero, incluidos casos complejos en los que los ingresos pueden haberse originado en el extranjero.
En septiembre de 2019, el Fiscal General de Bahamas, Carl Bethel, declaró que el país ha hecho un gran progreso en la lucha contra el lavado de dinero, habiendo obtenido 40 condenas por lavado de dinero en cuatro años y demostrando su disposición a investigar y enjuiciar todo tipo de lavado de dinero.
La UE declaró que, en espera de la evaluación del GAFI, no tenía suficiente información para confirmar que las «deficiencias estratégicas de las Bahamas se han abordado de manera efectiva».
Esta explicación no fue suficiente para Bethel, que criticó a la UE por su decisión, diciendo que fue «un acto hostil por parte de uno de los bloques económicos más grandes del mundo» tratar de lograr que las Bahamas implementen un «impuesto a las ganancias corporativas». Desestimó que la UE simplemente estaba siguiendo las recomendaciones del GAFI, ya que Trinidad y Tobago abandonó el monitoreo de delitos financieros del GAFI en febrero de 2020 y aún permanece en la lista negra de la UE.
Las Bahamas fueron eliminadas recientemente de otra lista de la UE. En febrero de 2020, la UE eliminó a las Bahamas de la Lista de jurisdicciones no cooperativas de la UE para fines fiscales, felicitando a la nación isleña por haber «implementado las reformas necesarias para cumplir con los criterios de la UE sobre gobernanza fiscal y cooperación en materia fiscal».
Barbados
La lista negra incluía cinco áreas específicas para mejorar en Barbados. El primer problema, y quizás el más importante, es la falta de «supervisión basada en el riesgo» para los sectores y las empresas que probablemente se utilizarán para el lavado de dinero, incluidos bancos, casinos, corredores de bienes raíces y comerciantes de metales preciosos.
Los otros señalaron problemas generales en el sistema actual de Barbados para combatir el lavado de dinero, incluido el conocimiento de la propiedad total de las empresas con sede allí, así como los malos resultados de los enjuiciamientos y la confiscación de activos en casos de lavado de dinero. Y aunque Barbados tiene una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el monitoreo del GAFI declaró que todavía tenía deficiencias para trabajar, incluida la mejora de «la calidad de su información financiera para ayudar mejor a las agencias de aplicación de la ley».
En enero de 2020, el ex ministro de industria y comercio de Barbados, Donville Inniss, fue declarado culpable de lavado de dinero en Nueva York, después de haber intentado lavar sobornos que recibió de una compañía de seguros en los Estados Unidos.
Pero Barbados no está contento con la falta de comunicación de la Unión Europea. El abogado de Barbados, Dale Marshall, condenó la acción de la UE y le dijo a Jamaica Observer que no era más que una condena sin un juicio. «No nos han dado detalles de esto, y de hecho la primera vez que nos enteramos es a través de la prensa extranjera», afirmó.
De ser cierto, esto va en contra de la afirmación de la Comisión de la UE de que «informó a terceros países de antemano de su intención de incluirlos en la lista y les proporcionó los resultados de su análisis».
Jamaica
Por su propia admisión, el lavado de dinero es un problema grave en Jamaica. En septiembre de 2019, el Ministerio de Seguridad Nacional de Jamaica estimó que el lavado de dinero representa alrededor del 2.8 por ciento del PIB nacional y lo calificó como un «peligro claro y presente para el país». En febrero de 2020, el Ministro de Hacienda y Servicios Públicos de Jamaica, Nigel Clarke, le dijo a Jamaica Gleaner que, aunque el país había avanzado, «queda una cantidad significativa de trabajo por hacer».
Al igual que Barbados, Jamaica ahora se encuentra tanto en la lista de monitoreo del GAFI como en la lista negra de la UE , con seis áreas principales de mejora que abordar para tener la oportunidad de ser eliminado de cualquiera de ellas. Para comenzar, Jamaica necesita desarrollar una comprensión más integral de su riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, incluso antes de que pueda comenzar a mejorar la supervisión basada en el riesgo.
Esta falta de información parece afectar las otras deficiencias de Jamaica, ya que, si está disponible, permitiría al país aumentar las investigaciones de lavado de dinero mediante el uso de información financiera para abordar los agujeros en su regulación de beneficiarios reales. También se le dijo a Jamaica que mejorara sus barreras al financiamiento del terrorismo, especialmente a través de organizaciones sin fines de lucro. Es el único país de América Latina y el Caribe en la lista con esta deficiencia.
Aún así, la decisión parece haber sido altamente politizada dentro de Jamaica, evocando la indignación hacia la UE por parte de la administración en funciones.
Según Clarke, la decisión fue arbitraria, basada en un cambio técnico en la medida del tamaño económico del GAFI, lo que significó que Jamaica excedió por primera vez el umbral de activos financieros del GAFI y «se incluyó en la lista de países en los que el GAFI se enfocaría y monitor ”, le dijo al Jamaica Observer. Sin embargo, la oposición de Jamaica, el Partido Nacional del Pueblo, ha dicho que el gobierno debe aceptar la responsabilidad de ser agregado a la lista negra financiera de la UE y que estaba «poniendo en peligro a Jamaica».
Trinidad y Tobago
En febrero de 2020, el GAFI felicitó a Trinidad y Tobago por el progreso significativo en abordar las deficiencias en su estrategia de lavado de dinero y oficialmente sacó al país de su lista de monitoreo. Sin embargo, la nación insular permanece en la lista negra de la UE, ya que el bloque dijo que la información disponible no le permitió concluir si Trinidad y Tobago había abordado sus deficiencias en este momento, especialmente en lo que respecta a la titularidad efectiva de los arreglos legales.
Esto demuestra que si bien la evaluación del GAFI puede influir en gran medida en la UE, el bloque no acepta ciegamente las decisiones del GAFI y se adhiere a su propia metodología.
La propiedad beneficiaria se refiere a cuando el propietario de un activo puede ocultar su control y su dinero invirtiéndolo en estructuras como fondos fiduciarios, cuentas en el extranjero y empresas, a menudo en nombre de un abogado o contador. Esto hace que sea prioritario para la UE y el GAFI que los países recopilen información sobre los propietarios beneficiosos y legales de todos los activos y estructuras.
Hasta 2019, Trinidad y Tobago no requería que las empresas reunieran, mantuvieran e informaran esta información vital. Sin embargo, una enmienda a la Ley de Sociedades cerró este vacío en el marco legal del país.
InSight Crime no encontró respuesta pública de Trinidad y Tobago, tal vez porque no hay cambios en su estado o porque la Comisión de la UE ha prometido priorizar su revisión de los esfuerzos contra el lavado de dinero del país.
“Como en general en la región, los directivos e intermediarios de seguros no tienen claro los riesgos que corre esta industria con el LD/FT, no le dan el mayor interés al tema de la prevención”.
Por Fernando Martínez.
A pesar de los esfuerzos de los reguladores por promover una cultura de riesgos en los diferentes sectores, todavía hay muchos directores, dueños e intermediarios de la industria de seguros que consideran que no ameritan tomar medidas preventivas y de control antilavado de dinero.
En general, existe la creencia de que como no existe manejo de efectivo, en la generalidad de las transacciones con seguros, entonces la actividad no es vulnerable a ser blanco de los criminales para legitimar capitales.
Para el criminólogo y Jefe de la Unidad Estratégica de Análisis e Inteligencia Criminal del Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica, Edwin Granados, en Latinoamérica persiste una visión poco precisa de los riesgos que implica la ecuación de la industria de seguros, el fraude y el LD/FT.
– ¿Existe en la región una clara conciencia de los riesgos del lavado de dinero a través de la industria de seguros o sencillamente la previsión se centra en el fraude?
En Latinoamérica, no hay una clara consciencia de que éste sea un tema que les sea inherente. En términos generales, tanto las compañías de seguros como los intermediarios de seguros y supervisores, por no tener claro la forma efectiva en que esto puede darse, no le dan interés. Los primeros como sujetos obligados básicamente orientan sus esfuerzos al riesgo de incumplimiento de la norma, y pasan de lejos el asunto. Ha faltado inculcar más que se trata de una problemática de carácter social. El negocio de los seguros también tiene una alta cuota de responsabilidad. Acá el tema no es tanto si se centra en el fraude o en el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, el tema es que ambos están entremezclados y si no se comprende su dinámica, aún la atención en el fraude no dará el resultado efectivo que cubra éste otro aspecto. Ambos están íntimamente relacionados. El fraude es un delito precedente del LA-FT, en seguros de daños no es factible un lavado de dinero directo, como si lo es en seguros de vida con inversión. Por esa razón, hay que tener una doble visión en el ámbito asegurador para poder comprender el espectro de este riesgo.
– ¿Es el sector seguros tan vulnerable al LD/FT tanto como el sector bancario o bursátil al lavado de dinero? Sí lo es, pero es más lento, más pausado y elaborado. Se han constituido mecanismos alternos a los que que en otrora se utilizaban, buscando la banca como medio directo. El crimen organizado dispone de tiempo y métodos para ir más lento, pero igual son efectivos con formas encubiertas para finalmente lograr el objetivo de insertar dinero ilícito en los sistemas bancarios, es decir, no llegan con los billetes directamente a la entidad bancaria, sino utilizan otros sectores como intermediarios en el proceso de lavado. Luego desde estas entidades, el dinero llega limpio a los bancos, lo cual por supuesto no genera ningún tipo de sospechas. Es por esta razón que se deriva la importancia de conocer en cada uno de estos negocios los mecanismos posibles para ejecutar esos ilícitos, pues pueden estar siendo utilizados para lavar y servir de puente a los bancos.
Las alarmas
-¿Cuáles son las principales alarmas que debe encender la industria aseguradora ante el crimen organizado?
Bueno, hay que tomar en cuenta que en la vida de los seguros existen dos procesos principales, el primero referido al proceso de aseguramiento, momento en el cual se produce el vínculo con el cliente, desde ese momento existen distintas señales que podrían despertar alerta para el intermediario de seguros o bien para la compañía de seguros. Para citar un comportamiento vital, que puede generar una alarma, es básicamente cuando el asegurado se niega a brindar información sensible. Es necesario aclarar que en materia de seguros no siempre se pide el respaldo de ingresos, que es sensible y esto tiene una clara explicación también. Ahora, el segundo y eventual proceso es el de reclamación, pues por la naturaleza del negocio de los seguros no se espera que necesariamente deba presentarse un reclamo, esto en virtud de que el negocio de los seguros es principalmente la compra de riesgos, cuando estos riesgos se materializan de manera constante y el asegurado evidencia un alto Índice de siniestralidad, es entonces cuando la entidad aseguradora deberá evaluar inmediatamente al cliente.
– ¿En qué consiste esta evaluación?
Se debe elaborar en primer lugar un análisis técnico del riesgo moral de ese cliente y mediante la investigación técnica proveer los elementos necesarios para evaluar si está ante un cliente con sospecha de lavado de dinero y proceder entonces con el cumplimiento de la norma respectiva. Por esta razón no se pueden ver estos temas como separados y cuando hablamos de «tipologías» en realidad estamos hablando en algunos casos de indicadores de fraude, no se puede pensar en seguro de daños en tipologías como típicamente se le denomina a estos comportamientos atípicos en el ámbito bancario. Hay muchas diferencias el negocio es muy distinto.
– ¿Hace más vulnerable a la industria de los seguros la figura del “intermediario”? La diferencia del riesgo de LD/FT entre el intermediario y el asegurador, es de vital importancia porque ambos se necesitan irremediablemente, esto por ejemplo hace una distinción con el negocio bancario. Pues bien, es necesario comprender los roles de cada uno, sus distintas participaciones y sobre todo tener la capacidad de determinar sobre cuál de estos grupos -asegurador e intermediarios- recae las responsabilidades y que tan viable es que alguno de estos diga: ese no es mi problema.
Fuente: LavadoDinero.com, 07/07/14.
Corrupción y Lavado de Dinero a través de los Clap en la mira de Estados Unidos: Vienen nuevas sanciones
Estados Unidos está preparando medidas que van desde cargos criminales hasta sanciones contra personas que cree que están involucradas en los “Comité Local de Abastecimiento y Producción” (CLAP) del chavismo en Venezuela, según funcionarios de los Estados Unidos, como parte de un esfuerzo por identificar lo que describen como una operación de lavado de dinero a gran escala.
Se espera que las medidas se implementen en las próximas semanas y meses, en un intento por aumentar la presión sobre el régimen de Caracas. Los Estados Unidos y muchos otros países han reconocido a la oposición política como el gobierno legítimo de Venezuela, pero Nicolás Maduro, apoyado por Cuba y Rusia, se ha mantenido en el poder, sofocando un reciente impulso respaldado por Estados Unidos para expulsarlo.
El gobierno de los EEUU se está preparando para alegar en cargos y sanciones penales que los funcionarios venezolanos y los contratistas privados, incluido un empresario colombiano, han lavado miles de millones de dólares en fondos estatales destinados al programa de alimentos y otras operaciones estatales, dijeron los funcionarios y otras personas familiarizadas con el asunto.
Vuelo de comida
De acuerdo con un alto funcionario del Tesoro, a través de las supuestas redes de lavado de dinero, algunas de estas personas acumularon grandes sumas en cuentas en el extranjero, así como en bienes raíces, yates y aviones estadounidenses. La economía de Venezuela se ha derrumbado en los últimos años, causando desnutrición generalizada e hiperinflación.
Caracas dice que las acusaciones son parte de una campaña de desprestigio estadounidense. “Estados Unidos cree que nos pondrá de rodillas con ataques, amenazas y golpes”, dijo Maduro en un discurso en abril. “Pero nunca nos rendiremos”. Su oficina dijo que las investigaciones del Clap son un intento de sabotear la capacidad del país para importar alimentos. El Ministerio de Información de Venezuela no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.
El Departamento de Estado, el Tesoro y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han estado viajando por todo el mundo, incluidas paradas en Portugal, Qatar, Panamá, Turquía y Hong Kong, buscando incautar activos que, según dicen, deberían estar en manos de Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela respaldado por Washington.
Las últimas acciones dirigidas los Clap están diseñadas para interrumpir el supuesto lavado de dinero, privando al régimen de Maduro de los ingresos que los Estados Unidos consideran ilegítimos. Al exponer estas actividades, EEUU también pretende socavar la legitimidad del régimen tanto en el país como en el extranjero y ayudar a rastrear los activos estatales que Washington dice que deben ser controlados por el Sr. Guaidó.
“Este tipo de corrupción corroe las instituciones democráticas y los mercados libres, perjudica el comercio internacional y las empresas que intentan participar éticamente, incluidas las empresas estadounidenses, y ponen en peligro la seguridad nacional de los países de la región”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Brian Benczkowski, quien supervisa la división penal del Departamento de Justicia.
Los funcionarios del gobierno de Maduro, incluidos los principales militares, “están usando el programa Clap para robar, lavar dinero y para el control político”, dijo el funcionario del Tesoro.
“Los miembros de la pandilla de corruptos de Maduro continúan buscando flujos de ingresos ilícitos, incluso cuando el pueblo y la economía venezolanos se hunden más en la desesperación”, dijo otro alto funcionario del Tesoro, Sigal Mandelker, el subsecretario de sanciones. “Estamos alertando a las instituciones financieras que el régimen de Maduro está utilizando esquemas sofisticados, incluido el desvío de asistencia humanitaria, para evadir sanciones y mantener su control sobre el poder”.
Las autoridades estadounidenses, colombianas y mexicanas tienen investigaciones sobre el empresario colombiano, Alex Saab Morán, y muchos de sus negocios y asociados, dijeron funcionarios estadounidenses y otros.
Danske Bank: el elevado costo de juntar un mal cumplimiento, una gerencia desidiosa y unos auditores complacientes
Por Juan Alejandro Baptista.
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Miles de millones de dólares en multa, un gran daño reputacional, 8 empleados procesados penalmente y una enorme cantidad de dinero ilícito siendo aprovechado por criminales son algunas de las consecuencias del escándalo de Lavado de dinero que protagoniza el banco danés Danske Bank A/S, acusado de permitir el lavado de más de US$ 234.000 millones a través de su sucursal en Estonia.
El dinero ilícito procedente de Rusia y de otras naciones de la ex Unión Soviética fue procesado entre 2007 y 2015 por la sucursal del banco. Durante ese período, diversos indicadores mostraban el movimiento irregular de fondos, sin embargo la directiva de la entidad, con sede en Dinamarca, decidió ignorarlos.
El banco especificó que unos 15.000 clientes no residentes de Estonia realizaron 9,5 millones de transacciones de pago con un valor total de US$ 234.000 millones, una cantidad que es 10 veces superior a la economía total del pequeño país balcánico. Unos 6.200 fueron considerados por los investigadores como clientes que reúnen los “indicadores más altos de riesgo”.
Los reguladores de Dinamarca, Reino Unido, Estados Unidos y de algunas naciones europeas están adelantando las investigaciones y, según algunas estimaciones preliminares emitidas por The Wall Street Journal, las multas combinadas que enfrenta el banco pudieran estar sobre los US$ 4.600 millones.
Limitado presupuesto para ALD
En el año 2008, el banco ejecutó un proceso de modernización tecnológica a nivel global, pero la directiva decidió no realizar la adaptación en la sucursal de Estonia, alegando que “era muy costosa y requería de muchos recursos”, según indicaron voceros de la entidad.
Las investigaciones realizadas por el mismo banco develaron que gran parte de las fallas en el programa de cumplimiento fueron ocasionadas porque la sucursal de Estonia no contaba con sistemas tecnológicos adecuados, que permitieran implementar un adecuado manejo de información, un registro efectivo de clientes, una gestión de riesgos eficiente y un monitoreo transaccional con los mismos estándares que la matriz de la entidad.
Ignorar al corresponsal
Otra enorme falla de la directiva del banco fue ignorar la preocupación del JP Morgan Chase, su banco corresponsal hasta el año 2013. El gigante estadounidense decidió cortar la relación comercial por las deficiencias mostradas por la entidad danesa en su portafolio de clientes no residentes de Estonia. Lejos de ordenar una auditoría de cumplimiento que le permitiera identificar las fallas e iniciar los correctivos necesarios, los líderes de la entidad prefirieron ignorar la situación.
Auditorías complacientes
Los reguladores también están analizando el papel desempeñado por las firmas responsables de hacer auditorías (de cumplimiento y financiera) a la entidad durante el período cuestionado. En 2013, cuando el flujo de dinero sospechoso alcanzó su punto máximo, la sucursal de Estonia obtuvo un rendimiento del 402% sobre el capital asignado, mientras que todo el grupo obtuvo un 6,9%.
En mayo, la Autoridad de Supervisión Financiera (FSA por sus iniciales en inglés) emitió una fuerte crítica contra los directivos del banco por no haber reaccionado adecuadamente y a tiempo ante las distintas señales de alerta. Sin embargo, el mismo argumento está siendo utilizado ahora por las autoridades europeas para investigar el desempeño de la agencia danesa FSA en materia de supervisión.
Según una investigación del diario The Irish Times, entre 2010 y 2014 el Danske Bank alternó entre diversas firmas: Grant Thornton, PwC, KPMG, Deloitte y EY. (Durante este tiempo, las unidades danesas de KPMG y EY se fusionaron, al igual que Grant Thornton y PwC). En los informes anuales del banco, todos los auditores aprobaron sistemáticamente sus números, sin plantear ninguna preocupación por las operaciones de la entidad.
Danske Bank y el techo de vidrio muy grande del continente europeo
Por Álvaro Tomas.
Resulta raro que los grupos periodísticos, como el Consorcio de Periodistas Investigativos Internacionales (ICIJ), no hayan hecho sus navidades con el escándalo de Danske Bank de Dinamarca. Hubiera sido un banco en Panamá o en el Caribe y estuvieran celebrando con champaña. Resulta aún más raro que los franceses no se hayan montado en su pedestal y hayan criticado la falta de controles en Dinamarca y Estonia (miembros de la Unión Europea y de la OCDE), en lo que la “Comisión Europea ha descrito el caso de lavado de dinero del banco más grande en Dinamarca como el mayor escándalo en Europa” (The Guardian, 20/09/2018). The Financial Times, del 3 de octubre pasado, lo llama como “el escándalo de lavado de dinero más grande en la historia del mundo”. A pesar de la magnitud del escándalo, Verá Jeurová, comisionada europea de justicia, expresó: “Este es el mayor escándalo que tenemos en Europa y que también sirve como una lección no agradable de que debemos ser más vigilantes y mucho más prudentes revisando las actividades bancarias”. Esa declaración es tan, pero tan cínica, que es brillante. Aplausos de pie.
Las personas que les encanta achicopalarse ante las exigencias de organismos y países que –sin tener ni jurisdicción ni autoridad moral discriminan a Panamá– no se han dado cuenta de las dimensiones de esta operación de lavado. El entramado de blanqueo de Odebrecht, comparado con esto, es un juego de Lego. Y así tienen el tupé los europeos de llamarnos delincuentes y lavadores. Será que no han leído la nota de Bloomberg, con fecha 3 de octubre escrita por Ott Ummelas, que dice “Danske Bank se ha convertido en un sinónimo en Dinamarca de lavado. Pero hay señales crecientes de que este solo representa una parte pequeña de la máquina europea de plata sucia”. “Solo representa una pequeña parte…”, me parece que viene material para escribir por un par de años más. Y esperemos que se metan los gringos a investigar si usaron su sistema bancario para lavar plata rusa. ¡Uff! Pobres europeos.
Recapitulemos. La única sucursal de Danske Bank en Estonia (1.3 millones de habitantes) fue utilizada por delincuentes desde el año 2007 para blanquear la suma de 234 mil millones de dólares o el equivalente a 10 veces el tamaño de la economía de ese país. Esa pequeña sucursal de Danske Bank en Estonia representaba, únicamente, el 0.5% de los activos del banco danés, pero 8% de las utilidades antes de impuestos del banco. Nadie vio, ni pensó, nada raro. Para entender estas dimensiones, digamos que es el equivalente a que un banco panameño en su sucursal de Chitré haya hecho operaciones bancarias a la vista de reguladores, corresponsales bancarios, comerciantes, autoridades policiales y judiciales y periodistas por 550 mil millones de dólares. Los daneses tampoco discriminaron de a dónde provenían los fondos: Estonia, Rusia, Reino Unido, Chipre y más de 130 países. Ya en el año 2013 -no por decisión de GAFI, de la Unión Europa o porque estaban en una lista de esas que les encantan a los gabachos- perdieron sus dos bancos corresponsales de sus cuentas en dólares. Aun así, los reguladores no se imaginaron nada. Debió ser el frío que producen los hielos marinos del mar Báltico que les congeló el cerebro.
A finales de ese mismo año, un empleado denunciante ( whistleblower) llamado Howard Wilkinson informó en un correo electrónico a sus superiores en Danske Bank, Estonia, sobre el “fallo casi completo de los procesos” al referirse a una sociedad constituida en el Reino Unido (otro miembro de la OCDE) que estaba “inactiva” con un balance de 965 mil dólares y de la cual el banco, cito a The Financial Times, “no sabía quién era su beneficiario final” (las palabras más temidas en los bancos y bufetes de abogados panameños). Ante la insistencia del señor Wilkinson en que se corrigieran las fallas de cumplimiento, un ejecutivo del banco le dijo, según The Financial Times, que “Danske Bank no tiene la obligación de reportar cuentas de clientes falsos a las autoridades”. ¿Me estás vacilando Álvaro? No, no lo estoy vacilando. A nuestra Superintendencia de Bancos le da un derrame cerebral colectivo si se entera de que un ejecutivo de un banco local piensa así.
Danièle Nouy, el regulador principal de la Unión Europea, ha dicho que Europa debe ir más allá y crear un organismo centralizado para manejar el tema de lavado de dinero. Por ahora no existe la voluntad política por lo que cada país miembro se encarga de vigilar su sistema financiero. Mientras tanto, los billones en plata ilícita seguirán su fácil camino a través del sistema financiero europeo. Los del Viejo Continente tienen un techo de vidrio muy grande para andar tirando tantas piedras.
El banquero Krull se declara culpable del lavado de 1.200 millones de PDVSA y todo apunta a Maduro
Nicolás Maduro, en Caracas junto al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, con el que mantiene una excelente relación.
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El alemán Matthias Krull, exjecutivo de un banco suizo, se declaró este miércoles culpable de Lavado de Dinero en una corte de Miami (Estados Unidos) como parte de una trama que blanqueó unos 1.200 millones de dólares desfalcados a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Admitió que movió millones de dólares a favor de los hijastros de un político venezolano que fuentes de Univision Noticias identificaron como el presidente Nicolás Maduro.
En su declaración de culpabilidad, según Univisión, Krull, de 44 años y quien residía en Panamá, desveló que asesoró en operaciones de lavado de dinero a un cómplice identificado por la denuncia criminal como un empresario dedicado al negocio de la televisión y a quien el documento se refiere como ‘Conspirador 7’.
Cuatro fuentes independientes, con conocimiento directo de la investigación, confirmaron a Univision Noticias que se trata de Raúl Gorrín, dueño del canal Globovisión que opera en Venezuela, un hecho corroborado por otros medios de comunicación que también han identificado con sus fuentes a Gorrín como el ‘Conspirador 7’.
Howard Srebnick, abogado de Raúl Gorrín en Miami, no quiso hacer declaraciones a Univisión sobre el caso, aunque sí aseguró que su cliente niega estar involucrado en las operaciones de lavado de dinero de Krull.
Gorrín tiene propiedades en Florida, además de ser dueño en Venezuela del canal de televisión que cambió la línea editorial para favorecer al gobierno de Nicolás Maduro, sumándose a la censura oficial, asegura Univisión. También es propietario de Seguros La Vitalicia.
Krull reconoció a la juez que recibió instrucciones del ‘Conspirador 7’ para mover 159 millones de euros de los tres individuos identificados en la denuncia como ‘Los Chamos’.
De acuerdo a las fuentes de Univision Noticias, ‘Los Chamos’ son los hermanos Gavidia Flores, hijos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, esposa de Maduro e hijastros del presidente que ha llevado el país al abismo.
Según el sumario del caso, el ‘Conspirador 7’ llamó a Krull a su oficina en Venezuela en relación a 200 millones de dólares. “‘Conspirador 7’, aseguro que necesitaba una decisión urgente para mover estos fondos, y quería que Krull conociera a los dueños de los fondos’’, recoge Univisión.
La investigación, denominada ‘Operation Money Flight’, que ha sido identificada como la mayor operación en materia de lavado de dinero en Florida, se reveló a finales de julio cuando fueron aprehendidos Krull, en Miami, y Gustavo Adolfo Hernández Frieri, en Italia. Ambos fueron identificados como los cerebros financieros de las operaciones de lavado.
Así fue operación que desmanteló una supuesta red de exfuncionarios chavistas que intentaba lavar 1.200 millones de dólares.
Otras nueve personas fueron acusadas de pertenecer al esquema. Entre ellas, el uruguayo Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara y al portugués Hugo Andre Ramalho Gois por su supuesta participación en el complot, que utilizaba propiedades inmobiliarias en Miami y planes complejos de inversiones para lograr sus objetivos. La acusación, además, menciona una trama de lavado de dinero en la que participaron funcionarios, banqueros y algunos personajes solamente identificados como “conspiradores”, “funcionarios” o “fuente confidencial” (CS, en inglés).
El pasado viernes la fiscalía federal de Miami, encausó a un nueco personales. Se trata de Mario Enrique Bonilla Vallera, a quien se le atribuye actuar como testaferro de ‘Los Chamos’ en cuentas bancarias y otros negocios.
Los cargos establecen que el ‘Conspirador 7’ presentó a Krull a ‘Los Chamos’. El padrastro de esos chamos es identificado en la denuncia como “Funcionario Venezolano 2”. El gobierno de Venezuela no se ha pronunciado sobre el caso.
Durante la audiencia, Krull permaneció sentado entre sus abogados. Univisión detalla que vestía un arrugado uniforme carcelario de color beige, medias marrones y sandalias de goma bajo las cadenas de sus tobillos. Miraba fijamente a la jueza Cecilia Altonaga desde sus lentes de pasta negros. Tomaba agua en un vaso de plástico y se inclinaba al micrófono de su mesa para responder breve y conciso a las preguntas. Solo tuvo que aclarar su voz luego de la lectura completa de los hechos que lo involucran con detalles de reuniones y “conspiradores” en la trama de lavado. “Sí, yo soy”, pronunció en inglés.
“Entiendo y estoy de acuerdo”, dijo en cuatro oportunidades y aceptó también cuando la jueza mencionó la posible sentencia de 10 años como consecuencia de su aceptación de culpabilidad.
“Krull manejaba actividades bancarias para numerosos funcionarios venezolanos y cleptócratas”, se lee en los documentos de la corte, que además señalan que era el “banquero personal del Conspirador 7”. Por tanto, aceptó, sin negarlo, que blanqueó 1.200 millones de dólares obtenidos por fraudes y malos manejos. También admitió que la trama involucra a conspiradores y funcionarios venezolanos.
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El funcionamiento de la trama
Krull admitió que la conspiración comenzó en diciembre de 2014 con un plan diseñado para malversar alrededor de 600 millones de dólares de PDVSA obtenidos mediante sobornos y fraudes, y que él se unió en 2016.
Según la demanda judicial, hacia mayo de 2015, la trama supuestamente dobló el monto del fraude a 1.200 millones de dólares desfalcados de la compañía.
Krull corroboró que en la trama están implicados responsables financieros, compañías inmobiliarias, bancos y casas de bolsa en Estados Unidos y otras partes que operaban como una red profesional de lavado de dinero.
Exministro de Honduras se declara culpable en NY de Lavado de dinero
La corte del distrito sur de Nueva York anunció este martes que el exministro de Inversiones de Honduras, Yankel Rosenthal Coello, se declaró culpable de Lavado de dinero a favor de narcotraficantes.
La corte del distrito sur de Nueva York anunció este martes que el exministro de Inversiones de Honduras, Yankel Rosenthal Coello, se declaró culpable de lavado de dinero a favor de narcotraficantes de ese país centroamericano.
En un comunicado, la corte destacó que Rosenthal, de 48 años de edad y quien fuera también presidente del club de futbol DC Marathón, se declaró culpable de intentar realizar en 2013 transacciones monetarias sobre propiedades derivadas de delitos de narcotráfico.
La corte precisó que Andrés Acosta García, cómplice de Rosenthal, se declaró también culpable de participar en transacciones monetarias en propiedades derivadas de delitos de narcotráfico entre 2004 y septiembre de 2015.
“Como admitieron en la corte federal de Manhattan, Yankel Rosenthal y Andrés Acosta trataron de ayudar a los narcotraficantes hondureños en el Lavado de dinero producto de sus crímenes”, expresó el fiscal en funciones del distrito, Joon Kim. Kim añadió que Rosenthal trató de ocultar el dinero de las drogas a través de la compra de bienes raíces de los Estados Unidos, contribuciones políticas en Honduras e incluso mediante la inversión en un equipo de fútbol profesional.
De acuerdo con los documentos de la corte, Rosenthal intentó lavar más de un millón de dólares de dinero de la droga aceptando fondos de narcotraficantes en Honduras y usando su propio acceso al crédito para financiar un acuerdo de bienes raíces en la ciudad de Doral, Florida.
Asimismo, Rosenthal canalizó cientos de miles de dólares de sobornos de narcotraficantes que buscaban protección oficial como supuestas contribuciones de campaña para su primo Yani Benjamin Rosenthal Hidalgo, quien compitió por la presidencia de Honduras.
La sentencia para Rosenthal, que será dictada el próximo 19 de enero, podría alcanzar los 10 años de prisión.
Una modelo de Victoria’s Secret, involucrada en un caso de lavado de dinero
Miranda Kerr tuvo que devolver joyas valuadas en USD 8 millones a la Justicia de los EEUU. Fueron regalos del empresario malasio Jho Low.
La australiana Miranda Kerr se casó con el creador de Snapchat, Evan Spiegel..
La modelo Miranda Kerr (34) está envuelta en un caso de corrupción y Lavado de Dinero, en el que también está involucrado el ganador del Oscar, Leonardo DiCaprio.
Ahora el ángel de Victoria’s Secret decidió entregar la Justicia estadounidense joyas valoradas en USD 8,1 millones, después de que las autoridades establecieran que fueron compradas por Jho Low, el magnate malasio investigado.
«Desde el inicio de la investigación, Miranda Kerr ha cooperado completamente y se comprometió a devolver las joyas regaladas al gobierno«, informó un vocero de Kerr.
Entre las alhajas entregadas por la modelo hay un anillo de diamantes valorado en USD 3,8 millones, diseñado por la reconocida joyera Lorraine Schwartz.
Miranda Kerr tuvo un hijo con Orlando Bloom.
Miranda Kerr con su esposo Evan Spiegel, CEO y fundador de la aplicación Snapchat.
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La actual esposa de Evan Spiegel ya transfirió las joyas desde una caja de seguridad en Los Ángeles a los agentes federales, añadió el representante de Kerr en un comunicado.
En julio del año pasado, las autoridades de Estados Unidos anunciaron una ofensiva judicial para recuperar cientos de millones de dólares de fondos públicos desviados por 1Malaysia Desarrollo Berhad (1MDB), originalmente dedicado al desarrollo económico de Malasia.
Aunque no hay una acusación formal, se teme que la ONG medioambiental de DiCaprio haya recibido múltiples donaciones económicas de Low. Para colaborar con la investigación, el actor entregó un cuadro de Picasso y un Oscar que fue de Marlon Brando.
Los obsequios los recibió de parte de Red Granite Pictures, la productora de su película El lobo de Wall Street, involucrada también en la posible desviación de fondos.
