La causa Hotesur se encuentra hoy, más que nunca, en el centro de las miradas. El juez federal que estaba a cargo de la investigación, Claudio Bonadio, fue apartado por decisión de la Cámara Federal, a raíz del pedido de la sobrina de Cristina Kirchner, Romina Mercado, actual presidenta y directora titular del directorio de Hotesur. Junto a la Presidenta, la mujer se encuentra investigada en la Justicia por supuesto lavado de dinero.

El llamado «caso Hotesur» empezó a ser investigado judicialmente el año pasado a raíz de una denuncia penal que radicó en noviembre la diputada Margarita Stolbizer contra la Presidenta, por supuestas irregularidades fiscales y societarias a través de la sociedad Hotesur S.A., que maneja el Hotel Alto Calafate. El caso recayó en el juzgado de Bonadio que empezó a investigar las supuestas anomalías registrales.

La Presidenta es accionista de Hotesur. En diciembre, desplazó a tres figuras que la vinculaban con el polémico empresario Lázaro Báez y al consejero inmobiliario de su marido, al tiempo que sumó a toda su familia al negocio hotelero en El Calafate. Además, la sociedad, eje de una investigación judicial, empezó a brindar un nuevo domicilio.

En los registros internos de la Inspección General de Justicio figuraba que Hotesur adeudaba sus balances correspondientes a 2011 y 2012, en tanto que la última designación de directorio correspondía a una asamblea celebrada en noviembre de 2008.

El hotel de lujo Alto Calafate es el que utilizó el empresario allegado a los Kirchner, Lázaro Báez, también investigado, para una maniobra de alquiler de habitaciones. El empresario patagónico firmó acuerdos confidenciales y retroactivos con los que garantizó el pago de 935 plazas por mes, durante 2010 y 2011, sin importar si sus empleados usaban esas reservas o no, ni si se trataba de temporada alta o baja.

Hotesur fue adquirida en 2008 por Néstor Kirchner, cuando renunció el directorio anterior y asumió otro conformado por una sobrina -la fiscal Romina Mercado, hija de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner- y un socio del ex presidente en la inmobiliaria, Osvaldo Sanfelice, además de Adrián Berni -el máximo ejecutivo de Lázaro Báez en Valle Mitre- y otros hombres del entorno compartido por ambos.

Después de la muerte de Kirchner, Hotesur quedó bajo el control de Cristina y sus dos hijos, Máximo y Florencia. Cuando terminaba 2014, las oficinas de Hotesur fueron allanadas por orden de Bonadio.

En junio de este año, Stolbizer se presentó como querellante ante Bonadio y amplió ante el juez el pedido de investigación sobre el patrimonio de la Presidenta. En el escrito presentado hizo referencia a las declaraciones juradas de Cristina Kirchner en las que supuestamente se registraba una serie de irregularidades que fueron enumeradas por la diputada, mediante el cotejo de las diversas presentaciones efectuadas en la Oficina Anticorrupción y en la AFIP desde el año 2010.

Días atrás, un grupo de funcionarios judiciales, enviados desde Buenos Aires por el juez Bonadio, allanó el juzgado federal de Río Gallegos para buscar documentos sensibles vinculados con los negocios familiares de los Kirchner. La jueza local, que no tenía muchas alternativas, cumplió con el encargo. Fue así como los policías se presentaron en la inmobiliaria de Máximo Kirchner, en Río Gallegos, a reclamar la documentación. El hijo de la Presidenta no estaba, pero los empleados cumplieron con los pedidos. Ellos tampoco tenían chances de negarse: si no entregaban los papeles, las autoridades estaban habilitadas para allanar y llevárselos por la fuerza.

LA CAUSA QUE MÁS INQUIETA AL PODER

El caso

Bonadio investiga supuestas irregularidades societarias y un presunto lavado de dinero entre los hoteles de los Kirchner y empresas de Lázaro Báez, que les pagó por habitaciones que no usó

Los investigados

El caso apunta contra la Presidenta, Máximo Kirchner y otros miembros de su entorno más cercano. También contra Báez.